El grupo llega a los 2.000 integrantes, incluyendo a elementos desmovilizados que vuelven a las armas y nuevos reclutas

• Detectada la coordinación entre el residuo de las FARC y el ELN, con participación de miembros “desmovilizados” de la vieja cúpula guerrillera como Iván Márquez

• El Gobierno de Iván Duque reacciona a las presiones de Estados Unidos con la erradicación comprometida de 70.000 hectáreas de cultivo de coca

• La mayor concentración de producción de coca en la frontera con Ecuador vierte la violencia sobre este país, donde a lo largo de 2018 actuó “el Guacho”, exFARC

▲ Walter Patricio Arizala, alias “el Guacho”, antes de caer en una operación del Ejército colombiano

Informe SRA 2019 / María Gabriela Fajardo [Versión en PDF]

La duda que existía cuando en diciembre de 2016 se firmó el acuerdo de paz colombiano, acerca de si la disidencia de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) sería algo residual o más bien alcanzaría cierta entidad, suponiendo un claro problema de seguridad, ha quedado despejada. Los disidentes han ido creciendo en número progresivamente y a lo largo de 2018 se han consolidado en su actividad delictiva.

En la primera mitad de 2017 quedaron desmovilizados unos 6.800 guerrilleros de las FARC tras la entrega de casi 9.000 armas. El Gobierno estimó que del total de efectivos de las FARC, unos 400 combatientes (un residual 5%) probablemente se negarían a seguir las instrucciones de la cúpula guerrillera. En noviembre de 2017, en el primer aniversario de la firma del acuerdo de La Habana, la Fundación Paz y Reconciliación publicó un informe estimando que la disidencia había alcanzado alrededor de 700 integrantes. En febrero de 2018 la Fundación Ideas para la Paz elevó la cifra a entre 1.000 y 1.500. A finales de 2018 dos informes de inteligencia, ambos difundidos por medios colombianos que aseguraron haber tenido acceso a su contenido, situaron el grueso disidente entre 1.750 y 3.000 efectivos.

La cifra máxima de esta horquilla fue establecida por un informe dado a conocer en octubre, del que apenas se dieron detalles, mientras que la menor fue aportada por un supuesto documento del Departamento de Defensa remitido al Congreso y revelado en diciembre. Este último fijaba el número de integrantes de todos los grupos ilegales del país en 7.260, de los que 2.206 pertenecían al ELN (Ejército de Liberal Nacional, la última guerrilla como tal aún activa en Colombia), 1.749 a la disidencia de las FARC y 1.600 al Clan del Golfo, un grupo de crimen organizado. De provenir ambas estimaciones sobre el tamaño de la disidencia realmente de agencias gubernamentales estaríamos ante una falta de información contrastada por parte del Estado, aunque todo puede deberse a que los informes se elaboraran en momentos distintos, además sin corresponderse con el tiempo de su difusión en los medios.

A la vista de la evolución del fenómeno, probablemente no sería equivocado pensar que a comienzos de 2019 el número de disidentes de las FARC puede rondar los 2.000. Este volumen incluye tanto personas que nunca se desmovilizaron, como excombatientes que volvieron a tomar las armas ante las dificultades encontradas en el paso a la vida civil y también nuevos reclutamientos.

Reorganización

Traspasado el estandarte político a la nueva Fuerza Alternativa Revolucionaria de los Comunes (que mantiene así las siglas FARC), los disidentes ya no cuentan con el relato de lucha social que antes acompañaba a las actividades que siguen desarrollando: narcotráfico, contrabando, extorsión y otros negocios ilícitos­. Así que han derivado en un ejemplo más de delincuencia organizada, articulada en diferentes grupos que, aunque están convergiendo, no tienen la estructura jerarquizada de la vieja cúpula guerrillera.

La dirección podría robustecerse si alguno de los dirigentes que han expresado disconformidad con la implementación del proceso de paz y han desaparecido durante algún tiempo, como Iván Márquez, vuelvan a la guerrilla. De momento, en cualquier caso, lo que se está observando es más bien una confluencia organizativa con el ELN. Así, varios medios publicaron en diciembre de 2018 acerca de esa coordinación, dirigida especialmente a sacar cargamentos de cocaína a través de Venezuela, país donde el ELN ha aumentado su actividad. Mandos del Ejército han confirmado esa cooperación. En un encuentro de alto nivel habrían participado, además de Iván Márquez, otros dirigentes de las FARC que supuestamente habían dejado las armas, como El Paisa y Romaña.

Esos contactos sucedían después de que las conversaciones entre el Gobierno y el ELN, abiertas en suelo ecuatoriano para explorar un acuerdo de paz, quedaran suspendidas en septiembre por decisión del presidente Iván Duque al no registrarse avances y entender que, en realidad, los elenos se estaban fortaleciendo, ocupando territorios antiguamente controlados por las FARC. El diálogo quedó roto a raíz del atentado del ELN contra la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional General Santander, en Bogotá, perpetrado el 17 de enero de 2019, que dejó 21 muertos y 80 heridos.

Por otro lado, la desmovilización de las FARC, aunque como vemos incompleta, ha dado pie a la presencia en Colombia de carteles mexicanos, que de esta forma intentan extender su dominio también a los lugares de producción de la cocaína, algo que ha sido destacado por el fiscal general de la nación.

La coca y la disputa de dominios

Entre las prioridades del nuevo Gobierno de Iván Duque, que se hizo cargo de la presidencia del país en agosto de 2018, ha estado el intentar reducir la alta producción de hoja de coca y de cocaína, que en los últimos años ha conocido un fuerte incremento. Entre 2013 y 2017, el número de hectáreas con arbustos de coca pasó de 48.000 a 171.000 hectáreas, según La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen. Estados Unidos hace esos cálculos al alza para el mismo periodo: de 80.500 a 209.000 hectáreas (cifras estas últimas que habrían supuesto un salto de la producción potencial de cocaína de 235 a 921 toneladas).

El Gobierno saliente de Juan Manuel Santos se comprometió en marzo de 2018 a la erradicación manual de 70.000 hectáreas de arbusto de coca a lo largo del año (frente a las 52.000 que, según las autoridades colombianas, fueron erradicadas en 2017), en el marco de un plan quinquenal acordado con Estados Unidos, cuya Administración se había quejado del sustancial aumento de la producción de cocaína en el país en los últimos años. El Ministerio de Defensa de Colombia anunció que a junio de 2018 se habían reemplazado voluntariamente 42.000 hectáreas, según recoge el último informe de la Oficina contra la Droga y el Crimen de las Naciones Unidas, la cual, por su parte, certificó que entre mayo de 2018 y enero de 2019 se habían erradicado casi 35.000 hectáreas. Estas cifras suponen el cumplimiento superior al 90% del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) en diversos departamentos. No obstante, la urgencia por alcanzar los objetivos de reducción de espacio de producción podría estar llevando a una erradicación forzosa, no seguida de otras siembras, que a medio plazo podría suponer el retorno al cultivo de coca.

En 2018 siguieron aumentando los asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos, que ascendieron a un número récord de 164. Según la Defensoría del Pueblo, desde comienzos de 2016 hasta finales de 2018 fueron asesinados más de 420 activistas que desarrollaban un papel de liderazgo en distintas comunidades del país. Esta violencia está relacionada con la reorganización territorial de los grupos delictivos. Hubo especial incidencia en algunos departamentos de acceso al Pacífico, como Cauca y Nariño, donde una mayor concentración de la producción de cocaína y la desmovilización inicial de las FARC causaron tensiones entre organizaciones criminales para asegurarse el dominio del territorio. Estas fricciones causaron bajas entre dirigentes comunitarios que deseaban librarse del control que habían venido ejerciendo los carteles y grupos criminales. Por su parte, un total de 85 antiguos integrantes de las FARC fueron asesinados desde la firma del acuerdo de paz, como consta en el informe de 2018 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.

El incremento de la actividad delictiva en la zona fronteriza con Ecuador, con centro de exportación de cocaína en el puerto de Tumaco, llevó a un vertido violencia sobre el otro lado de la frontera. A comienzos de 2018 diversos ataques a instalaciones de la Policía y del Ejército de Ecuador, así como varios secuestros, fueron atribuidos a disidentes de la FARC, dirigidos por “el Guacho”. Colombia y Ecuador procedieron a aumentar el despliegue de soldados a lo largo de la frontera para afrontar la situación. En diciembre de 2018 “el Guacho” fue abatido en Nariño por una unidad del Ejército colombiano.

El cambio de Gobierno y su visión más estricta han ralentizado la implementación del acuerdo, pero este avanza en su aplicación

La implementación del acuerdo de paz en Colombia se está llevando a cabo con más lentitud de la que preveían quienes lo firmaron hace dos años, pero no ha habido la parálisis o incluso la crisis que vaticinaban quienes se opusieron a la elección de Iván Duque como presidente del país. La última estimación habla de un cumplimiento de lo estipulado en el acuerdo de paz cercano al 70%, si bien ya se está produciendo un incumplimiento en el 30% restante.

▲ El presidente colombiano, Iván Duque, en una acto público [Efraín Herrera-Presidencia]

ARTÍCULO / María Gabriela Fajardo

Iván Duque llegó a la Casa de Nariño –la sede de la presidencia colombiana– con el lema “Paz con Legalidad”, título que sintetizaba su compromiso de aplicar el acuerdo de paz, firmado en noviembre de 2017, pero reduciendo los márgenes de impunidad que a su juicio y el de su partido, el Centro Democrático, existían para los antiguos combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Cuando se cumple un año de su elección como presidente, cabe realizar un análisis de cómo está siendo la implementación del acuerdo de paz.

Cerca del 70% de las disposiciones del acuerdo se han cumplido ya, total o parcialmente, o lo harán en el tiempo fijado, de acuerdo con la estimación del Instituto Kroc, encargado de hacer la estimación oficial de la implementación del proceso de paz. Según su tercer informe, publicado en abril, el 23% de los compromisos se han cumplido completamente, el 35% han alcanzado niveles avanzados de implementación y se espera que el 12% se cumplan del todo en el momento estipulado. Con todo, existe casi un 31% del contenido del acuerdo que no se ha comenzado a ejecutar, cuando debía estar ya en marcha.

Las Naciones Unidas, a las que el acuerdo concede un papel supervisor, han subrayado los esfuerzos realizados por el nuevo Gobierno para activar las distintas instancias previstas en el texto. En su informe al Consejo de Seguridad, el secretario general de la ONU, António Guterres, destacó a finales de 2018 la puesta en marcha de la Comisión de Seguimiento, Promoción y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) y del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR).

Como ha indicado Raúl Rosende, jefe de gabinete de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, el informe de Guterres estimó positivamente que se hubiera “obtenido la aprobación de 20 proyectos colectivos y 29 proyectos individuales de excombatientes en proceso de reincorporación, valorados en 3,7 millones de dólares y que beneficiarán en total a 1.340 excombatientes, incluidas 366 mujeres”. Esos proyectos han contado con la participación de las gobernaciones de Antioquia, Chocó, Cauca, Meta, Santander, Sucre y Valle del Cauca, las cuales han facilitado mesas departamentales de reincorporación para coordinar esfuerzos locales y regionales, involucrando así en mayor medida a la sociedad civil colombiana.

La ONU también ha expresado algunas preocupaciones, compartidas por la sociedad civil colombiana. La principal tiene que ver con la seguridad en algunas de las zonas históricas del conflicto en las que un elevado número de líderes sociales han sido asesinados. Los asesinatos se han concentrado en Antioquia, Cauca, Caquetá, Nariño y Norte de Santander. De esta forma, a lo largo 2018 fueron asesinados al menos 226 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). La Defensoría del Pueblo situó la cifra en 164.

Además, como ha recordado Rosende, en muchas de las comunidades indígenas han tenido lugar asesinatos, amenazas y desplazamiento forzoso. Esto se ha dado en territorios étnicos de los pueblos awá, embera chamí y nasa en Caldas, Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.

Junto a los éxitos y las preocupaciones, la ONU también apunta una serie de retos que tiene por delante el posconflicto. Por un lado, está el de garantizar a los excombatientes una necesaria seguridad jurídica, generando confianza y produciendo reales avances en cuestión de reinserción social y política. Otro gran desafío es lograr el funcionamiento autónomo y efectivo de mecanismos clave como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición o Comisión de la Verdad. Además, está también el reto social de atender a las comunidades afectadas por el conflicto, las cuales reclaman seguridad, educación, salud, tierra, infraestructura y alternativas viables contra las economías ilegales.

Aspectos controvertidos

Los asuntos relacionados con la JEP han centrado las mayores controversias de la actuación de Duque. En marzo, el mandatario presentó objeciones formales a la ley que regula la JEP, de la que desea modificar seis puntos de sus 159 artículos. Dos de ellos se refieren a la extradición de excombatientes, algo que ahora no se contempla si colaboran con el sistema de justicia transicional, especialmente en el caso de delitos cometidos tras la firma del acuerdo. Duque también plantea una reforma constitucional que excluya de la JEP los crímenes sexuales contra menores, determine la pérdida de todos los beneficios si hay reincidencia en un delito y transfiera a la justicia ordinaria los casos de conductas ilegales comenzadas antes del acuerdo y que continuaron después. Las objeciones fueron rechazadas en el mes de abril por la Cámara de Representantes y también por el Senado, aunque la validez del resultado en este último quedó en cuestión, alargando así el debate.

Una nueva polémica puede suscitarse cuando en el mes de agosto deba darse fin a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). En ellos o en sus alrededores todavía se encuentran alrededor de 5.000 excombatientes. El Alto Consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, ha manifestado que para ese momento, con la ayuda de la FARC (el partido político que sucedió a la guerrilla) y el Gobierno, los excombatientes deben contar con trabajo, tener claro cuál va a ser su residencia y estar preparados para la reincorporación a la vida civil.

Dentro del proceso de reincorporación, es preocupante la falta de cumplimiento por parte de los cabecillas de las FARC de su compromiso, estipulado en el acuerdo de paz, de permanecer hasta el final en los ETCR con el fin de contribuir con su liderazgo a la buena marcha del proceso. Sin embargo, en los últimos meses, diversos jefes han abandonado esos territorios, entre ellos “el Paisa”, quien además no se ha presentado ante la JEP, por lo que esta ha reclamado su captura.

Tampoco el antiguo cabecilla Iván Márquez está colaborando con el sistema de justicia transicional, retrasando sucesivas veces su comparecencia ante la JEP alegando cuestiones de seguridad. Márquez ha mencionado el asesinato de 85 exguerrilleros desde la firma del acuerdo de paz, y ha acusado al Gobierno de serios incumplimientos.

Está además el caso de Jesús Santrich, quien como Márquez había adquirido un asiento en el Congreso gracias a la implementación del proceso de paz. Santrich se encuentra detenido desde abril de 2018 con base a una circular roja de la Interpol a petición de los Estados Unidos, que le acusa del envío de 10 toneladas de cocaína realizado después de la firma del acuerdo de paz.

Un tema bastante abordado desde el momento de las negociaciones tiene que ver con la erradicación forzada y aspersión de cultivos. El programa de sustitución de cultivos ilícitos empezó a dar resultados en 2018, dando lugar a que miles de familias campesinas acordaran con el Gobierno Nacional sustituir sus cultivos de coca por otros cultivos lícitos. Aunque en algunos departamentos como el Guaviare se dio de manera voluntaria la erradicación de cultivos, eso no fue suficiente para compensar el aumento de siembras en 2016 y 2017. En 2018, cerca de 100.000 familias —responsables de un poco más de 51.000 hectáreas de coca— firmaron acuerdos de sustitución y se espera que este número continúe aumentando a lo largo del 2019. Según el gobierno de Colombia, citando cifras del Departamento de Estado de Estados Unidos, se han sembrado más de 209.000 hectáreas de hoja de coca, una muy cifra superior a la de la época de Pablo Escobar, según cifras presentadas por el presidente Iván Duque el mes pasado ante la Corte Costitucional.

Los beneficios de la paz son indiscutibles y queda mucho por hacer para consolidarla. Es una labor que no puede dejarse solamente en manos del Gobierno, sino que requiere del apoyo de los excombatientes, de sus antiguos cabecillas y de la sociedad civil. El gran reto es acelerar la implementación del acuerdo y disminuir la polarización política, todo en busca de lograr la reconciliación nacional.

[Pablo Simón, El príncipe moderno: Democracia, política y poder. Debate, Barcelona 2018, 272 páginas]

RESEÑA / Alejandro Palacios

Las relaciones internacionales son guiadas en cada Estado por una serie de líderes e, indirectamente, por partidos políticos que son elegidos de manera más o menos democrática por los ciudadanos. Por tanto, la alta volatilidad del voto que vemos extenderse hoy en nuestras sociedades repercute indirectamente en la deriva del sistema internacional. Este libro trata de hacer un repaso a los sistemas políticos de algunos países para tratar de explicar, en esencia, cómo los ciudadanos interactúan dentro de cada sistema político. La pertinencia del libro está, pues, más que justificada.

De hecho, al entender las tendencias de voto de los ciudadanos, moldeadas por las divisiones sociales y el sistema político al que se enfrenten, nos podemos hacer una idea de por qué han emergido líderes políticamente tan radicales como Trump o Bolsonaro. A modo de ejemplo, no resulta lo mismo votar en un sistema mayoritario que hacerlo dentro de un sistema proporcional. Tampoco votan igual jóvenes y adultos, habitantes de la ciudad y del campo ni los hombres y las mujeres (divisiones conocidas como la triple brecha electoral).

El autor del libro, el politólogo español Pablo Simón, toma como punto de partida la Gran Recesión de 2008, momento en el cual comienzan a emerger nuevas opciones políticas fomentadas, en parte, por la pérdida de confianza tanto en los partidos políticos tradicionales como en el sistema en sí. Paralelamente, la obra intenta reivindicar la importancia de la existencia de una ciencia política que, como tal, sea capaz de tomar una afirmación popular sobre un tema relevante, contrastarla empíricamente y extraer conclusiones en su mayoría generales que ayuden a confirmar o desmentir dicha creencia.

Pablo Simón combina además el análisis práctico de casos reales en diferentes países con aclaraciones teóricas. Esto ayuda a que los lectores menos familiarizados puedan seguir fácilmente las explicación de los fenómenos a los que va haciendo referencia, consiguiendo así que este libro sea accesible para el público en general y no únicamente para un público especializado en teoría y análisis político.

La comparación que el autor hace de los diversos sistemas políticos de varios países (habla de España, pero también de Francia, Bélgica y Estados Unidos, entre otros) hace de este libro un excelente manual de consulta para todos aquellos que, sin dedicarse expresamente a ello, quieran tener una idea global de los sistemas de partidos en el resto del mundo y del porqué de las dinámicas políticas actuales.

Como contrapunto al esfuerzo de divulgación lógicamente hay una menor profundidad en ciertos aspectos abordados. Pero precisamente ese afán divulgativo hace del texto algo ameno de leer tanto por la claridad y concisión de su contenido (no excesivamente técnico y con aclaraciones teóricas) como por su extensión (apenas 275 páginas). En definitiva, un libro el cual constituye el manual perfecto para todos aquellos interesados en el funcionamiento de la política en sentido amplio, sus casusas y efectos.

Moscú estrecha su relación con Venezuela, Cuba y Nicaragua, en el ‘near abroad’ de Estados Unidos

• Exhibición militar de Putin en Caracas: envío de bombarderos (diciembre de 2018), de fuerzas especiales (enero de 2019) y de un centenar de militares (marzo 2019)

• El jefe del Comando Sur estadounidense denuncia propósitos “no benignos” de la Escuela de Policías abierta por Rusia en Managua para la formación agentes centroamericanos

• El acuerdo para instalar en Cuba una estación de Glonass reaviva las sospechas de que los rusos pueden volver a usar la isla para el espionaje sobre EEUU como en la Guerra Fría

▲ Recibimiento del ministro de Defensa venezolano a dos bombarderos rusos en el aeropuerto de Maiquetía, en diciembre de 2018 [Emisión de RT]

Informe SRA 2019 / Irene Isabel Maspons [Versión en PDF]

En los últimos años Latinoamérica se ha convertido en un escenario cada vez más estratégico para la Rusia de Vladimir Putin. Aunque no es la principal área de atención del Kremlin, sus calculados movimientos en la zona le permiten ganar influencia en el flanco sur de Estados Unidos. Desde 2006 Rusia ha aumentado sus intereses en la región, tomando como incentivo la menor atención de EEUU hacia el resto del continente por el cambio de prioridades que en 2001 supuso el 11-S y aprovechando la aparición desde entonces de gobiernos populistas de izquierda, en un ciclo político inaugurado con la llegada Hugo Chávez al poder.

La relación de Rusia ha sido especial con los países del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) –Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bolivia–, singularmente con los tres primeros, pues eso le permite confrontar geopolíticamente a Estados Unidos en el Caribe, como en su día hizo la URSS. Siendo uno de los principales países productores de armamento, Rusia ha vendido también armas a otros países latinoamericanos, pero además de un trato comercial, en el caso de Venezuela, Nicaragua y Cuba se ha establecido una relación estratégica.

La vinculación se ha estrechado en el último año con esas tres naciones: la última gran crisis abierta en Venezuela ha hecho a este país aún más dependiente de Moscú; el cambio presidencial y constitucional operado en Cuba ha llevado a La Habana a asegurarse el patrocinio ruso en este tiempo de complicada transición, mientras que la actividad de Rusia en Nicaragua ha suscitado la alerta pública del Pentágono.

El hecho que desde otoño pasado Estados Unidos se refiera a Venezuela, Cuba y Nicaragua como “eje del mal” en el Hemisferio Occidental obedece precisamente a la percepción en Washington de una mayor actuación de Rusia en la región. Si el último decenio marcó el “regreso” de Rusia al Caribe, en 2018 se registró el “regreso” de Estados Unidos a una política de prioritaria atención a lo que ocurre en esa zona geográfica, precisamente por la mayor actividad de Rusia, y también de China. Moscú está demostrando a EEUU (y a sus aliados) que puede ser recíproco ante la presión que está recibiendo en su propio near abroad, como destaca un reciente informe del Instituto Elcano, y Washington ha comenzado a contestar esos movimientos.

Por otra parte, 2018 fue un año electoral en un buen número de países. La Casa Blanca alertó de la posibilidad de que Moscú quisiera interferir especialmente en México, para propiciar la elección de Andrés Manuel López Obrador, por considerarle incómodo para EEUU. Aunque en volúmenes poco considerables, México es el segundo socio comercial de Rusia en Latinoamérica, tras Brasil, y el segundo comprador de armas rusas, a mucha distancia de Venezuela (el tercer país es Perú). No obstante, no hubo pruebas de que en esas u otras elecciones latinoamericanas se produjera especial actividad rusa. Sí que hay evidencias, no obstante, de que las capacidades rusas para la diseminación de fake news en la globosfera hispanohablante han contado con la ayuda de redes venezolanas.

Venezuela

La influencia de Rusia en Venezuela en el último año ha sido visible en diversos aspectos. Por seguir un orden temporal, cabe mencionar la puesta en marcha de la criptomoneda Petro, presentada en febrero de 2018 como una forma de efectivo digital supuestamente vinculado al valor de las reservas petroleras de Venezuela. Una investigación realizada por la revista Time reveló que empresarios rusos habían actuado de asesores del Gobierno de Nicolás Maduro para el lanzamiento del Petro, si bien el Ministerio de Finanzas ruso negó que las autoridades de Moscú estuvieran involucradas en la iniciativa. Con la creación de esta moneda virtual, Maduro esperaba tener un mecanismo para evadir las sanciones decretadas por Estados Unidos contra los bonos venezolanos y PDVSA. De existir un interés ruso, este podría haber sido aprovechar el Petro para evadir alguna de las sanciones impuestas a Rusia por parte de EEUU y de la Unión Europea, aunque el Petro demostró pronto su poca utilidad como vehículo financiero.

Con el agravamiento de la situación en Venezuela –desde las elecciones presidenciales avanzadas al mes de mayo de 2018, cuyo resultado no fue reconocido por un gran número de países, a las consecuencias de la juramentación de Juan Guairó en enero de 2019 como presidente legítimo del país–, elementos militares rusos han protagonizado una exhibición de apoyo a Maduro. En diciembre dos bombarderos estratégicos Tupolev-160 aterrizaron en el aeropuerto de Maiquetía, como parte de unas supuestas maniobras conjuntas entre ambos países. Al mes siguiente, Reuters reportó la presencia en Venezuela de contratistas militares privados llegados de Rusia, pertenecientes a la compañía privada Wagner, la cual ha prestado diversos servicios al Kremlin. En marzo de 2019 dos aviones de carga del Ministerio de Defensa ruso descargaron en Maiquetía un centenar de militares, con el general Vasily Tonkoshkurov, jefe de personal del Ejército, al frente y 35 toneladas de diverso material militar no especificado, que supuestamente pudo estar destinado a la implementación de la protección antiaérea del área de Caracas.

En 2018 Rusia prosiguió, con su política de créditos, la toma de posiciones en los sectores petrolero y minero venezolanos. Si bien los 17.000 millones de dólares que Rusia ha dado en crédito a Venezuela desde 2006 –la mayoría para la compra de armamento ruso– quedan muy por detrás de los 67,2 millones de dólares otorgados por China desde 2007 a cambio de petróleo a futuro, lo cierto es que el Kremlin se ha convertido en el último par de años en un sostén mayor del régimen de Maduro: en 2016 China bajó a 2.200 millones de dólares sus préstamos a Venezuela y no otorgó ninguno en 2017; solo a finales de 2018 volvió a volúmenes previos, con un crédito de 5.000 millones de dólares. En cambio Rusia ha estado auxiliando muy activamente el sector energético venezolano a través de Rosneft, que en 2016 se hizo como garantía de un préstamo con el 49% de las acciones de Citgo, la filial de PDVSA y uno de los grandes activos de la estatal venezolana. En 2017 Rusia aceptó refinanciar 3.150 millones de dólares de la deuda contraída por Venezuela, atrasando casi todos los pagos hasta 2023.

El último compromiso tuvo lugar en la reunión que Putin y Maduro mantuvieron en diciembre en Novo Ogaryovo, la residencia presidencial rusa a las afueras de Moscú. A su término, Maduro anunció que en el encuentro se había “garantizando” una inversión petrolera por superior a los 5.000 millones de dólares y contratos por más de 1.000 millones de dólares para la explotación de oro”, ampliando así también a ese metal precioso la cartera de intereses rusos en el país caribeño.

Por otra parte, en marzo de 2019 Maduro ordenó el traslado de la oficina de PDVSA para Europa desde Lisboa a Moscú, con el objetivo de evitar su confiscación ante el reconocimiento progresivamente obtenido por Juan Guaidó como presidente en los países europeos.

Nicaragua

Parte de la alerta de Estados Unidos expresada en el último año acerca de la creciente actividad de Rusia en la región corrió a cargo del Pentágono. En su comparecencia ante el Congreso de febrero de 2018, el entonces jefe del Comando Sur, el almirante Kurt W. Tidd, ya trasladó la preocupación estadounidense por la mayor presencia de Rusia y China en zonas de las Américas de interés estratégico para Washington. Esa denuncia adquirió una mayor concreción en la siguiente comparecencia anual en el Capitolio de su sucesor, el almirante Craig S. Faller, quien en su intervención de febrero de 2019 indicó que Rusia está usando la región “para diseminar información, recoger inteligencia sobre Estados Unidos y proyectar poder”. En una entrevista concedida entonces a la Voz de América, Faller se refirió, entre otros aspectos concretos, a varias iniciativas de Rusia en Nicaragua.

El jefe del Comando Sur puso especial énfasis en el Centro de Capacitación Profesional de la Policía que Rusia ha construido y dirige en Nicaragua, inaugurado en octubre de 2017 y destinado a la formación de policías centroamericanos en la lucha contra la droga y el crimen organizado. “No se qué otros propósitos podría tener ese centro, pero estoy seguro que no todos son ingenuos y benignos”, dijo Faller.

Ya en 2017 fue reportado que alrededor de doscientos militares rusos rotan su presencia en Nicaragua, acuartelados la mayor parte de ellos en las instalaciones militares de Puerto Sandino, en la costa pacífica, que a efectos prácticos funciona como una base rusa.

Las advertencias de Faller sobre recolección de inteligencia en la región por parte de Rusia tienen que ver en alguna medida con una estación satelital instalada por Rusia en Managua, a poca distancia de la Embajada de Estados Unidos. Desde 2013, Rusia ha emplazado en Latinoamérica cuatro estaciones de su sistema de posicionamiento Glonass: cuatro estaciones se encuentran en Brasil y en 2017 se instaló una Nicaragua. A diferencia de las estaciones en Brasil, las cuales son manejadas con transparencia y fácil acceso, la construida en Managua está rodeada de secretismo y esto ha generado dudas sobre su verdadero uso, pudiendo tratarse de una instalación destinada a escuchas.

En mayo de 2018, la corporación científica industrial Sistemas de Fabricación de Equipos de Alta Precisión (SPP, por sus siglas en ruso) comunicó haber firmado un contrato para emplazar en Cuba una estación de mediciones para el sistema de navegación Glonass.

Cuba

Ese último anuncio dio pie a nuevos rumores sobre la posibilidad de que Rusia reactivara en Cuba la base Lourdes, que durante la Guerra Fría contó con grandes medios como centro de inteligencia de señales para el espionaje de EEUU. Moscú ha negado hasta el momento que existan proyectos en ese sentido. En cambio, sí ha expresado el deseo de contar con una base militar en Cuba, Venezuela o Nicaragua, como en alguna ocasión ha sugerido el propio Ministerio de Defensa ruso, sin que después esos planes se hayan concretado oficialmente.

En 2018 las relaciones entre La Habana y Moscú se estrecharon institucionalmente, con la primera visita de un presidente cubano a Rusia en casi una década. La sustitución de Raúl Castro por Miguel Díaz-Canel llevó a ambos países a escenificar su mutuo compromiso frente las expectativas occidentales sobre cambios políticos en la isla. Unos meses antes de esa visita, ambos países firmaron diversos acuerdos para la colaboración en áreas como la industria del acero, el deporte y los servicios aduaneros, al tiempo que apostaron por fortalecer la colaboración bilateral, el comercio y las inversiones del país euroasiático en la isla.

A raíz de la grave crisis venezolana, en mayo de 2017 Rusia retomó la entrega de importantes cantidades de petróleo a Cuba, como había hecho décadas atrás, con el fin ahora de compensar la reducción de crudo enviado por Venezuela. En un primer acuerdo, Rosneft se comprometió a suministrar 250.000 toneladas de petróleo y productos refinados, aunque no consta por cuánto tiempo y posiblemente se trató de un auxilio temporal o intermitente.

El país caribeño, de solo 2 millones de habitantes y apenas 100.000 musulmanes, fue el que proporcionalmente más luchadores envió a Siria: un total de 130

• Las autoridades de Trinidad y Tobago arrestaron el 8 de febrero de 2018 a cuatro presuntos yihadistas por planear un atentado en el Carnaval de Puerto España

• El Departamento del Tesoro de EEUU sancionó en septiembre a dos ciudadanos trinitenses por participar en las actividades de financiación del Estado Islámico

• El Gobierno insular desarrolló en 2018 un nueva estrategia antiterrorista, urgida por el temor de la Casa Blanca a una fácil exportación de extremistas a EEUU

▲ Yihadistas de Trinidad y Tobago en Siria, en una imagen difundida por la revista Dabiq, del ISIS

Informe SRA 2019 / Ignacio Yárnoz [Versión en PDF]

En medio de la preocupación occidental por la desbandada de yihadistas que está suponiendo la pacificación de Siria, donde fueron a luchar elementos radicalizados de muchos otros países, Estados Unidos mira con atención a un pequeño vecino. El 8 de febrero del año 2018, cuatro hombres fueron arrestados en Mohammedville bajo sospecha de que planeaban cometer un acto terrorista. El lugar donde el presunto atentado iba a suceder puede sorprender: el carnaval caribeño de la ciudad de Puerto España. Efectivamente, estamos hablando de una nación caribeña que también es víctima –y exportadora– del fenómeno globalizado del terrorismo yihadista: Trinidad y Tobago. En los últimos años, Trinidad y Tobago ha hecho saltar las alarmas de los analistas occidentales, sobretodo en Estados Unidos por su proximidad geográfica a estas islas y por la posibilidad de que este fenómeno desestabilice su patio trasero, el Caribe.

El fenómeno del radicalismo islamista en Trinidad y Tobago no es algo nuevo teniendo en cuenta que ya en 1990 existían grupos radicales como Jamaat Al Muslimeen, que incluso intentó derrocar al Gobierno mediante un golpe de Estado. Además, también se conocía de existencia de terroristas procedentes de este país como Kareem Ibrahim, quien en 2012 fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos por planear un atentado en el aeropuerto internacional JFK de Nueva York.

Sin embargo, el fenómeno terrorista isleño conoció una escalda en 2014 y 2015 con el auge del autoproclamado Estado Islámico (al-Dawla al-Islamiya al-Iraq al-Sham, o Daesh por sus siglas en árabe). Este pequeño país caribeño aportó a la causa yihadista por lo menos 130 combatientes, de acuerdo con las propias autoridades, según datos también avalados por el anuario antiterrorista del Departamento de Estado norteamericano. Esto hace a Trinidad y Tobago el país que proporcionalmente más combatientes envió a Siria a unirse al Estado Islámico (la comunidad musulmana trinitense es de tan solo 104.000 fieles, el 5% de una población que puede alcanzar los 2 millones de habitantes, si bien el ceso oficial es de 1,3 millones). Aunque se calcula que unos 300 combatientes se unieron al ISIS desde EEUU y desde Canadá, la cifra per cápita es mayor en el caso de Trinidad y Tobago, país que además en números absolutos aportó más yihadistas que otras naciones latinoamericanos y caribeños.

Según una investigación de Simon Cottee, profesor de Criminología en la Universidad de Kent. De estos 130 trinitenses, el 34% eran hombres, el 23% mujeres, el 9% adolescentes y el 34% restante menores de 13 años. Esto indica que no solamente eran jóvenes, sino familias enteras las que viajaron al Estado Islámico.

Reacción y vigilancia

Esos datos alarmaron tanto al Gobierno de Puerto España como al de Washington y el de otras naciones vecinas. El hecho mismo de que Trinidad y Tobago no tuviera ninguna ley que prohibiera viajar al “Califato” para unirse a la guerra santa fue considerado por Estados Unidos como una amenaza para su propia seguridad, teniendo en cuenta que un ciudadano trinitense podría cruzar todo el Caribe sin visado hasta llegar a las Bahamas y estar solamente a un salto de Florida.

Al mes siguiente de llegar a la presidencia estadounidense, Donald Trump contactó en febrero de 2017 con el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, con quien se reunió en la Casa Blanca. Rowley se comprometió a mayores medidas para combatir la amenaza que suponía la marcha de tantos trinitenses a la yihad.

En primer lugar, se procedió a una enmienda de la ley antiterrorista, que fue aprobada unánimemente, para mejorar las herramientas legales destinadas a detectar, prevenir y perseguir el terrorismo y sus fuentes en Trinidad y Tobago. Las medidas incluyeron también un procedimiento denominado Sistema de Evaluación, Comparación e Identificación Personal (Personal Identification Secure Comparison and Evaluation System, PISCES), acordado con EEUU e implementado en los puestos de entrada de Trinidad y Tobago. Añadida a la acción legislativa, en noviembre de 2017, el Consejo de Seguridad Nacional trinitense aprobó una estrategia comprensiva antiterrorista con el fin de detener aquellos que apoyan al terrorismo o lo ensalzan. Esta estrategia fomenta la estrecha colaboración entre las agencias de inteligencia de Reino Unido, Israel y Estados Unidos para la puesta en común de información.

Como fruto de esa acción decidida y de la especial colaboración con Washington, en septiembre de 2018 el Departamento del Tesoro estadounidense puso sanciones a dos ciudadanos trinitenses por considerar que estuvieron implicados en procurar financiación para el “Califato”. Además, las autoridades nacionales están atentas al regreso de combatientes. La Corte Suprema ha autorizado repatriar y tomar la custodia de algunos menores de edad.

Muchos de los combatientes han fallecido en batalla y los pocos que han querido volver, han sido detenidos o puestos bajo vigilancia, pero la amenaza aún es latente. También porque con su regreso pueden impulsar una nueva radicalización de ciudadanos trinitenses que, dada la imposibilidad de viajar a Siria por la actual situación de debacle del Estado Islámico, decidan actuar dentro de sus fronteras o en países vecinos. Hay que destacar que esta ha sido la estrategia del Estado Islámico durante los últimos años, animando a sus seguidores en Occidente a cometer atentados “low cost” con vehículos o con arma blanca.

Reclutamiento

Lo que hace a la situación de Trinidad y Tobago una situación excepcional es que no ha habido un patrón claro de reclutamiento, sino que en los últimos años se han dado varias situaciones distintas.

En la página 64 del nº 15 de Dabiq, la revista de propaganda del Estado Islámico, arrancaba una extensa entrevista a un combatiente del “Califato” llamado Abu Sa´ad at-Trinidadi. Este soldado del “Califato”, cuyo verdadero nombre es Shane Crawford, fue uno de los primeros soldados de Trinidad y Tobago en acudir a la llamada de Daesh. Resulta curioso que Dabiq le dedicara diversas páginas, pero es que los combatientes trinitenses suponían un valioso tesoro para esta organización, por dos motivos: 

–En primer lugar, por hablar inglés, lo que mejoraba el radio de difusión de la organización. Como declaró al New York Times el exembajador de EEUU en Trinidad y Tobago John L. Estrada, “a los trinitenses les va muy bien en el ISIS. Están muy arriba en sus filas, son muy respetados y hablan inglés”.

–En segundo lugar, suponen un atractivo para los jóvenes caribeños desencantados con la sociedad, independientemente de su religión.

Por mucho que la revista Dabiq insista con el testimonio de Sa´ad at-Trinidadi –un joven supuestamente desencantado con la religión cristiana, que descubrió en el Islam la verdadera respuesta a sus preguntas– la religión en realidad no fue el motivo fundamental que llevó a los jóvenes trinitenses a unirse al “Califato”. Como indica Simon Cottee en la investigación citada, la mayoría de los 130 trinitenses alistados habían nacido en familias musulmanas de clase media de origen indo-oriental.

Los motivos que pudieron afectar a los jóvenes captados en Trinidad y Tobago probablemente tenían más que ver con la necesidad sociológica de pertenencia a un grupo o banda. Como al respecto declara al diario británico The Guardian el investigador de la Universidad de West Indies Dylan Kerrigan, “una banda proporciona una familia, unos modelos masculinos a seguir, un orden social, y promete acceso a lo que muchos hombres jóvenes creen que quieren: dinero, poder, mujeres, respeto. Un imán me dijo que, en lugar de unirse a una banda local, algunos ven el viaje a Oriente Medio como unirse a otra banda”. Asimismo, unirse a Daesh constituía un medio de escape a aquellos que se enfrentaban a cargos judiciales. De hecho, el idealizado Sa´ad at-Trinidadi (Shane Crawford) ya había sido detenido varias veces por las autoridades y los dos compañeros con los que viajó a Siria habían pasado por la cárcel.

Los jóvenes de Trinidad y Tobago pudieron verse radicalizados en sus visitas a las mezquitas locales, sin olvidar que, como en otros lugares del mundo, la radicalización también pudo darse por medio de la propaganda online, el “Cibercalifato”. En cuanto a posibles agentes de radicalización en primer lugar está quien Sa´ad at-Trinidadi menciona como su mentor, Shaykh Ashmead Choate. Este hombre fue la cabeza de la conspiración que en 2011 planeó el asesinato del primer ministro y otras autoridades y que en última instancia fue frustrado. Ashmead Choate estudió ciencias naturales en su país natal, pero más adelante estudió el hadith (las conductas que provienen de las enseñanzas de Mahoma; son uno de los pilares fundamentales de la Sunna) en la Universidad Islámica de Medina, en Arabia Saudí. Se estima que abandonó el país en 2013 para unirse a las filas de Daesh, como menciona Sa´ad at-Trinidadi en su entrevista: “Hizo la hégira al Estado Islámico y encontró el martirio luchando en Ramadi”. Los motivos de su radicalización no son conocidos, pero podrían tener relación con su viaje a Arabia Saudí, donde podría haber sido atraído por una versión del Islam más salafista.

Del mismo modo, hay indicios que apuntan en otras direcciones. Uno de los nombres que afloran es el de Yasin Abu Bakr, antiguo líder del grupo Jamaat Al Muslimeen, quien al haber sido el precursor de la violencia en los años 90 y el autor del golpe de Estado, puede haber creado indirectamente un modelo a seguir, aunque hoy en día no difunda un claro llamamiento a la violencia. Asimismo, la mezquita Boos de Río Claro, al sur de Trinidad, dirigida por el imán Nazim Mohammed, fue una parada para muchos de los que después fueron a combatir en las filas del ISIS, como Shane Crawford y Fareed Mustapha. En una entrevista con Al Jazeera, el propio imán negó ser precursor de la causa de Daesh, si bien quince miembros de su familia han emigrado a Siria y varios testigos de sus sermones declaran que en alguna ocasión ha enaltecido al Estado Islámico. 

También hay que tener en cuenta a Abdullah Al-Faisal, originario de Jamaica, quien vía internet y redes sociales se había dedicado a la propaganda del Estado Islámico a través de grupos de Facebook y blogs como Authentic Tauheed, donde distribuía la propaganda y publicaba videos de sermones suyos. Su actividad se sospecha que ha ido desde el contacto con Jesse Morton, un ciudadano estadounidense que trabajaba con Zachary Chesser para solicitar el asesinato de los redactores de South Park televisión show hasta la radicalización de Germaine Lindsay, uno de los cuatro británicos que perpetraron el atentado del 7 de Julio de 2007 en el metro de Londres. En septiembre de 2014, Faisal se unió a Mohammed Mizanur Rahman y otros propagandistas islamistas en una plataforma online en la que exhortaron a sus seguidores a unirse a las filas del ISIS. El Gobierno de Estados Unidos ha relacionado a Faisal con otros terroristas como  Umar Farouk Abdulmutallab y sospecha que también ha podido ser uno de los instigadores de la radicalización en Trinidad y Tobago.

Entrevista con el embajador Francisco Pascual de la Parte, autor de “El imperio que regresa. La Guerra de Ucrania 2014-2017” 

▲ Francisco Pascual de la Parte, durante la presentación de su libro [Manuel Castells]

ENTREVISTA / Vitaliy Stepanyuk

Pocos tienen un conocimiento tan directo de las relaciones de Rusia con Ucrania y otros territorios de la antigua URSS como Francisco Pascual de la Parte, quien ha sido ministro-consejero de la Embajada de España en Moscú, embajador en Kazajstán y cónsul general en San Petersburgo, entre otros destinos. Es autor del libro “El imperio que regresa. La Guerra de Ucrania 2014-2017”. Durante su presentación en la Universidad de Navarra, Global Affairs pudo conversar extensamente con el diplomático español sobre la crisis ucraniana y la política exterior rusa.

1. Desde el punto de vista de la geopolítica de la región, ¿quiénes son los principales actores?

Los principales actores en la crisis ucraniana se dividen en dos grupos: los que participan directamente en el conflicto armado y los que no participan en él, pero sí intervienen en la crisis. Los principales actores, obviamente, son el Gobierno ucraniano y los separatistas de las autoproclamadas Repúblicas pro-rusas del Donbass (regiones de Donetsk y Lugansk), respaldados y armados por Rusia.

En un segundo círculo concéntrico, los actores son Ucrania y Rusia, que se ha anexionado Crimea en respuesta al derrocamiento del presidente ucraniano pro-ruso Viktor Yanukovich, y que, como digo, apoya además a los separatistas ucranianos.

En un tercer círculo concéntrico, se sitúa la discrepancia entre Rusia y la Unión Europea (UE), que estima ilegal la anexión de Crimea y la intervención rusa en el Donbass, por lo que ha impuesto sanciones económicas, respondidas por Rusia.

En un cuarto círculo concéntrico tenemos una rivalidad entre Rusia y Estados Unidos, que acusa a Moscú de violar la integridad territorial de Ucrania y menoscabar con ello la seguridad en Europa. Este enfrentamiento tiene consecuencias para todo el planeta, ya que genera desconfianza y hostilidad entre ambas superpotencias que repercute en sus relaciones mutuas, fundamentalmente en los tratados de desarme y en sus posiciones en crisis como las de Siria, Corea del Norte, Venezuela y cualquier parte del mundo.

Por último, tenemos el enfrentamiento entre Rusia y la OTAN, a la que Rusia imputa la iniciativa hostil de haberse extendido hacia el Este, provocando con ello la reacción rusa cuando, teóricamente, tras la caída de la URSS, la OTAN había prometido no llevar a cabo su ampliación.

Todos estos son los actores. Unos participan en el primer círculo concéntrico, otros en el segundo y otros en todos.

2. En relación con la pregunta anterior, ¿cuál es el principal objetivo en esta lucha?

La respuesta a esta pregunta dependerá del actor en el que nos centremos. Obviamente no persiguen lo mismo los líderes de las repúblicas rebeldes que el Gobierno ucraniano o que el Gobierno ruso. En mi opinión, el régimen ruso persigue garantizar su seguridad mediante la recuperación del rango de gran potencia. Al controlar el espacio postsoviético e impulsar la Unión Económica Euroasiática (UEE) incluyendo a Ucrania, Rusia preveía fortalecer su posición internacional. Pero al negarse Ucrania a formar parte de la UEE y preferir una Asociación con la UE de Bruselas, ese plan de Rusia quedó muy dañado. En otras palabras, como decía Brzezinski, antiguo consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Rusia con Ucrania es un imperio, pero sin Ucrania es un estado normal. Pero como no se resigna a ser un Estado normal, no quiere perder el control sobre Ucrania. Rusia estima que sólo así puede garantizar su seguridad.

El fin que persiguen las autoproclamadas Repúblicas de Donetsk y Lugansk no está muy claro, porque ha ido cambiando con el tiempo. Primero era la autonomía, después la independencia, después la anexión a Rusia y después otra vez la autonomía. Varios de los líderes que proclamaban la independencia han desaparecido en extrañas circunstancias, siendo reemplazados por otros líderes.

En este momento el liderazgo de esas repúblicas está enteramente bajo el control de Moscú. Teóricamente, de ello habría que concluir que el fin de la Repúblicas de Donetsk y Lugansk es el mismo que el fin de los líderes rusos. Pero yo no estoy tan seguro, ya que había dirigentes en los gobiernos de esas repúblicas que, al principio, querían otro tipo de Estado. Es decir, no formar parte de Ucrania, pero tampoco de Rusia, aunque dieran primacía a la relación con esta. Una especie de Estado que fuera autónomo tanto de Rusia como de Ucrania, pero dentro del denominado “mundo ruso”: conjunto de pautas culturales, creencias y costumbres que identifican al pueblo ruso, basado en los valores tradicionales de la Rusia de los zares. Algunos de sus líderes más nacional-patriotas propugnaron, tras proclamar la secesión, fidelidad a la ortodoxia, protección a la familia, prohibición de los abortos, el juego, la prostitución, el divorcio… En fin, un gobierno que no hubiera encontrado encaje ni en una Ucrania integrada en la UE, abierta, por tanto, a asimilar la ideología de género y otros valores contrarios al “mundo ruso”, ni en una Rusia como la actual, que ellos consideraban gobernada por excomunistas descreídos y antiguos jefes de los servicios de inteligencia soviéticos. Los primeros dirigentes separatistas rebautizaron a su nuevo Estado como “Novorrossiya”, retomando el nombre de la Ucrania Oriental en la época zarista, cuyos territorios habían sido conquistados por Catalina la Grande a los turcos y a los cosacos ucranianos en el siglo XVIII.

Pero ese plan no pareció convenir a Rusia. En un momento dado, Moscú dejó de apoyar el “proyecto Novorrossiya” y provocó el reemplazo de los dirigentes que lo propugnaban. ¿Por qué? Muchos analistas estiman que el surgimiento de un Estado como Novorrosiya hubiera dado alas a la ya poderosa corriente nacionalista rusa de extrema derecha (propugnada, entre otros, por Alexander Duguin) que acusaba a Putin de traición por no haber invadido sin contemplaciones toda Ucrania, y fomentaría el surgimiento dentro de la misma Rusia de iniciativas análogas en otros territorios de la Federación Rusa donde los elementos tradicionalistas nacional-patrióticos tuvieran apoyo popular. En consecuencia, Rusia pareció optar por mantener esas repúblicas dentro de Ucrania, pero controladas por ella o, en caso extremo, proceder a una anexión de facto. Ambas soluciones le beneficiaban, pues impedían que Ucrania pudiera incorporarse a la OTAN y que tuviera suficiente margen de maniobra como Estado soberano, al tener dentro el caballo de Troya de esas repúblicas, controladas por dirigentes afines al Kremlin. 

El fin que persigue la UE es la estabilidad y prosperidad en su frontera oriental, exportando a las repúblicas ex-soviéticas sus programas de reformas económicas y políticas. Para ello, la UE puso en marcha su programa denominado “Partenariado Oriental” con varias de esas repúblicas. Cuantos más países de la antigua Unión Soviética asimilen los principios de la UE (Derechos Humanos, elecciones transparentes, igualdad ante la ley, ausencia de privilegios de casta, etc.) más segura estará la frontera oriental y más podrá extenderse el mercado europeo hacia esos países, incorporándolos gradualmente. En definitiva, para la UE la finalidad sería la estabilidad de la frontera Este, la extensión a los países de Europa Oriental de los principios que han dado origen a la UE y la expansión a ellos de su área de seguridad y prosperidad. 

Para EEUU, el principal objetivo sería el impedir que la URSS se reconstruya bajo otro nombre y vuelva a ser un factor de inestabilidad para las democracias. EEUU ha visto cómo poco a poco el control o la influencia rusa en antiguas regiones y repúblicas soviéticas ha aumentado y cómo estas han ido siendo recuperadas por Moscú, una tras otra. Primero fue Abjasia, luego Transnistria, luego Osetia del Sur…, amén de la influencia rusa en Bielorrusia, Kazajistán, Tayikistán, Kirguistán y, ahora, Ucrania, tras la anexión de Crimea y el control del Donbass. Algunos analistas observan ese proceso como una reconstrucción del control de Moscú sobre el espacio post-soviético, como ocurría bajo la URSS. Frente a ello, Washington sostiene que cada país tiene derecho a elegir libremente el organismo internacional y el sistema de seguridad colectiva al que quiere pertenecer, por lo que Rusia no tiene derecho de veto sobre la libre opción de un país determinado de Europa Oriental a ser miembro de la OTAN, o dejar de serlo, decisión que deben tomar sus propios ciudadanos, como ocurriría en el caso de Ucrania. En fin, cada parte en esta crisis persigue un objetivo diferente.

3. El conflicto de Ucrania estalló de manera imprevista. Cientos de personas salieron a las calles pidiendo una mejora en las condiciones de vida y el fin de la corrupción. ¿Cómo podríamos explicar el hecho de que el conflicto surgiese tan repentinamente?

En realidad, no se trata de un conflicto aislado, ni surgió por sorpresa, sino que desde la disolución de la URSS, las cancillerías y embajadas occidentales ya recibieron hasta ocho avisos de lo que iba a ocurrir y no supieron interpretar esas advertencias.

El primer aviso se dio en diciembre de 1986, en Kazajistán, con una serie de revueltas populares que ya indicaban lo que iba a ocurrir. Allí tuvieron lugar unos gravísimos disturbios, cuando el presidente de la República Socialista Soviética de Kazajistán, el presidente Kunáyev, dimitió y fue sustituido por un ruso, Gennady Kolbin. En ese momento, jóvenes kazajos salieron a las calles a protestar contra la decisión impuesta por Moscú de nombrar un presidente que no fuera étnicamente kazajo y que no conocía ni el idioma, ni las particularidades del país. Hasta hoy no se sabe el número de muertos que hubo en la represión de las tropas de la KGB, del ejército y de la policía, que fueron enviados urgentemente desde Rusia para aplastar la insurrección.

El segundo aviso consistió en la guerra de 1988 en Nagorno Karabaj (una región montañosa autónoma, poblada por armenios, de religión ortodoxa, enclavada en mitad de la república islámica de Azerbaiyán). Cuando los habitantes y las autoridades de Nagorno Karabaj vieron que la URSS se desintegraba, temieron que en el caos de la desintegración iban a sufrir represión y arreglos de cuentas de la gran mayoría musulmana que les rodeaba. Por consiguiente, el Parlamento de esa región autónoma solicitó la anexión a Rusia. Cuando esto ocurrió, las autoridades de Azerbaiyán enviaron sus tropas para impedir la secesión. Se originó una guerra que aún no ha acabado.

El tercer aviso, ocurrido en 1989, fue la “Masacre de Tiblisi” (Georgia), cuando miles de georgianos salieron a las calles en favor de la independencia de Georgia respecto de la URSS. El ejército soviético envió tropas especiales para reprimir la sublevación, como había ocurrido en Kazajistán. Allí murieron muchos civiles. Esa masacre dio lugar al Síndrome de Tiblisi: ningún alto cargo soviético quiso asumir, desde entonces, la responsabilidad de haber dado la orden de la intervención. A partir de ese momento, el ejército no volvería a intervenir contra el pueblo a no ser que recibiese por escrito una orden con la firma de quien decidía la intervención.

El cuarto aviso data de 1990 con la guerra civil de Transnistria, una franja oriental de mayoría étnica rusa en la república de Moldavia, que es de mayoría étnica rumana. Ocurrió que tras la independencia de Moldavia en 1991, los habitantes de Transnistria temieron quedar oprimidos en el nuevo país, de lengua y tradiciones principalmente rumanas. Por tanto, declararon su propia independencia de Moldavia, iniciando consecuentemente un conflicto que dejaría más de 20.000 muertos.

En todos estos casos y en otros que vendrían después, Rusia apoyó siempre a los secesionistas, puesto que eso era una forma de mantener a las repúblicas que querían separarse de la URSS controladas mediante una minoría dentro de ellas, que impedía su consolidación como soberanas e independientes.

El siguiente aviso consistió en el fallido intento de golpe de Estado en Moscú de agosto de 1991. Aunque fracasó, esa intentona abrió los ojos a otras repúblicas sobre el peligro de involución y regreso a la URSS y, a partir de ese momento, el proceso secesionista se aceleró.

El sexto aviso consistió en el referéndum convocado en Ucrania en diciembre de 1991. Bajo la pregunta “¿Está usted de acuerdo en que Ucrania se separe de la URSS y sea un Estado independiente?”, el 98% de la población ucraniana votó que sí, incluida Crimea.

Junto a estos avisos habían tenido lugar otros indicadores más, como el movimiento separatista en Abjasia (región del noroeste de Georgia), que en 1992 declaró su independencia de Georgia, la cual deseaba independizarse de Rusia por completo. Rusia apoyó a los separatistas también aquí.

El último aviso tuvo lugar en 2007, en Osetia del Sur. Fue tras un intento del gobierno de Georgia para lograr que la región separatista de Osetia del Sur volviese bajo su control empleando para ello su ejército. Rusia, que tenía estacionadas en Osetia Fuerzas para el mantenimiento de la paz desde un conflicto anterior,  intervino en favor de los separatistas, obligando a Georgia a renunciar al control de esa región.

4. Aunque a EEUU el conflicto ucraniano le preocupa, no le inquieta tanto como otros temas. De hecho, EEUU no está actuando y únicamente verbaliza su preocupación. ¿Es posible que no esté ofreciendo una respuesta clara porque piensa que fundamentalmente es un problema europeo?

A EEUU le preocupa por la sencilla razón de que la solución de otras crisis que ocurren en el mundo, fundamentalmente las de Siria, Venezuela y la de Corea del Norte, depende de que haya confianza y buena relación entre Moscú y Washington. Y nunca la habrá si previamente no se resuelve el tema de Ucrania. Lo que está envenenando las relaciones es Ucrania. De hecho, dudo mucho que sin la guerra en Ucrania hubiese habido una intervención rusa en la guerra en Siria como la que ha habido.

Cuando Occidente intenta aislar a Rusia imponiendo sanciones, Rusia tiene que salirse por algún lado. Por ello, para demostrar que no se le puede aislar y que es un protagonista en la escena internacional, Rusia interviene en Siria, en Venezuela o donde puede plantar cara a EEUU. Estaría emitiendo un mensaje parecido a este: “aunque me queráis aislar y reducirme a potencia regional de segundo orden, os puedo demostrar que sin mí no tiene solución ninguna crisis mundial. Es más, si quiero, os provoco otras crisis”.

5. ¿Qué opinan los propios ciudadanos rusos sobre la anexión de la península de Crimea?

La intervención y consiguiente anexión de Crimea por Rusia, dentro del conflicto ucraniano, es el punto que más envenena las relaciones entre Rusia y Occidente, pero también repercute en la opinión pública rusa.

Porque, claro, Rusia tiene un PIB del tamaño del de Italia y está manteniendo intervenciones en el exterior que le cuestan mucho dinero. Sus hospitales están en una condición lastimosa, la enseñanza atraviesa por una gran carencia de medios y disminución de calidad, las pensiones son bajísimas, se ha retrasado la edad de jubilación… Muchos en Rusia están disgustados por que, en estas circunstancias, se dediquen recursos ingentes a subvencionar Crimea. Porque Crimea no se sostiene sola. Antes, cuando estaba en paz y gracias al turismo, sí que podía llegar a sostenerse a sí misma. Pero ahora, ¿quién va a Crimea? ¿quién invierte en Crimea? Todo lo subvenciona el gobierno ruso. Eso estaría al alcance de un país con un PIB gigantesco, pero difícilmente un país que tenga un PIB como el de Italia o España y que dedique, directa o indirectamente, un tercio del PIB a sus fuerzas armadas y de policía. Además de tener que subvencionar Crimea, Rusia tiene que subvencionar Abjasia, Transnistria, Osetia y el Donbass. Por este motivo, hay en Rusia quien ya se pregunta si no fue un error la anexión de Crimea, como, por ejemplo, uno de sus más influyentes diarios, “Vedomosti”.

Por otra parte, una razón importante por la que los dirigentes rusos no ven con buenos ojos discutir sobre este asunto podría ser Chechenia. Según algunos expertos de Derecho Internacional, como la catedrática de Derecho Internacional de la Complutense, Araceli Mangas Martín, todos los argumentos que Rusia esgrime para justificar la secesión de Crimea de Ucrania valdrían para justificar una futura secesión de Chechenia de Rusia. ¿Qué ocurriría, se preguntan algunos analistas, si dentro de 10 o 20 años se formara una mayoría chechena que reclamara la secesión de Rusia en un referéndum invocando el precedente de Crimea? 

El tema de la legitimidad de la anexión de Crimea es un tema tabú en la sociedad rusa, por muchas razones. No se puede hablar de él con tranquilidad. De hecho, el único diputado de la Duma (Parlamento ruso) que votó en contra de la incorporación de Crimea a Rusia ha tenido que exiliarse porque ha sido amenazado. En los programas de televisión los debates sobre la existencia y legitimidad de la anexión de Crimea no suelen permitirse y cuando se tocan tiene que ser siempre desde el punto de vista oficial.

6. ¿Ve usted posible que Rusia acabe abandonando la guerra en Ucrania? Además, ¿podría Crimea volver a formar parte del territorio ucraniano?

Rusia ha dejado muy clara una cosa: no va a permitir jamás que los rebeldes y los separatistas ucranianos de las Repúblicas de Donetsk y Lugansk sean derrotados por el ejército ucraniano. No lo va a permitir. 

La única posibilidad de que Rusia abandonase su intervención militar en Ucrania sería que los secesionistas ganasen su confrontación con el gobierno ucraniano y consolidasen una independencia de este bajo el control indiscutido de Moscú.

Segundo, veo el regreso de Crimea a Ucrania muy difícil, prácticamente imposible. Porque Rusia está convirtiendo Crimea en una inmensa base militar que estima imprescindible frente a una OTAN expansiva. La está dotando de los más modernos sistemas de armamento: radares, cohetes, una moderna flota...

7. Demográficamente, ¿el porcentaje de rusos en Crimea es tan alto como se dice?

Según algunos analistas, el Kremlin juega con las cifras. Unas veces habla de rusos étnicos, otras veces de rusohablantes. Odesa o Jarkiv, por ejemplo, son grandes ciudades ucranianas rusohablantes, pero que están de parte del gobierno de Kiev. ¿Qué entiende Rusia por “ruso”? Dicen las autoridades rusas: “Es que la mayor parte de los habitantes de Crimea votaron legítimamente por la secesión e incorporación a Rusia en referéndum por una mayoría afirmativa en torno al 90%, constituyendo además los rusos la gran mayoría de la población en la península”. Defíname eso. ¿Qué pasa con el 13% de tártaros, qué pasa con el 20% de ucranianos? Y los que Moscú llama rusos en Crimea, ¿qué son exactamente: rusos étnicos, rusohablantes, titulares de pasaporte ruso, rusos por opción, por nacimiento, por matrimonio? ¿Con qué documentación electoral y con qué control de las votaciones se hizo el referéndum? ¿Se contaban como votantes censados las tropas de la base rusa de Sebastopol o no se contaban? ¿Cómo se controlaron las votaciones dentro de los cuarteles militares? En fin, es como decir “españoles” refiriéndonos a cualquier país iberoamericano. En Argentina o Cuba puede haber 700.000 españoles. ¿Aceptamos entonces que en un territorio de Argentina, Cuba o Venezuela, donde la mayoría sean españoles, estos organicen un referéndum por la secesión y su reincorporación a España y les armamos clandestinamente?

La pregunta que nos debería preocupar es: ¿en qué se distingue ciudadanía de nacionalidad? En los países occidentales ciudadanía y nacionalidad son lo mismo. Sin embargo, en Rusia no es así, y aquí vamos al meollo del problema. En los países de la antigua órbita soviética, nacionalidad significa “pertenencia a un grupo étnico”. Mientras que ciudadanía significa “sometimiento al régimen político, jurídico y administrativo de un Estado determinado, con independencia de la etnia a la que se pertenezca”.

En Rusia son cosas completamente diferentes. Tanto es así que en los documentos de identidad de Rusia y de Ucrania, hasta hace poco, figuraba como “nacionalidad” el grupo étnico del titular: judío, tártaro, ruso... Por eso, cuando Rusia se anexionó Crimea, la principal razón que dio el presidente Putin para hacerlo fue que debía proteger a los “rusos” en Ucrania, a “sus” nacionales en Ucrania, frente a la “Junta Fascista” de Kiev que les amenazaba. Para un ruso, puedes cambiar la ciudadanía; en cambio, la nacionalidad no se pierde nunca, y Rusia debe proteger a quienes ostentan la suya.

Todo ello explica que antes de intervenir en una república ex -soviética que se quiere separar de la órbita de Moscú, lo primero que hace Rusia es repartir pasaportes rusos entre ciudadanos de esas repúblicas a los que, a partir de ese momento, considera rusos, y luego, argumenta que los tiene que proteger.

De los ucranianos que vivían en Crimea, muchos la han abandonado. Otros, se han quedado en Crimea, por supuesto, pero sin poder poner en tela de juicio que Crimea pertenece a Rusia, sometiéndose a las autoridades rusas, debiendo, en muchos casos, obtener otra nueva documentación, distinta a la que tenían antes, y  prestando lealtad y sometimiento a otro Estado distinto a aquel en el que vivían hasta hace poco.

8. ¿Podríamos decir que Rusia y Occidente tienen interpretaciones diferentes sobre los principios que han de regir las relaciones internacionales?

Ese principio fundamental para el Kremlin de defender militarmente a los rusos estén donde estén, incluido el territorio de otra república ex-soviética, choca con otros principios básicos para la UE, EEUU y países occidentales: la integridad territorial del Estado, la soberanía del Estado y la igualdad de todos antes la ley... Si tú quieres proteger a los rusos que viven en Ucrania anexionándote Crimea porque tiene mayoría rusa, obviamente estás violando el principio de integridad territorial del Estado. Sin embargo, Rusia piensa que ella sí que ha respetado la integridad territorial de Ucrania, porque la integridad territorial tiene para los dirigentes rusos un significado diferente al nuestro. Para ellos la integridad territorial se refiere al aparato del Estado, pero no al territorio. Rusia da prioridad a otros principios, como es la protección de sus nacionales.

Por todos estos motivos este conflicto es tan peligroso, porque ni Occidente ni Rusia pueden renunciar a principios que consideran básicos. Por eso, cuando hablamos de diálogo de la UE y EEUU con Rusia para solventar este conflicto, estamos pidiendo un diálogo entre dos partes que hablan un lenguaje diferente, porque Rusia atribuye a los conceptos un significado completamente distinto al que les atribuimos nosotros.

9. La política rusa de protección de los rusos étnicos puede recordar mucho, en gran medida, la política de la Alemania nazi de la década de 1930 de intentar unir a todos los alemanes étnicos. ¿Considera que la situación es similar?

No solamente a los años 30, sino también al tiempo de la Primera Guerra Mundial, que estalló porque Serbia quería proteger a los serbios que vivían fuera del territorio de Serbia, los cuales se consideraban oprimidos y maltratados por las autoridades del Imperio Austrohúngaro, cuando este se anexionó Bosnia-Herzegovina. Uno de los que se sentían oprimidos, el estudiante Gavrilo Princip, con auxilio logístico de la policía secreta serbia, mató al heredero del trono de Austria-Hungría durante su visita a Sarajevo, la capital de Bosnia-Herzegovina. Eso provocó una reacción en cadena y una Guerra Mundial.

En la Segunda Guerra Mundial, Alemania exige que todos los alemanes vivan dentro del mismo Estado. Desgraciadamente, no todos los alemanes vivían en Alemania. Los nazis deciden entonces lograr que todos los alemanes de raza aria, superior, queden en un solo Estado, dirigidos por un solo Führer. Para ello, se anexionan Austria. Las potencias occidentales se quedan perplejas. Resultaba que también había alemanes en Checoslovaquia, que no estaban bien tratados por las autoridades checoslovacas, según los nazis. Entonces, el Führer fuerza a los checoslovacos a cederle los Sudetes. Luego Alemania se anexiona otros territorios y las potencias occidentales ceden. Más tarde, Hitler reclama el corredor polaco y la ciudad alemana de Danzig, territorio también de población alemana, pero situado en Polonia, y es allí cuando, definitivamente, Inglaterra y Francia, que habían ofrecido garantías a Polonia,  reaccionan.

Para algunos analistas occidentales, la situación recuerda mucho a lo que ocurre ahora en la antigua URSS. Primero, Rusia se anexiona una parte de otro país, luego se instala en una parte de otro, con la misma justificación: la de que hay rusos en ellos que hay que proteger. En mi opinión, la situación no es exactamente la misma, pero tiene alarmantes parecidos.

10. La lección de los años 30 es que la política de apaciguamiento no evitó la guerra, sino que simplemente la aplazó e hizo que se combatiese en peores condiciones. Entonces, ¿cuál es la actitud recomendable ante la política rusa?

Existen dos tendencias fundamentales: la primera comprende las tendencias al apaciguamiento y la segunda las tendencias a la firmeza. Entre las tendencias al apaciguamiento encontramos, a su vez, tres corrientes distintas:

–Un primer grupo de expertos llama la atención sobre un hecho fundamental: que Rusia está dispuesta a llegar más lejos que Occidente en el conflicto de Ucrania, porque para Rusia Ucrania es una cuestión vital, mientras que para Occidente no. Habría que llevar a cabo una revisión territorial. Vamos a ceder y vamos a dejar que Rusia se quede con sus rusos, y aquí se acaba el problema. Firmamos un acuerdo, y Rusia tiene su zona de influencia.

–La segunda corriente defiende la idea de convertir Ucrania en un Estado neutral para que Rusia no perciba una amenaza. Ello implicaría que se decida la congelación de la expansión OTAN, que ya no se extendería a ningún país más de la Europa oriental; se otorgue una autonomía muy amplia a las regiones de Ucrania oriental pobladas mayoritariamente por rusos, y se admita que Crimea forma parte de Rusia en compensación a la extensión de la OTAN hacia el Este.

–Según la tercera corriente, Rusia, al anexionarse Crimea y al intervenir en Ucrania oriental, no observó un comportamiento agresivo. Muy al contrario, actuaba en su legítima defensa, y a ningún país se le puede negar la legítima defensa. Decimos eso porque si hubiese triunfado la revolución del Maidán en toda Ucrania, incluida Crimea, y en toda Ucrania se hubiese implantado un régimen proclive a Occidente, hubiera sido cuestión de muy poco tiempo que el nuevo gobierno ucraniano hubiese solicitado el ingreso en la OTAN. Eso hubiera conllevado que las fronteras de la OTAN se hubiesen acercado todavía más a Rusia, poniendo en peligro la seguridad del país. Por tanto, Rusia, al actuar en Ucrania, únicamente lo hace en legítima defensa. Esta tercera corriente propugna la desmilitarización del Donbass, que la seguridad de las fronteras quede garantizada por una fuerza de mantenimiento de la paz bajo el mando de la ONU, y la admisión de Crimea como parte de Rusia, en compensación al hecho de que la OTAN ha incorporado países que antes pertenecían a la URSS.

Como comentamos anteriormente, existe una segunda tendencia que aboga por la firmeza: “No vamos a repetir el error de Múnich de ceder, ceder y ceder, porque si continuamos así, la próxima vez nos encontraremos con que Rusia intenta anexionarse un país báltico”, donde, por cierto, en Estonia y en Letonia tiene importantísimas minorías. La principal corriente de este grupo piensa que no podemos repetir el error de Yalta, de dejar dividir Europa en zonas de influencia y sobre todo de imponer la neutralidad a un país que no la desea. Por otra parte, lo que se estaría haciendo al admitir que Rusia se quedase con todas estas regiones es negarle a Ucrania, precisamente, su derecho a la legítima defensa. 

Otro grupo de esta tendencia sostiene que los partidarios de la estrategia de apaciguamiento no ofrecen ninguna solución a cómo se garantizaría entonces la seguridad de los países de Europa del Este. Además, el hecho de no extender la OTAN y de ser condescendientes con Rusia para evitar provocar a Rusia es un dilema falso, porque Rusia ya hace todo lo que puede por fastidiar a Occidente, todo el límite de provocación ya está superado. Si se quiere conseguir la estabilidad de Europa a base de cerrar los ojos y permitir que Rusia controle las zonas que antes pertenecían a la URSS, existe el riego de que Rusia siga ocupando territorios. ¿Hasta dónde tienen que llegar las fronteras de Rusia para que Rusia se sienta segura?

Además de las dos tendencias anteriores, existe una tercera corriente de pensamiento que llama la atención. Dice que en el caso de la Alemania nazi hay un hecho diferencial respecto de la situación actual: en aquel momento no existían las armas nucleares. En aquel momento, quizás fuera prioritario detener a Hitler a costa de pagar un alto precio, porque de lo contrario las consecuencias habrían sido catastróficas. Era un mal menor frente a un mal mayor. Sin embargo, ahora este dilema no existe, ya que ahora el dilema está entre llegar a un entendimiento con Rusia o una guerra nuclear.

La pregunta que plantea esta tercera posición es: ¿cuál es nuestra prioridad, castigar a Rusia o conseguir la estabilidad en Europa? Si elegimos la primera opción, entonces lo que habría que hacer es armar a Ucrania. Sin embargo, si nuestra prioridad es recuperar la estabilidad en Europa, entonces tenemos que iniciar conversaciones con Rusia. En realidad, a largo plazo, Occidente es mucho más fuerte que Rusia, pero el inconveniente que tiene a largo plazo es que no sabes si en ese periodo de tiempo tan grande estaremos todos muertos. Si Rusia ve que es más débil a largo plazo, obviamente intentará aprovechar la situación mientras todavía es fuerte.

11. Puede existir la interpretación de que lo que ocurrió en Crimea fuese una reacción de legítima defensa por parte de Rusia para evitar que su base naval de Sebastopol se convirtiera en base de la OTAN.  Rusia habría interpretado eso como una amenaza a su seguridad y, por tanto, habría intervenido para proteger su seguridad. Teniendo esto presente, tomemos como ejemplo la crisis de Cuba de 1962. Cuba decidió comprar armamento para colocar cohetes atómicos soviéticos en territorio cubano. Podían hacerlo desde el punto de vista del Derecho Internacional, eran dos países soberanos que podían venderse armas unos a otros. EEUU se sintió atacado ante la posibilidad de que hubiera cohetes en Cuba e intervino en Cuba. ¿No ha ocurrido lo mismo con Crimea y la URSS? En un segundo supuesto, imaginémonos que en México entra un gobierno de corte anti-americano, que se siente muy inseguro hacia EEUU y que decide instalar cohetes nucleares en la frontera de Río Grande. ¿EEUU permitiría en aras del Derecho Internacional de integridad territorial que hubiera baterías de cohetes apuntando a las ciudades de EEUU? ¿Qué piensa usted de esto?

Hay similitudes en esos casos, pero no se pueden comparar. Las diferencias que yo veo son, en primer lugar, que EEUU impuso un bloqueo en Cuba, pero no invadió Cuba, como usted dice, ni se anexionó región de Cuba alguna. Kennedy metió la pata con su invasión de Bahía de los Cochinos, retiró a sus tropas de allí y pidió públicamente perdón por la iniciativa. No me puedo imaginar a un líder ruso pidiendo públicamente perdón por la invasión ilegal por la URSS o por Rusia de un país soberano y sin declaración de guerra: Finlandia en 1939, los Bálticos en 1940, Hungría en 1956, Checoslovaquia en 1968, Afganistán en 1979, Ucrania en 2014….

En segundo lugar, los misiles instalados en Cuba eran armas nucleares ofensivas muy potentes, instaladas clandestinamente, mientras que EEUU no instala armas nucleares ofensivas comparables cerca de Rusia ni lo ha hecho clandestinamente. Moscú estima que los sistemas antimisiles norteamericanos en Polonia y Rumanía pueden convertirse en ofensivos fácilmente, pero tal recelo ruso se solventaría con un eficaz sistema de inspecciones y verificación. Además, los dirigentes rusos saben perfectamente que tales sistemas no constituyen amenaza efectiva alguna frente a su enorme arsenal nuclear. La prueba está en que presumen de él y lo consideran invulnerable, según palabras del propio presidente Putin.

En tercer lugar, lo de México es política ficción. No es imaginable que EEUU invada militarmente México para proteger a las minorías estadounidenses asentadas en ese país, como ha ocurrido con Crimea o el Donbass. Por otro lado, dudo que fuera posible que se instalaran armas nucleares en México con los acuerdos bilaterales y regionales que están vigentes entre EEUU y México y en el marco del tratado de libre comercio entre EEUU, México y Canadá. No olvidemos que, aunque imperfectos, tanto México como EEUU son regímenes democráticos. Sus líderes responden ante sus electores y ante su pueblo, y son elegidos por este. No es el caso de Cuba ni de la URSS, dictaduras comunistas, ni, según algunos autores, de la Rusia actual, régimen autoritario nacionalista. Las democracias no suelen hacer guerras entre ellas.

El único comportamiento de Estados Unidos similar a lo que ocurre en Crimea fue la invasión de la isla caribeña de Granada. Cuando en Granada subió al poder un régimen marxista, EEUU arguyó la necesidad de proteger a los estudiantes estadounidenses que había allí para intervenir, aunque no estaban en peligro.

Otra diferencia es que lo de Ucrania se inscribe en un proceso o tendencia (Kazajistán, Transnistria…), que parece haber estado perfectamente planificado desde 1990, como hemos comentado antes. No es un caso puntual, sorpresivo e improvisado, como fue la reacción de EEUU ante la instalación de misiles en Cuba en 1962.

12. Lo que ha comentado anteriormente sobre la reacción agresiva de Rusia para evitar el largo plazo, recuerda mucho a la estrategia directa de la contención estadounidense durante la Guerra Fría. La respuesta estadounidense era que, precisamente, había que rearmarse y tener una capacidad militar lo suficientemente intimidatoria para que la URSS no se atreviese a actuar agresivamente. Sería esa otra posible conclusión: ¿Hay que rearmarse?

De hecho, lo estamos haciendo. Para mí, el mayor error de Putin ha sido posibilitar que EEUU consiga en 20 días el consenso para un rearme y fortalecimiento de la OTAN que no había conseguido en 20 años. Ahora tienen una OTAN cohesionada y organizada, han conseguido el compromiso a un aumento de los gastos militares por parte de los aliados de la OTAN que antes eran reticentes a hacerlo.

13. Crimea era parte de Rusia hasta que Kruschev se la cedió a Ucrania en 1954. Además, el Imperio Ruso tuvo miles de muertes por recuperar esa península en la Guerra de Crimea. ¿El hecho de que ese territorio pertenezca a Ucrania o a Rusia es algo que podría ser discutible?

En primer lugar, la constatación de que Kruschev regaló Crimea a Ucrania es, según documentados autores, una de las grandes falsedades difundidas por los centros de inteligencia rusos, que ha sido creída por casi todo el mundo en Occidente. Aunque es cierto que la resolución del Presidium del PCUS de 1954 hace que Crimea pase a depender de Ucrania, con motivo del 300 aniversario de la incorporación de Ucrania al Imperio Ruso, este no era el único motivo, ya que Crimea es una zona muy árida, y el suministro de agua, mano de obra, infraestructura… es muchísimo más fácil desde Ucrania que desde Rusia. A efectos prácticos, es mucho más rentable, como se está viendo actualmente, mantener Crimea desde Ucrania que desde Rusia.

En segundo lugar, la región de Taganrog, más rica y más grande que Crimea, que anteriormente pertenecía a Ucrania, se asignó a Rusia. Por eso, algunos analistas piensan que lo que hubo fue una especie de compensación territorial, porque mantener Taganrog desde Ucrania es muy difícil también.

En tercer lugar, el cambio de fronteras administrativas entre las diferentes regiones de la URSS en tiempos de Stalin y de Kruschev era algo habitual y frecuente. Si consideramos anti-constitucional o ilegal la transferencia de Crimea a Ucrania por Kruschev, también hay que considerar ilegales docenas de modificaciones territoriales análogas que se hicieron en esa época en la URSS.

En cuarto lugar, Crimea ha sido parte de Rusia 250 años (Cuba fue española aproximadamente 400 años) y toda Ucrania occidental era Polonia hasta 1939. Luego Polonia tendría igual derecho a reclamar su parte de Ucrania que Rusia a reclamar la suya. Si vamos a justificar la anexión de territorios en base a vínculos históricos sin respetar los tratados internacionales actuales, entonces habría que rehacer todo el mapa mundial y provocaríamos una escalada bélica. Por esta regla de tres, los españoles deberían reclamar mañana mismo Cuba, pues fue un trauma para nosotros perderla, residen allí miles de españoles y fue mucho más tiempo española que Crimea rusa.

En quinto lugar, y más importante, en el Tratado de Amistad y Cooperación entre Rusia y Ucrania de 1997, Rusia reconoció la independencia e integridad territorial de Ucrania, incluida Crimea.

No podemos estar inmersos en un continuo proceso de reivindicaciones históricas. Para evitar eso existen los tratados internacionales que fijan las fronteras e impiden que volvamos a la selva.

14. Hace unos años fuimos testigos de cómo EEUU luchó por la independencia de Kosovo, la cual reconoció. Por tanto, ¿podríamos decir que el caso de Kosovo constituye un precedente que legitima a Rusia a defender la separación de Crimea?

Para muchos analistas, el caso de Kosovo y el caso de Crimea no tienen relación alguna entre ellos. En primer lugar, dicen, EEUU no buscaba anexionarse Kosovo, a diferencia de lo que Rusia hizo con Crimea. En segundo lugar, el reconocimiento de la independencia de Kosovo tuvo lugar después de 10 años de limpieza étnica llevado a cabo por las tropas Serbias en Kosovo contra la población albanesa. El tema se llevó a la ONU y se discutió durante mucho tiempo. Nada parecido ocurrió en Crimea: no había ningún conflicto entre rusos y ucranianos, no se llevó el tema a la ONU, ni siquiera se llevó al Tribunal Internacional de Justicia (Kosovo sí se llevó). Son cosas completamente diferentes. No había habido ningún incidente serio entre etnias en Crimea que justificase la anexión por parte de Rusia. En Kosovo sí los hubo, con miles de muertos.

Esto supone, según muchos autores, otro éxito de la propaganda rusa, que ha conseguido que mucha gente de Occidente considere que son casos similares. Además, habría que ver en qué condiciones se realizó el referéndum en Crimea: no hubo debates en televisión, no hubo diferentes partidos políticos que expusiesen sus posiciones, no hubo observadores internacionales, no hubo un censo fiable, los puntos de votación estaban tomados por el ejército ruso… No sabemos cómo es esa mayoría que votó a favor.

15. ¿Cómo se puede explicar el enorme poder y popularidad de Putin en un país considerado democrático y en el que existen elecciones regulares?

Un asunto que merece la pena comentar es el fracaso de las reformas democráticas en Rusia. Cuando se desintegra el comunismo en la URSS y Rusia opta por la economía de mercado, por la libertad de comercio y por la democracia liberal, espera recibir un modelo civilizado de todo eso. Lo que recibe, en más de una ocasión, son verdaderos gánsters occidentales haciendo negocios, apropiándose de los recursos económicos y culturales de Rusia, y de los cerebros de Rusia… La versión de la economía de mercado que recibe Rusia tras la implantación de la democracia liberal en el país es horrorosa y, a partir de ese momento, las palabras “democracia” y “reformas” quedan totalmente desacreditadas en Rusia. Ellos tienen una idea de reformas y de democracia totalmente nociva y fatal. Eso fue precisamente lo que catapultó al poder a líderes como Vladímir Putin.

Una cosa que no entendimos en Occidente es que, para un ruso, la estabilidad es mucho más importante que la libertad. Sobre todo no entendimos una cosa muy importante, que fue la pasmosa facilidad del tránsito del comunismo al nacionalismo. Fue una ingenuidad pasmosa por parte de los diplomáticos occidentales pensar que los líderes postcomunistas iban a edificar la democracia sobre las ruinas de la URSS y en contra de sus propios intereses.

El tránsito del comunismo al nacionalismo es, en realidad, muy fácil, porque sus elementos básicos son los mismos: primacía del líder sobre las instituciones, del dogma sobre los principios, de la lealtad sobre los méritos, de los slogans sobre el razonamiento, de la propaganda sobre la información, de la historia virtual sobre la real, etc.

16. La población de los países bálticos cuenta con una importante minoría rusa. En esos países se ha estabilizado la situación también porque ha habido un despliegue de la OTAN.¿Ucrania podría entrar en la OTAN y eso estabilizaría la situación o Rusia nunca permitiría que Ucrania entrase en la OTAN?

Hubo un momento en que se le propuso a Rusia unirse a la OTAN. Pero Rusia no quería ser un miembro más de la OTAN, no quería estar sujeta a EEUU, sino que desea tener protagonismo. Por su parte, Ucrania no es igual que los países bálticos. Yo creo que Ucrania no puede, de momento, entrar en la OTAN. Sin embargo, ya hay programas de colaboración entre la OTAN y el gobierno ucraniano. Para mí es consecuencia de la actuación del presidente Putin, porque ¿de qué le sirve ganar Crimea si pierde Ucrania, donde, además, ha hecho surgir un sentimiento anti-ruso? Con esa política, Rusia ha conseguido que la OTAN despierte y se fortalezca (lo que EEUU no había conseguido nunca), y que la mayoría de Ucrania tenga un sentimiento pro-occidental. Todo un balance.

En mi opinión, Rusia hará todo lo posible para evitar que Ucrania entre en la OTAN. No obstante, si Ucrania fuese admitida en la OTAN, Rusia respondería asimétricamente. A mi juicio, el mundo se colocaría al borde de una guerra nuclear.

17. ¿Cree que el asunto de Crimea puede tener una repercusión más amplia, establecer un precedente?

En opinión de muchos analistas, rusos incluidos, lo que Putin ha hecho allí es algo muy peligroso. Porque los argumentos que él da para justificar la secesión de Crimea de Ucrania, valdrían, según esos expertos, para justificar la secesión de otras regiones de Rusia. No ahora, pero sí en el futuro. Rusia tiene cerca de 120 etnias diferentes, imaginémonos que alguna decide aplicarse los argumentos utilizados en al caso de Crimea para justificar su propia secesión.

También hay otra cuestión a tener en cuenta, y es que Rusia se ha presentado como redentora de la humanidad a lo largo de la historia (con la caída de Constantinopla, erigiéndose como la tercera Roma y redentora de lo que quedaba de la civilización, y con la expansión del comunismo tras la Revolución de 1917, con la redención de los oprimidos), y ahora Rusia se presenta de nuevo por tercera vez como redentora de la humanidad. Para Rusia, las pautas morales que ahora en Occidente forman parte ya de los principios básicos de nuestra civilización, son inadmisibles. Ella piensa que nuestra sociedad se está disolviendo y que está totalmente corrompida. Por ejemplo, en Rusia jamás se permitirá la ideología de género y lo consideran como una plaga que está disolviendo la sociedad de Occidente. Esta tendencia que se conoce con el nombre de “mesianismo ruso”, que adopta diferentes formas a lo largo de la historia, es una constante con la que hay que contar. Rusia piensa que no está luchando solamente por Ucrania y por Crimea, sino por toda la civilización.

SEGURIDAD REGIONAL AMERICANA, informe 2019

El informe Seguridad Regional Americana (SRA) que ponemos en marcha tiene el propósito de abordar anualmente las amenazas más recientes para la seguridad de los países americanos. Se ocupa de un espacio que en gran medida es la región de seguridad de Estados Unidos, por lo que muchos aspectos trascienden el ámbito nacional y pasan a una consideración geopolítica. La seguridad del Hemisferio Occidental incumbe, por tanto, también a la Unión Europea o a España, interesadas en la estabilidad y prosperidad al otro lado del Atlántico. Nuestro SRA es un barrido, a modo de radar, de las cuestiones más significativas ocurridas en este campo el último año.

Abrir el PDF completo del informe [pdf. 19,7MB]

RESUMEN EJECUTIVO [versión en PDF]

La presente tensión geopolítica mundial se está jugando en el near abroad de las tres principales potencias. Ese término se aplica específicamente al espacio que en su día formaba parte de la URSS y hoy rodea a Rusia: la política exterior del Kremlin se encamina tanto a asegurar su influencia en esa zonas como a evitar que algunas de ellas se conviertan en peón de otros. Pero un pulso así, como el que ocurre en Ucrania o las repúblicas bálticas, también se da en el near abroad chino: el mar de la China Oriental y de la China Meridional. Y del mismo modo, aunque con un dramatismo menor, el juego geopolítico ha llegado también a ese extranjero próximo de Estados Unidos, que va más allá del patio trasero que constituye el Gran Caribe y podríamos extender al menos hasta la línea del Ecuador.

En el último año la región de seguridad de Estados ha entrado de lleno en esta nueva fase de geopolítica aguda. Eso se debe especialmente al aumento de la presencia de Rusia en ese entorno, especialmente en Venezuela, donde del auxilio económico se ha pasado en meses recientes a una sucesión de gestos de índole militar que desafían a EEUU. Además, el acuerdo firmado por Cuba para instalar una estación de Glonass, el navegador satelital ruso, alimenta la posibilidad de que Moscú vuelva a querer usar la isla para labores de inteligencia, como en el Guerra Fría. Similares sospechas existen en relación a una estación ya abierta en Managua, donde asimismo una academia para policías gestionada por Rusia ha sido señalada con suspicacia por el Pentágono.

A la par de esa actividad rusa en la región, Washington pone en ocasiones la de China. Aunque sin buscar hacer enojar a EEUU, como puede atribuirse al Kremlin en su deseo de reciprocar la presión recibida en Ucrania, los movimientos comerciales de Pekín son percibidos por los estadounidenses como no amistosos. Así ocurre especialmente en Centroamérica, donde en pocos años China ha ido desplazando la peculiar influencia que tenía Taiwán, país que en 2018 perdió el apoyo de El Salvador y República Dominica. A lo largo del año diversas autoridades estadounidenses expresaron la incomodidad por la toma de posiciones de China en el entorno del Canal de Panamá. Por lo demás, después de un 2016 sin apenas créditos a Venezuela y un 2017 en blanco, Pekín otorgó en 2018 un préstamo de 5.000 millones de dólares al régimen chavista (van ya 67.200 millones).

La crisis venezolana no solo está generando una fricción entre las tres principales potencias, sino que además es foco de inseguridad para los países de alrededor. El espacio que el Gobierno de Maduro ha seguido dando a los guerrilleros colombianos ha contribuido a que 2018 pueda considerarse como el año de consolidación de la actividad delictiva de la disidencia de las FARC, en colaboración con el ELN, una guerrilla todavía activa como tal que además está incrementando su radio de acción en Venezuela. El último año también vio un robustecimiento del ELN, que fracasadas las negociaciones que mantenía con el Gobierno realizó un atentado en Bogotá en enero de 2019 causando 21 muertos. Los disidentes de las FARC llegaron a finales de 2018 a ser unos dos mil, incluyendo elementos desmovilizados que vuelven a las armas y también nuevos reclutas. Su actividad de producción de coca, concentrada en el suroeste de Colombia, supuso a lo largo de 2018 un derrame de violencia al otro lado de la frontera con Ecuador, en parte por la actividad de “el Guacho”, un exFARC finalmente abatido por las fuerzas de seguridad colombianas.

El agravamiento de la situación venezolana, por otro lado, ha reducido la vigilancia en el mar, aumentado la corrupción de autoridades marítimas y de municipios costeros y empujado a los habitantes de esas localidades a buscar modos de subsistencia. Como consecuencia, los episodios de piratería frente a las costas de Venezuela y de sus vecinos orientales se han incrementado notablemente. En un solo ataque realizado en abril de 2018 en aguas de Surinam fallecieron quince pescadores de Guyana; por su parte las autoridades de Trinidad y Tobago decidieron crear una unidad aérea de élite para luchar contra esas acciones.

No es la única especial alerta en Trinidad y Tobago. La desbandada de yihadistas del ISIS que está suponiendo la pacificación de Siria ha puesto en guardia tanto a Washington como a Puerto España ante el posible regreso al país caribeño de quienes fueron a combatir a Oriente Medio. Trinidad y Tobago fue la nación que proporcionalmente más combatientes envió a Siria: un total de 130, de una población que puede alcanzar los dos millones habitantes, de los que apenas el 5% son musulmanes. Las autoridades detuvieron en febrero de 2018 a cuatro presuntos yihadistas por planear un atentado en el carnaval de la capital. Urgido por EEUU, que teme una diseminación por la región de extremistas trinitenses, el Gobierno insular desarrolló en 2018 una nueva estrategia antiterrorista.

El éxito internacional en terminar con el “califato” del ISIS traslada, pues, el riesgo a otras partes del mundo. También la presión de la Administración Trump sobre Irán puede estar incentivando una mayor actividad de Hezbolá en ciertos enclaves de Sudamérica –sería el caso de la Triple Frontera– para compensar la reducción de financiación que podría devenir de la efectividad de las sanciones estadounidenses a Teherán. El año 2018 supuso, en cualquier caso, una reactivación del interés de la Casa Blanca por desbaratar las redes de narcotráfico, lavado de dinero y contrabando llevado a cabo por operativos de Hezbolá en América Latina: el Departamento de Justicia reconstituyó una unidad de investigación específica y el Departamento de Estado etiquetó al grupo, ya calificado por EEUU de organización terrorista, como organización criminal transnacional. El último año, además, vio un salto en la cooperación de los tres países de la Triple Frontera –Argentina, Brasil y Paraguay–, lo que permitió la detención de Assad Ahmad Barakat, un importante operador financiero de Hezbolá, y una quincena de miembros de su clan.

Si bien las cuestiones migratorias son de constante actualidad en las Américas, 2018 puede calificarse como “el año de las caravanas”, por las diversas marchas que partieron de Honduras hacia la frontera con Estados Unidos y que encontraron una dura respuesta de la Administración Trump. Uno de los aspectos polémicos fue la denuncia que esta hizo sobre la posible utilización de esas marchas por parte de presuntos extremistas islámicos con el objeto de llegar a EEUU pasando desapercibidos. Lo cierto es que Washington ha puesto atención a la ruta por Centroamérica de personas de otros continentes.

Así en 2018 acordó ayudar a Panamá a aumentar el control del paso de Darién, una región selvática en la frontera con Colombia en la que ese año fueron localizados casi 9.000 migrantes, el 91% africanos y asiáticos. De ellos, 2.100 entraban en la calificación estadounidense de “personas de interés” (procedentes de Bangladesh, Eritrea, Pakistán, Yemen y Somalia, entre otros países).

La región también ha conocido algunos avances, como detener el ascenso de los casos de muertes por sobredosis de opiáceos en Estados Unidos, una epidemia que en 2017 marcó una cifra récord. A lo largo de 2018 el esfuerzo de erradicación de cultivos de amapola en México, cuyo notable incremento de producción de heroína había empujado al alza el consumo en EEUU (en mezcla con el sintético fentanilo, mayormente también llegado a través de México) y el mayor control legislativo y sanitario por parte las autoridades estadounidenses, parecen dar señales de que el problema ha dejado de crecer.

▲ Black Blade 2016, under the EU’s Helicopter Exercise Programme [European Defence Agency, Fisher Maximilian]

ESSAY / Albert Vidal

The purpose of this paper is to project a potential scenario in the European Union (EU) security and defence field around 2030. The European Commission has already developed a three-legged projection (Mogherini & Katainen, 2017), which presents alternative scenarios, the accomplishment of which will depend on the decisions the European Union and its member states take from now on. Thus, as it makes no sense to describe again the three scenarios, I will be focusing on the most ambitious one: a common security and defence.

To do so, I will begin by briefly depicting where we are today, in terms of EU security and defence. Afterwards, I will introduce the core ideas outlined in the Reflection Paper[1] and develop the 3rd scenario. A variety of issues which include funding, industry capabilities and intelligence, among others, will be tackled. 

EU Security and Defence in 2019

As of 2019, the security and defence policies of the EU are embedded in the Common Security and Defence Policy (CSDP) which, although having the astronomical combined budget[2] of more than $220 billion in 2016 (How much is spent on defence in the EU?, 2018), it is far from being the military superpower it ought to be. It is true that the EU Global Strategy[3] provides some guidelines for the development of EU’s policies, but for now it is just a vision and hasn’t yet had the time to deliver tangible results. The Permanent Structured Cooperation (PESCO), on the other hand, offers the potential to work toward the achievement of those goals.

Meanwhile, we can appreciate a costly fragmentation of resources which is embodied in the multiplicity of weapons systems in the EU (up to 178) compared to the US, which has around 30 (Munich Security Report 2017, 2017). Duplication is quite pricey: since every EU Member State has to acquire a little bit of everything to cover its wide range of military necessities, we end up having repeated and useless systems and a lot of money is consequently wasted. The lack of interoperability[4] between different European armies complicates the deployments even more and brings equipment shortages. This gives a strong explanation to why less than 3% of European troops are actually deployed (Defending Europe Factsheet, 2017). Besides, the inexistence of a large fund for military operations and research in technology has hindered the development of European-made equipment and has also prevented large-scale operations. If the member states want to launch a military mission, they need to resort to different sources of funding, such as the Athena Mechanism, the African Peace Facility, the Instrument Contributing to Stability and Peace and several Trust Funds, which causes confusion and a loss of efficiency. The aforementioned examples are not thought to be exhaustive; they are just some examples of today’s chaos in the field of security and defence in the EU.

How ambitious is the EU?

The ‘Reflection Paper on the Future of European Defence’ presents three scenarios of incremental cooperation among the EU member states, with each projection having its own principles and reach (Mogherini & Katainen, 2017).

Scenario A is characterized by the lowest degree of cooperation, which would remain voluntary and member states wouldn’t be bound to a common security and defence. The EU would only be able to deploy civilian missions and small-scale military operations; and its defence industry would remain largely fragmented.

Scenario B depicts an EU defence policy with stronger financial resources and a greater ability to project its military power. Duplication would be reduced and cooperation with NATO would increase.

Scenario C is by far the most interesting one, where a real common security and defence policy would be developed, and it would effectively balance the contributions and competencies among the member states (Bierman, 2018). Such will be the main object of analysis of the present paper. 

Ten predictions

Being this section my contribution to the conversation, I hope to be creative enough without falling into vagueness and imprecision.

a) In regards to the structure, the CSDP[5] will remain as a part of the Foreign Affairs Configuration within the Council of the EU and will evolve into the communitarian decision-making-style; that is, intergovernmental decision making (which requires consensus) will become democratic (only requires majority). This inflection point will accelerate development of this field, since consensus will no longer be necessary. In regards to the material capabilities, national armies will begin their transition toward a unified European army. Right now, this may seem crazy. But Europe has taken similar steps before in other areas; and even if states have lost their national decision-making power on economic issues, no big disaster has happened.

Although member states are now fearful of transferring defence competences to the Union, I believe this will eventually occur. Many worry because member states will be losing sovereignty and control of their own army, and they will be at the mercy of the EU’s will. The problem is that defence is a very dear issue to states and there will be little progress toward efficiency and interoperability unless the EU takes complete control. Europe needs to continue advancing in its integration project to face increasingly challenging crisis; staying still will be synonymous with collapse.

b) Funding will be unified under a single European defence fund that will have a dual purpose. Firstly, it will be devoted to research and development; secondly, it will finance all kinds of operations and cover its costs, be it civilian or military ones[6] (a similar idea to the European Peace Facility). Existing funds such as the Athena Mechanism or the APF would obviously disappear. Ideally, all EU member states would devote the equivalent of a 0.4% of the GDP to such fund, which would account for more than $75 billion[7].

c) Apart from that, EU member states should spend a minimum of 1.1% of their GDP in defence, which accounted for $206 billion in 2018. A superior body will coordinate the efforts to ensure that duplication doesn’t take place, and that all materials that are produced, acquired and used are interoperable. Thus, member states will have to follow certain guidelines when investing their resources. If we want to avoid having too many radar stations or minesweepers, the superior body will draft a list with the quotas that each unit, vehicle or system will have and will distribute it among the member states. It will probably be the case that only certain countries will be spending on aircraft carriers, but that won’t mean that such carrier belongs to the country that built it. The novelty is that all the equipment and units will be controlled by a unified European Command Center. Defence will be a policy concerning the community of member states.

d) The multiplicity of systems will be drastically reduced and the EU will only produce a small amount of tanks, battleships and aircrafts models. Such specialization and the optimized production will lower the costs of manufacture[8]. This will bring competition among the different actors in the defence industry, which will definitely produce higher quality technology and equipment. The EU could enhance its cooperation with the industries by inviting such companies to the military exercises; so that they can see which gaps do they have and develop innovative ideas.

e) Relations with external actors will change profoundly. As the national external action will be subsumed under the CFSP, the EU will have an even stronger negotiating power when facing foreign threats, such as Russia. Its relationship with NATO will become awkward, since the EU will have its own army capable of performing high-end operations and will be perfectly fitted to deter Russia. At the same time, the EU will be able to pursue a foreign policy that might not suit the interests of the US, so NATO might become a parallel corpus which, although awkwardly separated from the EU, will maintain its ties with it. In some cases, certain countries will find themselves belonging simultaneously to both NATO and the EU CSDP. What will happen is that EU member states may change their membership status to NATO partners.

f) Other improvements will include a readjustment of the training areas and the recruitment processes[9], which will be brought to an EU scale; this will in turn improve the integration among European soldiers, since they will train jointly from the beginning. Language barriers will be broken and cultural differences will be easily overcome.

g) Nuclear weapons will also be crucial to the future of the CSDP: although it may sound naive that France will give its sovereignty over nuclear weapons to the EU, it still is a possibility that we should not ignore[10]. Maybe we could design a special mechanism on the usage of nuclear weapons by the EU, in which France would have a sort of veto. The UK, on its part, will not be included in the CSDP, and its nuclear weapons and conventional capabilities will continue under their sovereignty.

h) An emphasis will be put on cyber security, Artificial Intelligence systems, quantum technology, laser weapons and autonomous weapons. This is too wide of a topic to be developed here, but what is certain is the need to invest extensively in research. Once all funds come together, research labs and facilities should also start collaborating between them, and this should improve the return on investments.

i) A redesigned Battle Group (BG) concept will impact the way the EU understands its security. Since conflicts after the Cold War have tended to be very localized and asymmetric, it makes little sense to have only such big and numerous forces prepared for combat. What I propose is to create smaller high-readiness special operations forces, which can be deployed in less than 3 days, instead of the 15 days that it takes for Battle Groups[11]. Again, smaller units with cyber support and advanced technology will be a lot more efficient, silent and precise. War is evolving, the EU should as well.

j) Africa will change a lot in the coming years. Right now it is the EU’s primary foreign policy concern and it will probably continue to be in 2030. The EU has realized how dangerous another major crisis in Northern Africa might be, because if mixed with the massive population growth and poverty it may provoke colossal migration waves, as we have never seen. To avoid it, the EU should ideally adopt a double-pronged strategy: on the one hand, it should focus on the development of the region. On the other hand, it should address one and for all the chaos present in certain Northern African countries. I am aware of how complex this is, since regional factions, terrorists and liberation groups are often mixed up. Training the police forces through capacity-building missions and strengthening the judicial system and other governmental institutions is a needed step, which should be followed by more development-focused approaches.

Conclusion

I have laid out in this paper where we are today in terms of EU Security and Defence, and I have then further developed the ideas proposed by the 3rd scenario of the Reflection Paper, the most ambitious one. But, what is the utility of projecting such scenario? Well, the EU is facing today multiple challenges that range from terrorism, to migration and a potential internal disintegration. Brexit means that the strongest European army is leaving and the EU now needs to rethink itself. This is a critical point for the future of Europe: crisis means a crucial time in which a decisive change is impending. We need to think extreme during onerous times and consider proposals that would have otherwise remained in the shade.

[David Alandete. Fake News: La nueva arma de destrucción masiva. Editorial Planeta. Barcelona, 2019. 296 págs.]

RESEÑA / Naiara Goñi Pérez

El ámbito de la defensa y seguridad hoy en día no se limita solo al campo militar, sino que habiendo adquirido mayores dimensiones precisa un enfoque global. La ciberseguridad requiere más atención que nunca, pues afecta tanto a las estructuras de defensa como a la población civil (es lo que se conoce como “conflicto híbrido”). Los campos de las ciencias de la información, la comunicación y las ciencias políticas y sociales se ven igualmente afectados; aquí su amenaza se mueve bajo los nombres de fake news, desinformación, verdades emocionales, posverdad…

El libro “Fake News: La nueva arma de destrucción masiva” es una investigación acerca de la dimensión y presencia que ha adquirido la desinformación en los medios de comunicación. Señala el autor en su libro la desprotección a la que están sometidos los periodistas en un tiempo en que se ha perdido el control de la distribución de la información, debido entre otros factores a la proliferación de las redes sociales. La motivación del propio libro surge de una campaña de desprestigio sufrida por el propio el autor, quien desde las páginas de El País, diario del que era directo adjunto, denunció la presencia tanto de actores rusos como de Julian Assange, creador de Wikileaks, en el conflicto catalán.

David Alandete aporta una gran cantidad de fuentes para arropar sus argumentos. Así,  apoya su relato en numerosos ejemplos de noticias falsas, detalla los métodos que se usan para extender la desinformación y referencia estudios que miden la repercusión de estas prácticas en la democracia.

Aunque, como se ha dicho anteriormente, el propósito del libro es documentar el papel de las noticias falsas y la desinformación en torno al referéndum catalán del 1-O. Alandete también aborda otros ejemplos de injerencia, como es el caso del Brexit, las protestas de los chalecos amarillos en Francia, las elecciones alemanas…

Un total de 20 capítulos componen la estructura del libro, con titulares sacados de campañas de desinformación, como “Tanques en las calles de Barcelona” o “Nadie podía esperar que esto pasara en un país tan próspero como Alemania”, que dan idea de la que va a destaparse y desmentirse en las siguientes páginas.

La desinformación busca, a grandes rasgos y en palabras del propio autor, recrear una realidad alternativa en la que las fuentes de información son frecuentemente puntos de vista u opiniones y generalmente están manipuladas. Otro rasgo característico es la ausencia de firma, que hace difícil trazar la veracidad de un contenido particular e imposible exigir responsabilidades a su autor. El objetivo principal tras estas campañas es el de desestabilizar la democracia, y se lleva a cabo “estudiando los temores de cada país, apelando a los problemas más arraigados en cada sociedad y publicando informaciones dudosas o directamente falsas para crear divisiones”. Como principales artífices están los medios que amplifican las noticias (es alarmante el crecimiento en el empleo de bots); que además cuentan como aliado con un factor decisivo señalado desde el principio del libro: “La psicología humana es la razón principal del éxito de la desinformación”.

El interés del trabajo de Alandete radica en el análisis de la situación una vez la maquinaria de desinformación ha actuado. España es un claro ejemplo de la pasividad ante este desafío, pues, tal y como apunta el autor, en el caso del referéndum ilegal celebrado en Cataluña en 2018 “no hubo previsión ni estrategia. La batalla de la comunicación estaba perdida de antemano”. Sin embargo, países como Alemania promovieron la ley contra las noticias falsas antes de las elecciones. Lo cierto es que estas medidas suponen una tensión entre libertad de expresión y las sanciones por desinformación. Para superar esa disyuntiva, conviene establecer medidas preventivas de forma que pueda erradicar el problema sin caer en el sometimiento de la libertad de expresión.

La gran aportación del libro es, sin duda, ilustrar esta “teoría de la desinformación” con ejemplos prácticos y reales de la. En definitiva, su propósito de fundamentar sus argumentos en una investigación objetiva convence al lector de que efectivamente, las fake news son la nueva arma de destrucción masiva, cuyo objetivo es desestabilizar las democracias.

La sorpresa electoral de Thierry Baudet y la nueva derecha holandesa

Holanda ha conocido los últimos años no solo el declive de algunos de los partidos tradicionales, sino que incluso el nuevo partido del populista Geert Wilders se ha visto superado por una formación aún más reciente, liderada por Thierry Baudet, también marcadamente de derecha pero algo más sofisticada. El terremoto político de las elecciones regionales de marzo podría llevarse por delante la coalición de Gobierno del liberal Mark Rutte, quien ha dado continuidad a la política holandesa a lo largo de los últimos nueve años.

▲ Thierry Baudet, en un spot publicitario de su partido, Foro para la Democracia (FVD)

ARTÍCULO / Jokin de Carlos Sola

El pasado 20 de marzo se celebraron elecciones regionales en los Países Bajos. Los partidos que conforman la coalición que mantiene en el poder a Mark Rutte sufrieron un fuerte castigo en todas las regiones, y lo mismo ocurrió con el partido del celebre y polémico Geert Wilders. El gran ganador de estas elecciones fue el partido Foro para la Democracia (FvD), fundado y dirigido por Thierry Baudet, de 36 años y nueva estrella de la política neerlandesa. Estos resultados siembran dudas sobre el futuro del Gobierno de Mark Rutte una vez se renueve la composición del Senado el próximo mes de mayo.

Desde la Segunda Guerra Mundial tres fuerzas han protagonizado la política holandesa: la Llamada Demócrata Cristiana (CDA), el Partido Laborista (PvA) y el Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD), de tendencia liberal. Las tres sumaban el 83% del electorado neerlandés en 1982. Debido al sistema holandés de representación proporcional ningún partido ha tenido nunca mayoría absoluta, por lo que siempre han existido gobiernos de coalición. El sistema también propicia, al no ser castigados, que los pequeños partidos siempre logren representación, dándose así una gran variedad ideológica en el Parlamento.

Con el pasar de los años los tres partidos principales fueron perdiendo influencia. En 2010, tras ocho años de gobierno, la CDA paso del 26% y el primer puesto en el Parlamento al 13% y cuarto puesto. Esta caída llevó por primera vez al VVD al poder bajo el liderazgo de Mark Rutte y provocó la entrada de Geert Wilders y su Partido por la Libertad (PVV), una formación populista de derecha, en la política holandesa. Poco después Rutte formó una Gran Coalición con el PvA. Sin embargo, esta decisión causó que los laboristas bajaran del 24% al 5% en las elecciones de 2017. Estos resultados hicieron que tanto el VVD como Rutte quedasen como el último elemento de la antigua política neerlandesa.

Esas elecciones de 2017 generaron aún mayor diversidad en el Parlamento. En ellas lograron representación partidos como el Partido Reformado, de ideología Ortodoxa Calvinista; el bautizado como 50+, con el objetivo de defender los intereses de los jubilados, o el partido DENK, creado para defender los intereses de la minoría turca en el país. Sin embargo, ninguno de estos partidos tendría tanta relevancia posterior como el Foro para la Democracia y su líder Thierry Baudet.

Foro para la Democracia

El Foro para la Democracia fue fundado como un think tank en 2016, dirigido por el franco-neerlandés Thierry Baudet, de 33 años. Al año siguiente el FvD se convirtió en partido, presentándose como una formación conservadora o nacional conservadora, y logró dos parlamentarios en las elecciones regionales. Desde entonces ha ido creciendo, a costa principalmente de Geert Wilders y su PVV. Una de las principales razones de esto es que Wilders es acusado de no tener más programa que el rechazo de la inmigración y la salida de la Union Europea. Tan celebre como polémico fue el hecho que PVV presentó su programa en tan solo una página. Por el contrario, Baudet ha creado un programa amplio en el que se proponen temas como la introducción de la democracia directa, la privatización de ciertos sectores, el fin de los recortes militares y un rechazo al multiculturalismo en general. Por otra parte, Baudet se ha creado una imagen de mayor talla intelectual y respetabilidad que Wilders. No obstante, el partido también ha sufrido descensos de popularidad por ciertas actitudes de Baudet, como su negacionismo del cambio climático, su relación con Jean Marie Le Pen o Filip Dewinter y su negativa a responder si relacionaba el coeficiente intelectual con la raza.

Elecciones Regionales

Los Países Bajos están divididos en 12 regiones, cada región dispone de un Consejo, el cual puede tener entre 39 y 55 representantes. Cada consejo elige tanto al Comisario Real, quien actúa como máxima autoridad de la región, como al ejecutivo, generalmente formado mediante una coalición de partidos. Las regiones tienen una serie de competencias concedidas por el Gobierno central.

En las elecciones provinciales del pasado mes de marzo el FvD logró ser el primer partido en 6 de 12 regiones, incluidas las de Holanda del Norte y Holanda del Sur, donde se encuentran las ciudades de Amsterdam, Rotterdam y La Haya, que habían sido tradicionales bastiones del VVD. Además de esto consiguió ser el partido con más representantes de toda Holanda. Estos avances se lograron principalmente a expensas del PVV. Aunque estos resultados no garantizan al FvD tener el gobierno en ninguna región, si le dan influencia y eco mediático, algo que Baudet ha sabido aprovechar.

Varios medios relacionaron la victoria de Baudet con el asesinato días previos en Utrech de tres holandeses a manos de ciudadano turco, que según las autoridades tuvo muy posiblemente una motivación terrorista. No obstante, el FvD llevaba tiempo creciendo y ganando terreno. Las razones de su auge son varias: el declive de Wilders, las acciones del primer ministro Rutte en favor de empresas holandesas como Shell o Unilever (empresa donde él trabajó previamente), el desgaste de los partidos tradicionales, que a su vez daña a sus aliados, y el rechazo a ciertas políticas migratorias que Baudet relacionó con el atentado en Utrecht. También los Verdes holandeses han experimentado un gran crecimiento, acumulando el voto joven que antes apoyaba a Demócratas 66.

Impacto en la Política Holandesa

La victoria del partido Baudet sobre el de Rutte afecta directamente al Gobierno central, al sistema electoral holandés y al propio primer ministro. En primer lugar, muchos medios acogieron los resultados como una valoración de los holandeses sobre el Gobierno de Rutte. El mayor castigo fue para los aliados de Rutte, los Demócratas 66 y la Llamada Demócrata Cristiana, que fueron los que más apoyos perdieron en las regiones. Desde que llegó al poder en 2010, Rutte ha logrado mantener la fidelidad de su electorado, pero todos sus aliados han terminado siendo castigados por sus votantes. Por ello cabe la posibilidad que el Gobierno de Rutte no llegue a terminar su mandato, si sus aliados terminan dándole la espalda.

El resultado de las regionales de marzo puede tener un segundo impacto en el Senado. Los neerlandeses no designan a sus senadores de forma directa, sino que son los consejos regionales los que eligen a los senadores, por lo que los resultados de las elecciones regionales tienen un efecto directo en la composición de la cámara alta. Por ello es muy posible que los partidos que conforman el Gobierno de Rutte sufran un gran retroceso en el Senado y eso le complique al primer ministro la aprobación de sus iniciativas legislativas.

La tercera consecuencia afecta de forma directa al propio Rutte. En 2019 Donald Tusk termina su segundo mandato como presidente del Consejo Europeo y Rutte tenía muchas posibilidades de sucederle, pero siendo él el principal activo electoral de su partido, su marcha podría hundir al VVD. Podría ocurrir entonces como sucedió con la salida de Tusk de Polonia, que resultó en una victoria conservadora un año más tarde.

Cualquiera que sea el desenlace, la política holandesa ha demostrado en los últimos años una gran volatilidad y mucho movimiento. En 2016 se creía que Wilders ganaría las elecciones y anteriormente que el D66 arrebataría al VVD el liderazgo liberal. Es difícil predecir la dirección en la que el viento hará girar el molino.