El mundo en venta: el poder en la sombra de los grandes ‘traders’

Javier Blas & Jack Farchy, The World For Sale. Money, Power and the Traders. Who Barter the Earth's Resources (London: Random House Business, 2021) 410 pp.

 

RESEÑA Ignacio Urbasos

En el que probablemente sea el primer libro dedicado exclusivamente al mundo del trading de materias primas, Javier Blas y Jack Farchy tratan de adentrarse en una industria tremendamente compleja y caracterizada por el secretismo y opacidad de sus operaciones. Con más de dos décadas de experiencia periodística cubriendo el mundo de los recursos naturales, primero para el Financial Times y más tarde para Bloomberg, los autores parten de valiosos testimonios de profesionales del sector para construir un relato honesto. 

El libro cubre la historia del mundo del comercio de las materias primas, comenzando con la aparición de pequeños intermediarios que respondían a la necesidad creciente tras la Segunda Guerra Mundial de abastecer de materias primas a las economías occidentales en sus procesos de reconstrucción. La nacionalización petrolera de los años sesenta ofreció una oportunidad sin precedentes para estos intermediarios de entrar a un sector que, hasta la fecha, había quedado restringido a las grandes petroleras tradicionales. Los nuevos petro-estados, ahora con el control de su propia producción de crudo, necesitaban que alguien comprara, almacenara, transportara y finalmente vendiese su petróleo en el extranjero. Esta oportunidad, unida a las crisis del petróleo de 1973 y 1978, permitió a estos intermediarios obtener un botín inédito: un sector en auge y con una enorme volatilidad en sus precios, lo que permitía obtener millonarios beneficios. Con la caída de la Unión Soviética y el colapso socioeconómico de buena parte del mundo socialista, las empresas dedicadas a la compraventa de materias primas encontraron un nuevo mercado, con ingentes recursos naturales y sin ningún tipo de experiencia en la economía de mercado capitalista. Con la entrada del siglo XXI y el denominado “Superciclo de las Commodities”, las empresas de trading gozaron de un periodo de ganancias desorbitadas en un contexto de rápido crecimiento global liderado por China. Es en estas dos últimas décadas cuando Vitol, Trafigura, Glencore o Cargill incrementaron exponencialmente sus ingresos, con presencia global y gestionando todo tipo de materias primas, tanto de forma física como financiera.

A lo largo de los diferentes capítulos, los autores abordan sin complejos los claroscuros del mundo del trading. En muchas ocasiones, estas compañías han permitido a países en crisis evitar el colapso económico ofreciendo financiación y la posibilidad de encontrar un mercado para sus recursos, como en el paradójico caso de Cuba, que se echó en brazos de Vitol para abastecerse de petróleo a cambio de azúcar durante el “Periodo Especial”. Sin embargo, la posición dominante de estas compañías frente a estados en una situación de enorme vulnerabilidad ha terminado por generar relaciones en la que los beneficios se reparten de forma desigual. Un caso paradigmático y que se cubre en el libro de forma exhaustiva es el de Jamaica en los años setenta, enormemente endeudada y empobrecida, Marc Rich and Company se convirtió en uno de los principales acreedores del país, a cambio de hacerse con el control de facto de la producción minera de bauxita y aluminio del país. Estas situaciones continúan en la actualidad, con Glencore como el principal acreedor del Chad y un actor fundamental en las políticas fiscales de austeridad del país africano.

Los autores tampoco esconden la falta de escrúpulos de estas compañías para maximizar sus beneficios. De esta forma, abastecieron a la Sudáfrica del apartheid de petróleo o vendieron de forma clandestina el crudo iraní en plena Crisis de los Rehenes. Igualmente, estas grandes empresas nunca tuvieron problemas para lidiar con autócratas o ser parte activa de grandes tramas de corrupción. Los escándalos medioambientales tampoco han sido una rareza para estas compañías, que se han visto obligadas a pagar indemnizaciones millonarias por gestiones negligentes de productos tóxicos, como en el caso de Glencore y el vertido de azufre en Akouedo, que se saldó con 95.000 víctimas y el pago de 180 millones al gobierno de Costa de Marfil. No es de extrañar que muchos de los directivos de estas compañías hayan terminado en prisión o perseguidos por la ley, como en el caso de Mark Rich, fundador de Glencore, que tuvo que vivir en España hasta obtener un polémico indulto de Bill Clinton el último día de su presidencia.

Sin duda alguna The World For Sale de Javier Blas y Jack Farchy permiten comprender mejor un sector tan opaco como el del comercio de materias primas. Una industria dominada por empresas con complejas estructuras fiscales de presencia transnacional y cuyas actividades muchas veces quedan fuera del escrutinio público. Siendo una industria con una importancia económica y política creciente, es fundamental leer este libro para obtener una perspectiva crítica y realista de una parte esencial de nuestra economía globalizada.

 

 

El acuerdo pesquero del Brexit arranca sin satisfacer del todo a nadie

España, aunque afectada, no se ve tan perjudicada como otros socios europeos

La salida del Reino Unido de la Unión Europea finalmente se materializó el último día de 2020. El compromiso sobre la pesca fue el último punto de las arduas negociaciones y las diferencias solo se superaron unas jornadas antes del inaplazable ‘deadline’. El acuerdo de pesca alcanzado contempla que durante cinco años y medio los buques comunitarios seguirán teniendo acceso para pescar en aguas británicas. Aunque afectada, España no se ve tan perjudicada como otros socios europeos.

Flota pesquera en la localidad gallega de Ribeira [Luis Miguel Bugallo]

ARTÍCULO Ane Gil

El Acuerdo de Retirada que culminaba el Brexit se encalló en su recta final en la cuestión de la pesca, a pesar de que la actividad pesquera del Reino Unido en sus aguas solo contribuye al 0,12% del PIB británico.

Esa discusión, que estuvo a punto de hacer descarrilar las negociaciones, se centró en la delimitación de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), el ámbito más allá de las aguas territoriales –a una distancia máxima de la costa de 200 millas náuticas (unos 370 kilómetros)– en las que un país ribereño tiene derechos soberanos para explorar y explotar, conservar y administrar los recursos naturales, ya sean vivos o no vivos. En la ZEE del Reino Unido hay caladeros muy ricos en pescado, que representan, con una media de 1.285 millones de toneladas de pescado al año, según un estudio de 2019 de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, el 15% del total de la pesca de la UE. De estas capturas, solo el 43% fue realizado por pescadores británicos, mientras que el 57% restante fue llevado a cabo por los demás países de la UE. Los países europeos que tuvieron acceso a la pesca en aguas británicas fueron España, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Países Bajos, Irlanda y Suecia.

Por tanto, la entrada en vigor del Brexit marcaría el abandono del Reino Unido de la Política Pesquera Común, que define el acceso de los buques europeos a la Zona Económica Exclusiva.

Perspectivas iniciales

Durante su permanencia en la UE, El Reino Unido formó parte de la Política Pesquera Común, por la que todas las flotas pesqueras de los estados miembros de la UE tienen igual acceso a las aguas europeas. En la UE, los derechos de pesca son negociados anualmente por los ministros de cada estado miembro y las cuotas nacionales (cantidad de pescado de cada especie que la flota de cada país puede capturar) se establecen utilizando datos históricos como referencia.

La flota pesquera española siguió de cerca las negociaciones, ya que tenía mucho que perder con un mal convenio. Por un lado, un Brexit sin acuerdo podía suponer una reducción de ingresos de 27 millones de euros relacionados con la pesca en aguas británicas; también conllevaría una drástica reducción de las capturas de merluza, pez gallo y caballa para los barcos pesqueros españoles especializados en estas especies. Por otro lado, el empleo también se vería afectado si el Acuerdo establecía una reducción drástica de las capturas. Son ochenta las embarcaciones españolas que tienen licencia para pescar en aguas británicas, lo que supone casi 10.000 puestos de trabajo relacionados con esta actividad.

Las negociaciones

Hasta el Brexit, las aguas británicas y su explotación se negociaban en conjunto con el resto de las áreas marítimas de la Unión Europea. Bruselas intentó mantener esta relación aunque el Reino Unido abandonara la UE, por lo que la posición de los negociadores europeos se centró en preservar el sistema de cuotas de pesca que había estado vigente, por un plazo de quince años. Sin embargo, el primer ministro británico, Boris Johnson, siempre descartó cualquier acuerdo comercial que otorgara a los barcos europeos acceso a aguas británicas, a cambio de mejores condiciones para los servicios financieros británicos en el mercado único como ofrecía Bruselas. Londres quería implementar un régimen similar al noruego, que negocia año a año las capturas de las flotas de la UE en sus aguas, con la diferencia de que en el caso noruego el pacto se refiere a media docena de especies, frente a las casi cien que hay en aguas británicas.

Debemos tener en cuenta que el sector de servicios representa el 80% del PIB del Reino Unido, mientras que las actividades pesqueras son solo el 0,12%. Por lo tanto, es bastante evidente que las posiciones de Londres en el apartado de pesca fueron más políticas que económicas. Y es que, aunque las actividades pesqueras tienen escasa incidencia en la economía británica, el sector pesquero sí tiene importancia política para la causa euroescéptica, ya que recuperar el control de las aguas era una de las promesas en el referéndum del Brexit. Así, este asunto convirtió en un símbolo de soberanía nacional.

El punto de partida de las negociaciones fue la exigencia del Gobierno británico de repatriar hasta el 80% de las capturas en sus aguas de control, mientras que la UE ofreció devolver al Reino Unido entre un 15% y un 18%. Johnson quería mantener la gestión de la explotación de sus aguas y negociar con la Unión Europea como socio preferente. Expresó su intención inicial de establecer, a partir de enero de 2021, negociaciones más frecuentes sobre cómo pescar en su ZEE. Esto dio lugar a un acuerdo final que implica que los buques europeos seguirán pudiendo pescar en aguas británicas durante cinco años y medio, a cambio de devolver el 25% de las cuotas que los buques comunitarios pesquen allí, volumen cuyo valor se estima en unos 161 millones de euros. A cambio, los productos pesqueros seguirán entrando en el mercado europeo con arancel cero. Tras esa etapa de transición, la UE y el Reino Unido deberán renegociar año tras año. Si el acuerdo es vulnerado, existen mecanismos que garantizan compensaciones, como el establecimiento de tarifas.

Consecuencias para España y vecinos europeos

El acuerdo provocó descontento en el sector pesquero del Reino Unido, que acusó a Johnson de ceder en este acuerdo. La Federación Nacional de Organizaciones de Pescadores expresó su decepción al ver que solo se habían introducido cambios marginales en las cuotas y que las flotas de la UE seguirían teniendo acceso a aguas británicas hasta el límite de las seis millas. El primer ministro respondió que el Reino Unido podría capturar ahora “cantidades prodigiosas de pescado extra”.

Por el momento, Reino Unido ya se ha encontrado con algunos problemas. El nuevo acuerdo aduanero ha estado provocando retrasos y los camiones deben ser revisados en las fronteras. Con un repentino exceso de producción, no habrá suficientes veterinarios para realizar los certificados sanitarios de exportación necesarios. Por lo tanto, los nuevos requisitos burocráticos han provocado varios casos de mariscos que se pudren en los muelles antes de que puedan exportarse a la UE. Se estima que la industria pesquera está perdiendo 1 millón de libras por día debido a estos nuevos requisitos, lo que ha provocado que muchos pescadores reduzcan sus capturas diarias.

Pero los pescadores de la UE también se verán afectados, pues hasta ahora obtenían capturas en aguas británicas con un valor total anual de 650 millones de euros, según el Parlamento Europeo, especialmente a cargo de buques daneses, holandeses y franceses. Además, Bélgica es uno de los países que más se ve más afectado, pues el 43% de sus capturas se da en aguas británicas; ahora tendrá que reducir sus capturas en un 25% durante los próximos 5 años. Además, los pescadores belgas solían desembarcar su pescado en puertos británicos y luego llevarlo en camión a Bélgica. Sin embargo, esto ya no será posible. Junto a Bélgica, otros países que más sufrirán por la pérdida de los derechos de pesca a causa del Brexit son Irlanda, Dinamarca y Países Bajos.

En cuanto a España, el sector pesquero ha reconocido su malestar por la negociación anual que tendrá lugar tras el quinquenio inicial, así como por las consecuencias en la futura distribución del resto de cuotas de pesca, en la propia Política Pesquera Común, en el intercambio de cuotas entre países y en la gestión sostenible de las poblaciones marinas. No obstante, a corto plazo la flota española no parece verse tan afectada en comparación con otros países europeos.

De hecho, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, valoró positivamente este acuerdo, considerándolo un “buen acuerdo, que aporta estabilidad y seguridad jurídica”. Planas argumentó que la reducción del 25% del valor medio de las capturas de los ocho países europeos que pescan en aguas británicas tiene efectos limitados sobre la actividad pesquera española y, a modo de ejemplo, afirmó que las capturas de merluza solo se reducirán en un 1%. Es decir, la cuota actual del 29,5% bajaría hasta el 28,5% en 2026. Además, otras especies de mayor interés para España (como la caballa, el jurel y la bacaladilla) no se han incluido en el acuerdo y no hay rebajas en especies de aguas profundas de gran demanda (como el sable negro o los granaderos). En conclusión, Planas afirmó que España solo ha cedido en 17 de los 32 recursos pesqueros que el país tiene asignados. Sin embargo, le toca a Bruselas entrar en detalles y decidir las cuotas de pesca durante el período de transición abierto el 1 de enero, en el que los ocho países que pescan en aguas británicas tendrán cuotas más bajas.

En conclusión, Gran Bretaña ahora tiene la capacidad de dictar sus propias reglas en materia de pesca. Para 2026, el Reino Unido puede decidir retirar completamente el acceso de los barcos de la UE a aguas británicas. Pero la UE podría entonces responder suspendiendo el acceso a sus aguas o imponiendo aranceles a las exportaciones de pescado del Reino Unido.

La oportunidad del Gobierno Draghi

El expresidente del BCE se pone al frente de Italia con una agenda de reformas y una vuelta al atlantismo

Después de unos años de inestabilidad política, Italia estrenó a mediados de febrero un Gobierno en principio más fuerte, presidido por Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo. Su perfil técnico, su prestigio tras ocho años en la gobernanza europea y la conformación de un Gobierno de cierto carácter de unidad nacional constituyen una oportunidad para que Italia supere la actual crisis sanitaria y económica y emprenda las reformas que el país necesita.

Mario Draghi, al aceptar el encargo de formar Gobierno, en febrero de 2021 [Presidencia de la República]

ARTÍCULO Matilde Romito, Jokin de Carlos Sola

Desde hacía más de un año el Gobierno del primer ministro italiano Giuseppe Conte estaba siendo fuertemente contestado desde dentro, especialmente por las discrepancias de Italia Viva, el partido liderado por Matteo Renzi, en materia económica. La gota que colmó el vaso fue la oposición de Renzi al plan propuesto por Conte para el uso de las ayudas provenientes del Fondo de Recuperación puesto en marcha por la Unión Europea para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de Covid-19. Conte perdió la mayoría el 13 de enero a raíz de la dimisión de tres ministros pertenecientes a Italia Viva y el 26 de enero presentó su renuncia. El 3 de febrero el presidente de la República, Sergio Mattarella, encargó la formación del nuevo Gobierno a Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo (BCE).

En el arranque de su mandato, Mario Draghi estableció sus objetivos. Destacó la importancia de que el país mantenga cierta unidad en un momento histórico tan difícil e indicó que su prioridad será ofrecer más oportunidades y luchar contra el statu quo que impide la aplicación de reformas.

El 17 de febrero, Mario Draghi obtuvo la confianza del Parlamento, registrando una de las mayorías más amplias desde la Segunda Guerra Mundial. Draghi formó entonces un Gobierno integrado por diferentes fuerzas políticas, con el propósito de afrontar en un marco de unidad nacional la gestión de las consecuencias de la pandemia: además de diversos ministros técnicos (8) en el Gabinete están representados el Movimiento 5 Estrellas (4), el Partido Democrático (3), la Lega (3), Forza Italia (3), Liberi e Uguali (1) e Italia Viva (1). Esa diversidad interna, que en algunos temas se manifiesta en posiciones opuestas, podría acarrear cierta inestabilidad gubernamental.

Política nacional: recuperación y reformas

El Gobierno Draghi se ha propuesto como prioridad la campaña de vacunación y la reactivación económica, así como reformas en el sistema fiscal y en la administración pública y de la Justicia. El expresidente del BCE ha mostrado cierta capacidad tanto de innovación en las estructuras organizativas como de delegación de tareas, todo ello afrontado con celeridad, según su máxima de que “lo haremos pronto, lo haremos prontísimo”.

Acelerar la vacunación

En cuanto a la campaña de vacunación, Draghi está aplicando maximización y firmeza. En primer lugar, reformó las cumbres administrativas encargadas del plan de vacunación y designó nuevo comisario extraordinario para la emergencia Covid-19 al general Francesco Paolo Figliuolo, un militar experto en logística. Para entonces la dosis suministradas diariamente llegaban 170.000, pero Figliuolo, junto con el director de la Protección Civil, Fabrizio Curcio, y el ministro de Salud, Roberto Speranza, han puesto como objetivo triplicar ese número. Para ello se han establecido nuevos lugares de vacunación, como empresas, gimnasios o aparcamientos vacíos, y se ha promovido una movilización de personal sanitario en labores de vacunación.

También el Gobierno Draghi ha adoptado mayor firmeza a nivel internacional, como fue la decisión de bloquear la exportación a Australia de 250.000 dosis de la vacuna AstraZeneca. Aunque apoyada por la UE, la medida cogió por sorpresa a muchos países y convirtió a Italia en el primer miembro de la UE en aplicar dicho mecanismo legal. El 12 de marzo el Gobierno anunció la posibilidad de la futura producción en Italia de alguna de las vacunas ya aprobadas internacionalmente.

Economía: reformas estructurales

La agenda económica del nuevo Gobierno será caracterizada por reformas estructurales para promover la productividad, así como por la aplicación de ayudas económicas dirigidas a los más afectados por la crisis, con el objetivo de relanzar el país y luchar contra las nuevas desigualdades sociales. El Gobierno está ultimando el Plan de Recuperación que debe presentar a Bruselas para la obtención de los fondos previstos por la UE.

Durante su mandato como presidente del BCE Draghi promovió reformas estructurales en varios países europeos; por consiguiente, su liderazgo será clave para la promoción de reformas que miren al aumento de la productividad, la reducción de la burocracia y la mejora de la calidad de la educación. El Gobierno promete mayor gasto en la educación y la promoción de una economía más sostenible y digitalizada, como reclama el Green Deal de la UE.

A través del decreto legislativo “Sostegni”, el Gobierno está poniendo en marcha un plan de ayudas. Algunas de ellas van dirigidas a sufragar la modificación del marco de despidos implementado por Conte, pero ello requiere una negociación de mayor consenso.

Agilización de la Administración Pública y la Justicia

La reforma de la administración pública ha sido confiada a Marco D’Alberti, abogado y profesor de Derecho Administrativo en La Sapienza de Roma. La reforma seguirá dos caminos: mayor conectividad y una puesta al día de las competencias de los funcionarios públicos.

En relación con la Justicia, el propósito es aplicar varias de las recomendaciones trasladadas por la UE en 2019 y 2020. Entre otras medidas, la UE pide una mayor eficiencia del sistema judicial civil italiano, mediante una mayor rapidez del trabajo de los tribunales, una mejor distribución de la carga de trabajo, la adopción de normas procedurales más simples y una activa represión de la corrupción.

Política Exterior: atlantismo y menor entusiasmo con China

Una de las primeras consecuencias de la elección de Draghi como primer ministro ha sido la nueva imagen de estabilidad y disposición a la cooperación que Italia ha pasado a proyectar no solo en Bruselas sino también en Washington, tanto desde el punto de vista político como económico. No obstante, muchos aspectos de la política exterior de Conte van a ser mantenidos, dada la continuidad de Luigi di Maio como ministro de Exteriores.

Más allá de Europa, las prioridades de Draghi van a ser principalmente dos: el nuevo acercamiento a Washington –en el marco de un convencido atlantismo, dentro del multilateralismo­– y el refuerzo de la política italiana en el Mediterráneo. La llegada de Draghi también tiene el potencial de romper con el acercamiento a China efectuado por Conte, como la inclusión de puertos italianos en la Nueva Ruta de la Seda. Si bien esto puede asegurar a Italia como un aliado principal estadounidense, cualquier decisión deberá tener en cuenta la inversión china que puede comprometerse.

Contribución a la gobernanza europea

Italia es la tercera economía de la UE y la octava del mundo, por lo que su desempeño económico tiene cierta repercusión internacional. Draghi ha asegurado su compromiso con la recuperación y sus contactos con las élites europeas pueden ayudar a rebajar la tensión en las discusiones con los demás miembros de la UE sobre el reparto de fondos, especialmente el llamado Next Generation EU. Durante la Crisis del Euro Draghi fue uno de los principales defensores de reformas estructurales y ahora estas vuelven a ser vitales para evitar un aumento del gasto que pueda hacer crecer demasiado la deuda o recortes de presupuesto que dañen el crecimiento.

Draghi ha declarado que “sin Italia no hay Europa, pero sin Europa hay menos Italia” y se propone hacer de Italia un sujeto más activo y comprometido en Europa, al tiempo que trata de equilibrar los intereses de Francia, Alemania y Países Bajos. La partida de Merkel a finales de 2021 abre la posibilidad de un vacío de poder en el Consejo Europeo; siendo Francia e Italia la segunda y tercera economía su colaboración podría aportar estabilidad y garantizar la persistencia del Fondo de Recuperación. Esto a su vez puede terminar ocasionando problemas de gobernanza con Alemania y Países Bajos en caso de que hubiera desacuerdos a la hora del uso de los fondos. No obstante, Draghi se ha mostrado reticente a las propuestas geopolíticas de Francia de establecer a Europa como un actor independiente de Estados Unidos. Esto puede terminar envenenando la potencial nueva relación especial entre Roma y Paris.

El anuncio de voluntad de diálogo y concordia tanto con Turquía como Rusia puede acabar provocando problemas en Bruselas con otros países. En el caso turco puede comprometer las relaciones con Grecia en el Mediterráneo. Sin embargo, la fuerte crítica a Erdogan, al que llamó dictador, por haber humillado diplomáticamente a Ursula von der Leyen en su visita a AnKara, parece descartar aproximaciones contraproducentes. Por otra parte, su deseo de diálogo también con Moscú puede acabar sentado mal en las capitales bálticas, así como en Washington. 

El Mediterráneo: inmigración, Libia y Turquía

Draghi también se ha referido a zonas estratégicas fuera de la UE cercanas a Italia: el Magreb, Oriente Medio y el Mediterráneo. Respecto a este último las prioridades italianas no parece que vayan a cambiar: el objetivo es controlar la inmigración. Para ello Draghi espera establecer cooperación con España, Grecia y Chipre.

En esta área la estabilidad de Libia es importante, y seguirá el apoyo italiano al Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) establecido en Trípoli, uno de cuyos principales defensores en la UE ha sido Luigi Di Maio, que continúa al frente de Exteriores. El primer ministro libio Abdul Hamid Dbeibah ha declarado estar preparado para colaborar en temas de Inmigración con Draghi, pero este parece ser escéptico hacia los tratos bilaterales y preferirá que se realice en un marco europeo.

Esto va en contra de la política de Grecia y Francia, quienes apoyan al Ejército Nacional Libio, establecido en Tubruk, debido a las conexiones islamistas del GNA y el apoyo de Turquía a estos. Estas diferencias en relación con Libia ya han causado problemas y han dificultado la posibilidad de establecer sanciones contra Ankara.

Aprovechar la oportunidad

El nuevo Gobierno Draghi supone la oportunidad para Italia de poder alcanzar cierta estabilidad política después de unos años de vaivenes. La integración en el mismo Gobierno de personas de diferentes procedencias ideológicas puede contribuir a la unidad nacional que requiere la presente situación. La emergencia y excepcionalidad que supone la crisis de Covid-19 dan a Italia una oportunidad para aplicar no solo medidas contra la pandemia sino también cambios estructurales radicales que transformen la economía y la administración pública, algo que en otras circunstancias encontraría demasiadas trabas.

Por otra parte, aunque dentro de cierta continuidad, el Gobierno de Draghi supone un cambio en el tablero estratégico internacional, no solo para Bruselas, Berlín y París sino también para Washington y Pekín, dado que las tendencias más atlantistas lo alejarán tanto de Rusia como de China.

Los gobiernos italianos no son famosos por su duración y tampoco este ofrece garantías de permanencia, teniendo en cuenta además que el esfuerzo de unidad realizado obedece a la temporalidad de la crisis. No obstante, el perfil del propio Draghi proyecta una imagen de seriedad y responsabilidad.

Agreement on hold: The Iran nuclear deal during the Trump years

An update on the Iranian nuclear accord between 2018 and the resumed talks in April 2021

The signatories of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), reached in 2015 to limit Iran's nuclear program, met again on April 6 in Vienna to explore the possibility of reviving the accord. The US withdrawal after Donald Trump becoming president put the agreement on hold and lead Tehran to miss its commitments. Here we offer an update on the issue until the international talks resumed.

Trump's announcement of the US withdrawal from the JCPOA on May 8, 2018 [White House]

ARTICLE Ana Salas Cuevas

The Islamic Republic of Iran is a key player in the stability of its regional environment, which means that it is a central country worth international attention. It is a regional power not only because of its strategic location, but also because of its large hydrocarbon reserves, which make Iran the fourth country in oil reserves and the second one in gas reserves.

In 2003, the International Atomic Energy Agency (IAEA) brought to the light and warned the international community about the existence of nuclear facilities, and of a covert program in Iran which could serve a military purpose. This prompted the United Nations and the five permanent members of the UN Security Council (the P5: France, China, Russia, the United States and the United Kingdom) to take measures against Iran in 2006. Multilateral and unilateral economic sanctions (the UN and the US) were implemented, which deteriorated Iran’s economy, but which did not stop its nuclear proliferation program. There were also sanctions linked to the development of ballistic missiles and to the support of terrorist groups. These sanctions, added to the ones the United States imposed on Tehran in the wake of the 1979 revolution, and together with the instability that cripples the country, caused a deep deterioration of Iran’s economy.

In November 2013, the P5 plus Germany (P5+1) and Iran came to terms with an initial agreement on Iran's nuclear program (a Joint Plan of Action) which, after several negotiations, translated in a final pact, the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), signed in 2015. The European Union adhered to the JCPOA.

The focus of Iran's motives for succumbing and accepting restrictions on its nuclear program lies in the Iranian regime’s concern that the deteriorating living conditions of the Iranian population due to the economic sanctions could result in growing social unrest.

The Joint Comprehensive Plan of Action

The goal of these negotiations was to reach a long-term comprehensive solution agreed by both parties to ensure that Iran´s nuclear program would be completely peaceful. Iran reiterated that it would not seek or develop any nuclear weapons under any circumstances. The real aim of the nuclear deal, though, was to extend the time needed for Iran to produce enough fissile material for bombs from three months to one year. To this end, a number of restrictions were reached.

This comprehensive solution involved a mutually defined enrichment plan with practical restrictions and transparent measures to ensure the peaceful nature of the program. In addition, the resolution incorporated a step-by-step process of reciprocity that included the lifting of all UN Security Council, multilateral and national sanctions related to Iran´s nuclear program. In total, these obligations were key to freeze Iran’s nuclear program and reduced the factors most sensitive to proliferation. In return, Iran received limited sanctions relief.

More specifically, the key points in the JCPOA were the following: Firstly, for 15 years, Iran would limit its uranium enrichment to 3.67%, eliminate 98% of its enriched uranium stocks in order to reduce them to 300 kg, and restrict its uranium enrichment activities to its facilities at Natanz. Secondly, for 10 years, it would not be able to operate more than 5,060 old and inefficient IR-1 centrifuges to enrich uranium. Finally, inspectors from the IAEA would be responsible for the next 15 years for ensuring that Iran complied with the terms of the agreement and did not develop a covert nuclear program.

In exchange, the sanctions imposed by the United States, the European Union and the United Nations on its nuclear program would be lifted, although this would not apply to other types of sanctions. Thus, as far as the EU is concerned, restrictive measures against individuals and entities responsible for human rights violations, and the embargo on arms and ballistic missiles to Iran would be maintained. In turn, the United States undertook to lift the secondary sanctions, so that the primary sanctions, which have been in place since the Iranian revolution, remained unchanged.

To oversee the implementation of the agreement, a joint committee composed of Iran and the other signatories to the JCPOA would be established to meet every three months in Vienna, Geneva or New York.

United States withdrawal

In 2018, President Trump withdrew the US from the 2015 Iran deal and moved to resume the sanctions lifted after the agreement was signed. The withdrawal was accompanied by measures that could pit the parties against each other in terms of sanctions, encourage further proliferation measures by Iran and undermine regional stability. The US exit from the agreement put the Joint Comprehensive Plan of Action on hold.

The United States argued that the agreement allowed Iran to approach the nuclear threshold in a short period of time. With the withdrawal, however, the US risked bringing this point closer in time by not waiting to see what could happen after the 10 and 15 years, assuming that the pact would not last after that time. This may make Iran's proliferation a closer possibility.

Shortly after Trump announced the first anniversary of its withdrawal from the nuclear deal and the assassination of powerful military commander Qasem Soleimani by US drones, Iran announced a new nuclear enrichment program as a signal to nationalists, designed to demonstrate the power of the mullah regime. This leaves the entire international community to question whether diplomatic efforts are seen in Tehran as a sign of weakness, which could be met with aggression.

On the one hand, some opinions consider that, by remaining within the JCPOA, renouncing proliferation options and respecting its commitments, Iran gains credibility as an international actor while the US loses it, since the agreements on proliferation that are negotiated have no guarantee of being ratified by the US Congress, making their implementation dependent on presidential discretion.

On the other hand, the nuclear agreement adopted in 2015 raised relevant issues from the perspective of international law. The Joint Comprehensive Plan of Action timeline is 10 to 15 years. This would terminate restrictions on Iranian activities and most of the verification and control provisions would expire. Iran would then be able to expand its nuclear facilities and would find it easier to develop nuclear weapons activities again. In addition, the legal nature of the Plan and the binding or non-binding nature of the commitments made under it have been the subject of intense debate and analysis in the United States. The JCPOA does not constitute an international treaty. So, if the JCPOA was considered to be a non-binding agreement, from the perspective of international law there would be no obstacle for the US administration to withdraw from it and reinstate the sanctions previously adopted by the United States.

The JCPOA after 2018

As mentioned, the agreement has been held in abeyance since 2018 because the IAEA inspectors in Vienna will no longer have access to Iranian facilities.

Nowadays, one of the factors that have raised questions about Iran’s nuclear documents is the IAEA’s growing attention to Tehran’s nuclear contempt. In March 2020, the IAEA “identified a number of questions related to possible undeclared nuclear material and nuclear-related activities at three locations in Iran”. The agency’s Director General Rafael Grossi stated: “The fact that we found traces (of uranium) is very important. That means there is the possibility of nuclear activities and material that are not under international supervision and about which we know not the origin or the intent”.

The IAEA also revealed that the Iranian regime was violating all the restrictions of the Joint Comprehensive Plan of Action. The Iranian leader argued that the US first violated the terms of the JCPOA when it unilaterally withdrew the terms of the JCPOA in 2018 to prove its reason for violating the nuclear agreement.

In the face of the economic crisis, the country has been hit again by the recent sanctions imposed by the United States. Tehran ignores the international community and tries to get through the signatory countries of the agreement, especially the United States, claiming that if they return to compliance with their obligations, Iran will also quickly return to compliance with the treaty. This approach has put strong pressure on the new US government from the beginning. Joe Biden's advisors suggested that the agreement could be considered again. But if Washington is faced with Tehran's full violation of the treaty, it will be difficult to defend such a return to the JCPOA.

In order to maintain world security, the international community must not succumb to Iran’s warnings. Tehran has long issued empty threats to force the world to accept its demands. For example, in January 2020, when the UK, France and Germany triggered the JCPOA’s dispute settlement mechanism, the Iranian Ministry of Foreign Affairs issued a direct warning, saying: “If Europeans, instead of keeping to their commitments and making Iran benefit from the lifting of sanctions, misuse the dispute resolution mechanism, they’ll need to be prepared for the consequences that they have been informed about earlier”.

Conclusions

The purpose of the agreement is to prevent Iran from becoming a nuclear power that would exert pressure on neighboring countries and further destabilize the region. For example, Tehran's military influence is already keeping the war going in Syria and hampering international peace efforts. A nuclear Iran is a frightening sight in the West.

The rising in tensions between Iran and the United States since the latter unilaterally abandoned the JCPOA has increased the deep mistrust already separating both countries. Under such conditions, a return to the JCPOA as it was before 2018 seems hardly imaginable. A renovated agreement, however, is baldly needed to limit the possibilities of proliferation in an already too instable region. Will that be possible?

From Trump to Biden: TPS and other immigration policies

Temporary Protected Status for Venezuelans and pending TPS termination for Central Americans amid a migration surge at the US-Mexico border

The Venezuelan flag near the US Capitol [Rep. Darren Soto]

ANALYSIS Alexandria Angela Casarano

On March 8, the Biden administration approved Temporary Protected Status (TPS) for the cohort of 94,000 to 300,000+ Venezuelans already residing in the United States. Nicaragua, Honduras, El Salvador, and Haiti await the completion of litigation against the TPS terminations of the Trump administration. Meanwhile, the US-Mexico border faces surges in migration and detention facilities for unaccompanied minors battle overcrowding.

TPS and DED. The case of El Salvador

TPS was established by the Immigration Act of 1990 and was first granted to El Salvador that same year due to a then-ongoing civil war. TPS is a temporary immigration benefit that allows migrants to access education and obtain work authorization (EADs). TPS is granted to specific countries in response to humanitarian, environmental, or other crises for 6, 12, or 18-month periods—with the possibility of repeated extension—at the discretion of the Secretary of Homeland Security, taking into account the recommendations of the State Department.

The TPS designation of 1990 for El Salvador expired on June 30,1992. However, following the designation of Deferred Enforced Departure (DED) to El Salvador on June 26, 1992 by George W. Bush, Salvadorans were allowed to remain in the US until December 31, 1994. DED differs from TPS in that it is designated by the US President without the obligation of consultation with the State Department. Additionally, DED is a temporary protection from deportation, not a temporary immigration benefit, which means it does not afford recipients a legal immigration status, although DED also allows for work authorization and access to education.

When DED expired for El Salvador on December 31, 1994, Salvadorans previously protected by the program were granted a 16-month grace period which allowed them to continue working and residing in the US while they applied for other forms of legal immigration status, such as asylum, if they had not already done so.

The federal court system became significantly involved in the status of Salvadoran immigrants in the US beginning in 1985 with the American Baptist Churches v. Thornburgh (ABC) case. The ABC class action lawsuit was filed against the US Government by more than 240,000 immigrants from El Salvador, Guatemala, and former Soviet Bloc countries, on the basis of alleged discriminatory treatment of their asylum claims. The ABC Settlement Agreement of January 31, 1991 created a 240,000-member immigrant group (ABC class members) with special legal status, including protection from deportation. Salvadorans protected under TPS and DED until December 31, 1994 were allowed to apply for ABC benefits up until February 16, 1996.

Venezuela and the 2020 Elections

The 1990’s Salvadoran immigration saga bears considerable resemblance to the current migratory tribulations of many Latin American immigrants residing in the US today, as the expiration of TPS for four Latin American countries in 2019 and 2020 has resulted in the filing of three major lawsuits currently working their way through the US federal court system.

Approximately 5 million Venezuelans have left their home country since 2015 following the consolidation of Nicolás Maduro, on economic grounds and in pursuit of political asylum. Heavy sanctions placed on Venezuela by the Trump administration have exacerbated—and continue to exacerbate, as the sanctions have to date been left in place by the Biden administration—the severe economic crisis in Venezuela.

An estimated 238,000 Venezuelans are currently residing in Florida, 67,000 of whom were naturalized US citizens and 55,000 of whom were eligible to vote as of 2018. 70% of Venezuelan voters in Florida chose Trump over Biden in the 2020 presidential elections, and in spite of the Democrats’ efforts (including the promise of TPS for Venezuelans) to regain the Latino vote of the crucial swing state, Trump won Florida’s 29 electoral votes in the 2020 elections. The weight of the Venezuelan vote in Florida has thus made the humanitarian importance of TPS for Venezuela a political issue as well. The defeat in Florida has probably made President Biden more cautious about relieving the pressure on Venezuela's and Cuba's regimes.

The Venezuelan TPS Act was originally proposed to the US Congress on January 15, 2019, but the act failed. However, just before leaving office, Trump personally granted DED to Venezuela on January 19, 2021. Now, with the TPS designation to Venezuela by the Biden administration on March 8, Venezuelans now enjoy a temporary legal immigration status.

The other TPS. Termination and ongoing litigation

Other Latin American countries have not fared so well. At the beginning of 2019, TPS was designated to a total of four Latin American countries: Nicaragua, Honduras, El Salvador, and Haiti. Nicaragua and Honduras were first designated TPS on January 5, 1999 in response to Hurricane Mitch. El Salvador was redesignated TPS on March 9, 2001 after two earthquakes hit the country. Haiti was first designated TPS on January 21, 2010 after the Haiti earthquake. Since these designations, TPS was continuously renewed for all four countries. However, under the Trump administration, TPS was allowed to expire without renewal for each country, beginning with Nicaragua on January 5, 2019. Haiti followed on July 22, 2019, then El Salvador on September 9, 2019, and lastly Honduras on January 4, 2020.

As of March 2021, Salvadorans account for the largest share of current TPS holders by far, at a total of 247,697, although the newly eligible Venezuelans could potentially overshadow even this high figure. Honduras and Haiti have 79,415 and 55,338 TPS holders respectively, and Nicaragua has much fewer with only 4,421.

The elimination of TPS for Nicaragua, Honduras, El Salvador, and Haiti would result in the deportation of many immigrants who for a significant continuous period of time have contributed to the workforce, formed families, and rebuilt their lives in the United States. Birthright citizenship further complicates this reality: an estimated 270,000 US citizen children live in a home with one or more parents with TPS, and the elimination of TPS for these parents could result in the separation of families. Additionally, the conditions of Nicaragua, Honduras, El Salvador, and Haiti—in the context of the COVID-19 pandemic, recent natural disasters (i.e. hurricanes Matthew, Eta, and Iota), and other socioeconomic and political issues—remain far from ideal and certainly unstable.

Three major lawsuits were filed against the US Government in response to the TPS terminations of 2019 and 2020: Saget v. Trump (March 2018), Ramos v. Nielsen (March 2018), and Bhattarai et al. v. Nielsen (February 2019). Kirstjen Nielsen served as Secretary of Homeland Security for two years (2017 - 2019) under Trump. Saget v. Trump concerns Haitian TPS holders. Ramos v. Nielsen concerns 250,000 Salvadoran, Nicaraguan, Haitain and Sudanese TPS holders, and has since been consolidated with Bhattarai et al. v. Nielsen which concerns Nepali and Honduran TPS holders.

All three (now two) lawsuits appeal the TPS eliminations for the countries involved on similar grounds, principally the racial animus (i.e. Trump’s statement: “[Haitians] all have AIDS”) and unlawful actions (i.e. violations of the Administrative Procedure Act (APA)) of the Trump administration. For Saget v. Trump, the US District Court (E.D. New York) blocked the termination of TPS (affecting Haiti only) on April 11, 2019 through the issuing of preliminary injunctions. For Ramos v. Nielson (consolidated with Bhattarai et al. v. Nielson), the US Court of Appeals of the 9th Circuit has rejected these claims and ruled in favor of the termination of TPS (affecting El Salvador, Nicaragua, Haiti, Honduras, Nepal, and Sudan) on September 14, 2020. This ruling has since been appealed and is currently awaiting revision.

The US Citizenship and Immigration Services (USCIS) and the Department of Homeland Security (DHS) have honored the orders of the US Courts not to terminate TPS until the litigation for these aforementioned cases is completed. The DHS issued a Federal Register Notice (FRN) on December 9, 2020 which extends TPS for holders from Nicaragua, Honduras, El Salvador, and Haiti until October 14, 2021. The USCIS has similarly cooperated and has ordered that so long as the litigation remains effective, no one will lose TPS. The USCIS has also ordered that in case of TPS elimination once the litigation is completed, Nicaragua and Haiti will have 120 grace days to orderly transition out of TPS, Honduras will have 180, and El Salvador will have 365 (time frames which are proportional to the number of TPS holders from each country, though less so for Haiti).

The Biden Administration’s Migratory Policy

On the campaign trail, Biden repeatedly emphasized his intentions to reverse the controversial immigration policies of the Trump administration, promising immediate cessation of the construction of the border wall, immediate designation of TPS to Venezuela, and the immediate sending of a bill to create a “clear [legal] roadmap to citizenship” for 11 million+ individuals currently residing in the US without legal immigration status. Biden assumed office on January 20, 2021, and issued an executive order that same day to end the government funding for the construction of the border wall. On February 18, 2021, Biden introduced the US Citizenship Act of 2021 to Congress to provide a legal path to citizenship for immigrants residing in the US illegally, and issued new executive guidelines to limit arrests and deportations by ICE strictly to non-citizen immigrants who have recently crossed the border illegally. Non-citizen immigrants already residing in the US for some time are now only to be arrested/deported by ICE if they pose a threat to public safety (defined by conviction of an aggravated felony (i.e. murder or rape) or of active criminal street gang participation).

Following the TPS designation to Venezuela on March 8, 2021, there has been additional talk of a TPS designation for Guatemala on the grounds of the recent hurricanes which have hit the country.

On March 18, 2021, the Dream and Promise Act passed in the House. With the new 2021 Democrat majority in the Senate, it seems likely that this legislation which has been in the making since 2001 will become a reality before the end of the year. The Dream and Promise Act will make permanent legal immigration status accessible (with certain requirements and restrictions) to individuals who arrived in the US before reaching the age of majority, which is expected to apply to millions of current holders of DACA and TPS.

If the US Citizenship Act of 2021 is passed by Congress as well, together these two acts would make the Biden administration’s lofty promises to create a path to citizenship for immigrants residing illegally in the US a reality. Since March 18, 2021, the National TPS Alliance has been hosting an ongoing hunger strike in Washington, DC in order to press for the speedy passage of the acts.

The current migratory surge at the US-Mexico border

While the long-term immigration forecast appears increasingly more positive as Biden’s presidency progresses, the immediate immigration situation at the US-Mexico border is quite dire. Between December 2020 and February 2021, the US Customs and Border Protection (CBP) reported a 337% increase in the arrival of families, and an 89% increase in the arrival of unaccompanied minors. CBP apprehensions of migrants crossing the border illegally in March 2021 have reached 171,00, which is the highest monthly total since 2006.

Currently, there are an estimated 4,000 unaccompanied minors in CBP custody, and an additional 15,000 unaccompanied minors in the custody of the Department of Health and Human Services (HHS).

The migratory CBP facility in Donna, TX designated specifically to unaccompanied minors has been filled at 440% to 900% of its COVID-19 capacity of just 500 minors since March 9, 2021. Intended to house children for no more than a 72-hour legal limit, due to the current overwhelmed system, some children have remained in the facility for more than weeks at a time before being transferred on to HHS.

In order to address the overcrowding, the Biden administration announced the opening of the Delphia Emergency Intake Site (next to the Donna facility) on April 6, 2021, which will be used to house up to 1,500 unaccompanied minors. Other new sites have been opened by HHS in Texas and California, and HHS has requested the Pentagon to allow it to temporarily utilize three military facilities in these same two states.

Political polarization has contributed to a great disparity in the interpretation of the recent surge in migration to the US border since Biden took office. Termed a “challenge” by Democrats and a “crisis” by Republicans, both parties offer very different explanations for the cause of the situation, each placing the blame on the other.

Comienza la recta final del diferendo territorial entre Guatemala y Belice

Tras sendos referéndums en 2018 y 2019, el gobierno guatemalteco presentó su memoria ante La Haya en 2020 y el beliceño tiene un año para replicar

Guatemala presentó su posición ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya el pasado mes de diciembre, con medio año de retraso atribuido a la situación de emergencia del Covid-19; ahora Belice tendrá un año para responder. Aunque después la CIJ se tomará su tiempo para redactar una sentencia, puede decirse que el diferendo territorial entre ambos vecinos ha comenzado su recta final, teniendo en cuenta que la disputa por ese enclave centroamericano viene del siglo XVIII.

Escudos de Guatemala (izq.) y de Belice (dcha.) sobre sus respectivas banderas

ARTÍCULO Álvaro de Lecea

El conflicto territorial entre Guatemala y Belice tiene su raíz en el pulso entre el Imperio Español en América y la actividad de Inglaterra en el Caribe durante la era colonial. La inacción de la Corona española a finales del siglo XVIII frente a las invasiones británicas en lo que hoy es Belice y que en esa época era territorio español, permitió a los ingleses asentar un pie en Centroamérica y comenzar a explotar tierras continentales en busca de maderas preciosas, como el palo de tinte y la caoba. No obstante, las reservas puestas por Guatemala sobre parte del terreno beliceño –reclama más de 11.000 km2, casi la mitad del vecino país; también reivindica la correspondiente extensión marítima y algunos cayos– generaron una situación de tensión y conflicto que se ha mantenido hasta la actualidad.

En 2008 ambos países decidieron celebrar sendos referéndums sobre la posibilidad llevar la disputa a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para que sea quien dictamine sobre el reparto de soberanía. Los beliceños aprobaron dar ese paso en 2018 y los guatemaltecos el año siguiente. La cuestión se formalizó ante la CIJ, en La Haya, el 12 de junio de 2019

Contexto histórico

El territorio del actual Belice fue colonizado por España a mediados del siglo XVI, como parte del Virreinato de Nueva España y dependiente de la capitanía de Guatemala. No obstante, al no haber allí recursos minerales y no existir apenas población, la metrópoli prestó poca atención a la zona. Esa escasa presencia española favoreció el ataque de piratas y para evitarlos la Corona España permitió una creciente actividad explotadora inglesa a cambio de defensa. Parecida penetración llevó a cabo Inglaterra en las costas caribeñas de Nicaragua, pero mientras que los españoles consiguieron expulsar a los ingleses de allí, en el área de Belice estos consolidaron su asentamiento y finalmente obtuvieron el territorio por el Tratado de París de 1783, por el que España se desentendía de ese rincón centroamericano. Esa concesión y otra tres años después cubrían apenas 6.685 km2, un espacio próximo a la costa que luego Inglaterra fue agrandando, tierra adentro y hacia el sur, dado que España no actuaba en la zona. Desde entonces el enclave fue conocido como la “Honduras británica”.

La cesión no tuvo en cuenta las reclamaciones de los guatemaltecos, que consideraban como propio el espacio entre los ríos Sarstún y Sibún. Ambos con cauce oeste-este, el primero dibuja, en el sur de lo que hoy es Belice, la frontera con Guatemala; el otro, más al norte, discurre por el centro de Belice, con desembocadura junto a su capital, partiendo el país en dos. No obstante, dadas la urgencia de reconocimiento internacional que tuvo cuando declaró su independencia en 1821, Guatemala firmó varios acuerdos con Inglaterra, la gran potencia del momento, para garantizar la viabilidad del nuevo estado. Uno de ellos fue el Tratado Aycinena-Wyke (1859), por el que Guatemala aceptaba las fronteras beliceñas a cambio de la construcción de una carretera que mejorara su acceso de su capital al Caribe. No obstante, ambas partes culparon a la otra de no cumplir el Tratado (la carretera no se llevó a cabo, por ejemplo) y Guatemala lo dio por anulado en 1939.

En la Constitución promulgada en 1946, Guatemala incluyó el reclamo en el redactado, y ha insistido en esa posición desde que el vecino país, con el nombre de Belice, obtuvo su independencia del Reino Unido en 1981. Ya en 1978 la ONU aprobó una resolución garantizando los derechos a la autodeterminación y protección territorial del pueblo beliceño, donde también se pedía una resolución pacífica del conflicto vecinal. Hasta 1991 Guatemala no reconoció la existencia del nuevo estado soberano y aún hoy sigue poniendo algunos límites en el progresivo acoplamiento de Belice en el Sistema de Integración Centroamericano. Por su matriz inglesa, Belice ha mantenido históricamente más relación con las islas anglófonas del Caribe.

Mapa de Centroamérica y, en detalle, el diferendo territorial entre Guatemala y Belice [Rei-artur / Janitoalevic Bettyreategui]

Línea de Adyacencia y el papel de la OEA

Desde el año 2000, la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que ambas naciones forman parte, se ha prestado a mediar entre los dos países. Ese mismo año, la OEA propició un acuerdo con el objetivo de fomentar la confianza y las negociaciones entre ambos vecinos. A fin de conseguir estos objetivos, la OEA, a través de su Fondo de Paz, apoyó de forma activa la búsqueda de una solución, brindando apoyo técnico y político. De hecho, gracias a este acercamiento se reanudaron las conversaciones sobre el diferendo y se acordó la creación de la “Línea de Adyacencia”.

Esta es una línea imaginaria que básicamente sigue el trazado que de norte a sur venía separando “de hecho” los dos países y es donde tienen lugar la mayoría de las tensiones. A lo largo de los años, ambas partes han incrementado ahí su presencia militar, a modo de respuesta por incidentes atribuidos al otro lado. Debido a esas frecuentes discusiones, en 2015 Belice tuvo que pedir ayuda militar de la armada inglesa. Precisamente en esa Zona de Adyacencia se encuentra una oficina de la OEA, cuyo propósito es promover contactos entre las comunidades y verificar ciertas transgresiones a los acuerdos ya firmados.

Uno de los avances más prometedores que tuvo lugar bajo el paraguas de la OEA fue la firma en 2008 de lo que se denominó “Acuerdo especial entre Guatemala y Belice para someter el reclamo territorial, insular y marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia”. Bajo este acuerdo ambos países se comprometieron a someter a consultas populares simultáneas la aceptación de la mediación de la Corte. No obstante, en 2015, a través del Protocolo del Acuerdo Especial entre Belice y Guatemala, se permitió que dichas consultas populares no se realizaran al mismo tiempo. Ambas partes se comprometieron a aceptar la decisión del Tribunal como “decisiva y vinculante” y a cumplirla y aplicarla “de manera plena y de buena fe”.

La Haya y el impacto de la futura resolución

Los referéndums se realizaron en 2018, en el caso de Guatemala, y en 2019, en el caso de Belice. Aunque los porcentajes de ambas consultas populares fueron algo dispares, los resultados resultaron positivos. En Belice, el sí consiguió el 55,37% de los votos y el no, el 44,63%. Por su lado, en Guatemala los resultados fueron mucho más favorables para el sí, con el 95,88% de los votos, frente al 4,12% del no.

Estos resultados muestran cómo los beliceños miran con recelo acudir a la decisión de La Haya ya que, si bien con la fijación definitiva de la frontera cerrarán por siempre cualquier reclamo, se arriesgar a perder parte de su territorio. En cambio, la perspectiva de ganancia es mayor en el caso guatemalteco, pues de aceptarse su planteamiento –o al menos parte de él– ampliaría estratégicamente su acceso al Caribe, ahora algo limitado, y en el caso de perder se quedaría simplemente como ha estado hasta ahora, lo no que constituye ningún grave problema para el país.

La definición de una frontera clara y respetada es necesaria a estas alturas. La línea adyacente, observada por la misión de paz y seguridad de la OEA, ha conseguido limitar las tensiones entre ambos países, pero la realidad es que ciertos incidentes siguen teniendo lugar en esa zona tan desprotegida. Esos incidentes, como los asesinatos a ciudadanos de ambos países o maltratos atribuidos a los militares guatemaltecos, provocan que el conflicto se alargue y las tensiones aumenten. Por otro lado, el hecho de que no exista una definición clara de las fronteras facilita el narcotráfico y el contrabando.

Asimismo, este conflicto ha afectado a las relaciones económicas y comerciales de Belice con sus vecinos de la región, sobre todo México y Honduras. No solo debido a la falta de límites terrestres, sino también marítimos. Esta zona es muy rica en recursos naturales y cuenta con la segunda reserva coralina más grande del mundo, después de la de Australia. Además, esto ha afectado, como era de esperar, a las relaciones bilaterales entre ambos países. Mientras los organismos regionales apuestan por una integración regional más relevante, las tensiones entre Belice y Guatemala impiden que pueda haber una mejoría en este aspecto.

El presidente de Guatemala ha manifestado que, independientemente del resultado del Tribunal, tiene intención de fortalecer las relaciones bilaterales, sobre todo en campos como el comercio y el turismo, con su vecino Belice. Por su parte, los jefes de estado de Caricom expresaron en octubre de 2020 su apoyo a Belice, su entusiasmo respecto a la intervención del CIJ y su felicitación a la OEA por su labor mediadora.

Ecuador desaprovecha su salida de la OPEP y pierde producción petrolera

El país dejó el cartel para poder ampliar su bombeo, pero la crisis del Covid-19 ha recortado los volúmenes de extracción en un 10,8%

Construcción de una variante del oleoducto que cruza los Andes, desde la Amazonía ecuatoriana hasta el Pacífico [Petroecuador]

ANÁLISIS Jack Acrich y Alejandro Haro

Ecuador abandonó el 1 de enero de 2020 la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para evitar tener que seguir sumándose a los recortes de producción impuestos por el grupo y que este acuerda con el ánimo de provocar una subida del precio mundial del crudo. Ecuador prefería vender más barriles, aunque fuera a menor precio, porque exportando más en última instancia podría aumentar sus ingresos y así salir de su grave situación financiera, que la emergencia por coronavirus no ha hecho sino acentuar, con una caída del PIB en 2020 de momento estimada en el 9,5%.

Sin embargo, las dificultades económicas internas y la difícil coyuntura internacional no solo han impedido a Ecuador un expandir el bombeo, sino que la producción de crudo ha caído un 10,8% en este último año. Ecuador extrajo en 2020 una media de 472.000 barriles diarios de petróleo, lastrada especialmente por la fuerte reducción de actividad en abril con el comienzo del confinamiento y luego no compensada el resto del año. Se trata de un volumen que queda por debajo de la línea de los 500.000 que siempre se había superado los recientes ejercicios (en 2019 la producción fue de 528.000), de acuerdo con las cifras de Petroecuador, la compañía estatal de hidrocarburos. La reducción del consumo mundial durante el año del Covid-19 también tuvo su correlación en un descenso del consumo de derivados en Ecuador, sobre todo gasolina y diésel, que bajó un 18,5%.

Una inversión internacional constreñida por el contexto de pandemia y un consumo reducido marcaban una situación que difícilmente podía llevar a un incremento de la producción. En 2020, Ecuador tuvo una caída en el valor de las exportaciones petroleras del 42,1% (el doble que el total de exportaciones), lo que combinado con un deterioro del precio del barril supuso una reducción del 40,9% en los ingresos públicos procedentes del sector petrolero, según los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las cifras de los dos primeros meses de 2021 indican una acentuación de la caída de la producción de crudo (-4,73% respecto a enero y febrero de 2020) y de derivados (-7,47%), así como de la exportación de estos (-22,8%).

Recorte del gasto y búsqueda de ingresos petroleros

La salida de la OPEP no constituía ningún riesgo especial para Ecuador, que ya se ausentó de la organización en un periodo anterior. Su escaso peso en la OPEP y la progresiva menor fuerza del propio cartel dejaban sin especial coste el intento ecuatoriano de ir por libre. La absoluta prioridad del gobierno de Lenín Moreno era reequilibrar el cuadro macroeconómico del país –maltrecho por elevado gasto público de su antecesor, Rafael Correa– y para eso necesitaba imperiosamente el incremento de los ingresos del Estado, una parte importante de los cuales proviene normalmente en Ecuador del sector de los hidrocarburos.

Cuando llegó a la presidencia en 2017, Moreno se dispuso a orientar el país hacia políticas energéticas más favorables al mercado. El presidente estaba decidido a romper con el enfoque nacionalista de su predecesor, cuyas políticas desincentivaron la inversión extranjera en la industria petrolera al mismo tiempo que aumentó la deuda pública significativamente. Entre los programas más costosos acometidos por Correa estuvo el de mantener altos subsidios para el consumo energético energía, con precios especialmente bajos para los combustibles.

Con el fin de superar la situación financiera en que se encontraba Ecuador cuando tomó la presidencia, Moreno se acercó al FMI para solicitar ayuda financiera, y se comprometió a reformas estructurales, entre las que estaba el desmonte gradual de los subsidios. Estas reformas, sin embargo, no fueron bien recibidas y el malestar social que se extendió por todo el país puso aún más presión sobre la industria petrolera.

En febrero de 2019, Moreno negoció un préstamo del FMI para ayudar a reducir el gran déficit fiscal y la enorme deuda externa del país, que para finales de 2018 había alcanzado el 46,1% del PIB y que doce meses después llegaría al 51,8%. El «rescate» comprometido era de 10.200 millones de dólares, de los cuales 6.500 procedían del FMI y el resto de otros organismos internacionales.

Como parte de las medidas de austeridad acordadas con el FMI, Moreno se vio forzado a poner fin a los subsidios gubernamentales que habían mantenido bajos los precios de la gasolina durante décadas. A comienzos de octubre de 2019 anunció un plan de recortes para ahorrar 2.270 millones de dólares al año, básicamente retirando el subsidio a los carburantes. El anuncio del decreto, que luego sería anulado, provocó de inmediato protestas masivas, tanto de transportistas como de sectores de bajos ingresos, así como también muy singularmente de las comunidades indígenas. La violencia callejera obligó al presidente a dejar unos días Quito e instalarse en Guayaquil.

Para resolver la necesidad de ingresos, Moreno buscó apoyarse en la industria petrolera, que representa aproximadamente un tercio de las exportaciones totales del país. Inicialmente expresó la intención de procurar subir desde los 545.000 barriles diarios de crudo que entonces se producían hasta casi 700.000.

Una de las medidas tomadas en esa dirección fue potenciar el desarrollo y la explotación del campo Ishpingo-Tiputini-Tambococha, con el objetivo de aumentar la producción de petróleo en 90.000 barriles diarios. Esta decisión encontró rechazo social por el daño ambiental que podía producir, ya que el Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana, que ha sido declarado zona protegida. El gobierno decidió entonces aplazar la ampliación de la producción, primero a 2021 y luego a 2022. La oposición fue especialmente liderada por las comunidades indígenas, en una movilización que en parte explica el éxito en las elecciones presidenciales de 2021 del movimiento indigenista Pachakutik, de Yaku Pérez, quien a punto estuvo de pasar a la segunda vuelta.

Otra de las medidas fue revertir algunas de las políticas emblemáticas de su predecesor. Por ejemplo, eliminó los contratos de servicios introducidos bajo el presidente Correa, restaurando así el modelo de contrato de producción compartida. Esta reforma fue más favorable para las compañías petroleras internacionales, ya que les permitíaa retener una parte de las reservas de crudo; también les ofreció incentivos financieros para invertir en el país. El nuevo modelo se aplicó por primera vez en las licitaciones adjudicabas durante la duodécima ronda petrolera de Intracampos, en la región de Oriente, que es rica en reservas de petróleo. Bajo esta modalidad de contrato, la administración de Moreno adjudicó siete de los ocho bloques de exploración en oferta con una inversión total de más de 1.170 millones de dólares.

Caída de la producción

Debido a la urgencia de aumentar los ingresos, Ecuador se resistió al plan de recortes de producción que la OPEP ha estado imponiendo a sus miembros en varios momentos desde la abrupta caída de precios del petróleo en 2014. Inicialmente la organización aceptó que algunos de sus miembros, con volúmenes de producción moderados o muy bajos respecto a cifras previas, como era el caso de Venezuela, mantuvieran sus ritmos de extracción. Pero no pudiendo ser ya más una excepción, Ecuador prefirió anunciar a finales de 2019 su marcha de la OPEP y no tener que reducir su producción hasta los 508.000 barriles diarios en 2020, que era la cuota que se le fijaba.

Lo llamativo es que el año pasado la producción finalmente bajó de los 528.000 barriles diarios de 2019 hasta los 472.000 (una caída del 10,8%), y no ya por decisiones tomadas en la sede de la OPEP en Viena sino por las dificultades de diverso tipo que ha supuesto la crisis del Covid-19. La exportación de petróleo por parte de Petroecuador bajó de 331.321 barriles diarios de 2019 a los 316.000, un retroceso del 4,6% que en términos monetario fue mayor, ya que el precio del barril de petróleo mixto ecuatoriano pasó de 55,3 dólares en 2019 a 34,7 en 2020.

Un elemento que dificulta que Ecuador pueda aprovechar mejor su potencial en hidrocarburos es que cuenta con una infraestructura insuficiente para el refinado del crudo. El país cuenta con tres refinerías, cuya capacidad no alcanza el volumen de consumo interno de derivados del petróleo, con lo que debe importar diésel, nafta y otros productos. Esto supone que en momentos de alto precio del crudo Ecuador se ve beneficiado en las exportaciones, pero también debe pagar una factura mayor en las importaciones de derivados. En 2020, Petroecuador tuvo que importar 137.300 barriles diarios.

La complicada coyuntura que ha supuesto la pandemia ha continuado presionando sobre la deuda pública de Ecuador, que a final de 2020 llegó al 66,4%, a pesar de todos los intentos de reducción llevados a cabo por el gobierno de Moreno.

El próximo presidente, que deberá tomar posesión a finales de mayo de 2021, tampoco tendrá mucho margen de maniobra debido a esos volúmenes de deuda y tendrá que seguir confiando en mayores ingresos petroleros para equilibrar las finanzas públicas. Las políticas expansivas del gasto durante la presidencia de Correa tuvieron lugar en el contexto del superciclo de las materias primas, que tanto benefició a Sudamérica, pero eso no parece que vaya a repetirse a corto plazo.

Pérdida de peso de la OPEP

Con su marcha de la OPEP, Ecuador abandonaba una organización internacional que se creó en 1960 con el objetivo de regular el mercado mundial de petróleo y controlar en cierta manera los precios del crudo. Los países fundadores fueron Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudí y Venezuela. Con el tiempo otros países pasaron a formar parte de la OPEP y hoy está conformada por trece miembros: Argelia, Angola, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, Libia, Nigeria, Emiratos Árabes Unidos y los cinco países fundadores. Al crearse, la organización buscaba establecer, actuando como cartel, una especie de contrapeso frente a una serie de transnacionales energéticas occidentales, principalmente de Estados Unidos y Reino Unido. Los miembros de la OPEP conforman alrededor del 40% de la producción petrolera mundial y contienen cerca del 80% de las reservas probadas de petróleo en el planeta. Para ser admitido como miembro de la organización es necesario tener una exportación de petróleo considerable y compartir los que tienen los países miembros.

Ecuador entró en la OPEP en 1973, pero en 1992 suspendió su membresía. Posteriormente, en 2007 volvió a tener una participación activa hasta su baja en enero de 2020. Tomando en cuenta que Ecuador era uno de los miembros más pequeños de la OPEP realmente no tenía una gran influencia en la organización y su salida no supone ninguna sustancial merma para esta. No obstante, constituye una segunda marcha en solo un año, pues Catar, que tenía un mayor peso específico en el cartel, lo abandonó el 1 de enero de 2019. En su caso, su divorcio con la OPEP se debió a otras razones, como sus tensiones con Arabia Saudí y su deseo de enfocarse en el sector del gas, del que es uno de los mayores productores del mundo.

Esos movimientos son ejemplo del momento de pérdida de influencia que atraviesa la OPEP. Esto ha llevado a que establezca alianzas con productores que no forman parte de la organización como Rusia y algunos otros países formando la OPEP+. Con el declive de la producción petrolera en Venezuela y el decrecimiento en la capacidad de otros miembros para controlar sus producciones y exportaciones Arabia Saudí se ha ido consolidando cada vez más en el líder del cartel, representando cerca de un tercio de la producción total del mismo, con unos 9,4 millones de barriles diarios aproximadamente. De alguna manera quedan Arabia Saudí y Rusia, en un mano a mano, como los principales países que buscan un recorte de la producción para intentar aumentar los precios. Adicionalmente, gracias al frácking, Estados Unidos se ha convertido en el mayor productor petrolero representando una gran influencia en el mercado internacional de crudo afectando el poder que puede tener la OPEP.

Gestión del riesgo político: tan necesario como producir y comercializar

[Nigel Gould-Davies, Tectonic Politics. Global Political Risk in an Age of Transformation (Washington, DC: Brookings Institution, 2019) 174 pgs]

 

RESEÑA Emili J. Blasco

La disciplina de “riesgo político” puede ser concebida de modo restrictivo, como es habitual, referida al análisis prospectivo sobre disrupciones que, obradas por estados y gobiernos, pueden afectar a la estabilidad política y social y al marco regulatorio y, por tanto, a los intereses de inversores, empresas y sectores económicos. Esa concepción, que la globalización también lleva a llamar “riesgo geopolítico”, es solo una parte –en realidad, la menor– del planteamiento de Nigel Gould-Davies, quien al poner el adjetivo “global” en el título de su libro se está refiriendo a un riesgo político conceptualmente más general, fusionado con campos como la reputación corporativa, los asuntos públicos y la diplomacia empresarial.

El autor reivindica como esencial para una empresa su relación con el entorno y reclama que en la dirección de una compañía haya siempre alguien responsable de engagement (que podríamos traducir como implicación, compromiso, participación o colaboración):  un engager que tenga el mismo nivel de autoridad que el ingeniero que sabe cómo manufacturar el producto y el comercial que sabe cómo monetarizarlo; alguien especializado en “persuadir” a los actores externos –gobiernos y grupos de la sociedad civil– de las bondades de la compañía, creando “alineamientos” beneficiosos para la empresa. Un engagement tanto de ámbito nacional como internacional, si la actividad o los intereses exceden las propias fronteras, dando lugar a la “diplomacia corporativa”, pues el actual “aumento de los riesgos políticos significa que una compañía necesita una política exterior”.

Gould-Davies considera que estas cuestiones más políticas no son una “impertinente intrusión” en los mercados, sino que son algo endógeno a ellos. Así que la empresa, además de atender los asuntos de producción y comercialización, también debe prestar igual interés a una tercera dimensión: la implicación con los agentes políticos y sociales para evitar o superar riesgos que se le presenten en esa esfera externa. Se trata de “una tercera actividad y un tercer rol para llevarla a cabo: una nueva pieza política en el mecanismo de la creación de valor”.

El autor pone el acento en la gestión del presente y del futuro a muy corto plazo, y resta importancia al análisis prospectivo a corto y medio plazo que ha venido siendo propio de los analistas de riesgo político. Se queja de que estos últimos han prestado “demasiada atención a la predicción, con sus frecuentes decepciones, y demasiado poca al engagement”; “el engagement, en cambio, requiere relativamente poca predicción más allá del corto plazo”. “Hay mucha actividad de riesgo político desequilibrada, produciendo gran cantidad de análisis y predicción, pero mucho menos orientación sobre qué hacer”

Además, a diferencia del análisis de riesgo político habitual, más centrado en la acción de estados o gobiernos, el concepto que el autor usa se extiende muy especialmente a las presiones que pueden derivarse de la sociedad civil. “Los nuevos riesgos políticos salen de fuerzas sociales no estatales: consumidores, inversores, opinión pública, sociedad civil, comunidades locales y medios. No buscan desafiar la propiedad o los derechos de uso de bienes productivos. No buscan destruir, tomar o bloquear. Su foco es más estrecho: normalmente buscan regular los términos en los que la producción y el comercio tienen lugar (...) Su motivo es usualmente un compromiso ético con la justicia y la equidad. Su meta es mitigar los amplios impactos adversos de la actividad corporativa sobre otros; son desinteresados más que egoístas”.

Gould-Davies constata que, si bien antes lo habitual eran amenazas gubernamentales en países en desarrollo o emergentes, que cuentan con sociedades menos estables y un estado de derecho sin consolidar, hoy las presiones sobre las empresas están aumentando en las naciones desarrolladas. “La probabilidad de un conflicto mayor y de una desglobalización está aumentando, pero más importante es que su impacto está girando hacia el mundo desarrollado”, escribe. Además, el hecho de que cada vez haya menos paz social en los países occidentales es un elemento crecientemente perturbador: “Una violencia civil sostenida en un país altamente desarrollado ya no es un cisne negro, sino un cisne gris: improbable pero concebible; posible de definir, pero imposible de predecir”.

Al poner el foco en la gestión del presente y caracterizar la actividad como engagement, de suyo muy centrada en la comunicación, Gould-Davis estira demasiado el concepto clásico de riesgo político, que ha estado más orientado al análisis y la prospección. Con ello pisa actividades que están conociendo un amplio desarrollo por sí mismas, como la comunicación y la reputación corporativas o la influencia en cuestiones regulatorias a través de funciones de lobby o de gestión de asuntos públicos.

Uyghur Muslims and China: A multifaceted issue beyond its humanitarian implications

Detainee in a Xinjiang re-education camp located in Lop County listening to “de-radicalization” talks [Baidu baijiahao]

ESSAY Rut Noboa

Over the last few years, reports of human rights violations against Uyghur Muslims, such as extrajudicial detentions, torture, and forced labor, have been increasingly reported in the Xinjiang province's so-called “re-education” camps. However, the implications of the Chinese undertakings on the province’s ethnic minority are not only humanitarian, having direct links to China’s ongoing economic projects, such as the Belt and Road Initiative (BRI) and natural resource extraction in the region. Asides from China’s economic agenda, ongoing projects in Xinjiang appear to prototype future Chinese initiatives in terms of expanding the surveillance state, particularly within the scope of technology. When it comes to other international actors, the Xinjiang dispute has evidenced a growing diplomatic split between countries against it, mostly western liberal democracies, and countries willing to at least defend it, mostly countries with important ties to China and dubious human rights records. The issue also has important repercussions for multinational companies, with supply chains of well-known international companies such as Nike and Apple benefitting from forced Uyghur labor. The situation in Xinjiang is critically worrisome when it comes to the COVID-19 pandemic, particularly considering recent outbreaks in Kashgar, how highly congested these “reeducation” camps, and potential censorship from the government. Finally, Uyghur communities continue to be an important factor within this conversation, not only as victims of China’s policies but also as dissidents shaping international opinion around the matter.

The Belt and Road Initiative

Firstly, understanding Xinjiang’s role in China’s ongoing projects requires a strong geographical perspective. The northwestern province borders Mongolia, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, and India, giving it important contact with other regional players.

This also places it at the very heart of the BRI. With it setting up the twenty-first century “Silk Road” and connecting all of Eurasia, both politically and economically, with China, it is no surprise that it has managed to establish itself as China’s biggest infrastructural project and quite possibly the most important undertaking in Chinese policy today. Through more and more ambitious efforts, China has established novel and expansive connections throughout its newfound spheres of influence. From negotiations with Pakistan and the establishment of the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) securing one of the most important routes in the initiative to Sri Lanka defaulting on its loan and giving China control over the Hambantota Port, the Chinese government has managed to establish consistent access to major trade routes.

However, one important issue remains: controlling its access to Central Asia. One of the BRI’s initiative’s key logistical hubs is Xinjiang, where the Uyghurs pose an important challenge to the Chinese government. The Uyghur community’s attachment to its traditional lands and culture is an important risk to the effective implementation of the BRI in Xinjiang. This perception is exacerbated by existing insurrectionist groups such as the East Turkestan independence movement and previous events in Chinese history, including the existence of an independent Uyghur state in the early 20th century[1]. Chinese infrastructure projects that cross through the Xinjiang province, such as the Central Asian High-speed Rail are a priority that cannot be threatened by instability in the region, inspiring the recent “reeducation” and “de-extremification” policies.

Natural resource exploitation

Another factor for China’s growing control over the region is the fact that Xinjiang is its most important energy-producing region, even reaching the point where key pipeline projects connect the northwestern province with China's key coastal cities and approximately 60% of the province’s gross regional production comes from oil and natural gas extraction and related industries[2]. With China’s energy consumption being on a constant rise[3] as a result of its growing economy, control over Xinjiang is key to Chinese.

Additionally, even though oil and natural gas are the region’s main industries, the Chinese government has also heavily promoted the industrial-scale production of cotton, serving as an important connection with multinational textile-based corporations seeking cheap labor for their products.

This issue not only serves as an important reason for China to control the Uyghurs but also promotes instability in the region. The increased immigration from a largely Han Chinese workforce, perceived unequal distribution of revenue to Han-dominated firms, and increased environmental costs of resource exploitation have exacerbated the preexisting ethnic conflict.

A growing diplomatic split

The situation in Xinjiang also has important implications for international perceptions of Chinese propaganda.  China’s actions have received noticeable backlash from several states, with 22 states issuing a joint statement to the Human Rights Council on the treatment of Uyghurs and other ethnic minorities in Xinjiang on July 8, 2019.  These states called upon China “to uphold its national laws and international obligations and to respect human rights and fundamental freedoms”.

Meanwhile, on July 12, 2019, 50 (originally 37) other states issued a competing letter to the same institution, commending “China’s remarkable achievements in the field of human rights”, stating that people in Xinjiang “enjoy a stronger sense of happiness, fulfillment and security”.

This diplomatic split represents an important and growing division in world politics. When we look at the signatories of the initial letter, it is clear to see that all are developed democracies and most (except for Japan) are Western. Meanwhile, those countries that chose to align themselves with China represent a much more heterogeneous group with states from the Middle East, Asia, and Africa[4]. Many of these have questionable human rights records and/or receive important funding and investment from the Chinese government, reflecting both the creation of an alternative bloc distanced from Western political influence as well as an erosion of preexisting human rights standards.

China’s Muslim-majority allies: A Pakistani case study

The diplomatic consequences of the Xinjiang controversy are not only limited to this growing split, also affecting the political rhetoric of individual countries. In the last years, Pakistan has grown to become one of China’s most important allies, particularly within the context of CPEC being quite possibly one of the most important components of the BRI.

As a Muslim-majority country, Pakistan has traditionally placed pan-Islamic causes, such as the situations in Palestine and Kashmir, at the center of its foreign policy. However, Pakistan’s position on Xinjiang appears not just subdued but even complicit, never openly criticizing the situation and even being part of the mentioned letter in support of the Chinese government (alongside other Muslim-majority states such as Egypt, Saudi Arabia, and the UAE). With Pakistani Prime Minister Imran Khan addressing the General Assembly in September 2019 on islamophobia in post-9/11 Western countries as well as in Kashmir but conveniently omitting Uyghurs in Xinjiang[5], Pakistani international rhetoric weakens itself constantly. Due to relying on China for political and economic support, it appears that Pakistan will have to censor itself on these issues, something that also rings true for many other Muslim-majority countries.

Central Asia: complacent and supportive

Another interesting case study within this diplomatic split is the position of different countries in the Central Asian region. These states – Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan – have the closest cultural ties to the Uyghur population. However, their foreign policy hasn’t been particularly supportive of this ethnic group with Kazakhstan and Kyrgyzstan avoiding the spotlight and not participating in the UNHRC dispute and Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan being signatories of the second letter, explicitly supporting China. These two postures can be analyzed through the examples of Kazakhstan and Uzbekistan.

Kazakhstan has taken a mostly ambiguous position to the situation. Having the largest Uyghur population outside China and considering Kazakhs also face important persecution from Chinese policies that discriminate against minority ethnic groups in favor of Han Chinese citizens, Kazakhstan is quite possibly one of the states most affected by the situation in Xinjiang. However, in the last decades, Kazakhstan has become increasingly economically and, thus, politically dependent on China. After the fall of the Soviet Union, Kazakhstan implemented what some would refer to as a “multi-vector” approach, seeking to balance its economic engagements with different actors such as Russia, the United States, European countries, and China. However, with American and European interests in Kazakhstan decreasing over time and China developing more and more ambitious foreign policy within the framework of strategies such as the Belt and Road Initiative, the Central Asian state has become intimately tied to China, leading to its deafening silence on Uyghurs in Xinjiang.

A different argument could be made for Uzbekistan. Even though there is no official statistical data on the Uyghur population living in Uzbekistan and former president Islam Karimov openly stated that no Uyghurs were living there, this is highly questionable due to the existing government censorship in the country. Also, the role of Uyghurs in Uzbekistan is difficult to determine due to a strong process of cultural and political assimilation, particularly in the post-Soviet Uzbekistan. By signing the letter to the UNHCR in favor of China's practices, the country has chosen a more robust support of its policies.

All in all, the countries in Central Asia appear to have chosen to tolerate and even support Chinese policies, sacrificing cultural values for political and economic stability.

Forced labor, the role of companies, and growing backlash

In what appears to be a second stage in China’s “de-extremification” policies, government officials have claimed that the “trainees “in its facilities have “graduated”, being transferred to factories outside of the province. China claims these labor transfers (which it refers to as vocational training) to be part of its “Xinjiang Aid” central policy[6]. Nevertheless, human rights groups and researchers have become growingly concerned over their labor standards, particularly considering statements from Uyghur workers who have left China describing the close surveillance from personnel and constant fear of being sent back to detention camps.

Within this context, numerous companies (both Chinese and foreign) with supply chain connections with factories linked to forced Uyghur labor have become entangled in growing international controversies, ranging from sportswear producers like Nike, Adidas, Puma, and Fila to fashion brands like H&M, Zara, and Tommy Hilfiger to even tech players such as Apple, Sony, Samsung, and Xiaomi[7]. Choosing whether to terminate relationships with these factories is a complex choice for these companies, having to either lose important components of their intricate supply chains or face growing backlash on an increasingly controversial issue.

The allegations have been taken seriously by these groups with organizations such as the Human Rights Watch calling upon concerned governments to take action within the international stage, specifically through the United Nations Human Rights Council and by imposing targeted sanctions at responsible senior officials. Another important voice is the Coalition to End Forced Labour in the Uyghur Region, a coalition of civil society organizations and trade unions such as the Human Rights Watch, the Investor Alliance for Human Rights, the World Uyghur Congress, and the Victims of Communism Memorial Foundation, pressuring the brands and retailers involved to exclude Xinjiang from all components of the supply chain, especially when it comes to textiles, yarn or cotton as well as calling upon governments to adopt legislation that requires human rights due diligence in supply chains. Additionally, the Australian Strategic Policy Institute, the same organization that carried out the initial report on forced Uyghur labor and surveillance beyond Xinjiang and within the context of these labor transfers, recently created the Xinjiang Data Project. This initiative documents ongoing Chinese policies on the Uyghur community with open-source data such as satellite imaging and official statistics and could be decidedly useful for human rights defenders and researchers focused on the topic.

One important issue when it comes to the labor conditions faced by Uyghurs in China comes from the failures of the auditing and certification industry. To respond to the concerns faced by having Xinjiang-based suppliers, many companies have turned to auditors. However, with at least five international auditors publicly stating that they would not carry out labor-audit or inspection services in the province due to the difficulty of working with the high levels of government censorship and monitoring, multinational companies have found it difficult to address these issues[8]. Additionally, we must consider that auditing firms could be inspecting factories that in other contexts are their clients, adding to the industry’s criticism.  These complaints have led human rights groups to argue that overarching reform will be crucial for the social auditing industry to effectively address issues such as excessive working hours, unsafe labor conditions, physical abuse, and more[9].

Xinjiang: a prototype for the surveillance state

From QR codes to the collection of biometric data, Xinjiang has rapidly become the lab rat for China’s surveillance state, especially when it comes to technology’s role in the issue.

One interesting area being massively affected by this is travel. As of September 2016, passport applicants in Xinjiang are required to submit a DNA sample, a voice recording, a 3D image of themselves, and their fingerprints, much harsher requirements than citizens in other regions. Later in 2016, Public Security Bureaus across Xinjiang issued a massive recall of passports for an “annual review” followed by police “safekeeping”[10].

Another example of how a technologically aided surveillance state is developing in Xinjiang is the Integrated Joint Operations Platform (IJOP), a big data program for policing that selects individuals for possible detention based on specific criteria. According to the Human Rights Watch, which analyzed two leaked lists of detainees and first reported on the policing program in early 2018, the majority of people identified by the program are being persecuted because of lawful activities, such as reciting the Quran and travelling to “sensitive” countries such as Saudi Arabia and Turkey. Additionally, some criteria for detention appear to be intentionally vague, including “being generally untrustworthy” and “having complex social ties”[11].

Xinjiang’s case is particularly relevant when it comes to other Chinese initiatives, such as the Social Credit System, with initial measures in Xinjiang potentially aiding to finetune the details of an evolving surveillance state in the rest of China.

Uyghur internment camps and COVID-19

The implications of the COVID-19 pandemic for Uyghurs in Xinjiang are pressing issues, particularly due to the virus’s rapid spread in highly congested areas such as these “reeducation” camps.

Currently, Kashgar, one of Xinjiang’s prefectures is facing China’s most recent coronavirus outbreak[12]. Information from the Chinese government points towards a limited outbreak that is being efficiently controlled by state authorities. However, the authenticity of this data is highly controversial within the context of China’s early handling of the pandemic and reliance on government censorship.

Additionally, the pandemic has more consequences for Uyghurs than the virus itself. As the pandemic gives governments further leeway to limit rights such as the right to assembly, right to protest, and freedom of movement, the Chinese government gains increased lines of action in Xinjiang.

Uyghur communities abroad

The situation for Uyghurs living abroad is far from simple. Police harassment of Uyghur immigrants is quite common, particularly through the manipulation and coercion of their family members still living in China. These threatening messages requesting personal information or pressuring dissidents abroad to remain silent. The officials rarely identify themselves and in some cases these calls or messages don’t necessarily even come from government authorities, instead coming from coerced family members and friends[13]. One interesting case was reported in August 2018 by US news publication The Daily Beast in which an unidentified Uyghur American woman was asked by her mother to send over pictures of her US license plate number, her phone number, her bank account number, and her ID card under the excuse that China was creating a new ID system for all Chinese citizens, even those living abroad[14]. A similar situation was reported by Foreign Policy when it came to Uyghurs in France who have been asked to send over home, school, and work addresses, French or Chinese IDs, and marriage certificates if they were married in France[15].

Regardless of Chinese efforts to censor Uyghur dissidents abroad, their nonconformity has only grown with the strengthening of Uyghur repression in mainland China. Important international human rights groups such as Amnesty International and the Human Rights Watch have been constantly addressing the crisis while autonomous Uyghur human rights groups, such as the Uyghur Human Rights Project, the Uyghur American Association, and the Uyghur World Congress, have developed from communities overseas. Asides from heavily protesting policies such as the internment camps and increasing surveillance in Xinjiang, these groups have had an important role when it comes to documenting the experiences of Uyghur immigrants. However, reports from both human rights group and media agencies when it comes to the crisis have been met with staunch rejection from China. One such case is the BBC being banned in China after recently reporting on Xinjiang internment camps, leading it to be accused of not being “factual and fair” by the China National Radio and Television Administration. The UK’s Foreign Secretary Dominic Raab referred to the actions taken by the state authorities as “an unacceptable curtailing of media freedom” and stated that they would only continue to damage China’s international reputation[16].  

One should also think prospectively when it comes to Uyghur communities abroad. As seen in the diplomatic split between countries against China’s policies in Xinjiang and those who support them (or, at the very least, are willing to tolerate them for their political interest), a growing number of countries can excuse China’s treatment of Uyghur communities. This could eventually lead to countries permitting or perhaps even facilitating China’s attempts at coercing Uyghur immigrants, an important prospect when it comes to countries within the BRI and especially those with an important Uyghur population, such as the previously mentioned example of Kazakhstan.

REFERENCES


[1] Qian, Jingyuan. 2019. “Ethnic Conflicts and the Rise of Anti-Muslim Sentiment in Modern China.” Department of Political Science, University of Wisconsin-Madison. doi:10.2139/ssrn.3450176.

[2] Cao, Xun, Haiyan Duan, Chuyu Liu, James A. Piazza, and Yingjie Wei. 2018. “Digging the “Ethnic Violence in China” Database: The Effects of Inter-Ethnic Inequality and Natural Resources Exploitation in Xinjiang.” The China Review (The Chinese University of Hong Kong) 18 (No. 2 SPECIAL THEMED SECTION: Frontiers and Ethnic Groups in China): 121-154. Accessed November 15, 2020. https://www.jstor.org/stable/26435650

[3] International Energy Agency. 2020. Data & Statistics - IEA. Accessed November 14, 2020. https://www.iea.org/data-and-statistics?country=CHINA&fuel=Energy%20consumption&indicator=TotElecCons.

[4] Yellinek, Roie, and Elizabeth Chen. 2019. “The “22 vs. 50” Diplomatic Split Between the West and China.” China Brief (The Jamestown Foundation) 19 (No. 22): 20-25. Accessed November 14, 2020. https://jamestown.org/wp-content/uploads/2019/12/Read-the-12-31-2019-CB-Issue-in-PDF.pdf?x91188.

[5] United Nations General Assembly. 2019. “General Assembly official records, 74th session : 9th plenary meeting.” New York. Accessed October 18, 2020.

[6] Xu, Vicky Xiuzhong, Danielle Cave, James Leibold, Kelsey Munro, and Nathan Ruser. 2020. “Uyghurs for sale: ‘Re-education’, forced labour and surveillance beyond Xinjiang.” Policy Brief, International Cyber Policy Centre, Australian Strategic Policy Paper. Accessed November 14, 2020. https://www.aspi.org.au/report/uyghurs-sale

[7] Ibid.

[8] Xiao, Eva. 2020. Auditors to Stop Inspecting Factories in China’s Xinjiang Despite Forced-Labor Concerns. 21 September. Accessed December 2020, 16. https://www.wsj.com/articles/auditors-say-they-no-longer-will-inspect-labor-conditions-at-xinjiang-factories-11600697706.

[9] Kashyap, Aruna. 2020. Social Audit Reforms and the Labor Rights Ruse. 7 October. Accessed December 16, 2020. https://www.hrw.org/news/2020/10/07/social-audit-reforms-and-labor-rights-ruse.

[10] Human Rights Watch. 2016. China: Passports Arbitrarily Recalled in Xinjiang. 21 November. Accessed November 15, 2020. https://www.hrw.org/news/2016/11/22/china-passports-arbitrarily-recalled-xinjiang

[11] Human Rights Watch. 2020. China: Big Data Program Targets Xinjiang’s Muslims. 9 December. Accessed December 17, 2020. https://www.hrw.org/news/2020/12/09/china-big-data-program-targets-xinjiangs-muslims.

[12] National Health Commission of the People's Republic of China. 2020. How China's Xinjiang is tackling new COVID-19 outbreak. 29 October. Accessed November 14, 2020. http://en.nhc.gov.cn/2020-10/29/c_81994.htm.

[13] Uyghur Human Rights Proyect. 2019. “Repression Across Borders: The CCP’s Illegal Harassment and Coercion of Uyghur Americans.”

[14] Allen-Ebrahimian, Bethany. 2018. Chinese Cops Now Spying on American Soil. 14 August. Accessed December 7, 2020. https://www.thedailybeast.com/chinese-police-are-spying-on-uighurson-american-soil.

[15] Allen-Ebrahimian. 2018. Chinese Police Are Demanding Personal Information From Uighurs in France. 2 March. Accessed December 7, 2020. https://foreignpolicy.com/2018/03/02/chinese-police-are-secretly-demanding-personal-information-from-french-citizens-uighurs-xinjiang/.

[16] Reuters Staff. 2021. BBC World News barred in mainland China, radio dropped by HK public broadcaster. 11 February. Accessed February 16, 2021. https://www.reuters.com/article/us-china-britain-bbc/bbc-world-news-barred-from-airing-in-china-idUSKBN2AB214.

Argentina ve en Vaca Muerta una tabla de salvación, pero falta más capital para su desarrollo

El yacimiento de hidrocarburos es el eje central del Plan Gas 2020-2023 del presidente Alberto Fernández, que subsidia parte de la inversión

Actividad de YPF, la compañía estatal argentina de hidrocarburos [YPF]

ANÁLISIS Ignacio Urbasos Arbeloa

Argentina enfrenta una profunda crisis económica que está impactando con toda su crudeza en el nivel de vida de sus ciudadanos. El país, que había logrado salir con enormes sacrificios del corralito de 2001, ve cómo sus mandatarios incurren en las mismas imprudencias macroeconómicas que llevaron la economía nacional al colapso. Tras un mandato enormemente decepcionante de Mauricio Macri y su “gradualismo” económico, la nueva administración de Alberto Fernández ha heredado una situación muy delicada, agravada ahora por la crisis mundial y nacional generada por la Covid-19. La deuda pública ya supone casi el 100% del PIB, el peso argentino tiene un valor inferior a 90 unidades por dólar estadounidense, mientras el déficit público persiste. La economía sigue en recesión, acumulando cuatro años de decrecimiento. El FMI, que prestó en 2018 cerca de 44.000 millones de dólares a Argentina en el mayor préstamo de la historia de la institución, ha comenzado a perder la paciencia ante la falta de reformas estructurales y las insinuaciones de reestructuración de deuda por parte del gobierno. En esta situación crítica, los argentinos observan el desarrollo de la industria petrolera no convencional como una posible salida a la crisis económica. En particular, el súper yacimiento de Vaca Muerta concentra la atención de inversores internacionales, gobierno y ciudadanos desde hace una década, siendo un proyecto muy prometedor no exento de desafíos ambientales y técnicos.

El sector energético en Argentina: una historia de fluctuaciones

El sector petrolero en Argentina tiene más de 100 años de historia desde que en 1907 se descubriera petróleo en el desierto patagónico. Las dificultades geográficas del área –escasez de agua, lejanía de Buenos Aires y vientos salinos de más de 100 km/h– hicieron que el proyecto avanzara muy lentamente hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. El conflicto europeo interrumpió las importaciones de carbón desde Inglaterra, que hasta la fecha constituían el 95% del consumo energético en Argentina. La emergencia del petróleo en el periodo de Entreguerras como materia prima estratégica revalorizó el sector, que comenzó a recibir enormes inversiones foráneas y domésticas en la década de los años 20. Para 1921 se creó YPF, la primera empresa petrolera estatal de América Latina, con la autosuficiencia energética como principal objetivo. La convulsión política del país durante la denominada Década Infame (1930-43) y los efectos de la Gran Depresión dañaron el incipiente sector petrolero. Los años de gobierno de Perón supusieron un tímido despegue de la industria petrolera con la apertura del sector a empresas extranjeras y la construcción de los primeros oleoductos. En 1958 llegó Arturo Frondizi a la presidencia argentina y sancionó la Ley de Hidrocarburos de 1958, logrando un impresionante desarrollo del sector en tan solo 4 años con una inmensa política de inversión pública y privada que multiplicó por tres la producción de petróleo, extendió la red de gasoductos y generalizó el acceso de industria y hogares al gas natural. El régimen petrolero en Argentina mantenía la propiedad del recurso en manos del estado, pero permitía la participación de empresas privadas y extranjeras en el proceso de producción.

Desde la exitosa década de los 60 en materia petrolera, el sector entró en un periodo de relativo estancamiento en paralelo con la caótica política y economía de Argentina en el momento. La década de los 70 supuso una compleja travesía en el desierto para YPF, sumida en una enorme deuda e incapaz de aumentar la producción y asegurar el tan ansiado autoabastecimiento.

Con el denominado Consenso de Washington y la llegada a la presidencia de Carlos Menem en 1990 se procedió a la privatización de YPF y a la fragmentación del monopolio estatal sobre el sector. Para 1998, YPF ya estaba totalmente privatizada bajo la propiedad de Repsol, que controlaba el 97,5% de su capital. Fue en el periodo 1996-2003 cuando se alcanzó la producción máxima de petróleo, exportando gas natural a Chile, Brasil y Uruguay, superando además los 300.000 barriles diarios de crudo en exportaciones netas.

Sin embargo, pronto comenzó un cambio de tendencia ante la intervención estatal en el mercado. El consumo doméstico con precios fijos de venta para los productores petroleros era menos atractivo que el mercado de exportación, incentivando la sobreproducción de las compañías privadas para poder exportar petróleo e incrementar los ingresos exponencialmente. Con la subida del precio del petróleo del denominado “superciclo de las commodities” durante la primera década del presente siglo, la diferencia de precios entre las exportaciones y las ventas domésticas se acrecentó, generando un verdadero incentivo para centrar la actividad en la producción. Quedaba así la exploración en un segundo plano, ya que el consumo doméstico crecía rápidamente por los incentivos fiscales y se preveía un horizonte cercano sin posibilidad exportadora y, por ende, menores ingresos derivados del incremento en las reservas.

La salida a la crisis de 2001 se produjo en un contexto de superávit fiscal y comercial, que permitió recuperar la confianza de los acreedores internacionales y reducir el volumen de deuda pública. Fue precisamente, el sector energético el principal motor de esta recuperación, suponiendo más de la mitad del superávit comercial en el periodo 2004-2006 y una de las principales fuentes de ingresos fiscales de Argentina. Sin embargo, tal y como se ha mencionado, esta producción no era sostenible al existir un marco fiscal que distorsionaba los incentivos de las petroleras en favor del consumo inmediato sin invertir en exploración. Para 2004, se aplicó una nueva tarifa a las exportaciones de crudo que flotaban en función del precio internacional del mismo, alcanzando el 45% si este se situaba por encima de los 45 dólares. El enfoque excesivamente rentista de la presidencia de Néstor Kirchner terminó por dilapidar los incentivos a la inversión por parte del sector, si bien es cierto que permitieron incrementar espectacularmente los ingresos fiscales derivados, impulsando los generosos planes sociales y de pago de deuda de Argentina. Como buena muestra de esta decadencia en la exploración, en la década de 1980 se perforaban anualmente más de 100 pozos exploratorios, en 1990 la cifra superaba los 90 y para 2010 la cifra era de 26 pozos anuales. Este dato es especialmente dramático si se tiene en cuenta las dinámicas que suele seguir el sector del oil and gas, con grandes inversiones en exploración e infraestructura en épocas de precios altos, tal y como fue entre 2001-2014. 

En 2011, tras una década de debates sobre el sector petrolero en Argentina, la presidenta Cristina Fernández decidía expropiar el 51% de las acciones de YPF en manos de Repsol, aduciendo razones de soberanía energética y decadencia del sector. Esta decisión seguía la línea de Hugo Chávez y Evo Morales en 2006 de incrementar el peso del Estado en el sector de los hidrocarburos en un momento de éxito electoral para la izquierda latinoamericana. La expropiación se produjo el mismo año que Argentina pasó a ser un importador neto de energía y coincidía con el descubrimiento de las grandes reservas de shale en Neuquén precisamente por YPF, hoy conocidas como Vaca Muerta. YPF en aquel momento era el productor directo de aproximadamente un tercio del volumen total de Argentina. La expropiación se produjo de forma simultánea a la imposición del “cepo cambiario”, sistema de control de capitales que hacía todavía menos atractivo la inversión privada extranjera en el sector. El país no solo no pudo recuperar el autoabastecimiento energético, sino que entro en un periodo de intensas importaciones que lastraron el acceso a dólares y produjeron buena parte del desequilibrio macroeconómico de la crisis económica actual.

La llegada de Mauricio Macri en 2015 hacía prever una nueva etapa para el sector con políticas más favorables a la iniciativa privada. Una de las primeras medidas fue establecer un precio fijo en “boca de pozo” de las explotaciones en Vaca Muerta con la idea de incentivar la puesta en marcha de los proyectos. Conforme la crisis económica se agravaba, se optó por la impopular medida de incrementar los precios de electricidad y combustibles en más de un 30%, generando un enorme descontento en el contexto de una constante devaluación del peso argentino y el encarecimiento de la vida. La cartera de Energía estuvo marcada por una enorme inestabilidad, con tres ministros diferentes que generaron enorme inseguridad jurídica al cambiar constantemente el marco regulatorio de hidrocarburos. Las renovable solar y eólica, impulsadas por un nuevo plan energético y una mayor liberalización de las inversiones lograron duplicar su aportación energética durante la estancia de Mauricio Macri en la Casa Rosada.

Los primeros años de Alberto Fernández han estado marcados por un apoyo incondicional al sector de los hidrocarburos, siendo Vaca Muerta el eje central de su política energética, anunciando el Plan Gas 2020-2023 que subsidiará parte de la inversión en el sector. Por otra parte, pese al contexto de emergencia sanitaria durante 2020 se instalaron 39 proyectos de energía renovable, con una potencia instalada de unos 1.5 GW, que supone un incremento de casi el 60% con respecto al año anterior. En cualquier caso, la continuidad de este crecimiento dependerá del acceso a divisa extranjera en el país, fundamental para poder comprar paneles y molinos eólicos del extranjero. El auge de la energía renovable en Argentina llevó a la danesa Vestas a instalar la primera planta ensambladora de molinos eólicos en el país en 2018, que ya cuenta con varias plantas productoras de paneles solares para suministrar la demanda doméstica.

Características de Vaca Muerta

Vaca Muerta no es un yacimiento desde el punto de vista técnico, se trata de una formación sedimentaria de enorme magnitud y que cuenta con depósitos dispersos de gas natural y petróleo que solo pueden explotarse con técnicas no convencionales: fractura hidráulica y perforación horizontal. Estas características hacen de Vaca Muerta una actividad compleja, que requiere atraer el máximo talento posible, especialmente de aquellos actores internacionales con experiencia en la explotación de hidrocarburos no convencionales. Igualmente, las condiciones de la provincia de Neuquén son complejas teniendo en cuenta la escasez de precipitaciones y la importancia de la industria hortofrutícola, en competición directa con los recursos hídricos que requiere la explotación de petróleo no convencional.

Desde su descubrimiento, el potencial de Vaca Muerta se comparó con el de la cuenca de Eagle Ford en Estados Unidos, productora de más de un millón de barriles diarios. Evidentemente, la región de Neuquén no cuenta ni con el ecosistema empresarial petrolero de Texas ni sus facilidades fiscales, haciendo que lo que geológicamente pudiera ser similar en la realidad haya quedado en dos historias totalmente distintas. En diciembre de 2020 Vaca Muerte produjo 124.000 barriles diarios de petróleo, cifra que se espera incremente paulatinamente a lo largo de este año para llegar a los 150.000 barriles diarios, cerca del 30% de los 470.000 barriles diarios que Argentina produjo en 2020. El gas natural sigue un proceso más lento, pendiente del desarrollo de infraestructura que permita el transporte de grandes volúmenes de gas hacia los centros de consumo y exportación. En este sentido, Fernández anunció en noviembre de 2020 el Plan de Promoción de la Producción de Gas Argentino 2020-2023 con el que la Casa Rosada busca ahorrar dólares vía la sustitución de importaciones. El plan facilita la adquisición de dólares para los inversores y mejora el precio máximo de venta del gas natural en casi un 50%, hasta los 3,70 dólares por mbtu, esperando recibir la inversión necesaria, cifrada en 6.500 millones de dólares, para alcanzar la autosuficiencia gasista. Argentina ya cuenta con capacidad para exportar gas natural a Chile, Uruguay y Brasil por medio de gasoductos. Lamentablemente, el buque flotante exportador de gas natural proveniente de Vaca Muerte abandonó Argentina a finales de 2020 tras romper YPF unilateralmente el contrato a diez años con la compañía poseedora del buque, Exmar, aduciendo dificultades económicas, limitando la capacidad de vender gas natural fuera del continente.  

Una de las grandes ventajas de Vaca Muerta es la presencia de compañías internacionales con experiencia en las mencionadas cuencas de petróleo no-convencional de EEUU. La curva de aprendizaje del sector del fracking norteamericano después de 2014 está siendo aplicada en Vaca Muerta, que ha visto cómo los costes de perforación se han reducido en un 50% desde 2014 mientras ganaban en productividad. La llegada de capital norteamericano puede acelerarse si la administración de Joe Biden restringe fiscal y medioambientalmente las actividades petroleras en el país, de acuerdo con su agenda medioambientalista. En la actualidad el principal operador en Vaca Muerta tras YPF es Chevron, seguido de Tecpetrol, Wintershell, Shell, Total y Pluspetrol, en un ecosistema con 18 empresas petroleras que trabajan en diferentes bloques.

Vaca Muerta como estrategia nacional

Es evidente que alcanzar la autosuficiencia energética ayudará a los problemas macroeconómicos de Argentina, principal quebradero de cabeza de sus ciudadanos en los últimos años. No exento de riesgo medioambientales, Vaca Muerta puede ser un balón de oxígeno para un país cuya credibilidad internacional se encuentra en mínimos históricos. La narrativa pro-hidrocarburos asumida por Alberto Fernández sigue la línea de su homólogo mexicano Andrés Manual López Obrador, con quien pretende liderar un nuevo eje de izquierda moderada en Latinoamérica. El fantasma de la nacionalización de YPF por la ahora vicepresidenta Cristina Fernández, así como el reciente incumplimiento de contrato con Exmar siguen generando incertidumbre entre los inversores internacionales. Por otra parte, la mala situación financiera de YPF, principal actor en Vaca Muerta, con una deuda de más de 8.000 millones de dólares, supone un lastre importante para las expectativas petroleras del país. Igualmente, Vaca Muerta está lejos de materializar su potencial, con una producción significativa pero insuficiente para garantizar ingresos que supongan un cambio radical en la situación económica y social de Argentina. Para garantizar su éxito se necesita de un contexto de precios petroleros favorables y la llegada fluida de inversores extranjeros. Dos variables que no se pueden dar por sentadas dado el contexto político argentino y la cada vez más fuerte política de descarbonización de las empresas petroleras tradicionales.

La gran pregunta ahora es cómo compaginar el desarrollo de combustibles fósiles a gran escala con los últimos compromisos de Argentina en materia de cambio climático: reducir en un 19% las emisiones de CO2 para 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono para 2050. Del mismo modo, la trayectoria prometedora en el desarrollo de energías renovables durante la presidencia de Mauricio Macri puede perder inercia si el sector petrolero y gasista atraen la inversión pública y privada, desplazando a la solar y eólica.

Muy probablemente Vaca Muerta avance a paso lento pero seguro conforme los precios internacionales del petróleo se vayan estabilizando al alza. La posibilidad de generar divisas y dinamizar una economía al borde del colapso no deben ser menospreciadas, pero esperar que Vaca Muerta solucione por sí sola los problemas argentinos no puede más que terminar en un nuevo episodio de frustración en el país austral.