‘Tercer país seguro’
El Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA) fue un conjunto de convenios realizados entre Estados Unidos y los países del Triángulo Norte bajo la Administración del expresidente Donald Trump en septiembre de 2019. Los convenios suponían la acogida en esos países de los inmigrantes deportados desde Estados Unidos, con el fin de proporcionarles refugio y asilo, otorgando a esos estados la consideración de “tercer país seguro”. En los acuerdos no quedaba explícitamente claro si los países firmantes eran el destino final del migrante, o solamente temporal mientras se evaluaba la petición de asilo en Estados Unidos. En cualquier caso, esto implicaba que la persona pidiendo refugio debía pasar un periodo indeterminado de tiempo en los países a los que eran redirigidos. El propósito de este acuerdo era aliviar la presión migratoria que sufría la frontera sur de Estados Unidos, lo cual era parte de la estrategia presidencial de Trump.
Una gestión similar fue la realizada por la Administración Trump con México, empezada a principios del 2019, bajo el nombre de Protocolos de Protección a Migrantes mediante el cual, en principio, todas las personas de nacionalidad no mexicanas llegadas a la frontera con Estados Unidos eran devueltas a México, donde debían esperar la resolución de su caso. El posterior acuerdo con los gobiernos del Triángulo Norte pretendía que estos compartieran parte del esfuerzo que México estaba ya realizando para restar la presión migratoria que sufría Estados Unidos.
Mediante los acuerdos, Guatemala, El Salvador y Honduras asumieron el requerimiento de combatir las amenazas mutuas de seguridad, el narcotráfico y los flujos de migración. Los gobiernos centroamericanos se vieron obligados a aceptar las condiciones, ya que, de no hacerlo, Estados Unidos les amenazaba con aumentos en aranceles, impuestos en remesas y prohibiciones de viaje. No obstante, su situación de falta de seguridad, alto desempleo y pobreza contradecía el carácter de ‘tercer país seguro’ que se les estaba otorgando, pues se trata de países que ni siquiera son capaces de garantizar una vida digna y un futuro decente a la mayor parte de su propia población.
Escasa aplicación
Coincidiendo con un momento de gran limitación de movimientos nacionales debido al Covid-19, con fronteras cerradas en muchos casos, inicialmente el anuncio mismo de los acuerdos tuvo un breve efecto disuasorio. Sin embargo, el descenso del flujo de migrantes fue temporal, pues los acuerdos tuvieron una escasa aplicación. De los tres países, en realidad solamente Guatemala acabó acogiendo a migrantes enviados de vuelta por Estados Unidos, recibiendo aproximadamente a 700 migrantes provenientes de Honduras y El Salvador. En ninguno de estos otros dos países el acuerdo llegó a hacerse efectivo, demostrando una vez más la incapacidad y la falta de recursos necesarios para afrontar una tarea de tanta envergadura como la acogida y manutención de cientos de personas.
Tampoco Guatemala acabaría cumpliendo los requisitos, según la investigación llevada a cabo por Human Rights Watch en 2020, pues los propios migrantes rehusaban quedarse en territorio guatemalteco por desconfianza de las autoridades y la proximidad a sus propios lugares de origen. Al fin y al cabo, en Guatemala seguían en las mismas circunstancias por las que habían optado abandonar su patria.
Las negociaciones migratorias establecidas sufrieron numerosas críticas, por la falta de transparencia sobre los compromisos adquiridos por los gobiernos participantes, y por la falta objetiva de idoneidad de Guatemala, Honduras y El Salvador, de donde las poblaciones emigran por efecto de violencia de las maras, entre otras razones, para ser catalogados ‘tercer país seguro’. La Administración Biden procedió tempranamente a dar por concluidos los acuerdos.
A partir de las estadísticas recopiladas, de los tres países, El Salvador es el que presenta una mayor cifra de emigrantes, alcanzando en 2019 prácticamente un cuarto de la población, mientras que en el caso de Guatemala era del 6,85% y en el de Honduras, del 8,20%. De ellos, la mayoría busca irse a EEUU: el 89,2% de los migrantes salvadoreños, el 88,8% de los guatemaltecos y el 81,9% de los hondureños. En cuanto al sexo de los emigrantes de estos países, se puede observar que tanto en Guatemala como en El Salvador la proporción hombre-mujer es bastante equitativa, mientras que en Honduras las mujeres emigran algo más.
