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Las zonas francas del Caribe, impulsadas por la 'glocalización' del Covid-19

La pandemia refuerza el valor de los centros de producción en las mismas subregiones

Las zonas francas de Centroamérica y del Caribe han sido un importante motor para las economías de la región. Favorecidas por la creciente globalización de las últimas décadas, ahora podrían verse potenciadas por un fenómeno en dirección opuesta: la «glocalización», la conveniencia de que los centros de producción estén en la misma subregión, cerca de los grandes mercados, para así evitar los problemas en las cadenas de suministros distantes vistos durante esta crisis del Covid-19 que tanto ha afectado al transporte y las comunicaciones. Los dos países líderes latinoamericanos en zonas francas, República Dominicana y Costa Rica, ofrecen mano de obra a precio conveniente y suficientemente cualificada a las puertas de Estados Unidos.

Una de las zonas francas de República Dominicana [CNZFE]

▲ Una de las zonas francas de República Dominicana [CNZFE]

ARTÍCULOPaola Rosenberg

Las denominadas zonas francas, también conocidas en algunos países como zonas libres, son áreas estratégicas dentro de un territorio nacional que poseen ciertos beneficios tributarios y aduaneros. En ellas se desarrollan actividades comerciales e industriales favorecidas por normas especiales de exportación e importación. Es un modo de potenciar la inversión y el empleo, así como la producción y exportación, logrando con ello el desarrollo económico de una parte del país o de su conjunto.

Las zonas francas son importantes en Latinoamérica, constituyendo en el caso de las economías más reducidas los principales núcleos de producción y de exportación. De acuerdo con la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA), en el mundo existen unas 3.500 zonas francas, de las cuales 400 se encuentran en Latinoamérica, lo que supone el 11,4% del total. Dentro de esta región, tienen un especial peso en los países de Centroamérica y del resto de la cuenca del Caribe. Son singularmente importantes en República Dominicana y Costa Rica, así como en Nicaragua, El Salvador, Colombia y Uruguay (también en Puerto Rico).

Estos países se benefician de contar con abundante mano de obra (especialmente formada en el caso costarricense) y a bajo costo (singularmente en el caso nicaragüense), y ello cerca de Estados Unidos. Para fabricantes que desean entrar en el mercado estadounidense puede resultar interesante invertir en esas zonas francas, aprovechando las ventajas fiscales y las condiciones de la mano de obra, al tiempo que su producción se encontrará geográficamente muy cerca de su lugar de destino.

Esto último gana puntos en un mundo post Covid-19. La tendencia a una subregionalización, ante la fractura de las dinámicas de la globalización, ha sido destacada para otras áreas del continente americano, como es el caso de la Comunidad Andina, pero igualmente tiene un gran sentido para una mayor integración entre Estados Unidos y el Gran Caribe. En la medida en que, además, EEUU camine hacia un cierto desacoplamiento de China, las zonas francas de esta área geográfica pueden cobrar también una mayor relevancia.

 

Reproducción del informe gráfico de la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA), 2018

Reproducción del informe gráfico de la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA), 2018

 

Zonas francas de exportación

Las zonas francas pueden estar destinadas a la exportación (mercado externo), a la sustitución de importaciones (mercado interno) o a ambas cosas. Las primeras pueden tener un alto componente industrial, bien buscando la diversificación o dependiendo de las maquilas, o poner el acento en los servicios logísticos (en el caso de las zonas libres de Panamá).

Las zonas francas de exportación de productos han tenido un especial éxito en República Dominicana y Costa Rica. Como indica la AZFA, de los 31.208 millones de dólares exportados desde las zonas francas latinoamericanas en 2018, el primer puesto correspondió a las dominicanas, con 5.695 millones, y el segundo a las costarricenses, con 4.729 millones (el tercer puesto fue para Puerto Rico, con 3.000 millones). Las exportaciones desde las zonas francas de República Dominicana supusieron el 56% de todas las exportaciones realizadas por ese país; en el caso de Costa Rica fue del 48% (el tercero en el ranking fue Nicaragua, con el 44%).

República Dominicana es el país con mayor número de zonas francas (71 zonas de multiempresas) y sus 665 empresas generaron mayor cantidad de empleos directos (165.724). Costa Rica cuenta con 48 zonas francas (en tercera posición, tras Nicaragua), y sus 343 empresas generaron 93.496 puestos de trabajo directos (en quinta posición).

En cuanto a la rentabilidad que para el país supone esta modalidad económica, por cada dólar exonerado entre 2010 y 2015 las zonas francas de Costa Rica generaron un promedio de 6,2 dólares y 5 dólares las de la República Dominicana (El Salvador ocupó la segunda posición, con 6 dólares).

Por lo que se refiere específicamente a Costa Rica, un informe de finales de 2019 de la entidad costarricense de promoción del comercio exterior, Procomer, situó la contribución de las zonas francas en el 7,9% del PIB, generando un total de 172.602 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, con un crecimiento anual del número de empleos de un 10% de promedio anual entre 2014 y 2018. En esas zonas está el 12% del empleo formal del sector privado del país. Un dato importante sobre la contribución al desarrollo de la economía local es que el 47% de las compras realizadas por las firmas situadas en las zonas francas fueron a empresas nacionales. Una dimensión social destacada es que las zonas aportaron 508 millones de dólares a la Caja Costarricense de Seguro Social en el 2018.

El régimen de zonas francas de la República Dominicana es especialmente aplaudido por el Banco Mundial, que califica a este país de pionero en este tipo de instrumento de promoción productiva y comercial, presentándolo como “el caso de éxito más conocido en el hemisferio occidental”. De acuerdo con las estadísticas del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), estas han contribuido en los recientes ejercicios al 3,3% del PIB, ayudando con ello a los importantes crecimientos de la economía del país en los últimos años (una de las mayores tasas de la región, con un promedio por encima del 6% hasta el comienzo de la presente crisis mundial). La cercanía geográfica a Estados Unidos hace que sus zonas francas sean ideales para empresas estadounidenses (casi el 40% de la inversión llega de EEUU) o para empresas de otros países que quieran exportar al gran mercado norteamericano (el 34% de la exportación se dirige a EEUU).

¿Sigue siendo Costa Rica un modelo de institucionalidad?

El deterioro de los últimos años parece hacerse corregido en varios indicadores sobre salud democrática y entorno económico

Costa Rica ha constituido tradicionalmente un modelo de funcionamiento democrático en una región con serios déficits institucionales, lo que le ha valido un papel de mediador en diferentes conflictos. El aumento de los problemas internos –huelgas, protestas ciudadanas, crisis del bipartidismo...– han parecido laminar los últimos años el prestigio internacional costarricense. ¿Sufre Costa Rica un deterioro democrático e institucional?

Fachada del Teatro Nacional de Costa Rica, en San José [Pixabay]

▲ Fachada del Teatro Nacional de Costa Rica, en San José [Pixabay]

ARTÍCULORamón Barba

La inquietud política de los últimos años en Costa Rica, en un contexto regional de “voto del enojo” y del consiguiente “fenómeno outsider”, ha dado la impresión de un retroceso en las virtudes institucionales del país. El objetivo de este artículo es determinar, atendiendo a distintos indicadores sobre salud democrática y satisfacción económica y política, si existen datos objetivos que ratifiquen esa percepción.

Para este propósito se analizarán primero un conjunto de indicadores, elaborados por el Banco Mundial, la Fundación Konrad Adenauer y la revista The Economist, y luego se tendrán también en cuenta algunos resultados de la encuesta Latinobarómetro. Compararemos los valores registrados en 2010, 2013, 2016 y, cuando sea posible, 2018.

Indicadores

En cuanto al Democracy Index elaborado por The Economist, aunque Costa Rica mantiene su segundo puesto entre las democracias latinoamericanas, por detrás de Uruguay y por delante de Chile (son los tres países que suelen obtener mejor nota en los diferentes parámetros institucionales de la región), en el último decenio se observa un declive democrático costarricense, aparentemente superado en el más reciente informe. De una puntuación de 8,04 lograda en el Democracy Index de 2010, Costa Rica bajó a 8,03 en 2013 y 7,88 en 2016, para recuperar terreno en 2018 con un 8,07. El país sigue siendo la mejor democracia de Centroamérica, seguida a distancia de una estable Panamá.

El deterioro de los últimos años también ha sido recogido por el Índice de Desarrollo de las Democracias en Latinoamérica (IDD-LAT), de la Fundación Konrad Adenauer, que aún no ha publicado datos referidos a 2018, por lo que este índice no puede avalar si ha habido una reciente recuperación. En 2010, Costa Rica contaba con una puntuación media de 9,252; apenas varió en 2013, con un cifra de 9,277, pero bajó claramente en 2016, con 8,539 puntos. Los componentes del índice que más se resintieron fueron el de creación de políticas de bienestar y el de eficiencia económica, donde bajó del 1º y 5º puesto, respectivamente, al 8º y 12º. El hecho de que Costa Rica se mantuviera esos años entre el puesto 1º y 3º en derechos civiles y políticos y en eficiencia institucional y política muestra que la inquietud social de esos años estuvo más en la esfera económica que en la institucional.

Los indicadores de Buen Gobierno del Banco Mundial registran también un pequeño retroceso en el caso de Costa Rica entre los años 2013 y 2016 (datos más recientes aún no han sido publicados). En cuanto a los baremos de Estado de Derecho y Efectividad del Gobierno la puntuación bajó de 0,6 y 0,5, respectivamente, a 0,5 y 0,4. En el baremo de Control de Corrupción apenas ha habido cambios.

 

Valoración ciudadana

Los anteriores indicadores están elaborados por expertos, que al aplicar criterios estandarizados procurar ofrecer una estimación objetiva. Pero también hemos querido tener en cuenta la opinión de los mismos ciudadanos, manifestada en la encuesta Latinobarómetro. Estas pueden ser útiles para indicar la percepción que existe entre la población en torno a la salud institucional del país: la satisfacción que existe sobre el sistema de gobierno y sobre el sistema económico.

El valor de la democracia se mantiene en altos porcentajes en Costa Rica, a pesar de una tendencia negativa en el conjunto de la región. Atendiendo a cuatro valores que el Latinobarómetro ha incluido en sus encuestas correspondientes a los años aquí elegidos para nuestra comparación, vemos que efectivamente en 2016 la percepción ciudadana era la de un empeoramiento de la situación, pero en 2018 se observa una mejora, alcanzando niveles incluso más positivos que en 2013. En cuanto a la valoración de la democracia, su consideración como mejor sistema de gobierno bajó del 77% al 72% y luego ha subido de nuevo al 77%, mientras que su catalogación como sistema preferible ha ido en aumento: 53%, 60% y 63%.

La percepción del entorno económico, por su parte, tuvo un bache en 2013, pero hoy se sitúa en mejores condiciones. La afirmación de “se está progresando” bajó del 15% al 12%, pero en 2018 llegó al 22%, mientras que la satisfacción con las perspectivas económicas personales futuras descendió del 45% al 20% para estar en 2018 en el 52%.

 

Inquietud política

Costa Rica es un país que conserva unas instituciones fuertes, aunque el panorama político se encuentra más dividido. Prueba de ello es el fin del bipartidismo (1953-2014), propiciado por el menor apoyo al Partido de Liberación Nacional (PLN) y al Partido de Unidad Social Cristiana (PUSC) y el surgimiento del Partido Acción Ciudadana (PAC), al que pertenece el actual presidente del país, Carlos Alvarado.

Asuntos de corrupción como el “caso cimentazo”, la elevada deuda pública que ha obligado a recortes en un país con ciertas prestaciones sociales muy consolidadas y un ambiente tanto regional como internacional proclive a soluciones populistas pueden estar detrás del desasosiego político observado en Costa Rica los últimos años.

Esto ocurre en un contexto del “voto del enojo” en Latinoamérica, que surge como consecuencia de las actuaciones políticas de los últimos veinte años en la región y de un fortalecimiento de las clases medias. La insatisfacción ciudadana ha propiciado el surgimiento de políticos outsider: gente con relativa popularidad, corta carrera política, sin estrategia determinada y con un discurso “anti-político”. Se trata de un patrón que, aunque está en el surgimiento del PAC, en cualquier caso no se corresponde plenamente con la personalidad del presidente Alvarado, quien en realidad parece haber contribuido a reconducir la inquietud costarricense.

Conclusiones

Así, del análisis de los datos aquí observados, cabe concluir que efectivamente hubo un ligero deterioro tanto de las circunstancias institucionales como especialmente de las condiciones o expectativas económicas entre 2013 y 2016, pero los distintos baremos han vuelto en 2018 a valores previos, incluso mejorando en algún caso cotas de hace diez años. Esto es algo que se observa tanto en los indicadores a cargo de expertos que siguen procedimientos objetivos estandarizados como en las encuestas de percepción subjetiva ciudadana.

La muestra utilizada y las catas temporales realizadas no han sido exhaustivas, por lo que no es posible especificar si las variaciones aquí constatadas son vaivenes circunstanciales o son parte de una tendencia que apunte en una determinada dirección.