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Latinoamérica aporta solo el 3% del contingente de las misiones de paz de la ONU

Uruguay contribuye con el 45,5% de los efectivos latinoamericanos y El Salvador es el segundo, con el 12%; ambos por delante de las potencias regionales

  • Del total de 82.480 efectivos de las catorce misiones de paz de la ONU a comienzos de 2020, 2.473 procedían de países latinoamericanos, la mayoría militares y policías

  • Casi todo el contingente procedente de la región sirve en misiones en África; el 45,4% lo hace en el plan de estabilización de la República Democrática del Congo

  • Tras Uruguay y después El Salvador, siguen Argentina, Brasil, Perú y Guatemala; en cambio México es de los que menos aporta (solo 13 expertos y empleados, no tropa)

Soldado boliviano en unos ejercicios de entrenamientos para misiones de paz de la ONU, en 2002 [Wikipedia]

▲ Soldado boliviano en unos ejercicios de entrenamientos para misiones de paz de la ONU, en 2002 [Wikipedia]

INFORME SRA 2020Jaime Azpiri [versión en PDF]

La aportación de Latinoamérica a las misiones internacionales de mantenimiento de la paz auspiciadas por Naciones Unidas queda por debajo del peso de su población y economía en el mundo (alrededor del 8% y del 7%, respectivamente). Del total de 82.480 personas que participaban en las distintas misiones de la ONU a 31 de enero de 2020, solo 2.473 procedían de países latinoamericanos, lo que supone el 2,9% del total. Similar porcentaje (3%) se registraba al considerar únicamente el personal militar o policial de las misiones (cerca de 2.150 uniformados, de un total de 70.738; el resto correspondía a empleados y expertos).

Se trata de una presencia exterior menor de la que cabría esperar, dada además la insistencia de muchos países de la región en el multilateralismo y la conveniencia de instituciones internacionales fuertes que limiten impulsos expansivos de las grandes potencias. Especial excepción constituye Uruguay, justamente la nación más coherente en su defensa del arbitraje internacional, que a pesar de su reducida población es la que, con diferencia, aporta más personal a las misiones de paz. Sus 1.125 enviados constituyen el 45,5% del contingente total latinoamericano.

Si la decidida contribución de Uruguay no extraña, sí sorprende que como segundo país con mayor participación sea El Salvador, con 293 personas (el 12% de la aportación latinoamericana). Siguen luego dos países de gran peso, Argentina y Brasil, (272 y 252 enviados, respectivamente); después Perú (231) y Guatemala (176). En cambio, México, a pesar de todo su potencial económico y humano, está especialmente ausente de estas misiones internacionales (solo 13 personas, además en concepto de empleados o expertos, no de tropa), tanto por restricciones constitucionales como por doctrina política. En el caso de Colombia (únicamente 2 expertos) puede deberse a la necesidad de destinar su fuerza militar íntegramente a la pacificación del propio país, si bien cabría esperar mayor capacidad y disponibilidad de un socio global de la OTAN, designación única en Latinoamérica que alcanzó en 2018.

El encargo internacional más atendido, que congrega al 45,4% del contingente total de la región, es la de misión de la ONU para la estabilización de la República Democrática del Congo, de cuyo nombre en francés deviene el acrónimo MONUSCO. En ella participan 1.123 latinoamericanos, cuya mayoría se ve constituida por el grueso de enviados uruguayos (934), con la mayor participación también de los guatemaltecos que están en misiones militares en el exterior (153).

 

 

Misiones anteriores destacadas

Si bien los países de América Latina en general participan poco en misiones militares en el extranjero, el envío de tropas al exterior no es ajeno a la propia historia de las repúblicas americanas tras su independencia. Una primera intervención fue la llamada “ABC”, coalición formada por Argentina, Brasil y Chile en el contexto de la Revolución Mexicana, a principios del siglo pasado, para evitar la guerra civil en el país norteamericano. Otro conflicto que requirió de intermediación fue la Guerra del Chaco en la década de 1930. En esta confrontación entre Paraguay y Bolivia, fueron cruciales las intervenciones de Chile y Argentina para definir posteriormente la reafirmación de la nacionalidad de la región del Chaco.

A finales del siglo XX la misión más importante fue la destinada a pacificar las repúblicas exyugoslavas, denominada por la ONU como UNPROFOR. Argentina fue el país latinoamericano con mayor presencia de efectivos en ese escenario. Poco después, en la misma década de 1990, se implementaron dos misiones internacionales, esta vez en el propio Hemisferio Occidental, para asegurar los acuerdos que ponían fin a las guerras civiles de El Salvador (ONUSAL) y Guatemala (MINUGUA). Al final de esa década se articuló la MOMEP para imponer un armisticio entre Perú y Ecuador, enfrentados en la Guerra del Cenepa.

También en Colombia algunos dirigentes barajaron en algún momento la posibilidad de solicitar la presencia de cascos azules con el fin de controlar y a largo plazo acabar con la insurrección de las FARC. El después presidente colombiano Álvaro Uribe propuso en 1998 la presencia de tropas internacionales ante la incapacidad del gobierno del momento de controlar la situación, pero la iniciativa no fue llevada a cabo. Tras el acuerdo de paz en 2016 las partes firmantes solicitaron a la ONU una misión de vigilancia del cumplimiento de los términos pactados, conocida como UNVMC, en la que opera un máximo de 120 personas (algunos civiles y un centenar de militares y policías), de las cuales, en enero de 2020, 94 procedían de países latinoamericanos.

 

 

La contraposición de Uruguay y México

Hoy los países de la región se encuentran presentes en 14 misiones de paz diferentes (del total de 21 que impulsa la ONU), especialmente en África pero también en otras partes del mundo. En MINUSCA, convocada para la pacificación de la República Centroamericana, participan 9 naciones latinoamericanas, el mismo número que lo hace en UNVMC, la misión de verificación de los acuerdos de paz en Colombia. En UNMISS, misión de asistencia en Sudán del Sur, participan 8 países y en MONUSCO, implementada en la República Democrática del Congo, lo hacen 7.

Como ya se ha dicho, Uruguay es el que aporta un mayor contingente a las misiones en curso (1.126 personas, a fecha de 31 de enero). Ese personal está destinado básicamente a MONUSCO (934) y en menor medida a UNDOF (170), que vela por la seguridad en los Altos del Golán como fuerza de separación entre sirios e israelíes; en total los cascos azules uruguayos están presente en 6 misiones distintas. Ese servicio ha sido especialmente reconocido por Naciones Unidas, que valora la larga trayectoria de Uruguay en esta materia: por ejemplo, destacó su asistencia en la misión llevada a cabo en Haití tras el desastre del huracán Dean, a la que entre 2007 y 2014 destinó 13.000 efectivos. La aportación de Uruguay, un país de apenas 3,5 millones de habitantes, es superior a la que en estos momentos realizan España (648), Francia (732) o Italia (1084).

Por el contrario, el caso de México es el más llamativo por su muy escasa participación en misiones de paz, teniendo en cuenta que es una de las potencias de la región. El país norteamericano es la segunda nación latinoamericana que más recursos emplea para el desarrollo de sus Fuerzas Armadas, con un total de 7 millones de dólares, situándose, con mucha diferencia, por detrás del primer puesto que le corresponde a Brasil, con un total de casi 29,5 millones de dólares. Históricamente, México ha llegado a participar en más de 80 misiones de paz, cediendo efectivos de la Policía Federal y del Ejército, generalmente en bajo número. El anterior presidente, Enrique Peña Nieto, anunció en 2014 que unidades mexicanas volverían a participar decididamente en operaciones armadas en apoyo a la ONU, sin embargo hoy su aportación se reduce a 13 personas (9 expertos y 4 empleados), que suponen solo el 1% de la participación latinoamericana. La razón más relevante para explicar el fenómeno mexicano es la larga tradición en favor de la doctrina Estrada de no intervención en los asuntos internos de otros países. Además, la Constitución mexicana restringe la actuación de tropas en el extranjero a menos que México haya declarado la guerra a un enemigo.

Venezuela persiste como el mayor foco de inseguridad de América Latina

La seguridad regional americana ha tenido su foco de preocupación en el último año en Venezuela. Repasamos además la venta de armas de Rusia y España a la región, la presencia latinoamericana en misiones de paz, la droga en Perú y Bolivia y los homicidios en México y Brasil

Igor Sechin, director ejecutivo de Rosneft, y Nicolás Maduro, en agosto de 2019 [Palacio de Miraflores]

▲ Igor Sechin, director ejecutivo de Rosneft, y Nicolás Maduro, en agosto de 2019 [Palacio de Miraflores]

INFORME SRA 2020Resumen ejecutivo [versión en PDF]

A lo largo de 2019, Latinoamérica tuvo varios focos de tensión –violentas protestas callejeras contra medidas económicas en Quito, Santiago de Chile y Bogotá, y contra decisiones políticas en La Paz y Santa Cruz, por ejemplo–, pero a medida que esos conflictos fueron apaciguándose (en algunos casos, solo temporalmente) emergió de nuevo el constante problema de Venezuela como epicentro de inseguridad en la región.

Reducida a mínimos la migración centroamericana a Estados Unidos por las restrictivas medidas de la Administración Trump, han sido los migrantes venezolanos quienes sobre todo han seguido llenando los arcenes de las carreteras sudamericanas desplazándose de un país a otro, sumando ya más de cinco millones de refugiados. Las dificultades que ese incremento de población conlleva para los países de acogida indujo a varios de ellos a aumentar su presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, aprobando en la OEA la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Pero eso no empujó a Maduro fuera del poder, como tampoco la asunción en enero de 2019 por parte de Juan Guaidó del cargo de presidente encargado de Venezuela (reconocido por más de cincuenta países), el fallido golpe de mano de unos meses después o la supuesta invasión de la Operación Gedeón de mayo de 2020.

Aunque Maduro parezca estabilizado, el trasfondo geopolítico se ha ido moviendo. El año 2019 vio cómo Rosneft se afianzaba en Venezuela como brazo del Kremlin, una vez China se había alejado como aportadora de créditos. El riesgo de no recobrar todo lo prestado hizo que Rusia actuara a través de Rosneft, obteniendo el beneficio de comercializar hasta el 80% del petróleo del país. Sin embargo, las sanciones de Estados Unidos finalmente forzaron la marcha de la energética rusa, de forma que a comienzos de 2020 a Maduro no le quedó otro gran socio extrahemisférico al que acudir que Irán. La república islámica, sometida a su vez a un segundo régimen sancionador, volvía así a la estrecha relación que mantuvo con Venezuela en el primer periodo de castigo internacional, cultivada por el tándem Chávez-Ahmadineyad.

Esa presencia iraní es seguida con atención por Estados Unidos (coincide con un despliegue del Comando Sur en el Caribe), siempre alerta ante cualquier impulso que Hezbolá –proxy iraní– pueda recibir en la región. En realidad, 2019 supuso un importante salto en la disposición de los países latinoamericanos contra esa organización, pues varios de ellos la calificaron por primera vez de terrorista. Argentina, Paraguay, Colombia y Honduras aprobaron esa declaración, a raíz de cumplirse en julio el 25 aniversario del atentado contra la AMIA, atribuido a Hezbolá. Brasil y Guatemala se comprometieron a hacerlo en breve. Con ese señalamiento varios de esos países erigieron listas de organizaciones terroristas, lo que permite aunar estrategias.

La desestabilización de la región por la situación en Venezuela tiene una clara manifestación en la acogida y promoción en ese país de las guerrillas colombianas. En agosto el ex número dos de las FARC, Iván Márquez, y algún otro antiguo dirigente anunciaron, presumiblemente desde territorio venezolano, su vuelta a las armas. Tanto ese núcleo disidente de las FARC como el ELN habían comenzado a consolidarse a finales de año como grupos colombo-venezolanos, con operaciones no ya solo en la zona fronteriza de Venezuela, sino en el interior del país. Ambos grupos tienen en conjunto unos 1.700 efectivos en Venezuela, de los que casi 600 serían venezolanos reclutados, constituyendo con ello otra fuerza de choque al servicio de Maduro.

La salida rusa de Venezuela sucede en un momento de aparente menor actividad de Moscú en Latinoamérica. Ocurre así, desde luego, en el terreno de la venta de armas. Rusia, que se había convertido en un importante exportador de material militar a la región, ha visto disminuir sus ventas los últimos años. Si durante la década de oro del boom de las materias primas diversos países gastaron parte de sus importantes ingresos en la adquisición de armamento (lo que además coincidió con la propagación de la marea bolivariana, mejor relacionada con Moscú), el desplome del precio de las commodities y algunos cambios gubernamentales hicieron que en el periodo 2015-2019 Latinoamérica solo sea el destino del 0,8% del total de armas exportadas por Rusia. Estados Unidos ha recuperado su puesto de mayor vendedor al resto del continente.

España ocupa un destacado espacio en el mercado de armas, como séptimo exportador del mundo. Sin embargo, queda atrás en las preferencias de los países latinoamericanos, a los que vende menos material de defensa de lo que le correspondería por el volumen de comercio general que mantiene con ellos. No obstante, el nivel de ventas aumentó en 2019, tras un año de cifras especialmente bajas. En los últimos cinco años, España ha vendido a Latinoamérica el 3,6% de sus exportaciones armamentísticas mundiales; en ese periodo, sus principales clientes fueron México, Ecuador, Brasil, Perú y Colombia.

La mejor dotación de equipamientos militares podría hacer pensar en una mayor participación en las misiones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, quizá como modo de mantener activo un Ejército, en un contexto de falta de despliegues regionales. Sin embargo, del total de 82.480 efectivos de las catorce misiones de paz de la ONU que había a comienzos de 2020, 2.473 procedían de países latinoamericanos, lo que supone solo un 3% del contingente total. Además, casi la mitad del personal era aportado por un país, Uruguay (45,5% de los efectivos regionales). Otro pequeño país, El Salvador (12%), es el siguiente en compromiso con las misiones, mientras que los grandes países están infrarrepresentados, singularmente México.

En cuanto a seguridad ciudadana, 2019 aportó la buena noticia de la reducción de los homicidios en Brasil, que descendieron en un 19,2% respecto al año anterior, en contraposición a lo ocurrido en México, donde subieron un 2,5%. Si en su primer año como presidente, Jair Bolsonaro se apuntaba un importante logro, gracias a la gestión del superministro de Seguridad Sérgio Moro (éxito empañado por el aumento de las muertes accidentales en operaciones policiales), en su primer año Andrés Manuel López Obrador incumplía una de sus principales promesas electorales y era incapaz de quebrar la tendencia al alza en los homicidios que invariablemente se ha dado anualmente a lo largo de los mandatos de sus dos predecesores.

Por lo que respecta a lucha contra el narcotráfico, en 2019 se produjeron dos hechos especialmente positivos. Por un lado, la erradicación de cultivos de coca por primera vez en el VRAEM, la zona de mayor producción de Perú. Dada su complicada accesibilidad y la presencia de los reductos de Sendero Luminoso, la zona había quedado previamente al margen de las operaciones de este tipo. Por otro lado, el cambio presidencial en Bolivia significó, según Estados Unidos, un mayor compromiso de las nuevas autoridades en combatir el cultivo ilícito de coca e interceptar el transporte de droga que llega desde Perú. En los últimos años Bolivia se ha convertido en el gran distribuidor de cocaína de la mitad sur de Sudamérica, conectando la producción peruana y boliviana con los mercados de Argentina y sobre todo Brasil, y con sus puertos exportadores hacia Europa.

La seguridad pre-Covid en la región americana

Venezolanos saliendo del país para buscar modo de subsistencia en algún lugar de acogida [UNHCR ACNUR]

▲ Venezolanos saliendo del país para buscar modo de subsistencia en algún lugar de acogida [UNHCR ACNUR]

 

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INFORME SRA 2020Presentación

La pandemia del Covid-19 ha modificado radicalmente los supuestos de seguridad en todo el mundo. La emergencia del coronavirus pasó de China a Europa, luego a Estados Unidos y enseguida al resto del Hemisferio Occidental. Ya perjudicada económicamente por su dependencia de las exportaciones de commodities desde el comienzo del parón chino, Latinoamérica fue padeciendo las sucesivas restricciones de las distintas áreas geográficas, para finalmente entrar también en una crisis de producción y consumo y de catástrofe sanitaria y laboral. Previsiblemente la región será una de las más largamente castigadas, con efectos igualmente en el campo de la seguridad.

El presente informe anual, no obstante, atiende a la seguridad regional americana de 2019. Aunque en ciertos aspectos incluye hechos de principios de 2020, y por tanto algunos primeros efectos de la pandemia, la incidencia de esta en asuntos como la geopolítica regional, las dificultades presupuestarias de los estados, el crimen organizado o la seguridad ciudadana quedan para el informe del próximo año.

En la medida en que en recientes meses otros desarrollos que en 2019 afectaron a la seguridad se mostraron de algún modo transitorios, Venezuela se mantuvo como el principal foco de inseguridad regional durante el año pasado. En el informe analizamos el regreso de Irán al país caribeño, después de que primero China y después Rusia hayan preferido no ver perjudicados sus propios intereses económicos; también constatamos la consolidación del ELN y parte de las exFARC como grupos binacionales colombo-venezolanos.

Además, destacamos el avance en el señalamiento por primera vez de Hezbolá como grupo terrorista por varios países y aportamos cifras sobre la caída de la venta de armas de Rusia a Latinoamérica y sobre la relativa poca comercialización en la región del material de defensa producido por España. También cuantificamos la aportación de efectivos latinoamericanos a las misiones de paz de la ONU, así como el éxito de Bolsonaro y el fracaso de AMLO en la evolución de los homicidios en Brasil y México. En cuanto al narcotráfico, en 2019 se dio la primera operación de erradicación de cultivos de coca en el VRAEM, la zona de Perú más complicada en la lucha antinarcóticos.