Crimen organizado como ‘terrorismo’: Las nuevas herramientas de Trump... y sus riesgos

A principios de enero, durante su primer mes de nuevo en la Casa Blanca, el presidente estadounidense Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14157, designando formalmente a varios cárteles y grupos de crimen organizado latinoamericanos, incluyendo el Cártel de Sinaloa, la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Tren de Aragua, como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados. Esta medida se justificó con el argumento de que estos grupos “amenazan la seguridad del pueblo estadounidense, la seguridad de Estados Unidos y la estabilidad del orden internacional en el hemisferio occidental”.

El Departamento de Estado colocó a ocho grupos de crimen organizado latinoamericanos en la lista de Terroristas Extranjeros Designados, de conformidad con la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, incluidos el venezolano Tren de Aragua, el salvadoreño Mara Salvatrucha y los cárteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, del Noreste, del Golfo y Nueva Familia Michoacana. El Departamento de Estado tiene la responsabilidad de hacer esa designación si una organización participa, o tiene la capacidad y la intención de participar, en actividades terroristas o en terrorismo que amenace la seguridad de Estados Unidos o sus ciudadanos, tanto en el país como en el extranjero.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que con el fin de “detener las campañas de violencia y terror de estos grupos despiadados, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional” las nuevas designaciones “proporcionan a las fuerzas del orden herramientas adicionales”. Si bien la Administración Trump asegura que con ello se protegerá la seguridad nacional, la estabilidad regional y la seguridad pública, la decisión parece estar influenciada por factores políticos e ideológicos más amplios.

El uso de designaciones de terrorismo contra los cárteles de droga refleja no solo una categorización legal, sino un reposicionamiento estratégico de las amenazas criminales en el marco de la lucha contra el terrorismo. No se trata de una simple reacción ante la violencia, sino de una calculada implementación de la agenda de “Estados Unidos Primero” de la Administración Trump, al tiempo que una continuación de la “guerra contra el terrorismo” global que ha definido la política exterior estadounidense durante más de veinte años. Las secuelas del 11-S colocaron el terrorismo internacional en el primer plano de la agenda política de Estados Unidos y de muchos países occidentales[1].

Así, esta designación no se limita a garantizar la seguridad nacional. Tiene que ver con al control fronterizo, la inmigración y la expansión del poder ejecutivo en casi todas las áreas de la política.

Cabe destacar que el marco jurídico internacional actual no ofrece una definición universalmente aceptada de terrorismo. Esta falta de consenso implica que los países a menudo definen el terrorismo de maneras que favorecen sus propios intereses nacionales, y esto es precisamente lo que ha hecho Estados Unidos. Al etiquetar a las organizaciones narcotraficantes como ‘terroristas’, Estados Unidos ha ampliado el alcance de la política antiterrorista más allá de sus límites tradicionales.

La designación como terroristas de las pandillas y cárteles de narcotráfico latinoamericanos tiene como uno de sus objetivos poner fin a la “guerra contra las grogas”, ya que ahora las fuerzas del orden federales de Estados Unidos tendrán más poderes para combatir esas organizaciones. Si bien acabar con una guerra que data de la década de 1970 se antoja demasiado ambicioso, sí que cabe parte del tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Desde un punto de vista político, la designación otorga al gobierno una justificación legal y moral para intensificar la seguridad fronteriza, la intervención militar y las acciones unilaterales, a menudo sin la aprobación del Congreso.

Distinción entre delincuencia organizada y terrorismo

La Delincuencia Organizada Transnacional se refiere a la actividad delictiva que cruza las fronteras nacionales, ya sea cometida en varios países, planificada en uno y llevada a cabo en otro, o con efectos colaterales en jurisdicciones vecinas. Estos delitos suelen ser perpetrados por delincuentes que operan a escala internacional. Buscan activamente los mercados más lucrativos para bienes y servicios ilegales como la cocaína, el fentanilo, el contrabando de vehículos, la prostitución y otras formas de comercio ilícito. Es importante destacar que la mayoría de los cárteles latinoamericanos mencionados anteriormente causan daños a personas y comunidades mediante los delitos que cometen con ánimo de lucro[2]. La clave aquí es que se mueven principalmente por el lucro y no por la ideología o por la religión ideologizada, como en el caso de los terroristas.

El terrorismo, por otro lado, incluye la violencia premeditada y con motivaciones políticas perpetrada contra objetivos no combatientes por grupos subnacionales o agentes clandestinos, generalmente con la intención de influir en una audiencia. En las últimas dos décadas, ha surgido una peligrosa forma de terrorismo, que se aleja significativamente de sus predecesores seculares tradicionales, como ETA o el IRA. A diferencia de las formas anteriores, que a menudo tenían motivaciones políticas y se dirigían contra representantes o instituciones estatales, esta nueva ola de terrorismo se caracteriza por la ideología religiosa, la violencia indiscriminada y la organización descentralizada[3]. En lugar de buscar concesiones políticas específicas, estos grupos buscan objetivos arraigados en interpretaciones extremistas de la religión. Sus tácticas implican ataques con víctimas masivas contra civiles, con poca consideración por la discriminación, y amenazan cada vez más con el uso de armas de destrucción masiva, incluidos agentes químicos y biológicos.

Lo que estos dos grupos podrían tener en común se conoce como el nexo criminal-terrorista, “que presupone que criminales y terroristas comparten el interés tanto en generar dinero como en desestabilizar el Estado”[4]. Sin embargo, según el Departamento de Estado norteamericano, criminales y terroristas comparten métodos, pero no motivos, lo que podría limitar su cooperación.

Al mismo tiempo, es innegable que estos cárteles se involucran en comportamientos que, incluso a simple vista, parecen terroristas per se. Los cárteles han empleado ejecuciones masivas, decapitaciones, atentados con bombas y tácticas de intimidación para controlar territorios y poblaciones en toda Latinoamérica. Algunos grupos, como la Mara Salvatrucha, operan a través de las fronteras con un nivel de coordinación y brutalidad que imita a los movimientos insurgentes y los nodos terroristas. En ese sentido, la designación de terrorista puede verse como un reflejo de la naturaleza cambiante de las amenazas transnacionales en el siglo XXI.

Sin embargo, existe un amplio debate sobre la causa fundamental de la presencia de los cárteles en Estados Unidos, como la demanda estadounidense de drogas, especialmente fentanilo en los últimos años. Además, la migración también desempeña un papel clave considerando las condiciones adversas en algunos países centroamericanos, así como en Venezuela. Algunos de esos países han devenido en ‘narcocracias’ y los cárteles se han convertido en una especie de estado dentro del estado. Sin abordar estas causas subyacentes, la designación de ‘terrorista’ podría contribuir poco a desmantelar el poder de los cárteles a largo plazo.

Además, la mayoría de las leyes y medidas contra el terrorismo se han diseñado para combatir amenazas que buscan la transformación política o religiosa mediante la violencia. Al designar a los ocho cárteles latinoamericanos, tradicionalmente considerados grupos criminales organizados transnacionales, bajo la misma categoría que terroristas fundamentalistas como ISIS y Al-Qaeda, Estados Unidos corre el riesgo de diluir el significado del terrorismo y socavar la credibilidad de sus designaciones. Si bien los cárteles han participado en actividades típicamente asociadas con el terrorismo, parecen ladrones de gallinas en comparación con otros grupos tradicionales incluidos en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras Designadas.

De esta forma, el término ‘terrorismo’ parece ser cada vez más general, ampliándose para incluir a grupos que, si bien son indudablemente violentos y desestabilizadores, históricamente se han abordado a través de mecanismos de justicia penal en lugar de marcos de seguridad nacional.

Sin embargo, esta designación ya se ha establecido y permite que las agencias policiales y de inteligencia estadounidenses, como el FBI, apliquen las mismas medidas antiterroristas agresivas que se emplean contra las redes yihadistas. En la práctica, esto crea un vacío legal que permite a Estados Unidos tratar la violencia de los cárteles no como un asunto de justicia penal, sino como un asunto de seguridad nacional.

Esta designación también tiene una fuerte carga política. Refuerza la narrativa tradicional de Trump de que la frontera sur es un imán para el caos, las drogas y la violencia. Además, atrae a un público nacional frustrado por la epidemia de fentanilo, los problemas migratorios y la violencia pandillera que se perpetra en territorio nacional. Muchos estadounidenses ahora están de acuerdo con los esfuerzos de la actual Administración para combatir a los terroristas recientemente designados.

Relaciones entre EEUU y México

Esta maniobra política ha generado un considerable rechazo diplomático, en particular por parte de México, cuya presidenta, Claudia Sheinbaum, declinó la oferta de Trump de enviar tropas estadounidenses a ese país para combatir el narcotráfico. Además, la intervención militar estadounidense en México podría poner en peligro las relaciones económicas y culturales que se han fortalecido en las últimas tres décadas, a la vez que socava la vital colaboración entre las fuerzas armadas de Estados Unidos y México, incluyendo el intercambio de inteligencia, las operaciones conjuntas y los esfuerzos coordinados en seguridad fronteriza para combatir la migración ilegal y el narcotráfico.

La idea de Trump de desplegar tropas estadounidenses en México de forma unilateral y sin consentimiento no fue solo una falta de tacto; fue un acto osado disfrazado de política antinarcóticos. Ignoró décadas de progreso diplomático, pisoteó la soberanía mexicana y arriesgó reavivar el sentimiento antiestadounidense en Latinoamérica, que ha surgido recientemente debido a otras posturas políticas como la proclamación del ‘Golfo de América’.

Demasiado costo

Etiquetar a los cárteles como organizaciones terroristas podría otorgar a las fuerzas del orden algunas herramientas adicionales, pero a costa de transformar un complejo problema de justicia penal en una crisis de seguridad nacional artificial. La medida cambia los matices por el ruido, la diplomacia por la confrontación y la política por el rendimiento. Militarizar la lucha contra los cárteles de la droga no es una solución, sino una peligrosa distracción de los verdaderos problemas: la demanda descontrolada de drogas, los sistemas migratorios ineficaces y décadas de estrategia regional fallida.

* Una versión en inglés fue publicada el 22 de mayo de 2025.