[Bruno Maçães, The Dawn of Eurasia. On the Trail of the New World Order. Allen Lane. Milton Keynes, 2018. 281 págs]

RESEÑA / Emili J. Blasco

El debate sobre el surgimiento de Eurasia como una realidad cada vez más compacta, no ya como mera descripción geográfica que conceptualmente era una quimera, debe mucho a la contribución de Bruno Maçães; singularmente a su libro The Dawn of Eurasia, pero también a su continuo proselitismo ante públicos diferentes. Este diplomático portugués con actividad investigadora en Europa constata la consolidación de la masa euroasiática como un único continente (o supercontinente) a todos los efectos.

“Una de las razones por las que tenemos que comenzar a pensar sobre Eurasia es porque así es como China mira cada vez más el mundo (...) China está ya viviendo una edad eurosiática”, dice Maçães. Lo nuevo de esta, afirma, “no es que existan tales conexiones entre los continentes, sino que, por primera vez, funcionan en ambos sentidos. Solo cuando la influencia fluye en ambos sentidos podemos hablar de un espacio integrado”. La Iniciativa Cinturón y Ruta de la Seda, sobre todo su trazado terrestre, muestra que China ya no solo mira al Pacífico, sino que a su espalda contempla nuevas vías para llegar a Europa.

Maçães apremia a Europa a que adopte una perspectiva euroasiática, por tres razones: porque Rusia y China tienen una; porque la mayoría de las grandes cuestiones de política exterior de nuestro tiempo tienen que ve con el modo en que Europa y Asia están conectadas (Ucrania, crisis de refugiados, energía y comercio), y porque todas las amenazas de seguridad de las próximas décadas se desarrollarán en un contexto euroasiático. Maçães añade una razón final por la cual Europa debería implicarse de modo más activo en el proyecto de integración euroasiática: es el modo de combatir las fuerzas de desintegración que existen en el interior mismo de Europa.

De las diversas consideraciones incluidas en el libro, podrían destacarse algunas ideas sugerentes. Una es que los históricos problemas de identidad de Rusia, a caballo entre Europa y Asia –verse diferente de los europeos y a la vez sentir atracción por la modernidad de Occidente–, resultan replicados ahora en el Oriente, donde China está en camino de crear un segundo polo de crecimiento económico y de integración en el supercontinente. Si Europa es uno de los polos y Asia (China y los demás exitosos países del Extremo Oriente) el otro, ¿Rusia entonces qué es, si no responde plenatemente a la identidad europea ni a la asiática?

La Iniciativa Cinturón y Ruta de la Seda otorga importancia geopolítica a Asia central, como repasa Maçães. Así, China necesita un claro dominio de Xinjiang, su provincia más occidental y la puerta a las repúblicas centroasiáticas. La ruta terrestre hacia Europa no puede existir sin el segmento de Xinjinag, pero al mismo tiempo la exposición de este territorio de mayoría uigur al comercio y la modernización podría acentuar sus aspiraciones separatistas. Justo al noroeste de Xinjiang está la república exsoviética de Kazajstán, un extenso país de gran valor agrícola, donde los intentos chinos de comprar tierras están siendo vistos con elevada suspicacia desde su capital, Astaná. Maçães estima que si Rusia intentara reintegrar Kazajstán en su esfera de influencia, con la misma vehemencia que ha hecho con Ucrania, “China no se quedaría a un lado”.

No es solo que la costa Este (península europea) y la costa Oeste (litoral del Pacífico) se aproximan, sino que además las conexiones entre ambas mejoran las condiciones logísticas del interior del supercontinente. Ese es precisamente uno de los objetivos de Iniciativa Cinturón y Ruta de la Seda: a medida que las compañías chinas se han ido alejando de los hubs empresariales de la costa para abaratar los costes de mano de obra, más lejos están quedando de los puertos, por lo que necesitan mejores conexiones terrestres, contribuyendo así al encogimiento de Eurasia.

Pekín acelera su cambio de estrategia económica mientras Alemania intenta reinventarse como potencia manufacturera con su 'Industry 4.0'

De ser la gran fábrica de los productos más bajos en la cadena mundial de precios a convertirse en una potencia manufacturera apreciada por el valor añadido que China pueda aportar a su producción. El plan 'Made in China 2025' está en marcha con el propósito de operar el cambio en unas pocas décadas. El empuje chino pretende ser contrarrestado por Alemania con su 'Industry 4.0', para preservar el reconocimiento internacional a lo producido por la industria germana.

▲ Stand de Huawei en el Mobile World Congress 2017 [Huawei]

ARTÍCULO / Jimena Puga

“Made in China 2025” es un plan político-económico presentado por el primer ministro chino Li Keqiang en mayo de 2015. El principal objetivo de esta iniciativa es el crecimiento de la industria China, y a su vez fomentar el desarrollo industrial en las áreas más pobres de China situadas en el interior del país, como las provincias de Qinghai, Sinkiang o Tíbet. Una de las metas es aumentar el contenido nacional de los materiales básicos hasta un 40% para 2020 y un 70% para 2025.

Pero, ¿qué quiere conseguir la República Popular con esta iniciativa? Tal y como anunciaba Mu Rongping, director general del Centro de Innovación y Desarrollo de la Academia China de Ciencia, “no creo que el plan Made in China 2025 y otros planes relacionados con la industria supongan una amenaza para la economía mundial y la innovación. Estas políticas industriales dimanan de la cultura tradicional china. En China siempre que establecemos una nueva medida política o económica tenemos las expectativas altas. Así, si conseguimos solo la mitad, estaremos satisfechos. Este punto de vista ha llevado a China al cambio y hasta cierto punto, a la innovación”.

Evolución económica china

En 1978 Deng Xiaoping llegó al poder y cambió todas las estructuras maoístas. Así, desde una perspectiva económica, el Derecho se ha convertido en un elemento decisivo para resolver conflictos y mantener el orden social en China. Deng trató de instaurar un sistema socialista, pero con “características chinas”. De esta forma se justificó una economía de libre mercado y, en consecuencia, la obligación de desarrollar nuevas normas y estructuras. Además, el presidente introdujo el concepto de democracia como un instrumento necesario para la nueva China socialista. La reforma legal más importante fue la posibilidad de crear negocios privados. En 1992 se adoptó la expresión de una “economía de mercado socialista”, una etiqueta para esconder un capitalismo real (1).

El actual presidente de la República Popular, Xi Jinping, se ha manifestado contrario al proteccionismo económico y a favor de equilibrar la globalización para “hacerla más incluyente y equitativa”. También añadió un aumento en el estudio del capitalismo actual y el desarrollo del socialismo con características chinas propio del país, ya que si el partido abandonase el marxismo perdería “su alma y dirección”, además de calificarlo como “irreemplazable para comprender y transformar el mundo”.

El plan Made in China 2025 y el Industry 4.0

Durante esta última década, China ha emergido como uno de los milagros manufactureros más relevantes de la historia desde que empezase la Revolución Industrial en Gran Bretaña en el siglo XVIII. A finales de 2012, China se convirtió en un líder global en operaciones de manufacturas y en la segunda potencia económica del mundo por encima de Alemania. El paradigma Made in China ha sido evidenciado por productos hechos en China, desde productos de alta tecnología como ordenadores o teléfonos móviles hasta bienes de consumo como aires acondicionados. El objetivo del Imperio del Centro es extender este plan a tres fases. En la primera, del año 2015 al año 2025, China pretende figurar en la lista de potencias manufactureras globales. En la segunda, de 2026 a 2035, China prevé posicionarse en un nivel medio en cuanto a poder manufacturero mundial. Y por último, en la tercera fase, de 2036 a 2049, año en que la República Popular celebrará su centenario, China desea convertirse en el país manufacturero líder del mundo.

En 2013, Alemania, un país mundialmente líder en cuanto a industrialización, publicó su plan estratégico Industry 4.0. Conocido por sus marcas prestigiosas como Volkswagen o BMW, las industrias líderes del país han enfatizado su fuerza innovadora que les permite reinventarse una y otra vez. El plan Industry 4.0 es otro ejemplo de la estrategia manufacturera del país germano para competir en una nueva revolución industrial basada en la integración industrial, en la integración de la información industrial, Internet y la inteligencia artificial. Alemania es mundialmente conocida por el diseño y calidad de sus productos. El plan Industry 4.0, presentado en 2013 por el Gobierno alemán, se centra en la smart factory, es decir, que las fábricas del futuro sean más sostenibles e inteligentes; en sistemas ciberfísicos, que integran tecnologías avanzadas como la automoción, el intercambio de datos en la tecnología de manufacturación y la impresión 3D, y en las mercancías y las personas.

Ambos planes, Industry 4.0 y Made in China 2025 se centran en la nueva revolución industrial y emplean elementos de digitalización manufacturera. El núcleo del plan alemán es el sistema ciberfísico, es decir un mecanismo controlado o monitorizado por algoritmos estrechamente ligados a Internet y a sus usuarios, y la integración en mecanismos de creación de valor dinámico. El plan chino, además del plan de acción “Internet Plus Industry”, tiene un objetivo fijado especialmente en la consolidación de las industrias existentes, en el fomento de la diversidad y la ampliación del margen de actuación de numerosas industrias, realzando la cooperación regional mediante el uso de Internet para una manufacturación sin fronteras, la innovación de nuevos productos y la mejora en la calidad de los mismos.

En 2020 Estados Unidos será el país más competitivo en cuanto a manufacturación del mundo, seguido por China, Alemania, Japón, India, Corea del Sur, México, Taiwán, Canadá y Singapur. De estos diez países, seis son países asiáticos, uno europeo y los tres restantes miembros del NAFTA (North American Free Trade Agreement).

Este nuevo giro en la estrategia industrial se traduce en una anticipación del mundo a una cuarta revolución industrial propiciada por los avances tecnológicos. China será sin duda uno de los líderes internacionales de esta revolución gracias a los planes Made in China 2025 y One Belt One Road, sin embargo, las nuevas economías emergentes como Sudáfrica, Vietnam o Hungría que han contribuido a la economía mundial en los últimos años requerirán más atención.

(1) Vid. ARANZADI, Iñigo González Inchaurraga, Derecho Chino, 2015, p. 197 y ss.

La necesidad de un apoyo aéreo cercano en la lucha contra el ISIS ha hecho replantearse la preferencia de la tecnología sobre la efectividad

En las últimas décadas la constante apuesta por la superación tecnológica había llevado a descartar viejos modelos de aviones de combate que, convenientemente equipados, estás demostrando ser más efectivos en operaciones de contrainsurgencia. Las urgencias planteadas especialmente por la lucha contra el Estado Islámico han convertido esos viejos modelos en una suerte de capacidad de Operaciones Especiales de las Fuerzas Aéreas.

▲ OV-10 Bronco [USAF, TSgt Bill Thompson]

ARTÍCULO / Ignacio Yárnoz

Agosto de 2015. En el marco del Programa de Operaciones Especiales “Combat Dragon II”, dos aviones OV-10G+ Bronco despegan de una base aérea de Estados Unidos en el norte de Irak. La misión de estos aviones bimotores de tiempos de la guerra de Vietnam es doble. En primer lugar, socorrer a los combatientes peshmergas ante los ataques de los insurgentes del Daesh (al-Dawla al-Islamiya al-Iraq al-Sham); la segunda, demostrar la eficacia de los aviones a hélice low cost en operaciones COIN (Counter Insurgency). La misión resultó ser un éxito e hizo replantearse muchas cosas en el Pentágono, donde el asombro inundó los despachos al tratarse de una misión de contrainsurgencia con aviones de hace 50 años.

Hay que destacar los tres pilares fundamentales que hicieron de esta misión un éxito. En primer lugar, está el factor humano que formaba parte de la misión. Los valientes pilotos que se embarcaron en ella fueron minuciosamente escogidos por su experiencia en misiones especiales, además de ser oficiales instructores de la USAF Weapons School. Esto tenía una gran importancia dada la delicadeza de la misión y la precisión que esta requería. A continuación veremos por qué.

El segundo pilar a destacar es el armamento y material utilizado. Más concretamente se trata de los nuevos, pero muy prometedores cohetes guiados por láser APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) y múltiples sistemas modernos de vigilancia infrarroja como el MX-15HD FLIR. Los primeros son cohetes de 70 mm parecidos a los “Hydra” (un sistema estadounidense de cohetes aire-aire/aire-tierra conocidos por ser los más utilizados en el mundo como armamento en helicópteros) a los que se les puede incorporar un sistema de guiado y control láser. Son cohetes que pueden ser disparados o desde muy cerca o a distancias más largas en todos los ángulos que se quiera, dando un margen de tiro al piloto muy amplio que le otorga una importante ventaja táctica. Además, su alta precisión hace que pueda eliminar enemigos o destruir vehículos de blindaje ligero con una eficacia que otros sistemas no llegarían a alcanzar, al menos no sin causar mayor daño colateral. Ahí está la clave comentada en el primer pilar: unos pilotos experimentados en el manejo de armas de precisión acompañados de los medios adecuados hacen de esta una combinación perfecta que convertía a los OV-10G+ Bronco en verdaderas armas de precisión.

Por último, y como tercer pilar, está el propio avión: el OV-10G+ Bronco (o “Black Pony”). Este veterano de la guerra de Vietnam es una leyenda de la aviación. El Bronco nació tras ser aprobada por la Marina y las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos una especificación de servicio triple llamada “LARA” (Light Armed Reconnaissance Aircraft, Aeronave Ligeramente Armada de Reconocimiento), expedida a finales de 1963 y concebida para dicha guerra. LARA estaba basada en la necesidad de un nuevo tipo de avión de ataque ligero y observación para la “lucha en la jungla”. Durante el conflicto, los Bronco realizaron operaciones de observación, control aéreo avanzado, escolta de helicópteros, reconocimiento armado, servicios de transporte ligero y limitadas acciones de ataque al suelo. Los Bronco también llevaron a cabo reconocimiento radiológico aerotransportado, observación aérea táctica y para la artillería naval, así como control aéreo de operaciones de apoyo tácticas y, en el frente de batalla, fotografía aérea de baja altura.

Sin embargo, las doctrinas cambiaron desde que las bombas inteligentes se integraron en las fuerzas aéreas. El control aéreo avanzado, una de las misiones principales de este avión, pasó a manos de las tropas terrestres de élite con designadores láser y transmisiones digitales. El concepto de usar los Bronco para merodear sobre una zona y dejar caer munición no fue explorado. Finalmente, el aparato fue dado de baja en julio de 1994.

OV-10 Bronco y A-10 Thunderbolt

Se trata de un avión de ataque ligero y observación propulsado por dos turbohélices que, aun siendo un avión de ala fija, cumple con las capacidades de un helicóptero y de un dron. Como los drones, el OV-10 puede sobrevolar el campo de batalla durante horas, pero con mayor visibilidad que un RQ9 Reaper y con mayor capacidad de armamento. El modelo original era capaz de volar a una velocidad de hasta 560 km/h, llevar hasta 3 toneladas de munición externa y permanecer sobrevolando una zona durante más de tres horas. Por último, este versátil aparato es capaz de operar desde pistas cortas o semipreparadas (STOL) con bajos costes de operación y mantenimiento. En la mayoría de los casos puede volar con un solo motor. Esto último hace del OV-10 Bronco y todos sus homólogos un gran activo dado que mientras los aviones a reacción tienen un gran consumo de combustible en cada vuelo (desde 20.000 dólares el jet más barato, el F16), los aviones ligeros de ataque solo cuestan unos miles de dólares por operación. Asimismo, los aparatos disponibles en estos momentos solo pueden despegar y aterrizar en pistas largas y caras de mantener que se deben ubicar a cientos de kilómetros de la línea del frente y, en consecuencia, el tiempo eficaz de sus misiones es menor y su consumo de combustible es mayor.

Sin embargo, la tendencia de la USAF siempre ha inclinado la balanza hacia la alta tecnología en vez de hacia la efectividad. Desde la Segunda Guerra Mundial y con el principio de la Guerra Fría, la manera estadounidense de luchar ha sido contar con una tecnología superior. Ha habido un constante enfoque en los más importantes avances tecnológicos en los que se encuentra a la vanguardia. Sin embargo, estos aviones efectivos han encontrado un nicho dentro del Ejército, posiblemente las Operaciones Especiales de las Fuerzas Aéreas. Y es que la necesidad de un apoyo aéreo cercano en la lucha contra el ISIS ha hecho replantearse la estrategia de muchos mandos. De hecho, también ayudó a convencer a la Fuerza Aérea a reconsiderar sus planes de retirar el A-10 Thunderbolt II (A-10 Warthog como lo apodan en la USAF). Los motivos resultan ser análogos al de la puesta en marcha de aviones como el OV-10 Bronco: la necesidad de efectividad, experiencia, apoyo aéreo cercano y control aéreo avanzado, todo ello combinado con bajos costes de mantenimiento.

En el caso del A-10 Thunderbolt II, se trata de un avión diseñado específicamente en torno a su arma principal, un cañón GAU-8/A de 30 mm montado directamente bajo el fuselaje. Con un blindaje de titanio de 540 kg, incorpora dos turbinas General Electric TF34-GE-100 montadas en una posición elevada, de manera que el avión pueda aterrizar en entornos austeros tales como terrenos difíciles, sucios o arenosos. Además, la aerodinámica y tecnología de los motores permiten al A-10 volar más lento y más bajo, y por tanto más cerca de las fuerzas en tierra y los blancos enemigos, específicamente a 555 km/h y a 30 metros de altitud. Por último y no menos importante, es barato de comprar (una media de 11 millones de dólares por cada uno de los 715 construidos) y de operar (unos 17.000 dólares por hora de vuelo).

Aunque el OV-10 Bronco no fue finalmente el seleccionado por la USAF en el marco del Combat Dragon II, ha marcado un hito en la historia aeronáutica. La USAF ha decidido finalmente decantarse por el modelo brasileño A29 SuperTucano, un avión biplaza que ronda los 580 km por hora y posee la aviónica sofisticada típica de los cazas de cuarta generación, incluidos receptores de alerta por radar, sensores por infrarrojos de barrido frontal y la capacidad de lanzar bombas y misiles guiados de precisión. En definitiva, un avión con las mismas capacidades que el OV-10 Bronco de control aéreo avanzado y observación táctica. Este modelo ya forma parte de las fuerzas aéreas afganas, libanesas y nigerianas (países con amenazas de insurgencia como Boko Haram, Hizbulá y Al-Qaeda) además de estar en proceso de sustitución de los Bronco en Filipinas, donde también se están aplicando las mismas técnicas de contrainsurgencia usadas en Iraq para combatir a Daesh en esta región. Independientemente de que no se trate del legendario Bronco, el paradigma sigue latente. Ha quedado demostrado que la aviación ligera puede ser capaz de erigirse como un poderoso aliado en las operaciones COIN de la actualidad.

La Administración Trump avala completar en el teatro europeo el despliegue del sistema Aegis puesto en marcha por Obama

El principal despliegue de defensa en Europa lo constituye el Sistema de Defensa de Misiles Balísticos, una capacidad de la OTAN que se ha ido completando siguiendo el llamado Enfoque Adaptativo por Fases Europeo (EPAA). Puesto este en marcha durante la Administración Obama, la Administración Trump lo acaba de ratificar en su Missile Defense Review. El abandono del tratado de Armas Nucleares de Alcance Intermedio (INF Treaty), que ataba a Estados Unidos y Rusia, pone el sistema de defensa de misiles en la agenda de prioridades europea.

▲ Lanzamiento del misil ESSM desde la fragata española Álvaro de Bazán [Armada]

ARTÍCULO / Martín Biera

En la era preindustrial las batallas se libraban en gran medida cara a cara, pero en la era tecnológica la línea de defensa puede situarse a gran distancia. Así, en Europa el principal despliegue de defensa lo constituye el Sistema de Defensa de Misiles Balísticos. Se trata de una capacidad de la OTAN que integra el sistema naval Aegis y el sistema terrestre Patriot, producidos por las empresas Lockeed Martin y Raytheon, respectivamente, y que pueden emplearse en un mismo escenario.

Su despliegue en Europa fue propuesto por la Administración Obama en 2009 en lo que se conoce como Enfoque Adaptativo por Fases Europeo (European Phased Adaptive Approach o EPAA). Este programa pretende desarrollar progresivamente capacidades antibalísticas que ayuden a la defensa de los aliados de la OTAN en el teatro europeo.

El documento Missile Defense Review, hecho público por el Pentágono en enero, reitera el compromiso estadounidense con el programa pautado. “Estados Unidos está comprometido con completar el despliegue del EPAA”, indica el texto.

Si en otros aspectos, la Administración Trump ha dado indicios de un cierto retraimiento de su despliegue militar en el mundo, en este punto mantiene su contribución tecnológica y operativa para que la OTAN pueda sostener en el teatro europeo su arquitectura de defensa de misiles. “Estados Unidos reforzará las capacidades regionales de defensa de misiles y las relaciones cooperativas con sus aliados y socios”, añade el documento. Reclama, no obstante, como ya ha hecho en relación a las contribuciones generales a la OTAN por parte de sus Estados miembro, “inversiones adicionales de los aliados en defensa de misiles, incluyendo desarrollo y producción conjuntos, para repartir mejor la carga de la defensa común”.

Implementación en fases

El EPAA se plantea en cuatro fases, de acuerdo con el Ministerio de Exteriores de Polonia y la administración del ex -Presidente Obama en la estrategia de implementar sistemas avanzados anti misiles balísticos en Europa.

La primera fase, implementada en 2011, incluyó el despliegue en el mar Mediterráneo de barcos equipados con el Sistema Antimisiles Balísticos (SAMB) Aegis y lanzaderas de misiles SM-3 IA capaces de interceptar misiles de corto y medio alcance (hasta 3.000 kilómetros). Con el sistema de combate Aegis está dotada la fragata Álvaro de Bazán (la Armada española es la única en Europa, además de la noruega, integrada en este sistema). También incluyó la instalación de un dispositivo de radar situado en Turquía, el AN/TPY-2, que funciona en la banda X (sección de microondas del espectro electromagnético, utilizada por satélites de comunicación).

La segunda fase se implementó en 2015. Cubre adicionalmente el despliegue en Rumanía de un sistema de lanzamiento de misiles tierra-aire tipo IB-SM-3 capaz de combatir misiles de corto y mediano alcance de más de 500 kilómetros de alcance efectivo, y el despliegue de los cuatro barcos con la capacidad Aegis AMB. Las capacidades de radar AN/TPY-2 fueron mejoradas con una red de sensores adicionales.

La tercera fase, en 2018, consistió en el despliegue en Polonia de un lanzador de misiles de tipo II-SMA basado en tierra capaz de combatir misiles de alcance intermedio (IRBM hasta 5.500 km). Las lanzaderas se sitúan en la base de Redzikowo.

La última fase tendrá lugar en 2020 que permitirá a los aliados de los Estados unidos mejorar los sistemas anti misiles contra proyectiles de medio y largo alcance e ICMBs, está fase se culminará con la implementación de sistemas SM-3 Block IIB que incluirá además un sistema de control y comando

Así, pues, el sistema SAMB Aegis incluye las capacidades desplegadas en las dos bases permanentes (en Polonia y Rumanía) y a bordo de cuatro barcos Aegis BMD (en el mar Mediterráneo, con base en Rota), así como un radar que opera en la banda X y una red de sensores, lo que permite defender al continente europeo frente a misiles de corto, medio y largo alcance.

Funcionamiento

Primero satélites de infrarrojos y de comunicación se encargan de la alerta temprana. Cuando un misil balístico es lanzado, es detectado por el satélite infrarrojo; la información que capta es enviada a un satélite de comunicaciones, que notifica a un cuartel de la OTAN, donde se analiza. En el caso de Europa esa información es enviada a la base de Ramstein en Alemania, donde se confirma si ese proyectil es una amenaza. Después, se comunica a todos los efectivos apropiados, tanto comandancias como sistemas de defensa.

Cuando en el trayecto ascendente del misil el motor termina de quemar el combustible, el satélite de infrarrojo ya no puede detectarlo, por lo que ahí se cuenta con la actuación de sensores de largo alcance, como el sistema AN/TPY-2 o el sistema naval Smart-L Radar que está localizado en Holanda. Esos sensores detectan y continúan analizando el misil para que pueda ser interceptado. El proceso también integra el sistema Aegis, que consta de radares AN/SPY-1 con capacidad de rastrear más de cien objetos. Juntos, estos sistemas realizan un análisis más detallado de rastreo y posibles consecuencias que pueda tener misil balístico.

Todos los sistemas, tanto en tierra como en mar y aire, tienen la capacidad de compartir y actualizar al momento la información. La clave de este sistema es la capacidad de destruir el misil fuera de la atmósfera, gran parte gracias al sistema Aegis, aunque también sistemas como el THAAD pueden proporcionar capacidades adicionales. El sistema Aegis ofrece cobertura a misiles que sobrepasaron la atmósfera; en el caso de que un proyectil vuelva a entrar en la atmósfera, entra en funcionamiento el sistema Patriot, que es usado por Francia, Alemania, España y otros países.

Sistema Patriot

Tras la decisión de Polonia de destinar a defensa un mayor porcentaje del PIB, se espera que este país aumente su capacidad militar. El pasado 28 de marzo Polonia firmó un acuerdo con Estados Unidos, valorado en 4.750 millones de dólares, para la compra del sistema de misiles Patriot. Su fabricante, Raytheon, se comprometió a construir en Polonia partes clave del sistema, creando “empleos nuevos de alta tecnología”, tal como requería la legislación polaca.

Polonia se unirá a otros quince países de Europa, el Pacífico y Oriente Medio que comparten y operan con este sistema Este acuerdo llega después de que Polonia firmara un acuerdo de diez años con Raytheon para facilitar la introducción de los misiles Patriot entre las capacidades defensivas del país. A mediados de 2018 Varsovia tuvo ciertas complicaciones en la adquisición de los Patriot, pues la oposición puso trabas para la aprobación de la compra. Finalmente, el gobierno polaco y Raytheon firmaron el proyecto en el valor acordado de 4.750 millones de euros

En noviembre de 2017 Rumanía y Suecia mostraron interés también por la compra de Patriots. En el caso de Oriente Medio, los países que principalmente utilizan este sistema son Israel y Qatar, si bien el Pentágono ha manifestado su deseo de retirar sus baterías de la región.

Alternativa rusa

La compra polaca de misiles Patriot fue criticada por Rusia. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zakharova, condenó la “progresiva militarización” de ese país. Moscú ve esos movimientos de “militarización” como un elemento de desestabilización del aparato militar y político en Europa y una amenaza para Rusia.

El Kremlin criticó el despliegue de las baterías de sistemas de misiles Patriot como una violación del tratado de control de armamentos firmado en 1987 entre Mijaíl Gorbachov y Ronald Reagan. Este tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF Treaty) está a punto de ser abandonado por Estados Unidos por entender que Rusia lo ha estado vulnerando con algunos de sus desarrollos de misiles.

Ante la carrera por avances en la tecnología para los misiles tierra aire, la industria armamentística rusa desarrolló los S-400 Triumf, que la OTAN designa como SA-21 Growler. El sistema del S-400 es un sistema de defensa móvil, lo que ofrece una mayor versatilidad y potencia de fuego. Países como Arabia Saudí, Turquía o India han mostrado su interés de comprar este sistema a pesar de las sanciones de EEUU. Que grandes usuarios y clientes del armamento estadounidense se interesen por empresas de la competición plantea un problema para la industria militar norteamericana. El S-400 tiene capacidad de llegar a un techo de vuelo de 185 kilómetros y una distancia de alcance efectivo de 120, 250 y 400 kilómetros dependiendo del misil empleado. Para 2020 el Ejército ruso contará con una nueva generación de sistema de misiles, los S-500, una versión más avanzada y más potente que las actuales.

Disuasión

“La invencibilidad está en uno mismo, la vulnerabilidad en el adversario. 
La invencibilidad es una cuestión de defensa, la vulnerabilidad, una cuestión de ataque. Mientras no hayas observado vulnerabilidades en el orden de batalla de los adversarios, oculta tu propia formación de ataque, y prepárate para ser invencible, con la finalidad de preservarte. Cuando los adversarios tienen órdenes de batalla vulnerables, es el momento de salir a atacarlos”. El arte de la guerra, Sun Tzu.

Los sistemas tanto de la OTAN como de Rusia tienen claramente una faceta disuasoria. Todo operativo militar tiene un papel relevante en el plano diplomático, político y de intereses. Tras la anexión rusa de Crimea y de las maniobras Vostok 2018 y Trident Juncture los sistemas de defensa antimisiles se muestran como el futuro de la seguridad europea e internacional. En los últimos años, en un contexto de militarización del espacio por parte de las potencias militares mundiales, se está llevando a cabo una actualización de los sistemas de misiles que no solamente permite llegar más lejos sino también ser más precisos. De acuerdo con la estrategia de defensa tanto europea como de la organización atlántica ha llevado a sus socios a tener mejores capacidades que sus competidores para velar por la seguridad de los Estados. En consecuencia, una progresiva pero efectiva modernización de los sistemas antimisiles.

En los últimos años, ante el avance y la modernización armamentística de Rusia y China, Estados Unidos ha visto la necesidad de desarrollar sistemas en el espacio capaces de derribar misiles, con cierto parecido al cancelado Pebbles Program. El programa Pebbles trataba de poner en órbita sistemas autónomos con capacidad para interceptar cualquier proyectil lanzado por los competidores de Estados Unidos. Estos sistemas otorgarían a Estados Unidos y sus aliados con una capacidad de contrarrestar casi cualquier tipo de proyectil concediendo una ventaja sin precedentes. El empleo de los sistemas antimisiles refuerza la unión entre Estados Unidos y sus aliados, de esta manera permite que la defensa sea más efectiva y la cooperación como una relación de necesidad.

Por otra parte, hay analistas que pueden ver esta escalada en la compra y utilización de sistemas AMB como una nueva guerra fría, al menos a menor escala, principalmente porque se da en Europa y en nuevas facetas como la económica, manifestada a través de la influencia que las empresas armamentísticas ejercen sobre los gobiernos nacionales.

Uno de los países más pobres de América puede pasar a tener la mayor producción de petróleo per cápita del mundo, trastocando la relación con sus vecinos

Los prometedores hallazgos petroleros en aguas de Guyana auguran una mayor relevancia regional para este pequeño y pobre país sudamericano. Las disputas territoriales entre Venezuela y su vecino, a cuentas del territorio Esequivo que históricamente Caracas ha reclamado (más de la mitad de la superficie guyanesa), pueden verse exacerbadas por la apertura de pozos en aguas profundas que Guyana administra pero sobre las que Venezuela pide un justo arbitraje internacional.

▲ Imagen creada por ExxonMobil sobre sus prospecciones en aguas de Guyana

ARTÍCULO / Ignacio Urbasos Arbeloa

Guyana ha hallado a 193 km de su costa de la mano de ExxonMobil yacimiento petroleros que pueden cambiar por completo el rumbo de su economía y su influencia a nivel internacional. Tras varias décadas de fallidos intentos en la búsqueda de hidrocarburos en su subsuelo y una búsqueda exhaustiva desde 1999, en el año 2015 el yacimiento Liza respondió positivamente a los análisis sísmicos mostrando posteriormente abundantes reservas de petróleo a 1.900 metros de profundidad marina. Por el momento las estimaciones hablan de 3.200 millones de barriles de petróleo recuperables que se encontrarían en la Cuenca Guayanesa, la cual se extiende hasta Surinam, otro país con un prometedor futuro petrolero. Compañías como Total, Repsol o Anadarko ya han obtenido derechos de prospección en los diferentes bloques ofrecidos hasta el momento por el Gobierno Guyanés, sin embargo es el Bloque Stabroek, explotado por Exxon (45%), Hess (30%) y la china CNOOC (25%), el primero que comenzará a producir, en 2020.

Con expectativas de alcanzar los 700.000 barriles al día para 2025, este es el mayor hallazgo del lustro en aguas profundas a nivel mundial y una de las más valiosas adiciones de producción de petróleo convencional. El crudo es apto para destilados medios, precisamente lo que las refinerías del Golfo de México buscan en un mercado saturado por el liviano crudo procedente del fracking. De acuerdo a estimaciones optimistas, para 2025 este empobrecido país de aproximadamente 700.000 habitantes superaría en producción petrolera al miembro de la OPEP Ecuador, convirtiéndose en el mayor productor de barriles per cápita del mundo (por delante del actual líder, Kuwait, que tiene una producción de 3,15 millones de barriles diarios y 4,1 millones de habitantes). Los costes de producción por barril se estiman en los 26 dólares considerando impuestos, por lo que las ganancias se esperan abundantes en prácticamente cualquier escenario futuro (actualmente el barril de WTI se encuentra en torno a los 50 dólares), convirtiendo a Guyana en uno de los grandes atractivos en la industria petrolera del momento. Las prospecciones encabezadas por Exxon, compañía que ya domina la explotación en las denominadas deepwaters, tuvieron en 2018 tasas de acierto cercanas al 80%, lo que ha generado una enorme expectación en un sector acostumbrado a tasas del 25%.

El impacto positivo que este descubrimiento tendrá para la economía guyanesa es evidente, aunque no está exento de desafíos, dados los altos niveles de corrupción o una burocracia y clase política sin experiencia para negociaciones de este nivel. El FMI, que está asesorando a Guyana, ya ha recomendando congelar nuevas negociaciones hasta que no se reforme el sistema impositivo y se mejore la capacidad burocrática del país. Este mismo organismo ha estimado un crecimiento para Guyana del 28% de su PIB para 2020, un dato histórico para una economía cuyas exportaciones se basan en arroz, caña de azúcar y oro. El Gobierno ya está diseñando un marco institucional para gestionar los ingresos fiscales provenientes del petróleo y amortiguar su impacto en otros sectores. Entre las propuestas se encuentra la creación de un fondo soberano similar al de Noruega, Qatar o Emiratos Árabes Unidos, que podría hacerse efectivo este mismo año con colaboración de expertos de la Commonwealth, organización a la que el país pertenece.

Histórica disputa con Venezuela

Estos nuevos descubrimientos, sin embargo, aumentan la tensión con Venezuela, la cual mantiene una disputa territorial por el 70% del territorio guyanés, la Guayana Esequiba perteneciente a la Capitanía General de Venezuela durante el Imperio Español. El territorio en disputa fue posteriormente colonizado de facto por el Imperio Británico cuando los ingleses tomaron control sobre los territorios neerlandeses de Guyana en 1814. En 1899 un tribunal internacional falló por unanimidad en favor del Reino Unido en contra de las pretensiones venezolanas. No obstante, revelaciones posteriores demostraron la existencia de graves elementos de corrupción en el proceso judicial, haciendo “nulo e írrito” (inexistente) dicho laudo en 1962. En 1966 Reino Unido, como representante de la Guyana Británica, y Venezuela firmaronn el Acuerdo de Ginebra, por el que se establecía el compromiso de alcanzar un acuerdo: el Protocolo de Puerto España de 1970, que congelaba las negociaciones por 12 años. Tras el fin del periodo, Venezuela reclamó a Guyana el retorno de las negociaciones directas, acordándose conforme a la Carta de las Naciones Unidas la fórmula diplomática de buenos oficios presente hasta el día de hoy, sin que se hayan registrado avances relevantes. Desde la independencia de Guyana en 1966, Venezuela promovió en la región un movimiento separatista de carácter indigenista, Rupununi, que fue duramente reprimido por Georgetown, lo que sentó un precedente de tensión militar en la frontera.

Si bien  nunca se ha alcanzado un acuerdo formal sobre la disputa territorial, la llegada al Gobierno en Guyana en 1992 del People's Progressive Party (PPP), de corte socialista, y la victoria electoral de Hugo Chávez en 1999 en Venezuela alineó ideológicamente a ambos países, lo que les permitió alcanzar grados de cooperación sin precedentes durante la primera década del siglo XXI. En el marco de esta etapa dorada, Guyana participó entre 2007 y 2015 en la iniciativa venezolana de Petrocaribe, recibiendo unos 25.000 barriles diarios de petróleo y derivados, que constituían el 50% de su consumo, a cambio de arroz valorado sobre precio de mercado. Por otra parte, Guyana apoyó la candidatura de Venezuela al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2006 a cambio de la promesa expresa de Caracas de no emplear en la disputa territorial la posición privilegiada que temporalmente adquiría. Un importante precedente fue la declaración de Hugo Chávez en 2004 de no oponerse a que Guyana “otorgue de manera unilateral concesiones y contratos a compañías multinacionales, siempre y cuando esto favorezca el desarrollo de la región”. A pesar de la existencia de actos inamistosos entre los dos Estados durante esta época, la importancia vital que la política exterior venezolana antiimperialista dio al Caribe durante el mandato de Chávez, obligó a este a tratar el tema desde la más absoluta moderación para evitar un desencuentro con el CARICOM y mantener el apoyo de Guyana en la OEA.

Nuevas tensiones

A consecuencia de los descubrimientos petrolíferos, la histórica disputa territorial con Venezuela ha vuelto a la actualidad. También ha contribuido a ello un cambio de signo en el Gobierno de Georgetown. Las elecciones de 2015 llevaron al poder en Guyana a la Alianza para la Unidad Nacional, liderada por el exmilitar David Granger. Se trata de una coalición multiétnica que podría ser descrita como de centro-derecha y con menos simpatías ideológicas hacia la vecina Venezuela que las que profesaba el anterior presidente, Bharrat Jagdeo, del PPP. A finales de 2018 se produjo una escalada de tensión, tras la incautación el 23 de diciembre por la Armada Nacional Bolivariana de dos buques de pabellón guyanés pertenecientes a ExxonMobil que realizaban prospecciones en la zona y que, de acuerdo a la versión del Gobierno de Nicolás Maduro, se habían internado en aguas venezolanas. La respuesta internacional no se hizo esperar y Estados Unidos urgió a Venezuela a “respetar el derecho internacional y la soberanía de sus vecinos”. Precisamente uno de los temas más complejos en la disputa territorial se halla en la proyección de las aguas de cada país. La posición defendida por Venezuela es trazar los límites marinos de acuerdo a la proyección del delta del río Orinoco, frente a la posición guyanesa que traza la línea de forma favorable a sus intereses territoriales. Si bien este era un elemento secundario en la disputa territorial, el potencial económico de estas aguas las sitúa en el centro del debate.

A todo esto se suma la declaración del Grupo de Lima, del que Guyana forma parte, de no reconocer los comicios de mayo en Venezuela y amenazar con sancionar económicamente al país (si bien, hasta la fecha, no ha reconocido como presidente interino al opositor Juan Guaidó). El ostracismo internacional de la República Bolivariana ha permitido a Guyana obtener importantes apoyos diplomáticos desde el mencionado Grupo de Lima, CARICOM y los Estado Unidos con relación a su disputa internacional y la detención de los buques de Exxon.

El devenir de las futuras relaciones entre Venezuela y Guyana depende en cierta medida del resultado de los futuros comicios de marzo en este último país, que enfrentarán al hasta ahora presidente, David Granger, recién despojado del poder por medio de una moción de censura, con el líder del PPP, Bharrat Jagdeo, cuyo partido sostuvo las mejores relaciones con la Venezuela chavista. La moción de censura es un hito histórico para el país sudamericano, que deberá demostrar su cohesión social y estabilidad política en medio de tensiones geopolíticas y una comunidad internacional de inversores que mira atentamente el desarrollo de los eventos.

Mayores ingresos para defensa

Georgetown, por el momenot, se limita a la acción diplomática para defender su soberanía territorial, pero documentos de las Fuerzas de Defensa Guyanesas previos a los hallazgos de petróleo ya identificaban la necesidad de desarrollar capacidades militares en caso de hallarse dichos recursos en el país. De acuerdo a estimaciones de Exxon, Guyana pasaría a ingresar 16.000 millones de dólares anuales a partir de 2020, lo que permitiría incrementar el gasto militar situado a día de hoy en torno al 1% del PIB. El Ejército de la República Cooperativista de Guyana realizó en agosto de 2018 los mayores ejercicios militares de su historia, movilizando 1.500 efectivos de un Ejército que se estima en torno a 7.000. La información disponible acerca de los recursos materiales de marina y aviación muestran la necesidad de una mejora cuantitativa y cualitativa. Superar las divisiones étnicas existentes entre la población de origen indio y africano debe ser una de las prioridades de las Fuerzas Armadas, que sufren de una clara infrarrepresentación de la comunidad originaria de la India, motivo de histórico recelo de la sociedad civil.

En definitiva, la región caribeña de Sudamérica va a estar marcada en los próximos años por el potencial económico de Guyana y su lucha por la supervivencia territorial frente a las demandas también legítimas de Venezuela. Lograr un desarrollo real de la industria petrolera será, sin duda, el mejor blindaje a su futuro como país soberano e independiente. La incertidumbre política de Venezuela, sumida en una enorme crisis, genera el temor a una posible escalada militar como válvula de escape a la presión económica y política interna contra un rival que carece de los recursos para hacerle frente. La capacidad de la clase política de Guyana para gestionar el brutal incremento de sus recursos económicos a partir de 2020 todavía es una incógnita, pero permite imaginar que el segundo país más pobre del Hemisferio Occidental alcanzará grandes cotas de desarrollo si es capaz de aprender de sus vecinos y gestionar un contexto regional que sea favorable a sus intereses nacionales.

▲ Frontera entre México y Estados Unidos en Anapra, a las afueras de Ciudad Juárez [Dicklyon]

8 de febrero, 2019

ANÁLISIS / Túlio Dias de Assis y Elena López-Doriga

Con una votación de 152 países a favor, cinco en contra y doce abstenciones (1), la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el pasado 19 de diciembre el proyecto de resolución que ratificaba el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, acuerdo firmado algunos días antes en la ciudad marroquí de Marrakech. Se trata del primer pacto internacional, bajo los auspicios de la ONU, destinado a abordar la migración a nivel global. Si bien no se trata de un acuerdo vinculante, al ser ejecutado por la Asamblea General de la ONU pretende reiterar principios importantes acerca de la protección de los derechos humanos de los migrantes, de una forma universal y unísona.

A pesar de lo positivo de que se alcanzara un amplio consenso, muchos países se abstuvieron de votar o se posicionaron directamente en contra del pacto, generando incertidumbre sobre su eficacia. Aunque se terminaría llevando a cabo la tan esperada firma en Marrakech, finalmente hubo muchos menos firmantes de los que durante las negociaciones se esperaba. ¿Por qué ese rechazo por parte de algunos países? ¿Y la neutralidad o indiferencia de otros? ¿A qué se deben los múltiples debates que han tenido lugar en varias cámaras parlamentarias a lo largo del mundo en relación al pacto? Estas son algunas de las cuestiones que van a ser abordadas en este análisis.

Antes de abordar el pacto mismo, es importante diferenciar los conceptos de “migrante” y “refugiado”. Un migrante se define como persona que llega a un país o región diferente de su lugar de origen para establecerse en él temporal o definitivamente, a menudo por razones económicas y generalmente con el objetivo de mejorar su nivel de vida. Mientras que el concepto de refugiado hace referencia a las personas que huyen de conflictos armados, violencia o persecución y se ven por ello obligadas a abandonar su país natal para garantizar su propia seguridad. Los motivos de la persecución pueden ser de muy diversos tipos: persecuciones étnicas, religiosas, de género, por su orientación sexual, entre otros. En todos ellos, dichas causas han provocado temores fundamentados por su vida, lo que, tras un debido proceso, les convierte en “refugiados” a ojos de la Comunidad Internacional.

Cabe destacar que este pacto aborda únicamente lo referente a los derechos de los migrantes, pues para los refugiados ya existe el referente histórico vinculante de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de enmienda de 1967, ambos firmados y ratificados por una amplia mayoría de los Estados miembros de la ONU. Además, habría de mencionarse que, de forma simultánea a la elaboración del pacto migratorio, también fue confeccionado un pacto no vinculante, de carácter similar, sobre la temática de los refugiados. Pacto que fue apoyado por una amplia mayoría de Estados, registrándose apenas dos votos contrarios (EEUU y Hungría) y tres abstenciones (República Dominicana, Libia y Eritrea). Por ello, se podría concluir que al menos en materia de refugiados la mayoría de los países no parece tener ningún problema; en lo que a migrantes se refiere, la opinión parece cambiar bastante.

Los orígenes del texto se remontan a la Declaración de Nueva York sobre los Derechos de los Migrantes y Refugiados de 2016, en la que se propone la elaboración de ambos pactos –por un lado el que concierne a los refugiados, y por otro, el de la migración– como una iniciativa más de la implementación de la Agenda 2030. Desde entonces ambos documentos fueron elaborados de forma paulatina hasta que en julio de 2018 se dio por concluido el texto del que nos concierne.

El documento, de naturaleza no vinculante, consiste de varias partes. La primera, comúnmente llamada “Chapeau”, es simplemente una declaración de valores compartidos que supuestamente deberían poseer todos Estados de la comunidad internacional. Seguidamente figura una lista de 23 objetivos, principalmente en materia de cooperación internacional, en gran medida a través de la Organización Internacional de la Migración (OIM), órgano subsidiario de Naciones Unidas. Finalmente el texto explica cómo ha de ser llevada a cabo la revisión periódica del progreso de los Estados firmantes en lo que se refiere a los 23 objetivos mencionados.

La parte más polémica a lo largo y después de las negociaciones es el Chapeau, especialmente por equiparar los derechos de los migrantes y de los refugiados. El documento en su totalidad también es criticado por no distinguir de forma clara los derechos de los migrantes regulares de los que corresponden a los irregulares. Por último, otra medida altamente controvertida fue el llamado a que los países firmantes faciliten un mayor número de visados.

Otros puntos importantes del texto concitaron un sustancial acuerdo, aunque tampoco se libraron de las críticas de los gobiernos más conservadores: entre ellos la garantía de buenas condiciones y cuidados a los migrantes en casos de deportación, el principio de non-refoulement aplicado a las deportaciones de migrantes (la no devolución de migrantes a zonas conflictivas), la otorgación de derechos sociales a los migrantes en los países en los que se encuentren, la creación de una mejor red de cooperación internacional en materia de migrantes bajo la administración de la OIM, así como la creación de medidas para combatir la discriminación a los migrantes.

DIFERENTES POSTURAS

En América

Durante las negociaciones apenas dos países mostraron explícitamente aversión a la elaboración del tratado. Compartiendo la postura de la Hungría de Orbán, se encontraban los EEUU de Trump, que ni tan siquiera se molestó en participar en las negociaciones. La entonces embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, se posicionó rotundamente en contra del acuerdo. “EEUU se enorgullece de su origen migratorio, pero serán los mismos americanos quienes decidirán cómo controlar sus fronteras y quiénes podrán entrar”, declaró Haley, remarcando el interés estadounidense en hacer prevalecer su soberanía nacional. EEUU terminó no firmando el documento.

Además de las razones aportadas por la Administración Trump, la pérdida la dirección de la OIM sufrida por EEUU frente al candidato portugués António Vitorino –y por ende la pérdida del control de la puesta en marcha del pacto– también podría haber tenido bastante peso en su forma de actuar. Quizá no tanto en la decisión primaria de no participar en las negociaciones del pacto, como en la actitud final de no firmarlo. Asimismo, llama la atención el hecho de que varios países que en un principio parecían demostrar apoyo al pacto terminaran retirándose, véase el caso de Brasil tras la toma de posesión de Jair Bolsonaro, o no firmando, como Chile o República Dominicana, que en un principio no se habían opuesto a la propuesta. Esa falta de adhesión se justificaría, según algunos de los negociadores, por los intentos de persuasión de los diplomáticos estadounidenses, aunque ese esfuerzo de EEUU no parece haberse limitado a la esfera latinoamericana. De igual manera, cabe mencionar que la decisión de la delegación dominicana estuvo también en gran medida influenciada por presiones internas procedentes de algunos grupos del legislativo.

En Europa

“Hungría jamás podría aceptar un documento tan partidista, tendencioso y promigración. ¡La migración es un fenómeno peligroso!”. Así empezó la intervención del ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjaártó, durante la celebración del fin de las negociaciones del pacto el pasado 13 de julio. Hungría, junto a EEUU, ha sido de los pocos países que se opusieron a la propuesta desde un principio, pero la representación magyar, al contrario de la estadounidense, sí tomó parte en las negociaciones. El hecho de que la representación magiar adoptara una postura desde el principio tan distinta en comparación con los demás Estados miembros de la Unión Europea hizo que la butaca asignada al cuerpo diplomático europeo estuviera vacía durante la totalidad de  las negociaciones.

Sin embargo, Hungría no fue el único país europeo en tomar una postura tan radical sobre el acuerdo. Cabe destacar que, una vez terminadas las negociaciones, junto a Hungría había en la Asamblea General otros cuatro países opuestos al pacto: Polonia, EEUU, República Checa e Israel. Además, doce más se abstuvieron, incluyendo varios miembros de la UE, como Austria, Bulgaria, Italia, Letonia y Rumanía, mientras que Eslovaquia se ausentó de la votación.

En varios de esos países se produjo un agrio debate parlamentario. En Bélgica, que acabó aceptando el texto, el primer ministro Charles Michel perdió su coalición de gobierno por haber firmado el pacto, ya que la Nueva Alianza Flamenca, su principal aliado en el Ejecutivo, rechazó la ratificación del documento. En el Bundestag también hubo cierta controversia causada por Alternative für Deutschland y algunos miembros de la CDU, aunque finalmente se aprobó la adopción tras una votación en la que una mayoría de 372 a favor, frente a 153 votos en contra y 141 abstenciones, terminó aprobando la medida. En Letonia el parlamento de Riga rechazó claramente el acuerdo, así como los gobiernos de Bulgaria, Austria, Polonia, República Checa y Eslovaquia. Italia y Suiza no aceptaron el pacto en un principio, pero los Ejecutivos de ambos Estados han remitido la decisión a sus respectivos parlamentos para que tengan la palabra final. En el resto de Europa se aceptó el pacto sin mayores problemas, a pesar de que en casi la totalidad de parlamentos nacionales los grupos parlamentarios de extrema derecha o derecha conservadora plantearon objeciones.

China, Rusia y otros

También cabría destacar las posturas de otros países. Australia fue el primero en quitar su apoyo al pacto tras las negociaciones; justificó su salida afirmando que su sistema actual de protección fronteriza es totalmente incompatible con algunas partes del pacto, invocación a la seguridad que también utilizó Israel. China y Rusia terminaron firmando el pacto, pero reiteraron su negativa a cumplir varios de los objetivos. Finalmente prácticamente todos los países de África y Oriente Medio apoyaron la iniciativa, sin plantear especiales resistencias, probablemente debido al hecho de que se trata de regiones donde se originan los flujos migratorios más relevantes.

MAL PARA LA UE Y PARA LA ONU

En definitiva, la dificultad de un pacto mundial migratorio reside en la preocupación con que muchos países receptores de migrantes ven estos movimientos de personas. La reticencia de los países europeos se debe en gran medida a la crisis migratoria del Mediterráneo, causada por los varios conflictos del Magreb y Oriente Medio; en el caso de Estados Unidos estaría motivada por los flujos migratorios hacia su frontera con México procedentes de América Central y del Sur. En general, todos los países que se resistieron a la adopción del acuerdo han venido siendo los últimos años puntos de destino de inmigración masiva, frente a la que han establecido estrictos controles fronterizos; en esas sociedades la oposición a una propuesta tan aperturista como la promovida por Naciones Unidas, a pesar de no ser vinculante, se ha visto con normalidad.

En cuanto al panorama europeo, las distintas posturas tomadas por los Estados miembros de la Unión Europea podrían suponer una mala señal de cara la integración europea, puesto que una vez más el Servicio Europeo de Acción Exterior parece haber fracasado en su labor de crear una postura común para la UE. El hecho de que desde el principio la representación europea no estuviera presente, debido a la indisposición inicial de Hungría de modificar su postura, pone en cuestión el servicio diplomático común. Además, la postura inicial común que parecían tener los otros 27 Estados de la UE, al margen de la postura magiar, se desvaneció por completo al final del proceso, dado que varios de ellos terminaron desvinculándose del acuerdo. Eso marcó una clara división dentro de la UE en cuanto a migración, asunto sobre el que ya hay bastantes debates abiertos en las instituciones europeas.

En general, a pesar del gran número de países firmantes, teniendo en cuenta toda la oposición creada y las crisis políticas que se llegaron a dar en algunos países, la iniciativa sobre la migración se podría clasificar como de dudosa efectividad, y en algunos aspectos incluso como un fracaso por parte de la ONU. Es evidente que Naciones Unidas parece haber perdido parte de su capacidad para promover su agenda de carácter global, tal como solía hacer hasta hace una década. Probablemente diez años atrás, Occidente habría aceptado de forma unánime las propuestas migratorias del secretario general; hoy, en cambio, existe una mayor división entre los países occidentales, así como dentro de sus mismas sociedades, entre las que cree el escepticismo hacia la propia organización.

Al fin y al cabo, es evidente que entre los países que se han opuesto a un pacto migratorio global se empieza a notar una cierta alineación en contra del planteamiento idealista en relaciones internacionales, a la vez que se ve un realce de la actitud conocida como realista: no hay más que ver los EEUU de Trump, la Italia de Salvini, la Hungría de Orbán, el Brasil de Bolsonaro y el Israel de Netanyahu, por citar los casos más emblemáticos.

Probablemente, en un futuro, la ONU tenga que adaptar sus proyectos a la nueva realidad política internacional, si es que espera mantener su influencia entre sus Estados miembros. ¿Podrá la ONU adaptarse a esta nueva ola de conservadurismo realista? Indudablemente, tiempos interesantes nos esperan para la siguiente década en el panorama internacional…

(1) Votos en contra: Estados Unidos, Hungría, Israel, Polonia y República Checa. Abstenciones: Argelia, Australia, Austria, Bulgaria, Chile, Italia, Letonia, Libia, Liechtenstein, Rumanía, Singapur y Suiza.

▲ Escultura budista 'Manos desde el infierno', del Templo Blanco de Watrongkhun, en Tailandia [Pixabay]

COMENTARIO / María Martín Andrade

El tráfico humano es un fenómeno global que afecta a todo el planeta. Sin embargo, con 11,7 millones de víctimas, Asia-Pacífico es actualmente el principal núcleo de operaciones de los grupos de delincuencia organizada que comercian con personas. Gracias a unas condiciones propicias –asiduas catástrofes naturales y crisis de inmigrantes y refugiados, que tienen como resultado un gran número de desplazamientos por la geografía del sur de Asia–, los grupos criminales se encuentran en la mejor situación para operar.

A pesar de los esfuerzos de la ASEAN de fomentar la cooperación internacional entre sus países integrantes para una lucha efectiva, las diferencias regionales y la corrupción frecuentemente prevalecen sobre otros factores. En otras ocasiones, son los propios gobiernos los que se benefician de las corrientes migratorias, propiciando situaciones de trabajos forzados, contribuyendo con ello a que el sudeste asiático siga contando con las cifras más altas de víctimas de explotación sexual y laboral. La mayor parte de la migración en los países de la ASEAN es intrarregional, siendo Indonesia, Malasia y Tailandia los destinos principales de los inmigrantes.

Foco en Tailandia

En Tailandia, en 2010 el 72% de la inmigración era ilegal, y en estos momentos se estima que supera el millón de personas, siendo la mayoría de Myanmar y de otros países vecinos como Camboya, Vietnam y Laos. La explicación por la que Tailandia se ha convertido en destino principal de emigrantes y, por consiguiente, en una importante tabla de juego para las organizaciones dedicadas al tráfico humano, se encuentra en la combinación de un lento crecimiento demográfico, en comparación con otros países de la región, y un alto desarrollo económico que se empieza a experimentar a partir de los años 90. Según el ASEAN Post, Tailandia posee uno de los mercados que más rápido están creciendo entre los miembros de la ASEAN, lo que ha impulsado al gobierno a seguir trabajando en el desarrollo de su infraestructura, para lo que la inmigración es fundamental.

Al comienzo del boom, Tailandia reclutaba inmigrantes sin tener una legislación que se ocupara del fenómeno, lo que dio lugar a que sus promotores aprovecharan la situación para explotar a aquellos que llegaban sin conocimientos de la lengua y las leyes tailandesas. Hasta la llegada del Gobierno del empresario Thaksin Shinowatra no se empiezó a implantar un sistema de registro que otorgaba permisos temporales. No obstante, caducada su vigencia, muchos de esos permisos no eran renovados, dejando de este modo expuestos a miles de trabajadores a la ilegalidad y, de este modo, a la explotación sexual y otra clase de trabajos forzosos en sectores como la agricultura, la pesca, los servicios domésticos o la industria.

Por otro lado, la falta de regulación legal de las agencias de contratación, a las que el Gobierno tailandés no ha prestado especial atención, ha permitido que esas agencias hayan podido disponer de los inmigrantes a su antojo sin sufrir ninguna represalia por ello. La débil legislación junto con unas condiciones mínimas de seguridad para las víctimas, castigándose únicamente penalmente los abusos físicos extremos, configura una situación de desamparo prácticamente total para los explotados, que también se sienten incapaces de acudir a las autoridades por temor a ser deportados.

Tráfico humano: retos y cooperación internacional

No se puede hacer frente a la delincuencia organizada en el sudeste asiático sin enfrentarse antes a la corrupción en los propios países, ya que son muchos los funcionarios que se benefician de facilitar el traspaso de sus fronteras de dichas organizaciones y los inmigrantes ilegales. Además, la falta de información y análisis de inteligencia por parte de los propios cuerpos de seguridad, junto con las dificultades que ofrece una complicada orografía con amplias zonas boscosas y selváticas de muy difícil control, obstaculizan las investigaciones y hace que las autoridades operen a ciegas.

Con la intención de establecer una base legal común, diversos países de la región han firmado la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional de Naciones Unidas, con el objetivo de eliminar diferencias legislativas y ofrecer medios para combatir el crimen organizado. No obstante, aunque Tailandia sí que la ha firmado, junto con Singapur y Brunei, aún no la ha ratificado. Otras soluciones se han propuesto también desde la ASEAN, con la creación de Heads of Specialist Strategic Units, cuya intención es fomentar la colaboración y cooperación de los países, intercambiando información. Por otro lado, se ha constituido la Regional Support Office con el fin de establecer pautas para la prevención, detención y protección de las víctimas.

A pesar del aparente interés de la esfera internacional, los países de Asia-Pacífico prefieren regirse por relaciones bilaterales que les permitan ser selectivos con las normas que les conviene aplicar, y una cooperación no es posible si lo que prima es ante todo el interés de cada Estado. Dichos Estados van a seguir estando dispuestos a firmar acuerdos siempre y cuando estos no les vinculen estrictamente porque, como en el caso de Tailandia, la preocupación proveniente del exterior es mayor que la que se percibe a nivel interno.

La lucha contra el tráfico humano en Asia-Pacífico tiene un largo camino por recorrer. Las medidas que se adopten no pueden ser efectivas si por parte de los países involucrados no existe una intención firme de acabar con este problema. El tráfico humano es la rentabilidad de un daño, un negocio del que determinados sectores dominantes se benefician, por lo que para llegar a una cooperación internacional fructífera los Estados del sur de Asia tendrían que percibirlo como la lacra que es para su sociedad.

BIBLIOGRAFÍA

Kranrattanasuit, N. (2014). ASEAN and Human Trafficking: Case Studies of Cambodia, Thailand and Vietnam. International Studies in Human Rights, Volume:109, 4-104.

Henry, N. (2018). Asylum, Work, and Precarity: Bordering the Asia-Pacific. University of Warwick.

Sansó-Rubert, D. (2011). Criminalidad Organizada Transnacional en Asia-Pacífico: Repercusiones para la Seguridad Regional e Internacional. Universidad de Santiago de Compostela-CESEDEN, 159-189.

Origen étnico disputado, agravios de la era colonial británica y miedo a una minoría 'quintacolumnista'

La crisis humanitaria sufrida en Myanmar por minoría musulmana de los rohingyas nos habla también de cuestiones estratégicas. Rodeado el país por poblaciones islámicas, ciertos grupos dirigentes, especialmente los elementos budistas, temen que los rohingyas, que son declarados extranjeros a pesar de llevar generaciones en su territorio, actúen de quintacolumnistas. El miedo a la contaminación yihadista también es invocada por un Gobierno que no ha respetado los derechos humanos de esta minoría.

▲ Refugiados rohingyas [Tasnim News Agency/CC]

ARTÍCULO / Alexia Cosmello Guisande

En agosto de 2017 se daba en Myanmar el que fue conocido como “el gran éxodo de los rohingyas”; un año después, en 2018, reapareció en las primeras páginas de los periódicos internacionales la catástrofe humanitaria que estaba teniendo lugar en ese país. La comunidad internacional, automáticamente, se mostró a favor del grupo minoritario rohingya. Los medios de comunicación hablaron sobre el problema, y siguen haciéndolo, utilizando un lenguaje populista, tratando de buscar la emoción del público.

La historia rohingya es muy poco conocida por la opinión pública, que generalmente desconoce el origen del conflicto y las razones que mueven al Gobierno birmano. Actualmente, los rohingyas están considerados por la ONU como “una de las minorías más perseguidas del mundo”. Para entender bien el núcleo del actual problema es de gran importancia hacer un pequeño análisis sobre la historia de Myanmar, de los rohingyas y de las relaciones entre esa minoría y el país que la acoge.

Historia

El actual estado de Myanmar es un auténtico mosaico de etnias, lenguas, religiones y movimientos insurgentes. Están reconocidas 135 etnias distintas, pero el 90% de la población, aproximadamente, es de religión budista, por lo que las restantes confesiones quedan consideradas como minorías en el país [1]. Concretamente, los rohingyas son de religión musulmana y más de la mitad de la comunidad se encuentra concentrada en la región de Rakhine o Arakan, una de las más pobres del país. Aquí la población está aproximadamente dividida entre: 59,7% budistas, 35,6% musulmanes y el 4,7% restante otras religiones.

Los musulmanes de Rakhine se dividen en dos grupos, por un lado, los kaman que a pesar de ser de otra confesión comparten costumbres con la población budista y tienen reconocida y garantizada la ciudadanía en Myanmar por parte del Gobierno. Por otro lado, los rohingyas, que son una mezcla de diferentes etnias como la árabe, la mogol y la bengalí. A este segundo grupo no se le tiene reconocida la nacionalidad o ciudadanía en el Estado, ya que, a pesar de que sus integrantes llevan generaciones en el país, todavía son considerados inmigrantes ilegales de Bangladesh.

Fue entre 1974, año en que se publicó la Ley de Emergencia sobre Inmigración, y 1982, cuando se aprobó la Ley sobre Ciudadanía, durante el período dictatorial del general Ne Win, que los rohingyas fueron declarados por ley inmigrantes ilegales sin derecho a la ciudadanía en Myanmar. Esta ley, junto a la negativa por parte del Gobierno a una separación en identidades, es una de las razones por las cuales comenzó el conflicto entre las autoridades y los rohingyas. Al conflicto cabe añadirle la participación de los militares, que tienden a instigar la confrontación en la región entre distintos grupos  étnicos.

Por el hecho de ser apátridas, que es en sí una violación de los Derechos Humanos, carecen del reconocimiento de otros derechos básicos como el de acceso al trabajo, la educación o la sanidad, además del de libertad de movimiento dentro del propio país. El conflicto con esta comunidad minoritaria va más allá de la religión, pues también afecta a los aspectos político-económicos del grupo. Están siendo discriminados culturalmente, explotados económicamente y políticamente marginados.

Argumentos

Para entender los argumentos del gobierno de Myanmar para negarles la ciudadanía hay que comprender la historia de la comunidad. En sí, su origen es confuso, lo cual hace que su situación sea más compleja y controvertida. Ellos mismos dicen ser indígenas originarios de la región donde habitan ahora, Rakhine. La historia no lo contradice, pero tampoco lo confirma; de lo que sí hay evidencia histórica es de que llevan generaciones viviendo allí. Por un lado, una versión de su origen, recogida por la historiadora Jasmine Chia, fecha los primeros asentamientos musulmanes en Arakan (antiguo nombre de Rakhine) durante el siglo VII; esos pobladores continuaron viviendo en la región hasta el siglo IX, pero no es hasta el siglo XV cuando se asientan definitivamente y forman una comunidad. Versiones de historiadores locales contradicen la versión anterior y fechan los primeros asentamientos rohingyas en el siglo XIX cuando el lugar estaba bajo la colonización del Imperio Británico, junto a India y Bangladesh, por lo cual sostienen que en realidad estaban asentados en Chittagong y con el tránsito de personas y los éxodos internos migraron a Rakhine. Por último, el historiador francés Jacques P. Leider afirma que la primera vez que se utilizó el término “rohingya” fue por un médico británico en el siglo XVIII, así que, a pesar de que en esa época no estuvieran todavía asentados en la zona, la etnia ya existía.

Se considera la Segunda Guerra Mundial como el origen de la problemática actual. Japón quiso invadir Birmania, por lo que el Imperio Británico decidió armar a los rohingyas para que lucharan contra los nipones. Pero el grupo empleó las armas otorgadas por las autoridades, así como las técnicas aprendidas, para defender al país en su contra. Quemaron tierras y templos de otras étnicas, principalmente budistas. En 1944 hicieron retroceder a los japoneses, por lo cual los británicos, que seguían teniendo el control de la zona, los elogiaron [2].

En 1948 Birmania consiguió la independencia del Imperio Británico, lo que dio la oportunidad a varias minorías que representan el 40% del actual Myanmar de armarse y rebelarse contra el nuevo sistema político. Aun hoy en día partes del país siguen controladas por estos grupos. Antes de la independencia los musulmanes del país crearon la Muslim Liberation Organization (MLO), que tras 1948 pasó a denominarse Partido Mujahid. Este grupo está dentro de la lista de grupos terroristas redactada por el Terrorism Research and Analysis Consortium (TRAC). El Gobierno permitió la eliminación de la lista de terroristas del país de aquellos grupos que hubieran firmado el alto el fuego con el Estado. Esto implica que desde el Gobierno se permite su libre desarrollo y la inversión en estas zonas necesitadas tras años de aislamiento. Es decir, estos grupos ahora pueden moverse libremente por el país y participar en política. Este no es el caso de los rohingyas, que siguen siendo considerados un grupo de extranjeros y un vehículo para la expansión del jihad, de acuerdo con el punto de vista del Gobierno de Myanmar y los budistas. En el último período, el Estado Islámico ha estado expandiendo internacionalmente la narrativa de la religión islámica, por este motivo los monjes budistas (Ashin Wirathu) han calificado al Islam como una religión que amenaza directamente al Estado de Myanmar y advierten que es a través de la minoría musulmana cómo esas ideas violentas pueden impregnar el país más fácilmente debido al contacto de elementos de esa minoría con los grupos terroristas internacionales.

El Gobierno birmano justifica sus actuaciones contra los rohingyas alegando que el conflicto entre las dos religiones desde el período de colonización británica puede dar lugar a conflictos posteriores. De otro lado, existe miedo por parte del Gobierno, los budistas y las otras minorías hacia los roghingyas por sus organizaciones como la Arakan Rohingha National Organization o la Rohingya Solidarity Organization, las cuales tienen una conexión casi directa con líderes y/o miembros de grupos terroristas como Al-Qaeda o los talibanes.

Los budistas ven con preocupación el rápido crecimiento demográfico de los musulmanes, que llevará posiblemente en un futuro no muy lejano a que los musulmanes estén en condiciones de superar en número a la comunidad budista, dejando así de ser una minoría. Ligado a este miedo, está el hecho de que el país se encuentra rodeado por naciones de religión musulmana, y según los budistas, si se diera una invasión inesperada de Myanmar por parte de algunos de estos países, los rohingyas lucharían a favor de los invasores, ya que no se sienten parte del país [3].

Resentimiento

Aunque puede entenderse ese temor de los budistas y del Gobierno mismo, no son justificables las violaciones de los derechos humanos, algunas de las cuales han generado verdaderas crisis humanitarias. En realidad, detrás de la actitud contraria a los rohingyas, más allá de los argumentos invocados oficialmente ante la comunidad internacional, parece esconderse un resentimiento histórico hacia esa minoría por la quema de templos y tierras en la época colonial y un temor a una confrontación abierta.

Claramente, la historia de un país marca su presente y su futuro, y aquellos sucesos de décadas atrás explican parte de lo que hoy ocurre en Myanmar. Si bien no se pueden olvidar agravios pasados, arrastrar el deseo de venganza de generación en generación es la mejor receta para el fracaso como sociedad o incluso la tragedia. Los maltratados niños rohingyas están creciendo odiando al país donde residen, lo que es contraproducente para los objetivos del Gobierno y retroalimenta el miedo de unos a la reacción de los otros.

[1] FARZANA, Kazi Fahmida. Memories of Burmese Rohingya Refugees: Contested Identity and Belonging. “Introduction” (p. 1-40)

[2] ROGERS, Benedict. Burma: A Nation at the Crossroads. Rider Books, 2015

[3] FARZANA, K. F. op. cit. “The Refugee Problem from an Official Account” (p. 59-86)

ANÁLISIS / Nerea Álvarez

Las relaciones entre Japón y Corea no son fáciles. La anexión japonesa de la península en 1910 sigue muy presente en la memoria coreana. Por su parte, Japón posee un sentido de la historia distorsionado, fruto de haber asumido su culpabilidad en la guerra de modo obligado, forzado por el castigo sufrido en la Segunda Guerra Mundial y la ocupación estadounidense, y no como consecuencia de un proceso propio de asunción voluntaria de responsabilidades. Todo ello ha llevado a que Japón se resista a revisar su historia, sobretodo la de su época imperialista.

Uno elemento clave que dificulta una reconciliación sincera entre Japón y los países vecinos que se vieron invadidos por los nipones en la primera mitad del siglo XX son las mujeres de consuelo o “mujeres confort”. Este grupo de mujeres, procedentes de China, Filipinas, Myanmar, Taiwán, Indonesia, Tailandia, Malasia, Vietnam y Corea del Sur (alrededor del 80% provenían de este último país), son una consecuencia de la expansión de Japón comenzada en 1910. Durante este periodo, los soldados japoneses se llevaron aproximadamente entre 70.000 y 200.000 mujeres a estaciones de confort donde estos abusaban sexualmente de ellas. Estas estaciones siguieron en marcha en Japón hasta finales de los años 40. Según los testimonios de las mujeres supervivientes, los soldados japoneses se las llevaban de diversas formas: secuestro, engaño y extorsión son solo algunos ejemplos.

Según el testimonio de Kim Bok-Dong, una de las mujeres supervivientes, los soldados nipones adujeron que debían llevársela para trabajar en una fábrica de uniformes porque no tenían suficiente personal. En aquel entonces ella tenía 14 años. Los soldados prometieron a su madre devolvérsela una vez fuese mayor para casarse, y amenazaron con el exilio a toda la familia si no los padres no permitían la marcha de la joven. Fue transportada en ferri desde Busan hasta Shimonoseki (prefectura de Yamaguchi, en Japón), junto con otras treinta mujeres. Después tomaron otro barco que las transportó a Taiwán y luego a la provincia de Guangdong. Allí fueron recibidas por oficiales, que las acompañaron hasta el interior de un edificio donde les esperaban médicos. Examinaron sus cuerpos y las acompañaron a sus habitaciones. Las mujeres fueron agredidas y violadas repetidamente. Tras varias semanas, muchas pensaban en el suicidio: “Estábamos mucho mejor muertas” (Kim Bok-Dong, 2018). Muchas murieron debido a las condiciones a las que se les sometía, a causa de enfermedades, asesinadas por los soldados japoneses en los últimos años de la guerra o, si tenían oportunidad, suicidándose. Se estima que sobrevivieron alrededor de un cuarto o un tercio de las mujeres.

Largo proceso

Tras la guerra y pese a conocerse los hechos, ese dramático pasado fue quedando relegado en la historia, sin que se le prestara la atención necesaria. Corea del Sur no estaba preparada para ayudar a estas mujeres (y Corea del Norte había entrado en un absoluto aislamiento). Durante los años 60, las relaciones entre la República de Corea y Japón empeoraron debido a las políticas antijaponesas de los líderes políticos surcoreanos. En 1965, Tokio y Seúl firmaron el Tratado de Normalización, pero quedó demostrado que los asuntos económicos eran lo prioritario. Se tendieron puentes de cooperación entre ambos países, pero el conflicto emocional impedía y sigue impidiendo mayor relación en campos alejados del económico. Japón sigue alegando que en el Tratado de Normalización se encuentran los argumentos para descartar que estas mujeres posean el derecho de legitimación ante tribunales internacionales, aunque en el texto no se las mencione.

Las cosas comenzaron a cambiar en los años 70, cuando se formó en Japón la Asociación de las Mujeres Asiáticas, la cual empezó a arrojar luz sobre este aspecto de la historia reciente. Al principio, incluso el Gobierno coreano ignoró el problema. La razón principal fue la falta de pruebas de que los hechos hubieran ocurrido, ya que el Gobierno de Japón había mandado destruir los documentos comprometedores en 1945. Además, Japón impidió que el Gobierno surcoreano reclamara reparaciones adicionales por daños incurridos durante el período colonial basándose en el tratado de 1965.

La cultura del sudeste asiático jugó un papel importante en la ocultación de los hechos acontecidos. El valor de mantener las apariencias en la cultura oriental primaba sobre la denuncia de situaciones como las vividas por estas mujeres, que debieron callar durante décadas para no ser repudiadas por su familia.

Cuando la República de Corea se democratizó en 1987, el Gobierno surcoreano comenzó a darle importancia a esta cuestión. En 1990, el presidente Roh Tae Woo, pidió al Gobierno de Japón una lista con los nombres de las mujeres, pero la respuesta desde Tokio fue que esa información no existía porque los documentos se habían destruido. El dirigente socialista Motooka Shoji, miembro de la Cámara Alta de la Dieta japonesa, reclamó que se investigara lo ocurrido, pero el Parlamento alegó que el problema ya se habría resuelto con el Tratado de Normalización de 1965. En 1991, Kim Hak-Sun, una de las mujeres que sobrevivieron a la explotación sexual, presentó la primera demanda judicial, siendo la primera víctima en hablar de su experiencia. Esto supuso el arranque de la lucha de un grupo de más de cincuenta mujeres coreanas que pedían el  reconocimiento de los hechos y una disculpa oficial del Gobierno japonés. A partir del 8 de enero de 1992, “todos los miércoles a las 12 del mediodía, las víctimas junto a miembros del Consejo Coreano y otros grupos sociales marchan frente a la Embajada de Japón en Seúl. La marcha consiste en levantar carteles exigiendo justicia y perdón y expresar en público sus reclamos”.

El Gobierno de Tokio negó toda implicación en el establecimiento, reclutamiento y  estructuración del sistema de las mujeres de confort desde el principio. No obstante, desde la Secretaría del Gabinete tuvo que emitirse en 1992 una disculpa, aunque fue vaga y demasiado genérica, dirigida a todas las mujeres por los actos cometidos durante la guerra. No fue hasta ese año que el Gobierno japonés reconoció su implicación en la administración y supervisión de estas estaciones. La UNHRC determinó entonces que las acciones del Gobierno nipón representaban un crimen contra la humanidad que violó los derechos humanos de las mujeres asiáticas.

En 1993, Japón admitió haber reclutado bajo coerción a las mujeres coreanas. La coerción era la palabra clave para desmentir las declaraciones previas, que indicaban que estas mujeres se dedicaban a la prostitución voluntariamente. El secretario del Gabinete, Yohei Kono, declaró que “el ejército japonés estuvo, directa o indirectamente, involucrado en el establecimiento y la gestión de las estaciones de confort, y en el traslado de mujeres de confort... que, en muchos casos, fueron reclutados en contra de su propia voluntad”. El Gobierno de Japón ofreció sus disculpas, arrepintiéndose de lo sucedido, pero no hubo compensación a las víctimas. En 1994, la Comisión Internacional de Juristas recomendó a Japón pagar la cantidad de $40.000 a cada superviviente. El Gobierno quiso estructurar un plan para pagar a las mujeres con fondos no gubernamentales, pero el Consejo Coreano para las mujeres raptadas por Japón como exclavas sexuales, fundado en 1990 e integrado por 37 instituciones no se lo permitió.

En 1995, el primer ministro Murayama Tomiichi sentó las bases del Asian Women’s Fund, que serviría para proteger los derechos de las mujeres en Japón y en el mundo.  A ojos internacionales, esta organización se vio como una excusa para escapar de las responsabilidades legales requeridas, ya que se recaudaba dinero público, lo que hacía que la participación del Gobierno fuese casi imperceptible. Además, comenzó a hacerse oír una creciente opinión minoritaria de ciudadanos afines a la derecha japonesa que calificaban a las mujeres confort de ‘prostitutas’, a las que no era necesario compensar de ningún modo.

No obstante, la compensación monetaria es una de las cuestiones que menos ha importado a este grupo de mujeres. Su prioridad ante todo es restaurar su dignidad. Que el Gobierno japonés no se haya implicado directamente y no acalle opiniones como las de la minoría derechista, es probablemente lo que más les afecte. Ante todo, estas mujeres luchan por que Tokio reconozca los hechos públicamente y ofrezca una disculpa oficial por lo ocurrido.

La ONU ha seguido tomando el papel de mediador a lo largo de los años. Encontramos en varios documentos pertenecientes a la UNHRC declaraciones que instan a Japón a resolver el problema. En un documento que revisa la primera demanda de la organización (2 de febrero de 1996) en el Consejo de los Derechos Humanos, figura la respuesta del primer ministro Ryutaro Hashimoto: “la cuestión acerca de las reparaciones se resolvió mediante tratados de paz y el Gobierno nunca pagará una indemnización a las víctimas”.

En el documento en cuestión, se clasifica de esclavitud militar a las estaciones de confort. Japón respondió negando cualquier tipo de responsabilidad legal, dada la incapacidad de aplicarse retroactivamente la ley internacional del momento, la imprecisión de la definición de estaciones de confort, la no vigencia de leyes contra la esclavitud durante la Segunda Guerra Mundial y la no prohibición en las leyes internacionales de cometer violaciones en situaciones de conflicto internacional. Además, adujo que las leyes existentes durante la guerra solo se podían aplicar a la conducta cometida por los militares japoneses contra ciudadanos de un Estado beligerante, pero no contra los ciudadanos de Corea, ya que esta fue anexionada y formaba parte del territorio japonés.

En 1998, la abogada estadounidense Gay J. McDougall presentó ante la UNHRC un documento que concluía que las acciones tomadas por las Fuerzas Armadas de Japón eran crímenes contra la humanidad. Más tarde, ese mismo año, la ONU adoptó el texto y cambió la definición previa a estaciones de violación.

Entendimiento que no llega

A lo largo de los años, el problema no ha hecho más que crecer y la política japonesa ha ido alejándose de un posible camino de mejora de las relaciones diplomáticas con sus vecinos. Este problema de revisión de la historia es la base de los movimientos políticos que observamos en Japón desde 1945. Las reformas impuestas por la ocupación estadounidense y los tribunales de Tokio jugaron un papel de gran importancia, así como el Tratado de San Francisco, firmado en 1948. Todo ello ha establecido en la población japonesa una aceptación pasiva de la historia pasada y de sus responsabilidades.

Al haber sido juzgados en los tribunales de 1948, la responsabilidad y culpabilidad que cargaban los nipones se creyó absuelta. Por otro lado, la ocupación de EEUU sobre el archipiélago, tomando el control militar, afectó al orgullo de los ciudadanos. La transformación de la economía, la política, la defensa y, sobretodo, la educación también tuvo sus repercusiones. Desde los comienzos democráticos de Japón, la política se ha centrado en una defensa pasiva, una educación antinacionalista y unas relaciones exteriores alineadas con los intereses de la potencia norteamericana.

Sin embargo, tras las elección como primer ministro en 2012 de Shinzo Abe, líder del Partido Liberal Democrático (LDP), se han introducido numerosos cambios en la política exterior e interior del país, con reformas en campos que van desde la economía hasta la educación y la defensa. Respecto a esta última, Abe se ha enfocado mayormente en reintroducir la fuerza militar en Japón a partir de una enmienda en el artículo 9 de la Constitución de 1945. Este giro se debe a la ideología propia del partido, que quiere dar a Japón un mayor peso en la política internacional. Uno de los puntos clave en su Gobierno es precisamente la postura frente al polémico tema de las mujeres confort.

En 2015, Shinzo Abe y la presidenta de la República de Corea, Park Geun-hye, firmaron un tratado en el que se establecían tres objetivos a cumplir: las disculpas oficiales de Japón, la donación de mil millones de yenes a una fundación surcoreana para el beneficio de estas mujeres y la retirada de la estatua en recuerdo de las mujeres confort levantada frente a la embajada de Japón en Seúl. Este tratado fue el mayor logro en el largo proceso del conflicto, y fue recibido como la solución a tantos años de disputa. Los dos primeros objetivos se cumplieron, pero la controvertida estatua no fue apartada de su emplazamiento. La llegada del presidente Moon Jae-in en 2017 complicó la completa implementación del acuerdo. Ese año, Moon criticó abiertamente el tratado, por considerar que deja de lado a las víctimas y al pueblo coreano en general. Su presidencia ha variado ciertos enfoques estratégicos de Corea del Sur y se desconoce exactamente qué quiere conseguir con Japón.

Acuerdo pendiente

Lo que sí puede concluirse es que retrasar la solución no es beneficioso para ninguna de las partes. Dejar el problema abierto está frustrando a todos los países involucrados, sobre todo a Japón. Un ejemplo de ello es la reciente ruptura de la hermandad entre las ciudades de San Francisco y Osaka en 2018 debido a una estatua en la población estadounidense que representa a las víctimas de este conflicto. En ella se encuentran tres niñas, una niña china, una coreana y una filipina, cogiéndose de las manos. El alcalde de Osaka, Hirofumi Yoshimura, y su predecesor, Toru Hashimoto, habían escrito cartas a su ciudad hermanada desde que se redactó la resolución para construir el memorial. Asimismo, dentro del propio LDP, Yoshitaka Sakurada, calificó de ‘prostitutas’ a este grupo de mujeres en 2016; poco después de haber establecido el tratado de 2015 sobre este tema. Eso ha provocado una respuesta negativa al tratado, ya que se cree que en realidad Japón no busca la reconciliación, sino olvidar el tema sin aceptar la responsabilidad que conlleva. 

El problema radica en cómo afrontan la controversia estos países. La República de Corea, con el presidente Moon, busca cerrar las heridas pasadas con nuevos acuerdos, pero Japón solo aspira a cerrar el asunto lo antes posible. La renegociación de un tratado no es la mejor opción para Japón: incluso buscando la mejor solución para ambas partes, saldría perdiendo. En caso de que el presidente Moon logre llegar a un nuevo acuerdo con el primer ministro Abe para solventar los problemas del anterior tratado, se demostraría que las negociaciones anteriores y las medidas adoptadas por Japón en 2015 han fracasado.

Por muchas disculpas que el Gobierno de Japón haya emitido a lo largo de los años, nunca se ha aceptado la responsabilidad legal sobre las acciones en relación a las mujeres confort. Mientras que esto no suceda, no se pueden proyectar futuros escenarios donde la discusión se solucione. El presidente Moon renegociará el tratado con Japón, pero las probabilidades de que resulte son escasas. Todo indica que Japón no tiene ninguna intención de renegociar el tratado ni de hacerse cargo legalmente. Si no alcanzan una solución, las relaciones entre los dos países se pueden llegar a deteriorar debido a la carga emocional que presenta el problema.

La raíz de las tensiones se sitúa en el pasado histórico y su aceptación. Tanto Moon Jae-in como Shinzo Abe deben reevaluar la situación con ojos críticos en relación a sus propios países. Japón debe comenzar a comprometerse con las acciones pasadas y la República de Corea debe mantenerse una posición constante y decidir cuáles son sus prioridades respecto a las mujeres confort. Solo ello puede permitirles avanzar en la búsqueda del mejor tratado para ambos.

[Josep Piqué. El mundo que nos viene. Retos, desafíos y expectativas del s. XXI: ¿un mundo post-occidental con valores occidentales? Deusto. Barcelona, 2018. 254 págs.]

24 de enero, 2019

RESEÑA / Ignacio Yárnoz

Puede que Europa pierda peso económico relativo o, lo que es peor, peso demográfico y competitividad, poniendo en riesgo la sostenibilidad de su estado de bienestar. Puede que sea cada vez menos relevante en el escenario geopolítico global y alejarse del nuevo centro de gravedad del planeta. Sin embargo, sigue siendo un polo indiscutible de atracción para el resto de la humanidad debido a su paz, democracia, libertad, igualdad de género y oportunidades, tolerancia y respeto. Esto es lo que el autor Josep Piqué nos desea transmitir en El mundo que nos viene. Estamos hablando de un economista, empresario y dirigente político –titular de varios ministerios, entre ellos el de Asuntos Exteriores, durante el Gobierno de José María Aznar–, que ha vivido de primera mano la transición de un mundo eurocéntrico hacia un otro que mira más a una pujante Asia.

La obra resulta ser un buen análisis geopolítico del mundo, en el que se destaca una Unión Europea fragmentada, una China muy pujante, una Rusia nostálgica de su pasado imperial, un Oriente Medio dividido en guerras entre bandos irreconciliables y un mundo anglosajón replegado en sí mismo. Divido en diferentes capítulos dependiendo del área geográfica, el libro analiza en profundidad todos y cada uno de los temas.

En primer lugar, el autor recalca la situación que el mundo anglosajón vive, especialmente Estados Unidos y Reino Unido, países que han renunciado a su hegemonía mundial en aras de un repliegue en sí mismos. En el caso de Reino Unido hablamos del divorcio con la Unión Europea y en el caso de los Estados Unidos hablamos de las políticas del presidente Donald Trump, como el abandono del TPP (Trans Pacific Partnership) con Japón, Chile, Canadá, Australia, Brunei, Nueva Zelanda, México, Perú, Malasia, Vietnam y Singapur. Paradójicamente, frente a la actitud de esos dos actores se registra el auge como potencia de una China que ya no disimula en sus acciones, que ya no quiere ser aquella potencia silenciosa que formulaba Deng Xiaoping.

Rusia y sus acciones en el exterior también son objeto de análisis desde distintas perspectivas, pero principalmente teniendo en cuenta la obsesión rusa con su seguridad. Como argumenta el autor, se trata de un Estado muy sensible con sus fronteras que procura tener los polos enemigos lo más alejados posible, lo que implica una política de influencia en los Estados colindantes con su frontera. Esto explica sus reacciones ante el cambio de bando de los países de Europa del este y su gradual incorporación a la Unión Europea o la OTAN. Tampoco podemos olvidar el tema del gas, las implicaciones del deshielo del Ártico, los yacimientos de petróleo en el mar Caspio u otros asuntos que el autor repasa.

Si observamos el panorama en Oriente Medio, la situación no parece llegar a una paz duradera. Ni en el panorama del conflicto palestino-israelí, ni en las diferentes guerras proxy entre Irán y Arabia Saudí, sin olvidar el fracaso de las diferentes primaveras árabes. Esta situación lleva al autor a analizar en perspectiva histórica cómo ha sucedido todo ello. Por otro lado, analiza la complejidad de los diferentes intereses cruzados entre Turquía, Siria, Rusia, Arabia Saudí e Irán que completan el tablero que representa Oriente Medio.

Por último, no debemos olvidar el capítulo que Josep Piqué reserva para su tesis principal formulada al principio de este artículo: el futuro de la Unión Europea. Como él mismo indica, Europa representa la síntesis neo occidental en un mundo post-occidental. Sin embargo, debe darse cuenta de este potencial y beneficiarse de ello. Como argumenta Piqué, el atractivo de la Unión Europea tanto como proyecto integrador como por los valores liberales y democráticos que representa debe de ser una carta que la UE debe jugar más a su favor. Sin embargo, también se enfrenta a retos como el auge del nacionalismo y del antieuropeísmo, la injerencia rusa en asuntos internos o la falta de credibilidad de las instituciones europeas. Todo ello en el marco de la fuerte recesión económica de 2007 que también analiza el autor como buen economista de carrera. Por último, no debemos olvidar unas notas finales dedicadas a las implicaciones de las nuevas tecnologías, a Latinoamérica y a las oportunidades que tiene España.

Todo ello en su conjunto representa un completo viaje por el mundo de la geoestrategia –en el repaso de las regiones del planeta únicamente se echa en falta una mención a África–, en el que se detallan todas las claves que una persona con interés en las relaciones internacionales debe de tener en cuenta a la hora de analizar la actualidad.