La crítica a Maduro, la redimensión del abrazo chino y el mayor control migratorio marcan la sintonía con Washington tras diez años de FMLN

El sorprente uso del Ejército para presionar sobre la Asamblea Legislativa salvadoreña a comienzos de febrero, para la aprobación de una partida destinada a seguridad, ha generado alarma internacional sobre lo que puede deparar la presidencia de Nayib Bukele, que accedió al poder en junio de 2019. El haber estrechado en su primer medio año las relaciones con Estados Unidos, tras dos décadas de gobierno de la exguerrilla del FMLN, pudo haber hecho pensar a Bukele que su gesto autoritario sería disculpado desde Washington. La reacción unánime en la región le hizo corregir el tiro, al menos de momento.

▲ Juramentación de Nayib Bukele como presidente, en junio de 2019, junto a su esposa, Gabriela Rodríguez [Presidencia de El Salvador]

ARTÍCULO / Jimena Villacorta

El Salvador y Estados Unidos tuvieron una estrecha relación durante el largo dominio político del partido de derecha ARENA, pero la llegada al poder en 2009 del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) supuso un alineamiento de El Salvador con los países del ALBA (Venezuela, Nicaragua y Cuba, fundamentalmente), que ocasionó alguna tirantez ocasional con Washington. Además, en 2018, en la recta final de la presidencia de Salvador Sánchez Cerén, se produjo la ruptura de las relaciones diplomáticas con Taiwán y se abrió la posibilidad de inversiones estratégicas de China que fueron vistas con recelo por Estados Unidos (sobre todo la opción de control del puerto pacífico de La Unión, por el riesgo a su uso militar en situación de crisis).

Nayib Bukele ganó las elecciones de comienzos de 2019 presentándose como una alternativa a los partidos tradicionales, a pesar de que fue alcalde de San Salvador (2015-2018) liderando una coalición con el FMLN y de que para las presidenciales se quedó con las siglas GANA, creadas unos años antes como una escisión de ARENA. Su denuncia de la corrupción del sistema político, en cualquier caso, resultó creíble para la mayoría de un electorado ciertamente cansado con el tono bolivariano de los últimos gobiernos.

Durante su campaña electoral Bukele ya abogó por mejorar las relaciones con Estados Unidos, por ser un socio económicamente más interesante para El Salvador que las naciones del ALBA. «Toda ayuda que venga es bienvenida y mejor si es de Estados Unidos», dijo uno de sus asesores. Esos mensajes enseguida tuvieron acogida en Washington, y en el mes de julio el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, visitó El Salvador: era la primera vez en diez años, justamente el tiempo de las dos presidencias consecutivas del FMLN, que el jefe de la diplomacia estadounidense acudía al país centroamericano. Ese viaje sirvió para acentuar la colaboración en materia de lucha contra el narcotráfico y el problema de las pandillas, dos problemas compartidos. «Tenemos que luchar contra la pandilla MS-13, que ha sembrado la destrucción en El Salvador y también en Estados Unidos, porque tenemos su presencia casi en cuarenta de los cincuenta estados de nuestro país», dijo Pompeo.

Acorde con el cambio de orientación que estaba dando, El Salvador pasó a alinearse en los foros regionales contra el régimen de Nicolás Maduro. Así, el 12 de septiembre la representación salvadoreña en la Organización de Estados Americanos (OEA) apoyó la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), después de años absteniéndose o votando a favor de resoluciones apoyando la Venezuela chavista. El 3 de diciembre Bukele anunció la expulsión de El Salvador de los diplomáticos del gobierno de Maduro, acción replicada de inmediato por Caracas.

En esos mismos meses El Salvador aceptó los términos del nuevo enfoque migratorio que la Administración Trump estaba perfilando. Durante el verano la Casa Blanca negoció con los países del Triángulo Norte centroamericano acuerdos asimilables al mecanismo de tercer país seguro, mediante los cuales Guatemala, Honduras y El Salvador aceptaban tramitar como demandantes de asilo a quienes pasando por su territorio hubieran acabado en EEUU formalizando esa solicitud. Bukele se entrevistó en septiembre con Trump en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas y firmó el acuerdo, que fue presentado como un instrumento para combatir el crimen organizado, fortalecer la seguridad entre fronteras, reducir el tráfico ilegal y la trata de personas. 

La firma del acuerdo resultó controvertida, pues desde muchas instancias se cuestiona las garantías de seguridad y protección de los derechos que puede ofrecer El Salvador, cuando es su falta la que impulsa la emigración de salvadoreños. Rubén Zamora, exembajador de El Salvador ante la ONU, censuró que Bukele estuviera concediendo mucho a Estados Unidos, sin apenas recibir nada a cambio.

Bukele, no obstante, pudo exhibir en octubre una contrapartida estadounidense: la extensión por un año, hasta enero de 2021, del Estatus de Protección Temporal (TPS) que da cobertura legal a la presencia de 250.000 salvadoreños y sus familias en EEUU. El total de salvadoreños que residen en ese país asciende al menos a unos 1,4 millones, la mayor cifra de migrantes latinoamericanos después de los mexicanos. Esto muestra la gran vinculación de la nación centroamericana, en la que viven 6,5 millones de personas, con la gran potencia del norte, que además es el destino del 80% de sus exportaciones y cuyo dólar es la moneda de uso en El Salvador.

El nuevo presidente salvadoreño pareció truncar esa sintonía con Washington en diciembre, cuando hizo un viaje oficial a Pekín y se entrevistó con el líder chino, Xi Jinping. EEUU había alertado del riesgo de que China aprovechara a nivel estratégico la puerta que se le abría en Centroamérica con el sucesivo establecimiento de relaciones diplomáticas con los países del istmo americano, que hasta hace pocos años eran un reducto de apoyo a Taiwán. En concreto, la embajada estadounidense en El Salvador había sido especialmente activa en denunciar las supuestas gestiones del gobierno de Sánchez Cerén para conceder a China la gestión del Puerto de La Unión, en el Golfo de Fonseca, al que podría unirse una zona económica especial.

Sin embargo, lo que hizo Bukele en ese viaje fue redimensionar, al menos de momento, esa relación con China, limitando las expectativas y calmando las suspicacias estadounidenses. No solo la cuestión del puerto de La Unión parece aparcada, sino que además el presidente salvadoreño circunscribió la asistencia china al terreno de la ayuda al desarrollo a fondo perdido y no en el de la concesión de créditos que luego, en caso de impago, condicionan la soberanía nacional. Bukele precisó que la «gigantesca cooperación» que prometía China era «no reembolsable» y se refirió a proyectos típicos de la cooperación internacional, como la construcción de una biblioteca, un estadio deportivo y una planta depuradora para limpiar las aguas servidas que se vierten en el lago Ilopango, junto a la capital.

▲ People in a rural area of Cameroon [Photokadaffi]

February 21, 2020

ESSAY / EMILIJA ŽEBRAUSKAITĖ

Introduction

In seeking to better understand the grounds of Islamic fundamentalism in Africa, it is worth to looks for the common denominators that make different areas prone to the insurgence of extremism. In the continent of boundaries that were mainly drawn by the Europeans, many countries contain a multitude of cultures and religions, all of them in constant interaction and more often than not – friction with each other. However, in order to classify the region as highly susceptible to the inter-religious or inter-cultural conflict to happen, there are more important factors that must be taken into consideration. Through quantitative study and document analysis, this article, with an example of the rise of Boko Haram in Northern Nigeria and the expansion of the group to the neighbouring countries such as Cameroon, will underline the most important problems that paved the path for the emergence and spread of the Islamic fundamentalism, discussing its historical, social and ideological origins, at the same time providing possible long-time solutions on social and ideological ground.    

The brief history of Islam in Nigeria and Cameroon

The arrival of Islam to Nigeria dates back to the 11th and 12th centuries, when it spread from North Africa through trade and migration. It incorporated Husa and Fulani tribes into the common cultural ground of Islam which extended throughout North Africa, introducing them to the rich Islamic culture, art, Arabic language and teachings. In the 19th century, Fulani scholar named Usman Dan Fodio launched a jihad, establishing a Sokoto Caliphate ruled under a strict form of Shari’a law, further spreading Islamic influence in the region, introducing it for the first time to the area which today forms the Northern part of Cameroon, another country of our analysis.

The Sokoto Caliphate remained the most powerful state in Western Africa until the arrival of the European colonists. As opposed to the Southern part of Nigeria which was colonized and Christianized, the North received a lesser portion of Western education and values, as the Europeans ruled it indirectly through the local leaders. The same happened with Cameroon, which was indirectly ruled by the Germans in the North and experienced a more direct Westernization in the South. Even the indirect rule, however, brought great changes to the political and judicial processes, which became foreign to the local inhabitants. “This was viewed by Muslim northerners as an elevation of Christian jurisprudence over its Islamic judicial heritage” (Thomson, 2012) and the experience was without a doubt a humiliating and painful one – a foreign body destroying the familiar patterns of a lifestyle led for centuries, implementing a puppet government, diminishing the significance of a Sultan to that of a figurehead.

After their corresponding independence in 1960, both Nigeria and Cameroon became what American political scientist Samuel Huntington called cleft countries – composed of many ethnical groups and two major religions – Christianity in the South and Islam in the North. This situation, as described by Huntington, can be called the clash of civilizations between Islamic and Western tradition. He identifies the similarity between the two religions as one of the main reasons for their incompatibility: “Both are monotheistic religions, which, unlike the polytheistic ones, cannot easily assimilate additional deities, and which see the world in dualistic, us-and-them terms” (Huntington, 2002).

The independence also brought secularization of the two countries, thus undermining in both the political Islamism and the idea that Muslims should be ruled by the law of God, and not the law of men. However, the long-lasting Islamic tradition uniting the Northern Nigeria (and to some extent Northern Cameroon, although it was introduced to Islam much later) with the rest of North Africa and separating it from its Southern counterpart prevailed. “The Sokoto Caliphate remains a not-so-very distant and important reference point for Nigeria’s Muslims and represents the powerful role that jihad and Shari’a law played in uniting the region, rejecting corruption, and creating prosperity under Islam” (Thomson, 2012).

Fertile ground for fundamentalism

Out of the romantic sentiments of long lost glory, it is not too difficult to incite resentment for modernity. To a certain extent, a distaste for the Westernization, which was an inevitable part of modernizing a country, is justifiable. After all, European imperialism selfishly destroyed indigenous ways of life enforcing their own beliefs and political systems, ethics, and norms a practice that continued even after decolonisation. Yet, the impetus for the growth of Islamic fundamentalism in Nigeria as well as other places in Africa can be found as much in the current situation as in the past grievances. 

In Nigeria specifically, the gap was further enhanced by different European policies concerning the Northern and Southern parts of the country. Along with the more direct Westernization, the Southern part of Nigeria was also better educated, familiar to Western medicine, bureaucracy, and science. It had an easier time to adapt to forming part of a modern liberal state. According to the data published in Educeleb, by 2017 Nigeria’s literacy rate was 65.1% (Amoo, 2018). All the Southern states were above the national average and all the Northern ones were below. The same statistics also depict the fact that the difference between literacy level between genders is barely noticeable in the Southern states, while in the Northern states the gap is much wider.

Apart from the differences mentioned above, the Southern region is the place where the oil-rich Niger delta, which in 2018 contributed to 87.7% of Nigeria’s foreign exchange, is situated  (Okpi, 2018). It can be argued that the wealth is not equally distributed throughout the country and while the Christian South experiences economic growth, it often does not reach the Northern regions with Muslim majority. “Low income means poverty, and low growth means hopelessness”, wrote Paul Collier in his book The Bottom Billion: “Young men, who are the recruits for rebel armies, come pretty cheap in an environment of hopeless poverty. Life itself is cheap, and joining a rebel movement gives these young men a small change of riches” (Collier, 2007).

The rise of Boko Haram

In this disproportionally impoverished Northern part of the country and with the goal of Islamic purification for Northern Nigeria, a spiritual leader, Muhammad Yusuf, founded an organization which he called People Committed to the Propagation of the Prophet's Teachings and Jihad. The locals, however, named it Boko Haram, which literally means books are forbidden and reflects the organization’s rejection of Western education and values. Boko Haram was founded in 2002 in Borno state, Maiduguri, where Yusuf established a mosque and Koranic school in which he preached Islamic teachings with a goal of establishing an Islamic state ruled by Shari’a law. “Western-style education is mixed with issues that run contrary to our beliefs in Islam” (Yusuf, 2009).

Although the organization seemed to be peaceful enough for Nigerian government to ignore it for the first seven years of its existence, from the start Boko Haram was antagonistic towards the secular government which they associated with corruption, Christian-domination and Western influence. In 2009 the confrontation between the group and Nigeria’s security forces led to and extrajudicial killing of the Muhammed Yusuf in captivity (Smith, 2009). The event became an impetus for the pre-existing animosity Boko Haram felt for the state to grow into an actual excuse for violence. Since 2009 the group was led by Abubakar Shekau who replaced Muhammad Yusuf after his death.

The attacks of the organization became more frequent and brutal, killing many civilians in Nigeria and neighboring countries, Muslims and Christians alike. Although its primary focus laid on the state of Borno, after being pushed out of its capital Maiduguri, Boko Haram became a rural-based organization, operating in the impoverished region around Lake Chad basin (Comolli, 2017). Apart from Nigeria, the countries in which Boko Haram inflicted damage include Niger, Burkina Faso, Chad and Cameroon, the latest being the subject of analysis in this essay.

Impact of Boko Haram in Nigeria and Cameroon

To illustrate the impact the terrorist group had on the socio-economic development of the region, we will look at the Mo Ibrahim Index of African Governance (Ibrahim Index of African Governance, n.d.). As an example, we will evaluate the perception of personal security and level of national security in Nigeria – a country in which the Boko Haram had originated, and Cameroon – one of the countries where it spread after Nigeria’s government launched their counter-terrorism program. The timeline for the graphs runs from the year 2000 to 2016 in order to capture the changes in national security and personal safety in Cameroon and Nigeria. This aid the study in drawing concrete conclusions over a period of time.

Figure 1: Impact of Boko Haram on Personal Safety and National Security in Nigeria.

Source: Mo Ibrahim Index

The perception of personal safety in Nigeria, according to Mo Ibrahim Index of African Governance, started decreasing since 2010. The tendency can be explained by the fact that in 2009 Nigerian government confronted the fundamentalist group, after which it became more active and violent. The perception of personal safety also dropped after 2014, the year that was marked by the infamous capturing of 276 Chibok schoolgirls out of their school dormitory. When it comes to the index portraying the level of national security, similar tendencies can be seen characterized by the drop of national security in 2009 and after 2014.

Figure 2: Impact of Boko Haram on Personal Safety and National Security in Cameroon

Source: Mo Ibrahim Index

Another example can be Cameroon, the second most affected country after Nigeria which was infiltrated by Boko Haram in 2009. During that time, however, the presence of the terrorist group in the North of Cameroon was rather unassertive. At first the group was focusing on establishing their connections, gaining Cameroonian recruits, using the country as a transit of weapons to Nigeria (Heungoup, 2016). With the beginning of the kidnapping of foreigners, however, the year 2013 is marked by the drop of national security in the country. By 2014, the Cameroonian government declared war against Boko Haram, to which the group responded with a further increase of violence and thus – further drop of national safety.

An additional peak of terrorist attacks can be noticed after the renewed wave of governmental resistance after the 2015 elections in Nigeria which strongly weakened Boko Haram’s influence, at the same time leading to increasingly asymmetric warfare. In Cameroon only, Boko Haram executed more than 50 suicide bombers attacks, which killed more than 230 people (Heungoup, 2016). In the end, it is clear that despite the efforts of Nigerian and Cameroonian governments in fighting Boko Haram by declaring the war against terrorism, it cannot be said with certainty that the response of the governments of these countries were effective in eliminating or even containing the terrorist group. On the contrary, it seems that pure military resistance only further provoked the terrorist group and led to an increase of violence.

Response of the government

The outbreak of violence at the instigation of Boko Haram elicited a similar response from Nigerian armed forces in 2009 (Solomon, 2012). The office of president Goodluck Johnson launched a military mission in Maiduguri, which united the Nigerian Police Force with the Department of State Security, the army, the navy and the air force (Amnesty, 2011). Extra attention was bestowed upon the emergency regions of Borno, Niger, Plateau and Yobo (Economist, 2011).

In order to prevent Boko Haram from hiding and regrouping in the neighboring states after being actively fought in Nigeria, the government tightened the border security in the North, however, as it has already been explained, the tactics failed miserably as Boko Haram was able to hide and regroup in Nigeria’s Northern neighbors after being pushed out of Nigeria. The effort to prevent Boko Haram from gaining foreign support, financing and reinforcement were also dysfunctional, as the terrorist group was successful in finding allies. With the support of other Islamist groups such as Al Qaeda, the previously local problem is becoming more globalized and requires equally global and coordinated efforts to fight it.

And yet, so far the policy of Goodluck Johnson was proven counterproductive due to the internal problems of Nigerian security process such as corruption, unjustified violence, extrajudicial killings as opposed to intelligence-based operations (Amnesty, 2011, p. 30). Another problem can be identified in the specific case of Nigeria being a melting pot of cultures and religions. Each region requires a unique approach based on the understanding of the culture, values and customs of the area. Yet, the Nigerian soldiers in charge of the safety of the Northern states were National instead of local, making the indigenous population feel controlled by the foreign body.

So far, the policy of president Muhammadu Buhari, who was elected in 2015, was not much more successful than his predecessor’s. At the beginning of his presidency, Buhari was successful in reclaiming the territory occupied by Boko Haram and was quick to announce the defeat of the terrorist group. However, after losing their ground in Nigeria, Boko Haram again retreated to regroup in the neighboring countries, only to reemerge again multiplied into two distinct terrorist organization, further complicating the resistance. Overall, the use of force has proven to be ineffective in striking down terrorism. The previous examples lead to the conclusion that the use of dialogue and changes in national policies, as opposed to pure force, are crucial for the long term solutions.

Solution to Boko Haram

According to United Nations development program report “Journey to Extremism in Africa: Drivers, Incentives and the Tipping Point for Recruitment” the main factors that make a person prone to get involved with fundamentalism are childhood circumstances, lack of state involvement in their surroundings, religious ideologies, and economic factors (UNDP, 2017). In order to prevent violent extremism, it must be tackled in the roots, because, as we have already seen before, facing violence with further violence approach provided little improvement on the status quo.

Childhood experience may be one of the fundamental reasons for joining extremism later. Members of marginalized communities, in which children were facing personal problems such as lack of parental involvement, lack of education, lack of exposure to different ethnicities and religions, are especially vulnerable. In these borderland areas, the children are rarely entitled to social security, they are often distrustful of the government and do not develop any sense of national belonging. The trust that the government favors some over others is only strengthened by personal witnessing of bribe-paying and corruption. The staggering 78% of the responders of the UN research reported being highly mistrustful of the police, politicians and the military (UNDP, 2017).

The isolation and minimum exposure to other ethnic and religious groups also contribute to the feeling of segregation and suspicion towards others. 51% of recruits have reported having joined due to religious beliefs, some in fear of their religion being endangered. However, even a higher percentage of 57 confessed their understanding of the sacred texts to be limited. This closes the circle of poverty and lack of education, with unemployment being the priority factor for 13% of the volunteer recruits questioned. In the end, are there any possible solutions for this continuous lemniscate (UNDP, 2017)? If there are any they must be in line with the theory of security-development nexus. By increasing the quality of the former, the later will be activated into motion and vice versa. Eliminate one of them and the other will stabilize itself naturally. 

The few solutions tackling both lack of security and slow development can be named, starting with combating the traumatizing childhood experiences. Long term solutions are undoubtedly based on the provision of education and social security which would aim to ensure the school attendance, community support for the parents and child-welfare services. The civil education is no less important to encourage the sense of national belonging and trust in the government, which also includes harsher anti-corruption regulations and more government spending directed to the marginalized communities. Strategies to promote a better understanding of the religion as a counterforce for the ignorance leading to easy recruitment, encouraging religious leaders to develop their own anti-extremism strategy, are also solutions that address the often expressed fears of religious groups who feel excluded, their faith being depreciated. The last but not least are the provision of work opportunities in the risk areas - promoting entrepreneurship, facilitating the access of the markets, upgrading infrastructure, basically creating economic opportunities of dignified employment and livelihood. 

Ideological background-check

In the end, underlying question when analyzing Islamic fundamentalism is this: when a Western liberal state, such as the Federal Republic of Nigeria, and Islamic faith meet, is there a possibility of reasonable conversation? Originating in Europe, liberalism, as a political doctrine, grew as an opposition to religious doctrines, seeking to establish a secular government founded on reason. And although functional in the Western societies, is liberalism really compatible with Christianity, and even more unlikely, is it compatible with Islam?

While liberal societies are open to freedom of religion, the Abrahamic Religions, being based on a notion of a singular truth, are not that welcoming of the freedom of thought, at least when it extends beyond the dogmas. Neither are they originally very tolerant of the beliefs that diverge from their own doctrines. Looking back at the Middle Ages, the time of prosperity of the Catholic Church, it can be said that Catholic social structure stands on the obedience to the Pope and the official doctrine of the Church. When it comes to Islam, following similar logic, one can argue that the caliphate with a society (ummah) ruled under the shari’a law is a basis of Islamic social order. In its fundamental forms, both are considered unalterable and divinely originated and neither is compatible with a relativist liberal state whose basis of legitimacy lies far from God’s will. When the two religious doctrines meet in a nation-state, as in the case of Nigeria, there are arguably only two ends to the story.

The first one, which was already mentioned is Huntington’s idea of the clash of civilizations. He argued that the conflict that happens when Islamic and Western civilizations meet is inherent in their doctrines. A secular modern state, being a Western creation, when incorporating Muslim societies only further enhances the friction due to the fact that "the Muslim concept of Islam as a way of life transcending and uniting religion and politics versus the Western Christian concept of the separate realms of God and Cesar" (Huntington, 2002). This makes it more difficult for the Muslims to adapt to the contemporary reality, as in Islam the idea of nation-state is undermined by the concept of ummah (Huntington, 2002).

And although Huntington’s argument that the inherent beliefs of a single truth in both religions in their fundamental forms make them incompatible with each other as well as with the present-day reality of a nation-state based international order, this line of thinking does not promote any kind of solution to the continuous problem of religious and cultural differences, which often manifest themselves in the oppression of one group by another creating friction – a fertile ground for further religious fundamentalism. In a world where the colliding of the different religions in everyday situations are inevitable, we must search for a middle ground.

This brings us to the second outcome, which is arguably the only one that can ever lead to a peaceful end. It, of course, requires compromise from religious groups, a compromise which nobody is likely to make when it comes to their fundamental beliefs, and much needed yet the same, because only the dialogue can lead to mutual respect and understanding, two things that wipe out hostility and fear rooted into ignorance. The second outcome of inter-religious interaction would be what John Rawls called an overlapping consensus between different comprehensive doctrines (Rawls, 1933). As by definition comprehensive doctrines are those, which are compatible with political liberalism, it inherently carries an idea of the necessity of some doctrines to give up on the segments of their ideologies that are incompatible with the aforementioned system.

The capitalist system, for example, originally was not willingly received by the Catholic social teachings, being considered a source of injustice. However, the Church, although never particularly eager for it, learned to accept the dominance of capitalism as a current reality and live with it (Fred Kammer). But would it be possible with the doctrine of shari’a law, for example, which is, after all, a basis of Muslim faith, as some Muslims believe that being ruled by the law of God is the only righteous path? This kind of comparison is hardly just from the beginning, as Jesus, unlike Muhammad, was never a political leader and Christianity was always religious and never political tradition, while Islam was always both. Shari’a law, as the sovereignty of God over people, is completely incompatible with democracy which is based on the idea of the sovereignty of the people over themselves, and we are forced to come back to the question of willingness to compromise again.

John Rawls argues that “A modern democratic society is characterized not simply by a pluralism of comprehensive religious, philosophical, and moral doctrines but by a pluralism of incompatible yet reasonable comprehensive doctrines,” (Rawls, 1933). The doctrines might as well be incompatible and coexist together, but in the end, they will still have to compromise in order to be compatible with liberalism. The modern world will have to learn to do so sooner or later, to give up their universalist beliefs and give them the benefit of the doubt. This is the price for peace everybody must pay: the weak will have to pay more than the strong, but even the strong cannot use the principle of coercion forever. 

Conclusion

In the end, it can be concluded that the insurgence of Islamic fundamentalism in Africa is grounded in common traits such as historical and religious grievances, the relative poverty of one group in proportion to the other, lack of governmental presence and aid in some of the regions. On the micro-level, people are more willing to be recruited when they are uneducated, belong to segregated religious communities, live in relative poverty, do not receive support from the government and live without hope for a better future.

The solution to the spread of extremism, as it has been demonstrated by the example of Nigeria and Cameroon, cannot be rooted purely in the military missions, as they tend to get violent and further decrease the trust of the civilians in their government, closing a circle of us vs. them mentality. The means for solving the problem should include higher governmental presence and aid in the development of the afflicted regions, in the effort of further integration of currently segregated societies by helping them form a part of wider national identity. The idea of integration also transcends to the ideological, religious and cultural level as Islamic fundamentalism often arises from the rejection of Western culture and values that often feel imposed and foreign in the Muslim communities.

The key to the inter-religious conversation, especially when we are talking about Islam and Christianity, two religions that clash ideologically due to mutual assertiveness of sole truth, is the willingness to compromise and adapt to the current social order. If the roots of the problem are not cut off, the friction will continue on to transcend the ideological sphere and manifest itself in the military conflicts, terrorism, even big-scale wars. In an increasingly smaller world, in which the inter-religious interactions cannot be avoided, the decisions must be made. After all, how long we can live in the clash of civilizations?

BIBLIOGRAPHY

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▲ Vista nocturna de Shanghái [Pixabay]

COMENTARIO / Jimena Puga

La nueva Ley china sobre inversión extranjera, que entró en vigor el 1 de enero de 2020, tiene como principal objetivo acelerar las reformas de política económica del país para abrir el mercado interior y eliminar trabas y contradicciones de la ley anterior. Tal y como ha comunicado el presidente de la Republica Popular, la nueva norma pretende construir un mercado basado en la estabilidad, la transparencia, la previsibilidad y la competencia leal para los inversores extranjeros. Además, las autoridades chinas aseguran que esta nueva ley representa una parte fundamental de la política del Estado para abrirse al mundo y atraer una mayor cantidad de inversión extranjera directa.

El borrador de la norma, redactado en 2015, creó altas expectativas entre los reformistas chinos y los inversores extranjeros sobre un cambio en el régimen de la política de inversiones extranjeras del país. Y su publicación en 2019, año al final del cual el presidente de Estados Unidos y el de la Republica Popular acordaron un paréntesis en la guerra comercial de la que ambos son protagonistas, significó un avance en este cambio.

No obstante, la realidad es distinta. La postura de Pekín en cuanto a la inversión extranjera sigue siendo significativamente diferente en comparación con la concepción de inversión existente en la arena internacional, pero parte del sector reformista de la sociedad sabe que el gobierno no puede permitirse dejar pasar la oportunidad de mejora tras la paulatina ralentización de la inversión nacional en el mercado chino en la última década.

Por el contrario, y teniendo en cuenta la imagen que el Imperio del Centro ha querido proyectar al mundo desde la apertura del régimen, podría pensarse que el presidente Xi Jinping y los líderes del Partido Comunista habrían aprovechado la oportunidad de dar un lavado de cara a una nueva política que, en comparación con la laberíntica y anterior ley, sería sistemática y percibida de manera más amable por los países inversores, como medio para revivir los decrecientes índices de progreso económico. El nuevo acercamiento de la potencia asiática al libre mercado es, por tanto, una cortina de humo sustentada en el establecimiento de protocolos que definen vagamente los límites de los derechos de los que gozan los inversores extranjeros.

Como complemento al contenido de la ley de inversión extranjera, la regulación destaca su promoción y protección y detalla las medidas necesarias para asegurar su efectiva implementación. Esta promueve la inversión por la vía de protección de los derechos e intereses de los inversores, normalizando la administración de la inversión extranjera, mejorando el entorno de los establecimientos mercantiles, así como fomentando el avance de la apertura del mercado con un mayor alcance.

En concreto, el precepto estipula que las empresas de inversión extranjera gozarán de las mismas políticas favorables que las compañías domésticas. Además, detalla las medidas para proteger los negocios de forma confidencial y mejorar el mecanismo para la presentación de sugerencias de las firmas extranjeras a las autoridades.

También recoge y clarifica la implementación de un mecanismo de listas negativas de acceso a inversión extranjera y detalla el sistema de registro y notificación de este tipo de inversiones. Por ultimo, regula también las políticas de inversión para empresas establecidas en Hong Kong, Macao y Taiwán, y las responsabilidades legales para las violaciones de esta regulación.

Desde el plano estrictamente jurídico, el artículo 2 del precepto define el concepto de inversión extranjera como “actividad de invertir de forma directa o indirecta llevada a cabo por personas naturales, empresas u otras organizaciones extranjeras”, y además contempla cuatro circunstancias que se consideran parte de este tipo de inversión:

• Quien establece una empresa en el territorio chino tanto solo como con otro inversor

• Quien adquiere participaciones, acciones… u otros derechos e intereses de una empresa en el territorio chino

• Quien invierte en cualquier proyecto nuevo en China, tanto solo como con otro inversor

• Quien invierte en cualquier otro modo estipulado por ley, reglamentos administrativos o provisiones del Consejo de Estado

Con el término “empresa de inversión extranjera”, se refiere a una empresa incorporada al territorio chino bajo la ley de China y con toda o parte de su inversión financiada de un inversor extranjero.

No obstante, y tal y como se menciona anteriormente, a pesar de las importantes innovaciones de esta ley, todavía quedan muchas preguntas sin responder. Por ejemplo, no especifica qué es la inversión indirecta. Tampoco especifica el alcance de “persona natural extranjera”: ¿qué ocurre con los chinos que adquieren otra nacionalidad? ¿y con los extranjeros que adquieren la ciudadanía china? Además, el legislador tampoco clarifica si la inversión proveniente de Hong Kong, Macao o Taiwán será considerada inversión extranjera.

Los artículos 4 y 28 de la nueva ley establecen que China adoptará el sistema de gestión del pre-establecimiento de tratamiento nacional (principio que garantiza a los inversores extranjeros y a sus inversiones acceso a los mercados sin desventajas, y por tanto en las mismas condiciones que los nacionales). Y el sistema de la Lista Negativa para la inversión extranjera, el cual consiste en medidas administrativas especiales para el acceso de la inversión extranjera a determinados campos. Es decir, el gobierno tratará como nacionales a todas aquellas inversiones extranjeras fuera de la Lista Negativa.

Este sistema de Lista Negativa fue probado por primera vez en la ZEE de Shanghái y expandido por el país en 2018. Tanto el artículo 4 como el 28 clarifican que la nueva Lista Negativa será promulgada previo acuerdo del Consejo de Estado. Lo cual supone que ni los ministros ni los gobiernos locales podrán establecer restricciones a la inversión extranjera. ¿Qué falta? Si los inversores quieren acceder a los sectores restringidos bajo la Lista Negativa, deben recibir autorización del Ministerio de Comercio, trámite que el legislador no recoge en la normativa.

Por otro lado, los artículos 34 y 37 de la nueva ley establecen el sistema de comunicación sobre el establecimiento de nuevas inversiones para la gestión y organización de las mismas.

De acuerdo con esos puntos, los inversores extranjeros están obligados a comunicar toda información relevante al departamento de comercio regulado por la Empresa de Sistema de Registro o la Empresa de Sistema de Publicidad de Información Crediticia. En estos artículos se recogen también las penalizaciones por incumplimiento. Pero una vez más, en este campo faltan requisitos de forma en cuanto a cómo y qué contenido se requiere para la comunicación de la información al departamento de comercio.

Este nuevo giro en la política económica se traduce, una vez más, en una estrategia mediante la cual Pekín pretende proyectarse en el panorama internacional como potencia económica poderosa e innovadora, tratando de ocultar la ralentización de su mercado interior y los daños sufridos por la guerra comercial contra Washington. Sin embargo, teniendo en cuenta los vacíos legales analizados en los artículos mencionados y su vaga y ambigua escritura, las empresas extranjeras tendrán que esperar a determinar lo que esta reforma supone realmente tras su puesta en práctica.

Las aspiraciones georgianas de integración en la Unión Europea y en la OTAN se topan con el temor occidental de una reacción desmesurada de Rusia

▲ Vista de Tiblisi, la capital de Georgia, con el palacio presidencial al fondo [Pixabay]

ANÁLISIS / Irene Apesteguía

En tiempos griegos, Jasón y los Argonautas emprendieron un viaje en busca del Vellocino de Oro, con una dirección clara: las actuales tierras de Georgia. Más adelante, en época romana, estas tierras estuvieron divididas en dos reinos: Cólquida e Iberia. De ser un territorio cristiano, Georgia pasó a ser conquistada por los musulmanes y sometida posteriormente a los mongoles. En esta época, en el siglo XVI, la población se vio reducida debido a las continuas invasiones persas y otomanas.

En 1783, el reino georgiano y el imperio ruso acordaron el Tratado de Gueórguiyevsk, por el que ambos territorios se comprometían a brindarse mutuo apoyo militar. Este acuerdo no logró evitar que la capital georgiana fuera saqueada por los persas, algo que fue permitido por el zar ruso. Y fue este, el zar Pablo I de Rusia, quien en 1800 firmó la correspondiente incorporación de Georgia al imperio ruso, aprovechándose del momento de debilidad georgiano.

Tras la desaparición de la República Democrática Federal de Transcaucasia y gracias al colapso ruso iniciado en 1917, el primer estado moderno de Georgia fue creado: la República Democrática de Georgia, que entre 1918 y 1921 luchó con el apoyo de Alemania y las fuerzas británicas contra el imperio ruso. La resistencia no duró y la ocupación del Ejército Rojo ruso llevó en 1921 a la incorporación del territorio georgiano a la Unión de Repúblicas Soviéticas. En la Segunda Guerra Mundial, setecientos mil soldados georgianos tuvieron que luchar contra sus antiguos aliados alemanes.

En esos tiempos estalinistas, Osetia fue dividida en dos, constituyéndose la parte sur como región autónoma perteneciente a Georgia. Más tarde, se repitió el proceso con Abjasia, y así se formó la actual Georgia. Setenta años después, el 9 de abril de 1991 la República Socialista Soviética de Georgia declaró su independencia con el nombre de Georgia.

Cada tiempo tiene su “caída del Muro de Berlín”, y este se caracteriza por la desintegración de la antigua Rusia. No creó por tanto ninguna sorpresa el gran conflicto armado que se desenvolvería en 2008 como consecuencia de los conflictos paralizados entre Georgia y Osetia del Sur y Abjasia desde los inicios del pasado siglo.

Desde la desintegración de la URSS

Tras la desintegración de la URSS, la configuración territorial del país llevó a la tensión con Rusia. Con la independencia hubo disturbios civiles y una gran crisis política, ya que no se tuvo en cuenta el parecer de la población de los territorios autónomos y se violaron las leyes de la URSS al respecto. Como hermanas gemelas, Osetia del Sur deseaba unirse a Osetia del Norte, es decir, a una parte rusa, siguiendo Abjasia de nuevo sus pasos. Moscú reconoció a Georgia sin modificación de fronteras, quizás por miedo a una actuación similar al caso checheno, pero durante dos largas décadas actuó como padre protector de las dos regiones autónomas.

Con la independencia, Zviad Gamsajurdia se convirtió en el primer presidente. Tras un golpe de Estado y una breve guerra civil llegó al poder Eduard Shevardnadze, un político georgiano que en Moscú había colaborado estrechamente con Gorbachov en la articulación de la perestroika. Bajo la presidencia de Shevardnadze, entre 1995 y 2003, se produjeron guerras étnicas en Abjasia y Osetia del Sur. En torno a unas diez mil personas perdieron la vida y miles de familias abandonaron sus hogares.

En 2003 la Revolución de las Rosas contra el desgobierno, la pobreza, la corrupción y el fraude electoral facilitó la restauración de la integridad territorial, el retorno de los refugiados y la aceptación de las distintas etnias. Sin embargo, las reformas democráticas y económicas que se plantearon no dejaron de ser un anhelado sueño.

Uno de los líderes de la Revolución de las Rosas, el abogado Mijail Saakashvili, llegó a la presidencia un año después, declarando la integridad territorial georgiana e iniciando una nueva política: la amistad con la OTAN y la Unión Europea. Esa aproximación a Occidente, y especialmente a Estados Unidos, puso sobre aviso a Moscú.

La importancia estratégica de Georgia se debe a su centralidad geográfica en el Cáucaso, pues se halla en medio del trazado de nuevos oleoductos y gaseoductos. La seguridad energética europea avalaba el interés de la UE por una Georgia no supeditada al Kremlin. Saakashvili hizo guiños a la UE y también a la OTAN, aumentando el número de efectivos militares y el gasto en armamento, algo que en 2008 no le vino nada mal.

Saakashvili tuvo éxito con sus políticas en Ayaria, pero no en Osetia del Sur. El mantenimiento de la tensión en esa zona y diversas disputas internas generaron una gran inestabilidad política que motivó la renuncia del mandatario.

Al terminar el mandato de Saakashvili en 2013, pasó a ocupar la presidencia el comentarista y político Giorgi Margvelashvili, como cabeza de lista de Sueño Georgiano. Margvelashvili mantuvo la línea de acercamiento a Occidente, tal como ha hecho desde 2018 la actual presidenta, Salome Zurabishvili, una política nacida en Francia, también de Sueño Georgiano.

Lucha por Osetia del Sur

La guerra de 2008 fue iniciada por Georgia. Rusia también contribuyó a crear malas relaciones previas, embargando importaciones de vino georgiano, repatriando inmigrantes indocumentados georgianos e incluso prohibiendo vuelos entre ambos países. En el conflicto, que afectó a Osetia del Sur y a Abjasia, Saakashvili contó con un Ejército modernizado y preparado, y también con el apoyo absoluto de Washington.

Las batallas comenzaron en la principal ciudad de Osetia del Sur, Tsjinval, cuya población es mayoritariamente de origen ruso. A los bombardeos aéreos y terrestres del Ejército georgiano siguió la entrada en el territorio de los tanques rusos. Moscú logró el control de la provincia y expulsó a las fuerzas georgianas. Tras cinco días, la guerra terminó con un balance de entre ochocientos y dos mil muertos, según los distintos cómputos de cada bando, y múltiples violaciones de las leyes de guerra. Además, numerosos informes encargados por la Unión Europea mostraron que las fuerzas de Osetia del Sur “destruyeron deliberada y sistemáticamente aldeas de etnia georgiana”. Estos informes también afirmaron que fue Georgia la que inició el conflicto, si bien la parte rusa había realizado múltiples provocaciones y además reaccionado de forma desmesurada.

Tras el alto al fuego del 12 de agosto, las relaciones diplomáticas entre Georgia y Rusia quedaron suspendidas. Moscú retiró sus tropas de parte del territorio georgiano que había ocupado, pero permaneció en las regiones separatistas. Desde entonces Rusia reconoce a Osetia del Sur como territorio independiente, al igual que hacen algunos aliados rusos como Venezuela o Nicaragua. Los propios osetios no reconocen tener lazos culturales e históricos con Georgia, sino con Osetia del Norte, es decir, con Rusia. Por su parte, Georgia insiste en que Osetia del Sur está dentro de sus fronteras, y el mismo gobierno se encargará de ello como una cuestión de orden público, solucionando así un problema calificado de constitucional.

Dado el acercamiento de Georgia a la UE, el conflicto bélico dio pie a la diplomacia europea a tener un papel activo en la búsqueda de la paz, con el despliegue de doscientos observadores en la frontera entre Osetia del Sur y el resto de Georgia, en sustitución de las tropas de paz rusas. En realidad, la UE pudo haber intentado antes una reacción más contundente frente a las acciones de Rusia en Osetia del Sur, lo que algunos observadores creen que hubiera evitado lo que después pasó en Crimea y el este de Ucrania. En cualquier caso, a pesar de haber iniciado el conflicto, esto no afectó a la relación de Tiflis con Bruselas, y en 2014 Georgia y la UE firmaron un Acuerdo de Asociación. Actualmente podemos asegurar que Occidente ha perdonado a Rusia su comportamiento en Georgia.

La guerra, aunque corta, tuvo un claro impacto negativo en la economía de la región osetiana, que en medio de las dificultades se hizo dependiente de Moscú. No obstante, las ayudas financieras rusas no llegan a la población debido al alto nivel de corrupción.

La guerra terminó, pero no los roces. Además de un problema de refugiados, también se da un problema de seguridad, con asesinatos de georgianos en las fronteras con Osetia del Sur. La cuestión no está cerrada, pero a pesar de que el riesgo sea leve, todo queda en manos de Rusia, que además de controlar e influir en la política, dirige el turismo en la zona.

Esta no resolución del conflicto dificulta la estabilización de la democracia en Georgia y con ello la posible entrada a la institución europea, dado que las minorías étnicas alegan falta de respeto y protección de sus derechos. A pesar de que los mecanismos de gobierno siguen siendo escasos en estos conflictos, se observa claramente que las reformas adquiridas últimamente en el sur del Cáucaso han llevado a promover el diálogo inclusivo con las minorías y a una mayor responsabilidad estatal del asunto. 

Últimas elecciones

El noviembre de 2018 se celebraron las últimas elecciones presidenciales por sufragio directo en el país, pues desde 2024 ya no serán los ciudadanos los que voten a su presidente, sino los legisladores y ciertos compromisarios, debido a una reforma constitucional que transforma el país en una república parlamentaria.

En 2018 se enfrentaron en la segunda vuelta el candidato del Movimiento Nacional Unido, Grigol Vashdze, y la candidata de Sueño Georgiano, Salome Zurabishvili. Con el 60% de los votos, la candidata de centro izquierda se convirtió en la primera mujer en ocupar la presidencia de Georgia. Ganó con una apuesta europea: “más Europa en Georgia y Georgia en la Unión Europea”. Su toma de posesión fue acogida con manifestantes que alegaban irregularidades en las elecciones. La Organización para la Seguridad y Cooperación Europea (OSCE) avaló el proceso electoral, aunque señaló la falta de objetividad de los medios públicos durante la campaña.

Algunos medios georgianos consideran que Sueño Georgiano gozó de una “ventaja indebida”, por la intervención en la campaña del exprimer ministro Bidzina Ivanishvili, hoy un adinerado financiero, quien anunció públicamente un programa de ayuda para seiscientos mil georgianos. Quedó en evidencia que Ivanishvili tira de los hilos y las palancas de poder en el país. Ese cuestionamiento de la limpieza de la campaña llevó a que Georgia haya bajado en calidad democrática en los índices de 2018.

Acto público presidido en enero por Salome Zurabishvili en el palacio presidencial georgiano [Presidencia de Georgia]

LA APROXIMACIÓN A OCCIDENTE

Desde las políticas llevadas a cabo por la presidencia georgiana desde la llegada de Saakashvili al poder, Georgia se ha adentrado de modo decidido en el mundo occidental. Gracias a todas las nuevas medidas que Tiflis está implementando para ajustarse a los requisitos y peticiones occidentales, Georgia ha logrado perfilarse como el idóneo candidato para su entrada en la Unión Europea. No obstante, a pesar de los anhelos europeístas y atlantistas del partido gobernante, Sueño Georgiano, y de buena parte de la sociedad georgiana, el país podría acabar rindiéndose ante la presión de Rusia, como ha pasado con varios territorios exsoviéticos que previamente habían intentado una aproximación occidental, véase Azerbaiyán o Kazajstán.

Adecuación a la Unión Europea

Devenido en el país más favorecido del Cáucaso para entrar en la Unión Europea, con la que tiene una cercana y positiva relación, Georgia ha firmado diversos tratados vinculantes con Bruselas, siguiendo la aspiración de los ciudadanos georgianos de más democracia y derechos humanos. En 2016 entró en vigor el Acuerdo de Asociación entre la UE y Georgia, algo que permite dar serios pasos en integración política y económica, como la creación de la Zona de Libre Comercio de Alcance Amplio y Profundo (ZLCAP). Este régimen de comercio preferencial convierte a la UE en el principal socio comercial del país. El ZLCAP ayuda a Georgia a reformar su marco comercial, siguiendo los principios de la Organización Mundial del Comercio, al tiempo que elimina aranceles y facilita un amplio y mutuo acceso. Esa adecuación al marco legal de la UE supone una preparación del país para una eventual adhesión.

En cuanto al Acuerdo de Asociación, se debe mencionar que Georgia es un país miembro de la Asociación Oriental dentro de la Política Europea de Vecindad. Mediante esta asociación, Bruselas emite informes anuales sobre los pasos dados por un determinado Estado para llegar a una mayor adecuación con la UE. El Consejo de Asociación es la institución formal que se dedica a supervisar esas relaciones asociacionistas; en sus reuniones se han destacado los progresos alcanzados y la creciente cercanía entre Georgia y la UE.

En 2016 el Comité de Representantes Permanente de la UE confirmó el acuerdo del Parlamento Europeo acerca de la liberación de visados con Georgia. Dicho acuerdo se basaba en la no necesidad de visado para ciudadanos de la UE que cruzaran las fronteras del país, y para ciudadanos georgianos que viajasen a la UE para estancias de hasta 90 días.

Georgia, sin embargo, se ha visto decepcionada en sus expectativas cuando desde la UE se han expresado dudas sobre la conveniencia de su incorporación. Algunos países miembros alegaron el peligro que podían suponer los grupos criminales georgianos, algo que varios partidos prorrusos del país aprovecharon para realizar una enérgica campaña contra la UE y la OTAN. La campaña tuvo sus resultados y la opinión contraria a Rusia disminuyó, lo que llevó a Moscú a una mayor afirmación con maniobras militares, si bien en las elecciones de 2016 siguió el respaldo ciudadano a Sueño Georgiano.

A pesar de que no hay una perspectiva de próxima adhesión, la UE sigue ofreciendo esperanzas, como en la gira por el Cáucaso que la canciller alemana, Angela Merkel, hizo el verano pasado. En su visita a Georgia, Merkel comparó el conflicto georgiano con el ucraniano debido a la presencia de tropas rusas en las regiones separatistas del país. Visitó la localidad de Odzisi, situada en la frontera con Osetia del Sur, y en un discurso en la Universidad de Tiflis dijo que tanto ese territorio como Abjasia son “territorios ocupados”, lo que no fue bien recibido por Moscú. Merkel se comprometió a hacer lo posible para que esa “injusticia” siga presente en la agenda internacional.

La presidenta georgiana, Salome Zourachvili, considera además que la salida del Reino Unido de la Unión Europea puede ser una gran oportunidad para Georgia. “Obligará a Europa a reformarse. Y como soy una optimista estoy segura de que nos abrirá nuevas puertas a nosotros", ha dicho.

Esperanza en la Alianza Atlántica

El comportamiento de Rusia en los últimos años, además de incentivar el acercamiento de Georgia a la UE, ha dado sentido de urgencia a su deseo de incorporación a la Alianza Atlántica.

En 2016 hubo en el Mar Negro varias maniobras conjuntas entre la OTAN y Georgia, donde recaló una flota de la coalición. Era evidencia de una creciente aproximación mutua que Georgia esperaba que condujera a su adhesión a la organización en la cumbre que la OTAN celebraba ese mismo año en Varsovia. Pero a pesar de la gran preparación que recibió el país en términos de defensa, seguridad e inteligencia, no fue allí invitada a entrar en el club: no se quería incomodar a Rusia.

La OTAN aseguraba, no obstante, mantener su política de puertas abiertas a los países del este y estimaba que Georgia seguía siendo un candidato ejemplar. A la espera de decisiones futuras, a Tiflis le quedaba reforzar la cooperación militar, ofreciendo como incentivación el “formato del Mar Negro”, una solución de compromiso que incluye a la OTAN, a Georgia y a Ucrania y que aumenta la influencia de la Alianza en la región del Mar Negro.

Georgia, siendo el capital aliado de la OTAN y la Unión Europeo en la zona del Cáucaso, aspira a una mayor protección de la Alianza Atlántica frente a Rusia. Desde el centro político europeo se observan los esfuerzos de la población georgiana por ingresar en la organización internacional y se opta por una estrategia de paciencia para la zona caucásica, como en los años de la Guerra Fría.

Acercarse a las fronteras rusas es problemático, y múltiples críticas han surgido hacia la OTAN acerca de la sencilla incorporación georgiana debido a su situación geoestratégica. Rusia ha expresado repetidas veces su preocupación por esa cooperación conjunta entre Estados Unidos, la OTAN y su vecina Georgia.

Intervención de la presidenta Zurabishvili en los actos celebrados en enero en Jerusalén en recuerdo del Holocausto [Presidencia de Georgia]

UNA RUSIA VIGILANTE

Las heridas de la guerra de Osetia del Sur de 2008 no han terminado de cerrarse en la sociedad georgiana. Y es que, a pesar de los intentos políticos de Georgia de acercamiento a las instituciones occidentales, Rusia se mantiene en guardia con suspicacia, de forma que las relaciones entre los dos países no dejan de ser conflictivas. Así, el verano pasado se registró un último episodio de tensión, que llevó a la presidenta de Georgia a calificar a Rusia de “enemiga y ocupante”.

Tras algún acercamiento en 2013 que supuso un aumento del comercio de alimentos y del turismo ruso que llegaba al país, Moscú ha pasado a una estrategia de intento de acercamiento a nivel religioso y político. Con esa intención, un pequeño grupo de legisladores rusos viajó a la capital georgiana para la Asamblea Interparlamentaria de la Ortodoxia. Esta organización internacional, liderada por Grecia y Rusia, es la única que reúne a los órganos legislativos de los países ortodoxos. El encuentro tuvo lugar en el salón plenario del Parlamento de Georgia, donde el diputado ruso Sergei Gabrilov, ocupó el asiento del presidente de la Cámara. Varios políticos de la oposición no vieron esto con buenos ojos y movilizaron a miles de ciudadanos, que protagonizaron graves desórdenes públicos en un intento de asalto al Parlamento. La delegación rusa a se vio obligada a abandonar el país, pero quedó claro el intento de influencia rusa a través de la religión, cuando hasta entonces la Iglesia se había mantenido apartada de todas las controversias políticas.

Los disturbios, en los que hubo numerosos heridos, motivaron que los miembros del Gobierno cancelaran todos sus desplazamientos al extranjero y que la presidenta interrumpiera su viaje a Bielorrusia, donde iba a asistir a la apertura de los Juegos Europeos, una presencia que se consideraba importante a ojos occidentales. Los manifestantes protestaron contra la sede de Sueño Georgiano, donde quemaron y asaltaron dependencias. Los diez días de revueltas no solo se justificaban por el incidente ocurrido en la Asamblea, sino también como reacción a la ocupación rusa. Además, también pudo contribuir el conflicto entre Sueño Georgiano y los partidos opuestos liderados por Saakashvili, actualmente exiliado en Ucrania.

La crisis terminó con la marcha del primer ministro Mamuka y el nombramiento de Georgi Gaharia como su sucesor, a pesar de las críticas que este había recibido por su gestión de los disturbios como ministro del Interior.

Las revueltas, aunque pudieran estar bien intencionadas, van contra los intereses de Georgia, según consideró la presidenta del país, pues lo que este necesita es “tranquilidad y estabilidad interna”, tanto para progresar internamente como para ganar simpatías entre los miembros de la UE, que no quieren más tensión en la región.  Salome Zurabishvili advirtió de los riesgos de cualquier desestabilización interna que pueda provocar Rusia.

Con motivo de las protestas de junio, el Kremlin promulgó un decreto en el que se prohibía el transporte de nacionales a Georgia por aerolíneas rusas. Con ello decía querer garantizar “la seguridad nacional y la protección de los ciudadanos”, pero estaba claro Moscú estaba reaccionando frente a una revuelta de tinte anti-ruso. La decisión redujo la llegada de visitantes de Rusia, que venían constituyendo uno de cada cuatro turistas, lo que según el Gobierno podía significar una pérdida de mil millones de dólares y una reducción del 1% en del PIB.

La tensión llegó a los medios televisivos de la capital georgiana. Días después de las revueltas, el presentador del programa “Post Scriptum” de la cadena Rustavi 2 intervino en la emisión hablando en ruso y vertió varios insultos contra el presidente Vladimir Putin, algo que Rusia calificó como inaceptable y “rusofobia”. La cadena se disculpó, admitiendo que se habían vulnerado sus estándares éticos y editoriales, al tiempo que diversos políticos georgianos, incluida la presidenta, condenaron el episodio y lamentaron que hechos así no hacen más que aumentar las tensiones entre las dos naciones.

Los sucesos del pasado verano muestran el rechazo de los georgianos a una enemistad con Rusia que, además de acentuar la tensión con el gran vecino del norte, puede incidir en la relación de Georgia con la UE y otros organismos internacionales occidentales, pues estos no van a pisar sobre arenas movedizas, y menos teniendo a la gran Rusia enfrente.

BIBLIOGRAFÍA

Asmus, Ronald D. A Little War That Shook the World. London: Palgrave MacMillan, 2010

Cornell S. E. & Starr, F. The Guns of August 2008. Russia’s War in Georgia. London: M.E. Sharpe, 2009

De la Parte, Francisco P. El imperio que regresa. La Guerra de Ucrania 2014-2017: Origen, desarrollo, entorno internacional y consecuencias. Oviedo: Ediciones de la Universidad de Oviedo, 2017

Golz, Thomas. Georgia Diary: A Chronic of War and Political Chaos in The Post-Soviet Caucasus.New York: Taylor and Francis, 2006

[Myra MacDonald, Defeat is an Orphan. How Pakistan Lost the Great South Asia War. Penguin. London, 2016. 313 p.]

RESEÑA / Ramón Barba

Podría pensarse que el libro de Myra McDonald más bien confunde al lector, por cuanto el título habla de una Gran Guerra en el subcontinente indio de la que como tal no existe constancia. En realidad, la obra ayuda a entender –especialmente al lector occidental, más alejado del marco cultural e histórico de esa parte del mundo– la complejidad de las relaciones entre India y Pakistán. Corresponsal de Reuters durante más de treinta años, con larga experiencia en la región, McDonald sabe sumar datos concretos, sin quedarse en la anécdota, e ir rápidamente a la fuerza de fondo que hay detrás de ellos.

Su tesis es que desde que nacieron los dos Estados con la partición de la Joya de la Corona, al deshacerse el Imperio Británico, paquistaníes e indios han protagonizado una larga confrontación, que incluso ha tenido sus momentos de fuego real. Ha sido una prolongada y enconada enemistad entre los dos países, con sus esporádicas batallas: una Gran Guerra, según la autora, que finalmente Pakistán ha perdido.

Por lo general, mientras que India ha buscado su afirmación nacional en el ejercicio de la democracia, Pakistán ha basado su idiosincrasia nacional en el Islam y en el conflicto con India, el cual tiene en la disputa por el control de Cachemira su manifestación más sangrienta. Esa fijación con India, de acuerdo con McDonald, ha llevado a Islamabad a valerse del apoyo a grupos yihadistas para crear inestabilidad al otro lado de la línea de partición, hundiéndose el propio Pakistán en un abismo del que por ahora no ha conseguido salir. McDonald sigue una argumentación generalmente objetiva, pero el libro parece estar escrito desde India, sin apenas simpatía por los paquistaníes.

El relato arranca con el episodio del secuestro del avión de Indian Airlines que tuvo lugar entre Nochebuena y Nochevieja de 1999 por parte de cinco guerrilleros cachemires, con 155 personas a bordo, y que supuso un serio conflicto entre Islamabad y Nueva Delhi, al interpretar el Gobierno indio que la operación había contado con cierto respaldo del país vecino. El episodio sirve para describir los dramáticos estándares de la pugna estratégica entre los dos países, que el año anterior culminaron su desarrollo de la bomba atómica.

El libro presta especial atención a esa carrera por lograr el arma nuclear –los indios porque los chinos la tenían, los paquistaníes porque veían que los indios la estaban alcanzando– y que venía a plantear una duda clave de la proliferación nuclear: ¿cabe el uso de las armas a menor escala entre dos países mortalmente enemigos cuando ambos disponen de la bomba atómica? Se ha visto que sí, y no solo eso, argumenta McDonald: la falta de miedo de Pakistán a un ataque indio nuclear, dado que este se ve disuadido por el propio arsenal paquistaní, habría hecho que Islamabad se viera más confiada a la hora de alentar ataques terroristas contra India.

A principios de la década de 1960 la situación en India era un tanto delicada: en 1964 China había detonado la bomba atómica, lo cual aunado a la presión paquistaní en Cachemira ponía a la mayor democracia del mundo en una complicada coyuntura. Ello dio lugar al lanzamiento por parte de India del Smiling Buddha en 1974 (como bomba sin carga) y al inicio de una estrecha competición con Pakistán por entrar en el reducido club nuclear, como consecuencia de la lógica dialéctica que entonces regía su relación. Aunque se creía que la bomba podía estar en el haber de una de las partes, no fue hasta las tardías detonaciones de 1998 que ello quedó patente.

La autora considera que los dos países llegaron ese año en un nivel muy parejo: India, más grande, tenía que solventar pequeñas crisis internas para poder avanzar, mientras que Pakistán gozaba de cierta estabilidad. No obstante, la consecución de la bomba atómica hizo que Pakistán, tras una mala lectura de la realidad, no supiese aprovechar sus oportunidades en la etapa de la globalización que entonces se abría, y se quedase estancado en una lógica belicista, mientras India daba el estirón que le ha hecho ganar un indudable peso como potencia mundial. Esa es la “derrota” paquistaní de la que habla el título de la obra.

Además de esa atención a las décadas más recientes, el texto también se retrotrae a 1947, cuando nacieron ambos estados independientes, para explicar muchas de las dinámicas de la subsiguiente relación entre ambos. Asimismo se abordan las relaciones con China, aliada de Pakistán, y con Estados Unidos, que tuvo más cercanía de intereses con Pakistán y ahora es más próximo a India.

The UN Conference did little to increase international commitment to climate change action, but did at least boost the assertiveness of the EU

In recent years, the temperature of the Earth has risen, causing the desertification of lands and the melting of the Poles. This is a major threat to food production and provokes the rise of sea levels. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) has concluded that there is a more than 95% probability that human activities over the past 50 years are the cause of global warming. Since 1995 the United Nations has organized international meetings in order to coordinate measures to reduce CO2 emissions, which arguably are behind the increases in temperature. The latest meeting was the COP25, which took place in Madrid this past December. The COP25 could be labeled almost a missed opportunity.

February 10, 2020

ARTICLE / Alexia Cosmello and Ane Gil

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) was established in 1988 by the World Meteorological Organization (WMO) and United Nations Environment Programme. The IPCC’s Fifth Assessment Report concluded that: “Climate change is real and human activities are the main cause.” In recent years, rising temperatures on earth have contributed to the melting of the Polar Ice Cap and an increase in desertification. These developments have provoked the rise of sea levels and stresses on global food production, respectively.

In 1992, the IPCC formed the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) with the goal of minimizing anthropogenic damage to the earth’s climate. 197 countries have since ratified the UNFCCC, making it nearly universal. Since 1995, the UNFCCC has held an annual Conference of the Parties (COP) to combat climate change. These COPs assess the progress of national governments in managing the climate crisis, and establish the legally binding obligations of developed countries to combat climate change. The most significant international agreements emerging from UNFCCC annual COPs are the Kyoto Protocol (2005) and the Paris Agreement (2016). The most recent COP25 (25th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) took place in Madrid in December 2019.

The previous conference (COP24) marked a significant improvement in international regulation for implementing the Paris Agreement, but crucially ignored the issue of carbon markets (Article 6). Thus, one of the main objectives of COP25 was the completion of an operating manual for the Paris Accords that included provisions for carbon market regulation. However, COP25 failed to reach a consensus on carbon market regulation, largely due to opposition from Brazil and Australia. The issue will be passed onto next year’s COP26.

Another particularly divisive issue in COP25 was the low level of international commitment. In the end, only 84 countries committed to the COP25 resolutions; among them we find Spain, the UK, France and Germany. Key players such as the US, China, India and Russia all declined to commit, perhaps because together they account for 55% of global CO2 emissions. All states will review their commitments for COP26 in 2020, but if COP26 goes anything like COP25 there will be little hope for positive change.

COP25 also failed to reach an agreement on reimbursements for damage and loss resulting from climate change. COP15 set the goal of increasing the annual budget of the Green Climate Fund to 100 billion USD by 2020, but due to the absence of sufficient financial commitment in COP25, it appears that this goal will not be met.

It is worth noting that in spite of these grave failures, COP25 did achieve minor improvements. Several new policies were established and a variety of multilateral agreements were made. In terms of policies, COP25 implemented a global “Gender Action Plan,” which will focus on the systematic integration of gender equality into climate policies. Additionally,  COP25 issued a declaration calling for increased consideration of marine biodiversity. In terms of multilateral agreements, many significant commitments were made by a vast array of countries, cities, businesses, and international coalitions. Notably, after COP25, the Climate Ambitious Coalition now counts with the impressive support of  27 investors, 763 companies, 393 cities, 14 regions, and 70 countries.

But by far the saving grace of COP25 was the EU. The EU shone brightly during COP25, acting as a example for the rest of the world. And this is nothing new. The EU has been a forerunner in climate change action for over a decade now. In 2008, the EU established its first sustainability goals, which it called the “2020 Goals”. These goals included: reducing GHG emission by 20% (compared to 1990), increasing energy efficiency by 20%, and satisfying a full 20% of total energy consumption with renewable energy sources. To date, the EU has managed not merely to achieve these goals, but to surpass them. In fact, by 2017, EU GHG emissions had been reduced not just by 20%, but by 22%.

The EU achieved these lofty goals because it backed them up with effective policies. Note:

i) The launch by the EU Commission in June 2000 of the European Climate Change Programme (ECCP). Its main goal is to identify and develop all the necessary elements of an EU strategy to implement the UN Kyoto Protocol of COP3.

ii) The EU ECCP developed the ETS (EU emissions trading system), which has helped to reduce greenhouse gas emissions from energy-intensive industries and power plants.

iii)The EU adopted revised rules for the ETS in February 2018,  which set the limits on CO2 emissions of heavy industry and power stations.

iv)The EU opted for a “circular economy.” In May 2018, the EU decided on new rules for waste management and established legally binding targets for recycling. In May 2019, the EU adopted a ban on single-use plastic items.

v) The EU limited CO2 emissions on the roads. In April 2019, stricter emission limits for cars and vans were passed. By 2029, both cars and vans will be required to emit on average 15% less CO2.

vi) The EU approved new regulations in May 2018 for improved protection and management of lands and forests.

If the EU is anywhere near as successful at combating climate change in the decades to come as it has proved itself to be in the past decade, the EU seems primed to achieve both its 2030 Goals, and its 2050 Goals (the European Green Deal). The 2030 Goals include cutting GHG emissions by at least 40% by 2030 (compared to 1990). Such  new measures will make the EU’s economy and energy systems more competitive, more secure, and more sustainable. The 2050 Goals are even more ambitious: they include the complete elimination all CO2 emissions and the achievement of a climate-neutral EU by 2050. The EU’s 2030 and 2050 Goals, if achieved, will be a remarkable step in the right direction towards achieving the Paris Agreement objective to keep global temperature increase stabilized at 1.5ºC and well below 2ºC.

The European Green Deal and 2030 and 2050 Goals will demand far more effort than the 2020 Goals, especially in the political and economic spheres. Poland has yet to commit to the Deal, which has led the European Council to postpone the matter until June 2020. But progress in the EU towards the 2050 Goals is already underway. The Just Transition Mechanism was proposed in December 2019 to provide support for European regions projected to be most affected by the transition to climate neutrality. (This measure will also hopefully serve to assuage the concerns of Poland and other members.) The EU Commission is to prepare a long-term strategy proposal as early as possible in 2020 with the intention of its adoption by the Council and its submission to the UNFCCC shortly thereafter. Furthermore, the EU Commission has also been tasked with a proposal, after a thorough impact assessment, for an update of the EU’s nationally determined contribution for 2030 under the Paris Agreement. The EU’s example is reason to hope for a bright and sustainable future for the developed world.

Unfortunately, not every developed country is as committed to sustainability as the EU. While many efforts have been made at both the global and regional levels to combat climate change, it is abundantly clear that these efforts are horrendously insufficient. In order to properly address climate change, consistent commitment to sustainability from all parties is imperative. Those countries such as the US, China, India and Russia that abstained from commiting to the COP25 resolutions need to begin following in the EU’s sustainable footsteps and start behaving like true global citizens as well. If they do not, even the EU’s exemplary efforts will not be anywhere near enough to slow climate change.

El puerto de Chancay, a cargo de la naviera estatal Cosco, entrará en funcionamiento en 2022

Los chinos lo pronuncian casi como Shanghái, pero no está en China sino en Perú. El puerto de Chancay, a 75 kilómetros de Lima, se va a convertir en el primer ‘hub’ logístico chino para la vertiente pacífica de Latinoamérica. Es el único puerto en la región de la naviera estatal Cosco, que en su día fijó en El Pireo su puerta de entrada en Europa y ahora prepara su acceso de mercancías a Sudamérica a través de Chancay. La infraestructura supone una inversión de 3.000 millones de dólares.

▲ Creación por ordenador de las instalaciones del nuevo puerto de Chancay, 75 kilómetros al norte de Lima [Volcan]

ARTÍCULO / Gabriela Pajuelo

El puerto de Chancay pretende erigirse en una de las principales conexiones de China con los países de la costa oeste de Sudamérica, sirviendo de puente para el creciente comercio de mercancías de esta región con Asia-Pacífico. A través de la sociedad Terminales Portuarios Chancay, la china Cosco Shipping Ports contempla una inversión inicial de 1.200 millones de dólares, destinados a la primera fase del proyecto –construcción de nuevos diques para ganar terreno al mar, logrando una mayor profundidad (16 metros) y superficie para operaciones (un millón de contenedores). La inversión total será de 3.000 millones de dólares; la entrada en funcionamiento se prevé para 2022.

China es desde 2014 el primer socio comercial de Perú, desbancando de ese puesto a Estados Unidos. En 2017 China fue el destino del 26% de las exportaciones peruanas (11.700 millones de dólares) y el origen del 23% de sus importaciones (8.750 millones). El interés chino se centra en los minerales, el mayor sector exportador peruano, y por tanto el puerto de Chancay se perfila como el principal punto de salida de esas materias primas hacia China. Los fletes de vuelta aportarán manufacturas chinas, no solo para Perú sino para países vecinos.

Ese interés de Pekín por las materias primas de Perú ya llevó a la firma en 2009 de un tratado de libre comercio entre los dos países, que fue optimizado el año pasado. Se trata de una relación que no se ha visto complicada por la concesión de elevados créditos que luego el país receptor tenga difícil devolver: Perú solo ha recibido créditos de las entidades crediticias públicas chinas por valor de 50 millones de dólares, en 2009, lo que le sitúa a la cola de receptores de préstamos chinos en Latinoamérica.

Cosco se hizo por 225 millones de dólares con el 60% de Terminales Portuarios Chancay en la primera mitad de 2019, compartiendo sociedad con la minera peruana Volcan, que posee el 40% restante. Se trata del primer puerto que la gran naviera estatal china controlará en su integridad en el Hemisferio Occidental, pues su presencia en el puerto de Seatle, en EEUU, se limita a la explotación de una terminal. Cosco cuenta con 34 terminales en todo el mundo, 11 de los cuales se encuentran fuera de China (en España tiene presencia en los puertos de Valencia y Bilbao). Otras compañías chinas disponen también de algún terminal en la región, como en las bocas del Canal de Panamá (China es el segundo usuario más importante de esa vía interoceánica, tras EEUU), o participan en obras de expansión portuaria, como en Itaquí (Brasil). Pekín también ha expresado interés en gestionar puertos completos –el es caso de La Unión, en El Salvador–, pero Chancay es la primera realización en ese sentido.

El nuevo puerto de Chancay, de casi 1.000 hectáreas de extensión, incluirá un complejo de ingreso, un túnel viaducto subterráneo y una zona operativa portuaria. Esta tendrá un terminal de contenedores con dos muelles, y un terminal de carga a granel, carga general y rodante con otros dos muelles. Según la compañía, el puerto alcanzará una capacidad de manejo de carga anual de un millón de TEU (Twenty-foot Equivalent Unit, es decir, Unidad Equivalente a Veinte Pies). Cabe añadir que el complejo portuario contará con la capacidad de descarga de embarcaciones Triple E, consideradas los segundos barcos portacontenedores más grandes del mundo.

El multipuerto se encuentra ubicado a 75 km al norte de Lima y estará conectado con el centro del país, a través de una carretera hacia Oyón y Ambo, en los Andes peruanos. Esta infraestructura viaria, con una inversión pública es de 450 millones de dólares, supone un esfuerzo de descentralización por parte del gobierno peruano.

El puerto de Chancay podría plantear una seria competencia al Terminal Portuario del Callao, gestionado por DP World Callao (empresa subsidiaria de Dubai Ports World), APM Terminals y Transportadora Callao. Se trata del puerto de facto de Lima y es el principal puerto del país en cuanto a tráfico y capacidad de almacenaje, con un movimiento portuario en 2018 de 2,3 millones de TEU y 56 millones de toneladas, que representan el 51% del total nacional.

Terminales de Cosco Shipping Ports en el mundo [Cosco Group]

La ministra de Transportes y Comunicaciones, María Jara Risco, ha anunciado un plan para duplicar la capacidad de almacenaje del puerto del Callao, pero, se cuestiona si eso será suficiente para competir con el nuevo puerto de Chancay. El presidente, Martín Vizcarra, se muestra convencido de que ambas instalaciones puedan funcionar de manera complementaria, además de que la nueva infraestructura permitirá descongestionar el tráfico de camiones en el área de la capital.

La inversión china, en cualquier, ha dado pie para que en algunos medios se hable de la “diplomacia de chequera”, un concepto que se refiere a la utilización de inversiones o préstamos para establecer relaciones favorables con países que ocupen puestos estratégicos en regiones de interés geopolítico. Aunque una infraestructura como la de Chancay es altamente interesante para el país beneficiado, este puede verse obligado a devolver el favor de otras maneras, quizás permitiendo la explotación de recursos minerales. Al margen de eso están las disposiciones internas chinas, que obligan a sus empresas con terminales portuarias en el resto del mundo a acoger a la armada de guerra en caso necesario.

La creciente influencia china en el Hemisferio Occidental preocupa a EEUU. Su propio vicepresidente, Mike Pence, advirtió a los países latinoamericanos que esas inversiones representan una potencial amenaza, porque cuando menos establecen una excesiva dependencia de los lazos comerciales y crediticios con China, generando además un alto déficit comercial y una elevada deuda. También, según Pence, pueden afectar negativamente a asuntos como el cuidado del medio ambiente o el respeto de zonas protegidas. 

En términos más dramáticos se ha pronunciado el Pentágono. En febrero de 2019, el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur, alertó que en el futuro “China podría usar su control de puertos de aguas profundas en el Hemisferio Occidental para aumentar su posición operacional global”.

El Brexit, con la salida de la UE de un adalid del libre mercado, ha potenciado la coordinación de los países librecambistas del norte de Europa

▲ Grabado del siglo XVI con una vista de Lübeck, cuando formaba parte de la Liga Hanseática

ANÁLISIS / Jokin de Carlos Sola

Compuesta por los pequeños de la costa norte de Europa, la Liga Hanseática controla el mar y el dinero que se mueve por él. Esta definición se aplica a dos organizaciones, una medieval y otra creada hace poco, lista para hacer oír su voz en el escenario europeo.

En 2017 ocho países del norte de Europa (Países Bajos, Irlanda, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania) comenzaron el proceso de creación de la iniciativa Nueva Liga Hanseática. Su principal objetivo es mantener y aumentar la ortodoxia económica, ahora que el Reino Unido –uno de sus máximos defensores– abandona la Unión Europea, e impedir que Francia aproveche este momento para aplicar sus las políticas de economía expansiva.

La primera Liga

La primera liga Hanseática o simplemente la Hansa fue una alianza comercial y defensiva de ciudades comerciales y gremios de las principales ciudades marítimas del Báltico y del Atlántico Norte. Fundada en Lübeck en 1158, la primera alianza estaba formada por las ciudades marítimas libres alemanas de Lübeck, Hamburgo, Lüneburg, Wismar, Rostock y Stralsund.

Más adelante otras muchas ciudades se unieron a la Hansa, como Colonia, Groninga, Berlín o Estocolmo. Por otra parte, la Hansa fijó puestos comerciales en los puertos de casi todo el norte Europa, llegando incluso a establecer barrios propios –llamados kontors– en otros lugares como Londres, Amberes, Nóvgorod o Brujas.

Esta alianza adquirió una gran importancia comercial y también militar. Desde su fundación la Hansa había mantenido una relación casi simbiótica con el Estado Monástico de los Caballeros Teutónicos, establecido en el Báltico. Más adelante establecería su propia flota. Con el crecimiento de los estados nación y el declive de los gremios, la Hansa fue decreciendo hasta ser conformada únicamente por Lübeck, Hamburgo y Bremen, siendo finalmente disuelta con la unificación alemana.

Creación de la Nueva Hansa

Con la ampliación de la Unión Europea surgieron nuevas oportunidades de equilibrar el poder del bloque francoalemán (también llamado bloque de Aquisgrán), dominante en el Consejo Europeo. Así, se han creado el Grupo de Visegrado, la Iniciativa Tres Mares o el Grupo de Craiova, en el centro y este europeo. En los últimos años ha surgido la Nueva Liga Hanseática, en el norte del continente.

Esta última iniciativa nació a raíz del Brexit. Siendo el tercer país por peso económico en la UE, el Reino Unido ha tenido una gran influencia en la política económica de la Unión, defendiendo ideas como la estabilidad económica, el recorte del déficit, la reducción de la deuda, la desregulación económica y una política monetaria estable que evite la inflación, así como una política de libre comercio.

Estas ideas chocaban con la política económica francesa, de un mayor dirigismo e intervencionismo económicos, que pone el acento en los proyectos sociales y el proteccionismo. Mientras, la actitud de prudencia alemana actuaba como balanza y punto intermedio entre las dos posiciones. Las posiciones de Londres han tenido también el apoyo de los Países Bajos y Dinamarca, así como de otros países con tradición comercial marítima, quienes ante la perspectiva de la marcha del Reino Unido de la UE decidieron establecer una mayor coordinación entre sí.

Otra causa para la formación de la Nueva Hansa es la llegada al poder de Emmanuel Macron y su ascenso como hombre fuerte en la UE. Macron ha abandonado parte del discurso económico con el que fue elegido en 2017 para acercarse más a las posiciones tradicionales francesas, también seguidas por países como Italia o España.

Un último detonante de la iniciativa, de inspiración neerlandesa e irlandesa, fue el relevo en enero de 2018 de Jeroen Dijsselbloem como presidente del Eurogrupo por Mario Centeno, ministro socialista de Portugal. Para muchos políticos del norte de Europa la intransigencia de Dijsselbloem ante la crisis de la deuda griega en 2015 fue correcta y un camino a seguir en política económica y monetaria de la UE y la Eurozona.

Este grupo fue conocido al principio por nombres como “Los Vikingos” o “Coalición del mal tiempo”. En febrero de 2018 los ministros de finanzas de Países Bajos, Dinamarca, Irlanda, Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania firmaron el documento fundacional de la Nueva Liga Hanseática.     

Valores políticos y económicos

Los principales objetivos de la Nueva Liga Hanseática se basan en las ideas librecambistas, así como en mantener un presupuesto equilibrado. Sus principales objetivos pasan por el desarrollo del Mecanismo de Estabilidad Europeo, establecido en Luxemburgo. La idea sería que este desarrollo terminase convirtiendo el MEE en un pleno Fondo Monetario Europeo, el cual redistribuiría la riqueza entre los Estados miembros que tengan superávit y aquellos que tengan déficit comercial. La Hansa también es favorable a darle más poder al MEE para poder interferir en los presupuestos nacionales con el fin de evitar sobrepasar los límites del déficit.

Sin embargo, pese a que el documento fundacional se ciñe al Mecanismo de Estabilidad Europeo la Hansa no pretende detenerse ahí. Algunos representantes de esos países se han pronunciado en contra de un presupuesto para la eurozona, un ministro de finanzas de la eurozona y un sistema común de seguro de depósitos, como ha propuesto Macron. También criticaron a la Comisión Europea por su decisión de no iniciar un procedimiento disciplinario contra Italia por su déficit y su deuda.

Las posiciones de la Hansa han logrado popularidad general en sus respectivos países. Por un lado, los partidos de derecha en esos lugares defienden planteamientos librecambistas desde hace tiempo, mientras que los partidos de izquierda no quieren que se arriesgue el estado de bienestar de sus respectivas poblaciones para ayudar a los países del sur de Europa.

Los orígenes ideológicos de la Nueva Hansa podrían datarse en el Thatcherismo británico de los años 80. Esta ideología política incluía por una parte un planteamiento liberal de la economía, defendiendo ideas como desregularización, privatización y libre comercio. El Thatcherismo no advocaba por la ruptura de la UE, pero incluía una visión escéptica, defendiendo una unión que se limitara a la economía, sin avanzar en la unión política. Este pensamiento, adversario del tradicional dirigismo francés, ha tenido una clara influencia dentro de la política británica y dentro del Partido Conservador. Sin embargo, algo menos conocida es su influencia en otros políticos europeos, como diversos dirigentes de los Países Bajos y Dinamarca.

La defensa de una Europa liberal y capitalista, contraria a un fuerte poder central, es compartida por muchos países, todos ellos situados en la franja norte de la Unión. Esto los enfrenta con los países Mediterráneos, que han requerido de ayudas comunitarias en los últimos años.

Sin embargo, hay otros elementos que caracterizan a estos países más allá de su riqueza y posición geográfica, como es su tamaño y su dependencia del comercio, derivada de su carácter marítimo. Eso les hace favorables al aumento de los tratados comerciales y les obliga a procurarse recursos que no tienen en su territorio.

Liderazgo del grupo

La Nueva Liga Hanseática es una iniciativa y no una organización como tal, por lo que no tiene un líder oficial, las decisiones son tomadas en consejos no oficiales de los jefes de gobierno y de los ministros de finanzas. Sin embargo, se han destacado varias personalidades, principalmente Mark Rutte, premier neerlandés, y Wopke Hoekstra, su ministro de finanzas.  

Wopke Hoekstra es considerado arquitecto de la Nueva Hansa. De 41 años, es democristiano, protestante practicante, miembro de la hermandad remonstrante y antiguo estudiante del Institut Européen d'Administration des Affaires (INSEAD), la escuela de comercio más prestigiosa de Europa. Ha mostrado la faceta más intransigente en temas económicos del gobierno neerlandés en los últimos años. Ha llegado al punto de que el propio Dijsselbloem ha criticado la formación de la Nueva Liga porque, según él, daña la idea de solidaridad dentro de la Unión.

Mark Rutte, por otra parte, ha usado la creación de la Nueva Hansa para aumentar el peso de los Países Bajos en la política europea. Rutte es considerado como uno de los premieres neerlandeses más activos en política exterior desde la Segunda Guerra Mundial y ha tratado de hacer valer a los Países Bajos en la UE frente a Francia y Alemania. Al mismo tiempo Rutte ha tratado de ocupar la voz británica en el Consejo de Europa mostrándose como uno de los líderes más atlantistas.

Otros líderes que han mostrado participativos en este proyecto han sido el que hasta 2019 era ministro de finanzas danés, Kristian Jensen, y por el viceprimer ministro irlandés, Simon Coveney. Por otra parte, el papel de Dinamarca y Suecia fue clave para que los países bálticos se alejaran del Grupo de Visegrado y se unieran a la Nueva Hansa.

Peso económico, financiero y tecnológico

La Hansa ha logrado aglutinar un peso económico que otras iniciativas del mismo estilo no han conseguido reunir. Actualmente el PIB conjunto de los países de la Hansa es de más de 2,2 billones de euros, cerca de los 2,5 billones del PIB francés, segunda fuerza económica europea.

El grupo también cuenta con un claro peso financiero. Ciudades como Ámsterdam, Estocolmo o Dublín han estado escalando durante los últimos años entre las principales capitales financieras europeas, si bien todavía no logran sobrepasar a Paris o Frankfurt. Además, se trata de países donde existe innovación tecnológica, especialmente Estonia y Países Bajos.

El hecho de que el grupo no supere el 10% de la población europea mitiga algo su influencia, pues los votos de los países y bloques en el Consejo Europeo se hace en parte por número de habitantes, pero no por eso deja de ser un actor político relevante en la UE. En contraposición, los países del sur de Europa (España, Italia, Portugal y Grecia) abarcan el 30% de la población europea, pero se les considera menos decisivos.

Las posiciones de la Hansa representan una ruptura con el principio de la UE de que, por razones de cohesión social interterritorial, aquellos países que más tienen y están más desarrollados aportan más. Las ideas de los sectores más radicales de la Hansa pueden incluso ser tachados de un cierto neocolonialismo, en tanto que pretenden utilizar los mecanismos supranacionales de la UE para garantizar que los países deudores del sur devuelvan los préstamos, lo que les mantendrá en ciertos niveles de deuda.

Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Finlandia e Irlanda se encuentran entre los países que más aportan al presupuesto común europeo, estando detrás de los cuatro primeros (Italia, Reino Unido, Francia y Alemania). Si se mira desde una perspectiva de aportación per cápita, Países Bajos, Suecia y Dinamarca ocupan los primeros puestos. Si bien Estonia, Letonia y Lituania son beneficiarios, no lo son tanto como Polonia, Grecia o Rumanía.

Dada es mayor contribución a la UE, o menor dependencia de ayudas, la Hansa reclama un mayor peso en la dirección comunitaria. De momento, en el presupuesto de 2020 ha logrado imponer diversos criterios, frente al de los países receptores.

Ejercicio de influencia

Uno de los principales objetivos de la Nueva Liga Hanseática era asegurarse de que las dos figuras de mayor control sobre la economía europea (la presidencia del Banco Central, y la dirección del Fondo Monetario Internacional) eran de su agrado. En ambos casos ha fracasado, en gran medida por la intervención de Emmanuel Macron.

Los Países Bajos tenían un interés particular en el nombramiento del BCE, pues el presidente saliente, Mario Draghi, había presionado al gobierno neerlandés para activar políticas de estímulo económicas. El candidato de la Nueva Hansa era el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, conocido por sus críticas a las políticas estimulacioncitas de Mario Draghi y por defender una política de intereses altos. Macron acordó con Alemania que la Comisión Europea fuera a una alemana (Ursula von der Leyen) a cambio de que el BCE fuera presidido por Christine Laguard, que continuaría las políticas de Draghi.

Para el FMI Rutte propuso a Dijsselbloem, pese a las críticas que había hecho a la Hansa. La votación final quedó entre este y la economista búlgara Kristalian Georgieva. Pese a que Alemania terminó votando por el neerlandés, Georgieva se convirtió en la nueva directora del FMI. 

No obstante, la Hansa ha tenido también algunas victorias, como mantener firme a la Comisión en relación con el presupuesto italiano, el cual iba a sobrepasar los límites de déficit; ejercer influencia en el presupuesto europeo, que ha sufrido una drástica reducción, o ralentizar, si no si no bloquear completamente, el proyecto de Macron de un presupuesto común para la Eurozona.

Visita del ministro de Finanzas de Países Bajos, Wopke Hoekstra (dcha.), a su colega irlandés, Paschal Donohoe (izq.), a finales de 2018 [Gob. de Irlanda]

Estrategia de expansión y alianzas

Uno de los problemas previamente mencionados para la Hansa ha sido su falta de peso en el Consejo Europeo. Por esta razón sus líderes han buscado la sintonía política de países con los que pueda haber coincidencias ideológicas.

Uno de los primeros países que establecieron contacto con los países de la Hansa fue Austria. Esto tiene sentido puesto que Austria tiene una estructura económica similar al resto de países de la Hansa por su pequeño tamaño y población. Además de eso el gobierno de Sebastian Kurz, parecía tener un programa marcado hacia Europa muy en la línea de la Hansa. Famosa es la propuesta de varios políticos austriacos de la creación de dos monedas europeas, una para el norte y otra para el sur. Este tipo de conexiones serían muy importantes para más tarde poder influir en Alemania. Se logró que la Comisión de Finanzas fuera para Austria en la nueva Comisión von der Leyen, concretamente por el economista Johannes Hahn.

El cortejo austriaco parece tener también un objetivo estratégico como paso para comenzar también a influenciar a Alemania, que actúa como equilibrador de la balanza. Varios políticos alemanes de la CDU y la CSU son favorables a los pensamientos de la Hansa y han sido muy influyentes a lo largo del gobierno de Merkel. Mas cuando Wolfgang Schäuble fue removido del Ministerio de Finanzas y sustituido por el socialdemócrata Olof Scholz esas posiciones perdieron importancia.

De una forma similar, la Hansa (y sobre todo Países Bajos) han estado estableciendo contactos con el gobierno de Flandes en Bélgica. Sin bien Flandes es solo un estado más en la federación belga, la falta de gobierno en Bruselas le da gran importancia, junto al gobierno de Valonia. Además de eso, los flamencos controlan el puerto de Amberes y siembre se han mostrado más cercanos a las ideas de la Hansa.

Por otra parte, la Hansa parece haber comenzado contactos también con Eslovaquia y con Republica Checa. Esto se vio cuando en marzo de 2019 ambos países firmaron una declaración junto a los países de la Hansa contra el presupuesto italiano. Sería inusual ver a estos países acercarse mucho a la Hansa porque siguen siendo receptores natos de fondos europeos. Sin embargo, teniendo en cuenta que son países con cuentas saneadas se les podría ver aliados con la Hansa en algunas futuras actuaciones.

En cierta manera podríamos ver la diplomacia Hanseática como una evolución parcial de la diplomacia de Otto von Bismarck (alejar a Francia del poder mediante la formación de alianzas regionales). Se trata de formar un bloque suficientemente fuerte que pueda presentarse con solidez en el Consejo Europeo y convencer a Alemania de que incline la balanza hacia la ortodoxia presupuestaria y hacia los intereses de los países del norte. Junto a Francia se encuentran la mayoría de los países del sur. Se podría decir muy generalmente que los objetivos de la Hansa son: “Movilizar al Norte, seducir a Alemania, silenciar al Mediterráneo”.

Extrañas alianzas frente a la Hansa

La configuración Hanseática de alianzas alrededor de Europa y su influencia en el nuevo presupuesto europeo parece que ha creado curiosas alianzas, la mayor sin duda es la que puede surgir entre Polonia y Francia.

Esto puede sonar extraño, pues en lo que se refiere a política exterior, política social y en ciertos puntos de la construcción europea Polonia y Francia han estado en polos opuestos. Mas cuando se trata de política económica y lo que atañe al presupuesto europeo, Francia y Polonia coinciden y esto puede resultar en un frente común en contra de la Hansa.

Las razones para el acercamiento franco-polaco son variadas. Ambas naciones siguen la tradición del estado social del bienestar, Francia por su legado de fraternidad republicana y Polonia por su herencia católica, ambas contrarias al estado ausente hanseático. Además, ambos países tienen motivos para querer evitar unos presupuestos restrictivos. El gobierno polaco teme que una reducción drástica de la inversión en Polonia le fuerce a hacer recortes sociales, lo que provocaría inestabilidad. Francia se muestra contraria por una razón más ideológica: Macron ha defendido la idea de “Una Europa que protege” y tendría problemas para mantener esta idea.

No obstante, Polonia y Francia mantienen algunos puntos de fricción, especialmente con el intento de una nueva Ostpolik de Macron para calmar las relaciones con Rusia.

Conclusión

La creación de la Nueva Liga Hanseática es en última instancia una reacción a dos movimientos: la creación de sistemas regionales europeos y el abandono de políticas económicas que favorezcan al norte de Europa. 

Si los países de Europa se organizan en bloques, quizás sea más fácil realizar ciertas iniciativas al haber menos interlocutores entre los que negociar.

Por otra parte, la creación de una iniciativa con el objetivo específico de defender los intereses del norte puede suponer un riesgo para los países del sur, acentuando las diferencias norte-sur en Europa. Esto pondría en una situación complicada a Alemania, que quiere evitar verse en ese compromiso.

Lo más inteligente sería evitar estas confrontaciones directamente buscando otras fuentes de ingresos para la UE que no comprometan la riqueza de los países de la Hansa, como expresó Morawiecki y ha apuntado también Macron. Así, se ha hablado de algunos impuestos, como sobre el viaje aéreo, las transacciones financieras y el mundo digital. Pero de nuevo, con la importancia del sector financiero y de las nuevas tecnologías en países como Irlanda o Estonia, esto puede encontrar oposición. No es una tarea sencilla.

Convendría asegurarse, en cualquier caso, de que los políticos europeos tienen la visión suficiente y la comprensión necesaria para formalizar acuerdos que tengan en cuenta todas las idiosincrasias de la Unión Europea.

[Xulio Ríos. La China de Xi Jinping. De la amarga decadencia a la modernización soñada. Editorial Popular. Madrid, 2018. 300 p.]

RESEÑA / María Martín Andrade

Dado el crecimiento globalmente conocido de China en los últimos años y la incertidumbre que causan en el plano internacional sus pasos de gigante en un periodo de tiempo más bien reducido, conviene examinar qué sustenta el proceso de modernización chino para poder determinar su solidez. Xulio Ríos, experto en sinología y director del Observatorio de la Política China (dependiente conjuntamente de Igadi y Casa Asia), lleva a cabo ese análisis en La China de Xi Jinping, con un enfoque que abarca los planos político, económico y social. Ríos aborda el papel de China en la globalización y cómo la toma de mando del poder en 2012 por parte de Xi Jinping ha acelerado aún más la rápida modernización del país.

Ríos comienza identificando las tres claves para el éxito de China en el proceso de modernización: el empleo de una política económica acertada, la aplicación de una estrategia propia y una identidad fuerte capaz de adaptar las grandes corrientes de pensamiento internacional a las singularidades del país. Dicha adecuación ha sido el núcleo esencial del proceso de modernización de China, cuyos desafíos en los próximos años consisten en pasar de una economía de imitación a una economía de innovación, invertir en políticas justas orientadas a la corrección de las desigualdades a las que el país se enfrenta, y hacerse un hueco en el sistema internacional sin tener que abandonar su identidad.

El sueño chino es el principal elemento que caracteriza esta nueva senda que Xi Jinping intenta seguir desde que se convirtiera en secretario general del PCCh; un sueño que hace referencia a la ilusión y las aspiraciones de un pueblo que ha visto entorpecido su camino hacia la modernización. A diferencia del maoísmo, donde la cultura tradicional se veía como expresión de la antigua sociedad, Xi destaca la importancia de resaltar algunos de los valores de la cultura popular que puedan ayudar a consolidar la conciencia de la nación en este siglo.

El autor no deja de constatar que los principales obstáculos de esta rápida evolución china son los elevados costes sociales de las últimas transformaciones y la quiebra medioambiental que tantos gravosos daños está provocando. Por ello, sin apartar nunca la vista del sueño chino, el secretario general del PCCh y presidente del país asegura pretender una China bella, ambiental, rica y poderosa, con influencia mundial, pero sin abandonar nunca su perfil propio.

Como parte de la reforma de la gobernanza del partido, Xi Jinping persiste, como ningún otro presidente anterior, en la importancia del imperio de la ley como expresión de la modernización en la forma de gobierno. En sintonía con esto, la reforma judicial se ha convertido en uno de los ejes principales de su mandato para combatir el desequilibrio de la administración de justicia en todo el país. Dentro del plano económico, el papel atribuido a la economía privada en lo tocante a modernización está convirtiendo a China en la primera economía del mundo. La diversificación de su inversión en reservas extranjeras y la evolución en sectores como el automóvil están resultando una alternativa al modelo occidental que va dirigido a conseguir tomar el mando del liderazgo de la globalización.

Así pues, las cuatro modernizaciones de la gobernanza de Xi se centran en la industria, la agricultura, la ciencia y tecnología y la defensa. Estos avances pretenden ser complementados con un destacable ánimo por fortalecer la multipolaridad, aumentando la presencia en los mercados exteriores y buscando un reconocimiento global de su actualización mediante nuevos objetivos, como la revitalización de las Rutas de la Seda, la creación de corredores económicos o el Banco Asiático de Inversión e Infraestructuras.

Una vez desglosados los distintos elementos que configuran el cambio de imagen que China está experimentando, el autor concluye puntualizando que, a pesar del desarrollo económico y el aumento de la confianza política, el país puede participar más y asumir más responsabilidades. Sin embargo, debido a sus circunstancias estructurales y sus conflictos domésticos, China todavía no está lo suficientemente preparada para sustituir a EEUU o a Occidente en el liderazgo global. No obstante, nada impide destacar la distinguida maniobra de Xi Jinping, en comparación con otros líderes chinos, de hacer valer los intereses de forma más notoria y visible, siendo la Ruta de la Seda un claro ejemplo de la ambición del proceso chino.

El éxito de varias reformas se ve ensombrecido por la impulsividad e intereses personales de un presidente con imagen deteriorada

▲ Jair Bolsonaro atiende a la prensa a comienzos de enero en la sede del Ministerio de Economía [Isac Nóbrega, PR]

ANÁLISIS / Túlio Dias de Assis

Hace un año, el 1 de enero de 2019, un excapitán del ejército brasileño, Jair Bolsonaro, subió las escaleras del Palácio do Planalto para la inauguración de su mandato presidencial. Era el más polémico líder en asumir la jefatura de estado y de gobierno de Brasil desde la presidencia del no menos extravagante populista Jânio Quadros, en la década de 1960. Los más catastrofistas anunciaban el inminente fin de la cuarta mayor democracia del mundo; los más ilusos, que Brasil despegaría y ocuparía su debido lugar en la arena internacional. Como era de esperar, ninguno de los dos extremos acertó: Brasil sigue manteniendo el nivel de democracia de los últimos 30 años, sin que haya habido ninguna intentona militar, como algunos habían temido; tampoco ha pasado Brasil a ser la potencia mundial que, según creen muchos brasileños, le corresponde por su excepcionalidad territorial, poblacional, cultural y política. Como suele pasar, la realidad ha sido menos simple de lo que se esperaba.

Economía

Entre los aspectos más atractivos de la candidatura de Bolsonaro para el público durante la campaña electoral se hallaba la promesa de recuperación económica bajo la administración del ministro Chicago Boy Paulo Guedes. A fin de cumplir dicho propósito, nada más comenzar su mandato, Bolsonaro unificó los antiguos ministerios de Hacienda, Planificación, Desarrollo y Gestión, Industria, Trabajo y Comercio Exterior y Servicios bajo el techo del Ministerio de Economía, todo al mando del liberal Guedes. Personaje que se convirtió en una especie de “superministro” responsable de toda la agenda económica del nuevo gobierno.

Desde un principio Guedes dejó claro que haría lo posible para levantar las barreras del proteccionismo comercial brasileño, doctrina adoptada en grado variable por cada gobierno desde hace más de medio siglo. A fin de desplegar su cruzada contra el estatismo y el proteccionismo, Guedes ha fomentado durante este año el acercamiento comercial bilateral a varios aliados estratégicos, los cuales, “a diferencia de gobiernos anteriores, no se elegirán en base a criterios ideológicos”, según Bolsonaro. Ya en enero hubo el anuncio de un Novo Brasil en el Foro Económico Mundial de Davos, definido por un mayor aperturismo, nula tolerancia a la corrupción y fortalecimiento de América Latina como bloque regional.

Comercio

Pese a su apoyo a la apertura económica, el equipo de Bolsonaro en ningún momento se ha mostrado excesivamente favorable al comercio con Mercosur –su bloque comercial multilateral regional–, llegando incluso Guedes a afirmar que este suponía un peso para Brasil, ya que lo consideraba una alianza más ideológica que económica. Sin embargo, esta aversión a Mercosur, y principalmente a Argentina, parece haber terminado tras la firma del acuerdo comercial Mercosur-UE, dado que el potencial volumen de comercio que se generaría con dicho pacto sería enormemente beneficioso para los productores agrícolas y ganaderos brasileños. De igual manera también se logró firmar un acuerdo con los países del Área Europea de Libre Comercio (EFTA), conformado por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.

De estos dos acuerdos, el más controvertido ha sido el firmado con la Unión Europea, principalmente por los altos niveles de rechazo que ha producido en algunos Estados miembros como Francia, Irlanda o Austria, pues es visto como un posible riesgo hacia la Política Agraria Común. Por otra parte, algunos otros países se mostraron críticos alegando la política medioambiental de Bolsonaro, ya que el acuerdo se firmó durante el verano, que coincidió con la época de los incendios en la Amazonia. A consecuencia de ello varios Estados miembros siguen sin ratificar el tratado y el parlamento austríaco ha votado en contra.

No obstante, el hecho de que las relaciones comerciales multilaterales no parezcan haber avanzado demasiado, debido a las trabas impuestas desde Europa, no ha impedido que Brasil expandiera su actividad comercial. Al contrario de lo que se pensaría, por la cercanía ideológica con Donald Trump y su política exterior, el acercamiento en materia económica no se ha dado con EEUU, sino con el antagónico gigante asiático. En este proceso, destaca el viaje de Bolsonaro a Pekín, donde se mostró abierto al comercio chino, pese a sus anteriores declaraciones menos favorables al respecto. Durante la visita surgió la propuesta de un acuerdo de libre comercio con China, que todavía debe ser aprobada por la cúpula de Mercosur, y varios acuerdos menores, entre los que se destacan el relativo al comercio agropecuario.

Este interés repentino chino por amentar las importaciones agropecuarias procedentes de Brasil se debe al incremento de la demanda de carne en China, provocado sobre todo por la epidemia de peste porcina que asoló la producción nacional. Esto ha provocado una inmediata subida del precio de la carne bovina y porcina en Brasil, que en algunos cortes ha sido de hasta un 30% en poco más de un mes, lo que ha distorsionado el mercado nacional, pues la carne, principalmente el vacuno, suele estar muy presente en la dieta habitual del brasileño medio.

Cuentas públicas

Por lo que se refiere a las cuentas internas del país, destaca la aprobación de la reforma del sistema de pensiones (Reforma da Previdência), que en un principio tenía un carácter marcadamente liberal, con la pretensión de eliminar privilegios y pensiones desmesuradas de altos cargos públicos. Sin embargo, varias modificaciones durante su paso por la Cámara de los Diputados y el Senado hicieron que el ahorro para el erario público sea ligeramente menor que el previsto por Guedes. Con todo, supone un gran avance teniendo en cuenta que el sistema de pensiones tenía en 2018 un déficit de 195.000 mil millones de reales (cerca de 47.000 millones de dólares). Este déficit se debe a que Brasil contaba con uno de los sistemas con mayores prestaciones y menos exigencias del mundo, pues no eran pocos quienes se jubilaban a los de 55 años recibiendo un 70% del salario original.

Esta medida, junto con varios otros ajustes en las cuentas públicas, incluyendo la congelación de algunos gastos ministeriales, redujo el déficit público 138.218 millones de dólares en enero (6,67% del PIB) a 97.680 millones de dólares en noviembre (5,91% del PIB), la cifra más baja desde que hace cinco años comenzó la recesión económica. Entre otros datos relevantes está el descenso de la tasa de interés básico del Banco Central, a un mínimo histórico del 4,5%, mientras que la del desempleo pasó del 12% al 11.2%.

Como resultado de todo lo anterior, el PIB brasileño se ha visto incrementado en un 1,1%, una cifra tímida pero promisoria teniendo en cuenta la enorme recesión de la que acaba de salir Brasil. Las previsiones de crecimiento para el 2020 varían entre el 2,3 y el 3% del PIB, dependiendo de la aprobación de las tan esperadas reformas tributaria y administrativa.

Seguridad

Otra de las razones que llevaron a que el controvertido capitán de la reserva alcanzara la presidencia fue la histórica problemática del crimen en Brasil. Así como para afrontar la situación económica Bolsonaro se presentó con un nombre fuerte, para la seguridad reclutó a Sergio Moro, un exjuez federal conocido por su papel indispensable en la Operação Lava Jato, la mayor operación anticorrupción de Brasil que supuso el encarcelamiento del mismísimo expresidente Lula. Con el objetivo de combatir la corrupción, disminuir la criminalidad y dinamitar el poder del crimen organizado, Moro se puso al frente de una fusión de departamentos, el nuevo Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

En general, el resultado ha sido bastante positivo, con un notable descenso del número de crímenes violentos. Así, ha habido una reducción del 22% en el caso de los homicidios, que es uno de los indicadores más preocupantes en Brasil, ya que es el país con el mayor número absoluto de homicidios del mundo al año.

Entre los factores que explican este descenso de la criminalidad violenta, destaca principalmente la mayor integración entre las diferentes instituciones de fuerzas de seguridad del Estado (federales, de los estados y municipales). También ha influido la transferencia de jefes de bandas a presidios de mayor nivel de aislamiento, impidiendo así su posible comunicación con los demás integrantes del crimen organizado. Otro elemento ha sido el recién aprobado “pack anticrimen”, que consiste en una serie de leyes y reformas del código penal para dar más poder de actuación a las fuerzas de seguridad del Estado, además de establecer penas más duras para delitos de crímenes violentos, crimen organizado y corrupción.

Frente a esos avances también hay que mencionar el aumento de los muertos accidentales en operaciones policiales. Algunos casos han tenido un eco en la opinión pública, como el de un artista que terminó baleado en su coche cuando la policía lo confundió con un narcotraficante o los de niños fallecidos por balas perdidas en tiroteos entre bandas de narcos y las fuerzas de seguridad. Esto, junto a declaraciones polémicas del jefe de Estado al respecto, ha avivado el criticismo por la mayor parte de la oposición y de varias ONGs de derechos humanos.

Política social e infraestructuras

En lo relativo a las políticas sociales, el año transcurrido ha estado lejos de la distopía apocalíptica que se esperaba (por la actitud previa de Bolsonaro en relación homosexuales, afrobrasileños y mujeres), aunque tampoco ha sido tan destacable como en los apartados mencionados previamente. No ha habido progreso en áreas clave, pero tampoco ha habido cambios notables en cuanto a política social respecto a 2018. Por ejemplo, no se ha cancelado el emblemático programa social Bolsa Família, creado durante el gobierno Lula y que ayudó en gran medida a la reducción de la pobreza extrema.

Comenzando por la educación, a finales de 2019 Brasil salió clasificado con una de las notas más bajas del informe PISA, hecho que el ministro del ramo, Abraham Weintraub, achacó a la “educación de talante marxista progresista de administraciones anteriores”. Como resultado del fracaso del sistema público ordinario, e incluso la falta de seguridad de algunos centros, el gobierno ha promovido abiertamente la construcción de nuevos centros de educación cívico-militares por parte de los gobiernos de los estados. En dicho tipo de centro, los alumnos reciben una educación basada en valores militares a la vez que los mismos oficiales ofrecen protección en estos espacios públicos. Ha de destacarse que los centros ya existentes se encuentran entre las clasificaciones más altas de Brasil en materia de calidad educativa. Sin embargo, esto no quedado libre de controversias, ya que no son pocos los que consideran que no se trata de una solución adecuada, pues cabe que se termine educando desde una perspectiva militarista.

En materia de sanidad lo más destacable de este año ha sido el fin del programa de cooperación sanitaria con Cuba, Mais Médicos. Dicho acuerdo se inició en 2013, durante el mandato de Dilma Rousseff, y tenía como objetivo el proporcionar una mayor y más extensa asistencia médica universal a través de la contratación de varios médicos ‘exportados’ por el gobierno castrista. El programa recibió críticas porque los médicos cubanos solamente recibían un 25% del sueldo que les proporcionaba el gobierno brasileño y el restante 75% lo retenía La Habana. Bolsonaro rompió el acuerdo, causando así vacantes de personal sanitario que pudieron cubrirse en poco tiempo. A los profesionales cubanos se les dio la oportunidad de permanecer en Brasil bajo asilo político si revalidaban su titulación en medicina en el sistema brasileño. Dicho incidente no ha supuesto un cambio relevante en el precario sistema sanitario nacional; la única consecuencia de todo ello ha sido el deterioro de las relaciones con Cuba.

Pese a no lograr grandes progresos en lo social, la administración Bolsonaro sí ha introducido mejoras en las infraestructuras nacionales de logística. Bajo el mando del militar Tarcisio Gomes de Freitas, el Ministerio de Infraestructuras ha destacado por su capacidad de concluir obras no terminadas por previos gobiernos. Ello condujo a una diferencia notoria en cuanto al número y la calidad de carreteras, ferrocarriles y aeropuertos operativos en comparación con el año anterior. Entre las fuentes de financiación para las nuevas obras está la reapertura de un fondo común establecido 2017 entre entidades financieras brasileñas y chinas, con un valor de 100.000 millones de dólares.

Bolsonaro, junto al primer ministro indio, Narendra Modi, durante una visita oficial a Nueva Deli a finales de enero [Alan Santos, PR]

Medioambiente

Una de las áreas que más se temía que se viera perjudicada por la administración de Jair Bolsonaro era la política medioambiental. Dicha preocupación se vio incrementada con los polémicos incendios de la Amazonia durante los meses de julio y agosto. Para comenzar, el Ministerio del Medio Ambiente, como todos los demás, se vio afectado por las políticas de austeridad de Paulo Guedes, a fin de equilibrar las cuentas públicas, aunque según el propio ministro Ricardo Salles fue el que menos sufrió el recorte presupuestario. A causa de esto, al comenzar el periodo de sequías en la Amazonia la protección forestal se vio comprometida.

Viendo el incremento de la deforestación en un 278% durante el mes de julio, Bolsonaro reaccionó impulsivamente y despidió al director del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), acusándole de favorecer a la oposición y de conspirar en su contra. La situación provocó la salida del Fondo de Protección de la Amazonia de Alemania y Noruega, los dos mayores contribuyentes, lo que fue acogido con críticas por parte de Bolsonaro, que además acusó a las ONGs de ser las causantes de los incendios. Finalmente, bajo la presión internacional, Bolsonaro terminó reaccionando y decidió enviar al ejército para combatir las llamas. Objetivo que logró en poco menos de un mes, lográndose en octubre la cifra más baja de la que se tiene registro.

Finalmente, el total anual terminó superando la cifra del año anterior en un 30%, pero sigue ubicándose dentro de la media de las dos últimas décadas. Sin embargo, el daño a la imagen nacional ya estaba hecho. Bolsonaro, gracias a su rivalidad con los medios, su vehemente afán de defender la “soberanía nacional” y su poca contención a la hora de hablar, había logrado ser considerado el culpable de una catástrofe distorsionada.

Adicionalmente, a finales del año, una polémica más azotó la administración de Bolsonaro: el misterioso derrame de petróleo en la costa noreste de Brasil. Miles de kilómetros de playas se vieron afectadas y aún a día no hay culpable oficial del delito. Hubo varias hipótesis al respecto; la más aceptada, que además recibió el respaldo del gobierno, fue la que afirmaba que el derrame provenía de un cargamento ilegal de petróleo venezolano que intentaba burlar el bloqueo comercial impuesto al régimen de Maduro. Según análisis realizados por la Universidade da Bahia, efectivamente, la estructura de dicho petróleo era muy similar a la del crudo de los yacimientos venezolanos.

Política exterior

En política exterior Bolsonaro puede distinguirse retóricamente de sus predecesores, pero no en cuanto a sus acciones. Aunque en ese ámbito le gustaría aplicar su ideología, él mismo ha aceptado que no es posible hacerlo. Ante la fuerza e intereses de las instituciones del Estado, como la tradición diplomática de Itamaraty (Ministerio de Relaciones Exteriores), la política exterior brasileña se ha mantenido tan pragmática y neutral como en todos los gobiernos anteriores de la democracia, evitándose así el cierre de puertas por razones ideológicas.

Un buen ejemplo del pragmatismo brasileño es el acercamiento económico a China, pese a al rechazo de la ideología comunista por parte de Bolsonaro. Aunque no por ello se ha alejado de su aliado cuasi natural en lo referente a ideología, Donald Trump. No obstante, la relación con EEUU ha sido de una naturaleza diferente, puesto que ha habido mayor proximidad en la cooperación internacional y la seguridad. EEUU impulsó la designación de Brasil como socio estratégico de la OTAN, llegó a un acuerdo para el uso de la base espacial de Alcântara, muy próxima a la línea del Ecuador, y apoya la entrada de Brasil en la OCDE.

Sin embargo, en el ámbito económico, no parece haber tanta cercanía, e incluso se han producido ciertos roces. Uno de ellos fue la amenaza de Trump de imponer aranceles al acero y al aluminio procedentes de Brasil y Argentina, que finalmente terminó retirando, aunque el daño en las relaciones comerciales y en las bolsas de São Paulo y Buenos Aires ya estaba hecho. Algunos analistas apuntan incluso que la poca reciprocidad de EEUU en materia económica, así como el rechazo de algunos miembros de la UE al acuerdo con Mercosur, fue lo que empujó a Bolsonaro a buscar una relación compensatoria con los BRICS, cuya cumbre de 2019 tuvo lugar en Brasilia.

Otro punto peculiar de la política exterior de Bolsonaro ha sido su posición sobre el conflicto palestino-israelí, que una vez más muestra la incongruencia entre retórica y su actuación. Durante la campaña electoral Bolsonaro prometió en varias ocasiones el traslado de la embajada brasileña de Tel-Aviv a Jerusalén, algo que por el momento no ha ocurrido y solo ha habido el trasladado de una oficina económica. Bolsonaro probablemente temió represalias comerciales por parte de los países árabes, a quienes Brasil exporta productos, en su mayoría cárnicos, por valor de casi 12.000 millones de dólares. La prudencia en esta cuestión le valió incluso la firma de varios acuerdos con países del Golfo Pérsico.

Pese a lo mencionado anteriormente, ha habido un aspecto de la política exterior en la que Bolsonaro sí que logró imponer su ideología frente al “pragmatismo histórico” del Itamaraty, y este es el ámbito latinoamericano. Brasil dejó de ser el gigante que en teoría se mantiene neutro para apoyar, tímidamente, el llamado Socialismo del Siglo XXI durante los gobiernos de Lula y Dilma, y ahora coordinarse con los gobiernos del otro lado político.

Lo más destacable es su enemistad con Nicolás Maduro, así como con el expresidente Evo Morales, al que Bolsonaro denegó abiertamente su petición de pasar por territorio brasileño. También ha habido un distanciamiento respecto al retornado peronismo en Argentina, con la ausencia de Bolsonaro y de cualquier alto representante brasileño en la ceremonia de inauguración de mandato del kirchnerista Alberto Fernández. En ese mismo contexto están los acercamientos a Chile, Uruguay, Paraguay y Colombia, así como al nuevo gobierno provisional de Bolivia, con los cuales Bolsonaro ve más similitudes. Con ellos ha promovido la creación de PROSUR frente a la antigua UNASUR controlada por la izquierda bolivariana. Aún y todo, pese a haber adoptado una política más ideológica en la región, Brasil sigue manteniendo la cordialidad diplomática ya que, aunque su líder lleve el conservadurismo liberal hacia los extremos en su retórica, sus políticas en la región apenas difieren del resto de gobiernos de derechas.

Bolsonaro

Por lo general, como ha quedado expuesto, en su primer año el gobierno de Bolsonaro ha obtenido resultados positivos, destacando principalmente sus avances en los ámbitos de la seguridad y de la economía. Sin embargo, mientras la labor de diversos ministros mejora la percepción de la administración, el propio Bolsonaro parece no hacer una contribución especialmente positiva. A lo largo del año, ha generado polémicas por temas sin importancia, que han acentuado su previa enemistad con la mayor parte de la prensa.

A causa de esto, poco a poco se ha ido deteriorando la imagen pública del presidente. A finales de 2019 su popularidad era del 30%, frente al 57,5% con que comenzó el año. Eso contrasta con el porcentaje de aprobación que tienen miembros de su gobierno, en especial Sergio Moro, que ha logrado mantenerse inamovible por encima del 50%. Además, su hijo Flavio, que es senador, ha pasado a ser investigado por un posible caso de corrupción, en un proceso que el presidente ha procurado impedir. Bolsonaro también causó escándalo a mitad del año al intentar nombrar embajador en Washington a su hijo Eduardo, siendo acusado de nepotismo. A las tensiones en su propio partido, que condujeron a una ruptura, se añade la poca compenetración entre Bolsonaro y los presidentes de ambas cámaras del fracturado Congreso Nacional, ambos investigados en operaciones anticorrupción convenientemente paralizadas.

¿Impeachment?

Todo este caos causado por el presidente ofrece la impresión de un Bolsonaro que va a contracorriente de su propio gobierno. El aparente éxito de las reformas ya realizadas termina viéndose maculado por la impulsividad e intereses personales del que otrora defendía la impersonalidad del Estado, lo cual acaba causando el deterioro de su imagen política. Además, se ha de sumar la reciente puesta en libertad del expresidente Lula, que conlleva el riesgo de la unificación de la oposición, dependiendo de cuán moderado sea el discurso que adopte. Así las cosas, es posible que el descabezado pero eficiente gobierno de Bolsonaro no tenga fácil mantenerse en el poder hasta final del mandato. Debe recordarse que la mano del Congreso brasileño no suele temblar a la hora de realizar impeachments; véase que en poco más de tres décadas ya ha habido dos.