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Planta hidroeléctrica en el río Reventazón, en Costa Rica [BID]
Las nuevas urgencias energéticas planteadas a raíz de la guerra de Ucrania han llevado a enfriar algunos esfuerzos por acelerar la transición energética. No obstante, dos pequeños estados, Costa Rica y Dinamarca, mantienen viva la iniciativa Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA), que impulsa el propósito de avanzar en la reducción de la producción mundial de petróleo y gas. La elección de Rodrigo Chaves como presidente de Costa Rica en 2022 ha introducido cierta ambivalencia en el compromiso de su gobierno, que ha aparcado una ley que pretendía declarar el país libre de producción de hidrocarburos (en realidad, no los explota). En cualquier caso, el ejemplo costarricense va por delante: más del 98% de su producción eléctrica es de fuente renovable.
Las consecuencias del cambio climático han generado una concienciación en los gobiernos de la necesidad de adoptar medidas para frenar este fenómeno, siendo la más significativa el Acuerdo de París de 2015 en la COP21, el primer acuerdo universal sobre la lucha contra el cambio climático. Para alcanzar los compromisos establecidos en ese Acuerdo de París, cuyo objetivo final es evitar que la subida de temperatura mundial supere los 2˚C, se ha resaltado la necesidad de que los gobiernos nacionales se acojan a políticas dirigidas a eliminar la producción de los combustibles fósiles. Esta concienciación ha culminado en el lanzamiento de Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA), uno de los compromisos más significativos de los países en la COP26 de 2021.
BOGA es una alianza internacional de gobiernos y partes interesadas que trabajan para facilitar la eliminación controlada de producción de gas y petróleo. Impulsada por los gobiernos de Dinamarca y Costa Rica, la alianza tiene como objetivo primar la cuestión de la eliminación de la producción de gas y petróleo en la agenda climática internacional, promover acciones y compromisos, y facilitar la creación de una práctica internacional sobre este particular.
BOGA cuenta con catorce gobiernos nacionales y subnacionales, divididos en tres diferentes niveles de participación. En primer lugar, los miembros plenos que se han comprometido a adoptar sus políticas para eliminar su producción de gas y petróleo, donde están Dinamarca, Costa Rica, Francia, Groenlandia, Irlanda, Quebec, Suecia y Gales. En segundo lugar, los miembros asociados, como son California, Nueva Zelanda y Portugal, quienes han adoptado medidas para la reducción del gas y petróleo, pero no cumplen los requisitos necesarios para la membresía plena. Por último, los amigos de BOGA, una categoría utilizada para referirse a los actores alineados con los objetivos de dicha alianza, como Italia, Finlandia y Luxemburgo.
El interés de Costa Rica y Dinamarca por esta alianza parte del reconocimiento de que, a pesar de que los combustibles fósiles son la fuente principal de las emisiones de gases de efecto invernadero, no había ningún acuerdo internacional de los gobiernos para acabar con su producción. Cabe resaltar el fuerte compromiso de Costa Rica, país que tiene consagrado en su Constitucion el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
En los últimos años, la presidencia de Carlos Alvarado (2018-2022) había acogido un proyecto de ley para prohibir permanentemente la prospección de combustibles fósiles, a pesar de ser un país que no extrae petróleo ni gas. Actualmente, la explotación petrolera se encuentra prohibida hasta 2050 por un decreto presidencial, por lo que, debido a la facilidad con la que puede ser revocado, el gobierno de Alvarado quiso reforzar la prohibición por medio de una iniciativa denominada “Ley para Eliminar el Uso de Combustibles Fósiles en Costa Rica y Declarar el Territorio Nacional Libre de Exploración y Explotación de Carbón, Petróleo y Gas Natural”. Dicha iniciativa consiguió la mayoría de la Comisión Permanente Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa en octubre de 2021 y luego siguió su tramitación, pero de momento ha decaído tras el recambio presidencial de mayo de las elecciones de 2022.
Rodrigo Chaves está de acuerdo en no permitir exploraciones petrolíferas, pero se muestra abierto a posibles prospecciones de gas, que en cualquier caso tampoco se han planteado. “Si el gas existe y comprobamos la existencia del recurso, lo podemos manejar de manera consistente con un medio ambiente sano y limpio... Yo no creo que tengamos que tomar el fanatismo casi religioso de decir: no le permitamos a los costarricenses utilizar y beneficiarse de un recurso que Dios nos dio”, dijo antes de llegar a la presidencia, en un debate electoral.
No obstante, Chaves tiene la intención de mantener el deseo de la sociedad costarricense de posicionarse como líder mundial en el campo ambiental, promoviendo el cumplimiento de los objetivos globales para la lucha contra el calentamiento global y favoreciendo el uso de las energías sostenibles. Ciertamente, Costa Rica es uno de los países que se ha comprometido a descarbonizar su economía en 2050, a través del Plan Nacional de Descarbonización costarricense de 2019, impulsado por el anterior gobierno. Para ello ha establecido medidas económicas y sociales con la intención de lograr cero emisiones netas al llegar al filo del medio siglo. Dichos compromisos de protección del medio ambiente le hicieron ganar en 2019 el premioCampeones de la Tierra del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Así, Costa Rica ha revertido décadas de deforestación, logrando que un 53% de territorio este ocupado por bosque; también ha establecido numerosas zonas protegidas o reservadas y ha avanzado enormemente en la transición energética, con una generación eléctrica procedente en más del 98% de fuentes renovables, niveles que ha ido manteniendo desde 2015. En 2022, el ‘mix’ eléctrico se compuso de un 70,08% de producción hidroeléctrica, un 14,18% por geotermia, un 13,46% por eólica y un 0,86% por solar y biomasa; el 1,42% restante fue aportado por centrales térmicas.
A pesar de que Costa Rica solo produce el 0,02% de las emisiones a nivel mundial, quiere establecerse como un país ejemplar que inspire al resto de países con mayores emisiones de carbono a que adopten las medidas necesarias para luchar contra el calentamiento global. De hecho, Costa Rica se sitúa al frente de la descarbonización en el mundo, junto con Uruguay, Noruega, Finlandia, Paraguay e Islandia.
No obstante, cabe mencionar que el mayor desafío para Costa Rica en sus políticas de descarbonización será el sector de transporte, ya que la demanda de automóviles –fuente de gases de efecto invernadero– ha ido en aumento, y el transporte público también es muy utilizado por la población. En total, se estima que el sector de transporte supone el 40% de las emisiones totales del país. Además, también se ha criticado el hecho de que estos compromisos ambiciosos puedan ser un obstáculo para reducir a la mitad el déficit fiscal que el país vio aumentar durante la emergencia pandémica. También cabe mencionar la relativa ambivalencia de la presidencia de Rodrigo Chaves que, a pesar de fomentar las políticas medioambientales, ha advertido que los gobiernos se han centrado excesivamente en la descarbonización, ignorando otros aspectos más urgentes en este mismo campo como la limpieza de las aguas, el reciclaje y el déficit de infraestructuras medioambientales.
En definitiva, Costa Rica ha seguido una política de descarbonización de su economía, que también ha plasmado en la escena internacional a través de la alianza BOGA. No obstante, la misión de BOGA se ha complicado a raíz de la urgencia energética impuesta por la guerra de Ucrania. El boicot al petróleo y gas ruso ha llevado a diversos países occidentales a intentar resolver antes su seguridad energética que acelerar la transición hacia las fuentes renovables. Los altos precios en la energía y las limitaciones de suministros han hecho que países europeos que estaban considerando terminar con la producción de combustibles fósiles hayan optado por aumentar su capacidad de producción nacional o de importación de gas natural líquido. Esta nueva carrera por el gas, junto con la pandemia inmediatamente anterior, parece haber borrado parte de los avances en la concienciación mundial acerca de la necesidad de luchar contra el cambio climático.