Ciberseguridad en el Mediterráneo: Forjar un escudo digital para una región vital

En la era digital en la que vivimos, la ciberseguridad se ha convertido en un pilar fundamental para el desarrollo y la estabilidad de regiones estratégicas como el Mediterráneo. Caracterizada por su intensa actividad económica, política y cultural, esta área se enfrenta a desafíos únicos en el ámbito digital que requieren una atención urgente y coordinada. La protección de infraestructuras críticas, datos sensibles y sistemas de comunicación es una prioridad para gobiernos, empresas y ciudadanos en toda la cuenca mediterránea.

La ciberseguridad es definida por la Unión Internacional de Telecomunicaciones como la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en el ciberespacio. Este concepto incluye un conjunto de herramientas, políticas, conceptos de seguridad, salvaguardias, directrices, métodos de gestión de riesgos, acciones formativas, prácticas idóneas, seguros y tecnologías que pueden utilizarse para proteger los activos de una organización y los usuarios en el entorno digital. Por otra parte, la Unión Europea la define como “las actividades necesarias para proteger las redes y los sistemas de información, los usuarios de estos sistemas y otras personas afectadas por las ciberamenazas”.

La importancia de la ciberseguridad se intensifica dada la creciente digitalización de empresas y territorios. La transformación digital ha traído consigo tanto nuevas oportunidades como una mayor vulnerabilidad ante las ciberamenazas. Proteger la información y los sistemas críticos es ahora una necesidad ineludible para garantizar la estabilidad y el progreso de la zona.

En el Mediterráneo, el aumento de la digitalización ha generado un incremento exponencial de las ciberamenazas, ahora más sofisticadas y difíciles de detectar. Los sectores marítimo, portuario o logístico, esenciales para la economía de la región, se enfrentan a riesgos cada vez mayores, desde ataques de ransomware capaces de paralizar operaciones portuarias hasta el robo de información, cuyas consecuencias pueden ser devastadoras para la región.

Así, la ciberseguridad ya no puede entenderse como un lujo, sino como una necesidad fundamental para los estados y organizaciones. Invertir en capacidades de ciberdefensa, desarrollar los marcos legales adecuados y fomentar la cooperación internacional es esencial para mitigar los riesgos y garantizar la seguridad en el ciberespacio.

Mediterráneo digital: Un mar de amenazas

El Mediterráneo se enfrenta a una serie de amenazas cibernéticas que complican su estabilidad y prosperidad. Tales amenazas abarcan desde ataques a infraestructuras críticas hasta el uso de internet por grupos terroristas, y necesitan una respuesta coordinada y proactiva.

Una de las mayores preocupaciones es la de la protección de infraestructuras críticas en la zona, como puertos, cables de fibra óptica y, especialmente, ‘hubs’ de comunicaciones. Los puertos mediterráneoscumplen un papel fundamental en el comercio internacional y la seguridad energética, y son clave para la estabilidad y prosperidad de toda la región. La interrupción de las operaciones en los mismos puede tener graves consecuencias, tanto económicas como geopolíticas. No es sorprendente, por tanto, que la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad, ENISA, haya destacado la importancia de que los puertos europeos aborden las nuevas ciberamenazas para garantizar la integridad de sus operaciones.

Las infraestructuras críticas son vulnerables a muchos tipos de ataques. A modo de ejemplo, en 2018, el puerto de Barcelona sufrió un ataque de ‘ransomware’ que afectó a varios de sus servidores. Aunque en este caso las operaciones marítimas no se vieron comprometidas, el incidente forzó la activación de planes de contingencia y puso de manifiesto las vulnerabilidades en los sistemas informáticos de una de las infraestructuras portuarias más importantes del Mediterráneo, revelando la necesidad de mejorar las medidas de ciberseguridad en puertos; a pesar de que la organización logró contener el impacto del ataque, el incidente demostró que hasta las infraestructuras críticas bien establecidas pueden ser vulnerables a las amenazas cibernéticas.

Otro caso de seriedad parecida tuvo lugar en octubre de 2022, cuando se produjo un sabotaje físico a los cables de fibra óptica cerca de Marsella, en Francia. Este ataque, con sospechas de haber sido deliberado, afectó a la conectividad de internet a nivel global. Los cables cortados eran puntos de aterrizaje cruciales para varias conexiones submarinas de internet, lo que provocó una reacción en cadena de problemas de conectividad en Europa e incluso más allá. Concretamente, la interrupción causada por este sabotaje tuvo repercusiones en la conectividad entre varias zonas, como Marsella-Lyon, Marsella-Milán y Marsella-Barcelona, subrayando la interdependencia de las redes de comunicación en la región mediterránea, y poniendo de manifiesto la vulnerabilidad de las infraestructuras de comunicaciones críticas y la falta de medidas adecuadas para proteger estos activos vitales.

Los ciberataques a sistemas de navegación juegan también un papel importante en la seguridad de la zona. Un caso que ilustra perfectamente la falta de preparación para repeler este tipo de ataques ocurrió en enero de 2025, cuando un adolescente italiano de 15 años logró hackear y alterar las rutas de varios petroleros en el Mediterráneo. Utilizando solo un ordenador personal, y desde su habitación, el joven logró acceder a los sistemas de navegación de varios buques petroleros, alterando sus rutas programadas. Este suceso evidenció la fragilidad de los sistemas de seguridad marítima, así como la facilidad con la que un individuo, incluso sin recursos sofisticados, pudo comprometer la correcta actuación de elementos tan importantes. Las autoridades italianas, sorprendidas por la magnitud del ataque, destacaron la necesidad urgente de reforzar la ciberseguridad en el sector marítimo.

Otra modalidad de amenaza cibernética es el ‘phishing’, técnica con la que la ciberdelincuencia busca obtener información confidencial, y cuyo uso ha aumentado en los últimos años, con la duplicación de ataques en Estados Unidos y en Europa. El ‘phishing’ representa un riesgo considerable para empresas y ciudadanos del ámbito Mediterráneo, pues puede comprometer la seguridad de los sistemas informáticos, propiciar el robo de datos personales y financieros, y hasta dañar la reputación de organizaciones.

La amenaza del ‘phishing’ también afecta a infraestructuras marítimas, especialmente a aquellas situadas en alta mar, como las plataformas petrolíferas o buques especializados. En estos casos, los atacantes buscan credenciales de personal o explotan accesos remotos para infiltrarse en los sistemas de control industrial, comprometiendo tanto la seguridad operativa como medioambiental. Estas infraestructuras, por su aislamiento y dependencia de sistemas automatizados, resultan especialmente vulnerables a ciberataques dirgidos.

Finalmente, aunque el uso de internet por grupos terroristas es un fenómeno global, representa un desafío compartido para los países del Mediterráneo, que enfrentan riesgos comunes debido a su proximidad geográfica con zonas inestables. Un ejemplo de este impacto regional fue la célula responsable de los atentados en Barcelona y Cambrils en 2017, cuyo proceso de radicalización tuvo lugar principalmente a través de internet, como señala el Real Instituto Elcano. La lucha contra esta amenaza ha sido destacada por el Consejo de la UE como una prioridad estratégica

Todos estos casos demuestran la falta de preparación para enfrentar ciberataques sofisticados en la región. Cada incidente subraya la urgente necesidad de fortalecer las defensas cibernéticas. La facilidad con la que estos ataques se llevaron a cabo demuestra que las medidas de seguridad son insuficientes para proteger las infraestructuras críticas. Además, la interconexión de los sistemas en la región hace que un ataque localizado pueda tener repercusiones de amplio alcance, como ocurrió con el sabotaje a los cables de Marsella.

Los incidentes han servido como una llamada de atención para las autoridades y operadores de infraestructuras críticas del Mediterráneo: es evidente que se necesita una inversión significativa en tecnología de ciberseguridad, formación de personal especializado y desarrollo de protocolos de respuesta más robustos. También ponen de manifiesto la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra las ciberamenazas debido a su carácter transfronterizo.

Redes de defensa: Respuestas globales a desafíos locales

Como respuesta a estas crecientes amenazas cibernéticas, la comunidad internacional ha desarrollado una serie de medidas y marcos de cooperación para fortalecer la ciberseguridad y la defensa frente a ataques en el ciberespacio. Estas medidas son esenciales para enfrentar los desafíos actuales, pero también reflejan las complejidades inherentes a la regulación del ciberespacio.

En el ámbito global, es necesario mencionar el Centro de Excelencia para la Ciberdefensa Cooperativa (CCDCOE), establecido por la OTAN en Tallin, que se dedica a la investigación y formación en ciberdefensa. Fue inaugurado en 2008 por iniciativa de Estonia debido a los ciberataques masivos sufridos por el país báltico un año antes, que alertaron a la OTAN sobre la creciente relevancia de las amenazas del ciberespacio. Este lugar ha sido de extrema importancia a la hora de desarrollar herramientas como el Manual de Tallin, que consiste en un análisis exhaustivo de cómo puede aplicarse el derecho internacional a las operaciones cibernéticas. Aunque es una referencia clave en los ámbitos académico y militar, no tiene carácter vinculante y su aplicación práctica depende íntegramente de la voluntad estatal.

El Convenio de Budapest, adoptado en 2001 y en vigor desde 2004, fue el primer tratado en establecer un marco legal para combatir los delitos informáticos y facilitar la cooperación entre países. Sin embargo, su capacidad para abordar las amenazas actuales es limitada, debido a la rápida evolución tecnológica y al hecho de que no todos los países han ratificado la convención. A pesar de ser una herramienta esencial, su alcance es insuficiente para enfrentar los desafíos modernos del cibercrimen. En 2022 se adoptó el Segundo Protocolo Adicional del Convenio de Budapest, que busca mejorar la cooperación internacional en la obtención de pruebas electrónicas y responder a necesidades actuales del entorno digital.

Igualmente, en respuesta a la creciente sofisticación y alcance global de la ciberdelincuencia, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó el 24 de diciembre de 2024 la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia. Esta Convención proporciona a los estados un marco detallado para prevenir y combatir el cibercrimen, incluyendo medidas para la cooperación internacional en la obtención y el intercambio de pruebas electrónicas en delitos graves. Sus nueve capítulos abordan tanto los aspectos técnicos como legales de la lucha contra la ciberdelincuencia, incorporando salvaguardias para los derechos humanos y adaptando los métodos tradicionales de investigación criminal al entorno digital.

En el ámbito europeo se han desarrollado varias iniciativas para fortalecer la ciberseguridad. La Política de Ciberdefensa de la UE, adoptada en 2022, busca mejorar las capacidades defensivas de los estados miembros y fomentar una mayor coordinación entre ellos. A esta se suma el Reglamento de Cibersolidaridad de 2024, que establece un sistema europeo para alertas y mecanismos de respuesta ante emergencias cibernéticas.

Aparte de lo anterior, instituciones como el Centro Europeo contra el Ciberdelito (EC3), establecido por la Europol, desempeñan un papel crucial en la lucha contra el cibercrimen dentro de la Unión Europea. Este organismo facilita la cooperación entre las fuerzas policiales nacionales y coordina las investigaciones transfronterizas.

También hay que destacar el programa CyberSouth, una iniciativa conjunta del Consejo de Europa y la Unión Europea diseñada para fortalecer las capacidades legales e institucionales en materia de ciberseguridad en los estados del sur del Mediterráneo.

Con respecto a la protección de infraestructuras críticas, a través del Plan de Acción sobre la Seguridad de los Cables, la Unión Europea propone un enfoque integral que incluye prevención, detección, respuesta y disuasión frente a amenazas como actos de sabotaje deliberado. En este contexto, se promueve la inversión en cables inteligentes, sistemas de monitoreo integrados por cuenca marítima y la posible creación de una flota de reserva de buques especializados en reparación de cables. Además, se impulsa una diplomacia de cables para fortalecer la cooperación con países vecinos del Mediterráneo, como parte de un esfuerzo coordinado para garantizar la resiliencia y seguridad de estas infraestructuras críticas frente a las campañas híbridas y los riesgos emergentes. Estas propuestas ya han comenzado a materializarse, con la puesta en marcha de medidas como la mejora de la vigilancia marítima, la inversión en nuevas tecnologías y la coordinación de recursos, aunque muchas aún se encuentran en fases iniciales.

El ciberespacio mediterráneo: Horizontes y desafíos

Las soluciones propuestas para la ciberseguridad en la cuenca mediterránea enfrentan limitaciones comunes, como la falta de un marco regulatorio común y vinculante, lo que genera una aplicación desigual y debilita la cooperación regional. Además, la ausencia de definiciones claras sobre conceptos clave y las diferencias legislativas entre países dificultan la creación de normas coherentes y una respuesta eficaz ante las amenazas. El rápido avance de la inteligencia artificial y el aumento del ciberterrorismo, junto con la dificultad para atribuir ataques, complican aún más la situación. Por ello, es fundamental que los países de la región trabajen juntos para desarrollar un marco regulatorio flexible y sólido, que facilite la cooperación y permita adaptarse a los cambios tecnológicos. Aunque muchas de las iniciativas actuales son de alcance general y no específicas del Mediterráneo, representan un punto de partida para avanzar hacia una mayor seguridad cibernética regional.

Para abordar los desafíos de ciberseguridad en la región mediterránea se proponen soluciones que buscan fortalecer la cooperación y resiliencia cibernética. Una de las estrategias clave, propuesta por expertos y think tanks como EuroMeSCo desde 2023, es el desarrollo de una agenda transmediterránea de ciberseguridad, que busca crear un marco común que alinee las políticas de ciberseguridad entre la UE y los países del norte de África, promoviendo la cooperación en áreas como la protección de infraestructuras críticas y la lucha contra el cibercrimen. Aunque la iniciativa ha generado interés en foros políticos y académicos, su aplicación práctica es aún limitada y se encuentra en fase de debate y diseño, sin mecanismos institucionales plenamente operativos para su implementación.

En 2024, el Centro Árabe de Investigaciones sobre el Ciberespacio presentó una propuesta orientada a impulsar la cooperación digital y la soberanía tecnológica en la región mediterránea. Entre sus prioridades figuran la mejora de la conectividad, el fomento de la innovación y el fortalecimiento de la confianza entre los distintos actores regionales. Para ello, el centro plantea la creación de un mecanismo de intercambio de información y buenas prácticas en ciberseguridad, así como la puesta en marcha de un fondo regional para la innovación en el ámbito, que serviría de apoyo al desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas y a la colaboración entre el sector público y el privado. Su desarrollo no cuenta por el momento con mecanismos operativos para su aplicación práctica, pero ha suscitado interés en círculos políticos y académicos.

La colaboración entre gobiernos, empresas y organizaciones civiles es esencial para garantizar que estas iniciativas sean inclusivas y aborden los desafíos sociales, económicos y políticos específicos de la región.Por otro lado, su puesta en práctica requiere un compromiso político significativo y una importante inversión de recursos. No obstante, el costo de la inacción puede ser mucho mayor debido al gran impacto que los ciberataques suponen para la economía, la seguridad y la estabilidad en la región.

Conclusiones

La ciberseguridad se ha consolidado como un elemento estratégico e ineludible para la estabilidad, el desarrollo económico y la seguridad de la región mediterránea. La creciente digitalización de infraestructuras críticas, sectores económicos y servicios públicos ha abierto nuevas oportunidades, pero también ha expuesto a la región a amenazas cibernéticas cada vez más sofisticadas y disruptivas. Los incidentes recientes evidencian la vulnerabilidad de los sistemas y la urgencia de reforzar las defensas tanto técnicas como normativas.

Uno de los grandes retos sigue siendo la fragmentación regulatoria y la falta de un marco común, lo que dificulta la cooperación internacional y la respuesta coordinada ante amenazas que, por su propia naturaleza, trascienden fronteras. La ausencia de definiciones claras e instrumentos jurídicos con carácter vinculante genera brechas de seguridad y una aplicación desigual de las medidas, incluso dentro de la UE. A esto se suma la disparidad de capacidades técnicas y recursos entre países ribereños, lo que agrava la exposición de la región a los riesgos cibernéticos. Frente a este escenario, la respuesta pasa por fortalecer la cooperación multilateral, armonizar marcos legales y apostar por la formación y desarrollo de capacidades propias.

El Mediterráneo, por su papel como puente entre continentes y nodo estratégico de comunicaciones y comercio, no puede permitirse debilidades en su escudo digital. Solo a través de la cooperación real, innovación tecnológica y compromiso será posible garantizar un ciberespacio seguro, resiliente y capaz de sostener el desarrollo y la estabilidad de la región.