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El proceso de paz y el Covid reducen los homicidios en Colombia a mínimos históricos

El elevado número de dirigentes sociales asesinados sigue consternando al país: 904 asesinatos desde el Acuerdo de Paz de 2016

° En 2020 hubo en Colombia 24,3 homicidios por 100.000 habitantes, la cifra más baja desde 1975, en que hubo una tasa similar, y por debajo de la de otros países de la región

° El número de homicidios fue en 2020 de 12.018, siguiendo el progresivo descenso que se registra desde 2002, solo abiertamente roto en 2012, cuando los asesinados fueron 16.033

° Los estudios concluyen que existe una relación entre la desmovilización de las FARC y el consistente descenso del nivel de violencia que está experimentando el país

Ceremonia religiosa en Dabeiba en febrero de 2020, tras recuperar los restos de un desaparecido en 2002 [JEP]g

INFORME SRA 2021 Isabella Izquierdo [versión en PDF]

Colombia está reduciendo paulatinamente sus niveles de violencia, al menos en cuanto a tasa de homicidios se refiere, que en 2020 descendió a 24,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, la cifra más baja desde 1975. Aunque el drama del asesinato de líderes sociales ha sobrecogido a la sociedad colombiana en la gestión del posconflicto, la objetividad de las cifras totales habla de una reducción de las muertes violentas. Ese descenso ha estado auspiciado en los últimos años por el abandono de la lucha armada por parte de las FARC y presumiblemente se ha visto favorecido en 2020 por los prolongados confinamientos establecidos para hacer frente a la propagación de pandemia de Covid-19.

El país cerró 2020 con 12.018 homicidios, la cifra más baja en décadas, constituyendo menos de la mitad de los que se producían a comienzos de los años 90, en el periodo más duro del conflicto armado. En aquella época el número de homicidios superaba los 28.000 anuales, lo que constituía alrededor de 80 homicidios por 100.000 habitantes. Desde entonces, con leves repuntes en 2002 y en 2012, Colombia ha ido reduciendo sus niveles de violencia y hoy su tasa de homicidios está lejos de los récords que están marcando otros países de la región: a pesar de que en algunos casos la emergencia sanitaria también ha ayudado a rebajar las cifras, en 2020 las mayores tasas fueron las de Jamaica (46,5 homicidios por 100.000 habitantes), Venezuela (45,6), Honduras (37,6), Trinidad y Tobago (28,2) y México (27).

[En el caso de Colombia, las autoridades hablaron al término de 2020 de una tasa de 23,79, aunque cifras ulteriores de homicidios de la Policía Nacional y datos de población dan como resultado del cálculo el 24,3 por el que aquí se ha optado).

Conflicto y posconflicto

Si bien la guerrilla del ELN se mantiene activa y varias disidencias de las FARC siguen en actividades criminales, alrededor de 8.000 excombatientes se incorporaron a la vida civil a raíz del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC, comenzado a negociar en 2012 y firmado en 2016.

Los años anteriores al comienzo de los contactos registraron un aumento de la violencia, para luego decrecer de modo sostenido desde entonces, no solo la relativa al conflicto político sino también la relativa a la criminalidad en general. Al investigar las tasas de homicidio en los años de los diálogos de paz con las FARC, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol en Colombia evidenciaron una estrecha relación: cuando la confrontación armada crecía o disminuía, en función de los intereses de los negociadores, en igual medida lo hacía la cifra total de homicidios. La buena marcha de la negociación marcó una dinámica de desescalada del conflicto armado, con una reducción del 8,57% en la tasa de homicidios entre 2012 y 2015.

En 2017, firmado ya el Acuerdo de Paz, la violencia en Colombia alcanzó sus números más bajos en 30 años, con 12.079 homicidios y una tasa de 25,02 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en 2018 la tendencia varió ligeramente (12.130 homicidios), algo que se pronunció en 2019 (12.667), lo que alertó sobre la necesidad de implementar con rapidez las condiciones de reinserción de los excombatientes, mejorar la seguridad en las zonas desmilitarizadas y aumentar la presencia estatal en el territorio.

El Instituto de Medicina Legal concluyo que las cifras de homicidios de 2018 parecían evidenciar una reactivación del conflicto armado colombiano. Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó en 2019 un informe evaluando la situación de derechos humanos en Colombia, con énfasis en la implementación de los contenidos en el Acuerdo de Paz: la mayores cifras de homicidios se daban en Antioquia, Cauca y Norte de Santander, donde los enfrentamientos por el control de las economías ilícitas eran más violentos.

Efecto del Covid

Las medidas adoptadas en relación con el posconflicto y la llegada de la pandemia, con sus restricciones de movimiento, volvieron a conducir en 2020 a un descenso de los homicidios. En el período del 20 de marzo al 17 de agosto de 2020, cuando se dieron los confinamientos más estrictos, los homicidios diarios por municipio cayeron, en promedio, un 16% respecto de la tendencia que exhibían antes de las medidas de distanciamiento social. En las semanas de cuarentena total, el número diario de homicidios cayó incluso alrededor de un 40% respecto de la tendencia previa a la cuarentena. A partir de junio de 2020, el número de homicidios retornó a las tendencias anteriores a la emergencia sanitaria. La criminalidad bajó los primeros meses por el miedo al contagio, pero rápidamente volvió a las cifras acostumbradas, especialmente en cuanto a robos y hurtos, cuando empeoró la situación económica y aumentó la necesidad de alimentación entre la población de escasos recursos. Sin embargo, por lo ocurrido el primer semestre del año, Colombia cerró 2020 con la tasa de homicidios más baja en los últimos 46 años.

Un dato claramente negativo de 2020, no obstante, fue la continuación de la violencia dirigida contra líderes sociales y excombatientes. El año pasado 297 dirigentes locales fueron asesinados, lo que eleva a 904 los agentes sociales muertos desde 2016 hasta febrero de 2021. En ese mismo periodo, 276 antiguos guerrilleros resultaron asesinados, la mayor parte de ellos implicados en comparecencias ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

Guerrillas y sus apologetas: el lado equivocado de la historia

[Iván Garzón, Rebeldes, Románticos y Profetas. La responsabilidad de sacerdotes, políticos e intelectuales en el conflicto armado colombiano (Bogotá: Ariel, 2020) 330 págs]

RESEÑAPaola Rosenberg

Rebeldes, Románticos y ProfetasEl libro “Rebeldes, románticos y profetas” escrito por Iván Garzón muestra el papel jugado por sacerdotes, políticos e intelectuales en el conflicto armado interno en Colombia y la responsabilidad que tuvieron en él. Una guerra que marcó al país en el ámbito político, económico, social e ideológico. Los movimientos revolucionarios en América Latina se caracterizaron por el uso de la violencia y el empleo de las armas para llegar al poder; más o menos fuertes según los países, los grupos guerrilleros tuvieron en cualquier caso una gran influencia en el devenir de los acontecimientos en la región durante la segunda mitad del siglo XX. El ensayo de Garzón, profesor de Teoría Política en la Universidad de La Sabana, se enfoca especialmente en el papel de la Iglesia Católica en los diferentes movimientos y en las ideas y acciones contradictorias que sostuvieron el conflicto en el tiempo [así resume él su propósito en este vídeo].

“Rebeldes, románticos y profetas” cuestiona y critica la responsabilidad de estos grupos en torno al recurso de la violencia y del uso de las armas para lograr un cambio social en Colombia. Iván Garzón reta a los participantes del conflicto armado en Colombia a reflexionar sobre su rol en el mismo y de igual manera a asumir su responsabilidad para construir una mejor sociedad. Además, el libro pretende abrir un debate sobre el pasado, el presente y el futuro del papel y la influencia de la Iglesia Católica y de los intelectuales en la sociedad.

Las olas revolucionarias en Latinoamérica en aquellos años se fortalecieron gracias a las ideas marxistas de la época. Aquellas ideas defendían que el desarrollo económico de los países tercermundistas no era posible sin una ruptura del mercado capitalista; debido a la desigualdad social y la lucha de clases. Por ello se debía advocar por el uso de la violencia y así llegar al poder. Tras el triunfo en la revolución cubana en 1959, las ideas guerrilleras se fueron expandiendo con rapidez por toda América Latina. Cuba demostró que la revolución era posible: mediante la lucha armada y las ideas marxistas se podía lograr un desarrollo social. Así fue como empezaron a surgir los fuertes movimientos revolucionarios en estos países. Colombia definitivamente no fue una excepción.

Uno de los jóvenes y principales protagonistas mencionados en el libro es Camilo Torres, quien fue arrastrado por las olas revolucionarias en Colombia. También conocido como “el cura guerrillero” o el “Che Guevara de los cristianos”, Torres fue un líder muy influyente en Colombia en la segunda mitad del siglo XX. Un sacerdote guerrillero, héroe para unos, pero villano para los otros. Con solo 37 años, murió en un enfrentamiento de tropas el 15 de febrero de 1966, un año después de haberse unido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Dispuesto a sacrificar su vida y empuñar las armas por su país y el cambio social, Torres afirmaba que la revolución era inevitable y había que contribuir a ella. Distintos intelectuales valoran su figura en el libro: unos critican al sacerdote por su “fracaso” y su decisión incorrecta al tomar las armas, otros lo justifican al señalar que se sometió ante una “guerra justa”.

Camilo Torres representa al grupo de los rebeldes, a los que el autor describe como los “guerreros de una revolución fallida”. Estos utilizaban las armas desde un compromiso muchas veces religioso. Justificaban la violencia y la veían como una representación del honor, la valentía y la entrega. Los rebeldes decidieron tomar las armas, salir al monte e incorporarse a la guerrilla para darle eficacia a la fe cristiana y ayudar a los pobres. Muchos de estos rebeldes como Torres se centraban en el mandato principal del cristianismo de amar al prójimo. Sentían la obligación de colaborar para lograr un cambio radical en las estructuras políticas, económicas y sociales del país. Deseaban una sociedad más justa y sacrificaban su vida para lograrla, sin importar los medios. Muchos llegaron a la conclusión que la única manera de obtener este cambio era a partir de la lucha violenta. Su actuación muestra cómo las ideas dominantes de la época justificaban el uso de la violencia, yendo en contra de las ideas puramente cristianas.

En el conflicto también hubo el grupo de los “románticos”, aquellos que aprobaban la causa, la respetaban, pero no se ensuciaban las manos. Fueron sacerdotes, políticos e intelectuales que intervinieron en el debate moral e intelectual para justificar las razones de la revolución. Eran los apasionados, las mentes detrás de los actos que influenciaban directamente a los guerreros que se iban al monte a luchar.

Por último, se encontraban los “profetas”: los sacerdotes, políticos e intelectuales que se opusieron completamente a la lucha armada y al uso de la violencia para la lograr cambios en la sociedad. Los profetas se negaron a hacer un pacto con el diablo y traicionar los valores morales de la Iglesia. Pensaban que existían otros medios para alcanzar la justicia social; medios pacíficos y sin sangre. En fin, estos fueron los que tuvieron la razón; fue una lucha inútil, costosa y sin victoria.   

En conclusión, tanto los rebeldes como los románticos encontraban en sus visiones morales y políticas una justificación plena del uso de la violencia. Los profetas nunca aprobaron esta causa, sino que la criticaron enfatizando su carácter secularizado y contradictorio. Iván Garzón pretende abrir un debate sobre la legitimidad o ilegitimidad del uso de la violencia como medio político para alcanzar la justicia.

Hoy en día, la palabra revolución sigue siendo vinculada a la violencia debido a los muchos conflictos traumáticos vividos por numerosas naciones latinoamericanas. En Colombia, como en muchos otros países, los revolucionarios ganaron en el ámbito ideológico, pero no en el práctico. Por esta razón, se puede concluir que en general los conflictos violentos internos solo conducen a desestabilizar los países y a acabar con vidas inocentes. El libro intenta hacer reflexionar a los religiosos e intelectuales participantes en el conflicto armado sobre su responsabilidad o culpabilidad en el mismo. Esta discusión entre la crítica o la justificación de la lucha armada sigue siendo hoy en día necesaria debido a la constante amenaza de las instituciones democráticas en América Latina.

El proceso de paz de Colombia aguanta

El cambio de Gobierno y su visión más estricta han ralentizado la implementación del acuerdo, pero este avanza en su aplicación

La implementación del acuerdo de paz en Colombia se está llevando a cabo con más lentitud de la que preveían quienes lo firmaron hace dos años, pero no ha habido la parálisis o incluso la crisis que vaticinaban quienes se opusieron a la elección de Iván Duque como presidente del país. La última estimación habla de un cumplimiento de lo estipulado en el acuerdo de paz cercano al 70%, si bien ya se está produciendo un incumplimiento en el 30% restante.

El presidente colombiano, Iván Duque, en una acto público [Efraín Herrera-Presidencia]

▲ El presidente colombiano, Iván Duque, en una acto público [Efraín Herrera-Presidencia]

ARTÍCULOMaría Gabriela Fajardo

Iván Duque llegó a la Casa de Nariño –la sede de la presidencia colombiana– con el lema “Paz con Legalidad”, título que sintetizaba su compromiso de aplicar el acuerdo de paz, firmado en noviembre de 2017, pero reduciendo los márgenes de impunidad que a su juicio y el de su partido, el Centro Democrático, existían para los antiguos combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Cuando se cumple un año de su elección como presidente, cabe realizar un análisis de cómo está siendo la implementación del acuerdo de paz.

Cerca del 70% de las disposiciones del acuerdo se han cumplido ya, total o parcialmente, o lo harán en el tiempo fijado, de acuerdo con la estimación del Instituto Kroc, encargado de hacer la estimación oficial de la implementación del proceso de paz. Según su tercer informe, publicado en abril, el 23% de los compromisos se han cumplido completamente, el 35% han alcanzado niveles avanzados de implementación y se espera que el 12% se cumplan del todo en el momento estipulado. Con todo, existe casi un 31% del contenido del acuerdo que no se ha comenzado a ejecutar, cuando debía estar ya en marcha.

Las Naciones Unidas, a las que el acuerdo concede un papel supervisor, han subrayado los esfuerzos realizados por el nuevo Gobierno para activar las distintas instancias previstas en el texto. En su informe al Consejo de Seguridad, el secretario general de la ONU, António Guterres, destacó a finales de 2018 la puesta en marcha de la Comisión de Seguimiento, Promoción y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) y del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR).

Como ha indicado Raúl Rosende, jefe de gabinete de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, el informe de Guterres estimó positivamente que se hubiera “obtenido la aprobación de 20 proyectos colectivos y 29 proyectos individuales de excombatientes en proceso de reincorporación, valorados en 3,7 millones de dólares y que beneficiarán en total a 1.340 excombatientes, incluidas 366 mujeres”. Esos proyectos han contado con la participación de las gobernaciones de Antioquia, Chocó, Cauca, Meta, Santander, Sucre y Valle del Cauca, las cuales han facilitado mesas departamentales de reincorporación para coordinar esfuerzos locales y regionales, involucrando así en mayor medida a la sociedad civil colombiana.

La ONU también ha expresado algunas preocupaciones, compartidas por la sociedad civil colombiana. La principal tiene que ver con la seguridad en algunas de las zonas históricas del conflicto en las que un elevado número de líderes sociales han sido asesinados. Los asesinatos se han concentrado en Antioquia, Cauca, Caquetá, Nariño y Norte de Santander. De esta forma, a lo largo 2018 fueron asesinados al menos 226 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). La Defensoría del Pueblo situó la cifra en 164.

Además, como ha recordado Rosende, en muchas de las comunidades indígenas han tenido lugar asesinatos, amenazas y desplazamiento forzoso. Esto se ha dado en territorios étnicos de los pueblos awá, embera chamí y nasa en Caldas, Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.

Junto a los éxitos y las preocupaciones, la ONU también apunta una serie de retos que tiene por delante el posconflicto. Por un lado, está el de garantizar a los excombatientes una necesaria seguridad jurídica, generando confianza y produciendo reales avances en cuestión de reinserción social y política. Otro gran desafío es lograr el funcionamiento autónomo y efectivo de mecanismos clave como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición o Comisión de la Verdad. Además, está también el reto social de atender a las comunidades afectadas por el conflicto, las cuales reclaman seguridad, educación, salud, tierra, infraestructura y alternativas viables contra las economías ilegales.

Aspectos controvertidos

Los asuntos relacionados con la JEP han centrado las mayores controversias de la actuación de Duque. En marzo, el mandatario presentó objeciones formales a la ley que regula la JEP, de la que desea modificar seis puntos de sus 159 artículos. Dos de ellos se refieren a la extradición de excombatientes, algo que ahora no se contempla si colaboran con el sistema de justicia transicional, especialmente en el caso de delitos cometidos tras la firma del acuerdo. Duque también plantea una reforma constitucional que excluya de la JEP los crímenes sexuales contra menores, determine la pérdida de todos los beneficios si hay reincidencia en un delito y transfiera a la justicia ordinaria los casos de conductas ilegales comenzadas antes del acuerdo y que continuaron después. Las objeciones fueron rechazadas en el mes de abril por la Cámara de Representantes y también por el Senado, aunque la validez del resultado en este último quedó en cuestión, alargando así el debate.

Una nueva polémica puede suscitarse cuando en el mes de agosto deba darse fin a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). En ellos o en sus alrededores todavía se encuentran alrededor de 5.000 excombatientes. El Alto Consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, ha manifestado que para ese momento, con la ayuda de la FARC (el partido político que sucedió a la guerrilla) y el Gobierno, los excombatientes deben contar con trabajo, tener claro cuál va a ser su residencia y estar preparados para la reincorporación a la vida civil.

Dentro del proceso de reincorporación, es preocupante la falta de cumplimiento por parte de los cabecillas de las FARC de su compromiso, estipulado en el acuerdo de paz, de permanecer hasta el final en los ETCR con el fin de contribuir con su liderazgo a la buena marcha del proceso. Sin embargo, en los últimos meses, diversos jefes han abandonado esos territorios, entre ellos “el Paisa”, quien además no se ha presentado ante la JEP, por lo que esta ha reclamado su captura.

Tampoco el antiguo cabecilla Iván Márquez está colaborando con el sistema de justicia transicional, retrasando sucesivas veces su comparecencia ante la JEP alegando cuestiones de seguridad. Márquez ha mencionado el asesinato de 85 exguerrilleros desde la firma del acuerdo de paz, y ha acusado al Gobierno de serios incumplimientos.

Está además el caso de Jesús Santrich, quien como Márquez había adquirido un asiento en el Congreso gracias a la implementación del proceso de paz. Santrich se encuentra detenido desde abril de 2018 con base a una circular roja de la Interpol a petición de los Estados Unidos, que le acusa del envío de 10 toneladas de cocaína realizado después de la firma del acuerdo de paz.

Un tema bastante abordado desde el momento de las negociaciones tiene que ver con la erradicación forzada y aspersión de cultivos. El programa de sustitución de cultivos ilícitos empezó a dar resultados en 2018, dando lugar a que miles de familias campesinas acordaran con el Gobierno Nacional sustituir sus cultivos de coca por otros cultivos lícitos. Aunque en algunos departamentos como el Guaviare se dio de manera voluntaria la erradicación de cultivos, eso no fue suficiente para compensar el aumento de siembras en 2016 y 2017. En 2018, cerca de 100.000 familias —responsables de un poco más de 51.000 hectáreas de coca— firmaron acuerdos de sustitución y se espera que este número continúe aumentando a lo largo del 2019. Según el gobierno de Colombia, citando cifras del Departamento de Estado de Estados Unidos, se han sembrado más de 209.000 hectáreas de hoja de coca, una muy cifra superior a la de la época de Pablo Escobar, según cifras presentadas por el presidente Iván Duque el mes pasado ante la Corte Costitucional.

Los beneficios de la paz son indiscutibles y queda mucho por hacer para consolidarla. Es una labor que no puede dejarse solamente en manos del Gobierno, sino que requiere del apoyo de los excombatientes, de sus antiguos cabecillas y de la sociedad civil. El gran reto es acelerar la implementación del acuerdo y disminuir la polarización política, todo en busca de lograr la reconciliación nacional.

Colombia, sin prejuicios

[Jorge Orlando Melo, Historia mínima de Colombia. El Colegio de México-Turner. Bogotá, 2018. 330 p.]

 

RESEÑAMaría Gabriela Fajardo

Historia mínima de Colombia

Esta historia de Colombia escrita por Jorge Orlando Melo destaca por su evidente esfuerzo de neutralidad política. Se mencionan los procesos, las continuidades y las rupturas históricas de la nación sin traslucir ningún tipo de tendencia partidista. El autor procura mantenerse imparcial al narrar los eventos que han llevado a Colombia a donde hoy se encuentra. Eso convierte la obra de Melo –nacido en Medellín en 1942, historiador de la Universidad Nacional de Colombia y consejero presidencial para los derechos humanos en 1990– en especialmente adecuada para lectores sin un especial conocimiento de la historia colombiana, pues pueden juzgar por ellos mismos el devenir de la creación de una nación donde primero fue el Estado. Ese es justamente el propósito de la colección de “historias mínimas” encargada desde el Colegio de México.

Gran parte de la obra se dedica a la época colonial, remarcando así la importancia de la memoria histórica en el proceso de formación del país y en sus cambios actuales. No se trata, pues, del habitual recorrido lineal a través de acontecimientos políticos, sino que más bien fija la atención en la evolución cultural de aquella memoria forjada tempranamente y que se desarrolla en sucesivas dinámicas sociales.

Por otro lado, el papel de las regiones es un elemento clave en la formación de la sociedad colonial, cuyo legado es un poder central ineficiente, en un país donde hay leyes que parecen ser negociables, la sociedad está dividida en diversos estratos sociales, la tierra pertenece a unos pocos y se da una constante polarización política a manos de gobiernos clientelistas.

Esto sucede en una Colombia en la que el papel de la geografía ha sido determinante para los procesos de desarrollo de la nación. Melo habla de zonas aisladas de difícil acceso, de muy diverso tipo: “islas de prosperidad, seguridad o salubridad en medio de un océano de pobreza, violencia y enfermedad”. Ese océano ha disminuido en la actualidad, pero hay islas que siguen siendo la ruta perfecta para el narcotráfico.

Las luchas ideológicas en Colombia han sido intensas: a la Hegemonía Conservadora, de 32 años, le siguió Hegemonía Liberal, de 13; luego se dio la era del Frente Nacional, durante la cual conservadores y liberales se alternaron en cada periodo, creando un ambiente de equilibrio y relativa tranquilidad por un corto plazo de tiempo. “La pugna entre liberales y conservadores fue, más que un enfrentamiento político por el triunfo electoral, una guerra santa por modelos sociales diferentes”, escribe Melo. Sin embargo, eso generó exclusión política y llevó a la formación de grupos al margen de la ley, levantados contra el Gobierno y financiados por el narcotráfico. El enfrentamiento hizo visibles las debilidades institucionales y apenas dejó espacio para la Justicia. La violencia entonces se volvió rutinaria y acabó siendo el mayor fracaso histórico de Colombia, con responsabilidad especial de aquellos que promovieron la violencia como herramienta eficaz de cambio social. 

Para Melo, es la “agencia humana” –es decir, la manera en que las personas usan sus recursos para adaptarse a las circunstancias­– lo que define la historia; son los hombres y mujeres quienes, en su acción conjunta, generan cambio y son los constructores de su historia. A diferencia la postura más común sobre la historia colombiana, Melo no cae en el determinismo: no hace referencia a una cultura de violencia innata que de forma natural condene a los colombianos a pelearse. Por el contrario, deja claro que eventos como el 6 de abril, el golpe de estado de Rojas Pinilla en 1953 o la sangrienta toma del Palacio de Justicia en 1985, deben verse en perspectiva y ser considerados como momentos de un proceso social. 

El Estado colombiano no logró ser nación propiamente hasta finales del siglo XX, cuando se logró el “sueño de los creadores de la nación” de que todo el territorio estuviera cubierto por la ley, un solo mercado y un sistema político. La historia singular de Colombia arrancó con la Patria Boba, como suele llamarse la etapa entre el grito de independencia y la batalla de Boyacá, cuando los criollos lograron efectivamente la independencia. Desde entonces hubo una gran falta de unidad, manifestada en un sinfín de revoluciones, reformas y constituciones. Colombia vivió un agotador, desgastante y a la vez violento proceso orientado a lograr que todo ese país sumamente diverso, con una geografía que lo segmenta en regiones, con grupos humanos variados y dispersos, pudiera cohesionarse política, jurídica, económica y culturalmente.

Pero ese pasado no prejuzga el futuro. El lector llega al final de esta “Historia mínima de Colombia” con la conciencia de un futuro abierto para el gran país sudamericano. Colombia, que ha llegado a ser uno de los países más violentos, ahora tiene un Nobel de Paz, está en un proceso de postconflicto y ha empezado a ser tenido en cuenta en mayor medida por la comunidad internacional por sus grandes avances.

Colombia: La paz no impulsa el voto de izquierda

 

Arte callejero en la ciudad de Medellín

▲Arte callejero en la ciudad de Medellín

ANÁLISISMaría Gabriela Fajardo

Colombia vivió el 11 de marzo las primeras elecciones celebradas tras la firma en 2016 del Acuerdo de Paz entre el gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Combia (FARC). Estas elecciones al Congreso bicameral del país –se elegían los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes– eran la primera ocasión en que los distintos sectores ideológicos podían medir sus fuerzas sin la distorsión de una lucha armada en partes significativas del territorio. Tradicionalmente se ha aludido al rechazo social hacia la campaña guerrillera como explicación de porqué la izquierda en Colombia ha contado de manera habitual con poco apoyo popular. La llegada de la paz, ¿ha cambiado la correlación de las fuerzas políticas? ¿ha supuesto una mejora de los resultados electorales de la izquierda?

Para responder a estas preguntas vamos a examinar los resultados que obtuvieron las distintas opciones políticas, agrupadas en tramos del espectro ideológico (derecha, centro derecha, centro-izquierda e izquierda), en las elecciones al Congreso celebradas desde comienzos de este siglo. El examen de la composición política del Congreso en la última década y media dará perspectiva a los resultados de las legislativas del pasado 11 de marzo. Estas elecciones suponían la integración de las FARC en el sistema colombiano de partidos políticos, con nombre distinto –Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común–, pero con las mismas siglas.

En el periodo 2002-2018 también hubo, además de las cinco elecciones al Congreso, otras tantas elecciones presidenciales. Estas últimas se mencionan en el análisis porque ayudan a precisar los contextos, pero no se incluyen en el trabajo comparativo, dado que las presidenciales se rigen por dinámicas más personalistas y en ellas se producen complejos trasvases de votos debido al proceso de doble vuelta. Las elecciones del 11 de marzo, no obstante, aportan consideraciones de cara a las presidenciales del próximo de 27 de mayo.

Senado

El escándalo por la Parapolítica desvirtuó la acogida de los resultados de las elecciones legislativas de 2002, luego de que el jefe paramilitar Salvatore Mancuso afirmara que el 35% del Congreso elegido era "amigo" de su organización. La derecha, representada por el Partido Liberal y por el Partido Conservador, logró el 41,1% de las curules del Senado. En esa cifra no se incluyen los escaños conseguidos por otros grupos políticos menores, entre ellos Colombia Siempre, cuyo cabeza de lista era el actual candidato a la presidencia Germán Vargas Lleras. La izquierda, por su parte, concurrió bastante fraccionada, en grupos como Vía Alterna y Movimiento Popular Unido, y obtuvo el 14% de los asientos del Senado. El centro-izquierda se hizo con el 12,9% y el centro-derecha con el 7%.

 

Senado, elecciones 2002-2018

 

En las presidenciales de 2002, celebradas pocos meses después de las legislativas, Álvaro Uribe llegó a jefe de Estado, con el voto del 53,1% de los electores. Uribe se presentó como candidato independiente, tras separarse del Partido Liberal, y tuvo el apoyo de gran parte de la derecha y el centro-derecha, incluyendo Cambio Radical, Somos Colombia y el Partido Conservador, que entonces no participó en la contienda presidencial.

Es así como en las legislativas de 2006 tuvo un gran protagonismo un nuevo partido, el Partido Social de Unidad Nacional (mejor conocido como Partido de la U), creado por Álvaro Uribe. El Partido de la U ganó las elecciones, logrando el 20% de las curules: por primera vez ninguno de los dos partidos tradicionales (Liberal y Conservador) había resultado vencedor. El nuevo partido llegaba para quedarse, de forma que la derecha pasaba a estar representada por tres partidos (de la U, Liberal y Conservador), sumando el 61% de los senadores. La izquierda, aunque aumentó hasta el 19% de los puestos del Senado, quedó fraccionada en varios partidos políticos sin peso y sin posibilidad de proponer drásticos cambios legislativos. El centro-derecha representado por Cambio Radical quedó en el cuarto puesto, con un 15% de curules, mientras que el centro-izquierda no obtuvo ninguno.

En 2010 la derecha alcanzó su punto más alto, con el 66,7% de los puestos del Senado, cifra que incluye a los tres partidos de derecha mencionados anteriormente y al MIRA, un grupo con menor presencia. Eran momentos de dominio político del Uribismo. En los meses electorales de 2010, el presidente Uribe estuvo expresando su respaldo a Juan Manuel Santos como candidato presidencial. Se pensaba que este continuaría las mismas políticas de Uribe de confrontación de las guerrillas y organización de la Fuerza Pública. Sin embargo, tras llegar al poder, Santos sorprendió desmarcándose de Uribe y abriendo negociaciones con las FARC en 2012, lo que llevó a la ruptura de la relación entre ambos políticos (El periodico, 2017). La fuerza demostrada por la derecha en las legislativas de 2010 estuvo acompañada de una gran debilidad de la izquierda, que obtuvo solo el 7,7% de los puestos del Senado y se convertiría en el aliado perfecto del presidente Santos para llevar a cabo su agenda y su viaje hacia el centro político. El centro-izquierda tuvo una representación del 13,3%, gracias al empuje del nuevo partido Alianza Verde, y el centro-derecha se quedó en el 7,9%.

 

Composición del Senado

 

Las legislativas de 2014 significaron la consolidación de un nuevo partido de derecha, el Centro Democrático, creado por Uribe tras su separación del Partido de la U, que había quedado en manos de Santos, quien ese año obtendría la reelección como presidente colombiano. El Centro Democrático quedó en segundo lugar en las elecciones al Senado, con solo un senador menos que el Partido de la U (Sanchez, 2018). En 2014, la derecha pasó a controlar el 48,1% del Senado, de acuerdo con el realineamiento ideológico del sistema de partidos. Así, varios expertos pasaron a clasificar al Partido de la U como de centro-derecha, etiqueta que también comenzaron a otorgar al Partido Liberal, en un espacio político compartido con Cambio Radical; estos tres partidos formaron la “Unidad Nacional” (Castillo, 2018). Con ello, el centro-derecha sumó el 19,6% de las curules, mientras que el centro-izquierda obtuvo el 9,8%, por los votos logrados por el Partido Verde y los Progresistas, liderados estos últimos por Gustavo Petro, actual candidato presidencial. La izquierda solo llegó al 4,9%, representada por las minorías del Polo Democrático, la Unión Patriótica, Marcha Patriótica y los grupos que procedían de las guerrillas desmovilizadas.

En las legislativas del pasado 11 de marzo, hubo un refuerzo de las posiciones de derecha, a las que volvieron algunos partidos que en anteriores comicios se habían deslizado hacia el centro-derecha al defender la negociación con las FARC y que ahora querían contrarrestar el temor de parte de la población a un auge de la izquierda radical, en un proceso electoral muy polarizado. Así, la derecha subió al 55,2% de los senadores, encabezados por los del Centro Democrático, mientras que el centro-drecha decendió al 15,9%. La izquierda moderada y radical aumentaron su presencia: el centro-izquierda ascendió al 11,5% y la izquierda al 9%. En este último porcentaje no se incluyen las cinco curules garantizadas a las FARC, que a pesar de no conseguir ganar electoralmente ningún senador, contarán con esos cinco puestos asegurados por los Acuerdos de Paz.

Cámara de Representantes

Los resultados en el periodo 2002-2018 de las elecciones para la Cámara de Representantes, celebradas de manera simultánea con las del Senado, no se alejan mucho de lo comentado en el epígrafe anterior; no obstante, presentan algunas variaciones que deben ser consideradas.

La institución se vio bastante afectada por escándalos de parapolítica, factor que influyó en la polarizaron política del país, lo que se reflejaría en las elecciones a lo largo de todo este período. En 2002, la derecha se hizo con el 47% de los puestos en la Cámara, siendo el Partido Liberal el de mayor representación; la izquierda obtuvo el 27,1%. A partir de entonces, el centro-derecha, que en 2002 obtuvo el 4,2% de los representantes (el centro-izquierda se hizo con el 1,8%) empezó a tomar cierta configuración, al desdibujarse los contornos de los dos partidos tradicionales –Conservador y Liberal– con la división en facciones, de la que surgirían nuevos partidos; esto terminó con el bipartidismo vivido en Colombia a lo largo del siglo XX: el Conservador gobernó durante 48 años y el Liberal durante 13.

 

Cámara de Representantes, elecciones 2002-2018

 

La aparición del Partido de la U de la mano de Álvaro Uribe y la amplia aceptación de su figura política (Uribe llegó a la presidencia en 2002 y fue reelegido en 2006), llevaron a que por primera vez un partido diferente de los dos tradicionales quedara en segundo lugar en las legislativas de 2006, en las que el Partido de la U logró el 16,7% de los asientos de la Cámara, elevando la representación de la derecha al 54,2%. Por su parte, la izquierda bajó su representación a un 16,7% y entró en un periodo de especial debilidad política (estas elecciones tampoco fueron buenas para el centro-izquierda, que no obtuvo representación). En un momento de éxitos del presidente Uribe contra los guerrilleros, con medidas apoyadas por gran parte de la población, aunque no exentas de controversia, los partidos de izquierda se veían lastrados por compartir ciertos presupuestos ideológicos con la guerrilla, como indica el politólogo de la Universidad de los Andres Andrés Dávila.

Esta dinámica supuso en las legislagivas de 2010 un incremento aún mayor de la derecha y un nuevo descenso de la izquierda en la Cámara de Representates, en paralelo con lo que ocurrió en el Senado, en un año en que el candidato promovido por Uribe, Juan Manuel Santos, ganaría también la presidencia. El Partido de la U quedó en la Cámara por encima del Partido Liberal y del Partido Conservador, sumando estos tres partidos de derecha el 74,6% de las curules, el mayor porcentaje de todo el periodo estudiado; el centro-derecha alcanzó el 9,7%. Por su parte, la izquierda, cuyo mayor partido fue el Polo Democrático, alcanzó solo el 4%, su peor cuota en el periodo, mínimamente compensada por la máxima representación del centro-izquirda, aunque esta fue de un modesto 8,5%.

Las elecciones de 2014 trajeron consigo la presencia de un nuevo partido encabezado por Uribe, el Centro Democrático, que se situaba a la derecha de los anteriores al posicionarse de forma contundente contra la continuación de los diálogos de paz con las FARC propiciados por el presidente Santos (El periodico, 2017). La ruptura entre Santos y Uribe hizo que su electorado se dividiera, de forma que en las elecciones a la Cámara de Representantes ganó el Partido Liberal, seguido por el Partido de la U, el Partido Conservador y el Centro Democrático. Teniendo en cuenta el corrimiento hacia posturas más moderadas de algunas de estas formaciones, a la hora de agruparlas tenemos que los defensores planteamientos de derecha bajó al 46,7% de los puestos de la Cámara, mientras que el centro-derecha subió al 11,1%. La izquierda, con el Polo Democrático, mejoró algo su representación hasta el 10%, y el centro-izquierda languideció hasta el 3,3%.

Cuatro años después, el pasado 11 de marzo, el Partido Liberal volvió a ganar las elecciones a la Cámara de Representantes, seguido del Centro Democrático, el Cambio Radical, el Partido de la U y el Partido Conservador. Algunas de estas formaciones volvieron durante la campaña electoral a claras posiciones de derecha que antes habían moderado, de forma que la derecha sumó el 61,1% de los escaños (Sánchez, 2018), frente al 6% de la izquierda. Por su parte el centro-derecha anotó el 9,1% y el centro-izquierda el 6,1%. A estas cifras hay que añadir los cinco puestos en la Cámara otorgados por el Acuerdo de Paz a las FARC, que tampoco lograron ganar ninguno por voto ciudadano, al igual que en el Senado. Con esta ampliación, el Congreso bicameral colombiano pasa de 268 a 280 miembros (los diez del partido FARC y dos que corresponderán al tícket presidencial que quede en segundo lugar en las presidenciales).

 

Composición de la Cámara de Representantes

 

La división de la izquierda

El análisis realizado permite afirmar que los planteamientos políticos de derecha han seguido siendo mayoritarios en Colombia en lo que va de siglo, tal como ocurría en décadas previas, aunque ya no en el marco hegemónico de dos grandes partidos, sino de un abanico más amplio de opciones partidistas. En un periodo en el que en muchos otros países latinoamericanos hubo giros a la izquierda –notoriamente, las revoluciones bolivarianas– Colombia fue una clara excepción. En este tiempo, la derecha en Colombia (sin incluir el centro-derecha) ha controlado entre el 43,3% (2002) y el 66,7% (2010) de los puestos del Senado y entre el 46,7% (2014) y el 74,6% (2010) de los de la Cámara de Representantes. En cambio, la izquierda (sin incluir el centro-izquierda, igualmente reducido) ha seguido siendo minoría: se ha movido entre el 4,9% (2014) y el 19% (2006) del Senado, y entre el 4% (2010) y el 27,1% (2002) de la Cámara.

El Acuerdo de Paz de 2016 y la integración de las FARC en la vida política no han supuesto hasta el momento un significativo auge electoral de la izquierda. En las legislativas del 11 de marzo de 2018, en realidad la derecha recuperó posiciones respecto a 2014 en las dos instituciones del Contreso, mientras que la izquierda, aunque ciertamente mejoró su presencia en el Senado, pero lejos de los niveles de 2002 y 2006, en cambio perdió espacio en la Cámara.

El temor de amplios sectores de la población a que los beneficios políticos concedidos a las FARC, tales como garantía de acceso a medios de comunicación o financiación para la campaña, contribuyeran a un avance electoral de los exguerrilleros no se materializó en estas elecciones. Los resultados del plebiscito de octubre 2016, en el que se rechazó el Acuerdo de Paz (este entró en vigor en 2017 tras algunos cambios, sin nuevo plebiscito), se reflejaron nuevamente en las legislativas pasadas: los colombianos se oponen a la participación de los ex-miembros del grupo beligerante en política. Los candidatos de las FARC solo obtuvieron el 0,28% de los votos. Además, este partido anunció días antes de las legislativas que no concurrirá a las presidenciales, a las que como candidato se postulaba el máximo líder del grupo, Rodrigo Londoño.

¿Es Colombia un país conservador? ¿Por qué la izquierda en Colombia ha venido siendo tan débil electoralmente? Estas preguntas recurrentes sobre la política colombiana no tienen fácil respuesta. “La izquierda es un sector que tradicionalmente se ha dividido muchísimo entre tendencias doctrinales, por razones estratégicas e incluso por personalidades”, explica Yeann Basset, director del Observatorio de Procesos Electorales de la Universidad del Rosario.

Cabe entonces resaltar lo dicho por Fabio López, autor del libro “Izquierdas y cultura política”, en respuesta a la pregunta de si existe una izquierda en Colombia:

“Sí existen las izquierdas en Colombia, dispersas, fragmentadas, confundidas en una búsqueda no todas las veces afortunada; una cosa es que vengamos de una derrota, pensada internacionalmente, de las izquierdas, un retroceso enorme del movimiento obrero, un desprestigio de las ideas socialistas, y otra cosa es la desaparición de las causas, de las razones estructurales que motivan a nivel internacional y nacional unas ideas de izquierda, unas raíces y unas justificaciones, para apelar al rescate o mejor reestructuración, un nuevo comienzo de unos planteamientos de izquierda en Colombia”.

Una de las razones habitualmente aducidas para explicar la dificultad de la izquierda en ganar mayores apoyos es el peso negativo de la subversión guerrillera. En Colombia tras los constantes conflictos, masacres y el dolor que ha dejado el conflicto armado en los colombianos, los partidos de izquierda no han logrado el apoyo de la sociedad como en países vecinos puesto que se da una directa asociación de partido de izquierda con las guerrillas y lo que viene con ellas. La llegada de líderes políticos como Uribe a la presidencia intensificó esta asociación e incrementó el tabú presente hoy en día en gran parte de los ciudadanos que supone apoyar un partido de izquierda. A su vez, la izquierda tampoco ha hecho mucho para reparar esta mala imagen; la gran fragmentación interna y diferencias entre los líderes políticos no han ayudado a la formación de una izquierda solida con capacidad para incrementar su representación en el Congreso.

¿Oportunidad de las presidenciales?

Las elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo constituyen una ocasión para que la izquierda mejore sus cotas electorales, que en cualquier caso podrían avanzar en el futuro en la medida en que se consolide la paz y el pasado de violencia pueda ir quedando en el olvido.

La polarización política, que en otras ocasiones ha perjudicado a la izquierda, esta vez está suponiendo cierta unidad de ese sector ideológico en torno a la candidatura de Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá. La celebración el mismo 11 de marzo de primarias en la derecha, ganadas por el uribista Iván Duque, y en la izquierda, en las que ganó Petro (Sánchez, 2018), han acentuado la polarización para las presidenciales, aumentando la movilización ciudadana (en las legislativas hubo cinco puntos más de participación) y atrayendo la atención de los medios hacia ambos candidatos. La polarización, al mismo tiempo, ha restado apoyos a posibles alternativas centristas, tan divididas como antes estuvo la izquierda, de manera que no puede descartarse que Petro pueda pasar a una segunda vuelta, el 17 de junio. Una victoria contra pronóstico de Petro, para la que este debería atraer el grueso del electorado moderado, no supondría un cambio radical en las políticas legislativas, pues el Congreso revalidó el pasado 11 de marzo el dominio de la derecha.