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200 años de independencias sucesivas en Latinoamérica: Guatemala, Panamá y la intervención de EEUU

Diversos países de América celebran en 2021 sus dos siglos de una ruptura con España que no siempre significó una independencia definitiva

Varias naciones americanas conmemoran este año los dos siglos de su separación de España, recordando un proceso que con pocos años de diferencia se dio en todas las posesiones españolas en la América continental. En algunos casos, fue un proceso de independencias sucesivas, como ocurrió con Guatemala, que luego perteneció al Imperio Mexicano y después a una república centroamericana, y Panamá, que formó parte de Colombia hasta el siglo XX. Pero incluso posteriormente, ambos países experimentaron la injerencia directa de Estados Unidos, en episodios muy decisivos para toda la región.

Ceremonia de entrega del Canal de Panamá a las autoridades panameñas, el 31 de diciembre de 1999

ARTÍCULO Angie Grijalva

Durante 2021 varios países americanos celebran su independencia de España; el mayor de ellos y con más faustas festividades es México. En otras naciones, la fecha de 1821 queda matizada por desarrollos históricos posteriores: Panamá conmemora también cada año el día de 1903 en que rompió con Bogotá, mientras que en el caso de Guatemala aquella independencia no supuso de inmediato una república propia, pues junto con sus naciones vecinas en 1822 dependió nominalmente de México y entre 1823 y 1839 formó parte de las Provincias Unidas del Centro de América y de la República Federal de Centroamérica. Además, la hegemonía regional de Estados Unidos puso en cuestión en décadas posteriores la plena soberanía de esos países: Guatemala sufrió en 1954 el primer golpe de Estado que abiertamente promovía Washington en el Hemisferio Occidental, y Panamá no tuvo absoluto dominio sobre todo su territorio hasta que los estadounidense entregaron el canal en 1999.

Panamá y su canal

La proyecto del Canal de Panamá era importante para Estados Unidos porque permitía unir fácilmente por mar sus dos costas y consolidaba el ascenso mundial que buscaba la  presidencia de Theodore Roosevelt, guiada por la máxima de que solo aquella nación que controlase ambos océanos sería una potencia verdaderamente internacional. Dada la negativa de Colombia, a quien pertenecía la provincia de Panamá entonces, a aceptar las condiciones que ponía Estados Unidos para construir el canal, retomando las obras del paralizado  proyecto francés, Washignton se vio ante dos opciones: invadir el istmo o propiciar la independencia de Panamá frente a Colombia[1]. Finalmente escogió esto último, prestando apoyo a las tropas revolucionarias panameñas que se levantaron contra Bogotá; la República de Panamá declaró su independencia el 3 de noviembre de 1903 y con ella Roosevelt negoció un acuerdo muy favorable para Estados Unidos que daba a este soberanía perpetua sobre el canal y sobre una amplia franja de tierra a cada lado del mismo. Washington pasó así a controlar Panamá y a extender su dominio regional.

Tras una década de díficiles trabajos y de un elevado número de muertes entre la mano de obra, llegada de todo el Cribe y también de Asia, debido sino al dengue, la malaria y la fiebre amarilla, en 1913 el océano Atlántico y el Pacífico quedaron finalmente conectados y el canal se abrió al tránsito de buques.

Con el tiempo, la soberanía estadounidense sobre una porción del país y las bases militares allí instaladas alimentaron en Panamá un movimiento de rechazo que cobró especial virulencia en la década de 1960. La Administración Carter admitió negociar la cesión del canal en un acuerdo de 1977 que incorporaba a los panameños en la gestión del tráfico interocéanico y fijaba la entrega de todas las instalaciones en 1999. Cuando esto finalmente se produjo, el país vivió la ocasión como una nueva fiesta de independencia, diciendo adiós a unas tropas estadounidenses que solo diez años antes se habían mostrado muy activas, invandiendo la Ciudad de Panamá y otras áreas para apresar al mandatario Manuel Noriega por narcotráfico.

Momento crítico en Guatemala

El canal de Panamá permitió a Estados Unidos una indudable proyección de poder sobre su hemisferio. No obstante, durante la Guerra Fría Washington creyó necesario echar mano también de operaciones, en algún caso directas, para derribar gobiernos que consideró próximos al comunismo. Esto ocurrió con el derrocamiento de Jacobo Árbenz en Guatemala en 1954.

La llegada de Árbenz a la presidencia en 1951 constituyó una amenaza para la United Fruit Company (UFCO) por la reforma agraria que impulsaba[2]. Aunque el avance de los partidos comunistas en América Latina comenzaba a crecer, la verdadera amenaza en ciertos países era la expropiación de tierras de los monopolios estadounidenses. Se estima que para 1950, la UFCO era dueña en Guatemala de al menos 225.000 hectáreas de tierra, de las cuales la reforma agraria iba a expropiar 162.000 en 1952. Con apoyo político de Washington, la UFCO alegó que la compensación que se le ofrecía no se correspondía con el valor verdadero de la tierra y tachó al gobierno de Árbenz de comunista a pesar de que esto no era cierto.

En 1953, la recién estrenada Aministración Eisenhower estableció un plan para desestabilizar al gobierno y dar un golpe de Estado contra Árbenz. Por un lado, el secretario de Estado John F. Dulles buscó el apoyo de la Organización de los Estados Americanos, propiciando la condena a Guatemala por la recepción de un cargamento de armas procedente de la Unión Soviética, que había sido adquirido por la negativa de Estados Unidos a vender armas al país centroamericano. Por otro, la CIA puso en marcha la misión PBSUCCESS para garantizar la intendencia de una facción del Ejército guatemalteco dispuesta a rebelarse contra Árbenz. El movimiento fue encabezado por el coronel Castillo Armas, que estaba exiliado en Honduras y desde allí abrió la invasión el 18 de junio de 1954. Bombardeada la capital, el grueso del Ejército rehusó a responder, dejando solo a Árbenz, quien en pocos días renunció.

Ya en el poder, Castillo Armas devolvió las tierras expropiadas a UFCO y llevó al país nuevos inversores estadounidenses. Dulles calificó esta victoria como “el más grande triunfo en contra del comunismo en los últimos cinco años”. El derrocamiento de Árbenz fue visto por Estados Unidos como un modelo para las siguientes operaciones en América Latina. El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa ha señalado que esta acción contra Árbenz podría verse como “el momento en que se jodió Latinoamérica”, pues para muchos fue la evidencia de que no era posible el desarrollo normal de la democracia, y eso empujó a ciertos sectores a defender la revolución como única vía para hacer prosperar sus sociedades.


[1] McCullough, D. (2001). The Path Between the Seas: The Creation of the Panama Canal, 1870-1914. Simon & Schuster.

[2] G. Rabe, S. (2017). Intervention in Guatemala, 1953-1954. In S. G. Rabe, Eisenhower and Latin America: The Foreign Policy of Anticommunism. The University of North Carolina Press.

 

El plan de China en América Latina

[Daniel Méndez Morán, 136. El plan de China en América Latina (2018), 410 páginas]

RESEÑA Jimena Puga

Mediante una investigación en primera persona sobre el terreno y el testimonio personal de chinos y latinoamericanos, que dan al relato carácter de reportaje documentado, Daniel Méndez resume detalladamente la huella que la creciente superpotencia asiática está dejando en la región. Esto permite al lector conocer las relaciones entre ambas culturas desde el punto de vista económico y sobretodo, político. La cifra del título –136– es el número que, según explica el autor, Pekín asigna a su plan para Latinoamérica, en su planificación de distintos programas de expansión sectorial y geográfica por el mundo.

El libro comienza haciendo una breve reflexión sobre el rápido crecimiento de China desde la muerte de Mao Zedong y gracias a las políticas de crecimiento y apertura de Deng Xiaoping entre 1980 y 2000. Este resurgir no se ha reflejado solo en la economía china, sino también en la sociedad. Las nuevas generaciones de profesionales chinos cuentan con mejor formación universitaria y mayor dominio de idiomas extranjeros que sus mayores, y por tanto más preparados para las relaciones internacionales. Sin embargo, Liu Rutao, consejero económico y comercial de la Embajada de China en Chile explica al autor que “la historia de la salida de China al extranjero tiene tan solo quince años, así que ni el gobierno ni las empresas tenemos un pensamiento muy maduro sobre la forma de actuar en el extranjero, por eso todos necesitamos estudiar”.


No obstante, la corta experiencia del país en el ámbito internacional no supone un obstáculo ya que, como pone de manifiesto el libro, para acelerar este proceso de aprendizaje China cuenta con un atajo muy efectivo: el dinero. De hecho, el objetivo de muchas de las inversiones chinas más importantes en América Latina no es solo el acceso a recursos naturales, sino también a capital humano y sobretodo a conocimiento. Gracias a sus ingentes recursos financieros, las empresas chinas están adquiriendo empresas con experiencia y contactos en el continente americano, contratando a los mejores profesionales de cada país y comprando marcas y tecnologías. “Esta fase es muy difícil. Las empresas chinas van a pagar para aprender. Pero todo se aprende pagando”, explica a Méndez el diplomático Chen Duqing, embajador de China en Brasil entre 2006 y 2009.

Después de esta visión general, el libro pasa a la relación de China con distintos socios latinoamericanos. En el caso de México, existe una lucha contra el famoso made in China. El imperio del centro fue a México hace 40 años a estudiar el programa maquilador; cuando regresaron, según explica Méndez, dijeron: “México está haciendo eso para Estados Unidos, nosotros vamos a hacerlo para el mundo”. Y de esta forma, unos años más tarde China diseñó y mejoró la estrategia. Hay pocas dudas de que el made in China les ha ganado la partida a las maquiladoras mexicanas, y son todas estas décadas de competencia y frustración las que explican las complejas relaciones políticas que viven los dos países. Así lo testimonian las personas entrevistadas por el autor. A Jorge Guajardo, este modelo le recuerda al orden colonial impuesto por España y continuado por Reino Unido: “Yo les decía en ocasiones a los chinos: Señores, ustedes no pueden ver América Latina nada más que como un lugar al que van por recursos naturales y a cambio mandan productos manufacturados. Nosotros ya fuimos colonia. Y no nos gustó, no funcionó. Y optamos por dejar de serlo. No quieran ustedes repetir ese modelo”.

El resultado de estas nuevas tensiones es que ninguno de los dos países ha conseguido lo que estaba buscando. México apenas ha aumentado sus exportaciones a China y el gigante asiático apenas ha incrementado sus inversiones en el país latinoamericano. En 2017 tan solo había 30 empresas chinas instaladas en México, un numero muy pequeño comparadas con las 200 que había en Perú. Otros diplomáticos del continente reconocen que en cualquier encuentro internacional en el que ambos países están presentes, el país latinoamericano es siempre el más reacio a aceptar las propuestas de Pekín. Para China, la “resistencia” mexicana es tal vez su mayor escollo diplomático en la región: el mejor ejemplo de que su ascenso no ha beneficiado a todos los países del Sur.

Méndez cuenta que, a diferencia de México, la estrategia peruana de apostar por la minería ha encontrado un socio ideal al otro lado del Pacífico. Necesitado de minerales para alimentar su industria y construir nuevas ciudades, la enorme demanda china ha tirado con fuerza de la economía peruana. Entre 2004 y 2017 el comercio entre ambos se multiplicó por diez y el gigante asiático se convirtió en el primer socio comercial de Perú. China ya no solo es importante por su demanda de cobre, plomo y zinc, sino también por los flujos de inversión y su capacidad de poner en marcha proyectos mineros. Estas condiciones financieras, muy difíciles de conseguir en la banca privada, son en muchas ocasiones la ventaja comparativa que permite a las empresas estatales chinas batir a sus competidores occidentales.

¿Qué significa esto para América Latina? ¿Deberían preocuparse los países latinoamericanos de esta estrategia política y económica que a través de empresas estatales invierte de forma masiva en sus recursos naturales? Como indica el libro, muchos diplomáticos piensan que hay que estar atentos. A diferencia de las compañías privadas, cuyo objetivo primordial es obtener beneficios y entregar dividendos a sus accionistas, las chinas están en ultima instancia controladas por políticos que pueden tener otra agenda. En este sentido, la expansión de tantas empresas estatales en recursos naturales también puede convertirse en un arma de presión e influencia.

Si algún dirigente latinoamericano, por ejemplo, decidiera reunirse con el Dalai Lama o se opusiera a alguna iniciativa diplomática liderada por Pekín, el gigante asiático podría utilizar sus empresas estatales a modo de represalia, advierte Méndez. De la misma forma que si el gobierno peruano quisiera cancelar algún proyecto chimo por infracciones laborales o medioambientales, Pekín podría amenazar con denegar la aprobación de protocolos fitosanitarios o retrasar otras inversiones. Además, China es cada vez más consciente de que su imagen, su capacidad de persuasión y su atractivo cultural (soft power) son vitales para ampliar su proyecto político y económico.

Por otro lado, y más al sur de la región, Uruguay se ha convertido en el laboratorio perfecto para China. Las fábricas uruguayas están preparadas para producciones cortas de unos pocos miles de automóviles, el país cuenta con mano de obra especializada y las buenas infraestructuras permiten en muy poco tiempo plantarse en Brasil o Argentina. Hay que tener en cuenta que las empresas chinas son todavía poco conocidas en América Latina y no cuentan con demasiados recursos financieros, y en Uruguay pueden hacer un testeo de mercado.

En cuanto a Brasil, Méndez habla especialmente de la diplomacia de los satélites. Éstos no sirven solo para llevar la televisión a los hogares y para utilizar el GPS en el móvil, sino también por sus capacidades militares y el prestigio político que implican. Brasil ha colaborado con otros países como Argentina y Estados Unidos, pero las tensiones políticas y económicas casi siempre suelen poner limites a la cooperación espacial. Aunque pueda resultar paradójico, en el caso de China la distancia parece ser una bendición ya que no hay problemas geopolíticos entre ambos: a veces es más difícil trabajar con tus vecinos que con las personas que están muy lejos. Para Pekín, las misiones espaciales sirven para aumentar todas las dimensiones de su poder: incrementa sus capacidades militares y contribuye a su industria espacial y a la competitividad en un sector económico con mucho futuro. Y por ultimo, también le sirve como campaña de relaciones públicas en el mundo. No obstante, las diferencias tecnológicas y económicas se están haciendo tan patentes que a China incluso el gigante sudamericano se le está quedando pequeño.

Desde el punto de vista geoestratégico, Méndez no quiere dejar pasar la construcción de una estación espacial china en un terreno de 200 hectáreas en la provincia argentina de Neuquén, que cuenta con una inversión inicial de 50 millones de dólares y que se enmarca en el programa chino de exploración de la Luna. Además, Argentina es el único país en el que la presencia del Banco Industrial y Comercial de China es tan notable y popular entre la sociedad. Este banco chino ha conseguido ofrecer los mismos servicios que cualquier otra institución bancaria argentina.

Por último, Chile es uno de los países con los que mejores relaciones tiene Pekín, pero ¿por qué China no invierte en Chile? La respuesta es sencilla. En Chile los procesos de inversión son claros, transparentes e iguales para todos los países. No hay excepciones y los inversores tienen que seguir al pie de la letra las complejas regulaciones legales. La cultura de negocios es distinta, y a los chinos eso de necesitar abogados y 20.000 permisos para todo no les gusta. Les gusta pagar sobornos, y en Chile la corrupción provoca mucha indignación.

A lo largo de este análisis país por país, el autor ha ido dejando clara una cosa: China tiene un plan. O al menos, ha sido capaz de apostar durante décadas por la formación de funcionarios con el objetivo de diseñar una estrategia en América Latina. Esa capacidad de planificación y esos objetivos marcados a largo plazo le han servido al gigante asiático para avanzar posiciones en los últimos años y dejar una huella profunda en muchos países del continente americano. Y, ¿en qué consiste el plan? Está claro que el objetivo número uno de China es económico. Ha conseguido “colarse” con éxito en los tres grandes bloques comerciales en los que se encuadran los países latinoamericanos: NAFTA, Alianza del Pacífico y Mercosur.

Pero la economía per se no es lo único que mueve a China. Para lograr sus objetivos económicos, Pekín también necesita tejer relaciones políticas y contar con aliados que puedan defender sus posiciones diplomáticas. Su defensa de la no interferencia en asuntos internos y de un mundo multipolar exige a cambio el silencio de los países latinoamericanos sobre la violación de derechos humanos en su país y el respeto, por ejemplo, a la política de una sola china. El gigante asiático quiere ampliar todas sus fortalezas y no está dispuesto a renunciar a ninguna de ellas.

En conclusión, tenga o no China una estrategia para América Latina, América Latina no tiene una estrategia para China. Y China no es una ONG; si algo demuestra la historia reciente es que cada país busca en el ámbito de las relaciones internacionales la defensa de sus egoístas intereses nacionales. China tiene su agenda y la está persiguiendo. Tal vez haya llegado el momento de que América Latina tenga la suya propia.

El gas natural licuado cambia el juego en el hemisferio americano

La venta de GNL de EEUU a sus vecinos y la exportación desde países de Latinoamérica y el Caribe a Europa y Asia abre nuevas perspectivas

No depender de gaseoductos, sino poder comprar o vender gas natural también a países distantes o sin conexiones terrestres, mejora las perspectivas energéticas de muchas naciones. El éxito del frácking ha generado un excedente de gas que EEUU ha comenzado a vender en muchas partes del mundo, también a sus vecinos hemisféricos, que por su parte cuentan con más posibilidad de elegir proveedor. A su vez, el poder entregar gas en tanqueros ha ampliado la cartera de clientes de Perú y sobre todo de Trinidad y Tobago, que hasta el año pasado eran los dos únicos países americanos, aparte de EEUU, con plantas de licuación. A ellos se añadió Argentina en 2019 y México ha impulsado en 2020 inversiones para sumarse a esta revolución.

Un carguero de gas natural licuado (GNL; en inglés: LNG) [Pline]

▲ Un carguero de gas natural licuado (GNL; en inglés: LNG) [Pline]

ARTÍCULOAnn Callahan

Estados Unidos está conectado por gaseoducto únicamente con Canadá y México, pero está vendiendo gas por barco a una treintena más de países (España, por ejemplo, se ha convertido en un importante comprador). En 2019, EEUU exportó 47.500 millones de metros cúbicos de gas natural licuado (GNL), de los cuales la quinta parte fueron para vecinos americanos, de acuerdo con el informe BP 2020 sobre el sector.

Ocho países de Latinoamérica y el Caribe cuentan ya con plantas de regasificación del gas llegado en carguero en estado líquido: existen tres plantas en México y en Brasil; dos en Argentina, Chile, Jamaica y Puerto Rico, y una en Colombia, República Dominicana y Panamá, según el resumen anual la asociación de países importadores de GNL. A esos países el GNL llega, además desde EEUU, también desde Noruega, Rusia, Angola, Nigeria o Indonesia. Por su parte, dos países exportan GNL a diversas partes del mundo: Trinidad y Tobago, que cuenta con tres plantas de licuación, y Perú, que tiene una (otra entró operativa en Argentina en el último año).

En un intento por mitigar el riesgo de escasez de electricidad debido a un descenso de producción hidroeléctrica por sequía o a otras dificultades de acceso a fuentes energéticas, muchos países de Latinoamérica y el Caribe están recurriendo al GNL. Siendo además una energía más limpia, supone también un atractivo para países que ya están luchando contra el cambio climático. Asimismo, el gas ayuda a superar la discontinuidad de fuentes alternativas, como la eólica o la solar.

En el caso de pequeños países insulares, como los caribeños, que en su mayor parte carecen de fuentes de energía, los programas de cooperación para el desarrollo de terminales de GNL pueden aportarles una cierta independencia respecto a determinados suministros petroleros, como la influencia que sobre ellos ejerció la Venezuela chavista a través de Petrocaribe.

El GNL es un gas natural que ha sido licuado (enfriado a unos -162° C) para su almacenamiento y transporte. El volumen del gas natural en estado líquido se reduce aproximadamente 600 veces en comparación con su estado gaseoso. El proceso hace posible y eficiente su transporte a lugares a los que no llegan los gaseoductos. También es mucho más respetuoso con el medio ambiente, ya que la intensidad de carbono del gas natural es alrededor de un 30% menos que la del diésel u otros combustibles pesados.

El mercado mundial del gas natural ha evolucionado rápidamente en los últimos años. Se espera que las capacidades mundiales de GNL continúen creciendo hasta 2035, encabezadas por Catar, Australia y EEUU. Según el informe de BP sobre el sector, en 2019 la proporción de gas en la energía primaria alcanzó un máximo histórico del 24,2%. Gran parte del crecimiento de la producción de gas en 2019, año en que aumentó en un 3,4%, se debió a las exportaciones adicionales de GNL. Así, el año pasado las exportaciones de GNL crecieron en un 12,7%, hasta alcanzar los 485.100 millones de metros cúbicos.

 

Plantas de licuación y regasificación en América [Informe GIIGNL]

Plantas de licuación y regasificación en América [Informe GIIGNL]

 

Auge

Mientras que al comienzo de la primera década de este siglo Estados Unidos se quedó atrás en la producción gasística, el auge del esquisto desde 2009 ha llevado a EEUU a aumentar de forma exponencial la extracción de gas y a desempeñar un papel fundamental en el comercio mundial del producto licuado. Con el transporte relativamente fácil del GNL, EEUU ha podido exportarlo y enviarlo muchos lugares del mundo, siendo América Latina, por su proximidad, una de las regiones que más están notando ese cambio. De los 47.500 millones de metros cúbicos de GNL exportados por EEUU en 2019, 9.700 millones fueron para Latinoamérica; los principales destinos fueron México (3.900 millones), Chile (2.300), Brasil (1.500) y Argentina (1.000).

Si bien la región tiene un potencial de exportación prometedor, dadas sus reservas probadas de gas natural, su demanda supera la producción y debe importar. Venezuela es el país con mayores reservas en Latinoamérica (aunque su potencia gasística es menor que la petrolera), pero su sector de hidrocarburos está en declive y la mayor producción en 2019 correspondió a Argentina, un país emergente en esquisto, seguido de Trinidad y Tobago. Brasil igualó la producción de Venezuela, y luego siguieron Bolivia, Perú y Colombia. En total, la región produjo 207.600 millones de metros cúbicos, mientras que su consumo fue de 256.100 millones.

Algunos países reciben gas por gaseoducto, como es el caso de México y de Argentina y Brasil: el primero recibe gas de EEUU y los segundos de Bolivia. Pero la opción en auge es instalar plantas de regasificación para recibir gas licuado; esos proyectos requieren cierta inversión, normalmente extranjera. El mayor exportador de GNL a la región en 2019 fue EEUU, seguido de Trinidad y Togado, que por su bajo consumo doméstico prácticamente exporta toda su producción: de sus 17.000 millones de metros cúbicos de GNL, 6.100 fueron para países latinoamericanos. El tercer país exportador es Perú, que destinó sus 5.200 millones de metros cúbicos a Asia y Europa (no vendió en el propio continente). A las exportaciones en 2019 se sumó por primera vez Argentina, aunque con una baja cantidad, 120 millones de metros cúbicos, casi todos destinados a Brasil.

La región importó en 2019 un total de 19.700 millones de metros cúbicos de GNL. Los principales compradores fueron México (6.600 millones de metros cúbicos), Chile (3.300 millones), Brasil (3.200) y Argentina (1.700).

Algunos de los que importaron cantidades más reducidas luego reexportaron parte de los suministros, como hicieron República Dominicana, Jamaica y Puerto Rico, en general con Panamá como principal destino.

 

Tablas extraídas del informe Statistical Review of World Energy 2020 [BP]

 

Por países

México es el mayor importador de GNL de América Latina; sus suministros proceden sobre todo de EEUU. Durante mucho tiempo, México ha dependido de los envíos de gas de su vecino del norte llegados a través de gaseoductos. Sin embargo, el desarrollo del GNL ha abierto nuevas perspectivas, pues la ubicación del país le puede ayudar a impulsar ambas capacidades: la mejora de sus conexiones por gaseoducto con EEUU le puede permitir a México disponer de un surplus de gas en terminales del Pacífico para la reexportación de GNL a Asia, complementando la ausencia por ahora de plantas de licuación en la costa oeste estadounidense.

La posibilidad de reexportar desde la costa pacífica mexicana al gran y creciente mercado del GNL de Asia –sin necesidad, por tanto, de que los tanqueros tengan que atravesar el Canal de Panamá– supone un gran atractivo. El Departamento de Energía de EEUU concedió a comienzos de 2019 dos autorizaciones al proyecto Energía Costa Azul de México para reexportar gas natural derivado de EEUU en forma de GNL a aquellos países que no tienen un acuerdo de libre comercio (TLC) con Washington, según se recoge en el informe de 2020 del Grupo Internacional de Importadores de Gas Natural Licuado (GIIGNL).

Durante la última década, Argentina ha estado importando GNL de EEUU; sin embargo, en años recientes ha reducido sus compras en más de un 20% al haber aumentado la producción nacional de gas gracias a la explotación de Vaca Muerta. Esos yacimientos han permitido también reducir las compras de gas a la vecina Bolivia y vender más gas, igualmente por gaseoducto, a sus también vecinos Chile y Brasil. Además, en 2019 comenzó exportaciones de GNL desde la planta de Bahía Blanca.

Con el bombeo de gas de Argentina a su vecino Chile, en 2019 las importaciones chilenas de GNL disminuyeron a su grado más bajo en tres años, aunque sigue siendo uno de los compradores importantes de América Latina, que ha cambiado Trinidad y Tobago por EEUU como proveedor preferente. Cabe señalar, sin embargo, que la capacidad de las exportaciones de Argentina depende de los niveles de los flujos internos, especialmente durante las temporadas de invierno, en las que la calefacción generalizada es una necesidad para los argentinos.

En el último decenio, la importación de GNL por parte del Brasil ha variado significativamente de un año a otro. No obstante, se proyecta que será más consistente en la dependencia del GNL por lo menos hasta la próxima década, mientras se desarrollan energía renovables. En Brasil, el gas natural se utiliza en gran medida como refuerzo de la energía hidroeléctrica brasileña.

Además de Brasil, Colombia también considera el GNL como un recurso ventajoso para respaldar su sistema hidroeléctrico en períodos bajos. En su costa pacífica, Colombia está planeando actualmente un segundo terminal de regasificación. Ecopetrol, la empresa estatal de hidrocarburos, destinará 500 millones de dólares a proyectos no convencionales de gas, además de petróleo. Junto con la autorización del gobierno para permitir el frácking, se proyecta que las reservas actualmente estancadas se incrementen.​

Bolivia también posee un importante potencial de producción de gas natural y es el país de la región cuya economía es más dependiente de este sector. Tiene la ventaja de la infraestructura ya existente y el tamaño de los mercados de gas vecinos; no obstante, se enfrenta a la competencia de producción de Argentina y Brasil. Asimismo, al ser un país sin acceso al mar queda limitado en la comercialización de GNL.

Aunque Perú es el séptimo país en producción de gas natural de la región, se ha convertido en el segundo exportador de GNL. El menor consumo interno, comparado con otros mercados vecinos, le ha llevado a desarrollar la exportación de GNL, reforzando su perfil de nación enfocada hacia Asia.

Por su parte, Trinidad y Tobago, ha acomodado su producción gasística a su condición de país insular, por lo que basa su exportación de hidrocarburos mediante tanqueros, lo que le da acceso a mercados distantes. Es el primer exportador de la región y el único que tiene clientes en todos los continent

India, a enorme distancia de China en Latinoamérica

El comercio indio con la región se ha multiplicado por veinte desde el año 2000, pero es solo un 15% del flujo comercial con China

El rápido derrame comercial, crediticio e inversor de China en Latinoamérica en la primera década de este siglo hizo pensar que India, si pretendía seguir los pasos de su rival continental, tal vez podría protagonizar un desembarco similar en la segunda década. Esto no ha ocurrido. India ha incrementado ciertamente su relación económica con la región, pero está muy lejos de la desarrollada por China. Incluso los flujos comerciales de los países latinoamericanos son mayores con Japón y Corea del Sur, si bien es previsible que en unos años sean sobrepasados por los mantenidos con India dado su potencial. En un contexto internacional de confrontación entre EEUU y China, India emerge como opción no conflictiva, además especializada en servicios de IT tan necesarios en un mundo que ha descubierto la dificultad de movilidad por el Covid-19.

ARTÍCULOGabriela Pajuelo

Históricamente India ha prestado poca atención a Latinoamérica y el Caribe; lo mismo había ocurrido con China, al margen de episodios de migración desde ambos países. Pero el surgimiento de China como gran potencia y su desembarco en la región hizo preguntarse al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un informe de 2009 si, tras ese empuje chino, India iba ser “la próxima gran cosa” para Latinoamérica. Aunque las cifras indias fueran a quedar por detrás de las chinas, ¿podía India convertirse en un actor clave en la región?

La relación de los países latinoamericanos con Nueva Delhi ciertamente ha aumentado. Incluso Brasil ha desarrollado una especial vinculación con India gracias al club de los BRICS, como lo puso de manifiesto la visita que el presidente brasileño Jair Bolsonaro hizo en enero de 2020 a su homólogo Narendra Modi. En las dos últimas décadas, el comercio de India con la región se ha multiplicado por veinte, pasando de los 2.000 millones de dólares en el año 2000 a los casi 40.000 de 2018, como constató el año pasado un nuevo informe del BID.

Ese volumen, no obstante, queda muy por debajo del flujo comercial con China, del que constituye solo un 15%, pues si los intereses indios en Latinoamérica han aumentado, en mayor medida lo han seguido haciendo los chinos. La inversión desde ambos países en la región es incluso más desproporcionada: entre 2008 y 2018, la inversión de India fue de 704 millones de dólares, frente a los 160.000 millones de China.

Incluso el incremento comercial indio tiene una menor imbricación regional de lo que podrían aparentar las cifras globales. Del total de 38.700 millones de dólares de transacciones en 2018, 22.700 corresponden a exportaciones latinoamericanas y 16.000 a importaciones de productos indios. Las compras indias han superado ya a las importaciones realizadas desde Latinoamérica por Japón (21.000 millones) y Corea del Sur (17.000 millones), pero en gran parte se deben a la adquisición de petróleo de Venezuela. Sumadas las dos direcciones de flujo, el comercio de la región con Japón y con Corea sigue siendo mayor (en torno a los 50.000 millones de dólares en ambos casos), pero las posibilidades de crecimiento de la relación comercial con India son claramente mayores.

No solo hay interés por parte de los países americanos, sino también desde India. “Latinoamérica tiene una fuerza de trabajo joven y calificada, y es una zona rica en reservas de recursos naturales y agrícolas”, ha señalado David Rasquinha, director general del Banco de Exportaciones e Importaciones de la India.

Última década

Los dos informes del BID citados reflejan bien el salto dado en las relaciones entre ambos mercados en la última década. En el de 2009, bajo el título “India: Oportunidades y desafíos para América Latina”, la institución interamericana presentaba las oportunidades que ofrecían los contactos con India. Aunque apostaba por incrementarlos, el BID se mostraba inseguro sobre la evolución de una potencia que durante mucho tiempo había apostado por la autarquía, como en el pasado habían hecho México y Brasil; no obstante, parecía claro que el gobierno indio finalmente había tomado una actitud más conciliadora hacia la apertura de su economía.

Diez años después, el informe titulado “El puente entre América Latina y la India: Políticas para profundizar la cooperación económica” se adentraba en las oportunidades de cooperación entre ambos actores y denotaba la importancia de estrechar lazos para favorecer la creciente internacionalización de la región latinoamericana, a través de la diversificación de socios comerciales y acceso a cadenas productivas globales. En el contexto de la Asian Century, el flujo de intercambio comercial y de inversión directa había incrementado exponencialmente desde niveles anteriores, resultado en gran medida de la demanda de materias primas latinoamericanas, algo que suele levantar críticas, dado que no fomenta la industria de la región.

La nueva relación con India presenta la ocasión de corregir algunas de las tendencias de la interacción con China, que se ha centrado en inversión de empresas estatales y en préstamos de bancos públicos chinos. En la relación con India hay una mayor participación de la iniciativa privada asiática y una apuesta por los nuevos sectores económicos, además de la contratación de personal autóctono, incluso para los niveles de gestión y dirección.

De acuerdo con el Gerente del Sector de Integración y Comercio del BID, Fabrizio Opertti, es crucial “el desarrollo de un marco institucional eficaz y de redes empresariales”. El BID sugiere posibles medidas gubernamentales como el incremento de la cobertura de acuerdos de comercio e inversiones, el desarrollo de actividades de promoción comercial proactivas y focalizadas, el impulso de inversiones en infraestructura, la promoción de reformas en el sector logístico, entre otras.

Contexto post-Covid

El cuestionamiento de las cadenas de producción globales y, en última instancia, de la globalización misma a causa de la pandemia del Covid-19, no favorece el comercio internacional. Además, la crisis económica de 2020 puede tener un largo efecto en Latinoamérica. Pero precisamente en este marco mundial la relación con India puede ser especialmente interesante para la región.

Dentro de Asia, en un contexto de polarización sobre los intereses geopolíticos de China y Estados Unidos, India emerge como un socio clave, se podría decir que hasta neutral; algo que Nueva Delhi podría utilizar estratégicamente en su aproximación a diferentes áreas del mundo y en concreto a Latinoamérica.

Aunque “India no tiene bolsillos tan grandes como los chinos”, como dice Deepak Bhojwani, fundador de la consultora Latindia[1], en relación a la enorme financiación pública que maneja Pekín, India puede ser el origen de interesantes proyectos tecnológicos, dada la variedad de empresas y expertos de informática y telecomunicaciones con los que cuenta. Así, Latinoamérica puede ser objeto de la “technology foreign policy” de un país que, de acuerdo con su Ministerio de Electrónica y IT, tiene ambición de crecer su economía digital a “un billón de dólares hacia 2025”. Nueva Delhi focalizará sus esfuerzos en influenciar este sector económico a través de NEST (New, Emerging and Strategic Technologies), promoviendo un mensaje indio unificado sobre tecnologías emergentes, como gobierno de datos e inteligencia artificial, entre otros. La pandemia ha puesto de relieve la necesidad que Latinoamérica tiene de una mayor y mejor conectividad.

Existen dos perspectivas para la expansión de la influencia india en el continente. Una es el camino obvio de fortalecer su existente alianza con Brasil, en el seno de los BRICS, cuya presidencia pro tempore India tiene este año. Eso debiera dar lugar a una vinculación más diversificada con Brasil, el mercado más grande de la región, especialmente en la cooperación científica y tecnológica, en los campos de IT, farmacéutico y agroindustrial. “Ambos gobiernos se comprometieron a expandir el comercio bilateral a 15.000 millones de dólares para 2022. A pesar de las dificultades que trajo la pandemia, estamos persiguiendo esta ambiciosa meta”, afirma André Aranha Corrêa do Lago, actual embajador de Brasil en India.

Por otro lado, se podría dar un esfuerzo mayor en la diplomacia bilateral, insistiendo en los lazos preexistentes con México, Perú y Chile. Este último país e India están negociando un acuerdo de comercio preferencial y la firma del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones. También puede ser de interés un acercamiento a Centroamérica, que todavía carece de misiones diplomáticas indias. Son pasos necesarios si, marcando de cerca los pasos de China, India quiere ser la “next big thing” para Latinoamérica.

 


[1] G.Paz, R. Roett (2016) Latin America and the Asian Giants: Evolving Ties with China and India. Brookings Institutions Press. Washington D.C.

Latinoamérica comienza a dar tímidos pasos en ciberseguridad

Un tercio de los países ha desarrollado una estrategia nacional de ciberseguridad, pero las capacidades movilizadas son mínimas

Una docena de países latinoamericanos han desarrollado ya una estrategia nacional de ciberseguridad, pero en general las capacidades movilizadas en la región para hacer frente al crimen y a los ataques cibernéticos son de momento reducidas. En un continente con alto uso de las redes sociales, pero al mismo tiempo con algunos problemas de red eléctrica y acceso a internet que dificultan una reacción ante los ciberataques, el riesgo de que los extendidos grupos de crimen organizado recurran cada vez más a la cibernética es alto.

Latinoamérica comienza a dar tímidos pasos en ciberseguridad

ARTÍCULOPaula Suárez

En los últimos años, la globalización se ha abierto camino en todas partes del mundo, y con ello han surgido varias amenazas en el ámbito del ciberespacio, lo que requiere especial tratamiento por parte de los gobiernos de todos los estados. A nivel global y no solo en Latinoamérica, los principales campos que se ven amenazados en cuanto a seguridad cibernética son, esencialmente, el delito informático, las intrusiones en redes y las operaciones políticamente motivadas.

Los últimos informes sobre ciberseguridad en América Latina y el Caribe realizados conjuntamente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), indican que un tercio de los países de la región han comenzado a dar algunos pasos para hacer frente a los crecientes riesgos en ciberseguridad. No obstante, también constatan que los esfuerzos son de momento pequeños, dada la general falta de preparación ante la amenaza del cibercrimen; además plantean la necesidad de una reforma en las políticas de protección para los años venideros, especialmente con los problemas que han salido a relucir con la crisis del Covid-19.  

El BID y la OEA (OEA) han colaborado en distintas ocasiones para dar a conocer la situación y concienciar a la población sobre los problemas de ciberseguridad, que han ido aumentando conforme la globalización se ha hecho parte de la vida cotidiana y las redes sociales e internet se integran de manera más profunda en nuestro día a día. Para ocuparse de esta nueva realidad, ambas instituciones han creado un Observatorio de Ciberseguridad de la región, que ha publicado varios estudios.

Si hasta el informe de 2016 la ciberseguridad era un tema poco discutido en la región, actualmente con el aumento de la tecnología en América Latina y el Caribe ha pasado a ser un tema de interés por el que los estados tienden a preocuparse cada vez más, y por ello, a implementar las medidas pertinentes, como se destaca en el informe de 2020.

El transporte, las actividades educativas, las transacciones financieras, muchos servicios como el suministro de alimentos, agua o energía y otras muchas actividades requieren de políticas de ciberseguridad para proteger los derechos civiles en el ámbito digital tales como el derecho a la privacidad, muchas veces violados por el uso de estos sistemas como arma.

No solo en el ámbito social, sino también en el económico, la inversión en ciberseguridad es fundamental para evitar los daños que ocasiona el crimen en línea. Para el Producto Interior Bruto de muchos países de la región, los ataques a la infraestructura pueden suponer desde un 1% hasta un 6% del PIB en el caso de ataques a infraestructura crítica, lo que se traduce en incompetencia por parte de estos países para identificar los peligros cibernéticos y para tomar las medidas necesarias para combatirlos.

Según el estudio previamente mencionado, 22 de los 32 países que se analizan son considerados con capacidades limitadas para investigar los delitos, solo 7 tienen un plan de protección de su infraestructura crítica, y 18 de ellos han establecido el llamado CERT o CSIRT (equipo de respuesta a incidentes o emergencias de seguridad informática). Estos sistemas no son desarrollados actualmente de forma uniforme en la región, y les falta capacidad de actuación y madurez para suponer una respuesta adecuada antes las amenazas en la red, pero su implementación es necesaria y, cada vez más, cuentan con el apoyo de instituciones como la OEA para su mejora.

En este ámbito, el Foro de Equipos de Seguridad y de Respuesta a Incidentes (FIRST) tiene un trabajo clave, por la gran necesidad en esta región, para asistir a los gobiernos y que estos puedan beneficiarse de la identificación de amenazas cibernéticas y los mecanismos de seguridad estratégica de la asociación, principalmente para proteger las economías de estos países.

Como ya ha sido mencionado, la conciencia de la necesidad de dichas medidas ha ido aumentando conforme a los ataques cibernéticos también lo han hecho, y países como Colombia, Jamaica, Trinidad y Tobago y Panamá han establecido una debida estrategia para combatir estos daños. Por el contrario, muchos otros países de América Latina y el Caribe como Dominica, Perú, Paraguay y Surinam han quedado atrás en este desarrollo, y aunque están en camino, necesitan apoyo institucional para continuar en este proceso.

El problema para combatir dichos problemas tiene su origen, por lo general, en la propia ley de los estados. Solo 8 de los 32 países de la región son parte del Convenio de Budapest, que aboga por la cooperación internacional contra el cibercrimen, y un tercio de estos países no cuenta con una legislación apropiada en su marco legal para los delitos informáticos.

Para los estados parte de dicho convenio, estas directrices pueden servir de gran ayuda para desarrollar las leyes internas y procesales con respecto al ciberdelito, por lo que se está potenciando la adhesión o al menos la observación de las mismas desde organismos como la OEA, con las recomendaciones de unidades especializadas como el Grupo de Trabajo en Delito Cibernético de las REMJA, que aconseja respecto a la reforma de la ley penal respecto al cibercrimen y la evidencia electrónica.

Por otro lado, no ha sido hasta principios de este año que, con la incorporación de Brasil, son 12 países de Latinoamérica y el Caribe los que han establecido una estrategia nacional de ciberseguridad, debido a la falta de talento humano calificado. Aunque cabe destacar los dos países de la región con mayor desarrollo en el ámbito de seguridad cibernética, que son Jamaica y Trinidad y Tobago.

De los problemas mencionados, podemos decir que la falta de estrategia nacional en cuanto a seguridad cibernética expone a estos países a diversos ataques, pero a esto debe añadirse que las empresas que venden los servicios de ciberseguridad y proporcionan apoyo técnico y financiero en la región son mayormente de Israel o Estados Unidos, y están vinculadas a una perspectiva de seguridad y defensa bastante militarizada, lo que supondrá un desafío en los años venideros por la competencia que China está dejando ver en este lado del hemisferio, sobre todo ligada a la tecnología 5G.

Las malas prácticas cibernéticas son una amenaza no solo para la economía de Latinoamérica y el Caribe, sino también para el funcionamiento de la democracia en estos estados, un atentado a los derechos y libertades de la ciudadanía y a los valores de la sociedad. Por ello, es está dejando ver la necesidad de inversión en infraestructura civil y en capacidad militar. Para lograr esto, los estados de la región están dispuestos a cooperar, primeramente, en la unificación de sus marcos legales basándose en los modelos del Convenio de Budapest y las bases de la Unión Europea, cuya perspectiva para afrontar los nuevos retos en el ciberespacio está teniendo gran impacto e influencia en la región.

 Además, con la crisis venidera del Covid-19, por lo general los estados de la región están dispuestos a colaborar desarrollando estrategias nacionales propias, coherentes con los valores de las organizaciones de las que son parte, para proteger tanto sus medios actuales como sus tecnologías emergentes (inteligencia artificial, cuántica, computación de alto rendimiento y otros). Las amenazas cibernéticas pretenden ser encaradas desde canales abiertos a la colaboración y el diálogo, ya que Internet no tiene fronteras, y la armonización de los marcos legales es el primer paso para fortalecer esta cooperación no solo regional sino internacional.

South Korea catches up with Japan in trade with Latin America

The increase in South Korean trade with Latin American countries has allowed the Republic of Korea to reach Japan's exchange figures with the region

Throughout 2018, South Korea's trade with Latin America exceeded USD 50 billion, putting itself at the same level of trade maintained by Japan and even for a few months becoming the second Asian partner in the region after China, which had flows worth USD 300 billion (half of the US trade with its continental neighbors). South Korea and Japan are ahead of India's trade with Latin America (USD 40 billion).

ARTICLEJimena Villacorta

Latin America is a region highly attractive to foreign markets because of its immense natural resources which include minerals, oil, natural gas, and renewable energy not to mention its agricultural and forest resources. It is well known that for a long time China has had its eye in the region, yet South Korea has also been for a while interested in establishing economic relations with Latin American countries despite the spread of new protectionism. Besides, Asia's fourth largest economy has been driving the expansion of its free trade network to alleviate its heavy dependence on China and the United States, which together account for approximately 40% of its exports.

The Republic of Korea has already strong ties with Mexico, but Hong Nam-ki, the South Korean Economy and Finance Minister, has announced that his country seeks to increase bilateral trade between the regions as it is highly beneficial for both. “I am confident that South Korea's economic cooperation with Latin America will continue to persist, though external conditions are getting worse due to the spread of new protectionism”, he said. While Korea's main trade with the region consists of agricultural products and manufacturing goods, other services such as ecommerce, health care or artificial intelligence would be favorable for Latin American economies. South Korean investment has significantly grown during the past decades, from USD 620 million in 2003, to USD 8.14 billion in 2018. Also, their trade volume grew from USD 13.4 billion to 51.5 billion between the same years.

Apart from having strong ties with Mexico, South Korea signed a Free Trade Agreement with the Central American countries and negotiates another FTA with the Mercosur block. South Korea would like to join efforts with other Latin American countries in order to breathe life into the Trans-Pacific Partnership, bringing the US again into the negotiations after a change of administration in Washington.

Mexico

Mexico and South Korea’s exports and imports have increased in recent years. Also, between 1999 and 2015, the Asian country’s investments in Mexico reached USD 3 billion. The growth is the result of tied partnerships between both nations. Both have signed an Agreement for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments, an Agreement to Avoid Income Tax Evasion and Double Taxation and other sectoral accords on economic cooperation. Both economies are competitive, yet complementary. They are both members of the G20, the OECD and other organizations. Moreover, both countries have high levels of industrialization and strong foreign trade, key of their economic activity. In terms of direct investment from South Korea in Mexico, between 1999 and June 2019, Mexico received USD 6.5 billion from Korea. There are more than 2,000 companies in Mexico with South Korean investment in their capital stock, among which Samsung, LG, KORES, KEPCO, KOGAS, Posco, Hyundai and KIA stand out. South Korea is the 12th source of investment for Mexico worldwide and the second in Asia, after Japan. Also, two Mexican multinationals operate in South Korea, Grupo Promax and KidZania. Mexico’s main exports to South Korea are petrol-based products, minerals, seafood and alcohol, while South Korea’s main exports to Mexico are electronic equipment like cellphones and car parts.

Mercosur

Mercosur is South America’s largest trading economic bloc, integrated by Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay. With a GDP exceeding USD 2 trillion, it is one of the major suppliers of raw materials and agricultural and livestock products. South Korea and Mercosur launched trade negotiations on May 2018, in Seoul. Actually, the Southern Common Market and the Republic of Korea have been willing to establish a free trade agreement (FTA) since 2005. These negotiations have taken a long time due to Mercosur’s protectionism, so the Asian country has agreed on a phased manner agreement to reach a long-term economic cooperation with the bloc. The first round of negotiations finally took place in Montevideo, the Uruguayan capital, in September 2018. Early this year, they met again in Seoul to review the status of the negotiations for signing the Mercosur-Korea trade agreement. This agreement covers on the exchange of products and services and investments, providing South Korean firms faster access to the Latin American market. The Asian tiger main exports to South America are industrial goods like auto parts, mobile devices and chips, while its imports consist of mineral resources, agricultural products, and raw materials like iron ore.

Among Mercosur countries, South Korea has already strong ties with Brazil. Trade between both reached USD 1.70 billion in 2019. Also, South Korean direct investments totaled USD 3.69 billion that same year. With the conclusion of the trade agreement with the South American block, Korean products exported to Brazil would benefit from tariff eliminations, as would Korean cargo trucks, and other products going to Argentina. It would also be the first Asian country to have established a trade agreement with Mercosur.

Central America

South Korea is the first Asian-Pacific country to have signed a FTA with Central American countries (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua and Panama). According to Kim Yong-beom, South Korean Deputy Minister of Economy and Finance, bilateral cooperation will benefit both regions as state regulatory powers won’t create unnecessary barriers to commercial exchange between both. “The FTA will help South Korean companies have a competitive edge in the Central American region and we can establish a bridgehead to go over to the North and South American countries through their FTA networks”, said Kim Hak-do, Deputy Trade Minister, when the agreement was reached in November 2016. Also, both economic structures will be complimented by each other by encouraging the exchange between firms from both regions. They signed the FTA on February 21st, 2018, after eighth rounds of negotiations from June 2015 to November 2016 that took place in Seoul, San Salvador, Tegucigalpa and Managua. Costa Rica also signed a memorandum of understanding with South Korea to boost trade cooperation and investment. This partnership will create new opportunities for both regions. South Korean consumers will have access to high-quality Central American products like grown coffee, agricultural products, fruits like bananas, and watermelons, at better prices and free of tariffs and duties. Additionally, Central American countries will have access to goods like vehicle parts, medicines and high-tech with the same advantages. Besides unnecessary barriers to trade, the FTA will promote fair marketing, ease the exchange of goods and services, to encourage the exchange businesses to invest in Central America and vice versa. Moreover, having recently joined the Central American Bank for Economic Integration (CABEI) as an extra-regional member, has reinforced the development of socio-economic projects around the region.

Opportunity

The Republic of Korea faces challenges related to the scarcity of natural resources, there are others, such as slower growth in recent decades, heavy dependence on exports, competitors like China, an aging population, large productivity disparities between the manufacturing and service sectors, and a widening income gap. Inasmuch, trade between Latin America and the Caribbean and the Republic of Korea, though still modest, has been growing stronger in recent years. Also, The Republic of Korea has become an important source of foreign direct investment for the region. The presence of Korean companies in a broad range of industries in the region offers innumerable opportunities to transfer knowledge and technology and to create links with local suppliers. FTAs definitely improve the conditions of access to the Korean market for the region's exports, especially in the most protected sectors, such as agriculture and agroindustry. The main challenge for the region in terms of its trade with North Korea remains export diversification. The region must simultaneously advance on several other fronts that are negatively affecting its global competitiveness. It is imperative to close the gaps in infrastructure, education and labor training.

Brasil: de dónde viene para saber a dónde va

[Lilia M. Schwarcz y Heloisa M. Starling, Brasil: una biografía (Debate: Madrid, 2016), 896 págs]

RESEÑAEmili J. Blasco

Brasil: una biografía Presentar la historia de un vasto país como es Brasil en un único volumen, aunque extenso, no es tarea sencilla, si se quiere profundizar lo suficiente. «Brazil. A Biography» (para esta reseña se ha utilizado la edición en inglés de Penguin, de 2019, algo posterior a la publicación de la obra en España; el original en portugués es de 2015) es un relato con la apropiada lente. «Brasil no es para principiantes», dicen las dos autoras en la introducción, expresando con esa cita de un músico brasileño el modo como concibieron el libro: sabiendo que se dirigían a un público con generalmente poco conocimiento sobre el país, debían poder trasladar la complejidad de la vida nacional (de lo que constituye un continente en sí mismo) pero sin que la lectura resulte agónica.

El libro sigue un orden cronológico; no obstante, el hecho de arrancar con algunas consideraciones generales y de construir los primeros capítulos en torno a ciertos sistemas sociales y políticos generados sucesivamente por las plantaciones de caña de azúcar, la esclavitud de población africana y la búsqueda de oro hace que la vida de Brasil avance ante nuestros ojos sin tener la sensación de mero corrimiento de fechas. Más adelante llega un siglo XIX que para los hispanos tiene el interés de ver el negativo de la historia que conocemos respecto a las colonias americanas españolas (frente al caso español, durante las guerras napoleónicas la Corte de Portugal se trasladó entera a Rio de Janeiro y la independencia no derivó en diversas repúblicas, sino en una monarquía propia y centralizada). Y después un siglo XX que en Brasil constituyó un buen compendio de las vicisitudes políticas del mundo contemporáneo: del Estado Novo de Getúlio Vargas, a la dictadura militar y a la restauración de la democracia.

La obra de Schwarcz y Starling, profesoras de la Universidad de São Paulo y de la Universidad Federal de Minas Gerais, respectivamente, pone atención en los procesos políticos, pero arropándolos siempre con los paralelos procesos sociales y culturales que se dan juntos en cualquier país. El volumen aporta mucha información y referencias bibliográficas para todos los periodos históricos de Brasil, sin desconsiderar unos para ocuparse más de otros, y el lector puede detenerse especialmente en aquellos momentos que le resulten de mayor interés.

Personalmente, me he entretenido más en la lectura de cuatro periodos, relativamente distantes entre sí. Por un lado, los intentos de Francia y Holanda en los siglos XVI y XVII por poner un pie en Brasil (no tuvieron éxito permanente, y ambas potencias tuvieron que conformarse con las Guayanas). Después el surgimiento y consolidación en el siglo XVIII de Minas Gerais como tercer vértice del triángulo del heartland brasileño (Rio de Janeiro, São Paulo y Belo Horizonte). Luego la descripción de la vida de una corte de estilo europeo en las circunstancias del clima tropical (la monarquía duró hasta 1889). Y finalmente las experiencias del desarrollismo de mediados del siglo XX, con Juscelino Kubitschek y João Goulart en un tour de force entre el compromiso democrático, el personalismo presidencial y las corrientes de fondo de la Guerra Fría.

La lectura de esta obra aparta numerosas claves para entender mejor ciertos comportamientos de Brasil como país. Por un lado, cómo la inmensidad del territorio y la existencia de zonas a las que difícilmente llega el Estado –es el claro ejemplo de la Amazonia–, otorga un importante papel al Ejército como garante de la continuidad de la nación (el éxito, quizás momentáneo, de Bolsonaro y su apelación a las Fuerzas Armas tiene que ver con eso, aunque esta última presidencia ya no queda incluida en el libro). Por otro, cómo el cuarteamiento del poder territorial entre alcaldes y gobernadores genera una multitud de partidos políticos y obliga a cada candidato presidencial a articular múltiples alianzas y coaliciones, en ocasiones incurriendo en una «compra-venta» de favores que generalmente acaba teniendo un coste para la institucionalidad del país.

La redacción del libro fue concluida antes del colapso de la era gubernamental del Partido de los Trabajadores. Por eso la consideración de los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff es, quizás, algo complaciente, como una suerte de «fin de la historia»: desde el final de la dictadura militar en 1985, el país habría evolucionado en la mejora de su vida democrática y social hasta el tiempo coronado por el PT. El «caso Lava Jato» ha demostrado más bien que «la historia continúa».

Latinoamérica ha centrado el campo de ensayos clínicos de las principales vacunas anti Covid-19

Brasil ha sido epicentro de la carrera en la experimentación de las vacunas occidentales y también de las de China y Rusia

Los laboratorios que promueven las principales vacunas contra el Covid-19 han recurrido a diversos países latinoamericanos para llevar a cabo ensayos clínicos, en sus diferentes fases. Miles de voluntarios de hasta siete países diferentes han participado en las pruebas, tanto de vacunas promovidas por compañías occidentales como de vacunas de China y Rusia, convirtiendo la región, especialmente afectada por el coronavirus, en escenario de la pugna geopolítica por el prestigio de poder poner fin a la pandemia.

ARTÍCULOJimena Puga

Ya desde antes de que el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de Covid-19 pandemia global, numerosas empresas y laboratorios comenzaron los estudios para lograr una vacuna. Esas investigaciones han debido hacerse a contrarreloj, no solo por la presión ejercida por la crisis sanitaria mundial sino también por el impacto que está generando en la economía. Más de 160 proyectos están siendo desarrollados en todo el mundo y Latinoamérica ha devenido en un importante campo de pruebas al acoger ensayos clínicos de seis de las vacunas cuya investigación se considera más avanzada: las vacunas desarrolladas por la compañía estadounidense Johnson & Johnson, por la alianza germano-estadounidense Pfizer BioNtech y por la colaboración de la Universidad de Oxford con el laboratorio británico AstraZeneca, así como las vacunas chinas de Sinovac Biotech y Sinopharm y la rusa bautizada como Sputnik V.

Brasil es el principal país de elección, con miles de voluntarios colaborando con cinco de esas seis vacunas; en Argentina y en Perú se están probando tres; dos en México y Chile, y una en Venezuela [ver tabla adjunta]. Los laboratorios internacionales han venido realizando pruebas en dos o tres de esos países, salvo en el caso de Johnson & Johnson, que ha buscado voluntarios en seis países diferentes. Los ensayos se han llevado a cabo en colaboración con instituciones de investigación locales, que en algunos casos han participado activamente en el análisis de datos. Además, México, Argentina y Brasil han cerrado con Oxford-AstraZeneca acuerdos para la fabricación de de su vacuna, al margen de las compras que diversos países latinoamericanos han cerrado ya para la adquisición de millones de dosis de las diferentes vacunas. Así mismo, ha habido acuerdos para que Brasil produzca la vacuna de Sinovac Biotech y Sputnik V. Por otra parte, también existen investigaciones locales, como las emprendidas por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Nacional de San Martín en Argentina y el proyecto cubano de la vacuna Soberana 01.

El interés de los laboratorios internacionales por Latinoamérica se debe a varios motivos. Por un lado, la región está sufriendo especialmente la propagación de contagios –la Organización Panamericana de la Salud confirmó a finales de mayo que el área se había convertido en el epicentro de la pandemia­–, de forma que de los doce países del mundo con mayor número de contagios y con mayor número de muertes, seis son latinoamericanos, según el cómputo de la Universidad John Hopkins a mitad de noviembre. Brasil es el tercero del mundo en contagios, con 5,8 casos, y el segundo en muertes, con 166.000 fallecidos; los otros países más afectados en la región son México, Argentina, Colombia y Perú.

Por otro lado, se trata de naciones que tienen un sistema sanitario suficientemente alto como para poder seguir ciertos estándares en la realización de pruebas clínicas, y al mismo tiempo cuentan con un nivel de vida no especialmente alto como para que haya suficientes voluntarios dispuestos a correr el riesgo de ensayos de este tipo (habitualmente pagados). Para China y Rusia, además, la experimentación en Latinoamérica supone el interés de ganar influencia en una zona que, en el juego geopolítico, le disputan a Estados Unidos.

China y Rusia

El pasado 22 de julio, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, mantuvo una reunión virtual con el ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, a la que se sumaron otros países como Argentina, Barbados, Colombia, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú o Uruguay. Durante la reunión, Wang aseguró que China, América Latina y los países del Caribe se habían unido contra un enemigo común, y que la lucha conjunta contra la pandemia reforzaría la confianza política entre estas naciones y defendería el multilateralismo. En ese encuentro, el representante chino anunció un préstamo de 1.000 millones de dólares a la región.

Central en esa colaboración es la facilitación de vacunas chinas, cuya experimentación se ha llevado a cabo en algunos países latinoamericanos. La vacuna de Sinovac Biotech, también conocida como “CoronaVac”, está siendo probada en Chile y también en Brasil, donde el laboratorio chino cuenta con la colaboración del Instituto Butanan, centro inmunológico brasileño de referencia. Si la vacuna resulta efectiva, el Instituto Butanan tendrá derecho a producir hasta 120 millones de dosis, la mitad para Brasil y el resto para países vecinos.

Sin embargo, después de que el ministro de Sanidad añadiese la “CoronaVac” a su programa inmunológico, el presidente Jair Bolsonaro aseguró recientemente que su gobierno no compraría una vacuna “made in China”. “Los brasileños no serán conejillo de indias de nadie”, dijo Bolsonaro. No quedó claro si se cerraba a cualquier compra a China o esperaría a que se verifique la efectividad de la vacuna. Ya el Gobierno fue reacio a autorizar ensayos de otro vacuna china, la desarrollada por Sinopharm. En cualquier caso, en Brasil también se han probado las vacunas de Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Johnson & Johson y Sputnik V.

Por su parte, Moscú asegura querer facilitar su vacuna a toda América Latina, como afirmó Kiril Dmítriev, director del Fondo de Inversiones Directas de Rusia. Dmítriev indicó en octubre que la vacuna Sputnik V se producirá en India, Brasil, Corea del Sur y China y que esperaba cerrar acuerdos de suministro con Argentina y Perú, además de los ya acordados con México y Brasil, que participan en los ensayos clínicos de la vacuna.

Sin duda, es interesante analizar la postura de Estados Unidos con respecto a la decisión de Pekín y Moscú de experimentar sus vacunas en el continente americano. Parece que una vez más, las tres potencias han encontrado un motivo para continuar su pugna por el liderazgo mundial. Al tratarse de una crisis sanitaria global, la obtención de una vacuna eficiente en el menor tiempo permitiría al país pionero verse exaltado como un estado reputado, influyente y respetado. Y para Washington verse sobrepasado por China o Rusia, en el campo de la ciencia y en de la influencia sobre Latinoamérica, supondría una cierta humillación.

Pero ¿es la vacuna una oportunidad real para América Latina? La seguridad y efectividad de una vacuna no es la única barrera en el proceso de producción y distribución. Las leyes de propiedad intelectual otorgan a las farmacéuticas los derechos exclusivos para producir las vacunas, aunque por un número limitado de años, con el objetivo de ayudar a que recuperen el coste de la inversión. Pero en numerosas ocasiones, se abusa de estos derechos y se crean monopolios. En el caso de la vacuna contra la Covid-19 la limitación a su acceso supondría una amenaza real que causaría desabastecimiento y retrasos en su producción.

Por este motivo, la región latinoamericana está acelerando las negociaciones con la Organización Mundial de la Salud, las compañías farmacéuticas y otras organizaciones con el fin de garantizar el suministro y el acceso inmediato a las vacunas disponibles y proteger a la población.

La Guerra de las Malvinas, una indagación

[Francisco Cancio, Enmienda: una revisión de la causa y el actuar argentino en la Guerra de las Malvinas (Náutica Robinsón: Madrid, 2020), 406 págs.]

RESEÑAIgnacio Cristóbal *

Nos encontramos ante un libro excelente que analiza algunas cuestiones controvertidas de la Guerra de las Malvinas (1982). El autor, Francisco Cancio, es un experto en la materia y ha hecho una concienzuda búsqueda de información a lo largo de los años en sus visitas a Argentina y el Reino Unido.

No es un libro de la historia de la Guerra de las Malvinas; hay otros manuales que la explican muy bien, pero aquí el autor ha pretendido otra cosa. Quien abra el libro debe tener ciertos conocimientos de lo que aconteció entonces el Atlántico Sur o bien procurárselos antes de adentrarse en sus páginas.

En mi caso, no resultó difícil que la lectura del libro me “enganchara”. Por los datos que el autor da, él tuvo experiencias parecidas a las mías. Yo también veía aquellos telediarios de la primavera de 1982 sentado junto a mi padre, militar; para nuestra generación fue nuestra primera guerra. Y como él, que en sus viajes al Reino Unido, imagino que para practicar la lengua inglesa, buceaba en las librerías británicas en busca de documentación, yo también me informé sobre las Malvinas cuando estuve por aquellas tierras perfeccionando el inglés, acudiendo a museos y librerías y a los barracks de Colchester, ciudad en la que pasé dos veranos, para hablar con veteranos del conflicto. Se perdonará por tanto que, por esta implicación personal, aquí deje ir un tanto mi simpatía hacia el bando argentino, sin dejar de admirar la profesionalidad mostrada por las tropas británicas.

La Guerra de las Malvinas fue una guerra completa desde el punto de vista militar. Hubo combates aéreos y navales; intervención de submarinos y de satélites; operaciones de desembarco y terrestres de unidades de operaciones especiales, así como de acciones de unidades a nivel de batallón. Es muy de agradecer que el primer capítulo, titulado “Génesis”, a la vez que va introduciendo el conflicto empiece a “pinchar globos” sobre la verdadera razón de ir a la guerra.

Y se suceden los capítulos con cuestiones como los “Super Etendart y los Exocet”, donde nos imaginamos a los pilotos navales argentinos entrenándose en la Bretaña francesa y dejando el pabellón muy alto, como debió ser. El interés aumenta cuando el autor se mete de lleno en las operaciones de inteligencia para conseguir “armar”, sin “libro de instrucciones”, los misiles que ya estaban en Argentina. El gobierno de Francia tuvo un papel complicado en el conflicto, pero primó lo diplomático (era miembro de la OTAN) sobre lo comercial. Fueron los técnicos franceses desplazados a Argentina los que dieron el “do de pecho” poniéndose del lado argentino y haciendo malabares para no crear más problemas en el equilibrio internacional.

El capítulo sobre las operaciones terrestres es excelente y rompe una lanza a favor de las fuerzas argentinas que tuvieron que vérselas con el enemigo y con la falta de apoyo logístico desde el continente. Aquellos días se produjo un debate en la opinión pública sobre la dicotomía “ejército de conscriptos” frente a “ejército profesional”. Queda claro en el capítulo el daño que infringieron los argentinos a los reconquistadores, pero también su situación adversa: la falta de medios básicos para la resistencia, el contraataque y, por qué no decirlo, el hambre y el frío. 

La parte naval se aborda en dos interesantes capítulos en los que se narra la historia del submarino “San Luis”, que estuvo molestando a la flota británica durante toda la contienda. Si no hubiera habido guerra, ese submarino se hubiera quedado en puerto. Este es el nivel de aquellos bravos submarinistas. El otro capítulo es sobre el fallido encuentro, por la falta de viento, de las dos flotas. Es posiblemente uno de los momentos más críticos de la contienda. De haber habido viento, los A-4 Skyhawk de la Armada Argentina podrían haber hecho volver a la flota británica a sus puertos de origen.

Capítulo aparte es “La guerra en los cielos”, que recoge algunas de las operaciones con más coraje de los pilotos argentinos aquellos días. El autor nos pone en las cabinas de los cazas cuyas imágenes todavía nos ponen los pelos de punta. Sin querer desvelar nada al lector, la entrevista con el exjefe de la Fuerza Aérea Argentina aquellos días es para mí lo mejor del libro. No hay que olvidar que fue miembro de la Junta militar y los datos que revela sobre la “ayuda rusa” son muy interesantes y desconocidos.

Y finalmente el esperado capítulo “El ataque al Invencible”, que se ocupa de la acción de guerra probablemente más comprometida de toda la contienda. El autor analiza escrupulosamente la operación de ataque a uno de los dos portaviones británicos, el Invencible, con una claridad que hace evidente que algo pasó.

“Enmienda” es, pues, un libro muy recomendable para quienes ya tienen un cierto conocimiento sobre la Guerra de las Malvinas, pero al mismo tiempo puede provocar la curiosidad en otras personas que, sin estar iniciadas en este conflicto, pueden ayudarse en la lectura consultado informaciones básicas disponibles en internet. Fue una contienda singular, en la que un país al sur del mundo puso en jaque a la segunda potencia de la OTAN, ayudada sin límites por la primera y por un país vecino. Como dijo en sus memorias el Almirante Woodward, comandante de la flota británica: “la gente no sabe lo cerca que estuvo Gran Bretaña de perder la guerra”. Buen epitafio final de un profesional de la milicia que seguro reconoció la profesionalidad, valía y arrojo del enemigo.

* Experto en asuntos militares

El EPP, la guerrilla paraguaya crecida por descuido político

Surgido en 2008, el Ejército del Pueblo Paraguayo ha creado un conflicto que se ha cobrado ya un centenar de muertos

Las guerrillas marxistas en Latinoamérica son propias del pasado. Esa convicción llevó a subestimar el surgimiento en 2008 del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que desde entonces ha realizado un centenar de acciones violentas, sobre todo en zonas rurales del nordeste del país. El conflicto se ha cobrado un centenar de muertos y otros tantos heridos; también ha habido secuestros de personalidades, que le han dado al EPP especial eco informativo. La creación de un controvertido cuerpo especial militar-policial no ha logrado el objetivo de terminar con el grupo, lo que genera críticas a la gestión del problema por parte del Gobierno.

Imagen de un vídeo con la lectura de un comunicado del EPP

▲ Imagen de un vídeo con la lectura de un comunicado del EPP

ARTÍCULOEduardo Villa Corta

El Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) fue considerado desde su surgimiento como un grupúsculo de radicales que apenas tendría recorrido. Sin embargo, en apenas diez años se ha convertido en una organización capaz de confrontar al Estado paraguayo: ha protagonizado un centenar de acciones terroristas, entre ellas una decena de secuestros, causando unos sesenta muertos y unos cien heridos.

Zonas de influencia del EPP (rojo claro) y lugares donde ha habido bases del grupo (rojo oscuro) [Mikelelgediento]

Zonas de influencia del EPP (rojo claro) y lugares donde ha habido bases del grupo (rojo oscuro) [Mikelelgediento]

Con un número de activistas que va desde la treintena de su núcleo duro a los doscientos si se consideran sus redes de apoyo, el EPP lleva varios años siendo un problema para el Gobierno, que no logra desarticularlo: en enfrentamientos con las fuerzas del orden han muerto 30 militantes y se ha detenido a un centenar, pero la imagen que ofrecen las autoridades es de ineficacia. En el haber negativo del Gobierno paraguayo está, además, el que no tomara en serio la amenaza que suponían la constitución del grupo y sus primeras acciones.

El EPP se formó oficialmente el 1 de marzo de 2008. Aunque, sus fundadores y los principales cabecillas ya habían planeado la creación de este grupo con anterioridad a esta fecha; sus raíces se remontan a 1992 y el Partido Patria Libre, como ha documentado el investigador Jeremy McDermott. El EPP se presenta como un grupo armado contra el sistema parlamentario “liberal burgués”, pero sobretodo es un movimiento marxista que promueve el levantamiento del campesinado de Paraguay, de ahí que intente su arraigo en la zona rural del nordeste del país.

La victoria presidencial en 2008 de Fernando Lugo al frente de una alianza de izquierda, poniendo fin a seis décadas de dominio político del Partido Colorado, pudo alentar la constitución del EPP, que luego creyó justificada su actuación con la destitución de Lugo en 2012 mediante un controvertido juicio político llevado a cabo por el Parlamento y que fue etiquetado por los partidarios de Lugo como golpe de estado.

El primer ataque del EPP, el 16 de marzo de 2008, consistió en la quema de maquinaria agrícola en el departamento de Concepción. El siguiente fue en diciembre de ese mismo año, con el ataque a un cuartel en Tacuatí, en el departamento de San Pedro. Desde entonces, sus movimientos se han centrado especialmente entre el sur del primero de esos departamentos y el norte del segundo.

A pesar de tratarse de una zona más o menos delimitada, la desarticulación del EPP no es fácil porque su modus operandi del EPP hace impredecible sus movimientos. Esto se debe, como explica McDermott, a que el grupo no actúa como otras organizaciones insurgentes, como ha sido el caso de las FARC. El núcleo del EPP está compuesto por unos treinta combatientes a tiempo completo, la mayoría con vinculaciones familiares. Estos son dirigidos por los cabecillas Alcides Oviedo y su esposa Carmen Villalba, que se encuentran en la cárcel; uno de los líderes en el terreno es Oswaldo Villalba. Además, existen unos cincuenta activistas a tiempo parcial, una red logística que podría llegar a doscientas personas y simpatizantes locales que, sin implicarse mucho con la causa, brindan información sobre operaciones de búsqueda de las fuerzas de seguridad. El grupo sufrió en 2014 la escisión de una de sus columnas, que pasó a denominarse Asociación Campesina Armada (ACA) y en 2018, de acuerdo con las autoridades, el EPP se dividió en dos grupos para afrontar la presión de las fuerzas de seguridad.

Las cifras mencionadas hablan de un grupo en realidad pequeño, lejos de los 8.000 integrantes que tenían las FARC en 2016 en el momento de su desmovilización o de los 4.000 miembros con los que en la actualidad cuenta el ELN en Colombia; también de los 3.000 que se llegaron a atribuir al chileno Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Aunque el EPP guarda más similitud con este último, su cese operacional en 1999 dejó a las FARC como principal grupo para el entrenamiento de quienes luego crearían el EPP, como quedó en evidencia en la documentación hallada en el ordenador del cabecilla de las FARC Raúl Reyes y el secuestro de la empresaria Cecilia Cubas, hija de un expresidente paraguayo, a finales de 2004.

Esa acción marcó lo que ha sido una línea de actuación del EPP. Desde 2008, además de extorsiones y asaltos con el fin de financiarse, el grupo ha realizado secuestros con el fin también de un mayor impacto en los medios. Estos se han hecho sobre familiares de expresidentes del país o de personalidades de un alto perfil político, por cuya liberación se han pedido rescates que han superado los cinco millones de dólares, aunque en las negociaciones se han acordado cifras más bajas. Usualmente se acuerda entregar parte del dinero en efectivo y parte en víveres para los pueblos aledaños a la zona de operaciones del EPP.

El grupo también ha realizado extorsiones y asaltos en esas zonas en las que opera, exigiendo “impuestos revolucionarios” a hacendados y ganaderos, a quienes además les roban ganado y comida para satisfacer las necesidades de sustento diario de la organización.

Otras destacadas acciones llevadas a cabo por el EPP son atentados con bombas. Por ejemplo, hubo un atentado contra la Corte Suprema de Justicia, en Asunción, en los inicios de las operaciones del grupo. Un ataque más reciente fue el perpetrado el 27 de agosto de 2016 contra un vehículo militar en la zona este de Concepción: los explosivos estallaron al paso del convoy y luego los terroristas liquidaron a los sobrevivientes con armas de fuego; en el atentado murieron ocho militares. Según las autoridades, este hecho marcó un salto en las operaciones del EPP, pasando de ser un grupo que busca recursos económicos a una organización con mayor capacidad operativa y militar.

 

Cronología de acciones del EPP

 

Para hacer frente al EPP el presidente Horacio Cartes creó en 2013 la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) ante la evidencia de que la actuación policial no resultaba efectiva, en parte por posibles casos de corrupción interna. La FTC está compuesta por miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de la Secretaría Nacional Antidrogas, bajo el mando de un militar y directamente dependiente del presidente. El carácter más expeditivo de esa unidad ha generado alguna controversia en el debate social y político.

La operación más reciente del EPP ha sido el secuestro del ex vicepresidente paraguayo Óscar Denis, el 9 de septiembre de 2020. Para la liberación de Denis, dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico y activo participante en la destitución de Lugo, los terroristas reclaman la excarcelación de sus líderes, Alcides Oviedo y Carmen Villalba, además de la entrega de víveres para las áreas rurales en las que operan. El plazo puesto por la organización venció pocos días después sin que el Gobierno atendiera su petición. Ha habido movilizaciones ciudadanas exigiendo la libertad de Denis y la situación se sigue en el país con preocupación, poniendo en un aprieto al presidente Mario Abdo Benítez.