▲ Avión espacial no tripulado estadounidense X-37B, al regreso de su cuarta misión, en 2017 [US Air Force]

GLOBAL AFFAIRS JOURNAL / Luis V. Pérez Gil

 

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INTRODUCCIÓN

La militarización del espacio es una realidad. Las grandes potencias han dado el paso de poner en órbita satélites que pueden atacar y destruir los aparatos espaciales del adversario o de terceros Estados. Las consecuencias para el que sufre estos ataques pueden ser catastróficas, porque sus sistemas de comunicaciones, de navegación y de defensa quedarán parcial o totalmente inutilizados. Este escenario plantea, como en la guerra nuclear, la posibilidad de un ataque preventivo destinado a evitar quedar en manos del adversario en un eventual conflicto bélico. Los Estados Unidos y Rusia disponen de la capacidad de realizar estas acciones, pero el resto de potencias no quieren estar a la zaga. El resto intenta seguir a las grandes potencias, que son las que dictan las reglas del sistema.

Las grandes potencias se disputan también en el espacio el mantenimiento de la primacía en el sistema internacional global y tratan de asegurarse de que, en caso de enfrentamiento, puedan inutilizar y destruir la capacidad de mando y control, comunicaciones, inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) del adversario, porque sin satélites se reduce su capacidad de defensa frente al poder demoledor de las armas guiadas de precisión. De ello se deduce la regla de que quien domine el espacio dominará la Tierra en un conflicto bélico.

Este es uno de los principios fundamentales de la obra de Friedman sobre el poder en las relaciones internacionales en este siglo, cuando afirma que las guerras del futuro se librarán en el espacio porque los adversarios buscarán destruir los sistemas espaciales que les permiten seleccionar objetivos y los satélites de navegación y comunicaciones para inutilizar su capacidad bélica.

En consecuencia, tanto los Estados Unidos como Rusia, y también China, financian grandes programas espaciales y desarrollan nuevas tecnologías destinadas a obtener satélites no convencionales y aviones espaciales, por lo que se puede hablar sin ambages de la militarización del espacio, como veremos en los siguientes epígrafes.

Pero, antes de continuar, debemos recordar que existe un tratado internacional de carácter multilateral, denominado Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, que firmaron inicialmente los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética el 27 de enero de 1967, que establece una serie de limitaciones a las operaciones en el espacio. Según este tratado cualquier país que lance un objeto al espacio “retendrá su jurisdicción y control sobre tal objeto, así como sobre todo el personal que vaya en él, mientras se encuentre en el espacio o en cuerpo celeste” (artículo 8). También establece que cualquier país “será responsable internacionalmente de los daños causados a otro Estado parte (…) por dicho objeto o sus partes componentes en la Tierra, en el espacio aéreo o en el espacio ultraterrestre” (artículo 7).  Esto significa que cualquier satélite espacial puede acercarse a un aparato de otro país, seguirlo o realizar observaciones remotas, pero no puede alterar o interrumpir su operatividad de ninguna manera. Es preciso aclarar que, aunque estén prohibidas las armas nucleares y las de destrucción masiva en el espacio, no existe ninguna limitación a la instalación de armas convencionales en los satélites espaciales. A instancias de Rusia y China la Asamblea General de las Naciones Unidas ha venido impulsando desde 2007 un proyecto de tratado multilateral que prohíba las armas en el espacio exterior, el uso de la fuerza o la amenaza de uso contra objetos espaciales, pero ha sido rechazado sistemáticamente por los Estados Unidos.

▲ Además del regreso a la Luna y la llegada a Marte, también se aceleran programas de viajes a asteroides [NASA]

GLOBAL AFFAIRS JOURNAL / Javier Gómez-Elvira

 

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INTRODUCCIÓN

Desde tiempos inmemoriales el ser humano se ha imaginado fuera de la Tierra, explorando otros mundos. Uno de los primeros relatos data del siglo II d.C., Luciano de Samosata escribía un libro en el que sus personajes llegaban a la Luna gracias al impulso de un remolino de viento y allí desarrollaban sus aventuras. Desde entonces se pueden encontrar numerosas novelas o relatos de ciencia ficción que discurrían en la Luna, en Marte, otros cuerpos de nuestro Sistema Solar o incluso más allá. De alguna forma todos ellos perdieron un poco de su ficción a mediados del siglo pasado, con los primeros pasos de un astronauta en nuestro satélite. Aunque desgraciadamente lo que parecía el inicio de una nueva era no fue más allá de 5 misiones a lo largo de 2 años.

La primera etapa se inició cuando el presidente Kennedy pronunció su famosa frase: “We choose to go to the Moon... We choose to go to the Moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard; because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others, too”. Aunque quizás en el comienzo estaba escrito el final: el único objetivo era demostrar que EEUU eran los líderes tecnológicos por encima de la URSS, y cuando esto se consiguió el proyecto se paró.

▲ Escena sobre anclaje en un asteroide para desarrollar actividad minera, de ExplainingTheFuture.com [Christopher Barnatt]

GLOBAL AFFAIRS JOURNAL / Emili J. Blasco

 

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INTRODUCCIÓN

La nueva carrera espacial se asienta sobre fundamentos más sólidos y duraderos –especialmente el interés económico– que la primera, que estuvo basada en la competencia ideológica y el prestigio internacional. En la nueva Guerra Fría hay también desarrollos espaciales que obedecen a la pugna estratégica de las grandes potencias, como ocurrió entre las décadas de 1950 y de 1970, pero hoy a los aspectos de exploración y defensa se unen también los intereses comerciales: las empresas están tomado el relevo en muchos aspectos al protagonismo de los Estados.

Por más que resulte discutible hablar de nueva era espacial, dado que desde el emblemático lanzamiento del Sputnik en 1957 no ha dejado de programarse actividad en distintas regiones del espacio, incluida la presencia humana (aunque acabaron los viajes tripulados a la Luna, ha habido viajes y estancias en la baja órbita terrestre), lo cierto es que hemos entrado en una nueva fase.

Hollywood, que tan bien refleja la realidad social y las aspiraciones generacionales de cada tiempo, sirve de espejo. Después de un tiempo sin especiales producciones relativas al espacio, desde 2013 el género vive un resurgimiento, con nuevos matices. Películas como Gravity, Interstellar y Marte ilustran el momento del despegue de una renovada ambición que, tras el horizonte corto del programa de transbordadores –reconocido como un error por la NASA, al focalizarse en la órbita baja de la Tierra–, entronca con la secuencia lógica de las perspectivas que abría la llegada del hombre a la Luna: bases lunares, viajes tripulados a Marte y colonización del espacio.

A nivel de imaginario colectivo, la nueva era espacial parte de la casilla donde “terminó” la previa, aquel día de diciembre de 1972 en que Gene Cernan, astronauta del Apolo 17, abandonó la Luna. De algún modo, en todo este tiempo se ha dado “la tristeza de pensar que en 1973 habíamos alcanzado como especie el punto máximo de nuestra evolución” y que después aquello se paró: “mientras crecíamos nos prometieron mochilas-cohete, y a cambio tenemos Instagram”, constata el gráfico comentario de uno de los coguionistas de Interstellar.

Algo parecido es lo que había expresado George W. Bush cuando en 2004 encargó a la NASA comenzar a preparar la vuelta del hombre a la Luna: “En los últimos treinta años, ningún ser humano ha puesto el pie en otro mundo o se ha aventurado en el espacio más allá de 386 millas [621 kilómetros de altitud], aproximadamente la distancia de Washington, DC, a Boston, Massachusetts”.

Podría fijarse ese 2004 como el comienzo de la nueva era espacial, no solo porque desde entonces viajes tripulados a la Luna y a Marte vuelven a estar en la mirilla de la NASA, sino porque entonces tuvo lugar lo que se ha considerado como el primer hito de la exploración espacial privada con el vuelo experimental del SpaceShipOne: era el primer acceso de un piloto particular al espacio orbital, algo que hasta entonces era considerado como un ámbito exclusivo del gobierno.

La prioridad estadounidense pasó luego de la Luna a alguno de los asteroides y después a Marte, para volver a ocupar el viaje a nuestro satélite el primer lugar de la agenda espacial. Regresando a la Luna la idea de “vuelta” a la exploración del espacio adquiere una especial significación.

GLOBAL AFFAIRS JOURNAL #2 /  Marzo 2020

 

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El horizonte vuelve a estar arriba:

Potencias y empresas pugnan por el espacio

PRESENTACIÓN

Asistimos a una nueva era espacial, que está aquí para quedarse. Esta vez va en serio. No será un cultivo de una sola floración, como la llegada del ser humano a la Luna, que pronto se agosta. El regreso de la tensión geopolítica a la Tierra tiene también su proyección en el espacio, concebido no ya como un lugar de incursión o territorio de apoyo estratégico sino como un dominio en sí mismo, de la misma importancia y proximidad que los otros (tierra, mar, aire... y red). Aunque la prioridad espacial de las superpotencias pueda verse modulada en función de los vaivenes de las relaciones internacionales, es tal la dependencia de los satélites artificiales adquirida por la humanidad que el espacio forma ya parte definitivamente de nuestro directo entorno. Con todo, es el despertado interés económico por las perspectivas de negocio del sector espacial, manifestado en la carrera de diversas empresas privadas por hacerse con actividades que antes, por las ingentes exigencias presupuestarias, solo asumían ciertos estados, lo que asegura la continuidad de una etapa que se abre para no cerrarse.

El horizonte vuelve a esta arriba –regreso a la Luna, vuelo a Marte, minería de asteroides– tras los esfuerzos no sostenidos llevados a cabo hace medio siglo. A ese horizonte hemos querido dedicar la edición de Global Affairs Journal de este año, después del lanzamiento de esta publicación de carácter monográfico en 2019 con el foco en otra cuestión de gran importancia estratégica, la geopolítica de la demografía y los retos demográficos de las grandes potencias. Así que bienvenidos y ¡buen viaje a las estrellas!

 

Índice

EL HORIZONTE VUELVE A ESTAR ARRIBA:

POTENCIAS Y EMPRESAS PUGNAN POR EL ESPACIO

Presentación

p. 5 [versión PDF]

 

ESPACIO: NUEVO DOMINIO MILITAR Y ECONÓMICO

Introducción del director de GASS

p. 6-13 [versión PDF]

 

VUELTA A LA EXPLORACIÓN DEL ESPACIO

Javier Gómez-Elvira

Director del Departamento de Cargas Útiles de INTA

p. 14-21 [versión PDF]

 

LA MILITARIZACIÓN DEL ESPACIO:

EL DESARROLLO DE SATÉLITES INSPECTORES

Luis V. Pérez Gil

Experto en Fuerza Espacial, Universidad de La Laguna

p. 22-31 [versión PDF]

 

CARRERA POR LOS RECURSOS ESPACIALES:

DE LA MINERÍA AL CONTROL DE RUTAS

Emili J. Blasco

Profesor de Geopolítica Aplicada, Universidad de Navarra

p. 32-39 [versión PDF]

 

MARCOS INTERNACIONALES RELEVANTES PARA

LA EXTRACCIÓN Y USO DE RECURSOS ESPACIALES

Mario Pereira

Profesor de Derecho, Universidad de Navarra

p. 40-54 [versión PDF]

 

LECTURAS RECOMENDADAS

L. V. Pérez Gil, E. J. Blasco

Ramón Barba, Ángel Martos

p. 54-56 [versión PDF]

▲ Gurdwara Darbar Sahib Kartarpur, also called Kartarpur Sahib, is a Sikh holy place in Kartarpur, in the Pakistani Punjab [Wikimedia Commons]

ESSAY / Pablo Viana

Punjab region has been part of India until the year 1947, when the Punjab province of British India was divided in two parts, East Punjab (India) and West Punjab (Pakistan) due to religious reasons. After the division a lot of internal violence occurred, and many people were displaced.

East and West Punjab

The partition of Punjab proved to be one of the most violent, brutal, savage debasements in the history of humankind. The undivided Punjab, of which West Punjab forms a major region today, was home to a large minority population of Punjabi Sikhs and Hindus unto 1947 apart from the Muslim majority[1]. This minority population of Punjabi Sikhs called for the creation of a new state in the 1970s, with the name of Khalistan, but it was detained by India, sending troops to stop the militants. Terrorist attacks against the Sikh majority emerged, by those who did not accept the creation of the state of Khalistan and wished to stay in India.

The Sikh population is the dominant religious ethnicity in East Punjab (58%) followed by the Hindu (39%). Sikhism and Islamism are both monotheistic religions, they do believe on the same concept of God, although it is different on each religion. Sikhism was developed during the 16th and 17th century in the context of conflict in between Hinduism and Islamism. It is important to mention Sikhism if we talk about Punjab, as its origins were in Punjab, but most important in recent times, is that the Guru Nanak Dev[2] was buried in Pakistani territory. Four kilometres from the international border the Sikh shrine was conceded to Pakistan at the time of British India’s Partition in 1947. For followers of Sikhism this new border that cut through Punjab proved especially problematic. Sikhs overwhelmingly chose India over the newly formed Pakistan as the state that would best protect their interests (there are an estimated 50,000 Sikhs living in Pakistan today, compared to the 24 million in India). However, in making this choice, Sikhs became isolated from several holy sites, creating a religious disconnection that has proved a constant spiritual and emotional dilemma for the community[3].

In order to let the Sikhist population visit the Gurdwara Darbar Sahib[4], the Kartarpur Corridor was created in November 2019. However, there is an incessant suspicion in between India and Pakistan that question Pakistan motives. Although it seems like a generous move work of the Pakistani government, there is a clear perception that Pakistan is engaged in an act of deception[5]. Thus, although this scenario might seem at first beneficial for the rapprochement of East and West Punjab, it is not at all. Pakistan is involved in a rhetorical policy which could end up worsening its relations with India.

The division of Punjab in 1947 was like the division of Pakistan and India on that same year. Territorial disputes have been an issue that defines very well India-Pakistan relations since the independence. In the case of Punjab, there has not been a territorial debate. The division was clear and has been respected ever since. Why would Pakistan and/or India be willing to unify Punjab? There is no reason. East and West Punjab represent two different nations and three religions. If we think about reunifying Pakistan and India, the conclusion is the same (although more dramatic); too many discrepancies and recent unrest to think about bringing back together the nations. However, if the Kartarpur Corridor could be placed out of bonds for the territorial disputes between Pakistan and India (e.g. Kashmir), Islamabad and New Delhi could use this situation as a model to find out which are the pressure points and trying to find a path for identifying common solutions. In order to achieve this, there should be a clear behaviour by both parts of cooperation. Sadly, in recent times both Pakistan and India have discrepancies regarding many topics and suspicious behaviours that clearly show that they won’t be interested in complicating more the situation in Punjab searching for unification. The riots of 1947 left a terrific era on the region and now that both sides are established and no major disputes have emerged (except for Sikh nationalism), the situation should and will most likely remain as it is.

The Indus Water Treaty

The Indus Waters Treaty was signed in 1960 after nine years of negotiations between India and Pakistan with the help of the World Bank, which is also a signatory. Seen as one of the most successful international treaties, it has survived frequent tensions, including conflict, and has provided a framework for irrigation and hydropower development for more than half a century. The Treaty basically provides a mechanism for exchange of information and cooperation between Pakistan and India regarding the use of their rivers. This mechanism is well known as the Permanent Indus Commission. The Treaty also sets forth distinct procedures to handle issues which may arise: “questions” are handled by the Commission; “differences” are to be resolved by a Neutral Expert; and “disputes” are to be referred to a seven-member arbitral tribunal called the “Court of Arbitration.” As a signatory to the Treaty, the World Bank’s role is limited and procedural[6].    

Since 1948, India has been confident on the fact that East Punjab and the acceding states have a prior and superior claim to the rivers flowing through their territory. This leaves West Punjab in disadvantage regarding water resources, as East Punjab can access the highest sections of the rivers. Even under a unified control designed to ensure equitable distribution of water, in years of low river flow cultivators on tail distributaries always tended to accuse those on the upper reaches of taking an undue amount of the water, and after partition any temporary shortage, whatever the cause, could easily be attributed to political motives. It was therefore wise of Pakistan-indeed it became imperative-to cut the new feeder from the Ravi for this area and thus become independent of distributaries in East Punjab[7]. The Treaty acknowledges the control of the eastern rivers to India, and to the western rivers to Pakistan.

The main issue of water distribution in between East and West Punjab is then a matter of geography. Even though West Punjab covers more territory than East Punjab, and the water flow of West Punjab is almost three times the water flow of East Punjab rivers, the Indus Water Treaty gives the following advantage to India: since Pakistan rivers receive much more water flow from India, the treaty allowed India to use western rivers water for limited irrigation use and unlimited use for power generation, domestic, industrial and non-consumptive uses such as navigation, floating of property, fish culture and this is where the disputes mainly came from, as Pakistan has objected all Indian hydro-electric projects on western rivers irrespective of size and layout.

It is worth mentioning that with the World Bank mediating the Treaty in between India and Pakistan, the water access will not be curtailed, and since the ratification of the Treaty, India and Pakistan have not engaged in any water wars. Although there have been many tensions the disputes have been via legal procedures, but they haven’t caused any major cause for conflict. Today, both countries are strengthening their relationship, and the scenario is not likely to get worse, it is actually the opposite, and the Indus Water Treaty is one of the few livelihoods of the relationship. If the tensions do not cease, the World Bank should consider the possibility of amending the treaty, obviously if both Pakistan and India are willing to cooperate, although with the current environment, a renegotiation of the treaty would probably bring more complications. There is no shred of evidence that India has violated the Indus Water Treaty or that it is stealing Pakistan’s water[8], although Pakistan does blame India for breaching the treaty, as showed before. This is pointed out by Hindu politicians as an attempt by Pakistan to divert the attention of its own public from the real issues of gross mismanagement of water resources[9].

Pakistan has a more hostile attitude regarding water distribution, trying to find a way to impeach India, meanwhile India focuses on the development of hydro-electric projects. India won’t stop providing water to the West Punjab, as the treaty is still in force and is fulfilled by both parts. Pakistan should reconsider its role and its benefits received thanks to the treaty and meditate about the constant pressure towards India, as pushing over the limit could mean a more hostile activity carried out by India, which in the worst case scenario (although not likely to happen) could mean a breakdown of the treaty.

▲ Attack in Kashmir linked to groups of Pakistani origin [twitted by @ANI]

ESSAY / Isabel Calderas [Ignacio Lucas as research assistant]

There is a myriad of security concerns regarding external factors when it comes to Pakistan: India, Afghanistan, the Saudi Arabia-Iran split and the United States, to name a few. However, there are also two main concerns that come from within: jihadism and organized crime. They are interconnected but differ in many ways. The latter is frequently overlooked to focus on the former, but both have the capacity of affecting the country, internally and externally, as the effectiveness of dealing with them impacts the perception the international community has of Pakistan. While internally disrupting, these problems also have international reach, as such groups often export their activities, adversely affecting at a global scale. Therefore, international actors put so much pressure on Pakistan to control them. Historically, there has been much scepticism over the government’s ability, or even willingness to solve these risks. We will examine both problems separately, identifying the impact they have on the national and international arena, as well as the government’s approach to dealing with either and the future risks they entail.

1. JIHADISM

Pakistan’s education system has become a central part of the country’s radicalization phenomenon[1], in the materialization of madrassas. These schools, which teach a more puritanical version of Islam than had traditionally been practiced in Pakistan, have been directly linked to the rise of jihadist groups[2]. Saudi Arabia, who has always had very close relations with Pakistan, played a key role in their development, by funding the Ahl-e-Hadith and Deobandi madrassas since the 1970s. The Iranian revolution bolstered the Saudi’s imperative to control Sunnism in Pakistan, and the Soviet invasion of Afghanistan gave them the vehicle to do so[3]. In these schools, which teach a biased view of the world, students display low tolerance for minorities and are more likely to turn to jihadism.

Saudi and American funding of madrassas during the Soviet occupation helped the Pakistani army’s intelligence agency, the Inter-Services Intelligence (ISI), become more powerful, as they channelled millions of dollars to them, a lot of which went into the madrassas which sent mujahedeen fighters to fight for their cause[4]. The Taliban’s origins can also be traced to these, as the militia was raised mainly from Afghan refugee camps in Pakistan and Saudi-funded madrassas[5].

Madrassas are especially popular in the poorer provinces of the country, where parents send their children to them for several non-religious reasons. First, because the Qur’an is written in Arabic and madrassas teach this language[6]. The dire situation of many families forces millions of Pakistanis to migrate to neighbouring, oil-rich Arabic-speaking countries, from where they send remittances home to help support their families. Secondly, the public-school system in Pakistan is weak, often failing to teach basic reading skills[7], something the madrassas do teach.

Partly in response to the international pressure[8] it has been under to fight terrorism within its territory; Pakistan has tried to reform the madrassas. The government has stated its intention to bring madrassas under the umbrella of the education ministry, financing these schools by allocating cash otherwise destined to fund anti-terrorism security operations[9]. It plans to add subjects like science to the curriculum, to lessen the focus on Islamic teachings. However, this faces several challenges, among which the resistance from the teachers and clerical authorities who run the madrassas outstands[10].

Before moving on to the prominent radical groups in Pakistan, we would like to make a brief summary on a different cause of radicalization: the unintended effect of the drone strategy adopted by the United States.

The United States has increasingly chosen to target its radical enemies in Pakistan through the use of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), which can be highly effective in neutralizing objectives, but also pose a series of risks, like the killing of innocent civilians that are in the neighbouring area. This American strategy, which Pakistan has publicly criticized, has fomented anti-American sentiment among the Pakistanis, at a ratio on average of every person killed resulting in the radicalization of several more people[11]. The growing unpopularity of drone strikes has further weakened relations between both governments, but shows no signs of changing in the future, if recent attacks carried by the U.S. are any indication. Pakistan’s efforts to de-radicalize its population will continue to be undermined by the U.S. drone strikes[12].

Pakistan’s anti-terrorism strategy is linked to its geostrategic and regional interests, especially dealing with its eastern and western neighbours[13]. There are many radical groups operating within their territory, and the government’s strategy towards them shifts depending on their goal[14]. Groups like the Afghan Taliban, who target foreign invasions in their own country, and Al Qaeda, whose jihad against the West is on a global scale, have been allowed to use Pakistani territory to coordinate operations and take refuge. Their strategy is quite different for Pakistani Taliban group, Tehrik-e-Taliban (TTP) who, despite being allied with the Afghan Taliban, has a different goal: to oust the Pakistani government and impose Sharia law[15]. Most of the military’s campaigns aimed at cracking down on radicals have been targeted at weakening groups affiliated with TTP. Lastly, there are those groups with whom some branches of the Pakistani government directly collaborate with.

Pakistan has been known to use jihadi organizations to advance its security objectives through proxy conflicts.  Pakistan’s policy of waging war through terrorist groups is planned, coordinated, and conducted by the Pakistani Army, specifically the ISI[16] who, as previously mentioned, plays a vital role in running the State.

Although this has been a longstanding cause of tension between the Pakistani and the American governments, the U.S. has made no progress in persuading or compelling the Pakistani military to sever ties with the radical groups[17], even though the Pakistani government has stated that it has, over the past year, ‘fought and eradicated the menace of terrorism from its soil’ by carrying out arrests, seizing property and freezing bank accounts of groups proscribed by the United States and the United Nations[18]. Their actions have been enough to keep them off the FATF’s blacklist for financing terrorism and money laundering[19], which would prevent them from getting financing, but concerns remain about ISI’s involvement with radical groups, the future of the relations between them, the overall activity of these groups from within Pakistani territory, and the risk of a future attack to its neighbours.

We will use two of Pakistan’s main proxy groups, Lashkar-e-Tayyiba and Jaish-e-Muhammad, to analyse the feasibility of an attack in the near future.

1.1. Lashkar-e-Tayyiba (LeT)

Created to support the resistance against the Soviet invasion of Afghanistan, LeT now focuses on the insurgencies in Afghanistan and Kashmir, the highest priorities for the Pakistani military’s foreign policy. The Ahl-e-Hadith group is led by its founder, Hafiz Saeed. Its headquarters are in Punjab. Unlike its counterparts, it is a well-organized, unified, and hierarchical organization, which has become highly institutionalized in the last thirty years. As a result, it has not suffered any major losses or any fractures since its inception[20].

Since the Mumbai attacks in 2008 (which also involved ISI), for which LeT were responsible, its close relationship with the military has defined the group’s operations, most noticeably by restraining their actions in India, which reflects both the Pakistani military’s desire to avoid international pressure and conflict with their neighbour and the group’s capability to contain its members. The group has calibrated its activities, although it possesses the capability to expand its violence. Its outlets for violence have been Afghanistan and Kashmir, which align with the Pakistani military’s agenda: to bring Afghanistan under Pakistan’s sphere of influence while keeping India off-balance in Kashmir[21]. The recent U.S.-Taliban deal in Afghanistan and militarization of Kashmir by India may change this. LeT has benefitted handsomely for its loyalty, receiving unparalleled protection, patronage, and privilege from the military. However, after twelve years of restraint, Lashkar undoubtedly faces pressures from within its ranks to strike against India again, especially now that Narendra Modi is prime minister.

1.2. Jaish-e-Muhammad (JeM)

The Deobandi organization, led by its founder Masood Azhar, has had close bonds with Al-Qaeda and the Taliban since they came into light in 2000. With the commencement of the war on terror in Afghanistan, JeM reciprocated by launching an attack on the Indian Parliament on December 2001, in cooperation with LeT. However, it ignored the Pakistani military’s will in 2019 when it launched the Pulwama attack, after which the government of Pakistan launched a countrywide crackdown on them, taking leaders and members into preventive custody[22].

1.3. Risk assessment

Although it has gone rogue before, Jaish-e-Muhammad has been weakened by the recent government’s crackdown. What remains of the group, consolidated under Masood Azhar, has repaired ties with the military. Although JeM has demonstrated it still possesses formidable capability in Indian Kashmir, Lashkar-e-Tayyiba represents the main concern for an attack on India in the near future.

Lashkar has been both the most reliable and loyal of all the proxy groups and has also proven it does not take major action without prior approval from the ISI, which could become a problem. Pakistan has adopted a policy of maintaining plausible deniability for any attacks in order to avoid international pressure after 9/11, thus LeT’s close ties with the military make it more likely that its actions will provoke a war between the two countries.

The United States has tried for several years to get Pakistan to stop using proxies. There are several scenarios in which Lashkar would break from the Pakistani state (or vice versa), but they are farfetched and beyond foreign influence: a) a change in Pakistan’s security calculus, b) a resolution on Kashmir, c) a shift in Lashkar’s responsiveness and d) a major Lashkar attack in the West[23].

a) A change in Pakistan’s security calculus is the least likely, as the India-centric understanding of Pakistan’s interests and circumstances is deeply embedded in the psyche of the security establishment[24].

b) A resolution on Kashmir would trouble Lashkar, who seeks full unification of all Kashmir with Pakistan, which would not be the outcome of a negotiated resolution. More so, Modi’s recent decision regarding article 370 puts this possibility even further into the future.

c) A shift in Lashkar responsiveness would be caused by the internal pressures to perform another attack, after more than a decade of abiding by the security establishment’s will. If perceived as too powerful of insufficiently responsive, ISI would most likely seek to dismantle the group, as they did with Jaish-e-Muhammad, by focusing on the rogue elements and leaving Lashkar smaller but more responsive. This presents a threat, as the group would not allow itself to be simply dismantled but would probably resist to the point of becoming hostile[25].

d) The last option, a major Lashkar attack in the West, is also unlikely, as the group has not undertaken any major attack without perceived greenlight from ISI.

This does not mean that an attack from LeT can be ruled out. ISI could allow the group to carry out an attack if, in the absence of a better reason, it feels that the pressure from within the group will start causing dissent and fractures, just like it happened in 2008. It is in ISI’s best interest that Lashkar remains a strong, united ally. Knowing this, it is important to note that a large-scale attack in India by Lashkar is arguably the most likely trigger to a full-blown conflict between the two nations. Even a smaller-scale attack has the potential of provoking India, especially under Modi.

If such an attack where to happen, India would not be expected to display a weak-kneed gesture, as PM Modi’s policy is that of a tough and powerful approach in defence vis-à-vis both Pakistan and China. This has already been made evident by its retaliation for the Fidayeen attack at Uri brigade headquarters by Jaish-e-Muhammad in 2016[26]. It has now become evident that if Pakistan continues to harbour terrorist groups against India as its strategic assets, there will be no military restraint by India as long as Modi is in power, who will respond with massive retaliation. In its fragile economic condition, Pakistan will not be able to sustain a long-drawn war effort[27].

On the other hand, Afghanistan, which has been the other focus of Pakistan’s proxy groups, is now undergoing a process which could result in a major organizational shift. The Taliban insurgent movement has been able survive this long due to the sanctuary and support provided by Pakistan[28]. Furthermore, Lashkar-e-Tayyiba’s participation in the Afghan insurgency furthered the Pakistani military’s goal of having a friendly, anti-India partner on its western border[29]. The development and outcome of the intra-Afghan talks will determine the continued use of proxies in the country. However, we can realistically assume that, at least in the near future, radical groups will maintain some degree of activity in Afghanistan.

It is highly unlikely that the Pakistani intelligence establishment will stop engaging with radical groups, as it sees in them a very useful strategic tool for achieving its security goals. However, Pakistan’s plausible deniability approach will come into question, as its close ties with Lashkar-e-Tayyiba make it increasingly hard for it to deny involvement in its acts with any credibility. Regarding India, any kind of offensive from this group could result in a large-scale conflict. This is precisely the most likely scenario to occur, as Modi’s history with Lashkar-e-Tayyiba and their twelve-year-long “hiatus” from impactful attacks could propel the organization to take action that will impact the whole region.

2. DRUG TRAFFICKING

Drug trafficking constitutes an important problem for Pakistan. It originates in Afghanistan, from where thousands of tonnes are smuggled out every year, using Pakistan as a passageway to provide the world with heroin and opioids[30]. The following concept map has been elaborated with information from diverse sources[31] to present the different aspects of the problem aimed to better comprehend the complex situation.

 

 

Afghanistan, one of the world’s largest heroin producers, has supplied up to 60% and 80% of the U.S. and European markets, respectively. The landlocked country takes advantage of its blurred border line, and the remoteness and inaccessibility of the sparsely populated bordering regions with Pakistan, using it as a conduct to send its drugs globally. The Pakistani government is under a lot of pressure from the international community to fight and minimize drug trafficking from its territory.

Pakistan feels a special kind of pressure from the European Union, as its GSP+ status could be affected if it does not control this problem. The GSP+ is dependent on the implementation of 27 international conventions related to human rights, labour rights, protection of the environment and good governance, including the UN Convention on Fighting Illegal Drugs[32]. Pakistan was granted GSP+ status in 2014 and has shown commitment to maintaining ratifications and meeting reporting obligations to the UN Treaty bodies[33]. However, one of the aspects of the scheme is its “temporary withdrawal and safeguard” measure, which means the preferences can be immediately withdrawn if the country is unable to control drug trafficking effectively[34]. This has not been the case, and the EU has recognized Pakistan’s efforts in the fight on drugs; the UN has also removed it from the list of cannabis resin production countries[35]. Anti-corruption frameworks have been strengthened, along with legislation review and awareness building, but they have been advised that better coordination between law enforcement agencies is needed[36].

The GSP+ status is very important to Pakistan, as the European Union is their first trade partner, absorbing over a third of their total exports in 2018, followed by the U.S., China and Afghanistan[37]. The Union can use this as leverage to obtain concessions from Pakistan. However, the approach they have taken so far has been of collaboration in many areas, including transnational organized crime, money laundering and counter-narcotics[38]. In this sense, the EU ambassador to Pakistan recently stated that the new Strategic Engagement Plan of 2019 would “further boost their relations in diverse fields”[39].

Even with combined efforts, erradicating the drug trafficking problem in Pakistan has proven to be very difficult. This is because production of the drug is not done in its territory, and even if border patrols are strengthened, it will be very hard to stop drugs from coming in from its neighbour if the Afghan government doesn’t take appropriate measures themselves.

 

 

A “5 whys” exercise has led us to understand that the root cause of the problem is the fact that most farmers in Afghanistan are too poor to turn to different crops. A nearly two decade war has ravaged the country’s land, leaving opium crops, which are cheaper and easier to maintain, as the only option for most farmers in this agrarian nation. A substantial investment in the country’s agriculture to produce more economic options would be needed if any serious advance is expected to be made in stopping illegal drug trafficking. These investments will have to be a joint effort of the international community, and funding for the government will also be necessary, if stability is to be reached. Unless this is done, opium will likely remain entangled in the rural economy, the Taliban insurgency, and the government corruption whose sum is the Afghan conundrum[40]. And as long as this does not happen, it is highly unlikely that Pakistan will be able to make any substantial progress in its effort to fight illicit drugs.

▲ Prime Minister Imran Kahn, at the United Nations General Assembly, in 2019 [UN]

ESSAY / M. Biera, H. Labotka, A. Palacios

The geographical location of a country is capable of determining its destiny. This is the thesis defended by Whiting Fox in his book "History from a Geographical Perspective". In particular, he highlights the importance of the link between history and geography in order to point to a determinism in which a country's aspirations are largely limited (or not) by its physical place in the world.[1]

Countries try to overcome these limitations by trying to build on their internal strengths. In the case of Pakistan, these are few, but very relevant in a regional context dominated by the balance of power and military deterrence.

The first factor that we highlight in this sense is related to Pakistan's nuclear capacity. In spite of having officially admitted it in 1998, Pakistan has been a country with nuclear capacity, at least, since Zulfikar Ali Bhutto's government started its nuclear program in 1974 under the name of Project-706 as a reaction to the once very advanced Indian nuclear program.[2]

The second factor is its military strength. Despite the fact that they have publicly refused to participate in politics, the truth is that all governments since 1947, whether civil or military, have had direct or indirect military support.[3] The governments of Ayub Khan or former army chief Zia Ul-Haq, both through a coup d'état, are faithful examples of this capacity for influence.[4]

The existence of an efficient army provides internal stability in two ways: first, as a bastion of national unity. This effect is quite relevant if we take into account the territorial claims arising from the ethnic division caused by the Durand Line. Secondly, it succeeds in maintaining the state's monopoly on force, preventing its disintegration as a result of internal ethnic disputes and terrorism instigated by Afghanistan in the Federally Administered Tribal Areas (FATA region).[5]

Despite its internal strengths, Pakistan is located in one of the most insecure geographical areas in the world, where border conflicts are intermingled with religious and identity-based elements. Indeed, the endless conflict over Kashmir against India in the northeastern part of the Pakistani border or the serious internal situation in Afghanistan have been weighing down the country for decades, both geo-politically and economically. The dynamics of regional alliances are not very favourable for Pakistan either, especially when US preferences, Pakistan's main ally, seem to be mutating towards a realignment with India, Pakistan's main enemy.[6] 

On the positive side, a number of projects are underway in Central Asia that may provide an opportunity for Pakistan to re-launch its economy and obtain higher standards of stability domestically. The most relevant is the New Silk Road undertaken by China. This project has Pakistan as a cornerstone in its strategy in Asia, while it depends on it to achieve an outlet to the sea in the eastern border of the country and investments exceeding 11 billion dollars are expected in Pakistan alone[7]. In this way, a realignment with China can help Pakistan combat the apparent American disengagement from Pakistani interests.

For all these reasons, it is difficult to speak of Pakistan as a country capable of carving out its own destiny, but rather as a country held hostage to regional power dynamics. Throughout this document, a review of the regional phenomena mentioned will be made in order to analyze Pakistan's behavior in the face of the different challenges and opportunities that lie ahead.

History

Right after the downfall of the British colony of the East Indies colonies in 1947 and the partition of India the Dominion of Pakistan was formed, now known by the title of the Islamic Republic of Pakistan. The Partition of India divided the former British colony into two separated territories, the Dominion of Pakistan and the Dominion of India. By then, Pakistan included East Pakistan (modern day) Pakistan and Oriental Pakistan (now known as Bangladesh).

It is interesting to point out that the first form of government that Pakistan experienced was something similar to a democracy, being its founding father and first Prime Minister Muhammad Ali Jinnah. Political history in Pakistan consists of a series of eras, some democratically led and others ruled by the military branch which controls a big portion of the country.

—The rise of Pakistan as a Muslim democracy: 1957-1958. The era of Ali Jinnah and the First Indo-Pakistani war.

—In 1958 General Ayub Khan achieved to complete a coup d’état in Pakistan due to the corruption and instability.

—In 1971 General Khan resigned his position and appointed Zulfikar Ali Bhutto as president, but, lasted only 6 years. The political instability was not fruitful and rivalry between political parties was. But in 1977 General Zia-ul-Haq imposed a new order in Pakistan.

—From 1977 to 1988 Zia-ul-Haq imposed an Islamic state.

—In the elections of 1988 right after Zia-ul-Haq’s death, President Benazir Bhutto became the very first female leader of Pakistan. This period, up to 1999 is characterized by its democracy but also, by the Kargil War.

—In 1999 General Musharraf took control of the presidency and turned it 90º degrees, opening its economy and politics. In 2007 Musharraf announced his resignation leaving open a new democratic era characterized by the War on Terror of the United States in Afghanistan and the Premiership of Imran Khan.

 

 

Human and physical geography

The capital of Pakistan is Islamabad, and as of 2012 houses a population of 1,9 million people. While the national language of Pakistan is English, the official language is Urdu; however, it is not spoken as a native language. Afghanistan is Pakistan’s neighbor to the northwest, with China to the north, as well as Iran to the west, and India to the east and south.[8]

Pakistan is unique in the way that it possesses many a geological formation, like forests, plains, hills, etcetera. It sits along the Arabian Sea and is home to the northern Karakoram mountain range, and lies above Iranian, Eurasian and Indian tectonic plates. There are three dominant geographical regions that make up Pakistan: the Indus Plain, which owes its name to the river Indus of which Pakistan’s dominant rivers merge; the Balochistan Plateau, and the northern highlands, which include the 2nd highest mountain peak in the world, and the Mount Godwin Austen.[9] Pakistan’s traditional regions are a consequence of progression. These regions are echoed by the administrative distribution into the provinces of Punjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa which includes FATA (Federally Administered Tribal Areas) and Balochistan.

Each of these regions is “ethnically and linguistically distinct.”[10] But why is it important to understand Pakistan’s geography? The reason is, and will be discussed further in detail in this paper, the fact that “terror is geographical” and Pakistan is “at the epicenter of the neo-realist, militarist geopolitics of anti-terrorism and its well-known manifestation the ‘global war on terror’...”[11]

Punjabi make up more than 50% of the ethnic division in Pakistan, and the smallest division is the Balochi. We should note that Balochistan, however small, is an antagonistic region for the Pakistani government. The reason is because it is a “base for many extremist and secessionist groups.” This is also important because CPEC, the Chinese-Pakistan Economic Corridor, is anticipated to greatly impact the area, as a large portion of the initiative is to be constructed in that region. The impact of CPEC is hoped to make that region more economically stable and change the demography of this region.[12]

The majority of Pakistani people are Sunni Muslims, and maintain Islamic tradition. However, there is a significant number of Shiite Muslims. Religion in Pakistan is so important that it is represented in the government, most obviously within the Islamic Assembly (Jamāʿat-i Islāmī) party which was created in 1941.[13]

This is important. The reason being is that there is a history of sympithism for Islamic extremism by the government, and giving rise to the expansion of the ideas of this extremism. Historically, Pakistan has not had a strict policy against jihadis, and this lack of policy has poorly affected Pakistan’s foreign policy, especially its relationship with the United States, which will be touched upon in this paper.

Current Situation: Domestic politics, the military and the economy

Imran Khan was elected and took office on August 18th, 2018. Before then, the previous administrations had been overshadowed by suspicions of corruption. What also remained important was the fact that his election comes after years of a dominating political power, the Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) and Pakistan People’s Party (PPP). Imran Khan’s party, the Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) surfaced as the majority in the Pakistan’s National Assembly. However, there is some debate by specialists on how prepared the new prime minister is to take on this extensive task.

Economically, Pakistan was in a bad shape even before the global Coronavirus-related crisis. In October 2019, the IMF predicted that the country's GDP would increase only 2.4% in 2020, compared with 5,2% registered in 2017 and 5,5% in 2018; inflation would arrive to 13% in 2020, three times the registered figure of 2017 and 2018, and gross debt would peak at 78.6%, ten points up from 2017 and 2018.[14] This context led to the Pakistani government to ask for a loan to the IMF, and a $6 billion loan was agreed in July 2019. In addition, Pakistan got a $2 billion from China. Later on, because of the Covid-19 pandemic, the IMF worsened its estimations on Pakistan's economy, and predicted that its GDP would grow minus 1.5% in 2020 and 2% in 2021.[15]

Throughout its history, Pakistan has been a classic example of a “praetorian state”, where the military dominates the political institutions and regular functioning. The political evolution is represented by a routine change “between democratic, military, or semi military regime types.” There were three critical pursuits towards a democratic state that are worth mentioning, that started in 1972 and resulted in the rise of democratically elected leaders. In addition to these elections, the emergence of new political parties also took place, permitting us to make reference to Prime Minister Imran Khan’s party, the Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI).[16]

Civilian - military relations are characterized by the understanding that the military is what ensures the country’s “national sovereignty and moral integrity”. There resides the ambiguity: the intervention of the military regarding the institution of a democracy, and the sabotage by the same military leading it to its demise. In addition to this, to the people of Pakistan, the military has retained the impression that the government is incapable of maintaining a productive and functioning state, and is incompetent in its executing of pertaining affairs. The role of the military in Pakistani politics has hindered any hope of the country implementing a stable democracy. To say the least, the relationship between the government and the resistance is a consistent struggle.[17]

The military has extended its role today with the China-Pakistan Economic Corridor. The involvement of the military has affected “four out of five key areas of civilian control”. Decision making was an area that was to be shared by the military and the people of Pakistan, but has since turned into an opportunity for the military to exercise its control due to the fact that CPEC is not only a “corporate mega project” but also a huge economic opportunity, and the military in Pakistan continues to be the leading force in the creation of the guidelines pertaining to national defense and internal security. Furthermore, accusations of corruption have not helped; the Panama Papers were “documents [exposing] the offshore holdings of 12 current and former world leaders.”[18] These findings further the belief that Pakistan’s leaders are incompetent and incapable of effectively governing the country, and giving the military more of a reason to continue and increase its interference. In consequence, the involvement of civilians in policy making is declining steadily, and little by little the military seeks to achieve complete autonomy from the government, and an increased partnership with China. It is safe to say that CPEC would have been an opportunity to improve military and civilian relationships, however it seems to be an opportunity lost as it appears the military is creating a government capable of functioning as a legitimate operation.[19]

▲ Cartel de propaganda exaltando la figura de Gadafi, cerca de Ghadames, en 2004 [Sludge G., Wikipedia]

11 de mayo, 2020

ENSAYO / Paula Mora

El 20 de octubre de 2011 fue asesinado el coronel Muamar Muhamad Abu-Minyar el Gadafi, poniéndose fin a un régimen dictatorial que duró más de cuarenta años. Esa fecha significó esperanza, libertad y democracia, o por lo menos esas eran las aspiraciones de muchos de los que contribuyeron a un cambio en Libia. Sin embargo, la realidad hoy, nueve años después, es casi inimaginable para aquellos rebeldes que el 23 de octubre de 2011 pensaron que sus hijos podrían envejecer en una democracia. La guerra civil que sufre el país desde entonces ha propiciado la desintegración de la nación. Para entender esto, es primordial entender la propia naturaleza del poder político libio, totalmente distinta a la de sus vecinos y a la de sus antiguas metrópolis: el tribalismo.

El tribalismo libio presenta tres características: es contractual, pues está fundado en negociaciones permanentes; las bases territoriales de los pueblos han ido moviéndose hacia las ciudades, pero los lazos no se han distendido, y la extensión territorial de estos pueblos sobrepasan las fronteras de Libia. El territorio libio se compone en un 90% de desierto, lo que ha propiciado la persistencia del poder tribal. Los pueblos originarios han luchado, y siguen haciéndolo, por el control territorial y la armonía de sus territorios, que se logra a través de alianzas tradicionales renegociadas cada cierto tiempo entre las tres regiones principales del país: Tripolitania, Cirenaica y Fezán.

El tropismo Tuareg

La cultura beduina y su mitología de los tiempos de las cavernas transaharianas, previas a la época colonial, explican que Gadafi enfocara su política hacia el Sahara y África del Norte. Estos pueblos consideraban el desierto como una vía de comunicación, no como un obstáculo o una frontera. Bajo la dictadura, las costumbres y el habla beréber fueron protegidas y promovidas.

Los Tuareg son un pueblo beréber de tradición nómada que se extiende por cinco países africanos: Argelia, Burkina Faso, Libia, Malí y Níger. Poseen su propio idioma y costumbres. En Libia, ocupan el territorio del suroeste, junto a las fronteras de Argelia, Túnez y Níger. El dictador proclamó en numerosas ocasiones su afinidad con este pueblo, afirmando incluso pertenecer a este linaje por parte de madre. Los consideraba aliados de su proyecto panafricanista.

Gadafi no se veía como el líder del movimiento, sino como un “guía” de la revolución. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta visión revolucionaria fue apaciguándose hasta convertirse en una visión realista y pacificadora. Este cambio se debió principalmente a la incapacidad de los Tuareg de superar las divisiones internas (tribus) y a su voluntad de abandonar la lucha armada. Las consecuencias fueron que lo que empezó como una lucha nacional y social, degeneró en un tráfico de drogas y armas.

El colonialismo italiano

En abril de 1881, Francia ocupó Túnez. Esto provocó rencores en Italia pues la regencia de Túnez estaba pensada como una prolongación natural de Italia, dado que 55.000 italianos residían en el territorio. En vista de esta situación, y para evitar un enfrentamiento con Francia, Italia decidió entonces crear un proyecto libio. En 1882, Italia, Alemania y el Imperio Austrohúngaro crearon la Triple Alianza. Como consecuencia de esto, Francia se opuso al proyecto libio de Italia.

Ante la oposición de Francia a sus planes en Libia, Italia buscó una compensación en el Mar Rojo y en 1886 intentó, fallidamente, conquistar Etiopía. Pero el nacionalismo italiano de la época no se iba a dar por vencido, pues aspiraba a crear “una Italia más grande”. Tras la victoria etíope, solo le quedaban dos alternativas africanas: Marruecos, que ya había sido prácticamente colonizado por Francia, o la Regencia Turca de Trípoli, que llevaba establecida desde 1858.

Finalmente, Italia se decidió por esta última y en 1902 buscó el apoyo de Francia para llevar a cabo su proyecto. Bajo el compromiso de la Triple Alianza, le ofreció neutralidad en la frontera compartida de los Alpes en caso de guerra y la renuncia al proyecto marroquí. París no se mostró interesado, en cambio Rusia ofreció en 1908 su apoyo a Italia para debilitar al Imperio Otomano. Empezó así la guerra ítalo-turca. El pretexto italiano fue el supuesto maltrato que sufrían los colonos instalados en Libia por parte del régimen turco, al cual dio un ultimátum. Bajo mediadores austrohúngaros, los turcos aceptaron transferir el control de Libia a Italia, movimiento que este país consideró una maniobra turca que solo buscaba ganar tiempo para prepararse para la guerra. El 29 de septiembre de 1911, Italia declaró la guerra al Imperio Otomano. Esto trajo importantes consecuencias para la Triple Alianza, pues Austria-Hungría temía que el conflicto libio derivara en uno directo con el Imperio Otomano, mientras que Alemania se vio enfrentada al dilema de tener que elegir bando, pues gozaba de buenas relaciones con ambas partes. El 18 de octubre de 1912, debido a los peligros abiertos en diferentes frentes, el Imperio Otomano decidió firmar el Tratado de Lausana-Ouchy a través del cual cedió a Italia Tripolitania, Cirenaica y las islas del Dodecaneso.

Durante la Primera Guerra Mundial, Italia formaba parte de la Triple Entente, por lo que el Imperio Otomano no le declaró la guerra. La amenaza al control italiano de Libia no estaba tanto entre sus enemigos europeos, sino entre la población del propio país africano. Aprovechando la guerra, la Sanûsiya (una orden religiosa musulmana fundada bajo el Imperio Otomano que se oponía a la colonización) empezó a atacar al ejército italiano. Estos rebeldes fueron ganando territorio, hasta que los aliados de Italia pasaron a la ofensiva. El 21 de agosto de 1915, el día que Italia se cambió al bando de los Aliados, la táctica cambió. Pese a que también le ofrecían apoyo, los nuevos aliados de Italia estaban lidiando con insurgencias en sus colonias, y se ocupaban, sobre todo, de custodiar sus fronteras para que los insurgentes no pasaran y propagaran las ideas independentistas.

El 17 de abril de 1917, el emir Idris As-Sanûsi, aliado del Imperio Otomano, dándose cuenta de la proximidad de la victoria aliada, firmó con Italia el Pacto de Acroma, mediante el cual Italia reconoció la autonomía de la Cirenaica y a cambio el emir aceptó el control italiano de la Tripolitania.

 

 

Distribución geográfica de etnias en Libia [Wikipedia]

 

La independencia colonial

La Segunda Guerra Mundial tuvo un papel clave en África, pues alentó el nacionalismo del continente. Italia, aliada de Alemania, intentó entre 1940 y 1942 ocupar el Canal de Suez a través de la frontera de Libia, pero el objetivo no fue alcanzado.

En 1943, Libia cayó en manos de la Francia Libre (de Charles de Gaulle) e Inglaterra: la primera administraba Fezán; la segunda, la Tripolitania y Cirenaica. Al final de la guerra, y con el cambio de bando de Italia en su curso, esta propuso una división tripartita de Libia. Estados Unidos y la Unión Soviética se opusieron, y estipularon que el territorio quedaría bajo la tutela de Naciones Unidas (ONU). Entonces dos posiciones políticas se opusieron en Libia: por un lado, los “progresistas”, que defendían la creación de un estado democrático unitario, y por otro, los pueblos originarios de la Cirenaica, que defendían un reino cuyo líder sería Mohammed Idris As-Sanûsi, el líder de la Sanûsiya.

El 21 de noviembre de 1949, a través de la Resolución 289, Naciones Unidas fijó la independencia de Libia para el primero de enero de 1952. Sin tener en cuenta ninguna realidad geográfica, histórica, religiosa, cultural y política, la ONU impuso el nacimiento de un país soberano constituido por las tres principales regiones independientes. En 1950, tuvo lugar la elección de la Asamblea Nacional, compuesta por 60 diputados (20 por región). El 2 de diciembre del mismo año, después de arduas negociaciones, la Asamblea acordó que Libia fuera una monarquía federal compuesta de tres provincias y que tuviera como Rey a Mohammed Idriss As-Sanûsi.

Inicialmente el Reino pudo asentarse dado el reconocimiento internacional y el descubrimiento de yacimientos petroleros que permitían a Libia convertirse en el país más rico del continente. Este optimismo, sin embargo, ocultaba que el verdadero problema libio residía dentro de sus fronteras: el país era regido por los pueblos originarios de Cirenaica. Para equilibrar el poder, el rey decidió nombrar como primer ministro a Mahmoud el-Montasser, un tripolitano.

Sin embargo, el rey cometió el error de no haber fundamentado su monarquía en la Sanûsiya, sino en su tribu, la Barasa. El régimen se convirtió en totalitario. Después de manifestaciones pro-Nasser, el rey prohibió en 1952 los partidos políticos, y despidió a más de diez gobernadores, quienes fueron reemplazados por prefectos. En cuanto a las relaciones exteriores, bajo el reinado de Idriss, Libia firmó con Gran Bretaña una alianza de veinte años mediante la cual los ingleses podrían utilizar las bases militares libias. Con Estados Unidos suscribió uno similar que concedió permiso a los norteamericanos para construir la base Wheelus Field, cerca de Trípoli. Finalmente, firmó un tratado de paz con Italia por el que la antigua metrópolis se comprometía a pagar reparaciones siempre y cuando Libia protegiera las propiedades de los 27.000 italianos que aún residían allí. Estas medidas llevaron el reino a la perdición, puesto que sus países vecinos y su población consideron que el rey no estaba siendo solidario con Egipto al alinearse con los países occidentales.

La caída de la monarquía

El 1 de septiembre de 1969 se produjo un golpe de estado en el país para derrocar a Idriss; este, gravemente enfermo, anunció su abdicación para el día siguiente. El Consejo de Comandancia de la Revolución (CCR), constituido por los oficiales que habían propiciado este cambio de gobierno, abolió la monarquía y proclamó la República Árabe Libia. La junta militar que se estableció en el poder estaba compuesta por una docena de miembros, en su mayoría de los dos pueblos originarios principales: los Warfalla y los Maghara. Estos últimos eran de ideología marxista, lo que propició el régimen del coronel Muamar el Gadafi.

Durante las primeras semanas de gobierno, los nuevos dirigentes intentaron tomar todas las precauciones posibles para evitar una intervención británica y americana. Emitieron un comunicado garantizando la seguridad de los bienes de los extranjeros y prometiendo que las compañías petroleras no serían nacionalizadas. Ante estas declaraciones, que no se alineaban con el comunismo, Estados Unidos y Occidente reconocieron el 6 de septiembre el nuevo gobierno.

Las verdaderas intenciones del nuevo gobierno aparecieron poco después. Al mes del comunicado, las autoridades libias anunciaron que los tratados anteriores relativos a las bases militares tendrían que ser nuevamente negociados. También pidieron una renegociación de la fiscalidad de las compañías petroleras. Finalmente, en 1971, fue creado un partido único: la Unión Socialista Árabe.

El gobierno de Gadafi

El 15 de abril de 1973, casi cuatro años después del golpe de estado del 69, Gadafi pronunció un discurso en el que invitó a las “masas populares” a retomar el poder confiscado por el partido de la Unión Socialista Árabe. Se impuso como cabeza del país, promoviendo una revolución cultural y política que proponía, por un lado, una reforma de las instituciones con una aplicación más estricta de los preceptos de la sharia, y por otro, la idea de que los agresores del pueblo eran los países árabes aliados con Occidente e Israel.

Gadafi basó su poder en una profunda recomposición tribal. La primera medida que tomó, al día siguiente de la toma de poder, desconfiando de Cirenaica y de sus tribus fieles al rey Idriss, fue la de constituir una alianza con el pueblo de Hada, con la que buscó equilibrar el poder de los Barasa.

En segundo lugar, se divorció de su mujer, de origen turco-kouloughli, la cual constituía un obstáculo para las alianzas con los pueblos que le eran necesarios para ampliar su base de poder. Se casó entonces con una mujer de Firkeche, un segmento de la tribu de los Barasa. Este matrimonio le permitió construir una alianza entre los Qadhafa y las grandes tribus de Cirenaica ligadas a los Barasa.

En tercer lugar, construyó también una alianza con la Misrata, una élite letrada que ocupó posteriormente muchos de los puestos del régimen. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta alianza se rompió y propició un crecimiento del odio hacia el coronel que jugaría un rol importante en la revolución que acabó con Gadafi.

En cuarto lugar, después de haber perdido a la Misrata, Gadafi recompuso su estrategia apoyándose en su propia confederación, la de los Awlad Sulayman, enemigos de los Misrata desde la época del dominio italiano. Esta alianza cubría la ciudad de Trípoli y extendía geográficamente el territorio del mandatario.

En quinto lugar, el problema del gobernante vendría dado justo por los puntos anteriores: las alianzas tribales. Fracciones de sus aliados conspiraron contra él en 1973 para intentar dar un golpe de estado. El ejército de Gadafi, sin embargo, lo impidió y condenó a muerte a los cabecillas. A partir de este punto, el coronel empiezó a desconfiar de las tribus de esta región, la de Tripolitania, y comenzó a romper poco a poco relaciones con ellas. Esto le resultaría fatal.

Gadafi de cara al mundo

El activismo internacional bajo Gadafi buscaba la fusión de los pueblos árabes con el objetivo de crear un califato transnacional. En 1972, pese a que aún no controlaba la totalidad del territorio libio, contribuyó a la creación de la Unión de Repúblicas Árabes (Libia, Egipto y Siria), que se disolvería en 1977. En 1984, creó la Unión Libia-Marroquí, que desaparecería dos años después. Otras cuatro tentativas tuvieron lugar: con Túnez en 1974, con el Chad en 1981, con Argelia en 1988 y con Sudán en 1990; ninguna de ellas salió adelante. Estos intentos de unión provocaron tensiones en el continente, sobre todo con Egipto, con el cual hubo un conflicto fronterizo del 21 al 24 de julio de 1977. La consecuencia fue el cierre de la frontera mutua hasta marzo de 1989.

En cuanto al resto del mundo, el apoyo del dictador a los movimientos terroristas durante los años 80 le crearon enemigos, especialmente Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Varios ataques propiciados por el régimen libio, como el derribo de un avión americano encima de la ciudad escocesa de Lockerbie y asesinatos de embajadores, llevaron en 1992 al Consejo de Seguridad de la ONU a adoptar una política de sanciones de embargo comercial y financiero. A ello se sumó la orientación socialista del coronel, quien nacionalizó las empresas petroleras y los bienes de los residentes italianos alegando que fueron robados durante la época colonial.

La caída del régimen

Con el paso del tiempo, el régimen fue perdiendo poder y apoyo nacional. Esta decadencia se debió a la marcha de la economía, pues los ciudadanos se beneficiaban de los ingresos directos de los hidrocarburos: la sanidad y la educación eran gratis, y la agricultura estaba subvencionada. Además, existía el proyecto de crear un “gran río” (Great Man Made River, GMMR), de 4.000 kilómetros. En resumen, los cinco millones de habitantes tenían una vida excepcional, con un PIB per cápita de 3.000 euros en 2011.

La oposición principal provenía de los ambientes islámicos, más concretamente de los Hermanos Musulmanes y de grupos salafistas (movimiento de ultraderecha islámico suní), quienes a partir de 1995 se radicalizaron con la ayuda de los grupos de Afganistán. Sus razones para oponerse a Gadafi eran la occidentalización del país: el dejar atrás en cierta medida el tropismo Tuareg y un giro hacia los países del Norte. Ese mismo año estalló una rebelión islamista iniciada por el Frente por la Liberación de Libia en Cireniaica. Gadafi respondió con una gran represión, estableciendo leyes anti-islámicas que castigaban cualquier persona que no denunciara a los islamistas y el cierre de la mayoría de las zawiya (escuelas y monasterios religiosos), sobre todo las de la Sanûsiya.

En 2003, Libia reconoció su participación en el atentado de Lockerbie y se comprometió a indemnizar a todas las víctimas. Esto propició que el Consejo de Seguridad de la ONU levantara las sanciones. En diciembre de ese mismo año, el país renunció a la producción de armas de destrucción masiva y en 2004 se adhirió al Tratado de No-Proliferación Nuclear. Con estas nuevas medidas, el régimen fue aliándose con los países de occidente, que a su vez promovieron la industrialización del país. Un ejemplo fue el tratado firmado entre Gadafi y el primer ministro italiano Silvio Berlusconi, por el que Italia se comprometía a reembolsar 5.000 millones de dólares a Libia, en un periodo de 25 años, siempre y cuando el país africano se abriera al mercado italiano y evitara la inmigración clandestina a Europa.

Libia no vivió “la primavera árabe”, pues estaba sufriendo una guerra civil nacida en Cirenaica, que comenzó como un levantamiento de una minoría beréber que vivía cerca de la frontera con Túnez. Gadafi, con el miedo de estropear la buena imagen que por fin había logrado construir en la comunidad internacional, decidió no emplear la fuerza militar para restablecer su poder en Cirenaica, pero con el paso del tiempo no le quedó más remedio que hacerlo. Esta acción conllevó lo que él ya sabía: la protesta internacional.

El primer país en oponerse fue la Francia de Nicolás Sarkozy. Bajo el pretexto de injerencia humanitaria, Francia, junto con los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), decidieron destruir el régimen de Gadafi. En marzo de 2011 reconocieron al Consejo Nacional de Transición (CNT). La Unión Africana quería también el cambio de gobierno, pero sin embargo defendió que se hiciera mediante una negociación, con el fin de evitar consecuencias negativas como la desintegración del Estado. 

Durante el mes de febrero de 2011, el coronel tuvo que hacer frente a una triple sublevación. En Cirenaica, por parte de los yihadistas (recordemos las leyes anti-islámicas), quienes contaban además con el apoyo de Turquía y las mafias locales, que desde el acuerdo ítalo-libio sobre la migración se sentían amenazadas. En Tripolitania, por pare de los beréberes, que veían ahora negada su identidad en favor de la defensa del nacionalismo árabe. Finalmente, también en Misrata, zona tenía una cuenta personal que arreglar con el dictador desde 1975 (conflicto tribal).

Gadafi tomó medidas preventivas, como la prohibición de manifestaciones o la suspensión de eventos deportivos, y anunció reformas sociales favorables a la población pensando que se trataba de quejas que no trascenderían. Su error de análisis fue pensar que la contestación tenía un motivo social, mientras que sus razones eran de tipo tribal, regional, político y religioso.

El gobierno pudo controlar la situación durante un mes, hasta que el 15 de febrero la violencia escaló hasta convertir el conflicto en una auténtica guerra civil.

La injerencia extranjera empezó el 17 de marzo, cuando el ministro de Asuntos Exteriores francés promovió en el Consejo de Seguridad de la ONU la Resolución 1973, que autorizaba la creación de una zona de exclusión aérea sobre Libia, así como la imposición de las “medidas necesarias” para otorgar la protección a los civiles. Esta resolución excluía la ocupación terrestre, y fue apoyada por la Liga Árabe, con el apoyo aéreo militar de Qatar.

A los pocos días, el 21 de marzo, la intervención de los países de la OTAN sobrepasó las pautas de la Resolución 1973, pues la residencia de Gadafi fue bombardeada bajo el pretexto de que servía como centro de comando. La Unión Africana, apoyada por Rusia, pidió entonces el “cese inmediato de todas las hostilidades”. Por su parte, la Liga Árabe recordó a la OTAN que se estaba desviando de sus objetivos declarados. Sin embargo, los países occidentales no hicieron caso. El 31 de marzo, a través de su hijo Saif al-Islam, el coronel propuso un referéndum sobre la instauración de una democracia en Libia. La OTAN estaba dispuesta a examinar sus propuestas, pero el Consejo Nacional de Transición se opuso rotundamente, pues exigía simple y llanamente la salida de Gadafi del poder.

El 16 de septiembre, el Consejo de Seguridad, mediante la Resolución 2009, creó la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL, por sus siglas en inglés). Su objetivo era asistir a las autoridades nacionales para el restablecimiento de la seguridad y el Estado de Derecho, a través de la promoción del diálogo político y de la reconciliación nacional.

La “liberación” del país tuvo lugar el 23 de octubre de 2011, cuando Gadafi fue capturado de camino de Fezzan, acompañado de su hijo. Su convoy fue atacado por las fuerzas áreas de la OTAN. Fue hecho prisionero y posteriormente linchado por sus compatriotas. El presidente del Consejo Nacional de Transición, Mustapha Adbel Jalil, se proclamó entonces como el nuevo gobernante legítimo del país hasta nuevas elecciones.

Libia después de Gadafi

El presidente transitorio, declaró en su primer día que la sharia sería la base de la Constitución, así como del Derecho, restableció la poligamia e ilegalizó el divorcio. Las consecuencias de la guerra civil fueron tremendas: llevaron a la desintegración del país. La muerte de Gadafi no marcó el fin del conflicto, pues las milicias tribales, regionales y religiosas que participaron en la guerra defendían diferentes visiones sobre cómo debía ser el nuevo gobierno, lo que hacía imposible una unificación.

En el exterior, el descontrol territorial cambió la geopolítica de la región de Sáhara-Sahel, ofreciendo nuevas oportunidades a los yihadistas.

Tres periodos pueden distinguirse. El primero, entre 2011 y 2013, podría considerarse como el tiempo de la incertidumbre, pero también el de la esperanza y la ilusión democráticas. Pese a las guerras entre los distintos pueblos por diferentes ideologías (defensores del antiguo régimen contra los fundamentalistas musulmanes defensores de las tradiciones islámicas) y una guerra de poder territorial (Cirenaica contra Tripolitania por la capital del nuevo Estado), se estaban instaurando lo que parecían mecanismos democráticos.

El 31 de octubre de 2011 fue elegido Abdel Rahim al-Keeb, originario de Trípoli, por 26 votos de 51, como primer ministro del gobierno de transición. Las elecciones legislativas tuvieron lugar el 7 de julio de 2012; en ellas ganó el Congreso Nacional General (CNG), que reemplazó al Consejo Nacional de Transición. Pero la situación estaba lejos de consolidarse. El 11 de septiembre de 2012, el embajador americano, John Chistropher Stevens fue asesinado por un grupo salafista denominado Ansar al-Sharia.

El segundo período empezó a principios de 2013. Libia estaba en el camino de la normalización mediante elecciones democráticas y la reactivación de la exportación de petróleo y gas. Sin embargo, el año siguiente fue el del comienzo de la anarquía y las tentativas de recomposición del orden interno. Los “avances democráticos” no habían sido suficientes, pues las regiones contaban con una gran autonomía y no había seguridad fronteriza. Nadie había sido capaz de controlar en su totalidad el territorio libio. El presidente de Chad, Idriss Déby, quien ya había advertido sobre estas consecuencias cuando tuvo lugar la intervención occidental en la guerra civil, denominó la nueva situación libia como una “somalización”.

A partir de febrero de 2014, esta anarquía se tradujo en una serie de dimisiones de cargos del “gobierno” debidas a las amenazas por parte de las distintas milicias del país y de protestas frente al CNG, pues el gobierno no fue disuelto después de la expiración del mandato. El 20 de febrero tuvieron lugar las elecciones de los 60 miembros de la Asamblea constituyente que tenía como objetivo redactar una nueva constitución, pero sólo el 15% de los electores participaron. Mientras tanto, el 6 de marzo, en Roma, en la Conferencia Internacional sobre Libia, el ministro de Asuntos Exteriores italiano consideró que el problema principal era la “superposición de legitimidad”.

El tercer período, tuvo lugar a finales de 2014, cuando empezó la denominada “segunda guerra de Libia”. A partir de 2015 entró en escena el Estado Islámico, lo que cambió el cuadro político libio. La ONU creó un órgano ejecutivo de transición denominado Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA por sus siglas en inglés), con el objetivo de dirigir la política libia en esta nueva situación. Se formó por la unión del Congreso General Nacional y la Cámara de Representantes. Está compuesto por 32 ministros, y Fayez-al Sarraj ocupa el cargo de presidente del Consejo Presidencial y de primer ministro del GNA.

Libia se encontraba entonces con dos parlamentos, uno en Trípoli, bajo el control de los islamistas, y el otro, reconocido por la comunidad internacional, en Tobruk, Cirenaica, cerca de la frontera egipcia, el cual había sido forzado a desistir de actuar por las fuerzas yihadistas. Esto llevó al comienzo de otro conflicto, que sigue en vigor actualmente. En la Cirenaica, tiene lugar una guerra confusa y multiforme, en la que participan los yihadistas y los que apoyan al general Jalifa Haftar, quien lidera el Ejército Nacional Libio (LNA, por sus siglas en inglés) y se opone tanto a los yihadistas como al Gobierno de Acuerdo Nacional. A través de su ejército, el general lanzó en mayo ataques aéreos contra grupos islamistas en Bengasi, con el objetivo de apoderarse del Parlamento. Además, acusa al primer ministro Ahmed Maiteg de cooperar con grupos islamistas. En junio, Maiteg renunció después de que la Corte Suprema dictaminase que su nombramiento fue ilegal.

En 2014, Haftar lanzó la “Operación Dignidad” contra los islamistas, intentando sacar del poder al coronel Moktar Fernana, comandante de la policía militar y elegido por Misrata y los Hermanos Musulmanes. Esta misión fracasó debido al poder de las diferentes milicias musulmanas a lo largo del territorio de Tripolitania, dividido en diferentes áreas: está la ciudad de Misrata, que ess territorio yihadista bajo el mando de los Hermanos Musulmanes; al Oeste, reina la milicia beréber arabófona de Zenten; en la capital, la milicia islamista Farj Lybia tiene el control, mientras que Fezzan y el Gran Sur se han convertido en territorios casi autónomos, donde se combate a los Tuareg.

En junio de 2014, tuvieron lugar las elecciones parlamentarias. Los partidos islamistas fueron derrotados, hubo una baja participación debido a la inseguridad y el boicot de los partidos dominantes, y surgió un enfrentamiento entre las fuerzas leales al CNT y las del nuevo Parlamento o Cámara de Representantes (HoR por sus siglas en inglés). Finalmente, surgió el Gobierno de Salvación Nacional, con Nouri Absuhamain, aliado de los Hermanos Musulmanes, como presidente.

En julio, la seguridad nacional se deterioró gravemente a raíz de varios acontecimientos. El aeropuerto Internacional de Trípoli fue destruido por los conflictos entre la milicia de Misrata y su operación Dawa Libia contra la milicia de Zintan; el HoR se trasladó a Tobruk después de que la Corte Suprema de Trípoli (compuesta por el CNT) lo disolviera; el CNT se votó a sí mismo como reemplazo para la Cámara de Representantes; Asar al-Sharia pasó a controlar Bengasi, y los enviados de la ONU dejaron el país debido a la creciente inseguridad.

El 29 de enero de 2015, el LNA y sus aliados de Trípoli declararon un cese del fuego después del “Diálogo Libio” organizado por la ONU en Ginebra para fomentar la reconciliación de los distintos bandos. El 17 de diciembre del mismo año tuvo lugar el Acuerdo Político Libio, o Acuerdo Skhirat, promovido por UNSMIL. Su objetivo era resolver la disputa entre la Cámara de Representantes legítima, con sede en Tobruk y al-Bayda, y el CNT, con sede en Trípoli. Se creó un Consejo de la Presidencia, compuesto por 9 miembros para formar un gobierno de unidad que en dos años condujera a elecciones. El HoR debía ser el único parlamento y actuaría como tal hasta los comicios.

El 30 de marzo de 2016, el GNA llegó a Trípoli por mar debido al bloqueo aéreo. El asentamiento del gobierno legítimo propició que después de dos años, en abril, la ONU volviera al territorio. Además, el GNA, junto con las fuerzas aéreas estadounidenses, liberó Sirte del ISIS en diciembre del 2016. Sin embargo, el LNA siguió ganando territorio, contando en septiembre con el control de las terminales orientales de petróleo.

En julio de 2017, el LNA expulsó al ISIS de Bengasi. Un año después, controló Derna, el último territorio occidental bajo grupos terroristas. El 17 de diciembre, Haftar declaró nulo el Acuerdo Político Libio, pues las elecciones no habían tenido lugar, resaltando la obsolescencia del gobierno libio creado por la ONU. El general comenzó entonces a tomar fuerza en el contexto nacional e internacional: “Todas las instituciones creadas bajo este acuerdo son nulas, pues no han obtenido completa legitimidad. Los libios sienten que han perdido su paciencia y que el prometido periodo de paz y estabilidad se ha convertido en una fantasía lejana”, declaró Haftar.

El 19 de abril de 2019 era la fecha en la que se iba a celebrar la Conferencia Nacional Libia en Ghadamas para avanzar en acuerdos y cerrar una fecha en la que se llevaran a cabo las elecciones presidenciales y parlamentarias. Sin embargo, días antes la convocatoria de conferencia fue cancelada debido a la “Operación Inundación de Dignidad” del LNA con el objetivo de la “liberación” del país.

 

 

Correlación de fuerzas en la guerra civil libia, en febrero de 2016 [Wikipedia]

 

La injerencia extranjera

La situación libia actual es preocupante. La comunidad internacional teme que el país se convierta en la próxima Siria. El Ejército Nacional de Liberación, dirigido por Haftar, es apoyado por los Emiratos Árabes Unidos, con la esperanza de detener el avance de los Hermanos Musulmanes, a quienes consideran una organización terrorista. También lo apoyan Egipto y Rusia, interesados en el control de los recursos energéticos del país. El Gobierno de Acuerdo Nacional, con Fayez al-Sarraj como líder, representa el gobierno legítimo para la comunidad internacional (la ONU lo reconoce). Además, cuenta con el apoyo de Estados Unidos y los países de la Unión Europea (menos Francia), así como Turquía y Qatar, que le otorgan apoyo militar (sobre todo los turcos). Sin embargo, Estados Unidos y la UE defienden las fronteras marítimas de Grecia e Israel frente al deseado proyecto turco de construir tuberías de gas por el Mediterráneo para abastecerse.

El acercamiento entre Haftar y Francia empezó en 2015. El país europeo intentó transformar al LNA en un actor legítimo, asistiéndole con operativos clandestinos, fuerzas especiales y consejeros. El 20 de julio de 2016, la Francia de Holland le declaró oficialmente su apoyo militar después del asesinato de tres soldados franceses de fuerzas especiales en Bengasi a manos del GNA, que argumentó que fue una “violación de su soberanía nacional”. El 25 de julio de 2019 tuvo lugar la Cumbre de París. Macron invitó a los dos líderes a dialogar sobre la paz y la unidad. El mayor interés de Francia es erradicar el terrorismo.

El 6 de marzo de 2019, el Acuerdo de Abu Dhabi reunió a los líderes de los bandos más importantes de la guerra libia y puso énfasis en varios aspectos: Libia como Estado civil, reducción del período de transición de gobierno, unificación de las institucionales estatales (como el Banco Central), el cese del odio y su incitación, la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias a finales del año, la transferencia pacífica del poder, la separación de poderes y el seguimiento de los puntos acordados por parte de la ONU. El lugar de la reunión muestra la gran implicación que los Emiratos Árabes Unidos tienen en esta guerra, en especial como aliado del general Haftar. El país del Golfo Pérsico negó el apoyo al ataque en Trípoli que tuvo lugar el 31 de marzo del 2020 por parte del LNA. Sin embargo, varios medios de comunicación libios declararon que dos aviones de carga militares llegaron a la base aérea Emirati Al-Khadim, en el este de la ciudad libia de Marj, provenientes de la base aérea Sweihan de Abu Dhabi.

El 27 de noviembre de 2019, tuvo lugar el Acuerdo de Frontera Marítima entre el GNA y Turquía. El presidente de Turquía, Erdogan, y Fayez al-Sarraj, firmaron dos memorandos de entendimiento. Pactaron un límite de 18,6 millas náuticas, como frontera marítima compartida entre Turquía y Libia y firmaron un acuerdo de cooperación militar por el que Ankara enviaría soldados y armamento. En vez de crear una nueva tropa, que llevaría más tiempo, Turquía ofreció un sueldo de 200 dólares al mes para luchar en Libia frente a los 75 que daba por luchar en Siria.

El problema con la frontera marítima es que ignora las islas de Chipre y de Grecia y viola sus derechos amparados por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1994, si bien ninguno de estos dos países ha acudido al Tribunal del Derecho del Mar. El interés turco reside en la posibilidad de la presencia de petróleo y gas natural en la costa sur de Creta. El acuerdo por lo pronto durará lo que duré el GNA, en una situación de inestabilidad a lo que también contribuye la impopularidad de la intervención militar en Turquía.

El 2 de enero de 2020, los presidentes de Argelia y Túnez se reunieron con Jalifa Haftar. El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, insistió en que la solución del problema libio debe ser interna y no depender de la afluencia de armas propiciada por la injerencia extranjera. Propuso la creación de nuevas instituciones que permitan la organización de elecciones generales y el establecimiento de las nuevas bases del Estado democrático libio con la aprobación de la ONU.

El 6 de enero, el LNA tomó control sobre Sirte. Esta ciudad es estratégica pues se halla cerca de la “media luna petrolera” de Libia, una franja costera en la que se encuentran varias terminales importantes de exportación de petróleo.

El 12 de enero, Rusia y Turquía declararon una tregua en Siria y Libia. Este acuerdo fue un quid pro quo, puesto que Rusia tiene mayores intereses en Siria que en Libia, pues busca un puerto en el Mediterráneo, y Turquía, como se explicó anteriormente, desea construir un sistema de suministro de gas a través del mar Mediterráneo desde Libia. Sin embargo, el acuerdo no se está cumpliendo, sobre todo en el escenario libio. Enviados de la ONU alegan que ambos países siguen proporcionando armamento a los guerrilleros.

El 19 de enero tuvo lugar la Conferencia de Berlín, que constituyó un intento de apaciguamiento de la situación del país. Participaron Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia, Italia, China, Turquía y Argelia, y se expresó el compromiso a acabar con la injerencia política y militar en el país. Sin la intervención de terceros actores, el país no podría mantener una guerra civil pues ninguno de los bandos tiene suficiente fuerza. En la conferencia, también se discutió sobre el incumplimiento del embargo de armas establecido por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2011. El problema es que ninguna potencia, en especial Turquía y Rusia, reconoce su implicación, por lo que no hay responsabilidades ni tampoco sanciones.

Una semana después tuvo lugar la primera violación del pacto. En cuanto a la tregua, el Gobierno de Haftar, con el objetivo de recuperar la capital, lanzó una ofensiva en dirección a la ciudad de Misrata, donde se encuentra una base importante del Gobierno de Acuerdo Nacional. Además, la misión especial de la ONU en Libia (UNSMIL) afirmó que sigue llegando material a los bandos combatientes por vía aérea.

El 31 de marzo, la Unión Europea lanzó la "Operación Irini” (“paz” en griego). Sustituye a la “Operación Sofía” de 2015, que tenía como objetivo combatir el tráfico de personas frente a las costas libias. La nueva operación ha cambiado de objetivo principal, pues luchará por hacer cumplir el embargo de armas. Además, cuenta con otras tareas secundarias como el control del contrabando petrolero, la continuación de la formación de los guardacostas libios y el control del tráfico de personas a través de la recopilación de información con el uso de patrullas aéreas. Esta iniciativa nace sobre todo por parte de Italia, primer país al que llegan los refugiados libios y por lo tanto preocupado por la inmigración. Este liderazgo se manifiesta en el desarrollo de la operación, ya que el cuartel general se encuentra en Roma y la dirección operativa está a cargo del contralmirante italiano Fabio Agostini. Por lo pronto, tiene una duración de un año.

El 5 de abril, la ONU hizo un llamamiento al cese de las hostilidades para combatir el Covid-19. Llamó a una tregua humanitaria en la que participen no solo los bandos nacionales, sino también las fuerzas extranjeras. El virus se cobró la vida Mahmud Jibril, antiguo primer ministro y líder de la rebelión contra Gadafi.

Nueva geopolítica regional y conclusión

Podemos definir la nueva geopolítica libia a través de los siguientes puntos. En primer lugar, la propagación de las armas por toda la región Sáhara-Sahel, la zona de los viejos y actuales conflictos. En segundo, la amenaza fronteriza que sienten Egipto, Argelia y Túnez por el conflicto interno. Finalmente, el desinterés de las nuevas autoridades libias por al Gran Sur, pues prácticamente se ha independizado, controlando casi la totalidad del comercio a través del Sahara. Al-Qaeda, a través de subgrupos como Fajr Lybia, está intentando establecer un Estado Islámico de África del Norte imitando el de Iraq. Para ello, en las zonas conquistadas, el Daesh destruye el paradigma tribal liquidando a los jefes de las tribus que no quieren aliarse con ellos con el objetivo de aterrorizar al resto. Es a través de estas prácticas como todas las milicias yihadistas pudieron aliarse al final de 2015. Frente a esto, Naciones Unidas patrocinó como primer ministro a Fayez Sarrraj, quien se instaló en Trípoli en abril de 2016. 

Libia es un estado privilegiado en cuanto a riquezas naturales. Sin embargo, en su historia ha sufrido mucho y lo sigue haciendo. Ha pasado por monarquías, colonización y dictaduras hasta finalmente convertirse hoy en un Estado fallido. Su estructura política es complicada, pues es tribal, y por eso ninguno de los sistemas políticos ha triunfado del todo porque no ha logrado armonizar las organizaciones internas. Hoy el país consta de tres gobiernos rivales y cientos de milicias y grupos armados que siguen compitiendo por el poder y el control del territorio, rutas comerciales y emplazamientos militares estratégicos. Para que la situación se resuelva, es necesario que los países que participan activamente en el conflicto (Rusia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Qatar) cumplan el embargo de armas establecido por la ONU. Además, las potencias extranjeras deben aumentar su comprensión del país para acertar en propiciar la mejor solución posible. Aunque Libia esté al borde de convertirse en la próxima Siria, todavía quedan oportunidades para salvar la situación y darle al país lo que hace tiempo no tiene: estabilidad.

 

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RESEÑA / Emili J. Blasco

La pregunta que sirve de título al nuevo libro de Jospeh Nye, conocido por el gran público por haber acuñado la expresión poder blando, no es una concesión al pensamiento secularizado, como una falta de atrevimiento para aseverar de entrada la conveniencia de la reflexión ética en las decisiones sobre política exterior, una importancia que, a pesar del interrogante, se intuye que es defendida por el autor.

En realidad, la pregunta, en sí misma, es un planteamiento clave en la disciplina de las relaciones internacionales. Un enfoque común es ver el escenario mundial como una conjunción de estados que pugnan entre sí, en una dinámica anárquica donde impera la ley del más fuerte. Internamente, el estado puede moverse por criterios de bien común, atendiendo a las distintas necesidades de sus habitantes y tomando decisiones de ámbito nacional o local a través de procesos democráticos. Pero más allá de las propias fronteras, la legitimidad otorgada por los propios electores ¿no exige al mandatario que sobre todo garantice la seguridad de sus ciudadanos frente a amenazas exteriores y que vele por el interés nacional frente al de otros estados?

El hecho de que el estado sea el sujeto básico en las relaciones internacionales marca, desde luego, una línea divisoria entre los dos ámbitos. Y por tanto la pregunta de si el discernimiento ético que se exige al mandatario en el ámbito interior debe reclamársele también en el exterior es plenamente pertinente.

Solo desde posiciones extremas que consideran que el estado es un lobo para el estado, aplicando al orden (desorden) internacional el principio hobbesiano (y aquí no habría un supraestado que disciplinara esa tendencia del estado-individuo), puede defenderse que la amoralidad rija el todos contra todos. En un escalón más abajo está el llamado realismo ofensivo y, en un peldaño inferior, el defensivo.

Nye, estudioso de las relaciones internacionales, considera que la teoría realista es un buen punto de partida para todo mandatario a la hora de definir la política exterior de un país, dado que debe guiarse especialmente por la ética de la responsabilidad, pues cumple un “papel fiduciario”. “El primer deber moral de un presidente es el de un fideicomiso, y esto comienza por asegurar la supervivencia y seguridad de la democracia que le ha elegido”. Pero a partid de aquí también debe explorarse qué posibilidades existen para la colaboración y el beneficio mutuo internacional, no cerrando de entrada la puerta a planteamientos del liberalismo o cosmopolitismo.

“Cuando la supervivencia está en peligro, el realismo es una base necesaria para una política exterior moral, aunque no suficiente”, afirma Nye, para quien se trata de una “cuestión de grado”. “Dado que nunca hay perfecta seguridad, la cuestión moral es qué grado de seguridad debe ser asegurada antes que otros valores como el bienestar, la identidad o los derechos formen parte de la política exterior de un presidente”. Y añade: “Muchas de las decisiones morales más difíciles no son todo o nada [...] Las decisiones morales difíciles están en el medio. Si bien es importante ser prudente acerca de los peligros de una pendiente resbaladiza, las decisiones morales descansan en ajustar los fines y los medios entre sí”. Llega a concluir que “el mantenimiento de instituciones y regímenes internacionales es parte del liderazgo moral”.

Nye echa mano desde el comienzo del libro a las tres condiciones que tradicionalmente han puesto los tratados de moral para juzgar una acción como éticamente buena: que sean buenos a la vez la intención, los medios y las consecuencias.

Utilizando esos tres baremos, el autor analiza la política exterior de cada uno de los presidentes estadounidenses desde la Segunda Guerra Mundial y establece una clasificación final en la que combina tanto la moralidad de su actuación en la escena internacional como la efectividad de su política (porque puede darse el caso de una política exterior ética, pero que favorezca poco los intereses nacionales de un país).

Así, de los catorce presidentes, considera que los cuatro con mejor nota en esa combinación son Roosevelt, Truman, Eisenhower y Bush I. En el medio sitúa a Reagan, Kennedy, Ford, Carter, Clinton y Obama. Y como los cuatro peores menciona a Johnson, Nixon, Bush II y (“tentativamente por incompleto”) Trump. Hecha la clasificación, Nye advierte que puede haber primado las administraciones demócratas para las que trabajó.

El libro es un rápido repaso de la política exterior de cada presidencia, destacando las doctrinas de los presidentes, sus aciertos y fracasos (además de examinar el componente ético), por lo que también es interesante como historia sucinta de las relaciones internacionales de Estados Unidos de los últimos ochenta años.

Al aspecto de la moralidad quizá le falte un mayor fundamento académico, tratándose de una disciplina especialmente estudiada ya desde la era escolástica. Pero el propósito de Nye no era profundizar en esa materia, sino ofrecer un breve estudio de moral aplicada.

Leer a Nye siempre resulta sugerente. Entre otras reflexiones que realiza podría destacarse la idea de las nuevas perspectivas que se habrían abierto para el mundo si tiempos especialmente propicios hubieran coincidido en el calendario. En concreto, sugiere que si Breznev y su generación gerontocrática se hubieran marchado antes y la URSS se hubiera visto acuciada también antes por los graves problemas económicos, Gorbachov hubiera podido llegar al poder coincidiendo con la presidencia de Carter; lo que hubieran logrado juntos es, no obstante, terreno de la especulación.

▲ A view of the Badshahi Mosque, in Lahore, capital of the Punjab province [Pixabay]

STRATEGIC ANALYSIS REPORT / Naomi Moreno, Alejandro Puigrefagut, Ignacio Yárnoz

 

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May 2020

EXCECUTIVE SUMMARY

This report has been aimed at examining the future prospects for Pakistan in the 2025 horizon in relation to other States and to present various scenarios through a prospective strategic analysis.

The research draws upon the fact that, despite the relatively short space of time, Pakistan is likely to undergo several important changes in its international affairs and thus feel forced to rethink its foreign policy. This strategic analysis suggests there could be considerable estrangement between the U.S. and Pakistan and, therefore, the American influence will decrease considerably. Their security alliance could terminate, and Pakistan would cease to be in U.S.’ sphere of influence. Moreover, with the new BRI and CPEC projects, China could move closer to Pakistan and finally become its main partner in the region. The CPEC is going to become a vital instrument for Pakistan, so it could significantly increase Chinese influence. Yet, the whole situation risks jeopardizing Pakistan’s sovereign independence.

India-Pakistan longstanding dispute over Kashmir seems to be stagnated and will possibly remain as such in the following years. India has taken steps to annex its administered territory in Jammu and Kashmir and Pakistan could potentially follow. The possibility of an open conflict and a nuclear standoff remains possible as both nuclear powers have very different strategies and conceptions which could lead to a misinterpretation and a nuclear escalation. 

In the quest to rethink its foreign policy, the U.S.-Taliban peace and the empowerment of the group has come as a bolt from the sky for Pakistan. Through its ties with the Taliban, Pakistan could gain itself a major presence in the region namely by reaching out to Central Asia and advance its interest to curtail India’s influence. Amid a dire economic crisis, with regards to the Saudi Iranian Cold War, Pakistan could seek a way in which it can recalibrate its stance in favor of the resource-rich Saudi alliance while it appeases sectarian groups who could strongly oppose this potential policy.

 Pakistan ought to acknowledge that significant changes ought to be made in both the national and international sphere and that decisive challenges lay ahead.