El Proyecto Islero: El sueño español de desarrollar la bomba atómica

El Proyecto Islero: El sueño español de desarrollar la bomba atómica

ANÁLISIS

18 | 06 | 2025

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La idea siguió las vicisitudes de la política exterior de España durante el Franquismo y la Transición

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Guillermo Velarde, en el centro, con Francisco Oltra y José María Otero de Navascués a su derecha, y Javier Goicolea, Paul Barbour y Robert Loftness, a su izquierda, en la inauguración del Centro Nacional de Energía Nuclear en la Ciudad Universitaria de Madrid, en diciembre de 1958 [Ministerio de Defensa]

Durante el siglo XX, el desarrollo de armas nucleares se convirtió en un factor determinante en la configuración del orden internacional contemporáneo. En particular, durante la Guerra Fría, el acceso a la tecnología nuclear representó un elemento clave del poder nacional, marcando la posición de los estados en el sistema internacional. La carrera armamentística otorgó un poder disuasorio significativo a aquellos estados que lograron incorporar estas capacidades en sus estrategias de defensa.

En este contexto, España, en pleno régimen franquista, exploró la posibilidad de desarrollar un programa propio de armamento nuclear, conocido como Proyecto Islero. Aunque el proyecto nunca se materializó, su existencia tuvo implicaciones cruciales para la política de defensa de España y su inserción en el panorama internacional. La decisión de explorar esta opción en un periodo tan convulso, tratándose además de un proyecto parcialmente secreto, ofrece una ventana única para comprender las ambiciones estratégicas de España durante la Guerra Fría y su relación con las grandes potencias nucleares.

Este análisis explora el contexto histórico del proyecto[1], las motivaciones que lo impulsaron esta iniciativa, las dinámicas internas y externas que influyeron en su desarrollo, así como las razones que llevaron a su final abandono. Se pretende evaluar el impacto que el proyecto tuvo en la política de defensa de España y en sus relaciones internacionales.

Contexto histórico: La España aislada al comienzo de la Guerra Fría

Tras la Segunda Guerra Mundial, la España de Franco quedó marginada en la escena internacional debido a su proximidad ideológica con los regímenes fascistas de Alemania e Italia. Su alineamiento con Adolf Hitler y Benito Mussolini llevó a que, en 1946, una resolución de la ONU recomendara la retirada de embajadores y vetara el ingreso de España en cualquier organización internacional. Esta exclusión, sumada a la devastación interna ocasionada por la Guerra Civil, profundizó el aislamiento diplomático y económico del país.

En el ámbito europeo, el régimen de Franco se encontró sin aliados significativos. Durante la posguerra, España solo contó con el respaldo de la Argentina peronista y el Portugal de Salazar. No obstante, en el contexto de la Guerra Fría, la dinámica geopolítica cambió drásticamente. La rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética transformó la percepción de España en el bloque occidental. Dos factores fueron determinantes en este giro: el anticomunismo declarado de Franco y la posición estratégica del país en la península ibérica y el Mediterráneo. Aunque Estados Unidos había excluido a España del Plan Marshall tras la guerra, con el auge del enfrentamiento entre los bloques Washington reconoció la conveniencia de España como un aliado en la contención del comunismo.

Un punto de inflexión en la rehabilitación internacional de España fue la visita del presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower en 1953. Ese mismo año, se firmaron los Acuerdos de Madrid, que establecieron cooperación económica, asistencia técnica y defensa mutua entre ambos países. Gracias a estos pactos, España recibió apoyo financiero y permitió la instalación de bases militares estadounidenses en su territorio –Rota, Morón, Zaragoza y Torrejón–, consolidándose como una plataforma estratégica clave para la OTAN en su despliegue contra la URSS. Además, la firma de un nuevo Concordato con el Vaticano otorgó al régimen franquista un doble reconocimiento internacional: tanto en el ámbito político-militar como en el religioso.

El proceso de reinserción continuó en 1955, cuando la ONU aceptó el ingreso de España en la organización, lo que representó un reconocimiento formal de su legitimidad en el orden internacional. Paralelamente, la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldaron su plan de estabilización económica, facilitando su integración en las dinámicas económicas occidentales.

El mismo año, Eisenhower pronunció su discurso “Átomos para la paz” ante la Asamblea General de la ONU, donde destacó la necesidad de controlar el desarrollo nuclear y fomentar su uso con fines pacíficos. Este discurso marcó el inicio de una política internacional en la que Estados Unidos promovió la asistencia nuclear civil, a la vez que reforzó mecanismos para impedir la proliferación de armas atómicas. Para España, el acceso a esta tecnología emergente representaba una oportunidad tanto en términos de desarrollo energético como de una eventual capacidad disuasoria en el nuevo escenario global. De este modo, España comenzó a explorar la posibilidad de desarrollar su propia capacidad nuclear.

En un mundo donde la posesión de armamento nuclear confería poder y prestigio, el régimen de Franco percibió la tecnología nuclear no solo como un símbolo de soberanía, sino también como un medio para fortalecer su seguridad e influencia internacional. Rodeada por potencias nucleares y aun buscando consolidar su posición en el bloque occidental, España empezó a considerar seriamente la posibilidad de ingresar en el reducido club de Estados con capacidad nuclear.

Motivaciones: De la seguridad nacional al prestigio internacional

El desarrollo de la tecnología nuclear en España comenzó en 1948 con la creación de la Junta de Investigaciones Atómicas, establecida por un grupo de científicos y militares en el Laboratorio y Taller de Investigación del Estado Mayor de la Armada. Este organismo, inicialmente enfocado en la investigación militar, tuvo como principales objetivos el estudio de los yacimientos de uranio en el país, la formación de científicos y técnicos especializados en física nuclear e ingeniería atómica, así como el desarrollo de técnicas de extracción y metalurgia del uranio. Posteriormente, en 1951, este organismo dio paso a la creación de la Junta de Energía Nuclear (JEN) mediante el Decreto Ley de 22 de octubre, que sentó las bases para el inicio de la investigación y el desarrollo de la energía atómica en España.

El interés por desarrollar una bomba atómica española surgió, principalmente, por tres razones clave. En primer lugar, la independencia de Marruecos en 1956 dio lugar a un deterioro de las relaciones bilaterales, lo que generó inquietud en los altos mandos militares españoles, encabezados por Franco y Carrero Blanco. La preocupación era que Marruecos pudiera atacar los territorios españoles en el norte de África, lo cual llevó a los líderes españoles a contemplar la bomba atómica como un medio para reforzar la seguridad del país y disuadir posibles agresiones, dado que Estados Unidos ya había advertido que no intervendría en caso de conflicto.

En segundo lugar, la crisis de Ifni, que tuvo lugar entre los años 1957 y 1958, acentuó la necesidad de disuadir a Marruecos de atacar territorios españoles en África. Este conflicto, que involucró a Marruecos en su intento de recuperar la región de Ifni, demostró la vulnerabilidad de España en su presencia en el continente africano. Franco, consciente de la importancia de una estrategia disuasoria, vio en la bomba atómica una herramienta crucial para fortalecer la posición de España y evitar futuros ataques.

En tercer lugar, además de los factores de seguridad nacional anteriormente mencionados, la bomba atómica representaba una herramienta crucial para mejorar la posición internacional de España. En el contexto de la Guerra Fría, las potencias nucleares dominaban la escena global, y España impulsó el desarrollo de su capacidad nuclear, principalmente a través de la creación de la JEN, como parte de su estrategia para modernizar su industria energética y tecnológica. Poseer armas nucleares no solo mejoraría su posición estratégica en Europa, sino que también le permitiría tener una mayor influencia en los asuntos internacionales, garantizando su relevancia en un mundo dividido por bloques. 

En resumen, el impulso de España hacia el desarrollo de la tecnología nuclear y la posibilidad de fabricar una bomba atómica se vio motivado por una combinación de factores geopolíticos, principalmente el deseo de garantizar la seguridad territorial en el contexto de las tensas relaciones con Marruecos. Adicionalmente, la bomba atómica representaba para España una vía para consolidarse como una potencia de mayor peso en la política internacional, fortaleciendo su posición en el orden mundial y contribuyendo a su reinserción en la comunidad internacional después de años de aislamiento.

En este sentido, Guillermo Velarde, uno de los principales impulsores del proyecto, declaró en una entrevista en Radio 5, adscrita a Radio Nacional de España (RNE), que uno de los motores de su empeño por desarrollar armamento nuclear en España era la convicción de que los países con armamento nuclear son respetados a nivel internacional. Según sus propias palabras, “con una fuerza de disuasión nuclear en España seríamos respetados por todos y temidos por algunos”. Esta idea resultó crucial para comprender el impulso detrás del Proyecto Islero, que, aunque no se materializó, marcó un hito en la historia de la política de defensa española.

Tras completar su formación en física nuclear en Estados Unidos, Velarde, general del Ejército del Aire, regresó a España como uno de los expertos más destacados en tecnología nuclear, integrándose en la JEN. Fue en este contexto donde planteó a José María Otero de Navascués, presidente de dicha institución, la posibilidad de que España fabricara sus propias armas nucleares.

La propuesta de Velarde fue recibida positivamente por los altos mandos militares y, en particular, por el general Agustín Muñoz Grandes, vicepresidente del gobierno, quien aprobó la idea y dio el visto bueno para el inicio del proyecto. En 1963, con la creciente preocupación por las presiones de Marruecos en los territorios españoles en África, Muñoz Grandes consideró que una bomba atómica española podría servir como elemento disuasorio frente a posibles amenazas externas. Así, el Proyecto Islero fue abordado con el objetivo de dotar a España de un arsenal nuclear como medida de disuasión.

El desarrollo de la bomba atómica española se concibió en términos técnicos muy específicos. Velarde, junto con un comité de la JEN, determinó que la opción más viable era la fabricación de una bomba de plutonio, dado que el enriquecimiento de uranio requería instalaciones de alta complejidad y elevados costos. El plan de desarrollo del proyecto constaba de nueve etapas, que abarcaban desde los cálculos matemáticos necesarios hasta la elección de un reactor nuclear adecuado para producir el plutonio requerido.

El proyecto se mantuvo en la más estricta confidencialidad, siendo Otero y Velarde los responsables de la toma de decisiones. Velarde redactó el estudio de viabilidad del proyecto en un plazo de menos de tres años, estimando que la construcción de 36 bombas atómicas de plutonio podría completarse en ese tiempo. Aunque España no llegaría a materializar el desarrollo de estas armas, el Proyecto Islero representó una ambiciosa tentativa de posicionar al país en el reducido grupo de Estados con capacidad nuclear en un contexto de creciente tensión internacional.

El proyecto fue bautizado con el nombre de Islero haciendo referencia al célebre toro Islero, que en 1947 causó la muerte del torero Manolete en la plaza de toros de Linares. Esta elección no fue casual, ya que simbolizaba la potencia letal y la capacidad de disuasión que España aspiraba a alcanzar con el desarrollo de un arsenal nuclear. La denominación reflejaba, además, un cierto sentido de orgullo nacionalista y la intención de dotar al país de una herramienta estratégica que le permitiera consolidar su soberanía y reforzar su posición en la escena internacional.

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El baño del ministro Manuel Fraga y el embajador estadounidense en Palomares en 1966, ante la prensa.

Desarrollo: El Oppenheimer español y las reticencias finales de Franco

El 17 de enero de 1966 marcó un punto de inflexión en la historia nuclear española. Ese día, un bombardero estratégico B-52 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que transportaba cuatro bombas termonucleares Mark 28 de 1,5 megatones colisionó en pleno vuelo con un avión cisterna KC-135 mientras realizaba una operación de reabastecimiento sobre la localidad de Palomares, en Almería. Como consecuencia del impacto, ambas aeronaves se precipitaron al vacío, causando la muerte de siete militares estadounidenses. Aunque dos de las bombas fueron recuperadas intactas, las otras dos impactaron contra el suelo, provocando una fuga de plutonio y desencadenando un extenso operativo militar por parte de las fuerzas estadounidenses estacionadas en España[2].

Desde la década de los 60, existía en España un conflicto entre los tecnócratas del régimen, que abogaban por una mayor integración del país en el bloque occidental, y sectores nacionalistas, representados por militares como Muñoz Grandes, que defendían una política de autosuficiencia en defensa. Ante el temor a las posibles sanciones estadounidenses, Franco decidió suspender el programa en 1966, aunque permitió que el científico Velarde continuará investigando con recursos limitados.

A raíz de este accidente de Palomares, el gobierno español, a través de la Junta de Energía Nuclear (JEN), envió a un equipo de expertos para examinar la zona contaminada. Entre ellos se encontraba el físico Guillermo Velarde, quien, al analizar los restos de las bombas, detectó una sustancia inusual: una espuma de poliestireno incrustada en las rocas del terreno afectado. Aunque las autoridades estadounidenses afirmaban que este material solo servía como protección para evitar el contacto entre las bombas durante el vuelo, Velarde sospechó que desempeñaba un papel fundamental en el mecanismo de detonación.

Tras meses de estudios y simulaciones, Velarde logró redescubrir el principio físico conocido como el método Ulam-Teller, clave en la activación de una bomba termonuclear. Este proceso se basa en el uso de una bomba de plutonio como iniciador, una vasija de deuterio-tritio como combustible y una capa intermedia de poliestireno, la cual, al ser comprimida por la radiación de la primera explosión, genera las condiciones necesarias para desencadenar la reacción termonuclear. Dicho hallazgo situó a España en una posición privilegiada en términos de conocimiento nuclear, ya que hasta ese momento solo cinco países, Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido, Francia y China, habían logrado desarrollar este tipo de armamento.

A pesar del avance teórico alcanzado, la decisión de materializar un programa nuclear militar generó un intenso debate en la cúpula del régimen franquista. Mientras algunos sectores consideraban estratégico desarrollar un arsenal nuclear propio, el ministro de Industria, Gregorio López Rodó, y el propio Franco se mostraban reticentes. Argumentaban que el inicio de un proyecto de este calibre comprometería la política exterior del país, exponiéndolo a sanciones internacionales que afectarían el desarrollo del programa de energía atómica con fines civiles. En consecuencia, aunque Franco autorizó la continuación de las investigaciones científicas, prohibió expresamente la fabricación de la bomba.

Así, pese a haber adquirido el conocimiento necesario para la producción de armamento termonuclear, España nunca llevó a cabo su desarrollo. El Proyecto Islero, aunque avanzó en la teoría y consolidó las capacidades técnicas del país en el ámbito nuclear, quedó limitado por consideraciones políticas y estratégicas, convirtiéndose en un testimonio del potencial científico español en un contexto de fuertes restricciones geopolíticas.

¿Un final esperado? Las razones detrás del cierre del proyecto

El Proyecto Islero estaba en un principio destinado a dotar a España de capacidad nuclear. Sin embargo, se vio frustrado debido a una serie de factores que, tanto a nivel internacional como doméstico, terminaron por hacerlo inviable.

En primer lugar, en el ámbito nacional, hubo un cambio de política exterior. Durante la dictadura franquista, el interés en desarrollar un programa nuclear con fines militares estaba vinculado a la política de independencia defensiva y al deseo de obtener un mayor reconocimiento internacional. Sin embargo, con la Transición, la política exterior española comenzó a priorizar la integración en organismos multilaterales, como la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). La adhesión a estos organismos exigía compromisos en materia de no proliferación nuclear.

En segundo lugar, el asesinato de Carrero Blanco, considerado uno de los principales impulsores del Proyecto Islero, produjo un cambio político importante. Desde un inicio, Carrero Blanco intentó negociar con Estados Unidos una relación de mayor igualdad, proponiendo que, si Washington deseaba seguir utilizando las bases militares en territorio español, debía compartir tecnología militar avanzada. En 1973, se reunió con Henry Kissinger con el objetivo de presionarlo para obtener un acuerdo de cooperación que garantizara la seguridad de España. Sin embargo, no logró un compromiso concreto; al día siguiente fue asesinado por ETA, lo que debilitó el liderazgo político a favor del desarrollo de armamento nuclear.

En tercer lugar, en el ámbito internacional se produjo la adopción del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). Desde mediados de la década de 1960, Estados Unidos impulsó una política global para frenar la proliferación nuclear, lo que derivó en la negociación del TNP entre 1965 y 1968. La firma de este Tratado implicaba someter las instalaciones nucleares a inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), lo que habría supuesto la interrupción de la colaboración francesa con España en este ámbito. A pesar de que el tratado entró en vigor en 1970, España se resistió a firmarlo, manteniendo su postura hasta 1987.

En cuarto lugar, y con relación al punto anterior, tuvo lugar una fuerte presión por parte de Jimmy Carter.  En 1977, con la llegada de Carter a la presidencia estadounidense, se intensificaron los esfuerzos para que los países no firmantes del TNP se adhirieran al Tratado. España, que no había firmado el TNP y planeaba instalar una planta de tratamiento de combustible irradiado en Soria, se encontró en una posición incómoda. La desconfianza de Estados Unidos llevó a una tendencia a reducir los suministros dirigidos al plan nuclear español, lo que podría convertirse en un obstáculo principal para el programa. En 1981, tras el intento de golpe de Estado en España, el gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo cedió y aceptó que las instalaciones nucleares del país fueran sometidas a las salvaguardias del OIEA.

En quinto lugar, el cálculo insostenible a nivel económico y técnico. El desarrollo de un arsenal nuclear implicaba inversiones de gran magnitud, tanto en infraestructura como en investigación y desarrollo. Para la economía española de la época, que atravesaba dificultades estructurales y estaba en proceso de apertura e integración en mercados internacionales, estos costes resultaban insostenibles. Adicionalmente, la dependencia de componentes extranjeros dificultaba la materialización del proyecto.

En sexto lugar, España utilizó la posibilidad de desarrollar armamento nuclear como estrategia diplomática. Esta ‘amenaza creíble’ permitió obtener ciertas concesiones en el ámbito internacional sin incurrir en los costes y riesgos políticos de construir efectivamente la bomba. Sin embargo, a medida que el contexto internacional cambió y las presiones aumentaron, esta estrategia perdió viabilidad.

Por último, la adhesión a la CEE y al TNP cerró definitivamente cualquier posibilidad de reactivar el proyecto. Esta decisión, tomada bajo el gobierno de Felipe González, estuvo vinculada a la voluntad de integrarse plenamente en la CEE, lo que requería demostrar un compromiso firme con la no proliferación nuclear y con la estabilidad internacional.

En conclusión, el fracaso del Proyecto Islero fue el resultado de una combinación de presiones internacionales, cambios en la política exterior española, dificultades económicas y divergencias internas en el gobierno. Con el tiempo, España abandonó definitivamente la idea de desarrollar armamento nuclear y optó por una política de integración en el sistema internacional, consolidando su imagen como un actor comprometido con la paz y la seguridad global.

Conclusión: Compromiso de España con la no proliferación

La adquisición de armas nucleares por parte de España que buscaba el Proyecto Islero habría tenido profundas implicaciones, tanto a nivel nacional como internacional, afectando el equilibrio geopolítico y la posición de España en las relaciones internacionales. Sin embargo, la evolución histórica ha demostrado el firme compromiso de España con el régimen de no proliferación nuclear, consolidando su papel como un actor responsable dentro del sistema internacional.

España ha reafirmado en múltiples foros internacionales, como en las múltiples Conferencias de Examen del TNP, su apoyo a este tratado como piedra angular del régimen global de no proliferación y desarme nuclear. Su adhesión al TNP ha permitido fortalecer su cooperación con socios estratégicos, como la Unión Europea y la OTAN, además de garantizar su acceso a tecnologías nucleares con fines pacíficos bajo los estándares del OIEA.

En este contexto, España respalda la implementación de medidas graduales de desarme, como las propuestas en el documento ‘Stepping Stones’, y la entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Además, su compromiso con la estabilidad internacional se refleja en su postura respecto al acuerdo nuclear iraní y su condena a las provocaciones de Corea del Norte, abogando por una desnuclearización completa, verificable e irreversible. Asimismo, España apoya la iniciativa del OIEA para garantizar la seguridad nuclear en Ucrania en el marco del conflicto con Rusia, respaldando los ‘siete pilares de la seguridad nuclear’.

En conclusión, la decisión de España de no avanzar en el desarrollo de un arsenal nuclear ha permitido consolidar su integración en la comunidad internacional y su adhesión a un orden basado en normas que prioriza la paz, la estabilidad y la seguridad global. A través de su compromiso con la no proliferación y el desarme nuclear, España reafirma su responsabilidad en la construcción de un mundo más seguro y libre de la amenaza que representan las armas nucleares.

 

[1] El Proyecto Islero ha sido tratado en extenso en algunas obras, entre ellas la escrita por su principal artífice, Guillermo Velarde Pinacho, Proyecto Islero. Cuando España pudo desarrollar armas nucleares (Córdoba: Guadalmazán, 2016); la más reciente es la de Francisco Gámez Valcázar, El secreto de la bomba atómica española: La intrahistoria de la Junta de Energía Nuclear y el Proyecto Islero (Madrid: Almuzara, 2022).

[2] Moreno Izquierdo, Rafael. La historia secreta de las bombas de Palomares. La verdad sobre el accidente nuclear silenciada durante 50 años (Barcelona: Crítica, 2016)