La dependencia comercial entre los dos países –mayor en el caso de Brasil, pero los chinos también necesitan ciertos productos brasileños, como la soja– asegura el entendimiento

La relación entre Brasil y China se ha demostrado especialmente pragmática: ni Jair Bolsonaro ha revisado la vinculación con el país asiático como prometió antes de llegar a la presidencia (en su primer año de mandato no solo ha mantenido a Brasil en los BRICS sino que incluso hizo un muy publicitado viaje oficial a Pekín), ni Xi Jinping ha castigado a socio por haberle acusado de gestionar mal la pandemia de coronavirus, como sí ha ocurrido con otros países. Se ha impuesto la conveniencia de las relaciones comerciales mutuas, revalorizadas por la guerra comercial entre China y EEUU y por la presente crisis mundial.

▲ Jair Bolsonaro y Xi Jinping en Pekín, en octubre de 2019 [Palacio de Planalto]

ARTÍCULO / Túlio Dias de Assis

Después de años criticando el “perverso gobierno comunista de Pekín”, Jair Bolsonaro sorprendió a finales de octubre pasado con una visita de estado a la Ciudad Prohibida, que él mismo publicitó especialmente en las redes sociales. En ese viaje regaló a Xi Jinping la camiseta del Club de Regatas do Flamengo (equipo de fútbol que en ese momento representaba a Brasil en la Copa Libertadores, la cual terminaría ganando) y expresó su total convicción de encontrarse en un país capitalista. En noviembre fue el anfitrión en Brasilia de una cumbre de los BRICS.

La política de Bolsonaro hacia China ya había comenzado a cambiar desde poco después de acceder a la presidencia en enero de 2019, en contraste con sus mensajes contrarios a la potencia asiática durante la campaña electoral.

De hecho, las relaciones diplomáticas entre los dos países datan de la época de la Junta Militar de la que Bolsonaro se muestra tan orgulloso. En 1974 Brasil reconoció a la República Popular China como la única China, permitiendo así, pese a desconocerlo en su momento, la creación de un enorme vínculo comercial entre las dos naciones de proporciones continentales. Desde entonces, conforme avanzaba el aperturismo chino, las relaciones entre China y Brasil se fueron incrementando, de forma que desde hace casi una década China es el principal socio comercial brasileño. La dependencia china respecto a Brasil es también destacable en relación a algún producto, como la soja, si bien para los chinos Brasil en el vigésimo socio comercial, pues lógicamente se trata de economías de tamaño muy dispar.

Cuando en 1978 Deng Xiaoping decidió abrir la economía china al resto del mundo, el PIB chino se aproximaba a los 150.000 millones de dólares, un 75% del de Brasil, que superaba ya los 200.000 millones. Cuatro décadas después, en 2018, el PIB brasileño era de 1.8 billones de dólares y el chino de 13,6 billones.

Soja y porcino

El mayor acercamiento comercial e incluso político de Brasil hacia China se dio durante la presidencia de Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, durante la cual se formaron los BRICS, club que ayudó a crear un mayor nivel de proximidad económica y diplomática entre los países miembros. Esta aproximación hizo que China terminara convirtiéndose en el primer socio comercial de Brasil en exportaciones y en importaciones. Las ventas de Brasil a China llegan a casi duplicar las exportaciones destinadas a EEUU.

Aunque el comercio con Brasil representa menos del 4% del valor total de bienes que importa China anualmente, el país sudamericano sigue siendo un socio comercial importante para la República Popular, debido a que el principal producto que importa desde Brasil es la soja, una de las bases de la dieta habitual de gran parte de la población china. Más de la mitad de soja importada por China proviene de Brasil y la tendencia es que aumente, principalmente debido a la guerra comercial con EEUU –el segundo principal exportador de soja a China–, convirtiendo así a Brasil prácticamente en el granero del Reino del Medio. China es el destino de más del 70% de la producción de soja brasileña.

La dependencia de China, desde la perspectiva del consumidor brasileño, se acentuó a finales de 2019 debido a una subida exorbitante del precio de la carne. La media entre los diferentes estados brasileños rondaba entre el 30% y el 40% con respecto a los meses anteriores. Los productores pudieron aumentar sustancialmente sus beneficios a corto plazo, pero que las clases populares protestaron abiertamente por el descontrolado precio de un producto muy presente en la dieta habitual del brasileño medio. El alza de los precios se debió a una suma de factores, entre ellos un brote de peste porcina que devastó gran parte de la producción china. Ante la escasez de oferta en su mercado interno, China se vio obligada a diversificar sus proveedores, y estando en medio de una guerra comercial con EEUU, a China no le quedó más remedio que acudir al potencial agropecuario brasileño, de los pocos capaces de cubrir la gran demanda china de carne. Durante ese periodo –breve, ya que paulatinamente se fue retornando a la situación anterior–, Brasil llegó a obtener cierto poder coercitivo sobre el gigante asiático.

Huawei y créditos

Brasil se halla en una situación de extrema dependencia de China en materia tecnológica: más del 40% de las compras que Brasil hace a China son maquinaria, aparatos electrónicos o piezas de los mismos. Ya en la última década, al llegar la revolución del smartphone y de la fibra óptica a Latinoamérica, Brasil decidió hacer una mayor apuesta por la tecnología de origen chino, convirtiéndose así en uno de los principales mercados internacionales para la hoy polémica marca Huawei, que ha llegado a dominar un 35% del mercado de telefonía móvil brasileño. Mientras que EEUU y Europa desconfiaban de Huawei y desde un principio le ponían límites en sus mercados, Brasil veía la tecnología china como una forma más barata de desarrollarse y jamás se dejó llevar por sospechas de injerencias del gobierno chino en materia de privacidad. Incluso varios diputados del PSL (antiguo partido al que pertenecía Bolsonaro) visitaron China a principios de 2020 a fin de evaluar la posibilidad de adquirir equipos chinos de reconocimiento facial para ayudar a las fuerzas de seguridad del Estado en el combate al crimen organizado, propuesta que al final fue rechazada por el Parlamento.

Con el auge de la polémica sobre los riesgos de espionaje que puede plantear el uso de tecnología de la multinacional china, algunas voces han alertado de la amenaza que puede suponer la contratación de Huawei para no pocas agencias y oficinas gubernamentales: un par de embajadas y consulados, parte de la infraestructura de la Cámara de los Diputados, e incluso las sedes de la Fiscalía y de la Justicia Federal en algunos estados federales. Aunque dada la falta de evidencia acusatoria contra Huawei, poco se ha hecho desde el gobierno sobre ello; solo se ha dado la cancelación de algunas adquisiciones de aparatos de la marca.

Brasil es el segundo país que más créditos públicos ha recibido de China en Latinoamérica: 28.900 millones de dólares (Venezuela es el primero con 62.200 millones), repartidos en once préstamos entre 2007 y 2017, de los cuales nueve provienen del Banco de Desarrollo Chino y otros dos del Banco de Exportación e Importación de China. Pese a ser un valor elevado, representa un porcentaje muy reducido de la deuda pública brasileña, que sobrepasa ya el billón de dólares. La mayor parte de los créditos otorgados por Pekín han sido destinados a la construcción de infraestructuras para la extracción de recursos. Adicionalmente, empresas chinas han invertido en la construcción de dos puertos en Brasil, uno en São Luís (Estado de Maranhão) y otro en Paranaguá (Estado de Paraná).

La retórica del coronavirus

Bolsonaro se dio pronto cuenta de la dependencia de China y optó por una política de acomodo respecto a Pekín, lejos de sus mensajes de la campaña electoral. Una vez más, pues, Brasil apostaba por el pragmatismo y la moderación, frente a la ideología y el radicalismo, en cuanto a la política del Itamaraty (Ministerio de Relaciones Exteriores). Asimismo, frente a la inestabilidad causada por la guerra comercial EEUU-China y la débil posición actual de Trump, Bolsonaro demostraba pragmatismo al no cerrarse por su ideología a socios comerciales de gran potencial, tal como pudo ver el pasado mes de noviembre en la cumbre de los BRICS en Brasilia.

Pero en ocasiones aflora una retórica que entronca con el pensamiento original. A raíz de la pandemia de coronavirus, Bolsonaro ha calcado en algunos mensajes la narrativa anti China de Trump. Un buen ejemplo es el intercambio de tuits tenido lugar entre Eduardo Bolsonaro, diputado federal e hijo mayor del presidente, y el embajador chino, Yang Wanming. El primero comparó el coronavirus con el accidente de Chernóbil, insinuando total irresponsabilidad, negligencia, además de información ocultada, por parte del Partido Comunista Chino. El embajador respondió que el hijo del presidente “en su último viaje a EEUU no contrajo el coronavirus, sino un virus mental”, refiriéndose a su proximidad ideológica con Trump.

No obstante, todo esta situación parece haberse calmado tras una llamada realizada entre los mandatarios de ambos países, en la que ambos reafirmaron sus compromisos, especialmente los de carácter comercial y financiero. Asimismo, una vez más Bolsonaro parece seguir la tradicional línea de neutralidad del Itamaraty, pese a la constante insistencia de sus bases en culpabilizar a China por la actual tragedia. Se ve claramente que la dependencia económica de China sigue siendo mucho más fuerte que los principios ideológicos de la base política de Bolsonaro, por muy Trumpista que esta pueda llegar a ser.

Pekín ha anunciado la construcción de una quinta base, igualando en número las que tiene Estados Unidos

Si bien existe un amplio seguimiento internacional sobre la toma de posiciones de las grandes potencias en el Ártico, dado que el calentamiento global abre rutas de comercio y posibilidades de explotación de recursos, los movimientos geopolíticos en torno a la Antártida pasan más desapercibidos. Congelada cualquier reivindicación nacional por los acuerdos vigentes sobre el continente del polo Sur, los pasos que dan las superpotencias son menores, pero también significativos. Como en el Ártico, China es un nuevo jugador, y está incrementando su apuesta.

▲ Campamento compartido para la investigación científica en la Antártida [Pixabay]

ARTÍCULO / Jesús Rizo

La Antártida es el continente más meridional y al mismo tiempo más extremo por sus condiciones geográficas y térmicas, que limitan seriamente su habitabilidad. La presencia humana es casi imposible en la llamada Antártida Oriental, situada a dos mil metros de altura sobre el nivel del mar y que constituye más de dos tercios del continente, siendo este, pues, el de mayor altitud media. Además, como la Antártida no es un océano, como ocurre con el Ártico, no se ve afectada, más que en su perímetro continental, por el incremento de la temperatura de los mares a causa del cambio climático.

A esas dificultades para la presencia humana se añaden las limitaciones impuestas por las disposiciones internacionales, que han aplicado una moratoria para cualquier reivindicación de soberanía o explotación comercial, algo que no sucede en el Ártico. La actuación en la Antártida está fuertemente determinada por el Tratado Antártico (Washington, 1959) que, en sus artículos I y IX, reserva el continente para investigación científica y actuaciones de carácter pacífico. Además, prohíbe las explosiones nucleares y la eliminación de desechos radiactivos (artículo V), y toda medida no pacífica de carácter militar (artículo I).

Este tratado lo complementan y desarrollan tres documentos más: la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA, Canberra, 1980), la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas (CCFA, Londres, 1988) y el Protocolo del Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente (Madrid, 1991), el cual prohíbe “cualquier actividad relacionada con los recursos minerales, salvo la investigación científica” hasta 2048. En definitiva, el llamado Sistema del Tratado Antártico (STA) “blinda” la región antártica frente a la explotación de sus recursos y al incremento de las tensiones internacionales, puesto que, además de lo anterior, congela las reclamaciones territoriales mientras tenga vigencia. No obstante, esto no impide que las potencias globales también busquen tener un pie en la Antártida.

La actuación más reciente corresponde a la República Popular China, que aspira a tener gran protagonismo en la zona, como ocurre en el Ártico. Contando ya con cuatro bases científicas en el continente austral (las bases antárticas Gran Muralla, Zhongshan, Kunlun y Taishan, las dos primeras permanentes y las dos últimas funcionales en verano), el noviembre pasado anunció la construcción de su quinta base (igualando así en número a Estados Unidos). La nueva instalación, en el mar de Ross, estaría operativa en 2022.

En relación con estas estaciones científicas, desde la llega al poder de Xi Jinping en 2013, China está buscando crear una Zona Antártica Especialmente Administrada, para la protección del medioambiente en torno a la base de Kunlun, algo a lo que se resisten sus vecinos regionales, puesto que daría a Pekín dominio sobre las actividades que allí se llevan a cabo. Esta es la base china con mayor protagonismo, esencial para sus estudios en materia astronómica y, por ende, para el desarrollo del BeiDou, sistema chino de navegación satelital, fundamental para la expansión y modernización de sus fuerzas armadas y que rivaliza con los sistemas GPS (Estados Unidos), Galileo (UE) y GLONASS (Rusia). A este respecto y en vista de las implicaciones militares que posee la Antártida, el Tratado estableció la posibilidad de que cualquier país realizara inspecciones a cualquiera de las bases allí presentes, como una forma de asegurar el cumplimiento de las predisposiciones del acuerdo (artículo VII). Sin embargo, la peligrosidad y coste de estas inspecciones han hecho que se reduzcan considerablemente, por no mencionar que la base de Kunlun se encuentra en una de las regiones climatológicamente más hostiles del continente.

Por otro lado, China cuenta actualmente con dos rompehielos, el Xue Long I y el Xue Long II, este último construido íntegramente en territorio chino con la asistencia de la finlandesa Aker Arctic. Los expertos consideran que, tras la construcción de este buque, la República Popular podría estar cerca de la construcción de rompehielos de propulsión nuclear, algo que actualmente solo lleva a cabo Rusia y que tendría consecuencias de alcance global.

Pero la importancia de la Antártida para China no sólo se refleja en los avances técnicos y tecnológicos que está realizando, sino también en sus relaciones bilaterales con países próximos al continente austral como Chile o Brasil, el primero con estatus consultivo original, y con reclamación territorial en el STA; el segundo con estatus consultivo únicamente. El pasado septiembre, el país andino mantuvo con la República Popular la primera reunión del Comité Conjunto de Cooperación Antártica, en la cual, entre otros asuntos, se trató el uso del puerto de Punta Arenas por parte de China como base para el abastecimiento de personal y materiales a sus instalaciones antárticas, conversaciones que requerirán de mayor profundización. En cuanto a Brasil, la empresa china CEIEC (China National Electronics Import & Export Corporation) financió en enero una nueva base antártica brasileña por valor de 100 millones de dólares.

Ubicación aproximada de las principales bases antárticas. En azul, las bases de Estados Unidos; en rojo, las de Rusia, y en amarillo, las de China.

Por último, cabe analizar el peso estadounidense y ruso en la Antártida, aunque previsiblemente será China quien adquiera mayor importancia en la región, al menos hasta la apertura del Protocolo de Madrid para su revisión en 2048. Estados Unidos posee tres bases permanentes (las bases McMurdo, Amundsen-Scott South Pole Station y Palmer) y dos únicamente de verano (las bases Copacabana y Cabo Shirreff), por lo que la construcción de la nueva base china igualará el número total de las bases estadounidenses.

Por su parte, Rusia, potencia dominante del Ártico, lo es también de su contraparte meridional, al menos en cuento el número de bases, ya que cuenta con seis, de las cuales cuatro son de funcionamiento anual (Mirni, Novolazárevskaya, Progrés y Vostok) y las otras dos únicamente en período estival (Bellingshausen y Molodiózhnaya). No obstante, conviene precisar que Rusia no ha abierto ninguna base antártica desde que cayó la URSS, siendo la más reciente Progrés (1988), si bien es cierto que ha intentado, por ejemplo, reabrir la base soviética Russkaya, sin éxito. También Estados Unidos estableció la mayoría de sus bases antárticas en plena Guerra Fría, en los años 50 y 60, salvo las dos de período estival (Copacabana en 1985 y Cabo Shirreff en 1991).

China, por el contrario, abrió la base Gran Muralla en 1985, la base Zhongshan en 1989, la Kunlun en 2009 y la Taishan en 2014 y, como ya se ha dicho, tiene una nueva pendiente para 2022.

Además de los países mencionados, otra veintena dispone de bases de investigación en la Antártida, entre ellos España, que tiene estatus consultivo en el Tratado Antártico. España cuenta con dos bases estivales en las islas Shetland del Sur, la base Juan Carlos I (1988) y la Gabriel de Castilla (1998). También cuenta con un campamento científico temporal situado en la Península Byers de la Isla Livingston.

Albania y Macedonia del Norte se ven obligadas a aceptar normas de negociación más duras, mientras Serbia y Montenegro reevalúan sus opciones

El Brexit ha estado absorbiendo la atención negociadora de la UE durante muchos meses y ahora el Covid-19 ha ralentizado procesos de decisión no prioritarios. En octubre de 2019, la UE decidió enfriar las conversaciones con los Balcanes occidentales, por presión de Francia y algunos otros países. Albania y Macedonia del Norte, que habían realizado el trabajo que Bruselas había solicitado para poder abrir formalmente las negociaciones, han visto cómo se han cambiado las reglas de juego justo antes de comenzar el partido.

▲ Encuentro de los Balcanes occidentales con países de la UE, celebrado en Londres en 2018 [Comisión Europea]

ARTÍCULO / Elena López-Doriga

Desde sus orígenes, la Comunidad Europea ha ido evolucionando y expandiendo sus competencias a través de tratados que estructuraban su funcionamiento y fines. En el número de miembros de la organización también se ha dado una considerable expansión: comenzó con 6 países (Francia, Bélgica, la República Federal Alemana, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos) y hoy está compuesta por 27 (tras la reciente salida del Reino Unido).

El año más destacable de esa ampliación fue 2004, cuando la Unión Europea se comprometió a integrar a 10 nuevos países, lo que supuso un gran reto, dado que estos países eran principalmente de Europa Central y del Este, provenientes del “telón de acero”, con unas economías menos desarrolladas que salían de sistemas comunistas e influencia soviética.

La próxima meta en la ampliación es la posible integración en la UE de los países de los Balcanes occidentales (Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia). No obstante, en una cumbre celebrada en Bruselas a finales de 2019 para la apertura de negociaciones de adhesión de nuevos miembros, algunos países de la UE se mostraron contrarios a seguir con el proceso, por lo que por el momento la adhesión de los países candidatos va a tener que esperar. Algunos líderes de la Unión han calificado de “error histórico” ese aplazamiento.

Ampliación hacia Europa Central y del Este

En mayo de 1999 la Unión Europea lanzó el Proceso de Estabilización y Asociación. La Unión se comprometía a desarrollar nuevas relaciones contractuales con los países de Europa Central y del Este que expresaran su deseo de adherirse a la Unión por medio de acuerdos de estabilización y asociación, a cambio de compromisos en la reforma política, económica, comercial o de derechos humanos. Como consecuencia en 2004 la UE integró a la República Checa, Chipre, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, y Eslovenia (primer integrante de los Balcanes occidentales). En 2007 Bulgaria y Romania también entraron a formar parte de la Unión y en 2013 lo hizo Croacia, segundo país de los Balcanes occidentales en sumarse.

La integración de los Balcanes occidentales

Desde la conclusión de las guerras yugoslavas a finales de 2001, la UE ha jugado un papel muy destacado en los Balcanes, ya no solo como potencia económica en materia de reconstrucción, sino también como garante de la estabilidad y la seguridad en la región. El objetivo de la UE es en parte evitar que los Balcanes occidentales se conviertan en un agujero negro para la seguridad, debido al alza de los nacionalismos en alza, la tensión creciente entre Moscú y Washington, que alimenta las tensiones entre los grupos étnicos en la región, y la penetración económica de China a la zona. El avance más claro hacia la integración de los Balcanes se reafirmó en la estrategia de la Comisión para los Balcanes occidentales de febrero de 2018 y en la Declaración de Sofía tras la Cumbre UE-Balcanes occidentales celebrada en la capital búlgara el 17 de mayo de 2018. En la Cumbre, los dirigentes de la UE reiteraron su apoyo inequívoco a la perspectiva europea de los Balcanes occidentales. “No veo para los Balcanes occidentales más futuro que la UE. No hay otra alternativa, no hay un plan B. Los Balcanes Occidentales forman parte de Europa y pertenecen a nuestra comunidad”, dijo el entonces presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

Candidatos oficiales: Albania y Macedonia

Albania solicitó su ingreso en la Unión el 28 de abril de 2009. En 2012, la Comisión constató progresos notables y recomendó que se le concediera el estatuto de candidato, siempre que efectuara una serie de reformas pendientes. En octubre de 2013, la Comisión recomendó de manera inequívoca que se concediese a Albania el estatuto de país candidato a la adhesión. Angela Merkel realizó una visita a Tirana el 8 de julio de 2015 y afirmó que la perspectiva de ingreso de los países de la región balcánica en la Unión Europea (UE) era importante para la paz y la estabilidad. Destacó que en el caso de Albania el ritmo del proceso de adhesión dependía del cumplimiento de reformas en el sistema judicial y de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. A la vista de los progresos del país, la Comisión recomendó la apertura de negociaciones de adhesión con Albania en sus informes de 2016 y 2018.

Por otro lado, la República de Macedonia del Norte (antigua república yugoslava de Macedonia) solicitó su ingreso en la Unión en marzo de 2004 y se le concedió el estatuto de país candidato en diciembre de 2005. Sin embargo, el país no inició las negociaciones de adhesión por el litigio con Grecia sobre la utilización del nombre “Macedonia”. Cuando se resolvió satisfactoriamente mediante el Acuerdo de Prespa con el nuevo nombre del país –Macedonia del Norte–, el Consejo acordó la posibilidad de abrir las negociaciones de adhesión con este país en junio de 2019, suponiendo que se cumplieran las condiciones necesarias.

Candidatos potenciales: Bosnia y Herzegovina y Kosovo

Bosnia y Herzegovina es un país candidato potencial. Pese a que negoció y firmó en 2008 un Acuerdo de Estabilización y Asociación con la Unión, la entrada en vigor de este acuerdo quedó en suspenso principalmente debido a que el país no había ejecutado una sentencia clave del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entretanto, el Parlamento de Bosnia y Herzegovina no ha alcanzado un acuerdo en lo concerniente al reglamento interno que rige sus reuniones con el Parlamento Europeo (dos veces al año), ya que dichas reuniones llevan sin celebrarse desde noviembre de 2015, y esta situación constituye una infracción del Acuerdo por parte de Bosnia y Herzegovina. 

Kosovo es un candidato potencial a la adhesión a la Unión. Declaró su independencia de forma unilateral en febrero de 2008. Todos los Estados miembros han reconocido la independencia de Kosovo, menos cinco (Chipre, Eslovaquia, España, Grecia y Rumanía). De entre los países de la región, Serbia y Bosnia y Herzegovina tampoco han reconocido a Kosovo como Estado independiente. En septiembre de 2018 el Parlamento Europeo dio un paso más y decidió entablar negociaciones interinstitucionales, actualmente en curso. No obstante, el hecho de que no todos los países miembros actualmente reconozcan su independencia supone un gran freno.

Negociando el acceso: Montenegro y Serbia

Montenegro, uno de los Estados más pequeños del continente europeo, ha formado parte de diferentes imperios y Estados a lo largo de los últimos siglos, obteniendo finalmente la independencia de manera pacífica en 2006. Solicitó su ingreso en la Unión en diciembre de 2008; se le concedió el estatuto de país candidato en diciembre de 2010, y las negociaciones de adhesión dieron comienzo en junio de 2012. A finales de 2018, se habían abierto 32 capítulos de negociación, de un total de 35.

El proceso de Serbia comenzó en diciembre de 2009 cuando el expresidente Boris Tadić presentó oficialmente la solicitud de ingreso y, además, entregó a la justicia al criminal de guerra Ratko Mladić, responsable de la masacre de Srebrenica durante la Guerra de Bosnia, que se ocultaba en territorio serbio. Sin embargo, el conflicto con Kosovo es uno de los principales obstáculos que enfrenta Serbia para alcanzar su adhesión a la Unión Europea. Se le concedió el estatuto de país candidato en marzo de 2012, después de que Belgrado y Pristina llegaran a un acuerdo sobre la representación regional de Kosovo. La apertura oficial de las negociaciones de adhesión tuvo lugar el 21 de enero de 2014. En febrero de 2018, la Comisión publicó una nueva estrategia para los Balcanes occidentales en la que se afirmaba que Serbia (al igual que Montenegro) podría ingresar en la Unión de aquí a 2025, si bien reconocía el carácter “extremadamente ambicioso” de esta perspectiva. El futuro ingreso de Serbia en la Unión, al igual que el de Kosovo, sigue estando íntimamente ligado al diálogo de alto nivel entre estos dos países, celebrado bajo los auspicios de la Unión, que debería desembocar en un acuerdo exhaustivo jurídicamente vinculante sobre la normalización de sus relaciones.

Un paso atrás en las negociaciones

En octubre de 2019 se llevó a cabo en Bruselas una cumbre cuyo objetivo era estructurar las negociaciones de los candidatos oficiales a entrar en la UE. Tanto Macedonia del Norte como Albania estaban convencidas de que se fijaría una fecha para empezar el largo proceso de negociaciones. No obstante, el proceso quedó en un punto muerto después de siete horas de disputas, en las que Francia rechazó la entrada de ambos países. Francia lideró la campaña contra esta ampliación, pero también Dinamarca y los Países Bajos se sumaron al veto. Alegan que la UE no está preparada para asumir el ingreso de nuevos Estados. “No funciona demasiado bien a 28, no funciona demasiado bien a 27, y no estoy seguro de que vaya a funcionar mejor con otra ampliación. Así pues, hemos de ser realistas. Antes de ampliar, necesitamos reformarnos nosotros mismos”, dijo el presidente francés, Emmanuel Macron.

El entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, consideró que esa suspensión constituía un gran error histórico y confió en que solo sea momentánea. Por su parte, Donald Tusk dijo que se sentía “avergonzado” por la decisión, y concluyó que Macedonia del Norte y Albania no tenían la culpa de la situación creada, pues los informes de la Comisión Europea eran claros en que ambos habían hecho lo necesario para empezar las negociaciones con la UE.

En Albania, el primer ministro, Edi Rama, afirmó que la falta de consenso entre los líderes europeos no cambiaría las futuras aspiraciones de Albania para formar parte de la UE. Aseguró que su gobierno estaba decidido a llevar adelante las reformas iniciadas, en el ámbito electoral, judicial y administrativo, porque las consideraba necesarias para el desarrollo del país, no solo porque así se pidiera en Bruselas.

Por otro lado, en Macedonia del Norte el rechazo europeo decepcionó profundamente, pues el país había procedido a reformar sus instituciones y el sistema judicial y a combatir la corrupción; también había modificado su Constitución, su nombre y su identidad nacional. La negativa dejó a este país, candidato oficial a la adhesión desde hace 14 años, en una situación de gran incertidumbre, por lo que el primer ministro Zoran Zaev decidió disolver el Parlamento y convocar elecciones para el 12 de abril de 2020 (luego pospuestas debido a la emergencia de Covid-19). “Nosotros hemos cumplido con nuestras obligaciones, pero la UE no lo ha hecho. Somos víctimas de un error histórico que ha provocado una enorme decepción”, aseguró Zaev.

Un nuevo proceso más estricto

A pesar de que, según la Comisión, Macedonia del Norte y Albania cumplían los requisitos para convertirse en candidatos de ingreso, Macron propuso endurecer el proceso de adhesión. Para poder desbloquear la situación y seguir con el proceso, que la UE asegura ser un objetivo prioritario, Bruselas ha cedido ante la petición del presidente francés fijando una nueva metodología para integrar a nuevos países.

El nuevo proceso contempla la posibilidad de reabrir capítulos de las negociaciones que se daban por cerrados o de suspender las conversaciones en marcha en alguno de los capítulos; incluso prevé paralizar el conjunto de las negociaciones. Pretende dar un peso más relevante a los gobiernos y facilitar la suspensión de fondos preadhesión o la paralización del proceso si los países candidatos paralizan o revierten las reformas comprometidas. El nuevo método se aplicará a Albania y Macedonia del Norte, cuyas negociaciones con la UE aún no han empezado, mientras que Serbia y Montenegro podrán elegir si se acogen a él, sin necesidad de cambiar su marco de negociación establecido, según la Comisión.

Uno de los principales instrumentos para combatir la pobreza pierde vigencia entre el fin de la “década oro” y el comienzo de la “segunda década perdida”

Las llamadas Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) –entrega de dinero a familias desfavorecidas con el compromiso de escolarización, revisiones médicas u otros básicos requerimientos que, junto a mejorar los ingresos de los hogares, buscaban promover las opciones de la generación más joven– han ayudado en las últimas dos décadas a aumentar notablemente la clase media en Latinoamérica. Pero una vez sobrepasado el nivel de subsistencia, recientemente los ciudadanos comenzaron a reclamar una mejora de servicios, como la enseñanza, la sanidad o los transportes –así se vio en las protestas de meses pasados en la región–, algo a lo que las TMC ya no daban respuesta. Cuando los países pensaban en readaptar sus políticas, respondiendo a ese cambio de perspectiva, la crisis provocada por el Covid-19 amenaza con arrojar de nuevo a millones de personas en la pobreza, de manera que las transferencias monetarias vuelven a ser necesarias, esta vez no condicionadas.

▲ Beneficiarios de Bolsa Família de Brasil, uno de los pioneros programas de transferencias monetarias condicionadas [Gob. de Brasil]

ARTÍCULO / María Gabriela Fajardo

Los primeros programas de Trasferencias Monetarias Condicionadas (TMC) en América Latina, región pionera en la puesta en marcha de este instrumento, se desarrollaron a mediados de la década de 1990 en Brasil y México con la intención de “transformar y detener la transmisión intergeneracional de la pobreza mediante el desarrollo de las capacidades humanas en las familias más vulnerables”, como dijo un informe de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas). Las TMC se diseñaron para brindar apoyo a familias en situación de pobreza o pobreza extrema con hijos menores de edad. La entrega de esas ayudas monetarias (también no monetarias) se realizaban siempre y cuando las familias cumplieran con condiciones básicas de salud, educación y nutrición de los menores.

La implementación de las TMC se expandió rápidamente por toda la región. En 1997, solo cuatro países contaban con alguno de estos programas: Brasil (Bolsa Escola), Ecuador (Bono Solidario), Honduras (Programa de Asignación Familiar) y México (Progresa). Una década después, casi todos los países latinoamericanos habían adaptado la iniciativa.

Si bien en ciertos casos esta herramienta ha sido controvertida, dado que algunos gobiernos la han podido utilizar como “instrumento de política social y se discute su focalización como una estrategia de abordaje de acciones que deben operar bajo presupuestos restringidos”, según advierte el mencionado informe de la Cepal, lo cierto es que se considera que las TMC han contribuido al progreso socioeconómico de la región. Así lo señalaba recientemente Alejandro Werner, director para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI). “En los últimos 15 años”, dijo, atribuyendo parte del mérito a las TMC, “se han hecho avances importantes en el tema de abatimiento de la pobreza y de reducción de la mala distribución del ingreso. De esta manera, es probable que Latinoamérica sea la región donde se ve la mayor mejora en la distribución del ingreso”.

Entre 2002 y 2014, tiempo conocido en Latinoamérica como la “década de oro“ (consecuencia del boom de las materias primas), la tasa de pobreza en la región se redujo del 45,4% al 27,8%, de modo que 66 millones de personas superaron esa situación, de acuerdo con el Panorama Social de América Latina 2019 publicado por la Cepal. Adicionalmente, la tasa de pobreza extrema disminuyó de un 12,2% a un 7,8%. No obstante, desde 2015, el nivel de pobreza y pobreza extrema comenzó a aumentar, patrón que ha continuado desde entonces, aunque de modo moderado. Para 2019 la Cepal pronosticó un incremento de la pobreza y pobreza extrema hasta tasas del 30,8% y del 11,5%, respectivamente, de forma que 27 millones más de personas volvieron a situaciones de pobreza en comparación con 2014. 

El reto: de la pobreza extrema, a la clase media

Esa ligera reversión indica que muchos que en esa “década de oro” accedieron a la clase media, convirtiendo a ese sector de la población por primera vez en mayoritario, se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad. Al mismo tiempo, esas personas han visto cómo, superada su previa situación de supervivencia, sus expectativas de subsiguiente progreso y de acceso a mejores servicios por parte del Estado no se han visto atendidas. El nuevo reto de muchos países era hacer que las políticas públicas giraran en torno a otros factores que permitieran la consolidación de dichas personas en la clase media. Esa desatención generó un descontento que contribuyó a las grandes protestas vividas en varios países latinoamericanos a finales de 2019.

Las mayores demandas de una población en mejores condiciones hicieron más evidentes las deficiencias estructurales. “Las carencias estructurales de la región se han vuelto más patentes y su solución es parte de las demandas de amplios grupos sociales, en particular de las nuevas generaciones”, según el informe Panorama Social. En concreto, la Cepal alertaba sobre “el acceso segmentado a servicios públicos y culturales de calidad”.

En palabras de Werner, “el haber logrado una reducción tan importante en el abatimiento de la pobreza también hace que se genere un reto importante para los hacedores de política en América Latina, ya que el diseño de las políticas sociales tiene que orientarse a atender otros factores, no al abatimiento de la pobreza extrema. No es que nos tengamos que olvidar de eso, pero claramente el reto ahora es enfocarse también en atender aquellos segmentos de la población que ya no están en la pobreza, que son clase media”. Después de subrayar la precariedad de ese gran grupo de población que ha ascendido en la escala social, el responsable del FMI para el Hemisferio Occidental indicaba que “claramente los instrumentos para atender esta vulnerabilidad son diferentes a los esquemas de transferencias condicionadas que se implementaron en el pasado”, y citaba específicamente el acceso a una educación y una salud de calidad.

Pero los Estados la han afrontado sin fuelle presupuestario la necesidad de ese cambio de paradigma. Es evidente la poca capacidad de reacción estatal para suplir las nuevas necesidades de la población vulnerable afectada por los bajos niveles educativos, las pocas oportunidades de trabajo y ineficiencia del sistema pensional.

Los países se han encontrado con que el crecimiento económico, que entre 2000 y 2013 rondó conjuntamente en torno al 2%, desde 2014 se ha ido debilitando. Así, el PIB real per cápita en la región ha disminuido un 0,6% anual. Las causas de esta disminución en el crecimiento económico se pueden clasificar en dos factores, como ha explicado Werner. En primer lugar, las causas estructurales han inhibido el crecimiento potencial debido a “la escasez de inversión, el lento aumento de la productividad, un clima no apto para los negocios, la baja calidad de la infraestructura y la educación”. En segundo lugar, dentro de las causas cíclicas, destaca el escaso crecimiento económico mundial y el bajo precio de las materias primas; también han afectado la incertidumbre de grandes economías regionales como Brasil y México, los parones económicos repentinos de economías estresadas como Argentina y Ecuador, y las tensiones sociales que tuvieron lugar en el ultimo trimestre del 2019.

Coronavirus

La emergencia de la pandemia de Covid-19 ha venido a empeorar las perspectivas económicas para América Latina y el Caribe, zona para la que el informe de abril de 2020 prevé una caída del 5,2% del PIB en este año. Aunque el FMI estima una recuperación del 3,4% en 2021, esta no será suficiente para alejar el temor a una nueva “década perdida”. En su intervención más reciente para comentar estos datos, Werner advirtió que entre 2015 y 2025 el PIB per cápita “quedará plano”.

Para hacer frente a esta nueva situación, socialmente agravada por la crisis sanitaria y el padecimiento de tanta gente, los gobiernos están recurrido a transferencias monetarias directas, no ya condicionadas, a lo hogares vulnerables. De alguna manera, se vuelve a un estadio de necesidad incluso previo, anterior al momento en que se extendieron las TMC. Se vuelve a la urgencia de la década de 1980, conocida en Latinoamérica como la década perdida, en la que los países tuvieron que aplicar medidas de choque para salir de una grave crisis de deuda pública.

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, cree que aún es pronto para hablar de segunda década perdida, pero coincide en que el momento conduce a programas de transferencias no condicionadas. “La gran pregunta es si todo lo que conseguimos en los últimos 15 años en términos de reducción de pobreza y pobreza extrema, con la incorporación de algunos latinoamericanos a las clases medias, se va a perder o si por el contrario la capacidad de los sistemas sociales y todo el impulso de los gobiernos de aumentar la deuda y el gasto público logra amortiguar los efectos”, afirma Moreno. Todos los países “están fortaleciendo los programas de transferencias que se desarrollaron hace ya casi dos décadas, y que han tenido muchísimo éxito”, si bien “en este caso no van a ser condicionadas, para preservar el ingreso de muchas familias”.

Apart from China, Italy has received aid from Russia and Cuba, making a risky geopolitical move in the European context

The global spreading of the virus is putting under stress the big ally of the Union, the United States, which is demonstrating its lack of an efficient social health care system. Furthermore, the initial refusal of Washington to send help to the EU was seen as an opportunity for countries like Russia, China and Cuba to send medical and technical support to those countries of the EU that are most affected by the virus. Italy has taken aid send by Beijing, Moscow and Havana, shaking the geopolitical understandings of the EU´s foreign policy.

▲ Russia's aid arrived in Italy in the middle of the pandemic crisis [Russian Defense Ministry]

ARTICLE / Matilde Romito

The World Health Organisation (WHO) declared Corona Virus (Covid-19) a pandemic on the 11th of March, 2020. The fast widespread of the virus pushed numerous countries around the world and especially in Europe where there is the highest number of confirmed cases, to call for a lockdown. This extreme measure not only is leading the EU and the entire world towards an unprecedented economic crisis, but it is also redefining geopolitics and the system of alliances we were used to.

The pandemic. On January 30, 2020, the World Health Organisation (WHO) declared the first outbreak of novel coronavirus a ‘public health emergency of international concern’. In mid-February, numerous cases of corona virus began to be reported in northern Italy and in several European countries. Initially, the spread of the virus mainly hit Italy, which reported the biggest number of cases among the EU states. In March, Italy started with the implementation of social-distancing measures and the consequent lockdown of the country, followed by Spain, France and other European countries. On March 11, 2020, the WHO declared covid-19 a global pandemic. Currently, Europe is the region of the world with the highest number of confirmed cases. According to the WHO, on April 6, Europe reached 621,407 cases compared to the 352,600 cases in America and the 112,524 in Western Asia.

The global lockdown. At first, several major airlines suspended their flights from and to China, in order to avoid further contaminations. Now, the majority of flights in Europe and in other regions have been cancelled. The biggest areas of world are under lockdown and the economic consequences of this are becoming more and more evident. A forced social distancing seems to be the only way to contain the spread of the virus and the closing of national borders is currently at the center of states' policies to combat the virus. However, some European countries, such as Sweden, do not seem to agree on this.

Lack of solidarity

We are assisting to a global situation of 'everybody for oneself,' and this has become highly evident within the EU itself. Individual countries within the Union have shown high levels of egoism on different occasions. The North-South divide within the EU is clearer than ever, particularly between the Netherlands and Austria on the one side, and Italy, Spain, France and Greece on the other side. The former group of countries is asking for compromise and conditions to lend money to the most afflicted ones for countering the crisis, while the latter group is asking the EU to share the debts accumulated in order to save European economies (eurobonds).

The different spread-intensity of the virus in different European countries has shown more than once the fragility of the Union, which demonstrated to be led by the arrogance of the rich. On different occasions European leaders have shown a lack of European identity, solidarity and common vision. For instance, at the beginning of the crisis France and Germany attempted to 'cover with the European flag' medical products directed to Italy, by declaring them 'European products', trying to compensate the initial inaction of the EU. Another example, could be the seizure by the Czech Republic of 110,000 Chinese masks and thousands of breathing supports, which were destined to Italy (March the 21st). Moreover, the lack of unity also came from an unjustified action of protectionism undertaken by Poland, which closed its market to agricultural products coming from Italy on March 18, despite it was already known that the virus could not be spread through such products.

Nevertheless, there are some good and unexpected examples of solidarity. For instance, a good lesson on European solidarity came from the small state of Albania. The Albanian prime minister Edi Rama taught European leaders what it means to be part of the EU by sending a medical unit to the Italian region of Lombardy, despite the numerous difficulties Albania is facing, thus showing that the fight against the virus has no nationality and it cannot leave room for egoistic calculations. Moreover, more recently Germany has accepted to receive and take care of numerous patients coming from Italy, where the majority of health infrastructures are saturated.

Overall, little comprehension and solidarity has been shown between European member states, thus being criticised by the European Commission president, Ursula Von Der Leyen.

Geopolitical tensions

The EU is going through numerous changes in the relations between its members. The closing up of individual countries poses a big challenge to the EU itself, which is founded on freedom of movement of people and goods.

Currently, sending masks and medicines seems to have become the main means for countries to exert influence in global affairs. The global spreading of the virus is putting under stress the big ally of the Union, the United States (US), which is demonstrating its lack of an efficient social health care system. Furthermore, the initial refusal of Washington to send help to the EU was seen as an opportunity for countries like Russia, China and Cuba to send medical and technical support to those countries of the EU that are most affected by the virus, like Italy and Spain. After having seen its hegemonic position in Europe under threat, the US decided to send monetary help to some European countries, such as 100 million dollars to Italy, in order to help in countering the emergency.

At the end, the EU seems to start standing all together. But, did the European countries take action on time? Generally, countries, like human beings, are more likely to remember one bad impression better than numerous good ones. Therefore, are countries like Italy going to 'forgive' the EU and its initial inactivity? Or are they going to fall back on countries like Russia and China, which have shown their solidarity since the beginning?

Furthermore, did the EU take action because of an inherent identity and solidarity? Or was it just a counteraction to the Chinese and Russian help? It seemed that specifically Germany's mobilisation followed the exhortation of the former president of the European Central Bank (ECB), Mario Draghi. He accused Germany and other countries of taking advantage of the virus for imposing a 'conditionality' to the countries that were asking for help. Moreover, in an interview on the Financial Times he called for an exceptional investment in the economies and for a guarantee of the debts, in order to jointly face the crisis, because no country can face this unprecedented threat alone. Now, anti-virus economic action turned into a matter of urgency for Europe and the European Commission is working on a common European response to the crisis.

Future perspectives

Probably, after the end of the virus spread, the world will assist to important changes in the global dynamics of alliances. Russia and China will most likely have one or more European allies to advance their interests in the EU. On the one side, this could lead to a further weakening of the EU governance and to the re-emergence of nationalism on states' behaviour within the Union. And on the other side, it could lead to the development of further mechanisms of cooperation among the EU members, which will go beyond the eurobonds and will probably extend to the sanitary dimension.

To preserve its unity, the European political-economic-cultural area will need to be strengthened, by fighting inequalities with a new model of solidarity. Its future prosperity will most likely depend on its internal market.

Nevertheless, for now the only thing we can be sure about is that the first impression on the EU was very bad and that this situation is going to lead all of us towards an unprecedented economic crisis, which most probably will redefine the political relationships between the world's biggest regions.

La Alianza mantiene su acento sobre Rusia, pero por primera vez expresa su preocupación por actuaciones de Pekín

La OTAN había comenzado 2020 con el ánimo de dejar atrás los problemas internos de su particular annus horribilis –un 2019 en el que la organización había alcanzado la “muerte cerebral”, según el presidente francés, Emmanuel Macron–, pero la ausencia de normalidad mundial por crisis del coronavirus está dificultando poner plenamente en práctica lo acordado en la Cumbre de Londres, celebrada el pasado mes de diciembre para conmemorar el 70 aniversario de la creación de la Alianza. Precisamente, la Declaración de Londres expresó preocupación por actuaciones de China en asuntos como el 5G.

▲ Países integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte [OTAN]

ARTÍCULO / Jairo Císcar

Las Cumbres de la OTAN reúnen los Jefes de Estado y/o de Gobierno de los países miembros y sirven para tomar decisiones estratégicas del más alto nivel, tales como la puesta en práctica de nuevas políticas (como, por ejemplo, el Nuevo Concepto Estratégico en la Cumbre de Lisboa 2010), la introducción de nuevos miembros en la Alianza (Cumbre de Estambul 2004, con siete nuevos miembros), o el anuncio de grandes iniciativas, como se hizo en la Cumbre de Newport 2014, donde se anunció el core coalition de lo que después sería la Coalición Internacional contra el Estado Islámico.

La Cumbre de Londres tuvo lugar el 3 y 4 de diciembre para celebrar el 70 aniversario de la creación de la Alianza, que tuvo su primera sede en la capital británica. En las reuniones de trabajo, a las que asistieron los 29 estados miembros, la atención se puso sobre tres asuntos principales: (a) la permanente tensión-distensión entre Washington y París; (b) la cuestión económica, tanto por la guerra comercial entre la industria de Defensa europea y estadounidense como en la inversión en Defensa de los países miembros; y (c) la gestión de una Turquía cada vez más díscola.

a) En cuanto a la disputa Washington-París, se asistió a un nuevo capítulo de las dos formas de entender la Alianza Atlántica por parte de dos de los países más comprometidos con ella. Mientras que EEUU sigue insistiendo en la importancia de focalizar los esfuerzos de la Alianza en un eje Oriental (frente a Rusia y al yihadismo de Oriente Medio), Francia aspira a que el eje estratégico de la OTAN se centre en el Sur, en el Sahel africano. Esta es una visión que comparte y apoya España, que participa en varias misiones en suelo africano como la EUTM-Malí o el Destacamento Marfil en Senegal (que proporciona transporte estratégico en la zona a los países participantes en AFISMA y especialmente a Francia). Para el Sur de Europa, la mayor amenaza es la yihadista, y tiene su centro de gravedad en África. Así lo hizo saber Macron.

b) La cuestión económica sigue siendo fundamental, y así fue tratada en la Cumbre. Desde la Cumbre de Newport 2014, en la cual los 29 miembros acordaron dirigir sus esfuerzos a aumentar el gasto en Defensa para llegar al menos al 2% del PIB, solo nueve han logrado el objetivo (España se encuentra a la cola, superando con un irrisorio 0,92% solo a Luxemburgo). Estados Unidos, a la cabeza de la inversión en Defensa dentro de la OTAN, aporta el 22% de todo el presupuesto. La Administración Trump no solo quiere este aumento para que la Alianza disponga de ejércitos más grandes, preparados y modernizados, sino que enmarca el incremento en una ambiciosa estrategia comercial, con el F-35 “Lightning” como principal producto. Como ejemplo, Polonia: tras llegar al 2% requerido, este país anunció la compra de 35 F-35 y su soporte de software y técnico por $6.500 millones. Así, EEUU pudo hacer frente a las pérdidas causadas por la ruptura del acuerdo con Turquía tras adquirir los otomanos el sistema S-400 ruso. Polonia se une con esta adquisición al club de otros siete miembros OTAN con este avión, haciendo frente a la ofensiva comercial del bloque productor europeo para seguir vendiendo paquetes de “Eurofighter” y, especialmente, el reciente Future Combat Air System (liderado por Airbus y Dassault), del que España forma parte. Europa quiere crear una fuerte comunidad de Industria de Defensa por razones de autosuficiencia y para competir en los mercados frente a la industria estadounidense, por lo que nos encontramos ante una “mini” guerra comercial entre países aliados.

c) Respecto a Turquía, el miembro más incómodo de la OTAN, hubo una clara sensación negativa. Se trata de un aliado poco fiable, que está atacando a otros aliados en la Operación “Inherent Resolve” como las milicias kurdas, consideradas terroristas por el gobierno de Ankara. Planeaba sobre los líderes presentes en Londres el temor de una posible invocación del Artículo 5 del Tratado de Washington por parte de Turquía llamando a un enfrentamiento activo en Siria. La OTAN no tiene mucha opción, pues si no aguanta a Erdogan le estaría empujando del todo a la órbita rusa.

Declaración de Londres

El comunicado final de la cumbre evidenció un cambio del foco en el seno de la Alianza: hasta ahora, Rusia era la mayor preocupación y, si bien sigue siendo prioritaria, China está tomando su lugar. La Declaración puede dividirse en tres bloques.

1) El primer bloque funciona como parche de emergencia, con ánimo de contentar a las voces más discordantes y crear una fotografía de aparente unión sin fisuras. En su primer punto, los estados miembros reafirman el compromiso de todos los países con los valores comunes que comparten, citando la democracia, la libertad individual, los derechos humanos y el estado de derecho. Como un gesto hacia Turquía, se menciona el Artículo 5 como la piedra angular del Tratado del Atlántico Norte. Está claro que, al menos a corto-medio plazo, los países occidentales quieren conservar a Turquía como socio, estando dispuestos a ceder en pequeños gestos.

Más adelante, la Alianza insiste en la necesidad de “continuar reforzando las capacidades, tanto de los estados miembros como colectivas, para resistir toda forma de ataque”. Con respecto al objetivo del 2%, primordial para EEUU y los Estados que más gastan, se afirma que se están haciendo buenos progresos, pero que se “debe hacer y se hará más”.

2) El siguiente bloque entra en materia puramente estratégica y menos política. La Alianza hace notar que el actual sistema internacional está siendo atacado por actores estatales y no estatales. Resalta la amenaza que supone Rusia para la región Euroasiática e introduce la inmigración irregular como fuente de inestabilidad.

Con respecto a esta estabilización, las principales líneas maestras de la Alianza serán las de asegurar la presencia en Afganistán a largo plazo, la de una mayor colaboración con la ONU, así como la de la colaboración directa OTAN-UE. La Alianza quiere aumentar su presencia a nivel mundial, así como su trabajo a todos los niveles. Muestra de ello es la próxima incorporación de Macedonia del Norte como 30º miembro de la Alianza, lanzando un claro mensaje a Rusia de que no hay sitio en Europa para sus influencias.

De manera clara, para la OTAN nos encontramos en conflictos de 4ª generación, con el uso de guerra cibernética e híbrida. Se menciona el compromiso por tener una seguridad 360º dentro de la Alianza. Esta es consciente de la realidad cambiante del campo de batalla y del plano internacional, y muestra su compromiso para adaptar y actualizar sus capacidades.

3) Como tercer bloque, por primera vez se menciona a China directamente como un asunto que requiere decisiones conjuntas. El liderazgo que está asumiendo China en el campo de las comunicaciones e internet, especialmente con la tecnología del 5G, preocupa profundamente en el seno atlantista. En un entorno de operaciones donde la ciberguerra y la guerra híbrida van a cambiar la manera de hacer frente a un conflicto, se quiere asegurar la resiliencia de unas sociedades completamente dependientes de la tecnología, especialmente protegiendo las infraestructuras críticas (edificios de gobierno, hospitales…) y la seguridad energética. En Londres se proclamó, además, la importancia de desarrollar sistemas propios para no depender de los proveídos por países que los puedan utilizar contra los consumidores, así como la necesidad de aumentar las capacidades ofensivas y defensivas en el entorno cíber. Se reconoce que la creciente influencia china en el ámbito internacional presenta tanto oportunidades como riesgos, y que es un asunto que debe ser objeto de un seguimiento cercano y permanente.

El Documento finaliza con una declaración de intenciones: “En tiempo de retos, somos más fuertes como Alianza y nuestra población está más segura. Nuestra unión y compromiso mutuo ha garantizado nuestras libertades, valores y seguridad a lo largo de 70 años. Actuamos hoy para asegurar que la OTAN garantiza estas libertades, valores y seguridad para las generaciones venideras”

Si bien ha sido una cumbre agridulce, con múltiples desencuentros y comentarios desafortunados, la realidad es que, fuera de la política, la Alianza está preparada. Es consciente de las amenazas a las que se enfrenta, tanto internas como externas. Conoce la realidad del mundo actual y quiere actuar en consecuencia, con un grado de implicación mayor y más duradero. A pesar de que las palabras muchas veces se han quedado en el papel, esta Declaración y esta Cumbre muestran a una Alianza que, con sus particularidades, está preparada para afrontar los retos del siglo XXI; sus viejos fantasmas como Rusia, y sus nuevas amenazas como China.

The Trump Administration’s Newest Migration Policies and Shifting Immigrant Demographics in the USA

New Trump administration migration policies including the "Safe Third Country" agreements signed by the USA, Guatemala, El Salvador, and Honduras have reduced the number of migrants from the Northern Triangle countries at the southwest US border. As a consequence of this phenomenon and other factors, Mexicans have become once again the main national group of people deemed inadmissible for asylum or apprehended by the US Customs and Border Protection.

▲ An US Border Patrol agent at the southwest US border [cbp.gov]

ARTICLE / Alexandria Casarano Christofellis

On March 31, 2018, the Trump administration cut off aid to the Northern Triangle countries in order to coerce them into implementing new policies to curb illegal migration to the United States. El Salvador, Honduras, and Guatemala all rely heavily on USAid, and had received 118, 181, and 257 million USD in USAid respectively in the 2017 fiscal year.

The US resumed financial aid to the Northern Triangle countries on October 17 of 2019, in the context of the establishment of bilateral negotiations of Safe Third Country agreements with each of the countries, and the implementation of the US Supreme Court’s de facto asylum ban on September 11 of 2019. The Safe Third Country agreements will allow the US to ‘return’ asylum seekers to the countries which they traveled through on their way to the US border (provided that the asylum seekers are not returned to their home countries). The US Supreme Court’s asylum ban similarly requires refugees to apply for and be denied asylum in each of the countries which they pass through before arriving at the US border to apply for asylum. This means that Honduran and Salvadoran refugees would need to apply for and be denied asylum in both Guatemala and Mexico before applying for asylum in the US, and Guatemalan refugees would need to apply for and be denied asylum in Mexico before applying for asylum in the US. This also means that refugees fleeing one of the Northern Triangle countries can be returned to another Northern Triangle country suffering many of the same issues they were fleeing in the first place.

Combined with the Trump administration’s longer-standing “metering” or “Remain in Mexico” policy (Migrant Protection Protocols/MPP), these political developments serve to effectively “push back” the US border. The “Remain in Mexico” policy requires US asylum seekers from Latin America to remain on the Mexican side of the US-Mexico border to wait their turn to be accepted into US territory. Within the past year, the US government has planted significant obstacles in the way of the path of Central American refugees to US asylum, and for better or worse has shifted the burden of the Central American refugee crisis to Mexico and the Central American countries themselves, which are ill-prepared to handle the influx, even in the light of resumed US foreign aid. The new arrangements resemble the EU’s refugee deal with Turkey.

These policy changes are coupled with a shift in US immigration demographics. In August of 2019, Mexico reclaimed its position as the single largest source of unauthorized immigration to the US, having been temporarily surpassed by Guatemala and Honduras in 2018.

US Customs and Border Protection data indicates a net increase of 21% in the number of Unaccompanied Alien Children from Mexico, Guatemala, Honduras, and El Salvador deemed inadmissible for asylum at the Southwest US Border by the US field office between fiscal year 2019 (through February) and fiscal year 2020 (through February). All other inadmissible groups (Family Units, Single Adults, etc.) experienced a net decrease of 18-24% over the same time period. For both the entirety of fiscal year 2019 and fiscal year 2020 through February, Mexicans accounted for 69 and 61% of Unaccompanied Alien Children Inadmisibles at the Southwest US border respectively, whereas previously in fiscal years 2017 and 2018 Mexicans accounted for only 21 and 26% of these same figures, respectively. The percentages of Family Unit Inadmisibles from the Northern Triangle countries have been decreasing since 2018, while the percentage of Family Unit Inadmisibles from Mexico since 2018 has been on the rise.

With asylum made far less accessible to Central Americans in the wake of the Trump administration's new migration policies, the number of Central American inadmisibles is in sharp decline. Conversely, the number of Mexican inadmisibles is on the rise, having nearly tripled over the past three years.

Chain migration factors at play in Mexico may be contributing to this demographic shift. On September 10, 2019, prominent Mexican newspaper El Debate published an article titled “Immigrants Can Avoid Deportation with these Five Documents.” Additionally, The Washington Post cites the testimony of a city official from Michoacan, Mexico, claiming that a local Mexican travel company has begun running a weekly “door-to-door” service line to several US border points of entry, and that hundreds of Mexican citizens have been coming to the municipal offices daily requesting documentation to help them apply for asylum in the US. Word of mouth, press coverage like that found in El Debate, and the commercial exploitation of the Mexican migrant situation have perhaps made migration, and especially the claiming of asylum, more accessible to the Mexican population.

US Customs and Border Protection data also indicates that total apprehensions of migrants from Mexico, Guatemala, Honduras, and El Salvador attempting illegal crossings at the Southwest US border declined 44% for Unaccompanied Alien Children and 73% for Family Units between fiscal year 2019 (through February) and fiscal year 2020 (through February), while increasing for Single Adults by 4%. The same data trends show that while Mexicans have consistently accounted for the overwhelming majority of Single Adult Apprehensions since 2016, Family Unit and Unaccompanied Alien Children Apprehensions until the past year were dominated by Central Americans. However, in fiscal year 2020-February, the percentages of Central American Family Unit and Unaccompanied Alien Children Apprehensions have declined while the Mexican percentage has increased significantly. This could be attributed to the Northern Triangle countries’ and especially Mexico’s recent crackdown on the flow of illegal immigration within their own states in response to the same US sanctions and suspension of USAid which led to the Safe Third Country bilateral agreements with Guatemala, Honduras, and El Salvador.

While the Trump administration’s crackdown on immigration from the Northern Triangle countries has effectively worked to limit both the legal and illegal access of Central Americans to US entry, the Trump administration’s crackdown on immigration from Mexico in the past few years has focused on arresting and deporting illegal Mexican immigrants already living and working within the US borders. Between 2017 and 2018, ICE increased workplace raids to arrest undocumented immigrants by over 400% according to The Independent in the UK. The trend seemed to continue into 2019. President Trump tweeted on June 17, 2019 that “Next week ICE will begin the process of removing the millions of illegal aliens who have illicitly found their way into the United States. They will be removed as fast as they come in.” More deportations could be leading to more attempts at reentry, increasing Mexican migration to the US, and more Mexican Single Adult apprehensions at the Southwest border. The Washington Post alleges that the majority of the Mexican single adults apprehended at the border are previous deportees trying to reenter the country.

Lastly, the steadily increasing violence within the state of Mexico should not be overlooked as a cause for continued migration. Within the past year, violence between the various Mexican cartels has intensified, and murder rates have continued to rise. While the increase in violence alone is not intense enough to solely account for the spike that has recently been seen in Mexican migration to the US, internal violence nethertheless remains an important factor in the Mexican migrant situation. Similarly, widespread poverty in Mexico, recently worsened by a decline in foreign investment in the light of threatened tariffs from the USA, also plays a key role.

In conclusion, the Trump administration’s new migration policies mark an intensification of long-standing nativist tendencies in the US, and pose a potential threat to the human rights of asylum seekers at the US-Mexico border. The corresponding present demographic shift back to Mexican predominance in US immigration is driven not only by the Trump administration’s new migration policies, but also by many other diverse factors within both Mexico and the US, from press coverage to increased deportations to long-standing cartel violence and poverty. In the face of these recent developments, one thing remains clear: the situation south of the Rio Grande is just as complex, nuanced, and constantly evolving as is the situation to the north on Capitol Hill in the USA.

Empresas chinas desarrollan cuatro proyectos mineros en la isla; Trump ofreció comprarla

El deshielo del Ártico abre nuevas rutas marítimas y otorga especial valor a ciertos territorios, como Islandia o especialmente Groenlandia, cuyo enorme tamaño también esconde grandes recursos naturales. Empresas mineras chinas están presentes en la 'Tierra Verde' desde 2008; el gobierno danés ha querido poner freno a un incremento de influencia de Pekín asumiendo directamente la construcción de tres aeropuertos en lugar de que quedaran bajo gestión china. Copenhague teme veladamente que China fomente la independencia de los groenlandeses, mientras la Casa Blanca ha ofrecido comprar la isla, como ya intentara en otros momentos de la historia.

▲ Población de Oqaatsut, en la costa oriental de Groenlandia [Pixabay]

ARTÍCULO / Jesús Rizo Ortiz

Groenlandia es la isla más grande del mundo, con más de 2 millones de kilómetros cuadrados, mientras sus habitantes no llegan a 60.000, lo que la hace el territorio con menor densidad de población del globo. Esta realidad, junto con las riquezas naturales aún por explotar y la ubicación geográfica, otorgan a esta Tierra Verde una gran importancia geoestratégica. Además, el calentamiento global y la puga por el nuevo orden mundial entre EEUU, China y Rusia sitúan a este territorio dependiente de Dinamarca en el centro de las dinámicas geopolíticas, por primera vez en su historia.

Debido al deshielo del Océano Ártico están surgiendo nuevas rutas de comunicación entre los continentes americano, europeo y asiático. Estas vías, aunque en el futuro permanezcan sujetas a limitaciones, están haciéndose cada vez más accesibles y durante más tiempo a lo largo del año. Groenlandia constituye un punto estratégico de control y suministro tanto de la ruta del Norte (la que sigue el contorno norte de Rusia) como del Noroeste (que atraviesa las islas septentrionales de Canadá), no solo en el caso de mercancías y barcos comerciales, sino también en términos de seguridad, ya que el deshielo del océano acorta notablemente las distancias entre los principales actores internacionales.

La posición geográfica de Groenlandia es clave, pero también lo que contiene bajo el hielo que cubre el 77% de su superficie. Se estima que el 13% de las reservas petroleras mundiales se hallan en Groenlandia, así como el 25% de las llamadas tierras raras (neodimio, disprosio, itrio...), que son fundamentales en la producción de nuevas tecnologías.

Interés de China y EEUU

Las perspectivas que abre la mayor posibilidad de navegación a través el Ártico ha llevado a que las potencias árticas elaboraren sus estrategias. Pero también China, interesada en una Ruta de la Seda Polar, ha buscado modos de estar presente el círculo ártico, y ha encontrado en Groenlandia una puerta.

La política exterior de China se concreta en gran medida en la ejecución de proyectos en zonas donde su poderío financiero es necesario, y así lo está haciendo en lugares requeridos de desarrollo como en África y Latinoamérica. Ese tipo de actuación también lo está llevando a cabo en Groenlandia, donde empresas chinas se encuentran presentes desde 2008. Los principales partidos políticos daneses ven con reticencia esa conexión con Pekín, pero la realidad es que mucha de la población groenlandesa, que en más del 80% es de origen inuit, valora positivamente las posibilidades de desarrollo local que abren las inversiones chinas. Esa diferente perspectiva se puso de manifiesto especialmente cuando en 2018 el gobierno de este territorio autónomo promovió tres aeropuertos internacionales (ampliación del de la capital, Nuuk, y construcción en los lugares turísticos de Ilulimat y Qaqortog), lo que en conjunto suponía la mayor contratación de obra pública de su historia. Aunque rápidamente desde China llegó una oferta de la constructora estatal CCCC, finalmente Copenhague decidió aportar fondos públicos daneses y participar en la propiedad de los aeropuertos, dados los recelos que levantaba la iniciativa china.

China está presente, en cualquier caso, en cuatro proyectos previos, relacionados con la minería y gestionados tanto por empresas estatales como privadas, todas ellas siguiendo los propósitos geopolíticos del gobierno chino, cuyo Ministerio de Tecnología de la Información e Industria ha expresado su interés por la actividad en Groenlandia. Esos cuatro proyectos son el de Kvanefjeld para la extracción de tierras raras, financiado principalmente Shenghe Resources; el de Iusa para la extracción de hierro, completamente financiado por General Nice; el de Wegener Halvø para la extracción de cobre, sostenido por Jiangxi Zhongrun tras un acuerdo con Nordic Mining en 2008; y por último, el denominado Citronen Base Metal, a cargo de China Nonferrus Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction (NFC).

Estados Unidos no se queda atrás en el interés por Groenlandia. Ya en la década de 1860 el presidente estadounidense Andrew Johnson destacó la importancia de Groenlandia en cuanto a recursos y posición estratégica. Casi un siglo después, en 1946, Harry Truman ofreció al gobierno danés comprar Groenlandia por 100 millones de dólares en oro. Aunque la oferta fue rechazada por Dinamarca, este país sí aceptó el establecimiento en 1951 de una base aérea estadounidense en Thule. Se trata de la base militar más septentrional del mundo, que fue clave en el transcurso de la Guerra Fría y aún hoy sigue funcionando. Esta base supone para EEUU una ventaja no solo ante la apertura comercial de nuevas travesías marítimas, sino ante una hipotética coalición chino-rusa que busque dominar la ruta del Norte. En otras palabras, dada la doble vertiente en la importancia de Groenlandia (recursos naturales y seguridad), se entiende que alguien tan poco convencional como Donald Trump haya vuelto a sugerir la posibilidad de comprar la inmensa isla, algo que Copenhague ha declinado.

Proyección de rutas a través del Ártico; la fila superior corresponde al deshielo que podría producirse con bajas emisiones, la inferior en el caso de altas emisiones [Arctic Council]

En el centro de un ‘Great Game’

Al margen de la inviabilidad hoy de una operación de ese tipo sin tener en cuenta, entre otras cosas, la voluntad de la población, es cierto que está teniendo lugar un Great Game entre los principales actores internacionales por contar con Groenlandia entre sus cartas geoestratégicas.

1) Estados Unidos ya cuenta con presencia militar en Groenlandia, así como con buenas relaciones con Dinamarca e Islandia, ambos miembros de la OTAN, por lo que el control del estrecho de Dinamarca está garantizado, así como del espacio entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido (conocido como GIUK Gap), que comunica el Ártico con el Atlántico Norte. No obstante, Washington deberá cambiar su estrategia si quiere hacerse con el control de Groenlandia, comenzando por mejorar sus relaciones con el gobierno danés y financiando proyectos en la isla.

2) Aunque sin protagonismo en relación a Groenlandia, Rusia goza de preeminencia en toda la región ártica. Es, con diferencia, el país con más presencia militar en la zona, habiendo reutilizado algunas de las instalaciones soviéticas. Es la potencia hegemónica en toda la ruta Norte, considerada por el Kremlin como la principal vía de comunicación nacional. Dado el imperio absoluto de Rusia sobre esta vía, el hielo que todavía la cubre durante gran parte del año, y el control de los EEUU en su vertiente atlántica, esta Ruta no supondrá (al menos en principio) una alternativa real y rentable al estrecho de Malaca, para desasosiego de China.

3) China presentó en 2018 su libro blanco sobre su política para el Ártico, en el que se definió como “potencia casi ártica”. De momento, se ha fijado en Groenlandia como punto fundamental en su Ruta de la Seda Polar. La ruta del Norte acortaría alrededor de una semana el tiempo de transporte entre los puertos asiáticos y europeos y sería una alternativa más que necesaria al estrecho de Malaca. En la gran isla se ha centrado Hasta ahora en la extracción de recursos, siguiendo su particular y cauto modus operandi. Además, los fondos chinos suponen para los groenlandeses una alternativa a la dependencia absoluta de Dinamarca, lo que adicionalmente favorece las pretensiones nacionalistas de la isla.

Los cambios, aunque significativos en algunos casos, no modificarán sustancialmente las corrientes comerciales entre los tres países

El nuevo Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Canadá y México ha quedado listo para su aplicación, tras la ratificación llevada a cabo en los congresos de los tres países. La revisión del anterior tratado, que entró en vigor en 1994, fue reclamada por Donald Trump en su llegada a la Casa Blanca, alegando el déficit comercial generado para EEUU en relación a Canadá y especialmente a México. Aunque se han introducido algunas correcciones significativas, siguiendo los principales planteamientos estadounidenses, no parece que el revisado acuerdo vaya a modificar sustancialmente las corrientes comerciales entre los tres países.

▲ Los presidentes Peña Nieto, Trump y Trudeau firman el acuerdo de libre comercio en noviembre de 2019 [US Gov.]

ARTÍCULO / Marcelina Kropiwnicka

El primero de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o su versión en inglés, NAFTA). Más de veinte años después y bajo la administración del presidente Donald Trump, los tres países socios abrieron un proceso de revisión del acuerdo, ahora denominado Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Canadá y México (al que cada país, poniéndose por delante, le ha dado unas siglas distintas: los mexicanos lo llaman T-MEC o TMEC, los estadounidenses USMCA y los canadienses CUSMA).

El texto del TMEC (sus siglas en español) finalmente ratificado por los tres países es coherente en general con el antiguo TLCAN. No obstante, hay distinciones particulares. Así, incluye normas de origen más estrictas en los sectores automovilístico y textil, un requisito de contenido de valor laboral actualizado en el sector del automóvil, un mayor acceso de Estados Unidos a los mercados gestionados por la oferta canadiense, disposiciones novedosas relacionadas con los servicios financieros y una especificación sobre el establecimiento de acuerdos de libre comercio con economías que no son de mercado. El objetivo conjunto es incentivar la producción en América del Norte.

Novedades negociadas en 2017–2018

Las tres partes comenzaron la negociación en verano de 2017 y al cabo de algo más un año cerraron un acuerdo, firmado por los presidentes de los tres países en noviembre de 2018. Las principales novedades introducidas hasta entonces fueron las siguientes:

1) El acuerdo revisa el porcentaje del contenido de valor regional (RVC) referido a la industria del automóvil. En el TLCAN se establecía que al menos el 62,5% de un automóvil debía estar hecho con piezas procedentes de América del Norte. El TMEC eleva el porcentaje al 75% con la intención de fortalecer la capacidad de fabricación de los países y aumentar la fuerza de trabajo en la industria automotriz.

2) En esta misma línea, para apoyar el empleo en América del Norte, el acuerdo contiene ​nuevas reglas de origen comercial para impulsar los salarios más altos al obligar a que el 40-45% de la fabricación de automóviles sea realizada por trabajadores que ganen al menos 16 dólares por hora de promedio para el año 2023; eso es aproximadamente tres veces el pago que normalmente recibe hoy un operario mexicano.

3) Aparte de la industria automotriz, el mercado de productos lácteos se abrirá para asegurar un mayor acceso de los productos lácteos de EEUU, una demanda clave para Washington. En la actualidad, Canadá tiene un sistema de cuotas nacionales que se establecieron para proteger a sus agricultores de la competencia extranjera; sin embargo, en virtud del nuevo acuerdo del TMEC, los cambios permitirán a Estados Unidos exportar hasta el 3,6% del mercado de productos lácteos de Canadá​, lo que supone un aumento del 2,6% con respecto a la disposición original del TLCAN. Otro logro clave para Trump fue la negociación de la eliminación por parte de Canadá de lo que se conoce como sus ​clases de leche 6 y 7​.

4) Otro aspecto nuevo es la cláusula de extinción. El TLCAN tenía una cláusula de extinción automática o una fecha de finalización predeterminada del acuerdo, lo que significaba que cualquiera de las tres partes podía retirarse del acuerdo, previo aviso de seis meses sobre el retiro; si esto no ocurría, el acuerdo se mantenía indefinido. Sin embargo, el TMEC prevé una duración 16 años, con la opción de reunirse, negociar y revisar el documento después de seis años, así como con la posibilidad de renovar el acuerdo una vez transcurridos los 16 años.

5) El pacto de los tres países también incluye un capítulo sobre el trabajo que ancla en el núcleo del acuerdo las obligaciones laborales, haciendo más exigente su ejecución.

Reformas en México

Precisamente para hacer más creíble ese último punto, los negociadores de EEUU y Canadá exigieron que México hiciera cambios en sus leyes laborales para acelerar el proceso de aprobación y ratificación del TMEC por parte de los legisladores de Washington y Ottawa. Los líderes de la Cámara de Representantes de EEUU habían dudado de la capacidad de México para cumplir específicamente con los puntos de derechos laborales del acuerdo. Uno de los principales objetivos del presidente Trump en la renegociación era asegurar a los trabajadores estadounidenses que se superaría la situación de competencia desigual.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta al Congreso de EEUU garantizando la implementación de un plan de cuatro años para asegurar el logro de los derechos laborales adecuados. López Obrador se comprometió a un desembolso de 900 millones de dólares en los siguientes cuatro años para cambiar el sistema de justicia laboral y asegurar que las disputas entre trabajadores y empleadores se resuelvan de manera oportuna. México también ha invertido en la construcción de un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, donde los conflictos laborales serán abordados antes de su audiencia en la corte.

Obrador mostró su compromiso con las reformas laborales asegurando al menos un aumento del 2% del ​salario mínimo en México​. Lo más notable es que la exigencia del voto directo de los líderes sindicales modificará el funcionamiento de las organizaciones de trabajadores. Con elecciones directas, las decisiones sobre los convenios colectivos serán más transparentes. El plan mexicano para mejorar el entorno laboral comenzará en 2020.

Novedades de 2019 para facilitar la ratificación

Ante las demandas planteadas en el Congreso de EEUU, sobre todo por la mayoría demócrata, para ratificar el tratado, los negociadores procedieron a dos revisiones importantes del TCLAN. Una de ellas dirigida principalmente a revisar una amplia cantidad de disposiciones relativas a la propiedad intelectual, los productos farmacéuticos y la economía digital:

6) El capítulo dedicado a los derechos de propiedad intelectual busca responder a inquietudes de EEUU para impulsar la innovación, generar crecimiento económico y respaldar puestos de trabajo. Por primera vez, según el representante de ​Comercio de Estados Unidos​, las adiciones incluyen: normas estrictas contra la elusión de las medidas de protección tecnológica de música, películas y libros digitales; una fuerte protección para la innovación farmacéutica y agrícola; una amplia protección contra el robo de secretos comerciales, y autoridad de oficio para que los funcionarios detengan mercancías presuntamente falsificadas o pirateadas.

7) También se ha incluido un nuevo capítulo sobre comercio digital que contiene controles más estrictos que cualquier otro acuerdo internacional, lo que consolida los cimientos para la expansión del comercio y la inversión en esferas en las que EEUU tiene una ventaja competitiva.

8) El redactado final elimina una garantía de 10 años de protección de la propiedad intelectual para los ​medicamentos biológicos​, que son algunos de los medicamentos más caros del mercado. Asimismo, suprime conceder tres años adicionales de excluvisidad de propiedad intelectual para medicamentos a los que se encuentre un nuevo uso.

Un segundo grupo de cambios de última hora hace referencia a mayores protecciones medioambientales y laborales:

9) Lo relativo al medio ambiente cubre 30 páginas, que esbozan las obligaciones para combatir el tráfico de vida silvestre, madera y pescado; fortalecer la aplicación de la ley para detener dicho tráfico, y abordar cuestiones ambientales críticas como la calidad del aire y los residuos marinos. Entre las ​nuevas obligaciones figuran: la protección de diversas especies marinas, la implantación de métodos adecuados para las evaluaciones de impacto ambiental, y la adecuación a las obligaciones de siete acuerdos ambientales multilaterales. En particular, México está de acuerdo en mejorar la vigilancia para poner fin a la pesca ilegal, y los tres países acuerdan dejar de subvencionar la pesca de especies sobreexplotadas. Para aumentar la responsabilidad ambiental, los demócratas de la Cámara de Representantes de EEUU instaron a que se cree un comité interinstitucional de supervisión. Sin embargo, el tratado no en asuntos de cambio climático.

10) Para asegurar que México cumple lo prometido respecto al ámbito laboral, los demócratas de la Cámara de Representantes forzaron la creación de un comité interagencial que monitoree la implementación de la ​reforma laboral de México y el cumplimiento de las obligaciones laborales. A pesar del nuevo y único requisito de la ‘LVC’, una regla de contenido de valor laboral, todavía será difícil imponer un salario mínimo a los fabricantes de automóviles mexicanos. No obstante, los demócratas estadounidenses esperan que la condición obligue a los fabricantes de automóviles a comprar más suministros de Canadá o EEUU o que haga que los salarios de los fabricantes de automóviles en México aumenten.

El acuerdo finalmente ratificado reemplazará el que está vigor desde hace 25 años. En general el paso del TLCAN al TMEC no debería causar un efecto drástico en los tres países. Es un acuerdo progresivo que supondrá ligeros cambios: ciertas industrias se verán afectadas, como la automotriz y la lechera, pero en una pequeña proporción. A largo plazo, dadas las modificaciones introducidas, los salarios debieran aumentará en México, lo que disminuiría la migración mexicana a EEUU. Las empresas se verán afectadas a largo plazo, pero con planes de respaldo y nuevos rediseños es de esperar que el proceso de transición sea suave y mutuamente beneficioso.

El 27% de la riqueza privada total latinoamericana está depositada en territorios que ofrecen un tratamiento impositivo favorable

Latinoamérica es la región mundial con mayor porcentaje de riqueza privada “offshore”. La cercanía de paraísos fiscales, en diversos países o dependencias insulares del Caribe, puede facilitar la llegada de esos capitales, algunos generados de forma ilícita (narcotráfico, corrupción) y todos evadidos de unas instituciones fiscales nacionales con poca fuerza supervisora y coercitiva. Latinoamérica dejó de ingresar impuestos en 2017 por valor de 335.000 millones de dólares, lo que representó el 6,3% de su PIB.

▲ Playa del Caribe [Pixabay]

ARTÍCULO / Jokin de Carlos Sola

Contrasta la riqueza natural de los países latinoamericanos con la precariedad de la situación económica de buena parte de sus sociedades. Tierras ricas en petróleo, minerales y bienes primarios no consiguen en ocasiones alimentar a todos sus ciudadanos. Una de las razones de esa deficiencia es la frecuencia con la cual empresas y dirigentes tienden a evadir impuestos, alejando el capital de sus países.

Una de las razones de la tendencia a evadir impuestos es el gran tamaño de la economía sumergida y las carencias de los Estados para implementar los sistemas impositivos. Otra es la presencia cercana de paraísos fiscales en el Caribe, básicamente vinculados históricamente a Reino Unido. Estos territorios con características fiscales beneficiarias han atraído capital proveniente del continente.

Historia

La historia de la evasión fiscal es larga. Su relación con Latinoamérica y los archipiélagos británicos caribeños, sin embargo, tiene su origen en la caída del Imperio Británico.

A partir de 1945, Gran Bretaña comenzó a perder poco a poco las posesiones coloniales que tenía repartidas por el mundo. El efecto financiero fue claro: millones de libras se perdieron o fueron sacadas de operaciones en todo el imperio. Para hacer frente a esa situación y poder mantener su poder financiero mundial, los banqueros de la City de Londres pensaron en crear campos de acción fuera de la jurisdicción del Banco de Inglaterra, desde donde pudieran operar también banqueros de todo el mundo (especialmente norteamericanos) para evitar sus respectivas regulaciones nacionales. Surgió entonces una nueva oportunidad en los territorios de ultramar británicos, algunos de los cuales no se independizaron, sino que mantuvieron su vinculación, aunque laxa, con Reino Unido. Fue el caso del Caribe.

En 1969 las islas Caimán crearon la primera legislación sobre secreto bancario. Fue el primer territorio de ultramar convertido en paraíso fiscal. A partir de oficinas establecidas allí, los bancos de la City fueron generando redes de operaciones no reguladas por el Banco de Inglaterra y con apenas supervisión local. Pronto otras jurisdicciones caribeñas siguieron los mismos pasos.

Los paraísos fiscales

Los principales paraísos fiscales del Caribe son territorios británicos de ultramar como las islas Caimán, Vírgenes y Montserrat, o algunas excolonias británicas luego independizadas, como las Bahamas. Se trata de islas con poca población y una economía pequeña. Muchos de los políticos y legisladores de esos lugares trabajan para el sector financiero británico y garantizan el secreto dentro de sus territorios.

A diferencia de otros emplazamientos que también pueden considerarse paraísos fiscales, las islas de influencia británica del Caribe ofrecen un segundo nivel de secreto además del legal: el fideicomiso. La mayor parte de quienes tienen bienes en sociedades establecidas en esos territorios lo hacen a través de la figura del fideicomiso. Bajo este sistema el beneficiario guarda sus bienes (acciones, propiedades, sociedades, etc.) en un fideicomiso el cual es administrado por un fideicomisario. Estos elementos (fideicomiso, beneficiario, fideicomisario, empresas fantasmas, etc.) están repartidos en diversas estructuras vinculadas a diferentes jurisdicciones caribeñas. De esa forma, un fideicomiso puede estar establecido en una jurisdicción, pero sus beneficiarios estar en otra diferente, el fideicomisario en una tercera y las empresas fantasmas en una cuarta. Se trata de un tipo de estructuras que para los gobiernos son casi imposibles de desarticular. Por ello cuando gobiernos de ultramar se comprometen a compartir información bancaria, por presiones de Washington o Bruselas, esta resulta es de poca utilidad por la propia estructura de secreto mencionada.

Impacto en Latinoamérica

La legislación sobre el secreto bancario surgió en Latinoamérica con el objetivo de atraer capital obtenido de forma lícita. Sin embargo, durante la década de 1970 y de 1980 esa protección sobre los datos de las cuentas corrientes atrajo también el capital obtenido a través de medios ilícitos, como el narcotráfico y la corrupción.

Durante esos años capos del tráfico de droga como Pablo Escobar usaron los beneficios de las Islas Caimán y otros territorios para esconder fortunas y propiedades. Por otra parte, varias de las dictaduras latinoamericanas también utilizaron estos mecanismos para esconder el enriquecimiento de sus líderes a través de la corrupción o incluso también de la droga, como ocurrió con el panameño Manuel Noriega.

Con el tiempo comunidad internacional aumentó su presión sobre los paraísos fiscales. En los últimos años las autoridades de las Islas Caimán y Bahamas han hecho esfuerzos para que sus estructuras de secreto no sean usadas como lavado de dinero del crimen organizado, pero no todos los territorios considerados paraísos fiscales han hecho lo mismo.

Esas redes opacas son utilizadas por una parte considerable de las grandes fortunas latinoamericanas. El 27% de la riqueza privada total de América Latina está depositada en países que ofrecen un tratamiento impositivo favorable, lo que le convierte en la región del mundo con mayor proporción de capitales privados en esos lugares, de acuerdo con un estudio de Boston Consulting Group de 2017. Según esta consultora, ese desvío de la riqueza privada es mayor en Latinoamérica que en Oriente Medio y África (23%), Europa del Este (20%), Europa Occidental (7%), Asia-Pacífico (6%) y Estados Unidos y Canadá (1%). 

Los paraísos fiscales son el destino de una parte difícil de precisar del total de 335.000 millones de dólares objeto de evasión o elusión fiscal que hubo en la región en 2017, cifra que constituyó el 6,3% del PIB latinoamericano (4% dejado de ingresar en el impuesto de la renta de las personas físicas y 2,3% en el IVA), tal como se especifica en el informe Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2019 de la CEPAL. Esta comisión económica de la ONU para la región destaca que en promedio los países latinoamericanos pierden más del 50% de sus ingresos por concepto de impuesto de la renta.

La conexión con Londres

Ha habido diversas teorías sobre el papel jugado por Londres en relación a los paraísos fiscales. Esas teorías coinciden en presentar una conexión de intereses entre las sociedades opacas y la City de Londres, en una red de complicidad en la que incluso podrían haber participado el Banco de Inglaterra y el gobierno británico.

La más importante fue expresada por el autor británico Nicholas Shaxson en el libro Treasure Island. La tesis fue desarrollada más tarde por el documental Spiders Web, producido por la organización Tax Justice Network, cuyo fundador, John Christiansen, trabajó como asesor para el gobierno de Jersey, que es una jurisdicción especial.

La City de Londres cuenta con una administración separada, elegida por los todavía existentes gremios, los cuales representan a la clase comercial y bancaria de la ciudad. Esto permite que las operaciones financieras que se desarrollan en esa zona de la capital británica escapen parcialmente del control del Banco de Inglaterra y de las regulaciones gubernamentales. Una City atractiva para el capital extranjero y próspera beneficia grandemente a la economía británica, pues su actividad supone el 2,4% del PIB del país.

La soberanía británica sobre los territorios de ultramar que sirven de paraísos fiscales lleva en ocasiones a acusar a Reino Unido de complicidad con esas redes financieras. Downing Street responde que se trata de territorios que operan con una gran autonomía, por más que Londres ponga al gobernador, controle la política exterior y tenga poder de veto sobre las legislaciones que se aprueban en esos lugares.

Además, es cierto que el Gobierno británico ha apoyado en la última década una mayor coordinación internacional para incrementar el escrutinio sobre los paraísos fiscales, obligando a las autoridades de esos lugares a entregar relevante información fiscal, si bien la estructura de los fideicomisos sigue actuando contra la transparencia.

Corregir la situación

Los problemas de Latinoamérica con relación a la evasión fiscal pueden estar más relacionados con la propia fragilidad de sus propias instituciones fiscales que a la presencia de paraísos fiscales cercanos al continente americano. Al mismo tiempo, algunos paraísos fiscales se han beneficiado de la inestabilidad y la corrupción política en Latinoamérica.

Los efectos de la fuga de capitales nacionales hacia esos lugares de regímenes fiscales especiales son claramente negativos para los países de la región, pues les priva de mayor actividad económica y posibilidades recaudatorias, lastrando la capacidad del Estado para acometer una necesaria mejora de los servicios públicos.

Por ello es imperativo que se establezcan ciertas políticas de corrección. En el campo de las políticas nacionales se deberían crear mecanismos para evitar la evasión y la elusión fiscales. Al mismo tiempo, a nivel internacional se deberían configurar iniciativas diplomáticas para acabar con las estructuras de los fideicomisos. La OEA ofrece, en este sentido, un importante marco negociador no solo con ciertos territorios de ultramar, sino con sus propias metrópolis, pues estas, como es el caso del Reino Unido, son miembros observadores permanentes de la organización hemisférica.