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El acuerdo pesquero del Brexit arranca sin satisfacer del todo a nadie

España, aunque afectada, no se ve tan perjudicada como otros socios europeos

La salida del Reino Unido de la Unión Europea finalmente se materializó el último día de 2020. El compromiso sobre la pesca fue el último punto de las arduas negociaciones y las diferencias solo se superaron unas jornadas antes del inaplazable ‘deadline’. El acuerdo de pesca alcanzado contempla que durante cinco años y medio los buques comunitarios seguirán teniendo acceso para pescar en aguas británicas. Aunque afectada, España no se ve tan perjudicada como otros socios europeos.

Flota pesquera en la localidad gallega de Ribeira [Luis Miguel Bugallo]

ARTÍCULO Ane Gil

El Acuerdo de Retirada que culminaba el Brexit se encalló en su recta final en la cuestión de la pesca, a pesar de que la actividad pesquera del Reino Unido en sus aguas solo contribuye al 0,12% del PIB británico.

Esa discusión, que estuvo a punto de hacer descarrilar las negociaciones, se centró en la delimitación de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), el ámbito más allá de las aguas territoriales –a una distancia máxima de la costa de 200 millas náuticas (unos 370 kilómetros)– en las que un país ribereño tiene derechos soberanos para explorar y explotar, conservar y administrar los recursos naturales, ya sean vivos o no vivos. En la ZEE del Reino Unido hay caladeros muy ricos en pescado, que representan, con una media de 1.285 millones de toneladas de pescado al año, según un estudio de 2019 de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, el 15% del total de la pesca de la UE. De estas capturas, solo el 43% fue realizado por pescadores británicos, mientras que el 57% restante fue llevado a cabo por los demás países de la UE. Los países europeos que tuvieron acceso a la pesca en aguas británicas fueron España, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Países Bajos, Irlanda y Suecia.

Por tanto, la entrada en vigor del Brexit marcaría el abandono del Reino Unido de la Política Pesquera Común, que define el acceso de los buques europeos a la Zona Económica Exclusiva.

Perspectivas iniciales

Durante su permanencia en la UE, El Reino Unido formó parte de la Política Pesquera Común, por la que todas las flotas pesqueras de los estados miembros de la UE tienen igual acceso a las aguas europeas. En la UE, los derechos de pesca son negociados anualmente por los ministros de cada estado miembro y las cuotas nacionales (cantidad de pescado de cada especie que la flota de cada país puede capturar) se establecen utilizando datos históricos como referencia.

La flota pesquera española siguió de cerca las negociaciones, ya que tenía mucho que perder con un mal convenio. Por un lado, un Brexit sin acuerdo podía suponer una reducción de ingresos de 27 millones de euros relacionados con la pesca en aguas británicas; también conllevaría una drástica reducción de las capturas de merluza, pez gallo y caballa para los barcos pesqueros españoles especializados en estas especies. Por otro lado, el empleo también se vería afectado si el Acuerdo establecía una reducción drástica de las capturas. Son ochenta las embarcaciones españolas que tienen licencia para pescar en aguas británicas, lo que supone casi 10.000 puestos de trabajo relacionados con esta actividad.

Las negociaciones

Hasta el Brexit, las aguas británicas y su explotación se negociaban en conjunto con el resto de las áreas marítimas de la Unión Europea. Bruselas intentó mantener esta relación aunque el Reino Unido abandonara la UE, por lo que la posición de los negociadores europeos se centró en preservar el sistema de cuotas de pesca que había estado vigente, por un plazo de quince años. Sin embargo, el primer ministro británico, Boris Johnson, siempre descartó cualquier acuerdo comercial que otorgara a los barcos europeos acceso a aguas británicas, a cambio de mejores condiciones para los servicios financieros británicos en el mercado único como ofrecía Bruselas. Londres quería implementar un régimen similar al noruego, que negocia año a año las capturas de las flotas de la UE en sus aguas, con la diferencia de que en el caso noruego el pacto se refiere a media docena de especies, frente a las casi cien que hay en aguas británicas.

Debemos tener en cuenta que el sector de servicios representa el 80% del PIB del Reino Unido, mientras que las actividades pesqueras son solo el 0,12%. Por lo tanto, es bastante evidente que las posiciones de Londres en el apartado de pesca fueron más políticas que económicas. Y es que, aunque las actividades pesqueras tienen escasa incidencia en la economía británica, el sector pesquero sí tiene importancia política para la causa euroescéptica, ya que recuperar el control de las aguas era una de las promesas en el referéndum del Brexit. Así, este asunto convirtió en un símbolo de soberanía nacional.

El punto de partida de las negociaciones fue la exigencia del Gobierno británico de repatriar hasta el 80% de las capturas en sus aguas de control, mientras que la UE ofreció devolver al Reino Unido entre un 15% y un 18%. Johnson quería mantener la gestión de la explotación de sus aguas y negociar con la Unión Europea como socio preferente. Expresó su intención inicial de establecer, a partir de enero de 2021, negociaciones más frecuentes sobre cómo pescar en su ZEE. Esto dio lugar a un acuerdo final que implica que los buques europeos seguirán pudiendo pescar en aguas británicas durante cinco años y medio, a cambio de devolver el 25% de las cuotas que los buques comunitarios pesquen allí, volumen cuyo valor se estima en unos 161 millones de euros. A cambio, los productos pesqueros seguirán entrando en el mercado europeo con arancel cero. Tras esa etapa de transición, la UE y el Reino Unido deberán renegociar año tras año. Si el acuerdo es vulnerado, existen mecanismos que garantizan compensaciones, como el establecimiento de tarifas.

Consecuencias para España y vecinos europeos

El acuerdo provocó descontento en el sector pesquero del Reino Unido, que acusó a Johnson de ceder en este acuerdo. La Federación Nacional de Organizaciones de Pescadores expresó su decepción al ver que solo se habían introducido cambios marginales en las cuotas y que las flotas de la UE seguirían teniendo acceso a aguas británicas hasta el límite de las seis millas. El primer ministro respondió que el Reino Unido podría capturar ahora “cantidades prodigiosas de pescado extra”.

Por el momento, Reino Unido ya se ha encontrado con algunos problemas. El nuevo acuerdo aduanero ha estado provocando retrasos y los camiones deben ser revisados en las fronteras. Con un repentino exceso de producción, no habrá suficientes veterinarios para realizar los certificados sanitarios de exportación necesarios. Por lo tanto, los nuevos requisitos burocráticos han provocado varios casos de mariscos que se pudren en los muelles antes de que puedan exportarse a la UE. Se estima que la industria pesquera está perdiendo 1 millón de libras por día debido a estos nuevos requisitos, lo que ha provocado que muchos pescadores reduzcan sus capturas diarias.

Pero los pescadores de la UE también se verán afectados, pues hasta ahora obtenían capturas en aguas británicas con un valor total anual de 650 millones de euros, según el Parlamento Europeo, especialmente a cargo de buques daneses, holandeses y franceses. Además, Bélgica es uno de los países que más se ve más afectado, pues el 43% de sus capturas se da en aguas británicas; ahora tendrá que reducir sus capturas en un 25% durante los próximos 5 años. Además, los pescadores belgas solían desembarcar su pescado en puertos británicos y luego llevarlo en camión a Bélgica. Sin embargo, esto ya no será posible. Junto a Bélgica, otros países que más sufrirán por la pérdida de los derechos de pesca a causa del Brexit son Irlanda, Dinamarca y Países Bajos.

En cuanto a España, el sector pesquero ha reconocido su malestar por la negociación anual que tendrá lugar tras el quinquenio inicial, así como por las consecuencias en la futura distribución del resto de cuotas de pesca, en la propia Política Pesquera Común, en el intercambio de cuotas entre países y en la gestión sostenible de las poblaciones marinas. No obstante, a corto plazo la flota española no parece verse tan afectada en comparación con otros países europeos.

De hecho, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, valoró positivamente este acuerdo, considerándolo un “buen acuerdo, que aporta estabilidad y seguridad jurídica”. Planas argumentó que la reducción del 25% del valor medio de las capturas de los ocho países europeos que pescan en aguas británicas tiene efectos limitados sobre la actividad pesquera española y, a modo de ejemplo, afirmó que las capturas de merluza solo se reducirán en un 1%. Es decir, la cuota actual del 29,5% bajaría hasta el 28,5% en 2026. Además, otras especies de mayor interés para España (como la caballa, el jurel y la bacaladilla) no se han incluido en el acuerdo y no hay rebajas en especies de aguas profundas de gran demanda (como el sable negro o los granaderos). En conclusión, Planas afirmó que España solo ha cedido en 17 de los 32 recursos pesqueros que el país tiene asignados. Sin embargo, le toca a Bruselas entrar en detalles y decidir las cuotas de pesca durante el período de transición abierto el 1 de enero, en el que los ocho países que pescan en aguas británicas tendrán cuotas más bajas.

En conclusión, Gran Bretaña ahora tiene la capacidad de dictar sus propias reglas en materia de pesca. Para 2026, el Reino Unido puede decidir retirar completamente el acceso de los barcos de la UE a aguas británicas. Pero la UE podría entonces responder suspendiendo el acceso a sus aguas o imponiendo aranceles a las exportaciones de pescado del Reino Unido.

La oportunidad del Gobierno Draghi

El expresidente del BCE se pone al frente de Italia con una agenda de reformas y una vuelta al atlantismo

Después de unos años de inestabilidad política, Italia estrenó a mediados de febrero un Gobierno en principio más fuerte, presidido por Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo. Su perfil técnico, su prestigio tras ocho años en la gobernanza europea y la conformación de un Gobierno de cierto carácter de unidad nacional constituyen una oportunidad para que Italia supere la actual crisis sanitaria y económica y emprenda las reformas que el país necesita.

Mario Draghi, al aceptar el encargo de formar Gobierno, en febrero de 2021 [Presidencia de la República]

ARTÍCULO Matilde Romito, Jokin de Carlos Sola

Desde hacía más de un año el Gobierno del primer ministro italiano Giuseppe Conte estaba siendo fuertemente contestado desde dentro, especialmente por las discrepancias de Italia Viva, el partido liderado por Matteo Renzi, en materia económica. La gota que colmó el vaso fue la oposición de Renzi al plan propuesto por Conte para el uso de las ayudas provenientes del Fondo de Recuperación puesto en marcha por la Unión Europea para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de Covid-19. Conte perdió la mayoría el 13 de enero a raíz de la dimisión de tres ministros pertenecientes a Italia Viva y el 26 de enero presentó su renuncia. El 3 de febrero el presidente de la República, Sergio Mattarella, encargó la formación del nuevo Gobierno a Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo (BCE).

En el arranque de su mandato, Mario Draghi estableció sus objetivos. Destacó la importancia de que el país mantenga cierta unidad en un momento histórico tan difícil e indicó que su prioridad será ofrecer más oportunidades y luchar contra el statu quo que impide la aplicación de reformas.

El 17 de febrero, Mario Draghi obtuvo la confianza del Parlamento, registrando una de las mayorías más amplias desde la Segunda Guerra Mundial. Draghi formó entonces un Gobierno integrado por diferentes fuerzas políticas, con el propósito de afrontar en un marco de unidad nacional la gestión de las consecuencias de la pandemia: además de diversos ministros técnicos (8) en el Gabinete están representados el Movimiento 5 Estrellas (4), el Partido Democrático (3), la Lega (3), Forza Italia (3), Liberi e Uguali (1) e Italia Viva (1). Esa diversidad interna, que en algunos temas se manifiesta en posiciones opuestas, podría acarrear cierta inestabilidad gubernamental.

Política nacional: recuperación y reformas

El Gobierno Draghi se ha propuesto como prioridad la campaña de vacunación y la reactivación económica, así como reformas en el sistema fiscal y en la administración pública y de la Justicia. El expresidente del BCE ha mostrado cierta capacidad tanto de innovación en las estructuras organizativas como de delegación de tareas, todo ello afrontado con celeridad, según su máxima de que “lo haremos pronto, lo haremos prontísimo”.

Acelerar la vacunación

En cuanto a la campaña de vacunación, Draghi está aplicando maximización y firmeza. En primer lugar, reformó las cumbres administrativas encargadas del plan de vacunación y designó nuevo comisario extraordinario para la emergencia Covid-19 al general Francesco Paolo Figliuolo, un militar experto en logística. Para entonces la dosis suministradas diariamente llegaban 170.000, pero Figliuolo, junto con el director de la Protección Civil, Fabrizio Curcio, y el ministro de Salud, Roberto Speranza, han puesto como objetivo triplicar ese número. Para ello se han establecido nuevos lugares de vacunación, como empresas, gimnasios o aparcamientos vacíos, y se ha promovido una movilización de personal sanitario en labores de vacunación.

También el Gobierno Draghi ha adoptado mayor firmeza a nivel internacional, como fue la decisión de bloquear la exportación a Australia de 250.000 dosis de la vacuna AstraZeneca. Aunque apoyada por la UE, la medida cogió por sorpresa a muchos países y convirtió a Italia en el primer miembro de la UE en aplicar dicho mecanismo legal. El 12 de marzo el Gobierno anunció la posibilidad de la futura producción en Italia de alguna de las vacunas ya aprobadas internacionalmente.

Economía: reformas estructurales

La agenda económica del nuevo Gobierno será caracterizada por reformas estructurales para promover la productividad, así como por la aplicación de ayudas económicas dirigidas a los más afectados por la crisis, con el objetivo de relanzar el país y luchar contra las nuevas desigualdades sociales. El Gobierno está ultimando el Plan de Recuperación que debe presentar a Bruselas para la obtención de los fondos previstos por la UE.

Durante su mandato como presidente del BCE Draghi promovió reformas estructurales en varios países europeos; por consiguiente, su liderazgo será clave para la promoción de reformas que miren al aumento de la productividad, la reducción de la burocracia y la mejora de la calidad de la educación. El Gobierno promete mayor gasto en la educación y la promoción de una economía más sostenible y digitalizada, como reclama el Green Deal de la UE.

A través del decreto legislativo “Sostegni”, el Gobierno está poniendo en marcha un plan de ayudas. Algunas de ellas van dirigidas a sufragar la modificación del marco de despidos implementado por Conte, pero ello requiere una negociación de mayor consenso.

Agilización de la Administración Pública y la Justicia

La reforma de la administración pública ha sido confiada a Marco D’Alberti, abogado y profesor de Derecho Administrativo en La Sapienza de Roma. La reforma seguirá dos caminos: mayor conectividad y una puesta al día de las competencias de los funcionarios públicos.

En relación con la Justicia, el propósito es aplicar varias de las recomendaciones trasladadas por la UE en 2019 y 2020. Entre otras medidas, la UE pide una mayor eficiencia del sistema judicial civil italiano, mediante una mayor rapidez del trabajo de los tribunales, una mejor distribución de la carga de trabajo, la adopción de normas procedurales más simples y una activa represión de la corrupción.

Política Exterior: atlantismo y menor entusiasmo con China

Una de las primeras consecuencias de la elección de Draghi como primer ministro ha sido la nueva imagen de estabilidad y disposición a la cooperación que Italia ha pasado a proyectar no solo en Bruselas sino también en Washington, tanto desde el punto de vista político como económico. No obstante, muchos aspectos de la política exterior de Conte van a ser mantenidos, dada la continuidad de Luigi di Maio como ministro de Exteriores.

Más allá de Europa, las prioridades de Draghi van a ser principalmente dos: el nuevo acercamiento a Washington –en el marco de un convencido atlantismo, dentro del multilateralismo­– y el refuerzo de la política italiana en el Mediterráneo. La llegada de Draghi también tiene el potencial de romper con el acercamiento a China efectuado por Conte, como la inclusión de puertos italianos en la Nueva Ruta de la Seda. Si bien esto puede asegurar a Italia como un aliado principal estadounidense, cualquier decisión deberá tener en cuenta la inversión china que puede comprometerse.

Contribución a la gobernanza europea

Italia es la tercera economía de la UE y la octava del mundo, por lo que su desempeño económico tiene cierta repercusión internacional. Draghi ha asegurado su compromiso con la recuperación y sus contactos con las élites europeas pueden ayudar a rebajar la tensión en las discusiones con los demás miembros de la UE sobre el reparto de fondos, especialmente el llamado Next Generation EU. Durante la Crisis del Euro Draghi fue uno de los principales defensores de reformas estructurales y ahora estas vuelven a ser vitales para evitar un aumento del gasto que pueda hacer crecer demasiado la deuda o recortes de presupuesto que dañen el crecimiento.

Draghi ha declarado que “sin Italia no hay Europa, pero sin Europa hay menos Italia” y se propone hacer de Italia un sujeto más activo y comprometido en Europa, al tiempo que trata de equilibrar los intereses de Francia, Alemania y Países Bajos. La partida de Merkel a finales de 2021 abre la posibilidad de un vacío de poder en el Consejo Europeo; siendo Francia e Italia la segunda y tercera economía su colaboración podría aportar estabilidad y garantizar la persistencia del Fondo de Recuperación. Esto a su vez puede terminar ocasionando problemas de gobernanza con Alemania y Países Bajos en caso de que hubiera desacuerdos a la hora del uso de los fondos. No obstante, Draghi se ha mostrado reticente a las propuestas geopolíticas de Francia de establecer a Europa como un actor independiente de Estados Unidos. Esto puede terminar envenenando la potencial nueva relación especial entre Roma y Paris.

El anuncio de voluntad de diálogo y concordia tanto con Turquía como Rusia puede acabar provocando problemas en Bruselas con otros países. En el caso turco puede comprometer las relaciones con Grecia en el Mediterráneo. Sin embargo, la fuerte crítica a Erdogan, al que llamó dictador, por haber humillado diplomáticamente a Ursula von der Leyen en su visita a AnKara, parece descartar aproximaciones contraproducentes. Por otra parte, su deseo de diálogo también con Moscú puede acabar sentado mal en las capitales bálticas, así como en Washington. 

El Mediterráneo: inmigración, Libia y Turquía

Draghi también se ha referido a zonas estratégicas fuera de la UE cercanas a Italia: el Magreb, Oriente Medio y el Mediterráneo. Respecto a este último las prioridades italianas no parece que vayan a cambiar: el objetivo es controlar la inmigración. Para ello Draghi espera establecer cooperación con España, Grecia y Chipre.

En esta área la estabilidad de Libia es importante, y seguirá el apoyo italiano al Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) establecido en Trípoli, uno de cuyos principales defensores en la UE ha sido Luigi Di Maio, que continúa al frente de Exteriores. El primer ministro libio Abdul Hamid Dbeibah ha declarado estar preparado para colaborar en temas de Inmigración con Draghi, pero este parece ser escéptico hacia los tratos bilaterales y preferirá que se realice en un marco europeo.

Esto va en contra de la política de Grecia y Francia, quienes apoyan al Ejército Nacional Libio, establecido en Tubruk, debido a las conexiones islamistas del GNA y el apoyo de Turquía a estos. Estas diferencias en relación con Libia ya han causado problemas y han dificultado la posibilidad de establecer sanciones contra Ankara.

Aprovechar la oportunidad

El nuevo Gobierno Draghi supone la oportunidad para Italia de poder alcanzar cierta estabilidad política después de unos años de vaivenes. La integración en el mismo Gobierno de personas de diferentes procedencias ideológicas puede contribuir a la unidad nacional que requiere la presente situación. La emergencia y excepcionalidad que supone la crisis de Covid-19 dan a Italia una oportunidad para aplicar no solo medidas contra la pandemia sino también cambios estructurales radicales que transformen la economía y la administración pública, algo que en otras circunstancias encontraría demasiadas trabas.

Por otra parte, aunque dentro de cierta continuidad, el Gobierno de Draghi supone un cambio en el tablero estratégico internacional, no solo para Bruselas, Berlín y París sino también para Washington y Pekín, dado que las tendencias más atlantistas lo alejarán tanto de Rusia como de China.

Los gobiernos italianos no son famosos por su duración y tampoco este ofrece garantías de permanencia, teniendo en cuenta además que el esfuerzo de unidad realizado obedece a la temporalidad de la crisis. No obstante, el perfil del propio Draghi proyecta una imagen de seriedad y responsabilidad.

Agreement on hold: The Iran nuclear deal during the Trump years

An update on the Iranian nuclear accord between 2018 and the resumed talks in April 2021

The signatories of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), reached in 2015 to limit Iran's nuclear program, met again on April 6 in Vienna to explore the possibility of reviving the accord. The US withdrawal after Donald Trump becoming president put the agreement on hold and lead Tehran to miss its commitments. Here we offer an update on the issue until the international talks resumed.

Trump's announcement of the US withdrawal from the JCPOA on May 8, 2018 [White House]

ARTICLE Ana Salas Cuevas

The Islamic Republic of Iran is a key player in the stability of its regional environment, which means that it is a central country worth international attention. It is a regional power not only because of its strategic location, but also because of its large hydrocarbon reserves, which make Iran the fourth country in oil reserves and the second one in gas reserves.

In 2003, the International Atomic Energy Agency (IAEA) brought to the light and warned the international community about the existence of nuclear facilities, and of a covert program in Iran which could serve a military purpose. This prompted the United Nations and the five permanent members of the UN Security Council (the P5: France, China, Russia, the United States and the United Kingdom) to take measures against Iran in 2006. Multilateral and unilateral economic sanctions (the UN and the US) were implemented, which deteriorated Iran’s economy, but which did not stop its nuclear proliferation program. There were also sanctions linked to the development of ballistic missiles and to the support of terrorist groups. These sanctions, added to the ones the United States imposed on Tehran in the wake of the 1979 revolution, and together with the instability that cripples the country, caused a deep deterioration of Iran’s economy.

In November 2013, the P5 plus Germany (P5+1) and Iran came to terms with an initial agreement on Iran's nuclear program (a Joint Plan of Action) which, after several negotiations, translated in a final pact, the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), signed in 2015. The European Union adhered to the JCPOA.

The focus of Iran's motives for succumbing and accepting restrictions on its nuclear program lies in the Iranian regime’s concern that the deteriorating living conditions of the Iranian population due to the economic sanctions could result in growing social unrest.

The Joint Comprehensive Plan of Action

The goal of these negotiations was to reach a long-term comprehensive solution agreed by both parties to ensure that Iran´s nuclear program would be completely peaceful. Iran reiterated that it would not seek or develop any nuclear weapons under any circumstances. The real aim of the nuclear deal, though, was to extend the time needed for Iran to produce enough fissile material for bombs from three months to one year. To this end, a number of restrictions were reached.

This comprehensive solution involved a mutually defined enrichment plan with practical restrictions and transparent measures to ensure the peaceful nature of the program. In addition, the resolution incorporated a step-by-step process of reciprocity that included the lifting of all UN Security Council, multilateral and national sanctions related to Iran´s nuclear program. In total, these obligations were key to freeze Iran’s nuclear program and reduced the factors most sensitive to proliferation. In return, Iran received limited sanctions relief.

More specifically, the key points in the JCPOA were the following: Firstly, for 15 years, Iran would limit its uranium enrichment to 3.67%, eliminate 98% of its enriched uranium stocks in order to reduce them to 300 kg, and restrict its uranium enrichment activities to its facilities at Natanz. Secondly, for 10 years, it would not be able to operate more than 5,060 old and inefficient IR-1 centrifuges to enrich uranium. Finally, inspectors from the IAEA would be responsible for the next 15 years for ensuring that Iran complied with the terms of the agreement and did not develop a covert nuclear program.

In exchange, the sanctions imposed by the United States, the European Union and the United Nations on its nuclear program would be lifted, although this would not apply to other types of sanctions. Thus, as far as the EU is concerned, restrictive measures against individuals and entities responsible for human rights violations, and the embargo on arms and ballistic missiles to Iran would be maintained. In turn, the United States undertook to lift the secondary sanctions, so that the primary sanctions, which have been in place since the Iranian revolution, remained unchanged.

To oversee the implementation of the agreement, a joint committee composed of Iran and the other signatories to the JCPOA would be established to meet every three months in Vienna, Geneva or New York.

United States withdrawal

In 2018, President Trump withdrew the US from the 2015 Iran deal and moved to resume the sanctions lifted after the agreement was signed. The withdrawal was accompanied by measures that could pit the parties against each other in terms of sanctions, encourage further proliferation measures by Iran and undermine regional stability. The US exit from the agreement put the Joint Comprehensive Plan of Action on hold.

The United States argued that the agreement allowed Iran to approach the nuclear threshold in a short period of time. With the withdrawal, however, the US risked bringing this point closer in time by not waiting to see what could happen after the 10 and 15 years, assuming that the pact would not last after that time. This may make Iran's proliferation a closer possibility.

Shortly after Trump announced the first anniversary of its withdrawal from the nuclear deal and the assassination of powerful military commander Qasem Soleimani by US drones, Iran announced a new nuclear enrichment program as a signal to nationalists, designed to demonstrate the power of the mullah regime. This leaves the entire international community to question whether diplomatic efforts are seen in Tehran as a sign of weakness, which could be met with aggression.

On the one hand, some opinions consider that, by remaining within the JCPOA, renouncing proliferation options and respecting its commitments, Iran gains credibility as an international actor while the US loses it, since the agreements on proliferation that are negotiated have no guarantee of being ratified by the US Congress, making their implementation dependent on presidential discretion.

On the other hand, the nuclear agreement adopted in 2015 raised relevant issues from the perspective of international law. The Joint Comprehensive Plan of Action timeline is 10 to 15 years. This would terminate restrictions on Iranian activities and most of the verification and control provisions would expire. Iran would then be able to expand its nuclear facilities and would find it easier to develop nuclear weapons activities again. In addition, the legal nature of the Plan and the binding or non-binding nature of the commitments made under it have been the subject of intense debate and analysis in the United States. The JCPOA does not constitute an international treaty. So, if the JCPOA was considered to be a non-binding agreement, from the perspective of international law there would be no obstacle for the US administration to withdraw from it and reinstate the sanctions previously adopted by the United States.

The JCPOA after 2018

As mentioned, the agreement has been held in abeyance since 2018 because the IAEA inspectors in Vienna will no longer have access to Iranian facilities.

Nowadays, one of the factors that have raised questions about Iran’s nuclear documents is the IAEA’s growing attention to Tehran’s nuclear contempt. In March 2020, the IAEA “identified a number of questions related to possible undeclared nuclear material and nuclear-related activities at three locations in Iran”. The agency’s Director General Rafael Grossi stated: “The fact that we found traces (of uranium) is very important. That means there is the possibility of nuclear activities and material that are not under international supervision and about which we know not the origin or the intent”.

The IAEA also revealed that the Iranian regime was violating all the restrictions of the Joint Comprehensive Plan of Action. The Iranian leader argued that the US first violated the terms of the JCPOA when it unilaterally withdrew the terms of the JCPOA in 2018 to prove its reason for violating the nuclear agreement.

In the face of the economic crisis, the country has been hit again by the recent sanctions imposed by the United States. Tehran ignores the international community and tries to get through the signatory countries of the agreement, especially the United States, claiming that if they return to compliance with their obligations, Iran will also quickly return to compliance with the treaty. This approach has put strong pressure on the new US government from the beginning. Joe Biden's advisors suggested that the agreement could be considered again. But if Washington is faced with Tehran's full violation of the treaty, it will be difficult to defend such a return to the JCPOA.

In order to maintain world security, the international community must not succumb to Iran’s warnings. Tehran has long issued empty threats to force the world to accept its demands. For example, in January 2020, when the UK, France and Germany triggered the JCPOA’s dispute settlement mechanism, the Iranian Ministry of Foreign Affairs issued a direct warning, saying: “If Europeans, instead of keeping to their commitments and making Iran benefit from the lifting of sanctions, misuse the dispute resolution mechanism, they’ll need to be prepared for the consequences that they have been informed about earlier”.

Conclusions

The purpose of the agreement is to prevent Iran from becoming a nuclear power that would exert pressure on neighboring countries and further destabilize the region. For example, Tehran's military influence is already keeping the war going in Syria and hampering international peace efforts. A nuclear Iran is a frightening sight in the West.

The rising in tensions between Iran and the United States since the latter unilaterally abandoned the JCPOA has increased the deep mistrust already separating both countries. Under such conditions, a return to the JCPOA as it was before 2018 seems hardly imaginable. A renovated agreement, however, is baldly needed to limit the possibilities of proliferation in an already too instable region. Will that be possible?

Comienza la recta final del diferendo territorial entre Guatemala y Belice

Tras sendos referéndums en 2018 y 2019, el gobierno guatemalteco presentó su memoria ante La Haya en 2020 y el beliceño tiene un año para replicar

Guatemala presentó su posición ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya el pasado mes de diciembre, con medio año de retraso atribuido a la situación de emergencia del Covid-19; ahora Belice tendrá un año para responder. Aunque después la CIJ se tomará su tiempo para redactar una sentencia, puede decirse que el diferendo territorial entre ambos vecinos ha comenzado su recta final, teniendo en cuenta que la disputa por ese enclave centroamericano viene del siglo XVIII.

Escudos de Guatemala (izq.) y de Belice (dcha.) sobre sus respectivas banderas

ARTÍCULO Álvaro de Lecea

El conflicto territorial entre Guatemala y Belice tiene su raíz en el pulso entre el Imperio Español en América y la actividad de Inglaterra en el Caribe durante la era colonial. La inacción de la Corona española a finales del siglo XVIII frente a las invasiones británicas en lo que hoy es Belice y que en esa época era territorio español, permitió a los ingleses asentar un pie en Centroamérica y comenzar a explotar tierras continentales en busca de maderas preciosas, como el palo de tinte y la caoba. No obstante, las reservas puestas por Guatemala sobre parte del terreno beliceño –reclama más de 11.000 km2, casi la mitad del vecino país; también reivindica la correspondiente extensión marítima y algunos cayos– generaron una situación de tensión y conflicto que se ha mantenido hasta la actualidad.

En 2008 ambos países decidieron celebrar sendos referéndums sobre la posibilidad llevar la disputa a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para que sea quien dictamine sobre el reparto de soberanía. Los beliceños aprobaron dar ese paso en 2018 y los guatemaltecos el año siguiente. La cuestión se formalizó ante la CIJ, en La Haya, el 12 de junio de 2019

Contexto histórico

El territorio del actual Belice fue colonizado por España a mediados del siglo XVI, como parte del Virreinato de Nueva España y dependiente de la capitanía de Guatemala. No obstante, al no haber allí recursos minerales y no existir apenas población, la metrópoli prestó poca atención a la zona. Esa escasa presencia española favoreció el ataque de piratas y para evitarlos la Corona España permitió una creciente actividad explotadora inglesa a cambio de defensa. Parecida penetración llevó a cabo Inglaterra en las costas caribeñas de Nicaragua, pero mientras que los españoles consiguieron expulsar a los ingleses de allí, en el área de Belice estos consolidaron su asentamiento y finalmente obtuvieron el territorio por el Tratado de París de 1783, por el que España se desentendía de ese rincón centroamericano. Esa concesión y otra tres años después cubrían apenas 6.685 km2, un espacio próximo a la costa que luego Inglaterra fue agrandando, tierra adentro y hacia el sur, dado que España no actuaba en la zona. Desde entonces el enclave fue conocido como la “Honduras británica”.

La cesión no tuvo en cuenta las reclamaciones de los guatemaltecos, que consideraban como propio el espacio entre los ríos Sarstún y Sibún. Ambos con cauce oeste-este, el primero dibuja, en el sur de lo que hoy es Belice, la frontera con Guatemala; el otro, más al norte, discurre por el centro de Belice, con desembocadura junto a su capital, partiendo el país en dos. No obstante, dadas la urgencia de reconocimiento internacional que tuvo cuando declaró su independencia en 1821, Guatemala firmó varios acuerdos con Inglaterra, la gran potencia del momento, para garantizar la viabilidad del nuevo estado. Uno de ellos fue el Tratado Aycinena-Wyke (1859), por el que Guatemala aceptaba las fronteras beliceñas a cambio de la construcción de una carretera que mejorara su acceso de su capital al Caribe. No obstante, ambas partes culparon a la otra de no cumplir el Tratado (la carretera no se llevó a cabo, por ejemplo) y Guatemala lo dio por anulado en 1939.

En la Constitución promulgada en 1946, Guatemala incluyó el reclamo en el redactado, y ha insistido en esa posición desde que el vecino país, con el nombre de Belice, obtuvo su independencia del Reino Unido en 1981. Ya en 1978 la ONU aprobó una resolución garantizando los derechos a la autodeterminación y protección territorial del pueblo beliceño, donde también se pedía una resolución pacífica del conflicto vecinal. Hasta 1991 Guatemala no reconoció la existencia del nuevo estado soberano y aún hoy sigue poniendo algunos límites en el progresivo acoplamiento de Belice en el Sistema de Integración Centroamericano. Por su matriz inglesa, Belice ha mantenido históricamente más relación con las islas anglófonas del Caribe.

Mapa de Centroamérica y, en detalle, el diferendo territorial entre Guatemala y Belice [Rei-artur / Janitoalevic Bettyreategui]

Línea de Adyacencia y el papel de la OEA

Desde el año 2000, la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que ambas naciones forman parte, se ha prestado a mediar entre los dos países. Ese mismo año, la OEA propició un acuerdo con el objetivo de fomentar la confianza y las negociaciones entre ambos vecinos. A fin de conseguir estos objetivos, la OEA, a través de su Fondo de Paz, apoyó de forma activa la búsqueda de una solución, brindando apoyo técnico y político. De hecho, gracias a este acercamiento se reanudaron las conversaciones sobre el diferendo y se acordó la creación de la “Línea de Adyacencia”.

Esta es una línea imaginaria que básicamente sigue el trazado que de norte a sur venía separando “de hecho” los dos países y es donde tienen lugar la mayoría de las tensiones. A lo largo de los años, ambas partes han incrementado ahí su presencia militar, a modo de respuesta por incidentes atribuidos al otro lado. Debido a esas frecuentes discusiones, en 2015 Belice tuvo que pedir ayuda militar de la armada inglesa. Precisamente en esa Zona de Adyacencia se encuentra una oficina de la OEA, cuyo propósito es promover contactos entre las comunidades y verificar ciertas transgresiones a los acuerdos ya firmados.

Uno de los avances más prometedores que tuvo lugar bajo el paraguas de la OEA fue la firma en 2008 de lo que se denominó “Acuerdo especial entre Guatemala y Belice para someter el reclamo territorial, insular y marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia”. Bajo este acuerdo ambos países se comprometieron a someter a consultas populares simultáneas la aceptación de la mediación de la Corte. No obstante, en 2015, a través del Protocolo del Acuerdo Especial entre Belice y Guatemala, se permitió que dichas consultas populares no se realizaran al mismo tiempo. Ambas partes se comprometieron a aceptar la decisión del Tribunal como “decisiva y vinculante” y a cumplirla y aplicarla “de manera plena y de buena fe”.

La Haya y el impacto de la futura resolución

Los referéndums se realizaron en 2018, en el caso de Guatemala, y en 2019, en el caso de Belice. Aunque los porcentajes de ambas consultas populares fueron algo dispares, los resultados resultaron positivos. En Belice, el sí consiguió el 55,37% de los votos y el no, el 44,63%. Por su lado, en Guatemala los resultados fueron mucho más favorables para el sí, con el 95,88% de los votos, frente al 4,12% del no.

Estos resultados muestran cómo los beliceños miran con recelo acudir a la decisión de La Haya ya que, si bien con la fijación definitiva de la frontera cerrarán por siempre cualquier reclamo, se arriesgar a perder parte de su territorio. En cambio, la perspectiva de ganancia es mayor en el caso guatemalteco, pues de aceptarse su planteamiento –o al menos parte de él– ampliaría estratégicamente su acceso al Caribe, ahora algo limitado, y en el caso de perder se quedaría simplemente como ha estado hasta ahora, lo no que constituye ningún grave problema para el país.

La definición de una frontera clara y respetada es necesaria a estas alturas. La línea adyacente, observada por la misión de paz y seguridad de la OEA, ha conseguido limitar las tensiones entre ambos países, pero la realidad es que ciertos incidentes siguen teniendo lugar en esa zona tan desprotegida. Esos incidentes, como los asesinatos a ciudadanos de ambos países o maltratos atribuidos a los militares guatemaltecos, provocan que el conflicto se alargue y las tensiones aumenten. Por otro lado, el hecho de que no exista una definición clara de las fronteras facilita el narcotráfico y el contrabando.

Asimismo, este conflicto ha afectado a las relaciones económicas y comerciales de Belice con sus vecinos de la región, sobre todo México y Honduras. No solo debido a la falta de límites terrestres, sino también marítimos. Esta zona es muy rica en recursos naturales y cuenta con la segunda reserva coralina más grande del mundo, después de la de Australia. Además, esto ha afectado, como era de esperar, a las relaciones bilaterales entre ambos países. Mientras los organismos regionales apuestan por una integración regional más relevante, las tensiones entre Belice y Guatemala impiden que pueda haber una mejoría en este aspecto.

El presidente de Guatemala ha manifestado que, independientemente del resultado del Tribunal, tiene intención de fortalecer las relaciones bilaterales, sobre todo en campos como el comercio y el turismo, con su vecino Belice. Por su parte, los jefes de estado de Caricom expresaron en octubre de 2020 su apoyo a Belice, su entusiasmo respecto a la intervención del CIJ y su felicitación a la OEA por su labor mediadora.

Emmanuel Macron, ¿heredero de Napoleón III?

Intento de ambos de recolocar a Francia en el centro geoestratégico de Europa, con oposición de Alemania

El sobrino de Napoleón Bonaparte y el actual presidente de la República Francesa no son vidas completamente paralelas, pero entre ambos existen algunas similitudes realmente sugerentes. Es frecuente afirmar que los presidentes franceses reviven algo del empaque añorado de la monarquía decapitada; en el caso de Macron hay probablemente mucho de eso, pero también la asunción de unos imperativos geopolíticos ya evidenciados en el Segundo Imperio.

Napoleón III con uniforme en un retrato de 1850, y Macron en su mensaje televisado de Nochevieja de 2019

ARTÍCULO José Manuel Fábregas

El hecho de que Emmanuel Macron decidiera que la cumbre del G7 se celebrara en la ciudad vascofrancesa de Biarritz en agosto de 2019 hizo que se produjera un acercamiento simbólico con la figura de Napoleón III. El emperador, y sobrino de Napoleón Bonaparte, transformó el antiguo pueblo pesquero en un núcleo vacacional cosmopolita donde se reunían aristócratas europeos y miembros de las altas esferas políticas a escala internacional. Por su parte, Macron volvió a situar a Biarritz como el escenario de las grandes discusiones políticas mundiales.

Así confluyen dos personalidades que, con el atractivo de haber sido los más jóvenes jefes de Estado del país, comparten dos aspectos fundamentales en su forma de entender la política francesa. Primero, la influencia que ha tenido en ambos su infancia a la hora de desarrollar una forma personalista de entender la jefatura del Estado. Y, segundo, cómo los dos han intentado recolocar a Francia en el centro geoestratégico de Europa y han sido obstaculizados por Alemania. 

Cuál es el papel que debe tener el jefe del Estado

Dado que nació siendo quinto en el orden sucesorio de Napoleón I, el joven Luis Napoleón Bonaparte nunca previó que llegaría a convertirse en heredero de la casa imperial en 1832. Según cuenta su biógrafo Paul Guériot, su madre, Hortensia de Beauharnais, le inculcó desde pequeño la idea de que estaba destinado a reconstruir el ya acabado Imperio Napoleónico. La insistencia de su madre por que tuviera una perfecta formación intelectual y militar transformaron a Luis Napoleón –que recibió educación del jacobino, y seguidor de la figura de Robespierre, Philippe Le Bas– en una persona solitaria, tímida y megalómana obsesionada por restaurar la Francia Napoleónica[1].

La revolución de febrero de 1848, según Jacob Talmon, era inevitable “aunque fue, sin embargo, un accidente”[2]. El historiador israelí explica que los levantamientos en varios lugares de Europa fueron una reacción directa a la reordenación territorial del Congreso de Viena (1815). En este contexto de descontento o desilusión por el sistema de la Restauración, la figura de Luis Napoleón Bonaparte pudo haberse beneficiado de la imagen de revolucionario romántico que le habían asignado los periódicos y escritos de opinión de la época. Tras unos fallidos intentos de golpe de estado en Estrasburgo (1836) y en Bolonia (1840), el futuro emperador pasó un breve periodo de tiempo en prisión. Esto fue un aspecto determinante en la construcción del personaje de héroe romántico que tanta admiración despertó en una sociedad amante de las novelas de Alejandro Dumas[3]. La explotación de esta personalidad mediante un gran aparato propagandístico le permitió ganar holgadamente las elecciones de diciembre de 1848. Así, también podría decirse que el establecimiento del Segundo Imperio –ratificado por un plebiscito popular en noviembre de 1852– fue el siguiente paso en su principal proyecto político: el renacimiento de la Francia Napoleónica.

Por su parte, el actual presidente de la República Francesa también experimentó una infancia sobreprotectora que forjó, al igual que el último emperador de Francia, una personalidad solitaria y una forma individualista de entender la política. Anne Fulda subraya en su biografía de Emmanuel Macron que, al nacer un año después de la muerte de su hermana mayor y tras un complicado parto, su nacimiento fue considerado como un milagro. Esto pudo haber fomentado, junto con una educación competitiva en la que sobresalió como “niño prodigio”, su auto convencimiento de estar destinado a gobernar el país[4]. Sin embargo, su elección como jefe de Estado no fue fruto de una estrategia a largo plazo, sino más bien, como la de Luis Napoleón, de un movimiento táctico. La imagen renovadora que Macron ofrecía fue aprovechada de manera inteligente en unos comicios en los que se enfrentaba a rivales que presentaban ciertas debilidades comunicativas, como aquellos con un perfil bajo como François Fillon (republicano) y Benoît Hamon (socialista), u otros con tonos más extremistas como Marine Le Pen (Frente Nacional) y Jean-Luc Mélenchon (Francia Insumisa).

En 2015, siendo todavía ministro de Economía, Emmanuel Macron hizo una interesante reflexión para el semanario Le 1 sobre cuál era el rol del presidente en Francia. Entendía que los ciudadanos franceses sentían una carencia tras la caída de la monarquía que habían intentado llenar mediante el fortalecimiento de la figura del presidente. Este excesivo peso del personalismo en la forma de entender la política de Macron también se ha demostrado recientemente en el relevo de Édouard Philippe como primer ministro. Debido a que la popularidad de este había crecido en el último año al mostrarse más carismático y calmado en contrapunto con la sobreactuación y el abusivo protagonismo del presidente, Macron escogió como su sustituto a Jean Castex, con un perfil más tecnócrata que no ensombrezca al presidente de cara a su reelección.

Qué papel debe jugar Francia en Europa

Este firme compromiso de ambos dirigentes por darle una mayor importancia y visibilidad al cargo de jefe del Estado trasciende las fronteras del país galo. Napoleón III y Emmanuel Macron también comparten el deseo de situar a Francia en el centro del equilibrio europeo.

Habiendo ganado las elecciones con un discurso en contra del orden heredado del Congreso de Viena, Napoleón III tenía su propio proyecto europeo basado en la libre integración o separación de las distintas identidades nacionales del viejo continente. Un claro ejemplo de ello fue la Guerra de Crimea (1854-1856). Temiendo que el decadente Imperio Otomano acabase siendo vasallo de Rusia, el emperador defendió, junto al Reino Unido y al Reino de Cerdeña, su independencia de los otomanos en un conflicto que separaría a Rusia de las demás potencias occidentales temporalmente[5]. El tratado de París (1856) no solo finalizaría la guerra, sino que también motivaría a Napoleón III a iniciar una política intervencionista en Europa.

El sueño imperial de Napoleón III le obligó a desarrollar una activa política exterior centrada en la ampliación de las fronteras francesas y el reordenamiento del continente teniendo en cuenta dos valores principales: el nacionalismo y el liberalismo. Sin embargo, comenta con acierto Henry Kissinger que su labor diplomática fue hasta tal punto confusa que “Francia no obtuvo nada”[6]. Al apoyar la unificación de Italia a costa de la pérdida de territorio del Imperio Austríaco, Napoleón favoreció involuntariamente la creación de Alemania. Estos hechos debilitaron fuertemente la influencia geoestratégica de Francia de cara a ese nuevo orden europeo al que aspiraba. En cambio, fueron las inteligentes tácticas diplomáticas de Bismarck las que realmente acabarían con el sistema de Viena, acelerando la caída del Segundo Imperio francés en la batalla de Sedán (1870).

Junto a esto, Emmanuel Macron se presenta como el salvador de la Unión Europea en un contexto marcado por el auge de movimientos populistas y euroescépticos. No obstante, sus ambiciosos proyectos de reformas se han topado con la reticencia de Angela Merkel.

En una reciente entrevista para The Economist, Emmanuel Macron señaló que la OTAN estaba en “muerte cerebral” y que Europa se encontraba “al borde del precipicio” al depender de Estados Unidos y no contar con una independencia en términos de defensa. Macron opta por una mayor integración de la Unión Europea en el ámbito estratégico, llegando a proponer incluso un único ejército paneuropeo. A modo de respuesta, la canciller alemana Angela Merkel le objetó que en este momento Europa no tiene capacidad para defenderse por sí sola y que, consecuentemente, depende de la Alianza Atlántica. Además, Macron también ha desafiado el aparente acuerdo entre los países de la Unión respecto a la incorporación de nuevos miembros y la relación con Rusia. El veto del presidente francés a una posible incorporación de Albania y Macedonia del Norte, alegando que no cumplían las cláusulas de la UE sobre corrupción, ha llegado a ser calificado como un “error histórico” al dejar el futuro de los países balcánicos a merced de Rusia y China. Esta posición no la comparte respecto a Rusia, con la cual está dispuesto a destensar las relaciones diplomáticas e incluso sugiere una mayor integración del país en Europa.

En definitiva, Emmanuel Macron y Napoleón III comparten una visión excesivamente egocéntrica. La sobreexposición de determinadas características personales en asuntos de Estado y la desmedida pretensión de liderazgo en Europa son dos aspectos comunes a estos dos jóvenes líderes. Pese a que la historiografía ya ha juzgado los errores que precipitaron a Luis Napoleón al exilio, todavía queda por saber si Macron está o no condenado a repetir la historia de su antecesor.

 

[1] Guériot, P. (1944). Napoleón III. Madrid: Ediciones Técnicas.

[2] Talmón, J.L. (1960). Mesianismo político. La etapa romántica. Ciudad de México: Ed. Aguilar.

[3] Guériot, P. (1944). Napoleón III. Madrid: Ediciones Técnicas.

[4] Fulda, A. (2017). Emmanuel Macron, el presidente que ha sorprendido a Europa. Madrid: Ediciones Península.

[5] Milza, P. (2004). Napoleón III. París: Éditions Perrin.

[6] Kissinger, Henry (1994). Diplomacia (Primera Edición). Barcelona: Ediciones B.

 

Seis razones que explican la victoria de Catar frente a EAU y Arabia Saudí

El refuerzo económico catarí y la ampliación de sus relaciones con Rusia, China y Turquía restaron eficacia al bloqueo que le habían impuesto sus vecinos del Golfo

Es una realidad: Catar ha vencido en su pulso contra Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí tras más de tres años de ruptura diplomática en los que ambos países, junto con otros vecinos árabes, aislaron comercial y territorialmente a la península catarí. Razones económicas y de configuración geopolítica explican que el bloqueo impuesto finalmente se haya desvanecido sin que Catar haya cedido en su línea diplomática autónoma.

El emir de Catar, Tamim Al Thani, en la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2018 [Kuhlmann/MSC]

ARTÍCULO Sebastián Bruzzone

En junio de 2017, Egipto, Jordania, Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Libia, Yemen y Maldivas acusaron a la familia Al Thani de apoyar el terrorismo islámico y a los Hermanos Musulmanes e iniciaron un bloqueo total al comercio con origen y destino en Catar hasta que Doha cumpliera con trece condiciones. Sin embargo, el pasado 5 de enero de 2021, el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, recibió al emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, con un inesperado abrazo en la ciudad saudí de Al-Ula, sellando el final de un capítulo oscuro más de la historia moderna del Golfo Pérsico. Pero, ¿cuántas de las trece exigencias ha cumplido Catar para reconciliarse con sus vecinos? Ninguna.

Como si nada hubiera pasado. Tamim Al Thani llegó a Arabia Saudí para participar en la 41º Cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) en la que los estados miembros se comprometieron a realizar esfuerzos para fomentar la solidaridad, la estabilidad y el multilateralismo ante los desafíos de la región, que se enfrenta al programa nuclear y de misiles balísticos de Irán, así como a sus planes de sabotaje y destrucción. Además, el CCG en su conjunto agradeció el papel mediador de Kuwait, del entonces presidente estadounidense Donald J. Trump y de su yerno, Jared Kushner.

La reunión de los líderes árabes del Golfo ha sido el deshielo en el desierto político tras una tormenta de acusaciones mutuas e inestabilidad en lo que se denominó “crisis diplomática de Catar”; ese acercamiento, como efecto inmediato, despeja la normal preparación de la Copa del Mundo de fútbol prevista en Catar para el próximo año. Siempre es positivo el retorno del entendimiento regional y diplomático en situaciones de urgencia como una crisis económica, una pandemia mundial o un enemigo común chiíta armando misiles en la otra orilla del mar. En todo caso, el Catar de los Al Thani puede coronarse como el vencedor del pulso económico frente a los emiratíes Al Nahyan y los saudíes Al Saud incapaces de asfixiar a la pequeña península.

Los factores

La pregunta relevante nos devuelve al título inicial previo a estas líneas: ¿cómo Catar ha conseguido resistir la presión sin doblegarse lo más mínimo frente a las trece condiciones exigidas en 2017? Varios factores contribuyen a explicarlo.

Primero, la inyección de capital por QIA (Qatar Investment Authority). A principios del bloqueo, el sistema bancario sufrió una fuga de capitales de más de 30.000 millones de dólares y la inversión extranjera disminuyó notablemente. El fondo soberano catarí respondió ingresando 38.500 millones de dólares para proveer de liquidez a los bancos y reactivar la economía. El bloqueo comercial repentino de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí supuso una espantada financiera que llevó a inversores extranjeros, e incluso residentes cataríes, a transferir sus activos fuera del país y liquidar sus posiciones ante el miedo a un colapso del mercado.

Segundo, el acercamiento a Turquía. En 2018, Catar salió al rescate de Turquía comprometiéndose a invertir 15.000 millones de dólares en activos turcos de todo tipo y, en 2020, a ejecutar un acuerdo de permuta o swap de divisas con el fin de elevar el valor de la lira turca. En reciprocidad, Turquía aumentó en un 29% la exportación de productos básicos a Catar e incrementó la presencia militar en la península catarí frente a una posible invasión o ataque de sus vecinos, construyendo una segunda base militar turca cerca de Doha. Además, como medida de refuerzo interna, el gobierno catarí ha invertido más de 30.000 millones de dólares en equipamiento militar, artillería, submarinos y aviones de empresas americanas.

Tercero, la aproximación a Irán. Catar comparte con el país persa el yacimiento de gas South Pars North Dome, considerado el más grande del mundo, y se posicionó como mediador entre la Administración Trump y el gobierno ayatolá. Desde 2017, Irán ha suministrado 100.000 toneladas diarias de alimentos a Doha ante una posible crisis alimenticia causada por el bloqueo de la única frontera terrestre con Arabia Saudí por la que entraba el 40% de los alimentos.

Cuarto, el acercamiento a Rusia y China. El fondo soberano catarí adquirió el 19% del accionariado de Rosneft, abriendo las puertas a la colaboración entre la petrolera rusa y Qatar Petroleum y a más joint ventures empresariales entre ambas naciones. En la misma línea, Qatar Airways aumentó su participación hasta el 5% del capital de China Southern Airlines.

Quinto, su refuerzo como primer exportador mundial de GNL (Gas Natural Licuado). Es importante saber que el principal motor económico de Catar es el gas, no el petróleo. Por ello, en 2020, el gobierno catarí inició su plan de expansión aprobando una inversión de 50.000 millones de dólares para ampliar su capacidad de licuefacción y de transporte con buques metaneros, y otra de 29.000 millones de dólares para construir más plataformas marítimas extractoras en North Dome. El gobierno catarí ha previsto que su producción de GNL crecerá un 40% para 2027, pasando de 77 a 110 millones toneladas anuales.

Debemos tener en cuenta que el transporte de GNL es mucho más seguro, limpio, ecológico y barato que el transporte del petróleo. Además, la Royal Dutch Shell vaticinó en su informe “Annual LNG Outlook Report 2019” que la demanda mundial de GNL se duplicaría para 2040. De confirmarse este pronóstico, Catar estaría a las puertas de un impresionante crecimiento económico en las próximas décadas. Por lo tanto, lo que más le conviene en esa situación es mantener sus arcas públicas solventes y un clima político estable en la región de Oriente Medio. Por si fuera poco, el pasado noviembre de 2020, Tamim Al Thani anunció que los presupuestos estatales futuros se configurarán en base a un precio ficticio de 40 dólares por barril, un valor bastante más pequeño que el WTI Oil Barrel o Brent Oil Barrel que se encuentra en torno a 60-70 dólares. Es decir, el gobierno catarí indexará su gasto público considerando la volatilidad de los precios de los hidrocarburos. En otras palabras, Catar busca ser previsor frente a un posible desplome del precio del crudo, impulsando una política de gasto público eficiente.

Y sexto, el mantenimiento del portafolio de inversiones de Qatar Investment Authority, valorado en 300.000 millones de dólares. Los activos del fondo soberano catarí constituyen un seguro de vida para el país que puede ordenar su liquidación en situaciones de necesidad extrema.

Catar tiene un papel muy importante para el futuro del Golfo Pérsico. La dinastía Al Thani ha demostrado su capacidad de gestión política y económica y, sobre todo, su gran previsión a futuro frente al resto de países del Consejo de Cooperación del Golfo. La pequeña “perla” peninsular ha dado un golpe sobre la mesa imponiéndose sobre el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, y sobre el príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, que ni se presentó en Al-Ula. Este movimiento geopolítico, más la decisión de la Administración Biden de mantener la política de línea dura frente a Irán, parece garantizar el aislamiento internacional del régimen ayatolá del país persa.

Qatar diplomatic crisis: a political conflict toward regional dominance

Behind the tension between Qatar and its neighbors is the Qatari ambitious foreign policy and its refusal to obey

Recent diplomatic contacts between Qatar and Saudi Arabia have suggested the possibility of a breakthrough in the bitter dispute held by Qatar and its Arab neighbors in the Gulf since 2017. An agreement could be within reach in order to suspend the blockade imposed on Qatar by Saudi Arabia, United Arab Emirates, and Bahrain (and Egypt), and clarify the relations the Qataris have with Iran. The resolution would help Qatar hosting the 2022 FIFA World Cup free of tensions. This article gives a brief context to understand why things are the way they are.

Ahmad Bin Ali Stadium, one of the premises for the 2020 FIFA World Cup in Qatar

▲ Ahmad Bin Ali Stadium, one of the premises for the 2022 FIFA World Cup in Qatar

ARTICLEIsabelle León

The diplomatic crisis in Qatar is mainly a political conflict that has shown how far a country can go to retain leadership in the regional balance of power, as well as how a country can find alternatives to grow regardless of the blockade of neighbors and former trading partners. In 2017, Saudi Arabia, United Arab Emirates, and Bahrain broke diplomatic ties with Qatar and imposed a blockade on land, sea, and air.

When we refer to the Gulf, we are talking about six Arab states: Saudi Arabia, Oman, UAE, Qatar, Bahrain, and Kuwait. As neighbors, these countries founded the Gulf Cooperation Council (GCC) in 1981 to strengthen their relation economically and politically since all have many similarities in terms of geographical features and resources like oil and gas, culture, and religion. In this alliance, Saudi Arabia always saw itself as the leader since it is the largest and most oil-rich Gulf country, and possesses Mecca and Medina, Islam’s holy sites. In this sense, dominance became almost unchallenged until 1995, when Qatar started pursuing a more independent foreign policy.

Tensions grew among neighbors as Iran and Qatar gradually started deepening their trading relations. Moreover, Qatar started supporting Islamist political groups such as the Muslim Brotherhood, considered by the UAE and Saudi Arabia as terrorist organizations. Indeed, Qatar acknowledges the support and assistance provided to these groups but denies helping terrorist cells linked to Al-Qaeda or other terrorist organizations such as the Islamic State or Hamas. Additionally, with the launch of the tv network Al Jazeera, Qatar gave these groups a means to broadcast their voices. Gradually the environment became tense as Saudi Arabia, leader of Sunni Islam, saw the Shia political groups as a threat to its leadership in the region.

Consequently, the Gulf countries, except for Oman and Kuwait, decided to implement a blockade on Qatar. As political conditioning, the countries imposed specific demands that Qatar had to meet to re-establish diplomatic relations. Among them there were the detachment of the diplomatic ties with Iran, the end of support for Islamist political groups, and the cessation of Al Jazeera's operations. Qatar refused to give in and affirmed that the demands were, in some way or another, a violation of the country's sovereignty.

A country that proves resilient

The resounding blockade merited the suspension of economic activities between Qatar and these countries. Most shocking was, however, the expulsion of the Qatari citizens who resided in the other GCC states. A year later, Qatar filed a complaint with the International Court of Justice on grounds of discrimination. The court ordered that the families that had been separated due to the expulsion of their relatives should be reunited; similarly, Qatari students who were studying in these countries should be permitted to continue their studies without any inconvenience. The UAE issued an injunction accusing Qatar of halting the website where citizens could apply for UAE visas as Qatar responded that it was a matter of national security. Between accusations and statements, tensions continued to rise and no real improvement was achieved.

At the beginning of the restrictions, Qatar was economically affected because 40% of the food supply came to the country through Saudi Arabia. The reduction in the oil prices was another factor that participated on the economic disadvantage that situation posed. Indeed, the market value of Qatar decreased by 10% in the first four weeks of the crisis. However, the country began to implement measures and shored up its banks, intensified trade with Turkey and Iran, and increased its domestic production. Furthermore, the costs of the materials necessary to build the new stadiums and infrastructure for the 2022 FIFA World Cup increased; however, Qatar started shipping materials through Oman to avoid restrictions of UAE and successfully coped with the status quo.

This notwithstanding, in 2019, the situation caused almost the rupture of the GCC, an alliance that ultimately has helped the Gulf countries strengthen economic ties with European Countries and China. The gradual collapse of this organization has caused even more division between the blocking countries and Qatar, a country that hosts the largest military US base in the Middle East, as well as one of Turkey, which gives it an upper hand in the region and many potential strategic alliances.

The new normal or the beginning of the end?

Currently, the situation is slowly opening-up. Although not much progress has been made through traditional or legal diplomatic means to resolve this conflict, sports diplomacy has played a role. The countries have not yet begun to commercialize or have allowed the mobility of citizens, however, the event of November 2019 is an indicator that perhaps it is time to relax the measures. In that month, Qatar was the host of the 24th Arabian Gulf Cup tournament in which the Gulf countries participated with their national soccer teams. Due to the blockade, UAE, Saudi Arabia, and Bahrain had boycotted the championship; however, after having received another invitation from the Arabian Gulf Cup Federation, the countries decided to participate and after three years of tensions, sent their teams to compete. The sporting event was emblematic and demonstrated how sport may overcome differences.

Moreover, recently Saudi Arabia has given declarations that the country is willing to engage in the process to lift-up the restrictions. This attitude toward the conflict means, in a way, improvement despite Riyadh still claims the need to address the security concerns that Qatar generates and calls for a commitment to the solution. As negotiations continue, there is a lot of skepticism between the parties that keep hindering the path toward the resolution.  

Donald Trump’s administration recently reiterated its cooperation and involvement in the process to end Qatar's diplomatic crisis. Indeed, US National Security Adviser Robert O’Brien stated that the US hopes in the next two months there would be an air bridge that will allow the commercial mobilization of citizens. The current scenario might be optimistic, but still, everything has remained in statements as no real actions have been taken. This participation is within the US strategic interest because the end of this rift can signify a victorious situation to the US aggressive foreign policy toward Iran and its desire to isolate the country. This situation remains a priority in Trump’s last days in office. Notwithstanding, as the transition for the administration of Joe Biden begins, it is believed that he would take a more critical approach on Saudi Arabia and the UAE, pressuring them to put an end to the restrictions.

This conflict has turned into a political crisis of retention of power or influence over the region. It is all about Saudi Arabia’s dominance being threatened by a tiny yet very powerful state, Qatar. Although more approaches to lift-up the rift will likely begin to take place and restrictions will gradually relax, this dynamic has been perceived by the international community and the Gulf countries themselves as the new normal. However, if the crisis is ultimately resolved, mistrust and rivalry will remain and will generate complications in a region that is already prone to insurgencies and instability. All the countries involved indeed have more to lose than to gain, but three years have been enough to show that there are ways to turn situations like these around.

200 años de independencias sucesivas en Latinoamérica: Guatemala, Panamá y la intervención de EEUU

Diversos países de América celebran en 2021 sus dos siglos de una ruptura con España que no siempre significó una independencia definitiva

Varias naciones americanas conmemoran este año los dos siglos de su separación de España, recordando un proceso que con pocos años de diferencia se dio en todas las posesiones españolas en la América continental. En algunos casos, fue un proceso de independencias sucesivas, como ocurrió con Guatemala, que luego perteneció al Imperio Mexicano y después a una república centroamericana, y Panamá, que formó parte de Colombia hasta el siglo XX. Pero incluso posteriormente, ambos países experimentaron la injerencia directa de Estados Unidos, en episodios muy decisivos para toda la región.

Ceremonia de entrega del Canal de Panamá a las autoridades panameñas, el 31 de diciembre de 1999

ARTÍCULO Angie Grijalva

Durante 2021 varios países americanos celebran su independencia de España; el mayor de ellos y con más faustas festividades es México. En otras naciones, la fecha de 1821 queda matizada por desarrollos históricos posteriores: Panamá conmemora también cada año el día de 1903 en que rompió con Bogotá, mientras que en el caso de Guatemala aquella independencia no supuso de inmediato una república propia, pues junto con sus naciones vecinas en 1822 dependió nominalmente de México y entre 1823 y 1839 formó parte de las Provincias Unidas del Centro de América y de la República Federal de Centroamérica. Además, la hegemonía regional de Estados Unidos puso en cuestión en décadas posteriores la plena soberanía de esos países: Guatemala sufrió en 1954 el primer golpe de Estado que abiertamente promovía Washington en el Hemisferio Occidental, y Panamá no tuvo absoluto dominio sobre todo su territorio hasta que los estadounidense entregaron el canal en 1999.

Panamá y su canal

La proyecto del Canal de Panamá era importante para Estados Unidos porque permitía unir fácilmente por mar sus dos costas y consolidaba el ascenso mundial que buscaba la  presidencia de Theodore Roosevelt, guiada por la máxima de que solo aquella nación que controlase ambos océanos sería una potencia verdaderamente internacional. Dada la negativa de Colombia, a quien pertenecía la provincia de Panamá entonces, a aceptar las condiciones que ponía Estados Unidos para construir el canal, retomando las obras del paralizado  proyecto francés, Washignton se vio ante dos opciones: invadir el istmo o propiciar la independencia de Panamá frente a Colombia[1]. Finalmente escogió esto último, prestando apoyo a las tropas revolucionarias panameñas que se levantaron contra Bogotá; la República de Panamá declaró su independencia el 3 de noviembre de 1903 y con ella Roosevelt negoció un acuerdo muy favorable para Estados Unidos que daba a este soberanía perpetua sobre el canal y sobre una amplia franja de tierra a cada lado del mismo. Washington pasó así a controlar Panamá y a extender su dominio regional.

Tras una década de díficiles trabajos y de un elevado número de muertes entre la mano de obra, llegada de todo el Cribe y también de Asia, debido sino al dengue, la malaria y la fiebre amarilla, en 1913 el océano Atlántico y el Pacífico quedaron finalmente conectados y el canal se abrió al tránsito de buques.

Con el tiempo, la soberanía estadounidense sobre una porción del país y las bases militares allí instaladas alimentaron en Panamá un movimiento de rechazo que cobró especial virulencia en la década de 1960. La Administración Carter admitió negociar la cesión del canal en un acuerdo de 1977 que incorporaba a los panameños en la gestión del tráfico interocéanico y fijaba la entrega de todas las instalaciones en 1999. Cuando esto finalmente se produjo, el país vivió la ocasión como una nueva fiesta de independencia, diciendo adiós a unas tropas estadounidenses que solo diez años antes se habían mostrado muy activas, invandiendo la Ciudad de Panamá y otras áreas para apresar al mandatario Manuel Noriega por narcotráfico.

Momento crítico en Guatemala

El canal de Panamá permitió a Estados Unidos una indudable proyección de poder sobre su hemisferio. No obstante, durante la Guerra Fría Washington creyó necesario echar mano también de operaciones, en algún caso directas, para derribar gobiernos que consideró próximos al comunismo. Esto ocurrió con el derrocamiento de Jacobo Árbenz en Guatemala en 1954.

La llegada de Árbenz a la presidencia en 1951 constituyó una amenaza para la United Fruit Company (UFCO) por la reforma agraria que impulsaba[2]. Aunque el avance de los partidos comunistas en América Latina comenzaba a crecer, la verdadera amenaza en ciertos países era la expropiación de tierras de los monopolios estadounidenses. Se estima que para 1950, la UFCO era dueña en Guatemala de al menos 225.000 hectáreas de tierra, de las cuales la reforma agraria iba a expropiar 162.000 en 1952. Con apoyo político de Washington, la UFCO alegó que la compensación que se le ofrecía no se correspondía con el valor verdadero de la tierra y tachó al gobierno de Árbenz de comunista a pesar de que esto no era cierto.

En 1953, la recién estrenada Aministración Eisenhower estableció un plan para desestabilizar al gobierno y dar un golpe de Estado contra Árbenz. Por un lado, el secretario de Estado John F. Dulles buscó el apoyo de la Organización de los Estados Americanos, propiciando la condena a Guatemala por la recepción de un cargamento de armas procedente de la Unión Soviética, que había sido adquirido por la negativa de Estados Unidos a vender armas al país centroamericano. Por otro, la CIA puso en marcha la misión PBSUCCESS para garantizar la intendencia de una facción del Ejército guatemalteco dispuesta a rebelarse contra Árbenz. El movimiento fue encabezado por el coronel Castillo Armas, que estaba exiliado en Honduras y desde allí abrió la invasión el 18 de junio de 1954. Bombardeada la capital, el grueso del Ejército rehusó a responder, dejando solo a Árbenz, quien en pocos días renunció.

Ya en el poder, Castillo Armas devolvió las tierras expropiadas a UFCO y llevó al país nuevos inversores estadounidenses. Dulles calificó esta victoria como “el más grande triunfo en contra del comunismo en los últimos cinco años”. El derrocamiento de Árbenz fue visto por Estados Unidos como un modelo para las siguientes operaciones en América Latina. El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa ha señalado que esta acción contra Árbenz podría verse como “el momento en que se jodió Latinoamérica”, pues para muchos fue la evidencia de que no era posible el desarrollo normal de la democracia, y eso empujó a ciertos sectores a defender la revolución como única vía para hacer prosperar sus sociedades.


[1] McCullough, D. (2001). The Path Between the Seas: The Creation of the Panama Canal, 1870-1914. Simon & Schuster.

[2] G. Rabe, S. (2017). Intervention in Guatemala, 1953-1954. In S. G. Rabe, Eisenhower and Latin America: The Foreign Policy of Anticommunism. The University of North Carolina Press.

 

Inglaterra tiene el gen del Bréxit desde la era normanda

El naciente reino inglés se consolidó en oposición al poder al otro lado del Canal de la Mancha, dando lugar a un particularismo hoy especialmente vivo

Sin ya marcha atrás, una vez consumado el Bréxit, Inglaterra busca establecer una nueva relación con sus vecinos europeos. Su marcha no ha sido secundada por ningún otro país, con lo que Londres tiene que entenderse con una Unión Europea que se mantiene como bloque. A pesar del dramatismo con que muchos europeos han acogido el adiós británico, estamos ante un capítulo más de la compleja relación que una gran isla tiene con el continente al que está próxima. Isla y continente siguen donde la geografía les ha colocado –a una distancia de particular valor–  y posiblemente reproducirán vicisitudes ya vistas a lo largo de su mutua Historia.

Fragmento del tapiz de Bayeux, que ilustra la batalla de Hastings de 1066

ARTÍCULO María José Beltramo

El resultado del referéndum de 2016 sobre el Bréxit pudo sorprender, como sin duda ha sorprendido el abrupto modo con que finalmente el Reino Unido abandonó de modo efectivo la Unión Europea el 31 de diciembre de 2020. No obstante, lo que hemos visto no es tan ajeno a la historia de la relación de los británicos con el resto de Europa. Si nos retrotraemos siglos atrás podemos ver un patrón geopolítico que se ha repetido otras veces, y también en la actualidad, sin por ello tener que hablar de determinismo.

Aunque cabe mencionar algunos momentos previos en la relación de la insular Britania con el continente junto al que se encuentra, como por ejemplo el periodo de romanización, la gestación del patrón que al mismo tiempo combina vinculación y distanciamiento, o incluso rechazo, podemos quizá situarla a comienzos del segundo milenio, cuando a partir de invasiones normandas que cruzan el Canal de la Mancha el naciente reino de Inglaterra se consolida precisamente frente al poder de la otra orilla.

Inglaterra en época normanda

Normandía adquirió entidad política en el norte de Francia cuando en 911, tras invasiones vikingas, el jefe normando Rolón llegó a un acuerdo con el rey franco que le garantizaba el territorio a cambio de su defensa[1]. Normandía se convirtió en ducado y fue adoptando el sistema feudal franco, facilitando la paulatina integración de ambos pueblos. Esa intensa relación acabaría suponiendo la plena incorporación de Normandía en el reino de Francia en 1204.

Antes de la progresiva disolución normanda, sin embargo, el pueblo escandinavo asentado en esa parte del norte francés llevó su particular carácter y capacidad organizativa, que aseguró su independencia durante varios siglos, al otro lado del Canal de la Mancha.

La relación normando-inglesa comenzó en 1066 con la batalla de Hastings, en una invasión que llevó al duque de Normandía, Guillermo el Conquistador, a ser coronado en Londres como rey de Inglaterra. La llegada de los normandos tuvo diversas consecuencias. Desde el punto de vista político, introdujeron las islas en las relaciones europeas del momento y adecuaron el feudalismo inglés al normando, mezcla que sentaría las bases del futuro parlamentarismo inglés. En cuanto a la economía, los normandos demostraron su capacidad organizativa escandinava en la reorganización de las actividades productivas. En sus diferentes conquistas, los normandos supieron aprovechar lo mejor de cada sistema y adaptarlo a su cultura y necesidades, y así ocurrió en Inglaterra, donde desarrollaron una idiosincrasia particular.

A partir de esta toma de contacto con el continente, Inglaterra comenzó a consolidarse como monarquía sin dejar su vinculación con el ducado de Normandía. No obstante, con su fortalecimiento a partir de la caída de los Plantagenet en Francia, Inglaterra tomó el impulso que le faltaba para terminar por conformarse como un reino independiente, del todo separado del continente, desvinculado de una Normandía con un linaje débil y en estado crítico. De hecho, que el reino de Francia absorbiera el ducado normando facilitó el desarrollo y consolidación de la monarquía inglesa como una entidad independiente y fuerte[2].

La separación respecto al continente europeo nos remite al análisis que hace Ortega y Gasset sobre la decadencia europea y la crisis moral que atraviesa[3]. Las potencias continentales, al estar en una situación de continuidad geográfica, y por tanto en mayor contacto, son más propensas a contagiar su situación entre sí y a ser dominadas por otra potencia mayor. Inglaterra, una vez roto el puente de los vínculos feudales que la conectaba con el resto de Europa, no encuentra dificultad para tomar distancia cuando lo considera oportuno, siempre en beneficio de sus intereses, algo que vemos repetido varias veces a lo largo de su historia. Esto es especialmente manifiesto en las vicisitudes que jalonan la relación del Reino Unido con el continente a lo largo de las décadas finales del segundo milenio.

La situación inglesa desde 1945

La Segunda Guerra Mundial debilitó enormemente a Reino Unido, no solo económicamente, sino también como imperio. En el proceso de descolonización posterior, Londres perdió posesiones en Asia y África; además el conflicto del canal de Suez confirmó su declive como protagonista imprescindible, precisamente a manos de quien le había sustituido como primera potencia mundial, Estados Unidos. La confrontación de posguerra con la Unión Soviética y la presencia estadounidense en Europa hizo que la relación trasatlántica ya no se basara en vínculo preferencial que Washington tenía con Inglaterra, por lo que el papel de los ingleses también menguó[4].

En 1957 Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo crearon la Comunidad Económica Europea (CEE). El conservador Harold MacMillan, primer ministro británico entre 1957 y 1963, rechazó sumar el Reino Unido a la iniciativa, pero consciente de la necesidad de revitalizar la economía británica y “la dificultad de mantener una política ajena a los interese europeos”, propició la constitución en 1959 de la EFTA (European Free Trade Asociation) junto a Suecia, Noruega, Dinamarca, Suiza, Austria y Portugal.

El Mercado Común resultó ser todo un éxito y en 1963 el Reino Unido se planteó entrar en él, pero la Francia de De Gaulle le cerró el paso. Los ingleses volvieron en 1966 a presentar su solicitud, pero fue rechazada de nuevo por De Gaulle. La concepción de Europa del general francés no incluía el bloque atlántico, seguía pensando en construir Europa sobre un eje franco-alemán.

En la década de los 1970 hubo un viraje direccional en la política europea. Los conservadores británicos ganaron las elecciones de 1970 y en 1973 su país ingresó en la CEE. La crisis económica internacional, especialmente complicada en el Reino Unido, hizo que los laboristas, de nuevo en el poder, plantearan una revisión de las condiciones de adhesión y que el premier Harold Wilson convocara un referéndum en 1975: 17 millones de británicos defendieron quedarse (el 67% de los votantes) frente a solo 8 millones que reclamaron un primer Brexit.

No obstante, cuando en 1979 se puso en marcha el Sistema Monetario Europeo (SME) para equiparar las monedas y conseguir la “convergencia económica”, el Reino Unido decidió no unirse a ese acuerdo voluntario. Europa estaba registrando un auge económico paulatino, pero la economía inglesa no seguía el mismo ritmo, lo que en parte llevó a las elecciones anticipadas de 1979. En ellas vencieron los conservadores con Margaret Thatcher, quien se mantuvo en Downing Street hasta 1990. La revolución Thatcher “marcó la vía de salida a la crisis de los años setenta”. En 1984, Londres disminuyó su contribución a los fondos comunitarios y Thatcher, muy reticente los presupuestos comunitarios y otros procedimientos que reducían la soberanía nacional, solicitó nuevamente una revisión de los acuerdos.

En 1985 se firmaron los Acuerdos de Schengen (la apertura de fronteras entre determinados países generando una especie de segunda frontera mucho más amplia), que entraron en vigor diez años más tarde. Nuevamente, Reino Unido se mantuvo al margen. Como también ocurrió con relación al euro, cuando la moneda única se hizo efectiva en 2002, manteniendo hasta hoy la libra esterlina.

La inmigración desde los países del centro y este de Europa, tras la ampliación de la UE de 2004, admitida por el laborista Tony Blair, y la aceleración de los mecanismos de armonización financiera a raíz de la crisis de 2008-2011, afrontada con desagrado por el conservador David Cameron, aportaron argumentos para el discurso contrario a la UE en el Reino Unido. Esto supuso el auge del antieuropeo UKIP y la asunción de sus postulados luego por amplios sectores tories, amalgamados finalmente por la controvertida personalidad de Boris Johnson.

En una entrevista con la BBC Johnson se refería en 2016 a muchos de los argumentos utilizados en favor del Bréxit, como la visión dialéctica que tiene el Reino Unido sobre su relación con el continente o el miedo a la pérdida de soberanía y a la disolución del perfil propio en el magma europeo. El premier volvió a esas ideas en su mensaje a los británicos cuando el país se disponía a comenzar su último año en la UE. Sus palabras eran en cierta forma el eco de un tira y afloja de siglos.

Patrones que se repiten

Como hemos podido constatar Inglaterra ha mantenido siempre un ritmo propio. Su separación geográfica del continente –a suficiente distancia como para poder preservar una dinámica particular, pero también suficientemente cerca como para temer una amenaza, que en ocasiones resultó efectiva– fue determinando el carácter identitario, marcadamente insular, de los británicos y su actitud frente al resto de Europa.

Nos hallamos ante una potencia que a lo largo de la Historia ha buscado siempre mantener su soberanía nacional a toda costa y cuyo imperativo geopolítico se ha concretado en evitar que el continente fuera dominado por una gran potencia rival (la percepción, durante la gestión de la crisis de 2008, de que Alemania volvía a ejercer cierta hegemonía en Europa pudo alimentar el Bréxit).

Quizá en el periodo medieval no podamos vincular esto con una estrategia política meditada, pero sí de manera involuntaria y circunstancial vemos cómo desde un primer momento se dan ciertas condiciones que propician el distanciamiento de la isla del continente, aunque sin perder el contacto de manera radical. En la historia más reciente observamos esta misma actitud distante, esta vez premeditada, con la que se persiguen intereses enfocados en la búsqueda de la prosperidad económica y el mantenimiento tanto de su influencia global como de su soberanía nacional.


[1] Charles Haskins, The Normans in European History (Boston and New York:  Houghton Mifflin Company, 1915)

[2] Yves Lacoste, Géopolitique : La longue histoire d’aujourd’hui (Paris: Larousse, 2006)

[3] José Ortega y Gasset, La rebelión de las masas (Madrid: Alianza Editorial, 1983) 

[4] José Ramón Díez Espinosa et al., Historia del mundo actual (desde 1945 hasta nuestros días), (Valladolid: Universidad de Valladolid, 1996)

 

Las fuerzas aérea y naval de EEUU articulan su estrategia para el Ártico

Preparan proyectar “poder de combate creíble” en la nueva era de “competición estratégica”

Si el Ártico fue un importante escenario en la Guerra Fría, en la nueva tensión geopolítica su progresivo deshielo incluso acentúa sus características estratégicas. El Departamento de Defensa de Estados Unidos adecuó en 2019 su estrategia para el Ártico a los nuevos planteamientos de rivalidad con Rusia y China, y luego su concreción ha correspondido a las fuerzas más involucradas en esa región: en 2020 la Fuerza Aérea presentó su propio documento y en este 2021 lo ha hecho la Armada, implicando también al Cuerpo de Marines y la Guardia Costera. Las directrices buscan garantizar la proyección de “poder de combate creíble”.

La tripulación del submarino USS Connecticut en los ejercicios ICEX 2020 [US Navy]

ARTÍCULO Pablo Sanz

El Ártico es importante por la riqueza natural aún por explotar que contiene su subsuelo (el 22% de los depósitos de hidrocarburo del mundo, que por lo que afecta al petróleo serían 90.000 millones de barriles) y por su posición estratégica en el globo: ahí confluyen las dos grandes masas continentales de Eurasia y América. La apertura de nuevas rutas marítimas gracias al progresivo deshielo no solo supone una ventaja comercial, sino además capacita actuar militarmente con mayor rapidez sobre ese y sobre otros escenarios.

Son muchos los países interesados en promover la cooperación y multilateralismo en la región, y así se hace desde el Consejo Ártico; no obstante, el complejo entorno de seguridad del Círculo Polar Ártico ha llevado a las principales potencias a fijar estrategias para defender sus respectivos intereses. En el caso de Estados Unidos, el Departamento de Defensa actualizó en junio de 2019 la estrategia para el Ártico que había elaborado tres años antes, con el fin de adecuarla al nuevo planteamiento surgido con la Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) de 2017 y trasladado a la Estrategia de Defensa Nacional (NDS) de 2018, documentos que dejan atrás la era del combate contra el terrorismo internacional y elevan a “rivalidad” la relación con China y Rusia, en una nueva situación geopolítica de “competición estratégica”.

La estrategia del Pentágono para el Ártico luego ha sido concretada por la Fuerza Aérea en un informe propio, presentado en julio de 2020, y después por la Armada, en enero de 2021. Con las mismas líneas generales, esos enfoques marco apuntan a tres objetivos:

1) Como “nación ártica”, por su soberanía sobre Alaska, Estados Unidos debe garantizar la seguridad en su territorio e impedir que desde posiciones polares pueda amenazarse otras partes del país.

2) Estados Unidos pretende establecer y liderar alianzas y acuerdos en el Ártico conforme al derecho internacional para mantener una situación de estabilidad en la zona.

3) Estados Unidos se compromete a preservar la libre navegación y el libre sobrevuelo en el Círculo Polar Ártico, limitando al mismo tiempo injerencias rusas y chinas contrarias a esa general libertad de acceso y tránsito.

Para conseguir estos objetivos, el Pentágono ha definido tres mecanismos de actuación:

i) Potenciar la concienciación sobre la importancia de la zona: la capacidad del Departamento de Defensa para detectar amenazas en el Ártico es un requisito previo para disuadir o responder a actividades de competidores estratégicos en la región.

ii) Mejorar y promover operaciones en el Ártico: el Departamento de Defensa mejorará la capacidad de actuación de sus fuerzas para operar en el Ártico mediante ejercicios y despliegues regulares en la región, tanto de forma independiente como junto con aliados. Algunos ejercicios se realizarán dentro del contexto de la OTAN mientras que otros serán bilaterales o multilaterales.

iii) Fortalecer el orden basado en las reglas que rigen el Ártico:  el Departamento de Defensa seguirá trabajando junto con aliados de Estados Unidos para mantener y fortalecer el régimen de libertad de navegación y de sobrevuelo. Esto ayudará a disuadir la realización de actos agresivos en la zona.

A partir de la nueva NDS el Departamento de Defensa establece que las Fuerzas Armadas estadounidenses deben estar en condiciones de resolver el principal problema detectado –la erosión del margen competitivo contra China y Rusia–, siendo capaces de “detener y, en caso necesario, derrotar la agresión de una gran potencia”. Para ello debe desarrollar una fuerza “más letal, resiliente, ágil y preparada”, que en la región del Ártico debe alcanzar un “creíble poder disuasorio”.

La doctrina militar estadounidense advierte que el carácter de “colchón estratégico” que venía teniendo el Ártico “se está erosionando”, convirtiéndose “en una vía de amenaza para el territorio nacional debido a los avances de las grandes potencias competidoras”. Además, “acoge puntos de lanzamiento críticos para la proyección global de poder y recursos naturales cada vez más accesibles”. No obstante, advierte que “la posibilidad inmediata de conflicto es baja”.

Así, pues, dentro del contexto de la implementación de la estrategia de defensa nacional, el Pentágono proclama que continuará preparando sus unidades con el fin de garantizar que el Ártico sea una región segura y estable en la que se salvaguarden los intereses nacionales de Estados Unidos, la seguridad regional y el trabajo conjunto de las naciones implicadas para abordar los problemas comunes.

Los documentos de la Fuerza Aérea y de la Armada estadounidenses describen medidas de apoyo para garantizar la capacidad de disuadir acciones hostiles en el Ártico por parte del resto de competidores regionales en la zona, al tiempo que priorizan un enfoque cooperativo y continuo que preserve las reglas por las cuales se rige el Ártico.

Aire y mar

Debido a que la corriente del Golfo de México se dirige a la vertiente europea del Ártico, la vertiente norteamericana sufre unas condiciones ambientales aún más duras, con menos infraestructuras marítimas y vías terrestres. Eso hace que el peso de la Fuerza Aérea en la defensa de este espacio sea claramente mayor, aportando el 80% de los recursos que el Pentágono dedica a la región.

Su actuación se asienta sobre diversas localizaciones. Seis de ellas se encuentran en Alaska: las grandes bases aéreas de Elmendorf-Richardson y Eielson; las instalaciones de aviso temprano de misiles de Clear y el radar de misiles de defensa de Eareckson, y otros puntos para coordinación, entrenamiento y escuela de supervivencia. Otras dos están en Groenlandia: el campo Raven de entrenamiento para aviones LC-130 y el recinto de Thule para aviso temprano de misiles. En Canadá, dispone de un sistema de una cincuentena de radares compartido por el NORAD (Mando Norteamericano de Defensa Aérea).

La Fuerza Aérea se propone mejorar esas capacidades, así como las de comando, control, comunicaciones, inteligencia, vigilancia y reconocimiento (C3ISR). También se ha fijado el objetivo de aumentar las condiciones para el repostaje de combustible. Una vez se complete el despliegue de los F-35 en Eielson, Alaska acogerá más cazas avanzados que cualquier otra localización del mundo.

Por su parte, la Armada estadounidense hace girar su posicionamiento en torno al concepto de “Ártico Azul”, expresando gráficamente así la progresiva homologación con el conjunto de océanos del planeta lo que históricamente ha sido un casquete blanco infranqueable. La Armada contempla el aumento de su presencia, tanto con buques tripulados como con nuevas embarcaciones no tripuladas. En su documento estratégico, advierte que la investigación en nuevas capacidades “puede no quedar completamente realizada e integrada en la fuerza naval al menos en una década”.

La mayor presencia naval en la región se materializará también mediante el aumento de operaciones que ya realizan rutinariamente en el Ártico la Segunda y la Sexta Flotas y mediante la sincronización con el Cuerpo de Marines y la Guardia Costera que está basada en Alaska. Para asegurar ese incremento operacional, la Armada llevará a cabo una mejora de las instalaciones para el atraque y asistencia de sus buques.

El documento de la Armada, que no concreta preparativos específicos, tampoco incluye los planes anunciados por la Guardia Costera de contar con una nueva flota de rompehielos. En la actualidad existen solo dos en servicios y la previsión es construir tres buques medios y tres pesados para 2029.

Con todo ello, Washington intenta hacer frente al acelerado esfuerzo que están llevando a cabo sus más directos competidores. En julio de 2020 el Departamento de Estado alertó sobre el creciente interés en el Ártico por parte de Rusia y China, a quienes acusó de protagonizar una competición “cada vez más agresiva” y lamentó que aquellos países que desean “paz, libertad y democracia”, incluido Estados Unidos, han sido unos “ingenuos”.

Rusia y China

Rusia nación con mayor masa de tierra y población dentro del Círculo Polar Ártico, región de la que Rusia obtiene el 25% de su PIB. Ningún otro país tiene tanta presencia militar permanente por encima del paralelo 66; tampoco otra nación cuenta con tantos barcos rompehielos, fluya flota Moscú quiere aumentar con catorce nuevos buques, uno de ellos de propulsión nucleaar.

Rusia formó su comando estratégico conjunto de la Flota del Norte en diciembre de 2014. “Desde entonces, Rusia ha fortalecido gradualmente su presencia creando nuevas unidades para el Ártico, reformando vieja infraestructura y aeródromos y estableciendo nuevas bases militares a lo largo de la costa. Hay también un esfuerzo concertado para establecer una red de sistemas de misiles de defensa aérea y costera, radares de aviso temprano, centros de rescate y variedad de sensores”, según constata el informe estratégico para el Ártico del Departamento de Defensa norteamericano. Estados Unidos también advierte que Rusia intenta regular el tráfico marítimo en la Ruta Norte con maneras que pueden exceder la autoridad que le permite el derecho internacional.

China, por otro lado, sin ser una nación ártica (Mohe, su ciudad más al norte está a la misma latitud de Filadelfia o Dublín) quiere ser un actor importante en la región. Es un país observador del Consejo Ártico y reivindica un estatus de “nación próxima al Ártico” que Washington no reconoce. En 2018 elaboró el primer libro blanco sobre su política para el Ártico y ha integrado esa área en su iniciativa de la nueva Ruta de la Seda.

Las actividades diplomáticas, económicas y científicas de China en el Ártico han crecido exponencialmente durante los últimos años. De momento su presencia operacional es limitada: cuenta con un rompehielos de capacidad polar de fabricación ucraniana (el Xuelong; recientemente ha construido el Xuelong 2), que ha navegado por aguas árticas en operaciones que China describe como expediciones de investigación.

La apertura de rutas marítimas árticas interesa a China, pues podría acortar los tiempos de envíos comerciales a Europa y reducir su dependencia de los flujos que atraviesan el estrecho de Malaca, un punto especialmente vulnerable.

Últimamente, China ha estado participando en crecientes actividades diplomáticas con los países nórdicos y cuenta con estaciones de investigación en Islandia y Noruega; además, explota recursos mineros en Groenlandia. Esto pone de manifiesto el creciente interés de Pekín por consolidar su presencia en la zona ártica a pesar de su lejanía respecto a la región.

Su gran capacidad financiera, además, lleva a que Rusia cuente con China para desarrollar proyectos energéticos y de infraestructura en la región, como es el caso de una instalación para gas natural licuado en Yamal. Según Frédéric Laserre, experto en geopolítica del Ártico de la Universidad de Laval, Rusia no tiene otra elección que aceptar capital chino para construir y desarrollar las infraestructuras necesarias para explotar los recursos debido a las sanciones económicas occidentales.