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El presidente tunecino, Kaïs Saied [Pres. Túnez]
El rechazo popular a los crecientes poderes adquiridos por el presidente de Túnez, Kaïs Saied, y su falta de eficacia en afrontar la difícil situación económica, han aumentado el desasosiego social en el país magrebí. El amplio boicot a las elecciones legislativas (en la segunda vuelta, el 29 de enero, participó solo el 11,4%) y las protestas callejeras marcan una inestabilidad que la nueva Constitución, promovida por Saied el año pasado, no ha hecho sino acentuar. Túnez ha cambiado su sistema político de parlamentario a presidencialista, en el cual el jefe del Estado, sin apenas controles, se convierte en la figura más poderosa del país. Las detenciones de opositores indican que el presidente está dispuesto a seguir en la senda de confrontación iniciada, al menos mientras el Ejército se mantenga al margen.
Desde 2011, Túnez ha vivido en una situación de inestabilidad general. La llamada “Revolución de los jazmines”, que tuvo lugar ese año, dio paso a una transición democrática en la que se sucedieron múltiples gobiernos, la mayoría de ellos de corta duración debido, en gran medida, a los serios problemas estructurales que aquejan al país como el desempleo, la corrupción o el colapso de ciertos servicios. Se trata de asuntos que motivaron las manifestaciones de la Primavera Árabe, y que no han sido satisfactoriamente resueltos.
La pandemia de COVID-19 no ha hecho sino agudizar la de por sí profunda crisis social de Túnez, que se enfrenta actualmente a la realidad de ser un estado muy endeudado que negocia su cuarto plan de rescate en diez años con el Fondo Monetario Internacional. Los indicadores económicos son, ciertamente, preocupantes: en el período que media entre el inicio de la Primavera Árabe y el año 2020, por ejemplo, Túnez ha caído treinta puestos, del 48 al 78, en el ranking “Doing Business” de Davos. La previsión de crecimiento económico para este año es de apenas un 1,6%, y el endeudamiento público ronda el 100% del PIB cuando en 2010 era del 48%. Otras cifras negativas son el descenso del PIB per cápita desde los $ 4.140 en 2010 a los $ 3.320 en 2019; el aumento sostenido de la inflación durante diez años, alcanzando un promedio anual del 5%; y las elevadas tasas de pobreza (21%) y paro (18%, superando el 40% entre las cohortes más jóvenes). Según un informe reciente del Banco Mundial, el 12,6% de la población sufre de desnutrición.
Antes de la revolución, Túnez se enorgullecía de ser una de las naciones más secularizadas de la región, respetando la libertad religiosa y manteniendo una fuerte separación entre religión y estado. Los disturbios de 2011 cambiaron la situación y el país comenzó a experimentar una división entre los partidarios de mantener la laicidad del estado y los que favorecen un retorno a los principios del Islam como rectores de la vida pública. Dicha división se suma, agravándola, a la situación de crisis sistémica que vive el país.
Como uno de los frutos de la “Revolución de los jazmines”, Túnez abordó un proceso de reformas que culminó en la aprobación en 2014 de una nueva Constitución que, se esperaba, retornaría la estabilidad al país. Lejos de ello, el país debe afrontar desde hace varios meses una profunda crisis provocada por la falta de acuerdo entre las principales fuerzas políticas de la nación –el presidente Saied, el partido islamista Enhada liderado por Rashid Ganuchi, presidente de la Asamblea Nacional, y el laicista Partido de los Libertadores– sobre el reparto del poder ejecutivo entre el presidente de la República, el primer ministro, y el presidente del Parlamento.
A comienzos de 2021, el país vivió una ola de manifestaciones de ciudadanos que denunciaban la situación de penuria económica en que Túnez se hallaba sumergida, y que exigían justicia social y el fin de la violencia con que las fuerzas del orden se aplicaron a reprimir las protestas.
Los graves disturbios que se vivieron durante esos días sirvieron como catalizador del desencuentro entre las tres autoridades del estado. Ante el caos causado por estas confrontaciones, y tras meses de parálisis política, el presidente Saied invocó el artículo 80 de la Constitución, que le autoriza a adoptar “medidas excepcionales” en caso de “peligro inminente para las instituciones del país”. En virtud del mencionado artículo, Saied decretó en primera instancia la suspensión del Parlamento y el levantamiento de la inmunidad de sus integrantes, además de la destitución del primer ministro y de otros altos cargos, medidas que, además de ser extendidas de forma indefinida, fueron ampliadas dos meses después por otras adicionales. Finalmente, el 29 de septiembre, el presidente nombró como primera ministra a Najla Bouden Romdhnane.
A pesar de que Saied aseguró que había tomado todas estas medidas para “salvar al estado y a la sociedad” de la grave crisis que atravesaba, el presidente no pudo evitar la tormenta política que se desató cuando Rashid Ghannuchi, presidente del Parlamento y líder de Enhada, denunció lo que, a su juicio, suponía un abuso de autoridad de Saied. Ghannuchi argumentó que Saied había faltado al deber constitucional de consultar a priori la aplicación del Artículo 80 con el jefe del Gobierno y con el presidente del Parlamento, y de que la medida no había sido sancionada por el Tribunal Constitucional, aún no constituido por la negativa de Saied a firmar la instauración de este órgano.
Esta maniobra, que sirvió a Saied para apartar del poder a los islamistas de Enhada, e incluso para cerrar las oficinas de Al Jazeera en la capital del estado, granjeó al presidente la reputación de anti-islamista, y provocó que la oposición tildara sus acciones como “usurpación del poder”.
Desde ese momento, Saied ha estado gobernando en virtud de un decreto que concentra en sus manos todo el poder del estado. En el ejercicio de ese poder, casi omnímodo, el presidente, a lo largo del último año, ha desmantelado los órganos constitucionales independientes y ha dañado gravemente el sistema judicial, provocando una aguda crisis institucional y una erosión sin precedentes del Estado de Derecho en Túnez.
Nueva Constitución
De forma más notable, a principios de julio de 2022, Saied anunció su intención de reformar una Constitución con la que, de forma notoria, siempre había estado insatisfecho, entre otras razones por las restricciones que imponía al poder del jefe del estado, limitado a la jefatura de las Fuerzas Armadas y a la dirección de las relaciones exteriores del país.
Tras su aprobación, la nueva Ley Básica fue sometida a un referéndum –el primero de este tipo en la Historia de Túnez– que se celebró el 25 de julio, exactamente un año después de la maniobra que le llevó a concentrar todos los resortes del poder en sus manos.
La Comisión Electoral tunecina se apresuró a anunciar un apoyo masivo a la nueva Constitución que, según manifestó su presidente en rueda de prensa, rozó el 95% de los votos. Esto fue interpretado por algunos observadores interesados como un indicador de que una significativa parte de la población de Túnez mantendría aún la esperanza de que Saied pudiera mejorar la situación del país apoyado en la concentración de poderes que había introducido. La realidad, sin embargo, es muy diferente, máxime si se considera que sólo el 27% de los ciudadanos registrados acudieron a votar, ya que la oposición había boicoteado la convocatoria acusando al proyecto de carecer de “fundamento democrático”.
La nueva Constitución desmantela la separación de poderes y está fuertemente marcada por la figura de Saied, por lo que ha sido tildada de “ultra-presidencialista''. No en vano, pues el nuevo texto otorga al presidente de la República poderes ilimitados e inmunidad ante cualquier forma de responsabilidad política o penal, y carece –a diferencia de la Constitución del 2014– de mecanismos para contrarrestar el poder del presidente, que tiene plena capacidad para disolver las cámaras.
Por otro lado, el nuevo texto prevé una judicatura completamente desprovista de poder, y contiene disposiciones que podrían llegar a enterrar cualquier esperanza de un sistema de justicia independiente en Túnez. Si bien mantiene los antiguos Consejos Superiores de la judicatura, la nueva Constitución reduce significativamente sus prerrogativas, entregando al presidente la potestad de designar a los jueces, aunque a propuesta de esos Consejos. Además, el Tribunal Constitucional previsto en la Constitución de 2014 como único intérprete de la Ley Básica, queda reducido a un papel de mero tribunal técnico, compuesto por magistrados próximos al final de su carrera y nombrados en virtud de su antigüedad, más que de sus capacidades y conocimientos.
Finalmente, la nueva Constitución deja de definir a Túnez como un “país musulmán”, aunque considera al país como parte de la ‘Umma’, lo que exige que el presidente profese la religión islámica y asuma la responsabilidad de conseguir los “objetivos del Islam”. Esta laicización ha sido interpretada como un gesto de rechazo a Enhada y sus postulados.
Las organizaciones no gubernamentales internacionales que apoyan los derechos y las libertades en Túnez están muy alarmadas por la entrada en vigor de esta nueva Constitución por lo que supone de retroceso con respecto a la de 2014, empezando por un preámbulo que ignora los principios de los derechos humanos universales, el pluralismo y la supremacía del Estado de Derecho.
Sobre este telón de fondo, el 17 de diciembre de 2022 y 29 de enero de 2023 se celebraron elecciones parlamentarias a dos vueltas en Túnez para elegir a los 161 miembros de la debilitada Asamblea de Representantes del Pueblo. La bajísima cifra de participación registrada en las elecciones (un 8,8% de los posibles votantes, la más baja desde la Revolución de 2011, y un 11,4% en la segunda) habla por sí sola de cómo la sociedad tunecina ha dado la espalda a la política de Saied, sumándose al boicot promovido por varios de los partidos de la oposición, Enhada entre ellos. Según las autoridades electorales los resultados definitivos serán anunciados el próximo 4 de marzo.
Huida hacia adelante
A modo de conclusión, puede decirse que la nueva Constitución promovida por el presidente Kais Saied ha supuesto importantes cambios en la estructura institucional y de poder de Túnez, que no han hecho sino profundizar la crisis económica, social y política que atraviesa el país. El nuevo texto centraliza el poder en manos del presidente Saied, reemplazando el sistema parlamentario por uno fuertemente presidencialista, y limita la influencia de la oposición política. Con ello, puede colegirse que el presidente pretende desmantelar el legado de la Primavera Árabe y rehacer el sistema que prevalecía antes de 2011.
Con la perspectiva del tiempo que media desde su elección en 2019 hasta ahora, es posible apreciar que el gobierno de Saied no ha sido exitoso en combatir los problemas estructurales que afligen al país. El presidente ha demostrado que posee ambiciosos planes para Túnez, pero parece ser incapaz de unir al país, o de crear una base sólida para enfrentar las graves crisis políticas y socioeconómicas que han azotado a Túnez los últimos años. De la misma manera, los resultados en la primera y segunda vuelta de las elecciones parlamentarias demuestran la insatisfacción de la población, que actualmente exige su dimisión.
Visto desde el exterior, este oscuro panorama complica la posibilidad de que el presidente convenza a los negociadores del Fondo Monetario Internacional para que finalmente concedan al país el préstamo de 1.900 millones de dólares que tan necesario resulta para aliviar, siquiera momentáneamente, la grave crisis económica que atraviesa Túnez. Por su parte, la Unión Europea también parece enviar señales de pérdida de confianza en Saied (sirva el gesto de no enviar observadores a la cita electoral como muestra), y lo mismo cabe decir de Estados Unidos, que ha decidido cortar la ayuda civil y militar a partir de mediados del próximo año.
En medio de esta profunda crisis, la baja participación en las elecciones al parlamento parece indicar que la población de Túnez afronta con hastío y frustración una situación de incertidumbre respecto a la estabilidad política del país que realimenta la grave situación económica. Las protestas del pasado mes de enero en Tunicia parecen indicar una creciente contestación popular a las medidas de Saied.
El futuro de las reformas del presidente, y su propia supervivencia política, se antojan inciertos, en no poca medida dependientes de la actitud que puedan adoptar las Fuerzas Armadas tunecinas, institución hasta ahora respetada por la sociedad tunecina por su historial de neutralidad, y por no haber reprimido violentamente el descontento popular durante la “Revolución de los jazmines”. Desde su acceso al poder, Saied ha cultivado su relación con el estamento militar, capitalizando a su favor el prestigio de la institución cuyo apoyo, sin embargo, no puede dar por hecho.
La posición de las Fuerzas Armadas tunecinas en un escenario en el que Saied continúe profundizando en su personalista visión del poder y erosionando los logros democráticos ganados con la revolución, constituye una incógnita, y no puede descartarse una reacción militar que trate de poner fin o, al menos, limitar lo que muchos ven como una deriva autoritaria del país, máxime si las reformas no se traducen en una mejora de la gravemente deteriorada situación económica del país.
Túnez se encuentra en la encrucijada. Los gobiernos que se han sucedido en el país desde la caída de Ben Alí han sido incapaces de aportar soluciones innovadoras a los crecientes problemas de la nación. Ello invita a pensar, de manera pesimista, que esta vez no va a ser diferente, y que Túnez continuará hundiéndose en un pozo del que le resultará difícil salir sin traumas ni heridas.