República Dominicana, el país latinoamericano que avanza a más velocidad

República Dominicana, el país latinoamericano que avanza a más velocidad

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26 | 01 | 2024

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El PIB dominicano es el que más ha crecido en la región en medio siglo; tras la crisis pandémica mundial, se dispone a retomar la línea ascendente

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Monumento a la Bandera, en Santo Domingo [Tripadvisor]

Los milagros económicos se enfrentan al problema de la durabilidad. En el caso de la República Dominicana el milagro parece no agotarse. Con una media de crecimiento del PIB del 4,9% anual en los últimos 50 años, República Dominicana es el país latinoamericano cuya economía ha avanzado con mayor rapidez: de ser uno de los más pobres, su nivel de vida es ya un tercio del de Estados Unidos y, de mantenerse las políticas correctas, podría convertirse en una economía avanzada hacia mediados de siglo. La cuestión es si, tras la crisis mundial de la pandemia, volverá a la velocidad de crucero que antes llevaba.

En la década de 1960, República Dominicana era una de las naciones más pobres del hemisferio occidental, de condiciones muy similares a las de Haití, país con el que se reparte la isla caribeña de La Española. Mientras Haití se ha ido empobreciendo aún más –es el país con la renta más baja de Latinoamérica y el Caribe–, República Dominicana ha experimentado un notable crecimiento. Su PIB ha aumentado un 4,9% de media anual en los últimos 50 años, como destaca un reciente estudio del FMI que examina los datos de la región entre 1972 y 2022. Se trata del incremento mayor, ampliamente por encima de la media en la región, que fue del 3,2% anual, y por delante de otros países con un avance importante como Panamá (4,5%), Paraguay (4,2%), Costa Rica (4,1%), Colombia (3,8%), Ecuador (3,8%) y Chile (3,7). En el caso dominicano, la media llegó incluso al 7% en los años de bonanza que se han dado en este siglo, antes de la llegada de la pandemia.

El estudio del FMI también destaca cómo ese crecimiento ha acelerado la convergencia del nivel de vida en República Dominicana con respecto a países más desarrollados, en concreto en comparación con Estados Unidos. El índice de convergencia con este país llegó en 2022 al 32%, cuando la convergencia de las naciones de Latinoamérica y el Caribe con Estados Unidos registra una media de un 25%. El índice dominicano solo se ve superado por Costa Rica, Uruguay, Chile y Panamá.

La mayor velocidad de convergencia corresponde precisamente a República Dominicana, que ha avanzado en esa senda una media de 3 puntos porcentuales por década en el último medio siglo, si bien la velocidad ha llegado a ser de 8 puntos porcentuales por década más recientemente. El FMI considera que “con las políticas correctas, el país tiene el potencial de convertirse en una economía avanzada en los próximos 40 años”. República Dominicana es el sexto país en renta per cápita de Latinoamérica y el Caribe cuando el PIB se mide en paridad de poder adquisitivo.

Políticas correctas

Si del periodo analizado por el FMI excluimos las décadas de 1970 y 1980, previas a las reformas económicas aplicadas por República Dominicana, tenemos una media anual de crecimiento del PIB algo superior, del 5,2%. En los últimos 30 años solo ha habido desaceleraciones notables en 1998 por la crisis financiera asiática y el ‘default’ ruso; en 2003 por la crisis del sector bancario que vivió el país, y en 2020 por la pandemia de COVID-19.

Este crecimiento tiene sus causas en las reformas que se aplicaron tras la crisis de la deuda sufrida por la región en la década de 1980, así como en otras medidas posteriores, y constituye un ejemplo exitoso de la ortodoxia macroeconómica y la liberalización de mercados introducido por el Consenso de Washington.

En 1990, la primera gran reforma estructural que se llevó a cabo fue la arancelaria, la cual supuso la derogación de la ley de protección industrial de 1968, siendo esta una de las leyes centrales del modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones vigente entonces en la mayor parte de los países americanos. Esta reforma arancelaria fue seguida de un cambio de política monetaria por parte del Banco Central, que aplicó el criterio de “Una moneda–Una tasa de cambio”, dejando claro a los inversores que, con estos cambios, la época de subsidios e impuestos cambiarios había quedado atrás.

También se acometieron distintas reformas en materia fiscal con el objetivo de incentivar la inversión extranjera directa. Fue el caso de la ley de regulación de las ya existentes zonas francas, aportando así una mayor seguridad jurídica a inversores extranjeros.

El siguiente paso fueron las medidas orientadas a la liberalización del mercado, las cuales buscaron acabar con los distintos monopolios que surgieron durante la etapa de la Industrialización por Sustitución de Importaciones, y acabar con las grandes empresas públicas que surgieron durante el régimen de Trujillo. Las reformas comenzaron con la introducción de la competencia en esos sectores.

La línea emprendida con todas estas iniciativas, adoptadas por el presidente Joaquín Balaguer (1986-1996) siguiendo los consejos del FMI, el Banco Mundial y otras organizaciones internacionales, se mantuvo con su sucesor, Lionel Fernández (1996-2000), que aplicó una política continuista a pesar del carácter más social que quiso introducir. Así, en el periodo iniciado en 1996 hubo actuaciones para avanzar en la estabilidad económica, la liberalización y la reforma tributaria.

A partir del año 2000 el mayor compromiso liberal del gobierno de Rafael Mejía (2000-2004) propició una segunda ola de reformas estructurales entre las cuales cabría destacar la reforma tributaria de los hidrocarburos y la elaboración de un régimen transparente y sencillo de tributos. Otra gran reforma fue la creación del Sistema Dominicano de Seguridad Social, pasando de un insostenible sistema de reparto a un modelo de capitalización individual. También dotó de independencia al Banco Central y procedió a la primera gran emisión de deuda pública del país. Mejía cerró su mandato con la firma del tratado de libre comercio con Centroamérica y Estados Unidos (conocido en inglés como DR-CAFTA), negociado con gran celeridad y que ha aportado importantes oportunidades a la República Dominicana.

El rápido crecimiento facilitó procedimientos bancarios indebidos y eso derivó en una crisis bancaria en 2003 que generó un déficit del 30% del PIB y motivó un año después la vuelta al poder de Lionel Fernández (2004-2012). Su éxito en estabilizar la situación y en mejorar la confianza institucional, impulsando la transparencia del gobierno, le supusieron la reelección cuatro años después. En su segundo mandato, lanzó un ambicioso plan de inversión pública en infraestructuras cruciales para el desarrollo dominicano. Gracias a esto y al incremento de ingresos por las concesiones en las minas de oro, el país pudo sortear la crisis financiera mundial del momento.

El mismo programa político fue aplicado por Danilo Medina (2012-2020), del también partido Liberación Dominicana (PLD). Entre sus medidas más significativas está la renegociación de los acuerdos de explotación con las compañías mineras extranjeras y una política más proactiva enfocada a la consecución de la autonomía energética, creando varias centrales eléctricas y adhiriéndose a Petrocaribe, la iniciativa del chavismo para ganar influencia en el entorno regional mediante el suministro de petróleo a crédito especialmente blando. Estas medidas consiguieron reducir la deuda soberana y mejoraron el atractivo inversor del país (con el tiempo República Dominicana decidió cancelar su relación con Petrocaribe). Paralelamente, el gobierno lanzó un ambicioso plan de inversiones públicas, principalmente en infraestructuras, lo que contribuyó a la reelección de Medina.

El punto de inflexión vino en 2020 con la pandemia, que azotó a la economía dominicana con fuerza, si bien la contracción del 6,7% del PIB supuso un retroceso menor que en la mayoría de los países americanos. A pesar del fuerte impacto económico de las medidas de distanciamiento social aplicadas durante la pandemia, especialmente en sectores clave de su economía, como en el caso del turismo, que representaba el 15,3% del PIB en el 2019, el gobierno de Luis Abinader (2020-2024) gestionó con eficacia la situación, de forma que en 2021 el PIB pudo crecer un 12,3%, llegando a los niveles prepandemia en un solo año. La rápida recuperación permitió que la deuda del país bajara a alrededor del 56% en 2023, cuando en 2020 superó el 70%, como indica el cuadro macroeconómico analizado por el FMI.

Postpandemia

La situación económica mundial en 2022 y 2023, tras el estallido de la guerra de Ucrania y el endurecimiento de las condiciones financieras mundiales, provocó una desaceleración económica general, que por lo que afecta a República Dominicana llevó a un crecimiento del PIB en 2022 de 4,9% y de un estimado 3% en 2023. Especial efecto tuvo el frenazo en el sector de la construcción a raíz del encarecimiento de materiales debido a la alta inflación en muchos países. Para 2024, no obstante, el FMI espera un crecimiento del 5,2%, que se mantendría los siguientes años; la proyección de la CEPAL es un punto inferior, del 4.1%.

Las medidas fiscales y monetarias que se adoptaron para salir de la emergencia económica y social de la pandemia crearon sensación de seguridad y aumentaron el atractivo para capitales extranjeros. La buena marcha económica puede ayudar a la reelección de Abinader en las presidenciales de este año, tal como apuntan las encuestas. No obstante, un cambio de gobierno –vuelve a presentarse Lionel Fernández– difícilmente significaría un viraje en política económica: el consenso en torno a la economía de mercado se ha mantenido en las últimas décadas y es razón del progreso del país.

El debate político más bien se centra en si ese progreso es meramente macroeconómico y beneficia a los sectores más pudientes o si la riqueza que se genera llega a gran parte de la sociedad. El índice de pobrezaciertamente se ha ido reduciendo –a mediados de 2023 se situaba en el 23,4% de la población–, lo que supone una reducción de dos tercios respecto al valor de 1990; por su parte, el coeficiente Gini ha mejorado en un 25%. Al mismo tiempo, sin embargo, el coste de la vida está aumentando para los ciudadanos y la precariedad laboral es alta, con una tasa de desempleo del 7,1%.

Tendencias geopolíticas podrían beneficiar a República Dominicana, especialmente el ’nearshoring´ que pueda llevar a cabo la economía estadounidense; de hecho, al ’milagro’ dominicano han contribuido enormemente las zonas francas de exportación, cuyo éxito se ha basado en una mano de obra relativamente formada a un bajo precio justo a las puertas de Norteamérica.