▲Viktor Orban, en un acto cerca de la frontera con Rumanía en mayo de 2017 [Károly Árvai/Gobierno húngaro]

ANÁLISIS / Elena López-Doriga

El 8 de abril de 2018 se celebraron en Hungría las elecciones parlamentarias para la renovación de los 199 miembros de la Asamblea Nacional, la única cámara del Parlamento húngaro. La alta participación del 68,13% superó la de los comicios de 2010, cuando acudió a votar el 64,36% del censo electoral, un dato récord que no se veía desde 2002. El primer ministro, Viktor Orban, en el poder desde 2010, se aseguró un cuarto mandato, el tercero consecutivo, dado que su partido, Fidesz, y el aliado de este, el Partido Popular Demócrata Cristiano, ganaron 134 de los 199 escaños. Orban, el dirigente europeo con mayor tiempo como jefe de gobierno después de Angela Merkel, se ha convertido en ciertos aspectos en un líder tan influyente como la canciller alemana.

Esos datos electorales –la alta participación y el amplio respaldo logrado por un líder no bien visto por todos en Bruselas– dan pie a algunas cuestiones. ¿Cuál es el motivo por el cual ha habido tanta movilización social a la hora de votar? ¿Por qué el resultado de estas elecciones está en el punto de mira de la Unión Europea?

Antecedentes históricos

Hungría es un país situado en Europa Central que fronteriza con Austria, Croacia, Rumania; Serbia, Eslovaquia, Eslovenia y Ucrania. El segundo río más grande de Europa, el Danubio, atraviesa todo el país y divide la capital de Budapest en dos territorios diferentes (Buda y Pest).

Hungría accedió a la Unión Europea en 2004. Este acontecimiento fue muy anhelado por los húngaros ya que lo veían como un avance en su democracia, un paso adelante para el desarrollo del país y un acercamiento al admirado Occidente. Era el deseo de hacer un cambio de rumbo en su historia, ya que, después de la disgregación del Imperio Austro-Húngaro en 1918, el país vivió bajo dos regímenes totalitarios desde la Segunda Guerra Mundial: primero bajo el mandato del Partido de la Cruz Flechada (fascista, pro-alemán y antisemita), durante el cual 80.000 personas fueron deportadas a Auschwitz, y más tarde por la ocupación de la Unión Soviética y sus políticas de posguerra. En aquellos tiempos las libertades individuales y de expresión dejaron de existir, el encarcelamiento arbitrario se convirtió en habitual y la policía secreta húngara llevó a cabo series de purgas tanto dentro como fuera de las jerarquías del Partido. Así, pues, la sociedad húngara sufrió una gran represión desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1945, que no se detuvo hasta la caída del Telón de Acero en 1989.

En términos económicos, la transición del comunismo al capitalismo fue muy dura para vastos sectores sociales. De una economía centralizada con sectores muy protegidos y fuertes subsidios agrícolas, se pasó a un plan de ajuste, especialmente severo, adoptado por el Gobierno electo en marzo de 1990 en las primeras elecciones libres.

El acceso a la Unión Europea simbolizaba marcar un antes y un después en la historia de Hungría, en un proceso de incorporación a Occidente que previamente vino señalado por la entrada en la OTAN en 1999. Formar parte de la UE era el paso hacia la democracia que Hungría deseaba y ese amplio consenso social quedó de manifiesto en el mayoritario apoyo que el ingreso obtuvo –el 83% de los votos– en el referéndum de 2003.

Hungría en la Unión Europea

Convertirse en un nuevo miembro de la UE tuvo un impacto positivo en la economía de Hungría, dando lugar a un evidente desarrollo y proporcionando ventajas competitivas para las compañías extranjeras que establecían una presencia permanente en el país. Pero a pesar de esos apreciables avances y de la ilusión mostrada por Hungría al acceder a la UE, el panorama ha cambiado mucho desde entonces, de forma que el euroescepticismo se ha extendido notablemente entre los húngaros. En los últimos años, en la opinión pública nacional ha emergido un gran desacuerdo con las políticas de Bruselas adoptadas durante la crisis de refugiados de 2015.

Ese año Bruselas decidió hacer una reubicación de los 120.000 refugiados que habían llegado a Hungría (provenientes de Siria, que se estaban desplazando por la ruta de los Balcanes hacia Alemania y Austria) e Italia (en su mayoría procedentes del norte de África). Para distribuir a los refugiados se establecieron cuotas, fijando el número de refugiados que cada país debía acoger en función de su tamaño y de su PIB. La política de cuotas fue cuestionada por los países del Grupo Visegrado (Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia) y por Rumanía. Hungría levantó una valla de varios cientos de kilómetros en su frontera sur y se negó a aceptar las cuotas de acogida.

Esa actitud de cierre de fronteras y rechazo a acoger refugiados fue criticada por los dirigentes de la Unión, quienes llegaron a amenazar con sanciones a esos países. La dificultad de un consenso llevó a firmar en 2016 un acuerdo con Turquía para que este país retuviera el flujo de refugiados sirios. En 2017 vencieron las cuotas para el reparto a través de la UE de los refugiados que previamente habían llegado, sin completar así la reubicación inicialmente planteada. Aunque el momento de mayor confrontación política sobre esta cuestión en la UE ha pasado, la crisis de los refugiados ha creado una gran divergencia entre los dos bloques apuntados, erosionando el supuesto proyecto común europeo.

A la vista de esta situación, las elecciones parlamentarias de Hungría del 8 de abril de 2018 eran especialmente importantes, ya que los ciudadanos de ese país iban a tener la oportunidad de pronunciarse sobre el pulso mantenido entre Budapest y Bruselas.

Los principales candidatos

En las elecciones, la opción que partía con todas las encuestas a favor era la coalición del partido conservador Fidesz y el Partido Popular Demócrata Cristiano, con Viktor Orban, de 54 años, como candidato. Orbán se dio a conocer en 1989 cuando, con 26 años, desafió al régimen comunista y comenzó a erigirse en adalid de los principios liberales, lo que lo convirtió en símbolo de las aspiraciones de los húngaros por liberarse del totalitarismo y adoptar los valores occidentales. Sin embargo, su vuelta al poder en 2010, tras un primer mandato entre 1998 y 2002, estuvo marcada por un giro hacia una tendencia conservadora, caracterizada por un mayor control sobre la economía, los medios de comunicación y la justicia. Orban se reivindica defensor de una “democracia iliberal”: un sistema en el que, aunque la Constitución pueda formalmente limitar los poderes del Gobierno, en la práctica estén restringas ciertas libertades como la de expresión o pensamiento. Orban pone a prueba a menudo las líneas rojas de la UE al presentarse como defensor de una "Europa cristiana" y detractor de la inmigración irregular.

El partido que pretendía plantear el principal pulso electoral a Fidesz, sustrayéndole buena parte de sus votantes, era sorprendentemente uno situado aún más a la derecha: Jobbik (Movimiento por una Hungría Mejor), fundado en 2003 y considerado como una de las organizaciones políticas de extrema derecha más poderosas de la Unión Europea. Durante años, este partido no escondió su carácter xenófobo, anti-gitano, anti-semita, nacionalista y radicalmente opuesto al sistema político imperante en la UE, apostando por una Hungría fuera de esta. Sin embargo, a partir de 2013 moderó su lenguaje. Mientras que Orban fue adoptando una línea cada vez más radical, el líder de Jobbik, Gábor Vona, fue atemperando las posiciones de su partido para presentarlo como una opción conservadora, alternativa a Fidesz, capaz de captar votos del centro. Gyöngyösi, uno de los líderes nacionalistas del partido decía: “Somos el partido del siglo XXI, mientras que Fidesz es del siglo pasado y representa lo antiguo. Ya no tiene sentido esa división entre izquierda y derecha, eso ya es parte del pasado, de la vieja política”.

En el otro lado del espectro político, se presentaba a las elecciones una lista formada por el Partido Socialista (MSZP) y el partido ecologista de centro-izquierda Parbeszed ("Diálogo"), encabezada por un dirigente de este, Gargely Karacsony. El candidato de la izquierda contaba con amplios apoyos del MSZP, pero no con el de sus excompañeros del partido ecologista LMP, del que se separó hace cinco años, lo que podía conllevar una división del voto.

La campaña electoral

Durante la campaña se especuló sobre una posible pérdida de votos de Fidesz debido a una serie de escándalos de corrupción que involucraban a autoridades del Gobierno, acusadas de malversar dinero de ayudas europeas. Jobbik y otros grupos de la oposición aprovecharon esa situación para promocionarse como partidos anti-corrupción, centrando buena parte de su campaña en este asunto y abogando por una mejora de los servicios públicos, especialmente la sanidad. 

No obstante, el tema más destacado de la campaña electoral no fue la corrupción, el mal funcionamiento del sistema de sanidad pública o los bajos salarios, sino la inmigración. El Gobierno de Orbán se había negado a aceptar las cuotas de refugiados que imponía la UE desde Bruselas, aduciendo que acoger a inmigrantes es un asunto de política doméstica en el que las organizaciones exteriores no deben intervenir. Insistía en que Hungría tiene derecho a negarse a recibir inmigrantes, y más si son musulmanes, reiterando su rechazo al multiculturalismo, que considera una mera ilusión. Orbán opinaba que los refugiados que llegaban a las puertas de Hungría no estaban luchando por su vida, sino que eran inmigrantes económicos en búsqueda de una vida mejor. Por lo tanto, la campaña política de Orbán era un claro mensaje: Inmigrantes ilegales en Hungría: ¿sí o no? ¿Quién debe decidir acerca del futuro de Hungría, los húngaros o Bruselas?

Reducir la convocatoria electoral a una pregunta tuvo el principal efecto de una amplia movilización social. Según la oposición, Orbán utilizó el tema de la migración para alejar la atención popular de la corrupción generalizada.

Otro punto clave en la campaña política de Fidesz fueron las constantes acusaciones a George Soros, a quien Orbán identificó como el principal enemigo del Estado. Soros es un multimillonario estadounidense, de origen judeo-húngaro, que a través de su Open Society Foundation (OSF) financia diversas ONG dedicadas a promover valores liberales, progresistas y multiculturales en diferentes partes del mundo. En 1989 Soros financió a Viktor Orban para que estudiara en Inglaterra, y en 2010 donó un millón de dólares a su Gobierno para ayudar en la limpieza medioambiental tras un accidente químico. Pero la reputación de Soros en Hungría recibió un golpe durante la crisis migratoria de 2015. Su defensa del trato humano a los refugiados se topó con la actitud de Orban. Durante la campaña, este acusó a Soros de usar la OSF para “inundar” Europa con un millón de inmigrantes al año y socavar la “cultura cristiana” del continente.

Además, antes de las elecciones, Fidesz aprobó una enmienda a la ley de educación superior húngara, que establece nuevas condiciones para las universidades extranjeras en Hungría, algo que se ha visto como un ataque directo a la Universidad Central Europea de Budapest. La institución, financiada por Soros, goza de gran prestigio por fomentar el pensamiento crítico, los valores liberales y la libertad académica. La nueva legislación pone en riesgo la autonomía universitaria, la libre contratación de profesores y el carácter internacional de los títulos.

La Comisión Europea mostró sus diferencias con el Gobierno de Orbán acerca de varias de las cuestiones que ocuparon la campaña electoral. Así, expresó su insatisfacción por la nueva ley universitaria, al considerar que no es compatible con las libertades fundamentales del mercado interior de la UE, pues “vulneraría la libertad de proveer servicios y la libertad de establecimiento”. También criticó que Orbán no hubiera cumplido con la cuota de refugiados, a pesar de la sentencia del Tribunal de Justicia, y que hubiera hecho campaña utilizando electoralmente el desacuerdo que tiene con la UE.

El resultado de las elecciones

En las elecciones del 8 de abril de 2018, el partido Fidesz (en su alianza con el Partido Popular Demócrata Cristiano) obtuvo un tercer amplio triunfo consecutivo, aún mayor que el anterior, con casi la mitad del voto popular (48,89%) y su tercera mayoría absoluta de dos tercios (134 de los 199 escaños). Era la primera vez desde la caída del comunismo en 1989 que un partido gana tres veces seguidas unas elecciones.

El partido Jobbik logró convertirse en el principal partido de la oposición, al quedar en el segundo lugar con el 19,33% de los votos y 25 escaños. Sin embargo, su crecimiento de votos fue mínimo y solo obtuvo dos escaños extra, quedando prácticamente estancado en las cifras de 2014. El segundo puesto de Jobbik más bien se vio propiciado por la debilidad del Partido Socialista Húngaro (MSZP), cuya debacle lo llevó a quedar en tercer lugar, con el 12,25% de los votos y 20 escaños. Fue la primera vez desde 1990 en la que el MSZP no quedaba en primer o segundo lugar, poniendo fin al bipartidismo que mantenía con Fidesz desde 1998.

Por otra parte, desde su vuelta al Gobierno en 2010 Fidesz modificó significativamente el sistema electoral, reduciendo el número de legisladores de 386 a 199 y eliminando la segunda vuelta, cosa que no favorece a los partidos más pequeños, que podrían formar alianzas entre las rondas de votación. Al asegurarse dos tercios de la cámara, Fidesz podrá seguir gobernando cómodamente y reformando la Constitución a su medida.

Reacción de la UE

Una semana después de las elecciones, decenas de miles de opositores salieron a las calles de Budapest, en desacuerdo con un sistema electoral calificado de “injusto”, que le ha dado al primer ministro Viktor Orban un triunfo arrollador en las urnas después de una campaña basada en la negación de aceptar refugiados.

Diversos medios valoraron que la carta de felicitación que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dirigió a Orban fue más fría que la emitida en otras ocasiones similares. A la UE le preocupa que Orban continúe con su defensa de una democracia “iliberal” y que parece estar conduciendo el país hacia tendencias autoritarias. La compra que en los últimos años el Gobierno ha hecho de muchos medios de comunicación, para aislar a la oposición y hacer más propaganda, le asemeja a lo que ha ocurrido en países como Rusia y Turquía.

Es cierto que con Orban al frente del Gobierno Hungría ha crecido económicamente a buen ritmo y que las clases medias han mejorado su situación, pero su última victoria se ha debido no solo a la buena gestión económica, sino la defensa de valores que el pueblo húngaro considera importantes (esencialismo, cristianismo, respeto de las fronteras).

Los socialistas europeos no se han mostrado satisfechos con la nueva victoria de Orban insinuando que se trata de un retroceso para la democracia en Hungría. La alegría que los partidos populistas han manifestado por su triunfo es la prueba de que Orban, cuya formación Fidesz sigue perteneciendo al Partido Popular Europeo, se ha convertido en un exponente del ultranacionalismo moderno, que amenaza ideas democráticas de la Unión Europea.

De momento, Bruselas está siendo cautelosa con Hungría, incluso más que con el Brexit británico, puesto que Viktor Orban, visto por muchos como “el rebelde de la UE”, a diferencia del Reino Unido, quiere permanecer dentro del bloque, pero cambiar parte de los ideales que representa.

[Robert Kaplan, Earning the Rockies. How Geography Shapes America's Role in the World. Random House. New York, 2017. 201 pages]

REVIEW / Iñigo Bronte Barea

Despite rising powers in conventional geopolitics, the United States today remains unopposed due to geography as an overwhelming advantage for the US. As such, the country is blessed  with a trifecta of comparative advantages. The country is bound by  oceans on both sides, lacks any real threat from its neighbors, and contains an almost perfect river network.

Throughout the book, Author Robert D. Kaplan guides the reader as he travels the US,  portraying how geography impacts the livelihood of its population, analyzes the concerns of its citizens, and studies how the country achieved its current composition from a historical lens.

The author introduces the topic by arguing that the world´s security during the 20th and 21st century largely depended on the political unity and stability of the United States. Kaplan crosses the country to study how geography helped the US attain the position that they have in the world. The title of his book, “Earning the Rockies,” emphasizes the importance of the fact that in order to achieve western part of nowadays US, it would be necessary to first control the East, the Midwest, and the Great American Desert.

During his travels, Kaplan brought three books to reinforce his personal experiences on the road. His first book was “The Year of Decision: 1846” from the DeVoto trilogy of the West. From this text, Kaplan learns that America´s first empirical frontier was not in the Caribbean or Philippines, but earlier in the western part of the country itself. Kaplan also stresses the idea that the solitude and dangers of the old West are today very present in the common American character. In particular, he argues such values remain manifested in the extremely competitive capitalist system and the willingness of its population for military intervention. The last and most important idea that Kaplan gleans from DeVoto was that the defining feature of US greatness today is based ultimately on the country being a nation, an empire and a continent, all rolled into one.

Kaplan starts his journey in the spring of 2015 in Massachusetts. He wanted to contemplate the American continent and its international role, and the one that must be expected for it in the coming years; he wanted to discover this while hearing people talking, to discover what are their real worries.

Back on the East coast, Kaplan traces the country’s origins after the independence of the thirteen colonies in 1776. Kaplan starts his eastern journey by examining the US from a historical perspective and how it grew to become a global force without equal. Primarily, Kaplan argues that the US did so by first becoming an army before the US became a nation. For the author, President Theodore Roosevelt was the one who realized that the conquest of the American West set the precedent for a foreign policy of active engagement worldwide.

Kaplan continues his travels through the Great Lakes region; Lancaster, Pittsburgh, Ohio, and West Virginia. His travel is set in the context of the Presidential primary season, in which he examines the decline of the rural middle class from the staple of the American workforce to near poverty. As such, the devolution of the social process ended with the election of Donald J. Trump. Despite a legacy of success in globalization and multilateralism, America quickly became a nation enthralled with a renewed sense nationalism and isolationism.

From his travels, Kaplan deduces several types of groups based on the founding fathers.  He categorizes them as following: elites in Washington and New York were Wilsonian (who seek to promote democracy and international law), Hamiltonians (who are intellectual realists and emphasize commercial ties internationally) or Jeffersonians (who emphasize perfecting American democracy at home more than engaging abroad). Surprisingly, the huge majority of the American people were actually Jacksonians: they believe in honor, faith in God, and military institutions.

Kaplan continues his path towards the Pacific by crossing Kentucky and Indiana, where the transition zone leads him to the arid grasslands. During his voyage, Kaplan finds that the people did not really care about ISIS, the rise of China, the Iraq War or any other international issues, but instead their worries on their work, health, family, and basic economic survival. This is in fact because of their Jacksonian way of seeing life. This in turn means that Americans expect their government to keep them safe and to hunt down and kill anyone who threatens their safety. Related to this, was the fact that isolationism was an American tradition, which fits well within the current political landscape as multilateralism has lost much of its appeal to people in the heartland.

The native grasses and rich soil of the temperate zone of this part of the country, such as Illinois, promote the fertility of the land that goes on for hundreds and hundreds of miles in all directions. For Kaplan, this is ultimately what constitutes the resourceful basis of continental wealth that permits America’s ambitious approach to the world.

West of Lincoln, the capital city of Nebraska, it could be said that you enter the real West, where roads, waterways and urban cities rapidly disappears. At this point, Kaplan begins to make reference to the second book that he read for this part of the journey. This time, author Welter P. Webb in “The Great Plains” explains that the history of the US relies on the history of the pioneers adapting to life in the Great American Desert. This author argues that the Great Plains stopped slavery, prompting the defeat of the Confederacy. He states so because for Webb, the Civil War was a conflict between two sides whose main difference was largely economic. The Southern system based on the plantation economy with huge, “cash” crops and slave labor. On the other hand, the Northern economic system was based on small farms, skilled labor, and a rising industrialized system. While the Great Plains were a barrier for pioneers in general, that wall was greater for the Southern economy than for the industrializing North, which could adapt to aridity unlike the farming economy of the south.

The last book that Kaplan reads while crossing the country is “Beyond the Hundredth Meridian” by Wallace Stenger. The author of this book stresses the importance of the development limitations in immense areas of the western US due to a lack of water. This desert provided a big challenge for the federal government, which manages the little resources available in that area with the construction of incredible dams, such as the Hoover Dam, and turnpike highway system. It remains quite clear that the culmination of American history has more to do with the West than with the East. Stenger is well aware of the privileged geographic position of the US, without dangerous neighbors or other inland threat. In addition, the US contains an abundance of inland waterways and natural resources that are not found on such a scale anywhere else. This characteristic, helps provide the US with geographical and political power unlike any other in modern history. As Stenger stipulates, the fact that World War II left mainland America unscathed, which inly shows how geography has blessed the US.

One of the key aspects that Kaplan realized along his trip was the incredible attachment that Americans have to their military. For Kaplan, this feeling becomes more and more romanticized as he headed westward. In Europe, despite the threats of terrorism, refugees, and Russia, the military is seen locally as merely civil servants in funny uniforms, at least according to Stenger. On the contrary, America, which faces less physical threats than Europe, still maintains a higher social status and respect for military personnel.

In summation, the radical landscape of the west provided Americans with a basis for their international ambition. After all, if they could have conquered and settled this unending vastness, they settle the rest of the world too. However, the very aridity of the western landscape that Kaplan faces at the end of his voyage, requires restraint, planning, and humility in much of what the government had to invest in order to make the west inhabitable and successful. But despite the feeling that they could conquer the world, America faces huge inequalities, real and imagined, that force US leaders to focus on domestic issues rather than foreign affairs. Therefore, elites and leaders in Washington tend to be centrist and pragmatic. In such, they do not dream about conquering the world nor opt to withdraw from it either. Instead, they maintain America’s “pole position” place within its global affairs.

At the end, it could be said that American soil itself is what in fact really orients the country towards the world.  Despite all the restraint and feelings for the heartland, what really matters are the politicians and business leaders that enable the new American reality: the world itself is now the final, American frontier.

Casi dos tercios de las reservas mundiales de litio identificadas se encuentran en Bolivia, Chile y Argentina

La explosión de la automoción eléctrica mediante el uso de baterías de ión de litio ha puesto las grandes reservas de este metal del altiplano boliviano y el desierto de Atacama en el centro del interés mundial de esa nueva industria. ¿Aprovechará Sudamérica la ocasión para adentrarse ella misma en procesos de innovación tecnológica, o volverá a resignarse, como ha ocurrido con tantos otros minerales, a una mera labor de extracción?

▲Salar de Uyuni, en el altiplano de Bolivia [Luca Galuzzi, Wikimedia Commons]

ARTÍCULO / Milene Pardo-Figueroa

Con la incorporación gradual de vehículos eléctricos al mercado, además del aumento de la venta de teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, tabletas y otros dispositivos electrónicos –productos todos ellos activados por baterías de ión de litio–, la demanda mundial de litio está aumentando. Este elemento químico alcalino, que en su forma pura se presenta como un metal blando, especialmente ligero, es abundante en la naturaleza, si bien las mayores reservas están concentradas en unos pocos países. Debido a las condiciones de su extracción, esta es especialmente rentable en las zonas secas del triángulo delimitado por las fronteras de Bolivia, Chile y Argentina. Si el litio es conocido como “petróleo blanco” o “nueva gasolina”, por el color del salitre de los depósitos donde se encuentra y por ser impulso motriz de los modernos automóviles, la zona fronteriza de esos países es denominada la “Arabia Saudí del litio”.

La “fiebre” por el litio ha llevado a una producción actual de 40.000 toneladas anuales, una cifra que queda por debajo de la enorme demanda existente, que en estos momentos plantea una necesidad de 180.000 toneladas. Aunque ese volumen pueda alcanzarse en los próximos años, los cálculos hablan de una demanda de entre 500.000 y 800.000 toneladas en 2025. Para entonces, de acuerdo con algunas previsiones, el mercado mundial de baterías de litio podría tener un valor de 46.000 millones de dólares. Parte del empuje del sector viene de la innovación de los automóviles eléctricos. La expansión de ese mercado, no obstante, podría verse ralentizada si no se acelera la producción de litio. Como ha advertido el empresario visionario Elon Musk, promotor de la marca de autos eléctricos de alta gama Tesla, “para crear 500.000 vehículos al año, básicamente tenemos que retener toda la generación de litio en el planeta”.

La dificultad para atender esa creciente demanda viene de los altos costos de extracción, que varían considerablemente en función de las características del depósito. Los depósitos más rentables se hallan en los concentrados de salmuera existentes en climas áridos, que al sacarlos a la luz experimentan una rápida evaporación. El lugar donde eso se da especialmente es el área formada por el desierto de Atacama y el altiplano boliviano.

La producción mundial está encabezada por Australia, que en 2016 extrajo 14.300 toneladas, seguida de Chile, con 12.000, y Argentina, con 5.700, de acuerdo con las cifras del Estudio Geológico de EEUU. El volumen de reservas identificadas sitúa a los países suramericanos claramente por delante, especialmente a Bolivia, que reúne los mayores depósitos aunque por ahora haya desarrollo poco la actividad minera de este metal. Así, Bolivia cuenta con unas reservas identificadas de 9 millones de toneladas (22,7% del total mundial), Chile de 7,5 millones (18,9%) y Argentina de 6,5 millones (16,4%), lo que supone que los tres países cuentan con el 58% de las reservas mundiales. Tras ellos están Estados Unidos, con 5,6 millones (13,9%), y China, con 5,4 millones (13,6%). Otras estimaciones otorgan a China unas reservas similares a las de Argentina. El sector está dominado por cinco grandes compañías, que controlan el 90% de la producción mundial: SQM (Chile), FMC y Albermarle (EEUU), Talison (Australia) y Tianqi Lithium (China).

El triángulo blanco

El Salar de Uyuni en el altiplano boliviano –una superficie cubierta de sal, generada por la evaporación de las aguas de mar que quedaron encerradas en un lago al emerger la cordillera de los Andes en su formación–, acoge lo que podría ser el mayor depósito de litio del mundo. Su obtención se enfrenta al problema de que aquí el metal está especialmente mezclado con magnesio y la separación de ambos requiere del acceso a tecnología que de momento Bolivia no dispone a gran escala. Ante el temor de empresas extranjeras sean las que controlen la extracción y dejen escaso beneficio al país, como pasó históricamente con el desarrollo de la minería, el gobierno de Evo Morales ha optado de momento por una explotación limitada. Las autoridades bolivianas han preferido impedir la penetración de multinacionales, con el fin de asegurarse de que la nación sudamericana mantiene el control del negocio. Morales ha anunciado planes para la puesta en marcha, con financiación pública, de una instalación para la fabricación de carbonato de litio en la planta de sal de Uyuni.

La explotación de litio está mucho más avanzada en Chile, país que representa alrededor del 33% del suministro mundial, gracias a los grandes yacimientos en el desierto de Atacama y al desarrollo de una industria propia. La Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), compañía privada chilena, lidera el sector nacional, en el que las concesiones están estrechamente controladas por el Estado. Por su parte, Argentina está dando pasos para impulsar el negocio del litio; con ese fin, el gobierno de Mauricio Macri está procediendo a la liberalización del sector y ha establecido contactos para atraer capital extranjero.

Más allá de los beneficios económicos que estos países sudamericanos pueden obtener del auge de la explotación de litio, en sus sociedades se ha generado un debate sobre el impacto ecológico que esta puede causar en lugares tan singulares por sus características naturales como Atacama o Uyuni; hay voces que advierten de que la solución salina andina pueden estar condenada a desaparecer para satisfacer el interés exterior por las baterías. También se teme un impacto social, sin compensaciones para los grupos humanos asentados en los territorios afectados.

Por otra parte, el impacto negativo que ha tenido históricamente en Latinoamérica la perpetuación de una cultura económica de extracción aconseja a Bolivia, Chile y Argentina que aprovechen la ocasión para intentar desarrollar iniciativas propias de transformación y nuevas tecnologías en la generación de baterías, sin limitarse, como ocurre con tantos otros minerales, en una actividad extractora.

Kenia cuenta con el primer tramo de la nueva red ferroviaria financiada con ayuda de Pekín

La participación africana en la Nueva Ruta de la Seda promovida por China pasa por conectar el interior de varios países de África oriental con los principales puertos de su litoral índico. La diseñada red ferroviaria, que introduce en la región el ancho de vía estándar, ha comenzado a operar entre las dos principales ciudades de Kenia: Nairobi y el puerto de Mombasa. Pero la realización completa del proyecto está sujeta al cuestionable modelo de inversión china.

▲Transporte de mercancías entre Nairobi y Mombasa [Kenia Railways]

ARTÍCULO / Claudia Correa y Alexia Cosmello

Las relaciones sino-africanas se remontan al siglo XV cuando Zhang, el navegador y comerciante, llegó a las costas de Mozambique. Sin embargo, fue con Mao Zedong en 1949 cuando las verdaderas relaciones se establecieron. Con promesas de respeto y teniendo en cuenta las heridas que dejó la colonización, China ha asistido económicamente a África hasta convertirse en su principal socio económico desde el año 2009. Mediante la implementación de proyectos de cooperación económica y tecnológica ha financiado la construcción de centrales hidroeléctricas, represas, aeropuertos, acueductos, hospitales, refinerías, gaseoductos, líneas férreas y autopistas en 52 de los 54 países africanos.

La cooperación entre China y África ha crecido considerablemente. Desde el año 2000 se han llevado a cabo conferencias ministeriales del Foro para la Cooperación entre China y África (FOCAC) mediante las cuales se ha aumentado el comercio y la colaboración en áreas como la educación, la ciencia, la tecnología y la salud. Por otro lado, refiriéndose a los prestamos e inversiones, China ha anunciado que destinará gran parte de su capital a proyectos en el continente africano. En 2013, por ejemplo, el presidente chino, Xi Jinping, prometió otorgar 14.400 millones de euros para infraestructuras construidas por empresas chinas, mientras que en 2014, el premier Li keqiang anunció que China destinaría 8.600 millones de euros más a proyectos de desarrollo en África.

El auge chino y la intención de ampliar y profundizar su influencia en el mundo ha sido muy clara estos últimos años. En septiembre de 2013, Xi Jinping presentó un nuevo proyecto de expansión de obras públicas llamado la nueva ruta de la Seda. Con el objetivo de posesionarse en el comercio mundial, China pretende mejorar las conexiones de Asia con otras regiones mediante la construcción de rutas terrestres y la articulación de una vía marítima que faciliten el comercio. A pesar de que es una iniciativa que será útil para la comunidad internacional, es preciso recalcar los beneficios que representarán para África, puesto que en su territorio se construirá la red de transporte de África Oriental, por lo que esa parte del continente africano podrá tener mayor acceso al comercio mundial, al igual que tendrá nuevas infraestructuras con tecnología de punta.

Standard Gauge Railway

La red de transporte de Africa oriental, de mercancías y pasajeros, tiene como objetivo conectar las ciudades más importantes de Kenia con Kampala, capital de Uganda; Bujumbura, capital de Burundi; Juba, capital de Sudán del Sur, y Kigali, capital de Ruanda. Está previsto aplicar el ancho de vía estándar a la mayor parte del trayecto, por lo que el proyecto es conocido como Standard Gauge Railway (SGR). Se calcula que la red ferroviaria medirá alrededor de 2.935 kilómetros en total y costará cerca de 13.800 millones de dólares. La financiación estará mayoritariamente a cargo del gobierno chino, junto a la ayuda del banco EiximBank, el cual financiará un 90% de los costes de la construcción, mientras que el gobierno keniano financiará tan solo el 10% restante. La obra será llevada a cabo por la empresa china Road & Bridge Corporation, la cual es considerada la empresa pública con mayor presencia y emprendimiento en África.

La primera fase del proyecto, denominada Madaraka Express ya está terminada y fue inaugurada en mayo de 2017. La iniciativa consistía en la construcción de una línea ferroviaria para unir Nairobi, capital de Kenia, con Mombasa, la ciudad portuaria más importante de ese país y de África Oriental. El tren puede llevar a 1.260 pasajeros por un tramo de aproximadamente 470 km de distancia. Teniendo ya construido una de las partes claves de la red de transportes es posible continuar con el proyecto y pasar a la segunda fase, la cual consistirá en extender las líneas férreas con el resto de las ciudades antes mencionados.

Claroscuros de la inversión china

¿Cuáles son los propósitos de China para invertir en África? Probablemente lo hace porque es un gran mercado potencial para la venta de productos de sus productos, además de una gran fuente de recursos naturales como. En África oriental, por ejemplo, está el petróleo de Kenia o materiales imprescindibles para las baterías de los teléfonos móviles en Malawi. En cualquier caso, está claro es que no es un acto caritativo por parte de los chinos, pues se ha demostrado que los bancos y compañías chinas ofrecen financiación porque eso les permite asegurarse mayor cuota de mercado en África como parte de su estrategia para ser globales”.

Según Li Keqiang, primer ministro chino, la “cooperación con África está basada en el respeto, la igualdad y el beneficio mutuo”. Los representantes africanos se muestran entusiastas con la idea de que China invierta en el desarrollo de África. El presidente de Kenia declaró que el nuevo tren “revolucionará la economía de la región y reafirmará el estatus de Kenia como centro económico”, y el embajador de Malawi, Wang Shiting, manifestó su idea sobre el desarrollo africano, publicando que África solo mejorará cuando todos contribuyan a su desarrollo, y es lo que precisamente China está haciendo actualmente.

De acuerdo con esas opinines oficiales, desde el punto de vista africano, la intervención de China en el continente no es vista como algo negativo. Sin embargo, presenta ciertos problemas, como la sospecha y acusación de corrupción por parte de los inversores chinos o la denuncia de que está abriendo de manera agraviante la brecha de diferencia económica entre los más y menos adinerados, ya que, lógicamente, los inversores chinos esperan negociar con las élites del continente. También hay un maltrato del medio ambiente, como la controversia por las repercusiones medioambientales de la red ferroviaria mencionada, sobretodo en Kenia, donde la población ha cuestionado el trayecto por el parque Nairobi debido al impacto ambiental.

No solamente las empresas chinas están invirtiendo en el continente africano, algunas empresas occidentales y europeas han substituido, en algunos casos, a las empresas chinas. Un gran ejemplo es la multinacional estadounidense General Electric, que en tan solo un año ha triplicado su plantilla de empleados en Nigeria, Kenia y Etiopía. Esto les es posible a consecuencia de los retrasos o parálisis que algunos proyectos han sufrido a causa de la repentina bajada de precios de materias primas y la desaceleración china. Gracias a esto mismo, algunos Estados africanos con suficiente estructura financiera han tomado la iniciativa ellos mismos para no dejar que los proyectos queden enterrados.

▲Flags in a welcome ceremony given to the US vice president in Tokyo, in February 2018 [White House]

COMMENTARY / Gabriel de Lange [Spanish version]

Over the last few decades China has grown in economic and political strength. One of the most recent developments was the inclusion of the document Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era in the Communist Party of China’s (CPC) Constitution, which took place during the 19th Congress held in Beijing in October 2017. Later on, in March 2018, the National People's Congress approved to remove from the country's Constitution the limit of two presidential terms. These steps have consolidated the power of the current Chinese leader.

The United States of America on the other hand has been criticized in multiple fronts for its dealings in Asia. Some authors say that Trump’s approaches to North Korea, China, and other Asian countries “are damaging US interests” in the Asia-Pacific region, specifically in his rash handling of the threat of North Korea. In terms of economics, withdrawing the US from the TPP (Trans-Pacific Partnership) “has undermined America’s influence” in shaping the Asia-Pacific’s future and “given China an enormous opportunity to shape that future on its own terms.” The withdrawal has made many Asian countries concerned with what the United States brings to the table in terms of economic engagement, and this may encourage them to look to China to fill this void.

One of the main factors that keep Asian countries’ foreign policy at a distance from China and closer to the US is due to trouble in the South China Sea, such as in the case of the Philippines with the Spratly Islands or Vietnam with the Parcel Islands. Many have noted these countries’ concerns about Chinese intentions “have pushed them closer to the United States.” Unfortunately for the US, this dependency is more reliant on China’s own decision whether or not to insist their claims to particular islands. This is subject to change if the Xi administration decides that the benefits of stronger relations with their neighbors are more important than these disputed territories.

The question now is, who will the other Asian countries, especially those members of ASEAN (Association of South East Asian Nations) look to rely on as a political ally? With signs of firm, stable, and lasting Chinese power under the authority of Xi Jinping, compared to a seemingly unpredictable, divided, and internationally criticized Trump administration, one may not be surprised to see Asian foreign policies leaning more towards China in the near future.

▲Banderas de Estados Unidos y Japón, en una ceremonia de bienvenida al vicepresidente estadounidense en Tokio, en febrero de 2018 [Casa Blanca]

COMENTARIO / Gabriel de Lange [Versión en inglés]

En las últimas décadas, China ha crecido en fuerza económica y política. La inclusión del documento “Pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era” en la Constitución del Partido Comunista chino (PCC), llevada a cabo durante el 19º Congreso de ese partido en octubre de 2017, y la modificación de la Constitución del país para eliminar el límite de dos mandatos presidenciales seguidos, aprobada por el pleno de la Asamblea Popular de China en marzo de 2018, han supuesto la consolidación del poder del actual líder chino.

Por su parte, Estados Unidos ha sido criticado en múltiples frentes por sus relaciones en Asia. Autores críticos con la Administración Trump consideran que su política hacia Corea del Norte, China y la región en general están “dañando los intereses” de EEUU en Asia-Pacífico. La retirada del acuerdo Transpacífico (TPP) “ha socavado la influencia” estadounidense para moldear el futuro regional, dando a China la oportunidad de que lo haga en sus propios términos. La retirada del TPP ha hecho que muchos países asiáticos se pregunten sobre lo que Washington pone sobre la mesa en términos económicos y miren hacia China por si llena este vacío.

Uno de los principales factores que llevan a los países asiáticos a mantener cierta distancia respecto de China y una mayor cercanía a Estados Unidos son los problemas en el Mar del Sur de China. Como en el caso de las Filipinas con las islas Spratly o Vietnam con las islas Paracel. La preocupación de esos países sobre las intenciones chinas les ha empujado a un acercamiento a EEUU. Desafortunadamente para Washington, esa aproximación depende de la propia decisión de China, de insistir o no en sus reivindicaciones sobre islas particulares. La Administración Xi podría decidir que los beneficios de unas relaciones más fuertes con sus vecinos son más importantes que estos territorios en disputa.

La pregunta ahora es: ¿a quién buscarán los otros países asiáticos, especialmente los miembros de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), como aliado político? Con los signos de un poder firme, estable y duradero bajo la autoridad consolidada de Xi Jinping, en comparación con una Administración Trump aparentemente impredecible, dividida e internacionalmente criticada, nadie puede sorprenderse de que los vecinos de la región puedan inclinarse más hacia China en un futuro próximo.

The July presidential elections are not opening a serious debate about the fight against drug trafficking

The “hard hand” that Felipe Calderón (PAN) began in 2006, with the deployment of the Armed Forces in the fight against narcotics, was extended in 2012 by Enrique Peña Nieto (PRI). In these twelve years the situation has not improved, but violence has increased. In the 2018 elections, none of the main candidates present a radical change; the populist Andrés Manuel López Obrador (Morena) proposes some striking measures, but he continues to count on the work of the Army.

▲The president of Mexico during a ceremony with the Armed Forces, February 2018 [Presidency of Mexico]

ARTICLE / Valeria Nadal [Spanish version]

Mexico faces a new sixth-year term after closing 2017 as the most violent year in the history of the country, with more than 25,000 homicides. How has this situation been reached? Can it begin to be resolved in the coming years?

There are several theories about the beginning of drug trafficking in Mexico, but the most consensual argues that Mexican drug trafficking saw its birth when Franklin Delano Roosevelt – president of the United States between 1933 and 1944 – promoted the cultivation of the poppy in Mexican territory with the veiled intention to encourage the production of large quantities of morphine to relieve the pains of American soldiers during World War II (1939-1945). However, drug trafficking was not a serious national problem until the 1980s; since then, the cartels have multiplied, violence has increased, and crimes have been expanded by Mexican geography.

The new stage of Felipe Calderón

In the fight against drug trafficking in Mexico, the presidency of Felipe Calderón marked a new stage. Candidate of the conservative National Action Party (PAN), Calderón was elected for a six-year term, from 2006 until 2012. His program included the declaration of war on the cartels, with a "hard hand" plan that resulted in the sending of the Army to Mexican streets. Although Calderón’s speech was forceful and had a clear objective, to exterminate the insecurity and violence caused by drug trafficking, the result was the opposite because his strategy was based exclusively on police and military action. This militarization of the streets was carried out through joint operations that combined the forces of the Government: National Defense, Public Security, the Navy and the Attorney General's Office (AGO). However, despite the large deployment and the 50% increase in security spending, the strategy did not work; the homicides not only did not decrease, but increased: in 2007, the first full presidential year of Calderón, 10,253 homicides were registered and in 2011, the last full year of his presidency, a record of 22,409 homicides was reached.

According to the Institute of Legal Research (ILR) of the National Autonomous University of Mexico (NAUM), in that record year of 2011 almost a quarter of the total Mexican population over 18 years (24%) was assaulted on the street, suffered some robbery in public transportation or was the victim of extortion, fraud, threats or injuries. The rates of violence were so high that they surpassed those of countries at war: in Iraq there was between 2003 and 2011 an average of 12 murders per 100,000 inhabitants per day, while in Mexico that average reached 18 murders per day. Finally, it should be mentioned that the number of complaints against this indiscriminate wave of violence was quite low: only 12% of the victims of the violence related to drug trafficking denounced. This figure is probably related to the high rate of impunity (70%) that also marked the mandate of Calderón.

The new approach of Peña Nieto

After the failure of the PAN in the fight against drug trafficking, Enrique Peña Nieto – candidate of the Institutional Revolutionary Party (PRI) – was elected President in 2012. With this, the PRI – that had governed for uninterrupted decades – returned to power after two six-year terms followed by absence (presidencies of Vicente Fox and Felipe Calderón, both of the PAN). Peña Nieto took office promising a new approach, contrary to the "open war" posed by his predecessor. He mainly put the emphasis of its security policy on the division of national territory into five regions to increase the effectiveness and coordination of operations, in the reorganization of the Federal Police and in strengthening the legal framework. All in all, the new president kept the Army on the street.

The results of Peña Nieto in his fight against drug trafficking have been worse than those of his predecessor: during his term of office, intentional homicides have increased by 12,476 cases compared to the same period in the Calderón administration and 2017 closed with the regretful news of being the most violent year in Mexico to date.

A few months before his term ends and in a last effort to amend the errors that have marked it, Peña Nieto led to the approval of the Internal Security Law, which was voted by the Mexican Congress and promulgated in December of last year. This law does not remove the military from the streets but seeks to guarantee legally that capacity for police action on the part of the Armed Forces, something that before had only a provisional character. According to the law, military participation in daily counter-narcotics operations is not to supplant the police, but to reinforce it in those areas where it is unable to cope with drug trafficking. The initiative counted on critics who, although they recognized the problem of the shortage of police means, warned of the risk of an unlimited military deployment in the time. Therefore, although Peña Nieto began his term trying to distance himself from Calderón's policies, he has concluded by consolidating them.

What to expect from the 2018 candidates

Given the evident ineffectiveness of the measures adopted by both presidents, the question in this election year is what counter-narcotics policy the next president will adopt, in a country where there is no re-election and therefore each presidential six-year term represents a change of face. The three main candidates are, in the order that the polls have been marking: Andrés Manuel López Obrador, of the National Regeneration Movement (Morena); Ricardo Anaya, from the PAN coalition with the Party of the Democratic Revolution (PRD), and José Antonio Meade, from the PRI. López Obrador was close to reaching the presidency in 2006 and in 2012, both times as a candidate of the PRD (previously he had been a leader of the PRI); then he created his own party.

Meade, which represents a certain continuity with respect to Peña Nieto - although in the electoral campaign he has adopted a greater anticorruption tone - has pronounced in favor of the Law of Internal Security: "It is an important law, it is a law that gives us framework, that gives us certainty, is a law that allows the participation of the Armed Forces to be well regulated." Anaya has also favorably positioned himself for that law, since he considers that a withdrawal of the Army from the streets would be "leaving the citizens to their fate". However, it is committed to the need for the police to recover its functions and criticize harshly the Government's lack of responsibility in matters of public security, alleging that Mexico has entered a "vicious circle that has become very comfortable for governors and mayors." In any case, neither Meade nor Anaya have specified what turn they could give that would actually be effective in reducing violence.

López Obrador, from a position of left populism, supposes a major change with respect to previous policies, although it is not clear how effective his measures could be. In addition, some of them, such as granting amnesty to the main leaders of drug cartels, are clearly counterproductive. In recent months, Morena's candidate changed the main topic of his speech, which was earlier focused on the eradication of corruption and then expanded to security issues. Thus, he has said that if he wins the presidency he will take full responsibility for the country's security by integrating the Army, the Navy and the Police into a single command, to which a newly created national guard would be added. In addition, he announced that it would be exclusively him who would assume sole command: "I will assume this responsibility directly." López Obrador is committed to ending the war against drug trafficking in the first three years of his term, ensuring that, along with measures of force, his management will achieve economic growth that will result in employment creation and the improvement of well-being; which will reduce violence.

In conclusion, the decade against drug trafficking that began almost twelve years ago has turned out to be a failure that can be measured in numbers: since Calderón came to the presidency of Mexico in 2006 with the slogan: "Things can change for the better", 28,000 people have disappeared and more than 150,000 have died as a result of the drug war. Despite small victories for the Mexican authorities, such as the arrest of Joaquín "el Chapo" Guzmán during the presidency of Peña Nieto, the reality that prevails in Mexico is that of an intense criminal activity by the drug cartels. Unfortunately, given the electoral proposals of the presidential candidates, a rapid improvement cannot be expected in the next six years.

Las presidenciales del 1 de julio no abren un debate en serio sobre el combate contra el narcotráfico

La 'mano dura' que en 2006 comenzó Felipe Calderón (PAN), con el despliegue de las Fuerzas Armadas en la lucha antinarcóticos, fue prorrogada en 2012 por Enrique Peña Nieto (PRI). En estos doce años la situación no ha mejorado, sino que ha aumentado la violencia. En las elecciones de este 2018 ninguno de los principales candidatos presenta un radical cambio de modelo; el populista Andrés Manuel López Obrador (Morena) propone algunas llamativas medidas, pero sigue contando con la labor del Ejército.

▲El presidente mexicano en el Día de la Bandera, en febrero de 2018 [Presidencia de la República]

ARTÍCULO / Valeria Nadal [Versión en inglés]

México afronta un cambio de sexenio después de cerrar 2017 como el año más violento en la historia del país, con más de 25.000 homicidios. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿Puede comenzar a resolverse en los próximos años?

Existen diversas teorías sobre el inicio del narcotráfico en México, pero la más consensuada argumenta que el narcotráfico mexicano vio su nacimiento cuando Franklin Delano Roosevelt, presidente de Estados Unidos entre 1933 y 1945, impulsó el cultivo de la amapola en territorio mexicano con la velada intención de fomentar la producción de grandes cantidades de morfina para aliviar los dolores a los soldados estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el narcotráfico no fue un problema nacional grave hasta la década de 1980; desde entonces los cárteles se han multiplicado, la violencia ha aumentado y los delitos se han expandido por la geografía mexicana.

La nueva etapa de Felipe Calderón

En la lucha contra el narcotráfico en México la presidencia de Felipe Calderón marcó una nueva etapa. Candidato del conservador Partido Acción Nacional (PAN), Calderón fue elegido para el sexenio 2006-2012. Su programa incluía la declaración de guerra a los cárteles, con un plan de “mano dura” que se tradujo en el envío del Ejército a las calles mexicanas. Aunque el discurso de Calderón era contundente y tenía un objetivo claro, exterminar la inseguridad y la violencia provocada por el narcotráfico, el resultado fue el opuesto a causa de que su estrategia se basada exclusivamente en la acción de policías y militares. Esta militarización de las calles se realizó a través operativos conjuntos que combinaban las fuerzas del Gobierno: Defensa Nacional, Seguridad Pública, la Marina y la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, y pese al gran despliegue realizado y el incremento de un 50% en el gasto en seguridad, la estrategia no funcionó; los homicidios no solo no se redujeron, sino que aumentaron: en 2007, el primer año presidencial completo de Calderón, se registraron 10.253 homicidios y en 2011, el último año entero de su presidencia, se llegó a un récord de 22.409 homicidios.

De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en ese año récord de 2011 casi un cuarto del total de la población mexicana mayor de 18 años (24%) fue asaltada en la calle, sufrió algún robo en el transporte público o fue victima de extorsión, fraude, amenazas o lesiones. Las tasas de violencia fueron tan altas que sobrepasaron aquellas de países en guerra: en Irak hubo entre 2003 y 2011 una media de 12 asesinatos diarios por cada 100.000 habitantes, mientras que en México esa media alcanzaba los 18 asesinatos diarios. Finalmente, cabe mencionar que la cifra de denuncias ante esta ola indiscriminada de violencia fue bastante baja: solo un 12% de las víctimas de la violencia relacionada con el narcotráfico denunció. Esta cifra está probablemente relacionada con la alta tasa de impunidad (70%) que marcó también el mandato de Calderón.

El nuevo enfoque de Peña Nieto

Tras el fracaso del PAN en la lucha contra el narcotráfico, en 2012 fue elegido presidente Enrique Peña Nieto, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Con ello, este partido que había gobernado durante décadas ininterrumpidas, volvía al poder después de dos sexenios seguidos de ausencia (presidencias de Vicente Fox y Felipe Calderón, ambos del PAN). Peña Nieto asumió el cargo prometiendo un enfoque nuevo, contrario a la “guerra abierta” planteada por su predecesor. Principalmente puso el acento de su política de seguridad en la división del territorio nacional en cinco regiones para incrementar la eficacia y coordinación de los operativos, en la reorganización de la Policía Federal y en el fortalecimiento del marco legal. Con todo, el nuevo presidente mantuvo el empleo del Ejército en la calle.

Los resultados de Peña Nieto en su lucha contra el narcotráfico han sido peores que los de su predecesor: durante su mandato, los homicidios dolosos han aumentado en 12.476 casos respecto al mismo periodo en la administración de Calderón y 2017 cerró con la pesarosa noticia de ser el año más violento en México hasta la fecha. A escasos meses de que termine su sexenio, y en un último esfuerzo por enmendar los errores que la han marcado, Peña Nieto propició la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que fue votada por el Congreso de México y promulgada en diciembre del pasado año. Esta ley no remueve a los militares de las calles, sino que pretende garantizar jurídicamente esa capacidad de actuación policial por parte de las Fuerzas Armadas, algo que antes solo tenía carácter provisional. Según la ley, la participación militar en las operaciones diarias antinarcóticos no es para suplantar a la Policía, sino para reforzarla en aquellas zonas donde esta se vea incapaz de poder hacer frente al narcotráfico. La iniciativa contó con críticas que, si bien reconocían el problema de la escasez de medios policiales, advertían del riesgo de un despliegue militar ilimitado en el tiempo. Así pues, aunque Peña Nieto comenzó su mandato intentando distanciarse de las políticas de Calderón, lo ha concluido consolidándolas.

Qué esperar de los candidatos de 2018

Ante la ineficacia evidente de las medidas adoptadas por ambos presidentes, la pregunta en este año electoral es qué política antinarcóticos adoptará el próximo presidente, en un país en el que no hay reelección y por tanto cada sexenio presidencial supone un cambio de rostro. Los tres principales candidatos son, por el orden que vienen marcando las encuestas: Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena); Ricardo Anaya, de la coalición del PAN con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y José Antonio Meade, del PRI. López Obrador estuvo cerca de alcanzar la presidencia en 2006 y en 2012, en ambas ocasiones como candidato del PRD (previamente había sido dirigente del PRI); luego creó su propio partido.

Meade, que representa una cierta continuidad respecto a Peña Nieto, aunque en la campaña electoral ha adoptado un mayor tono anticorrupción, se ha pronunciado a favor de la Ley de Seguridad Interior: “Es una ley importante, es una ley que nos da marco, que nos da certeza, es una ley que permite que la participación de las Fuerzas Armadas esté bien regulada y normada”. Anaya también se ha posicionado favorablemente ante esa ley, ya que considera que una retirada del Ejército de las calles sería “dejar a los ciudadanos a su suerte”. No obstante, apuesta por la necesidad de que la Policía recupere sus funciones y critica duramente la falta de responsabilidad del Gobierno en materia de seguridad pública alegando que México ha entrado en un “círculo vicioso que se volvió comodísimo para gobernadores y alcaldes”. En cualquier caso, ni Meade ni Anaya han especificado qué giro podrían dar que resultara realmente efectivo para reducir la violencia.

López Obrador, desde posiciones de un populismo de izquierda, supone un mayor cambio respecto a políticas anteriores, si bien no está clara la eficacia que podrían tener sus medidas. Además, alguna de ellas, como la de otorgar amnistía a los principales líderes de los cárteles de droga, se antoja claramente contraproducente. En los últimos meses, el candidato de Morena cambió el foco de su discurso, que primero estuvo centrado en la erradicación de la corrupción y luego abundó en cuestiones de seguridad. Así, ha dicho que si logra la presidencia asumirá la responsabilidad completa de la seguridad del país integrando en un mando único al Ejército, la Marina y la Policía, a los que se añadiría una guardia nacional, de nueva creación. Además, ha anunciado que sería exclusivamente él quién asumiría el mando único: “Voy a asumir de manera directa esta responsabilidad”. López Obrador se compromete a acabar la guerra contra el narco en los tres primeros años de su mandato, asegurando que, junto a medidas de fuerza, sus gestión logrará un crecimiento económico que se traducirá en la creación de empleo y la mejora del bienestar, lo que reducirá la violencia.

En conclusión, la década contra el narcotráfico que se inició hace casi doce años ha resultado ser un fracaso que se puede medir en cifras: desde que Calderón llegó a la presidencia de México en 2006 con el lema “Las cosas pueden cambiar para bien”, 28.000 personas han desaparecido y más de 150.000 han fallecido a causa de la narcoguerra. A pesar de pequeñas victorias para las autoridades mexicanas, como la detención de Joaquín “el Chapo” Guzmán durante la presidencia de Peña Nieto, la realidad que impera en México es la de una intensa actividad delictiva de los carteles de droga. De las propuestas electorales de los candidatos presidenciales no cabe esperar una rápida mejora en el próximo sexenio.

[Javier Lesaca, Armas de seducción masiva. Ediciones Península, 2017. 312 páginas]

RESEÑA / Alejandro Palacios Jiménez

¿Qué es lo que le lleva a un joven a abandonar a sus amigos y familia y a despojarse libremente de sus sueños para unirse al Estado Islámico? Con esta pregunta en mente, Javier Lesaca nos sumerge en esta narrativa en la que se disecciona el aparato comunicativo que utiliza el ISIS para ganar adeptos y extender sus ideas e influencia a través del Califato virtual.

Gracias a su amplia trayectoria profesional, el autor muestra en Armas de seducción masiva un alto grado de profundidad y análisis, el cual no está reñido con una narrativa amena y convincente. Javier Lesaca Esquiroz (Pamplona, 1981), licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra, trabaja como investigador en el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo. Su amplio conocimiento sobre el tema le ha permitido desempeñar labores en organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Gobierno de Navarra. Experiencias laborales que complementa con la participación en foros como el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o el Diálogo Euro-Árabe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Su principal hipótesis es que la crisis de credibilidad en las instituciones tradicionales, potenciada por la crisis económica y financiera de 2008 y palpable en el movimiento 15-O, unido a la revolución tecnológica del siglo XXI, ha permitido al Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés; o Dáesh, por su nomenclatura árabe) influir de una manera nunca antes vista en las percepciones de los ciudadanos occidentales, en concreto en las de los millenials. Estos, que no se sienten representados por sus respectivas instituciones estatales, buscan sentirse importantes y participar en un proyecto nuevo que les ayude a dar sentido a sus vidas y a levantarse cada día por una causa por la que valga la pena luchar. Y Dáesh les ofrece justamente eso.

Pero, ¿qué es Dáesh? Lejos de explicaciones históricas y religiosas, Lesaca nos presenta una respuesta inédita: el Estado Islámico encarna lo que se denomina el terrorismo moderno, el cual utiliza instrumentos propios de las nuevas generaciones para hacer llegar sus mensajes. En otras palabras, Dáesh se presenta como un movimiento social global que utiliza campañas de comunicación locales que se difunden en todo el mundo y cuyos actos terroristas se usan como mera “performance” dentro de toda una estrategia de comunicación más amplia. Así, Dáesh se define como un movimiento sin líderes que, paradójicamente, se aleja de los elementos más puramente religiosos para adecuarse así a las inquietudes de la audiencia juvenil a la que planean seducir.

El hecho de ser un movimiento descabezado no implica que internamente no esté organizado. Al contrario, el ISIS es un grupo terrorista que utiliza las redes sociales de manera muy eficaz y que cuya estructura interna le permite no solo influir, sino también estar en posesión de algunos medios de comunicación. Su estrategia consiste tanto en desarrollar medios propios como en utilizar lo que se llaman los “medios ganados”. Los primeros hacen referencia a la gran estructura comunicativa de Dáesh fundamentada en: notas de prensa, infografías, reportajes fotográficos, revistas en diferentes idiomas, la agencia de noticias Al Amaaq, radio Al Bayan, producciones musicales Ajnabá, la página web Isdarat (clausurada), productoras audiovisuales y el marketing offline en algunos lugares de Irak y Siria (vallas, carteles publicitarios o cibercafés). Por su parte, los medios ganados se miden en función de las veces que el grupo terrorista consigue que sus acciones condicionen la agenda de los medios de comunicación tradicionales.

El uso de tal cantidad de vías de comunicación con el objetivo de crear un mundo paralelo, que sus activistas llaman el Califato, y de segmentar geográficamente a la audiencia para modificar el encuadre del mensaje –todo ello amparándose en torticeras interpretaciones del Corán–, es lo que se conoce como terrorismo transmedia. Para hacer que esta estrategia sea lo más eficaz posible, nada se deja a la improvisación. Un ejemplo que se muestra en el libro es el del control que el todopoderoso productor ejecutivo sirio Abu Mohamed Adnani, amigo del líder del califato, Abu Bakr al Baghdadi, ejercía sobre sus subordinados, a los cuales les supervisaba y aprobaba los contenidos y mensajes que ISIS transmitía a la opinión pública. Tanto es así que Adnani fue considerado por Occidente como el hombre que de facto ejerció el verdadero liderazgo diario dentro de la organización terrorista hasta su muerte en 2016.

Toda esta estrategia comunicativa es desgranada en el libro de manera precisa gracias a la gran cantidad de ejemplos concretos que el autor aporta sobre matanzas que Dáesh ha llevado a cabo desde su existencia y de la manera en que estas han sido transmitidas. En este sentido, Lesaca pone énfasis en la eficacia con la que el ISIS, haciendo uso de los nuevos medios de comunicación, camufla ejecuciones reales entre imágenes de videojuegos (Call of Duty) o de películas de ficción (Saw, Juegos del hambre, Sin City) para así difuminar la línea que separa la realidad de la ficción, creando lo que se denomina una narrativa transmedia. La idea es simple: ¿cómo te van a parecer crueles estas imágenes si son parecidas a las que ves en una sala de cine comiendo palomitas?

En última instancia, Javier Lesaca intenta definir una estrategia útil para hacer frente al terrorismo del futuro. Él asegura que no está claro de qué herramientas se deben dotar los Estados para hacer frente a esta nueva forma de terrorismo. Sin embargo, una buena forma de hacerlo sería poniendo de moda la democracia, es decir, reforzar los valores que han permitido la construcción de la sociedad del bienestar y el desarrollo del mayor periodo de prosperidad de nuestra historia. “El Estado Islámico ha conseguido ganar la victoria de la estética, es por ello que debemos conseguir que valores como la democracia, libertad e igualdad sean productos culturales atractivos”, afirma Lesaca. Pero no sólo basta con esto, dice. Además, “debemos impulsar el fortalecimiento institucional mediante la erradicación de la corrupción y la puesta en marcha de políticas que permitan crear una economía capaz de absorber todo el talento de las nuevas generaciones y conseguir una gestión eficaz de los servicios públicos”.

En resumen, se trata de un libro de conveniente a lectura para todos aquellos que se quieran familiarizar con la organización interna y estructuras del poder de Dáesh, sus objetivos y los medios que este grupo utiliza para su consecución. Además, resulta una guía valiosísima para el estudio y posterior reacción de Occidente a las campañas de comunicación no solo del Estado Islámico, sino también de posteriores organizaciones terroristas las cuales formarán parte de lo que ya se denomina el terrorismo moderno.

El despliegue de casi 19.000 'cascos azules' ha reducido la violencia, pero siguen las violaciones de los derechos humanos

El apalancamiento en el poder del presidente Joseph Kabila y el resentimiento social y tribal han alimentado en el último año y medio un violento conflicto en el interior de la República Democrática del Congo. Hasta la hecha ha habido 3,9 millones de desplazados; solo en 2017 se registraron 3.300 muertos. La intervención de la ONU ha reducido los niveles de violencia, pero el conflicto en la provincia de Kasai sigue vivo.

▲Fuerzas de la Misión de Estabilización en la RDC de la ONU [MONUSCO/Sylvain Liechti]

ARTÍCULO / Eduardo Villa Corta

La República Democrática del Congo (RDC) se encuentra sumergida en una gran crisis civil que dura ya largo tiempo. Si bien este país ha tenido numerosos problemas y conflictos internos, el de la región de Kasai, en el centro-sur del país, destaca por el elevado número de muertes y violaciones de derechos humanos.

El origen de este conflicto se remonta al año 2016, cuando el presidente Joseph Kabila, en el poder desde 2001, decidió retrasar las elecciones para permanecer más tiempo en el poder. La muerte de su principal opositor, Étienne Tshisekedi, facilitó las intenciones de Kabila de seguir en la presidencia, pero desde entonces este ha tenido que confrontar una oposición armada: la milicia de Kamuina Nsapu.

Para entender la situación generada hay que partir de la división tribal presente en la RDC. Las jefaturas y divisiones territoriales son administradas por un jefe tradicional y su consejo. Estas líneas hereditarias siguen un proceso de sucesión, que debe ser ratificado por el Ministerio del Interior. En el caso de la tribu de los Kamuina Nsapu, en enero de 2012 hubo un problema con el acceso a la jefatura de Jean Pierre Nsapu Pandi, porque el Ministerio del Interior (nombrado por Kabila) no llegó a reconocer al nuevo líder. Después de un tiempo, este recibió la noticia de que el Ministerio había seleccionado a otro jefe ajeno a la tribu. Esta selección generó un resentimiento que condujo a una revuelta. Desde ese momento Nsapu Pandi decidió empezar a reclutar gente en la zona.

Entre las razones por las que este movimiento creció y se expandió en la región está en primer lugar la situación de pobreza generalizada. Dadas las bajas condiciones de vida y el escaso crecimiento económico, las promesas que ofrecía el líder constituyeron un incentivo popular. El conocimiento de la lengua local tshilub y el propio carisma personal de Nsapu Pandi lo ayudaron también a conseguir partidarios, de forma que a finales de julio de 2016 unos 800 jóvenes ya lo seguían. Fue entonces cuando la milicia, llamada Kamuina Nsapu por devoción a su líder y guía, empezó la revuelta, con el incendio de una comisaría a 20 kilómetros de la ciudad de Tsimbulu.

El conflicto dio un salto pocas semanas después, cuando se produjo un enfrentamiento entre policías y militares en Tsimbulu. El episodio terminó con la orden de muerte en combate de Pandi, dada por el mismo presidente. Desde ese momento la recientemente formada milicia se agrupó con la oposición a Kabila y pasó de ser un grupo local a convertirse en uno nacional. Ahora es una milicia en guerra civil con el gobierno, en una confrontación que ha devastado a la población congoleña.

La milicia Kamuina Nsapu y sus atrocidades tuvieron una rápida respuesta de Kabila. Este respondió con una fuerza desmesurada y desproporcionada, pues en sus acciones contra la milicia las autoridades causaron en las primeras semanas unos 400 muertos, tanto entre elementos armados como entre la población civil. El grupo ha crecido exponencialmente debido a la fuerte oposición social a Kabila, quien no obstante a día de hoy sigue manteniendo el poder en Kasai. Ambos bandos del conflicto han protagonizado atrocidades y violaciones graves de los derechos humanos.

Los datos sobre muertes y daño a personas no son fáciles de obtener. Según fuentes de la Iglesia Católica, solo en 2017 el conflicto provocó al menos 3.300 muertes. Ese mismo año hubo 1,7 millones de personas que dejaron sus hogares y se desplazaron a países vecinos en busca de asilo. Hasta la fecha ha habido un total de 3,9 millones de personas desplazadas. El conflicto ha agravado la hambruna en el país, que alcanza los 7,7 millones de personas. De ellas, 3,3 millones se ubican en la región de Kasai, que es la más azotada por el conflicto. En enero de 2018, se estimó en 400.000 el número de niños malnutridos. Las cifras no hacen más que elevarse debido a la migración y a la situación de peligro que sufren miles de personas. La RDC ha pedido al Banco Mundial 1.700 millones de dólares para poder establecer y ayudar a la población. Pero esta suma no ha sido entregada ni ha habido ninguna aportación económica por parte de ninguna organización internacional.

Lo cierto es que estas atrocidades son responsabilidad de los dos bandos en conflicto. La participación de ambas partes se puede ver en el descubrimiento de fosas comunes (se han encontrado 80 en la zona) tras una iniciativa de las Naciones Unidas. Permitió ver que se habían cometido desde decapitaciones hasta mutilaciones y que las víctimas iban de militares a niños. La ONU ha enviado observadores y “cascos azules” a la zona: en total son 19.000 efectivos cuya misión es intentar mantener la paz, apoyar a los civiles e investigar los hechos sucedidos. Esos trabajos han contabilizado de momento 2.800 violaciones de derechos humanos. Al menos dos observadores de la ONU fueron decapitados en la región de Kasai, a la que las organizaciones internacionales tienen difícil acceso debido a las restricciones gubernamentales y al despliegue mismo de la violencia.

Este conflicto está basado en el resentimiento social y tribal y en la lucha por el control del país. Para que el país se pueda recuperar, tanto Kabila como los Kamuina Nsapu deberían llegar a algún tipo de compromiso. Para lograr esto la comunidad internacional debería reiterar la presión ejercida en 2016 al inicio de un conflicto que se ha acrecentado a lo largo de casi dos años. La Unión Africana y la ONU deberían empujar a ambas partes en litigio hacia el alto al fuego, en una mediación tanto como regional como extracontinental. La solución más propicia para lograr la estabilización del país pasa por la celebración de elecciones libres.