Las Transferencias Monetarias Condicionadas, ¿una herramienta desfasada en América Latina?

Uno de los principales instrumentos para combatir la pobreza pierde vigencia entre el fin de la “década oro” y el comienzo de la “segunda década perdida”

Las llamadas Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) –entrega de dinero a familias desfavorecidas con el compromiso de escolarización, revisiones médicas u otros básicos requerimientos que, junto a mejorar los ingresos de los hogares, buscaban promover las opciones de la generación más joven– han ayudado en las últimas dos décadas a aumentar notablemente la clase media en Latinoamérica. Pero una vez sobrepasado el nivel de subsistencia, recientemente los ciudadanos comenzaron a reclamar una mejora de servicios, como la enseñanza, la sanidad o los transportes –así se vio en las protestas de meses pasados en la región–, algo a lo que las TMC ya no daban respuesta. Cuando los países pensaban en readaptar sus políticas, respondiendo a ese cambio de perspectiva, la crisis provocada por el Covid-19 amenaza con arrojar de nuevo a millones de personas en la pobreza, de manera que las transferencias monetarias vuelven a ser necesarias, esta vez no condicionadas.

Beneficiarios de Bolsa Família de Brasil, uno de los pioneros programas de transferencias monetarias condicionadas [Gob. de Brasil]

▲ Beneficiarios de Bolsa Família de Brasil, uno de los pioneros programas de transferencias monetarias condicionadas [Gob. de Brasil]

ARTÍCULO / María Gabriela Fajardo

Los primeros programas de Trasferencias Monetarias Condicionadas (TMC) en América Latina, región pionera en la puesta en marcha de este instrumento, se desarrollaron a mediados de la década de 1990 en Brasil y México con la intención de “transformar y detener la transmisión intergeneracional de la pobreza mediante el desarrollo de las capacidades humanas en las familias más vulnerables”, como dijo un informe de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas). Las TMC se diseñaron para brindar apoyo a familias en situación de pobreza o pobreza extrema con hijos menores de edad. La entrega de esas ayudas monetarias (también no monetarias) se realizaban siempre y cuando las familias cumplieran con condiciones básicas de salud, educación y nutrición de los menores.

La implementación de las TMC se expandió rápidamente por toda la región. En 1997, solo cuatro países contaban con alguno de estos programas: Brasil (Bolsa Escola), Ecuador (Bono Solidario), Honduras (Programa de Asignación Familiar) y México (Progresa). Una década después, casi todos los países latinoamericanos habían adaptado la iniciativa.

Si bien en ciertos casos esta herramienta ha sido controvertida, dado que algunos gobiernos la han podido utilizar como “instrumento de política social y se discute su focalización como una estrategia de abordaje de acciones que deben operar bajo presupuestos restringidos”, según advierte el mencionado informe de la Cepal, lo cierto es que se considera que las TMC han contribuido al progreso socioeconómico de la región. Así lo señalaba recientemente Alejandro Werner, director para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI). “En los últimos 15 años”, dijo, atribuyendo parte del mérito a las TMC, “se han hecho avances importantes en el tema de abatimiento de la pobreza y de reducción de la mala distribución del ingreso. De esta manera, es probable que Latinoamérica sea la región donde se ve la mayor mejora en la distribución del ingreso”.

Entre 2002 y 2014, tiempo conocido en Latinoamérica como la “década de oro“ (consecuencia del boom de las materias primas), la tasa de pobreza en la región se redujo del 45,4% al 27,8%, de modo que 66 millones de personas superaron esa situación, de acuerdo con el Panorama Social de América Latina 2019 publicado por la Cepal. Adicionalmente, la tasa de pobreza extrema disminuyó de un 12,2% a un 7,8%. No obstante, desde 2015, el nivel de pobreza y pobreza extrema comenzó a aumentar, patrón que ha continuado desde entonces, aunque de modo moderado. Para 2019 la Cepal pronosticó un incremento de la pobreza y pobreza extrema hasta tasas del 30,8% y del 11,5%, respectivamente, de forma que 27 millones más de personas volvieron a situaciones de pobreza en comparación con 2014. 

El reto: de la pobreza extrema, a la clase media

Esa ligera reversión indica que muchos que en esa “década de oro” accedieron a la clase media, convirtiendo a ese sector de la población por primera vez en mayoritario, se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad. Al mismo tiempo, esas personas han visto cómo, superada su previa situación de supervivencia, sus expectativas de subsiguiente progreso y de acceso a mejores servicios por parte del Estado no se han visto atendidas. El nuevo reto de muchos países era hacer que las políticas públicas giraran en torno a otros factores que permitieran la consolidación de dichas personas en la clase media. Esa desatención generó un descontento que contribuyó a las grandes protestas vividas en varios países latinoamericanos a finales de 2019.

Las mayores demandas de una población en mejores condiciones hicieron más evidentes las deficiencias estructurales. “Las carencias estructurales de la región se han vuelto más patentes y su solución es parte de las demandas de amplios grupos sociales, en particular de las nuevas generaciones”, según el informe Panorama Social. En concreto, la Cepal alertaba sobre “el acceso segmentado a servicios públicos y culturales de calidad”.

En palabras de Werner, “el haber logrado una reducción tan importante en el abatimiento de la pobreza también hace que se genere un reto importante para los hacedores de política en América Latina, ya que el diseño de las políticas sociales tiene que orientarse a atender otros factores, no al abatimiento de la pobreza extrema. No es que nos tengamos que olvidar de eso, pero claramente el reto ahora es enfocarse también en atender aquellos segmentos de la población que ya no están en la pobreza, que son clase media”. Después de subrayar la precariedad de ese gran grupo de población que ha ascendido en la escala social, el responsable del FMI para el Hemisferio Occidental indicaba que “claramente los instrumentos para atender esta vulnerabilidad son diferentes a los esquemas de transferencias condicionadas que se implementaron en el pasado”, y citaba específicamente el acceso a una educación y una salud de calidad.

Pero los Estados la han afrontado sin fuelle presupuestario la necesidad de ese cambio de paradigma. Es evidente la poca capacidad de reacción estatal para suplir las nuevas necesidades de la población vulnerable afectada por los bajos niveles educativos, las pocas oportunidades de trabajo y ineficiencia del sistema pensional.

Los países se han encontrado con que el crecimiento económico, que entre 2000 y 2013 rondó conjuntamente en torno al 2%, desde 2014 se ha ido debilitando. Así, el PIB real per cápita en la región ha disminuido un 0,6% anual. Las causas de esta disminución en el crecimiento económico se pueden clasificar en dos factores, como ha explicado Werner. En primer lugar, las causas estructurales han inhibido el crecimiento potencial debido a “la escasez de inversión, el lento aumento de la productividad, un clima no apto para los negocios, la baja calidad de la infraestructura y la educación”. En segundo lugar, dentro de las causas cíclicas, destaca el escaso crecimiento económico mundial y el bajo precio de las materias primas; también han afectado la incertidumbre de grandes economías regionales como Brasil y México, los parones económicos repentinos de economías estresadas como Argentina y Ecuador, y las tensiones sociales que tuvieron lugar en el ultimo trimestre del 2019.

Coronavirus

La emergencia de la pandemia de Covid-19 ha venido a empeorar las perspectivas económicas para América Latina y el Caribe, zona para la que el informe de abril de 2020 prevé una caída del 5,2% del PIB en este año. Aunque el FMI estima una recuperación del 3,4% en 2021, esta no será suficiente para alejar el temor a una nueva “década perdida”. En su intervención más reciente para comentar estos datos, Werner advirtió que entre 2015 y 2025 el PIB per cápita “quedará plano”.

Para hacer frente a esta nueva situación, socialmente agravada por la crisis sanitaria y el padecimiento de tanta gente, los gobiernos están recurrido a transferencias monetarias directas, no ya condicionadas, a lo hogares vulnerables. De alguna manera, se vuelve a un estadio de necesidad incluso previo, anterior al momento en que se extendieron las TMC. Se vuelve a la urgencia de la década de 1980, conocida en Latinoamérica como la década perdida, en la que los países tuvieron que aplicar medidas de choque para salir de una grave crisis de deuda pública.

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, cree que aún es pronto para hablar de segunda década perdida, pero coincide en que el momento conduce a programas de transferencias no condicionadas. “La gran pregunta es si todo lo que conseguimos en los últimos 15 años en términos de reducción de pobreza y pobreza extrema, con la incorporación de algunos latinoamericanos a las clases medias, se va a perder o si por el contrario la capacidad de los sistemas sociales y todo el impulso de los gobiernos de aumentar la deuda y el gasto público logra amortiguar los efectos”, afirma Moreno. Todos los países “están fortaleciendo los programas de transferencias que se desarrollaron hace ya casi dos décadas, y que han tenido muchísimo éxito”, si bien “en este caso no van a ser condicionadas, para preservar el ingreso de muchas familias”.

EU: Corona Virus and geopolitics. An Italian perspective

Apart from China, Italy has received aid from Russia and Cuba, making a risky geopolitical move in the European context

The global spreading of the virus is putting under stress the big ally of the Union, the United States, which is demonstrating its lack of an efficient social health care system. Furthermore, the initial refusal of Washington to send help to the EU was seen as an opportunity for countries like Russia, China and Cuba to send medical and technical support to those countries of the EU that are most affected by the virus. Italy has taken aid send by Beijing, Moscow and Havana, shaking the geopolitical understandings of the EU´s foreign policy.

Russia's aid arrived in Italy in the middle of the pandemic crisis [Russian Defense Ministry]

▲ Russia's aid arrived in Italy in the middle of the pandemic crisis [Russian Defense Ministry]

ARTICLEMatilde Romito

The World Health Organisation (WHO) declared Corona Virus (Covid-19) a pandemic on the 11th of March, 2020. The fast widespread of the virus pushed numerous countries around the world and especially in Europe where there is the highest number of confirmed cases, to call for a lockdown. This extreme measure not only is leading the EU and the entire world towards an unprecedented economic crisis, but it is also redefining geopolitics and the system of alliances we were used to.

The pandemic. On January 30, 2020, the World Health Organisation (WHO) declared the first outbreak of novel coronavirus a ‘public health emergency of international concern’. In mid-February, numerous cases of corona virus began to be reported in northern Italy and in several European countries. Initially, the spread of the virus mainly hit Italy, which reported the biggest number of cases among the EU states. In March, Italy started with the implementation of social-distancing measures and the consequent lockdown of the country, followed by Spain, France and other European countries. On March 11, 2020, the WHO declared covid-19 a global pandemic. Currently, Europe is the region of the world with the highest number of confirmed cases. According to the WHO, on April 6, Europe reached 621,407 cases compared to the 352,600 cases in America and the 112,524 in Western Asia.

The global lockdown. At first, several major airlines suspended their flights from and to China, in order to avoid further contaminations. Now, the majority of flights in Europe and in other regions have been cancelled. The biggest areas of world are under lockdown and the economic consequences of this are becoming more and more evident. A forced social distancing seems to be the only way to contain the spread of the virus and the closing of national borders is currently at the center of states' policies to combat the virus. However, some European countries, such as Sweden, do not seem to agree on this.

Lack of solidarity

We are assisting to a global situation of 'everybody for oneself,' and this has become highly evident within the EU itself. Individual countries within the Union have shown high levels of egoism on different occasions. The North-South divide within the EU is clearer than ever, particularly between the Netherlands and Austria on the one side, and Italy, Spain, France and Greece on the other side. The former group of countries is asking for compromise and conditions to lend money to the most afflicted ones for countering the crisis, while the latter group is asking the EU to share the debts accumulated in order to save European economies (eurobonds).

The different spread-intensity of the virus in different European countries has shown more than once the fragility of the Union, which demonstrated to be led by the arrogance of the rich. On different occasions European leaders have shown a lack of European identity, solidarity and common vision. For instance, at the beginning of the crisis France and Germany attempted to 'cover with the European flag' medical products directed to Italy, by declaring them 'European products', trying to compensate the initial inaction of the EU. Another example, could be the seizure by the Czech Republic of 110,000 Chinese masks and thousands of breathing supports, which were destined to Italy (March the 21st). Moreover, the lack of unity also came from an unjustified action of protectionism undertaken by Poland, which closed its market to agricultural products coming from Italy on March 18, despite it was already known that the virus could not be spread through such products.

Nevertheless, there are some good and unexpected examples of solidarity. For instance, a good lesson on European solidarity came from the small state of Albania. The Albanian prime minister Edi Rama taught European leaders what it means to be part of the EU by sending a medical unit to the Italian region of Lombardy, despite the numerous difficulties Albania is facing, thus showing that the fight against the virus has no nationality and it cannot leave room for egoistic calculations. Moreover, more recently Germany has accepted to receive and take care of numerous patients coming from Italy, where the majority of health infrastructures are saturated.

Overall, little comprehension and solidarity has been shown between European member states, thus being criticised by the European Commission president, Ursula Von Der Leyen.

Geopolitical tensions

The EU is going through numerous changes in the relations between its members. The closing up of individual countries poses a big challenge to the EU itself, which is founded on freedom of movement of people and goods.

Currently, sending masks and medicines seems to have become the main means for countries to exert influence in global affairs. The global spreading of the virus is putting under stress the big ally of the Union, the United States (US), which is demonstrating its lack of an efficient social health care system. Furthermore, the initial refusal of Washington to send help to the EU was seen as an opportunity for countries like Russia, China and Cuba to send medical and technical support to those countries of the EU that are most affected by the virus, like Italy and Spain. After having seen its hegemonic position in Europe under threat, the US decided to send monetary help to some European countries, such as 100 million dollars to Italy, in order to help in countering the emergency.

At the end, the EU seems to start standing all together. But, did the European countries take action on time? Generally, countries, like human beings, are more likely to remember one bad impression better than numerous good ones. Therefore, are countries like Italy going to 'forgive' the EU and its initial inactivity? Or are they going to fall back on countries like Russia and China, which have shown their solidarity since the beginning?

Furthermore, did the EU take action because of an inherent identity and solidarity? Or was it just a counteraction to the Chinese and Russian help? It seemed that specifically Germany's mobilisation followed the exhortation of the former president of the European Central Bank (ECB), Mario Draghi. He accused Germany and other countries of taking advantage of the virus for imposing a 'conditionality' to the countries that were asking for help. Moreover, in an interview on the Financial Times he called for an exceptional investment in the economies and for a guarantee of the debts, in order to jointly face the crisis, because no country can face this unprecedented threat alone. Now, anti-virus economic action turned into a matter of urgency for Europe and the European Commission is working on a common European response to the crisis.

Future perspectives

Probably, after the end of the virus spread, the world will assist to important changes in the global dynamics of alliances. Russia and China will most likely have one or more European allies to advance their interests in the EU. On the one side, this could lead to a further weakening of the EU governance and to the re-emergence of nationalism on states' behaviour within the Union. And on the other side, it could lead to the development of further mechanisms of cooperation among the EU members, which will go beyond the eurobonds and will probably extend to the sanitary dimension.

To preserve its unity, the European political-economic-cultural area will need to be strengthened, by fighting inequalities with a new model of solidarity. Its future prosperity will most likely depend on its internal market.

Nevertheless, for now the only thing we can be sure about is that the first impression on the EU was very bad and that this situation is going to lead all of us towards an unprecedented economic crisis, which most probably will redefine the political relationships between the world's biggest regions.

Conflict and conflict resolutions in Africa. The future of United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA)

Members of the Blue Helmets in their deployment in Mali [MINUSMA]

▲ Members of the Blue Helmets in their deployment in Mali [MINUSMA]

ESSAY / Ignacio Yárnoz

INTRODUCTION

It has been 72 years since the first United Nations peacekeeping operation was deployed in Israel/Palestine to supervise the ceasefire agreement between Israel and his Arab neighbours. Since then, more than 70 peacekeeping operations have been deployed by the UN all over the world, though with special attention to the Middle East and Africa. Over these more than 70 years, hundreds of thousands of military personnel from more than 120 countries have participated in UN peacekeeping operations. Nowadays, there are 13 UN peacekeeping operations deployed in the world, seven of which are located in African countries supported by a total of 83,436 thousand troops (around 80 percent of all UN peacekeepers deployed around the world) and thousands of civilians. The largest missions in terms of number of troops and ambitious objectives are those in the Democratic Republic of Congo (20,039 troops), South Sudan (19,360 troops), and Mali (15,162 troops)[1].

Peacekeepers in Africa, as in other regions, are given broad and ambitious mandates by the Security Council which include civilian protection, counterterrorism, and counterinsurgency operations or protection of humanitarian relief aid.  However, these objectives must go hand by hand with the core UN peacekeepers principles, which are consent by the belligerent parties, impartiality (not neutrality) and the only use of force in case of self-defence[2].

Although peace operations can be important for maintaining stability and safeguarding democratic transitions, multilateral institutions such as UN face challenges related to country contributions, training, a very hostile environment and relations with host governments. It is often stated that these missions have failed largely because they were deployed in a context of ongoing wars where the belligerents themselves did not want to stop fighting or preying on civilians and yet have to manage to protect many civilians and reduce some of the worst consequences of civil war.

In addition, UN peacekeepers are believed to be deployed in the most recent missions to war zones where not all the main parties have consented. There is also mounting international pressure for peacekeepers to play a more robust role in protecting civilians. Despite the principle of impartiality, UN peacekeepers have been tasked with offensive operations against designated enemy combatants. Contemporary mandates have often blurred the lines separating peacekeeping, stabilization, counterinsurgency, counterterrorism, atrocity prevention, and state-building.

Such features have often been referred to the case of the peacekeeping operation in Mali (MINUSMA) as I will try to sum up in this essay. This mission, ongoing since 2013 is on his seventh year and tensions between the parties have still not ceased due to several reasons I will further explain I this essay. Through a summarized history of the ongoing conflict, an explanation of the current military/police deployment, the engagement of third parties and an assessment on the risks and opportunities of this mission as well as an analysis of its successes and failures I will try to give a complete analysis on what MINUSMA is and its challenges.

Brief history of the conflict in Mali

During the last 8 years, Mali has been immersed in a profound crisis of Governance, socio-economic instability, terrorism and human rights violations. The crisis mentioned stems from several factors I will try to develop in this first part of the analysis. The crisis derives from long-standing structural conditions that Mali has experienced, such as ineffective Governments due to weak State institutions; fragile social cohesion between the different ethnic and religious groups; deep-rooted independent feelings among communities in the north due to marginalization by the central Government and a weak civil society among others. These conditions were far exacerbated by more recent instability, a spread corruption, nepotism and abuse of power by the Government, instability from neighbouring countries and a decreased effective capacity of the national army.

It all began in mid-January 2012 when a Tuareg movement called Mouvement National pour la Libération de l’Azawad (MNLA) and some Islamic armed groups such as Ansar Dine, Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM) and the Mouvement pour l’Unicité et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) initiated a series of attacks against Government forces in the north of the country[3]. Their primary goals for this rebel groups though different could be summarized into declaring the Northern regions of Timbuktu, Kidal and Gao (the three together called Azawad) independent from the Central Government of Mali in Bamako and re-establishing the Islamic Law in these regions. The Tuareg led rebellion was reinforced by the presence of well-equipped and experienced combatants returning from Libya´s revolution of 2011 in the wake of the fall of Gadhafi’s regime[4].

By March 2012, the Malian Institutions had been overwhelmingly defeated by the rebel groups and the MNLA seemed to almost have de facto taken control of the North of Mali. As a consequence of the ineffectiveness to handle the crisis, on 22 March a series of disaffected soldiers from the units defeated by the armed groups in the north resulted in a military coup d’état led by mid-rank Capt Aamadou Sanogo. Having overthrown President Amadou Toumane Toure, the military junta took power, suspended the Constitution and dissolved the Government institutions[5]. The coup accelerated the collapse of the State in the north, allowing MNLA to easily overrun Government forces in the regions of Kidal, Gao and Timbuktu and proclaim an independent State of Azawad on 6 April. The Military junta promised that the Malian army would defeat the rebels, but the ill-equipped and divided army was no match for the firepower of the rebels.

Immediately after the coup, the International Community condemned this act and lifted sanctions against Mali if the situation wasn't restored. The Economic Community of West African States (ECOWAS) appointed the President of Burkina Faso, Blaise Compaoré, as the mediator on the crisis and compromised the ECOWAS would help Malian Government to restore order in the Northern region if democracy was brought back[6]. On 6 April, the military junta and ECOWAS signed a framework agreement that led to the resignation of Capt Aamadou Sanogo and the appointment of the Speaker of the National Assembly, Dioncounda Traoré, as interim President of Mali on 12 April. On 17 April, Cheick Modibo Diarra was appointed interim Prime Minister and three days later, he announced the formation of a Government of national unity.

However, something happened during the rest of the year 2012 after the Malian government forces had been defeated. Those who were allies one day, became enemies of each other and former co-belligerents Ansar Dine, MOJWA, and the MNLA soon found themselves in a conflict.

Clashes began to escalate especially between the MNLA and the Islamists after a failure to reach a power-sharing treaty between the parties. As a consequence, the MNLA forces soon started to be driven out from the cities of Kidal, Timbuktu and Gao. The MNLA forces lacked as many resources as the Islamist militias and had experienced a loss of recruits who preferred the join the better paid Islamist militias. However, the MNLA stated that it continued to maintain forces and control some rural areas in the region. As of October 2012, the MNLA retained control of the city of Ménaka, with hundreds of people taking refuge in the city from the rule of the Islamists, and the city of Tinzawatene near the Algerian border. Whereas the MLNA only sought the Independence of Azawad, the Islamist militias goal was to impose the sharia law in their controlled cities, which drove opposition from the population.

Foreign intervention

Following the events of 2012, the Malian interim authorities requested United Nations assistance to build the capacities of the Malian transitional authorities regarding several key areas to the stabilization of Mali. Those areas were the reestablishment of democratic elections, political negotiations with the opposing northern militias, a security sector reform, increased governance on the entire country and humanitarian assistance.

The call for assistance came in the form of a UN deployment in mid-January 2013 authorized by Security Council resolution 2085 of 20 December 2012. This resolution gave the UN a mandate with two clear objectives: provide support to (i) the on-going political process and (ii) the security process, including support to the planning, deployment and operations of the African-led International Support Mission in Mali (AFISMA)[7].

The newly designated mission was planned to be an African led mission (Africa Union and ECOWAS) and funded through the UN trust fund and the European Union Africa Peace Facility. The mission was mandated several objectives: (i) contribute to the rebuilding of the capacity of the Malian Defence and Security Forces; (ii) support the Malian authorities in recovering the areas in the north; (iii) support the Malian authorities in maintaining security and consolidate State authority; (iv) provide protection to civilians and (iv) support the Malian authorities to create a secure environment for the civilian-led delivery of humanitarian assistance and the voluntary return of internally displaced persons and refugees.

However, the security situation in Mali further deteriorated in early January 2013, when the three main Islamist militias Ansar Dine, the Movement for Unity and Jihad in West Africa and Al-Qaida in the Islamic Maghreb, advanced southwards. After clashing with the Government forces north of the town of Konna, some 680 kilometres from Bamako, the Malian Army was forced to withdraw. This advance by the Islamist militias raised the alarms in the International arena as they were successfully taking control of key areas and strategic spots in the country and could soon advance to the capital if nothing was done.  

The capture of Konna by extremist groups made the Malian transitional authorities to consider requesting once again the assistance of foreign countries, in especial to its ancient colonizer France, who accepted launching a military operation to support the Malian Army. It is also true that France was already keen on intervening as soon as possible due the importance of Sévaré military airport, located 60 km south of Konna, for further operations in the Sahel area.

Operation Serval, as coined by France, was initiated on 11 January with a deployment of a total of 3,000 troops[8] and air support from Mirage 2000 and Rafale squadrons.    In addition, the deployment of AFISMA to support the French deployment was fostered. As a result, the French and African military operations alongside the Malian army successfully improved the security situation in northern areas of Mali. By the end of January, State control had been restored in most major northern towns, such as Diabaly, Douentza, Gao, Konna and Timbuktu. Most terrorist and associated forces withdrew northwards into the Adrar des Ifoghas mountains and much of their leaders such as Abdelhamid Abou Zeid were reported eliminated.

Despite taking control back to the government authorities and restoring the territorial integrity of the country, serious security challenges remained. Although the main cities had been taken back, terrorist attacks remained frequent, weapons proliferated in the rural and urban areas, drug smuggling was increasing and other criminal activities were also maintained active, which undermine governance and development in Mali. Therefore, the fight just transitioned from a territorial and conventional war to a guerrilla style warfare much more difficult to neutralise.

United Nations deployment

Following the gradual withdrawal of the French troops from Mali (Operation Serval evolved to Operation Barkhane in the Sahel region), AFISMA took responsibility to secure the stabilization and the implementation of a transitional roadmap which demanded more resources and engagement from more countries. As a consequence, AFISMA mission officially transitioned to be MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) by Security Council Resolution 2100 of April 25, 2013[9].

Seven years after, MINUSMA mission accounts with a deployment of 11,953 military personnel, 1,741 police personnel and 1,180 civilians (661 national - 585 international, including 155 United Nations Volunteers)[10] deployed in 4 different sectors: Sector North (Kidal, Tessalit, Aguelhoc) Sector South (Bamako) Sector East (Gao, Menaka, Ansongo) Sector West (Tombouctou, Ber, Diabaly, Douentza, Goundam, Mopti-Sevare). The $1 Billion budget mission (financed by UN regular budget on Peacekeeping operations) accounts with personnel from more than 50 different countries being Chad, Bangladesh or Burkina Faso the biggest contributors in terms of number of troops (Figure 1).

The command and control of the ground forces is headed by both commanders Lieutenant General Dennis Gyllensporre (military deployment) and MINUSMA Police Commissioner Issoufou Yacouba (police deployment). Regarding the political leadership of the mission, the Special Representative of the Secretary-general (SRSG) and Head of MINUSMA is Mr. Mahamat Saleh Annadif, an experienced diplomat on peace processes in Africa and former minister of Foreign Affairs of Chad.

Other international actors engaged

MINUSMA however is not the only international actor engaged in the security and political process of Mali. Institutions as the European Union are also in the ground helping specifically on the training of the Malian Army and helping develop their military capabilities.

The European Union Training Mission in Mali[11] (EUTM Mali) is composed of almost 600 soldiers from 25 European countries including 21 EU members and 4 non-member states (Albania, Georgia, Montenegro and Serbia). Since the beginning of the mission initially designed to end 15 months after the start in 2013 (First Mandate), there have been several extensions of the periods to end the mission by Council Decision (Second Mandate 2014-2016, Third Mandate 2016-2018) until today where we are on the Fourth Mandate (Extended until 2020 by Council Decision 2018/716/CFSP in May 2018). The strategic objectives of the 4th Mandate are:

  • 1st to contribute to the improvement of the capabilities of the Malian Armed Forces under the control of the political authorities.

  • 2nd to support G5 Sahel Joint Force, through the consolidation and improvement of the operational capabilities of its Joint Force, strengthening regional cooperation to address common security threats, especially terrorism and illegal trafficking, especially of human beings.

Regarding this last actor mentioned, the G5 Sahel Joint force (Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger and Chad) is an intergovernmental cooperation framework created on 16 February 2014 and seeks to fight insecurity and support development in the Sahel Region with the train and support of the European Union and external donors.

Its first operation, launched on July 2017, consisted in a Cross-Border Joint Force settled in Bamako to fight terrorism, cross-border organized crime and human trafficking in the G5 Sahel zone in the Sahel region. The United Nations Security Council welcomed the creation of this Joint Force in Resolution 2359 of 21 June 2017, which was sponsored by France[12]. At full operational capability, the Joint Force will have 5,000 soldiers (seven battalions spread across three zones: West, Centre and East). It is active in a 50 km strip on either side of the countries’ shared borders. Later on, a counter-terrorism brigade is to be deployed to northern Mali.

Finally, as I explained before, France gradually withdrew from Mali and transformed Operation Serval to Operation Barkhane[13], a force, with approximately 4,500 soldiers, spread out between Mali, Burkina Faso, Niger, and Chad to counter the terrorist threat on these territories. With a budget of nearly €600m per year, it is France’s largest overseas operation and engages activities such as combat patrols, intelligence gathering and filling the Governance gap of the absent Government institutions.

Troop and Police contributors to MINUSMA [Source: UN] 

Retrieved from MINUSMA Fact Sheet[25]

 

Assessment on the situation of MINUSMA

Since its establishment, MINUSMA has achieved some of its objectives in its early stages. From 2013 to 2016, the situation in Northern Mali improved, the numbers of civilians killed in the conflict decreased and large numbers of displaced persons could return home. In addition, MINUSMA supported the celebration of new elections in 2013 and assisted the peace process mainly between the Tuareg rebels and the Government. The peace process culminated in the 15 May 2015 with the Agreement for Peace and Reconciliation in Mali, commonly referred as the Algiers Agreement[14][15].

The Algiers Agreement was an accord concluded between the Malian Government and two coalitions of armed groups that were fighting the government and against each other, being (i) the Coordination of Azawad Movements (CMA) and (ii) the Platform of armed groups (the Platform). Although imperfect, the peace agreement gave the basis to a continued dialogue and steps were made by the Government regarding the devolution of competences to regional institutions, laws of reconciliation and reintegration of combatants and resources devoted to infrastructure projects in the northern regions[16].

However, since 2016 the situation has deteriorated in several aspects. Violence has increased as jihadist groups have been attacking MINUSMA forces, the Forces Armées Maliennes (FAMA), and the Algiers Agreement signatories (CMA and the platform). As a consequence, MINUSMA has sustained an extraordinary number of fatalities compared to other recent UN peace operations.

Since the beginning of the Mission in 2013, 206 MINUSMA peacekeepers have died during service in Mali[17]. In the last report of Secretary General, it is noted that during the months of October, November and December 2019, there have been 68 attacks against MINUSMA troops in the regions of Mopti (46), Kidal (9), Ménaka (5), Timbuktu (4) and Gao (4) resulting in the deaths of two peacekeepers and eight contractors and in injury to five peacekeepers, one civilian and two contractors[18].

During this same period, the Malian Armed Forces have also experienced a loss of 193 soldiers and 126 injured. The deadliest attacks occurred in Boulikessi and Mondoro (Mopti Region) on 30 September; in Indelimane (Ménaka Region) on 1 November; and in Tabankort (Ménaka Region) on 18 November. MINUSMA provided support for medical evacuations for the national defence and security forces, as well as fuel and equipment to reinforce some camps.

In addition, during this last 3 months, there have been 269 incidents, in which 200 civilians were killed, 96 civilians were injured and 90 civilians were abducted. More than 85 per cent of deadly attacks against civilians took place in Mopti Region. Between 14 and 16 November, a series of attacks against Fulani villages in Ouankoro commune resulted in the killing of at least 37 persons.

As we can see from the data, Mopti region has further deteriorated regarding civilian protection and increased terrorist activity. What is more surprising is that this region in not located in the north but rather in the centre of the country. Mopti and Ségou regions in central Mali are where violence is increasingly spreading. Two closely intertwined drivers of violence can be distinguished: interethnic violence and jihadist violence against the state and its supporters.

The attacks directed primarily towards the Malian security forces and MINUSMA by jihadists have been committed by the jihadist group Katiba Macina, which is part of the GSIM (Le Groupe de Soutien à l'Islam et aux Musulmans), a merger organisation resulting from the fusion of Ansar Dine, forces from Al-Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI), Katiba Macina and Katiba Al-Mourabitoune. This organisation formed in 2017 has triggered the retreat of an already relatively absent state in the central areas. The Katiba exerts violence against representatives of the state (administrators, teachers, village chiefs, etc.) in the Mopti region, provoking that only 30 to 40 per cent of the territorial administration personnel remains present. Additionally, only 1,300 security forces are stationed across the vast region (spanning 79,000 km²). 

Between the Jihadist activities and the retaliation activities by government forces, there has been a collateral consequence as self-defence militias have proliferated. However, these militias have not only exerted self-defence but also criminal activities and competition over scarce local re­sources. To this problem we have to add the ethnic component where violence exerted by militias is associated with ethnic differences (mainly the Dogon and Fulani). Jihadists have instrumentalised this rivalry to gain sympathizers and recruits and turned the radicalisation problem and the interethnic rivalry a vicious trap. The ethnicisation of the conflict reinforces the stigmatisation of the Fulani as “terrorists”. Meanwhile, the state has tolerated and even cooperated with the Dogon militia to cope with the terrorist threat. However, this groups are supposedly responsible for human rights violations, which again fosters radicalisation among the Fulani population feeling they are left alone in this conflict. As a matter of fact, the Dogon Militia is alleged to be responsible of the 23 March assassination of 160 Fulani in the village of Ogossagou (Mopti Region)[19].

Northern Mali has not remained calmed meanwhile, the Ménaka region has also experienced a violence raise. Recent counterterrorism efforts led by ethnically based militias resulted in a counterproductive effects leading to human rights violations and atrocities between Tuareg Daoussahaq and Fulani communities.  Due to again the absence Malian security forces or MINUSMA blue helmets, civilians have had no choice but to rely on their own self-protection or on armed groups present in the area, escalating the vicious problem of violence as in the Mopti region. 

Strategic dilemmas of MINUSMA

Given this situation, several dilemmas arise in the current situation in which the mission is. The original Mandate of MINUSMA for 5 years has already expired and now the mission is in a phase of renewal year by year, which makes it a suitable time to rethink the overall path where this mission should continue.

The fist dilemma arises given the split of the violent spots between the north and the centre of the country. MINUSMA was originally set up to stabilize the conflict in the north, but MINUSMA’s 2019 Resolution 2480[20] has derived some attention and resources to the central regions and particularly on Protection of Civilians while maintaining its presence in the north too. However, the only problem is that this division on two has not come hand in hand with an increase in resources devoted to the mission, which means that attention paid to the central regions may be in spite of gains made in the north, making the MINUSMA mandate even more unrealistic.

This dilemma raises the problem of financing of the mission. As the years passes, financers of the mission (those that contribute to the General Budget on Peace Keeping Operations of UN) such as the US are getting impatient of not seeing results to a mission where $1 Billion is devoted out of the around $8 Billion of the General Budget. The problem is that for MINUSMA to accomplish its mission in Northern Mali, it has to make an enormous military and logistical effort. The ongoing violent situation calls for security precautions that tie up scarce resources which are no longer available for carrying out the mandate. To illustrate the problem, we can look at the expenditures of the mission and discover that around 80 per cent of its military resources are devoted to securing its own infrastructure and the convoys on which the mission depends to supply its bases[21].

A final dilemma is related to the development of the terrorist threat. As we have analysed in this article, today´s conflict in Mali is about terrorism and therefore requires counterterrorist strategies. However, there are people that state that MINUSMA should focus on the politics part of the conflict stressing its efforts on the peace agreement. Current counterterrorism efforts conducted by the Malian Army are highly problematic as they have fuelled local opposition due to its poor human rights commitment. It has been reported the use of ethnic proxy militias (Such as the Dogon militias in Mopti region) who are responsible for committing atrocities against the civilian population. This makes the Central Government to be an awkward and not very trustworthy partner for MINUSMA. At the same time, returning to political tasks alone may further destabilize the country and possibly the whole Sahel-West African region.

Conclusion

There is no doubt MINUSMA operates hostile environment where around half of all blue helmets killed world­wide through malign acts since 2013 have lost their lives. However, MINUSMA has been heavily criticised by public opinion in Mali and accused of passivity regarding protection of civilians whereas critics say, blue helmets have placed their own security above the rest. The has contributed to this public perception by using the mission’s problems as a scapegoat for its own failures. However, the mis­sion (with its successes and failures) brings more advantages than inconveniences to the overall process of stabilization of Mali[22].

As many diplomats in Bamako and other public officials stress, the mission and its chief, Maha­mat Saleh Annadif, play an important role as mediators both in Bamako politics and with respect to the peace agreement. We cannot discredit the mission of its contribution to Mali´s stabilisation. As a matter of fact, it is legitimate to claim that the situation would be much worse with­out MINUSMA. Yet, the mission has not stopped the spread of violence but rather slowed down the deterioration process of the situation.

While much presence is still needed in northern Mali, we should not forget that the core of the problem to Mali´s instability is partly on the political arena and therefore needs mediation. Therefore, importance of continuing political and military support to the peace process should not be underestimated.

At the same time, we have seen the situation over protection of civilians has worsened in the central regions, which requires additional resources. Enhancing MINUSMA’s outreach and representation might prevent the central regions from collapsing, though solutions need to be found to ensure stability in the long term through mediation too. Further expanding the mission in the central regions without affecting the deployment in the north and, therefore, not risking the stability of those regions, would require that MINUSMA have additional resources. This would clearly be the best option for Mali.

Resources could for instance be devoted to improve the lack of mobility in the form of helicopters and armoured carriers to make it possible for the mission to expand its scope beyond the vicinity of its bases. Staying in the bases makes MINUSMA more of a target than a security provider and only provides security to its nearby zones where the base is physically present. In addition, the most dangerous missions are carried out by African peacekeepers despite lacking adequate means whereas European countries´ peacekeepers are mostly based in MINUSMA’s headquarters in Bamako, Gao, or Timbuktu. While European peacekeepers possess more sophisticated equipment such as surveillance drones and air support, African troops do not benefit from those and have to face the most challenging geographical and security environments escorting logistical convoys[23].

Additionally, by accelerating the re-integration of former rebels to the Malian security forces, encouraging Malian police training, and demonstrating increased presence through joint patrols in most instable areas to protect civilians are key to minimize the threat of further violence. Increased state visibility as we have analysed in this essay has driven to insecurity situations. Consequently, if it can be as much of the problem, it can also be the solution to re-establish some of its legitimacy alongside with the signatories of the Peace Accord to show good faith and engagement in the peace process[24]

In the end, any contribution MINUSMA can make will depend on the willingness of Malians to strive for an effective and inclusive government on the one hand and the commitment of the International community on the other. Supporting such a long-term process cannot be done on the cheap. Therefore, countries cannot continue to request to do more with the same or even less resources.

 

NOTES

[1] United Nations Peacekeeping. (n.d.). Where we operate. [online] Available at [Accessed 21 Dec. 2019].

[2] Renwick, D. (2015). Peace Operations in Africa. [online] Council on Foreign Relations. Available at [Accessed 21 Dec. 2019].

[3] Welsh, M. Y. (2013, January 17). Making sense of Mali's armed groups. Al Jazeera. Available at [Accessed 22 Dec. 2019].

[4] Timeline on Mali. (n.d.). New York Times. Available at [Accessed 22 Dec. 2019].

[5] Oberlé, T. (2012, March 22). Mali : le président renversé par un coup d'État militaire. Le Figaró. Available at [Accessed 26 Dec. 2019].

[6] MINUSMA. (n.d.). History. [online] Available at [Accessed 26 Dec. 2019].

[7] Unscr.com. (2012). Security Council Resolution 2085 - UNSCR. [online] Available at  [Accessed 23 Dec. 2019].

[8] BBC News. (2013). France confirms Mali intervention. [online] Available at  [Accessed 24 Dec. 2019].

[9] Security Council Resolution 2100 - UNSCR. (2013). Available at [Accessed 2 Jan. 2019].

[10] MINUSMA. (n.d.). Personnel. [online] Available at [Accessed 26 Dec. 2019].

[11] EUTM Mali. (n.d.). DÉPLOIEMENT - EUTM Mali. [online] Available at [Accessed 25 Dec. 2019].

[12] France Diplomatie: Ministry for Europe and Foreign Affairs. (n.d.). G5 Sahel Joint Force and the Sahel Alliance. [online] Available at  [Accessed 27 Dec. 2019].

[13] Ecfr.eu. (2019). Operation Barkhane - Mapping armed groups in Mali and the Sahel. [online] Available at [Accessed 25 Dec. 2019].

[14] Un.org. (2015). AGREEMENT FOR PEACE AND RECONCILIATION IN MALI RESULTING FROM THE ALGIERS PROCESS. [online] Available at [Accessed 3 Jan. 2020].

[15] Jezequel, J. (2015). Mali's peace deal represents a welcome development, but will it work this time? | Jean-Hervé Jezequel. Available at [Accessed 8 Jan. 2020].

[16] Nyirabikali, D. (2015). Mali Peace Accord: Actors, issues and their representation | SIPRI. Available at [Accessed 3 Jan. 2020].

[17] MINUSMA. MINUSMA Fact SheetAvailable at [Accessed 2 Jan. 2019].

[18] Digitallibrary.un.org. (n.d.). "UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali" OR MINUSMA - United Nations Digital Library System. [online] Available at [Accessed 3 Jan. 2020].

[19] McKenzie, D. (2019). Ogossagou massacre is latest sign that violence in Mali is out of control. Available at [Accessed 4 Jan. 2019].

[20] Unscr.com. (2019). Security Council Resolution 2480 - UNSCR. [online] Available at [Accessed 10 Jan. 2019].

[21] United Nations Digital Library System. (2019). Budget for the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali for the period from 1 July 2019 to 30 June 2020. [online] Available at  [Accessed 4 Jan. 2020].

[22] Van der Lijn, J. (2019). The UN Peace Operation in Mali: A Troubled Yet Needed Mission - Mali. [online] ReliefWeb. Available at [Accessed 30 Dec. 2019].

[23] Lyammouri, R. (2018). After Five Years, Challenges Facing MINUSMA Persist. Available at [Accessed 6 Jan. 2020].

[24] Tull, D. (2019). UN Peacekeeping in Mali. [online] Swp-berlin.org. Available at [Accessed 25 Dec. 2019].

[25] MINUSMA. MINUSMA Fact Sheet. Available at [Accessed 2 Jan. 2019].

 

BIBLIOGRAPHY

United Nations Peacekeeping. (n.d.). Where we operate. [online] Available at [Accessed 21 Dec. 2019].

Renwick, D. (2015). Peace Operations in Africa. [online] Council on Foreign Relations. Available at [Accessed 21 Dec. 2019].

Timeline on Mali. (n.d.). New York TimesAvailable at [Accessed 22 Dec. 2019].

Welsh, M. Y. (2013, January 17). Making sense of Mali's armed groups. Al JazeeraAvailable at [Accessed 22 Dec. 2019].

MINUSMA. (n.d.). History. [online] Available at [Accessed 26 Dec. 2019].

Oberlé, T. (2012, March 22). Mali : le président renversé par un coup d'État militaire. Le FigaróAvailable at [Accessed 26 Dec. 2019].

Unscr.com. (2012). Security Council Resolution 2085 - UNSCR. [online] Available at [Accessed 23 Dec. 2019].

BBC News. (2013). France confirms Mali intervention. [online] Available at [Accessed 24 Dec. 2019].

MINUSMA. (n.d.). Personnel. [online] Available at [Accessed 26 Dec. 2019].

EUTM Mali. (n.d.). DÉPLOIEMENT - EUTM Mali. [online] Available at [Accessed 25 Dec. 2019].

France Diplomatie: Ministry for Europe and Foreign Affairs. (n.d.). G5 Sahel Joint Force and the Sahel Alliance. [online] Available at [Accessed 27 Dec. 2019].

Ecfr.eu. (2019). Operation Barkhane - Mapping armed groups in Mali and the Sahel. [online] Available at [Accessed 25 Dec. 2019].

Un.org. (2015). AGREEMENT FOR PEACE AND RECONCILIATION IN MALI RESULTING FROM THE ALGIERS PROCESS. [online] Available at [Accessed 3 Jan. 2020].

Digitallibrary.un.org. (n.d.). "UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali" OR MINUSMA - United Nations Digital Library System. [online] Available at [Accessed 3 Jan. 2020].

United Nations Digital Library System. (2019). Budget for the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali for the period from 1 July 2019 to 30 June 2020. [online] Available at  [Accessed 4 Jan. 2020].

Van der Lijn, J. (2019). The UN Peace Operation in Mali: A Troubled Yet Needed Mission - Mali. [online] ReliefWeb. Available at [Accessed 30 Dec. 2019].

Tull, D. (2019). UN Peacekeeping in Mali. [online] Swp-berlin.org. Available at [Accessed 25 Dec. 2019].

McKenzie, D. (2019). Ogossagou massacre is latest sign that violence in Mali is out of control. Available at [Accessed 4 Jan. 2019].

Unscr.com. (2019). Security Council Resolution 2480 - UNSCR. [online] Available at [Accessed 10 Jan. 2019].

Security Council Resolution 2100 - UNSCR. (2013). Available at [Accessed 2 Jan. 2019].

Nyirabikali, D. (2015). Mali Peace Accord: Actors, issues and their representation | SIPRI. Available at [Accessed 3 Jan. 2020].

Lyammouri, R. (2018). After Five Years, Challenges Facing MINUSMA Persist. Available at [Accessed 6 Jan. 2020].

Jezequel, J. (2015). Mali's peace deal represents a welcome development, but will it work this time? | Jean-Hervé Jezequel. Available at [Accessed 8 Jan. 2020].

El pecado original gringo en Nicaragua

[Scott Martelle, William Walker's Wars. How One Man's Private Army Tried to Conquer Mexico, Nicaragua, and Honduras. Chicago Review Press. Chicago, 2019. 312 p.]

RESEÑAEmili J. Blasco

William Walker's Wars. How One Man's Private Army Tried to Conquer Mexico, Nicaragua, and HondurasLa historia de la injerencia de Estados Unidos en América Latina es larga. En pleno Destino Manifiesto de expansión hacia el Oeste de mediados de siglo XIX, para extender el país de costa a costa, también hubo intentos de ampliar la soberanía hacia el Sur. A quienes ocuparon la Casa Blanca les bastó con la mitad de México, que completaba un holgado acceso al Pacífico, pero hubo iniciativas personales de intento de compra e incluso de conquista de territorios centroamericanos.

Una de esas iniciativas fue protagonizada por William Walker, que al frente de varios cientos de filibusteros –la Falange Americana–, arrebató la presidencia de Nicaragua y soñó con un imperio esclavista que atrajera las inversiones de los sureños estadounidenses si la esclavitud se abolía en Estados Unidos. Walker, de Tennessee, intentó primero crear una república en Sonora, para integrar ese territorio mexicano en EEUU, y luego centró su interés en Nicaragua, que entonces resultaba un paso atractivo para los estadounidenses que querían cruzar el istmo centroamericano con destino a las minas de oro de California, donde él mismo había buscado fortuna. Desautorizado y detenido varias veces por las autoridades de EEUU, debido a los problemas que les ocasionaba con los gobiernos vecinos, finalmente fue expulsado de Nicaragua por las armas y murió fusilado cuando intentaba regresar asentando un pie en Honduras.

El libro de Scott Martelle es tanto un retrato del personaje –alguien sin especiales dotes de liderazgo y con una apariencia más bien delicada impropia de un jefe de mercenarios, que no obstante supo generar expectativas lucrativas entre quienes le siguieron (2.518 estadounidenses llegaron a alistarse)–, como una crónica de sus campañas militares al Sur de Estados Unidos. Igualmente describe bien el ambiente a mitad del siglo XIX en ciudades como San Francisco y Nueva Orleans, repletas de migrantes procedentes de otras partes del país y en tránsito hacia donde les llevara la fortuna.

También ofrece un detallado relato de la empresa desarrollada por el magnate Vanderbilt para establecer una ruta, inaugurada en 1851, que utilizaba el río San Juan para llegar al lago de Nicaragua y de allí salir al Pacífico, con ánimo de establecer una conexión ferroviaria y el ulterior propósito de construir en pocos años un canal. Aunque el trayecto por tierra era más largo que el que en ese momento también se trazaba en similares condiciones en el istmo de Panamá, el desplazamiento en barco desde EEUU hasta Nicaragua era más breve que el que obligaba llegar hasta Panamá. Esto último explica que durante la segunda mitad del siglo XIX el proyecto de canal de Nicaragua tuviera más adeptos en Washington que el de Panamá.

Si bien Panamá es uno de los símbolos de la injerencia de EEUU en su «patio trasero», el éxito de la obra del canal transoceánico y su devolución a los panameños desactivan en gran medida una «leyenda negra» que sigue en pie en el caso nicaragüense. Nicaragua es probablemente el país centroamericano que más ha experimentado el «imperialismo» de EEUU. El episodio de Walker (1855-1857) marca un comienzo; luego siguieron las intervenciones militares del propio Gobierno estadounidense (1912-1933), el estrecho apoyo de Washington a la dictadura de los Somoza (1937-1979) y la implicación directa en el combate contra la Revolución Sandinista (1981-1990).

Walker llegó a Nicaragua atraído por el interés estadounidense en el paso interoceánico y con la excusa de ayudar a uno de los bandos que se enfrentaban en una de las tantas guerras civiles entre conservadores y liberales que se daban en las excolonias españolas. Elevado a jefe del Ejército, en 1856 fue elegido presidente de un país en el que apenas pudo controlar el área cuyo centro era la ciudad de Granada, en la orilla norte del lago de Nicaragua.

A medida que asentó su poder se alejó de cualquier idea inicial de integración de Nicaragua en EEUU y soñó con forjar un imperio centroamericano que incluso incluyera México y Cuba. En su estrategia entró la esclavitud, que en Nicaragua se había abolido en 1838 y él la reinstauró en 1856. La imaginó como un medio de impedir que Washington renunciara a ampliar su soberanía a esos territorios, dados los equilibrios internos en EEUU entre estados esclavistas y no esclavistas, y como atracción de capital de los esclavistas sureños. Finalmente fue expulsado del país en 1857 gracias el empuje de un ejército reunido por los países vecinos. En 1860 intentó un regreso, pero fue apresado y fusilado en Trujillo (Honduras). Su aventura estuvo alimentada por la creencia en la superioridad del hombre blanco y anglosajón, que le llevó a despreciar las aspiraciones de los pueblos hispanos y a sobreestimar la capacidad bélica de sus mercenarios.

El libro de Martelle responde más a un propósito historicista que divulgativo, por lo que su lectura no es tanto para el gran público como para los interesados específicamente en el fulibusterismo de William Walker: un episodio, en cualquier caso, de conveniente conocimiento sobre el pasado centroamericano y la relación de Estados Unidos con el resto del Hemisferio Occidental.

Impacto del Covid-19 en las crisis humanitarias

Personal de ACNUR construyendo una carpa para refugiados venezolanos en la ciudad colombiana de Cúcuta [ACNUR]

▲ Personal de ACNUR construyendo una carpa para refugiados venezolanos en la ciudad colombiana de Cúcuta [ACNUR]

COMENTARIOPaula Ulibarrena

Las restrictivas medidas impuestas por los estados para tratar de contener la epidemia de coronavirus implican para millones de personas dejar de ir a trabajar o hacerlo desde casa. Pero no todos pueden parar su actividad o pasar al teletrabajo. Hay trabajadores por cuenta propia, pequeños comercios, tiendas de barrio, comerciantes ambulantes o vendedores callejeros, y artistas independientes que viven prácticamente al día. Para ellos y para amuchas otras personas que queden sin ingresos o los vean reducidos, los gastos seguirán igualmente corriendo: pago de servicios, alquileres, hipotecas, colegiaturas y, por supuesto, alimentos y medicinas.

Todos estos impactos sociales que está acarreando la crisis por el coronavirus ya empiezan a cuestionarse entre quienes viven en la “zona roja” de la epidemia. En Italia, por ejemplo, algunos colectivos políticos han demandado que las ayudas no sean para las grandes empresas, sino para este conjunto de trabajadores precarios o familias necesitadas y están exigiendo una “renta básica de cuarentena”.

Planteamientos semejantes están surgiendo en otras partes del mundo e incluso ha llevado a que algunos mandatarios a adelantarse a las exigencias de la población. En Francia, Emmanuel Macron anunció que el gobierno asumirá los créditos, y suspendió el pago de alquileres, impuestos y recibos de luz, gas y agua. En Estados Unidos el gobierno de Donald Trump anunció que se enviarán cheques a cada familia para enfrentar los gastos o riesgos que implica la pandemia.

En otras grandes crisis el Estado ha salido a rescatar a las grandes empresas y bancos. Ahora se reclama que los recursos públicos se dediquen a rescatar a los más necesitados.

En toda crisis, son los más desfavorecidos los que peor lo pasan, hoy hay en el mundo más de 126 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria, incluidos 70 millones de desplazados forzosos. Dentro de estos colectivos comenzamos a conocer los primeros casos de infectados (campo de desplazados de Ninive-Irak, Somalia, Afganistán, Nigeria, Sudán, Venezuela….), el informe de casos en Burkina Faso es particularmente ilustrativo del desafío de responder en un contexto donde la atención médica es limitada. Los refugiados malienses que una vez fueron desplazados a Burkina Faso están siendo obligados a regresar a Malí, y la violencia continua inhibe el acceso humanitario y médico a las poblaciones afectadas.

Muchos campos de refugiados sufren de insuficientes instalaciones de higiene y saneamiento, lo que crea condiciones propicias para la propagación de enfermedades. Los planes oficiales de respuesta en los Estados Unidos, Corea del Sur, China y Europa requieren distanciamiento social, lo que es físicamente imposible en muchos campamentos de desplazados y en los contextos urbanos abarrotados en los que viven muchas personas desplazadas por la fuerza. Jan Egeland, director general del Consejo Noruego para los Refugiados, advirtió que COVID-19 podría "diezmar las comunidades de refugiados". 

Jacob Kurtzer, del Center for Strategic and International Studies (CSIS) de Washington, advierte que las políticas nacionales de aislamiento en reacción a la propagación de COVID-19 también tienen consecuencias negativas para las personas que enfrentan emergencias humanitarias. Así el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones han anunciado el fin de los programas de reasentamiento de refugiados, ya que algunos gobiernos anfitriones han detenido la entrada de refugiados e impusieron restricciones de viaje como parte de su respuesta oficial.

Para agravar estos desafíos está la realidad de que la financiación humanitaria, que apenas puede satisfacer la demanda mundial y que puede verse afectada ya que los estados donantes consideran que en este momento deben enfocar dichos fondos a la respuesta al Covid-19.

En el lado contrario el coronavirus podría suponer una oportunidad de reducción de algunos conflictos armados. Por ejemplo, la Unión Europea ha pedido el cese de las hostilidades y el cese de las transferencias militares en Libia para permitir que las autoridades se concentren en responder a la emergencia de salud. El Estado Islámico ha publicado repetidos mensajes en su boletín informativo de Al-Naba pidiendo a los combatientes que no viajen a Europa y que reduzcan los ataques mientras se concentran en mantenerse libres del virus. 

Kurtzer sugiere que esta es una oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza del trabajo humanitario en el extranjero y garantizar que no se pase por alto. Curiosamente los países desarrollados se enfrentan a una vulnerabilidad médica real, de hecho Médicos Sin Fronteras ha abierto instalaciones en cuatro ubicaciones en Italia. Cooperar con organizaciones humanitarias confiables a nivel nacional será de vital importancia para responder a las necesidades de la población y al mismo tiempo desarrollar una mayor comprensión del trabajo vital que realizan en entornos humanitarios en el extranjero.

Los yihadistas de la caipiriña

[Maria Zuppello, Il Jihad ai Tropici. Il patto tra terrorismo islamico e crimine organizzato in America Latina. Paese Edizioni. Roma, 2019. 215 p.]

RESEÑA / Emili J. Blasco

Il Jihad ai Tropici. Il patto tra terrorismo islamico e crimine organizzato in America LatinaNormalmente vinculamos la yihad con Oriente Medio. Si acaso, también con el Sachel africano, abriendo el mapa hacia el oeste, o con la frontera de Afganistán, Pakistán e India, abriéndolo hacia el este. Sin embargo, Latinoamérica tiene también un sitio en esa geografía. Lo tiene como lugar para la financiación de la lucha terrorista –la cocaína supone un negocio que los islamistas aprovechan, como ocurre con la heroína en el caso concreto de los talibanes– y también como espacio en el que pasar desapercibido, fuera de radar (las playas caribeñas o brasileñas son el último lugar que se imaginaría como escondite de yihadistas).

Yihad en los trópicos, de la investigadora italiana Maria Zuppello, se ocupa precisamente de ese aspecto menos conocido del yihadismo mundial: los yihadistas de la caipiriña, por decirlo de un modo gráfico, para acentuar la normalidad con la que viven esos elementos radicalizados en el contexto latinoamericano, aunque se trata de redes criminales más siniestras de lo que puede sugerir el nombre.

La investigación de Zuppello, que tiene como subtítulo “el pacto entre terrorismo islámico y crimen organizado en América Latina”, se ocupa de diversos países, aunque es en Brasil donde la autora sitúa las principales conexiones con el resto de la región y con las estructuras internacionales de distintos grupos yihadistas. En concreto, señala la vinculación entre el líder religioso Imran Hosein, que propaga doctrinas salafistas, y el atentado contra la sala de fiestas Bataclan de París, pues su predicación tuvo una especial responsabilidad en la radicalización de uno de los terroristas, Samy Amimour. Zuppello también analiza los contactos cruzados de los brasileños que fueron detenidos en 2016 en la operación Hashtag, en la recta final de la preparación de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro.

El libro de Zuppello comienza con una presentación a cargo de Emanuele Ottolenghi, investigador que trabaja en la Fundación para la Defensa de las Democracias, un think tank de Washington. Ottolenghi es un experto en la presencia de Hezbolá en América Latina, sobre la que ha escrito numerosos artículos.

En esa presentación, Ottolenghi destaca la colaboración establecida entre elementos yihadistas y ciertos niveles de la izquierda latinoamericana, especialmente la bolivariana. “Los mensajes extremistas difieren poco de la retórica de la revolución antiimperialista de la izquierda radical, profundamente enraizada durante décadas en América Latina”, afirma. Esto explica “el atractivo de la revolución islámica para los descendientes de los incas en la remota comunidad andina de Abancay, a cuatro horas de viaje de Machu Picchu, y para los revolucionarios cubanos y salvadoreños (ahora dedicados a extender la palabra de Jomeini en América Central)”.

Para Ottolenghi, “el tema central de la alianza roji-verde entre bolivarianos e islamistas es la llamada resistencia frente el imperialismo estadounidense. Tras esa retórica revolucionaria, sin embargo, hay más. La creación de una alianza estratégica entre Teherán y Caracas ha abierto la puerta de Latinoamérica a los guardias revolucionarios iraníes y a Hezbolá. Venezuela se ha convertido en un centro para los agentes de Irán en la región”.

Los tráficos ilícitos generan millones de dinero negro que es lavado a través de circuitos internacionales. En ese proceso tienen importancia “las comunidades de la diáspora libanesa”, en áreas como La Guaira (entre Venezuela y Colombia), la isla Margarita (Venezuela), la zona franca de Colón (Panamá) y la Triple Frontera (entre Brasil, Paraguay y Argentina)

Precisamente esa Triple Frontera ha sido el lugar habitual al que referirse a la hora de hablar de Hezbolá en Latinoamérica. Los atentados ocurridos en Buenos Aires en 1992 y 1994 contra la Embajada de Israel y la AMIA, respectivamente, tuvieron allí su origen operativo y desde entonces se ha documentado con frecuencia la vinculación financiera de ese rincón geográfico con el grupo extremista chií. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder se produjo una convergencia entre Venezuela e Irán que amparó la obtención de pasaportes venezolanos por parte de radicales islamistas, los cuales también fueron haciéndose con parte del negocio del narcotráfico a medida que el propio Chávez metía al estado venezolano en el negocio de la cocaína.

La convergencia de intereses entre las redes de crimen organizado en la región y los elementos yihadistas lleva a plantearnos, según Zuppello, si “Latinoamérica acabará siendo el nuevo cajero automático para la financiación de la yihad global”, o incluso “en algo más: un escondite de combatientes extranjeros en fuga o una nueva plataforma para ataques, o ambos”.

Uno de los aspectos concretos a los que se refiere Zuppello es el sector del halal y sus certificaciones, que está creciendo exponencialmente, lo que ha provocado la preocupación de las autoridades de la lucha antiterrorista en diversos países, que acusan a ese sector de ocultar la financiación del terrorismo y el lavado de dinero. El comercio de carne halal ha dado cobertura a docenas de inspectores de carne iraníes, que se han asentado de manera permanente en la región.

Investigaciones como la realizada en Yihad en los trópicos han llevado a que 2019 por primera vez diversos países latinoamericanos aceptaran reconocer a Hezbolá como grupo terrorista.

China toma cuerpo en la mirilla de la OTAN

La Alianza mantiene su acento sobre Rusia, pero por primera vez expresa su preocupación por actuaciones de Pekín

La OTAN había comenzado 2020 con el ánimo de dejar atrás los problemas internos de su particular annus horribilis –un 2019 en el que la organización había alcanzado la “muerte cerebral”, según el presidente francés, Emmanuel Macron–, pero la ausencia de normalidad mundial por crisis del coronavirus está dificultando poner plenamente en práctica lo acordado en la Cumbre de Londres, celebrada el pasado mes de diciembre para conmemorar el 70 aniversario de la creación de la Alianza. Precisamente, la Declaración de Londres expresó preocupación por actuaciones de China en asuntos como el 5G.

Países integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte [OTAN]

▲ Países integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte [OTAN]

ARTÍCULOJairo Císcar

Las Cumbres de la OTAN reúnen los Jefes de Estado y/o de Gobierno de los países miembros y sirven para tomar decisiones estratégicas del más alto nivel, tales como la puesta en práctica de nuevas políticas (como, por ejemplo, el Nuevo Concepto Estratégico en la Cumbre de Lisboa 2010), la introducción de nuevos miembros en la Alianza (Cumbre de Estambul 2004, con siete nuevos miembros), o el anuncio de grandes iniciativas, como se hizo en la Cumbre de Newport 2014, donde se anunció el core coalition de lo que después sería la Coalición Internacional contra el Estado Islámico.

La Cumbre de Londres tuvo lugar el 3 y 4 de diciembre para celebrar el 70 aniversario de la creación de la Alianza, que tuvo su primera sede en la capital británica. En las reuniones de trabajo, a las que asistieron los 29 estados miembros, la atención se puso sobre tres asuntos principales: (a) la permanente tensión-distensión entre Washington y París; (b) la cuestión económica, tanto por la guerra comercial entre la industria de Defensa europea y estadounidense como en la inversión en Defensa de los países miembros; y (c) la gestión de una Turquía cada vez más díscola.

a) En cuanto a la disputa Washington-París, se asistió a un nuevo capítulo de las dos formas de entender la Alianza Atlántica por parte de dos de los países más comprometidos con ella. Mientras que EEUU sigue insistiendo en la importancia de focalizar los esfuerzos de la Alianza en un eje Oriental (frente a Rusia y al yihadismo de Oriente Medio), Francia aspira a que el eje estratégico de la OTAN se centre en el Sur, en el Sahel africano. Esta es una visión que comparte y apoya España, que participa en varias misiones en suelo africano como la EUTM-Malí o el Destacamento Marfil en Senegal (que proporciona transporte estratégico en la zona a los países participantes en AFISMA y especialmente a Francia). Para el Sur de Europa, la mayor amenaza es la yihadista, y tiene su centro de gravedad en África. Así lo hizo saber Macron.

b) La cuestión económica sigue siendo fundamental, y así fue tratada en la Cumbre. Desde la Cumbre de Newport 2014, en la cual los 29 miembros acordaron dirigir sus esfuerzos a aumentar el gasto en Defensa para llegar al menos al 2% del PIB, solo nueve han logrado el objetivo (España se encuentra a la cola, superando con un irrisorio 0,92% solo a Luxemburgo). Estados Unidos, a la cabeza de la inversión en Defensa dentro de la OTAN, aporta el 22% de todo el presupuesto. La Administración Trump no solo quiere este aumento para que la Alianza disponga de ejércitos más grandes, preparados y modernizados, sino que enmarca el incremento en una ambiciosa estrategia comercial, con el F-35 “Lightning” como principal producto. Como ejemplo, Polonia: tras llegar al 2% requerido, este país anunció la compra de 35 F-35 y su soporte de software y técnico por $6.500 millones. Así, EEUU pudo hacer frente a las pérdidas causadas por la ruptura del acuerdo con Turquía tras adquirir los otomanos el sistema S-400 ruso. Polonia se une con esta adquisición al club de otros siete miembros OTAN con este avión, haciendo frente a la ofensiva comercial del bloque productor europeo para seguir vendiendo paquetes de “Eurofighter” y, especialmente, el reciente Future Combat Air System (liderado por Airbus y Dassault), del que España forma parte. Europa quiere crear una fuerte comunidad de Industria de Defensa por razones de autosuficiencia y para competir en los mercados frente a la industria estadounidense, por lo que nos encontramos ante una “mini” guerra comercial entre países aliados.

c) Respecto a Turquía, el miembro más incómodo de la OTAN, hubo una clara sensación negativa. Se trata de un aliado poco fiable, que está atacando a otros aliados en la Operación “Inherent Resolve” como las milicias kurdas, consideradas terroristas por el gobierno de Ankara. Planeaba sobre los líderes presentes en Londres el temor de una posible invocación del Artículo 5 del Tratado de Washington por parte de Turquía llamando a un enfrentamiento activo en Siria. La OTAN no tiene mucha opción, pues si no aguanta a Erdogan le estaría empujando del todo a la órbita rusa.

Declaración de Londres

El comunicado final de la cumbre evidenció un cambio del foco en el seno de la Alianza: hasta ahora, Rusia era la mayor preocupación y, si bien sigue siendo prioritaria, China está tomando su lugar. La Declaración puede dividirse en tres bloques.

1) El primer bloque funciona como parche de emergencia, con ánimo de contentar a las voces más discordantes y crear una fotografía de aparente unión sin fisuras. En su primer punto, los estados miembros reafirman el compromiso de todos los países con los valores comunes que comparten, citando la democracia, la libertad individual, los derechos humanos y el estado de derecho. Como un gesto hacia Turquía, se menciona el Artículo 5 como la piedra angular del Tratado del Atlántico Norte. Está claro que, al menos a corto-medio plazo, los países occidentales quieren conservar a Turquía como socio, estando dispuestos a ceder en pequeños gestos.

Más adelante, la Alianza insiste en la necesidad de “continuar reforzando las capacidades, tanto de los estados miembros como colectivas, para resistir toda forma de ataque”. Con respecto al objetivo del 2%, primordial para EEUU y los Estados que más gastan, se afirma que se están haciendo buenos progresos, pero que se “debe hacer y se hará más”.

2) El siguiente bloque entra en materia puramente estratégica y menos política. La Alianza hace notar que el actual sistema internacional está siendo atacado por actores estatales y no estatales. Resalta la amenaza que supone Rusia para la región Euroasiática e introduce la inmigración irregular como fuente de inestabilidad.

Con respecto a esta estabilización, las principales líneas maestras de la Alianza serán las de asegurar la presencia en Afganistán a largo plazo, la de una mayor colaboración con la ONU, así como la de la colaboración directa OTAN-UE. La Alianza quiere aumentar su presencia a nivel mundial, así como su trabajo a todos los niveles. Muestra de ello es la próxima incorporación de Macedonia del Norte como 30º miembro de la Alianza, lanzando un claro mensaje a Rusia de que no hay sitio en Europa para sus influencias.

De manera clara, para la OTAN nos encontramos en conflictos de 4ª generación, con el uso de guerra cibernética e híbrida. Se menciona el compromiso por tener una seguridad 360º dentro de la Alianza. Esta es consciente de la realidad cambiante del campo de batalla y del plano internacional, y muestra su compromiso para adaptar y actualizar sus capacidades.

3) Como tercer bloque, por primera vez se menciona a China directamente como un asunto que requiere decisiones conjuntas. El liderazgo que está asumiendo China en el campo de las comunicaciones e internet, especialmente con la tecnología del 5G, preocupa profundamente en el seno atlantista. En un entorno de operaciones donde la ciberguerra y la guerra híbrida van a cambiar la manera de hacer frente a un conflicto, se quiere asegurar la resiliencia de unas sociedades completamente dependientes de la tecnología, especialmente protegiendo las infraestructuras críticas (edificios de gobierno, hospitales…) y la seguridad energética. En Londres se proclamó, además, la importancia de desarrollar sistemas propios para no depender de los proveídos por países que los puedan utilizar contra los consumidores, así como la necesidad de aumentar las capacidades ofensivas y defensivas en el entorno cíber. Se reconoce que la creciente influencia china en el ámbito internacional presenta tanto oportunidades como riesgos, y que es un asunto que debe ser objeto de un seguimiento cercano y permanente.

El Documento finaliza con una declaración de intenciones: “En tiempo de retos, somos más fuertes como Alianza y nuestra población está más segura. Nuestra unión y compromiso mutuo ha garantizado nuestras libertades, valores y seguridad a lo largo de 70 años. Actuamos hoy para asegurar que la OTAN garantiza estas libertades, valores y seguridad para las generaciones venideras”

Si bien ha sido una cumbre agridulce, con múltiples desencuentros y comentarios desafortunados, la realidad es que, fuera de la política, la Alianza está preparada. Es consciente de las amenazas a las que se enfrenta, tanto internas como externas. Conoce la realidad del mundo actual y quiere actuar en consecuencia, con un grado de implicación mayor y más duradero. A pesar de que las palabras muchas veces se han quedado en el papel, esta Declaración y esta Cumbre muestran a una Alianza que, con sus particularidades, está preparada para afrontar los retos del siglo XXI; sus viejos fantasmas como Rusia, y sus nuevas amenazas como China.

What has been the most successful government building in Africa?

UN led vs. non-UN led post-conflict government building

WORKING PAPERMaría del Pilar Cazali

ABSTRACT

 

Government building in Africa has been an important issue to deal with after post- independence internal conflicts. Some African states have had the support of UN peacekeeping missions to rebuild their government, while others have built their government on their own without external help. The question this article looks to answer is what method of government building has been more effective. This is done through the analysis of four important overall government building indicators: rule of law, participation, human rights and accountability and transparency. Based on these indicators, states with non-UN indicators have had a more efficient government building especially due to the flexibility and freedom they’ve had to do it in comparison with states with UN intervention due to the UN’s neo-liberal view and their lack of contact with locals.

 

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Mexicans once again account for majority of migration at southwest US border

The Trump Administration’s Newest Migration Policies and Shifting Immigrant Demographics in the USA

New Trump administration migration policies including the "Safe Third Country" agreements signed by the USA, Guatemala, El Salvador, and Honduras have reduced the number of migrants from the Northern Triangle countries at the southwest US border. As a consequence of this phenomenon and other factors, Mexicans have become once again the main national group of people deemed inadmissible for asylum or apprehended by the US Customs and Border Protection.

An US Border Patrol agent at the southwest US border [cbp.gov]

▲ An US Border Patrol agent at the southwest US border [cbp.gov]

ARTICLE Alexandria Casarano Christofellis

On March 31, 2018, the Trump administration cut off aid to the Northern Triangle countries in order to coerce them into implementing new policies to curb illegal migration to the United States. El Salvador, Honduras, and Guatemala all rely heavily on USAid, and had received 118, 181, and 257 million USD in USAid respectively in the 2017 fiscal year.

The US resumed financial aid to the Northern Triangle countries on October 17 of 2019, in the context of the establishment of bilateral negotiations of Safe Third Country agreements with each of the countries, and the implementation of the US Supreme Court’s de facto asylum ban on September 11 of 2019. The Safe Third Country agreements will allow the US to ‘return’ asylum seekers to the countries which they traveled through on their way to the US border (provided that the asylum seekers are not returned to their home countries). The US Supreme Court’s asylum ban similarly requires refugees to apply for and be denied asylum in each of the countries which they pass through before arriving at the US border to apply for asylum. This means that Honduran and Salvadoran refugees would need to apply for and be denied asylum in both Guatemala and Mexico before applying for asylum in the US, and Guatemalan refugees would need to apply for and be denied asylum in Mexico before applying for asylum in the US. This also means that refugees fleeing one of the Northern Triangle countries can be returned to another Northern Triangle country suffering many of the same issues they were fleeing in the first place.

Combined with the Trump administration’s longer-standing “metering” or “Remain in Mexico” policy (Migrant Protection Protocols/MPP), these political developments serve to effectively “push back” the US border. The “Remain in Mexico” policy requires US asylum seekers from Latin America to remain on the Mexican side of the US-Mexico border to wait their turn to be accepted into US territory. Within the past year, the US government has planted significant obstacles in the way of the path of Central American refugees to US asylum, and for better or worse has shifted the burden of the Central American refugee crisis to Mexico and the Central American countries themselves, which are ill-prepared to handle the influx, even in the light of resumed US foreign aid. The new arrangements resemble the EU’s refugee deal with Turkey.

These policy changes are coupled with a shift in US immigration demographics. In August of 2019, Mexico reclaimed its position as the single largest source of unauthorized immigration to the US, having been temporarily surpassed by Guatemala and Honduras in 2018.

 

 

 

US Customs and Border Protection data indicates a net increase of 21% in the number of Unaccompanied Alien Children from Mexico, Guatemala, Honduras, and El Salvador deemed inadmissible for asylum at the Southwest US Border by the US field office between fiscal year 2019 (through February) and fiscal year 2020 (through February). All other inadmissible groups (Family Units, Single Adults, etc.) experienced a net decrease of 18-24% over the same time period. For both the entirety of fiscal year 2019 and fiscal year 2020 through February, Mexicans accounted for 69 and 61% of Unaccompanied Alien Children Inadmisibles at the Southwest US border respectively, whereas previously in fiscal years 2017 and 2018 Mexicans accounted for only 21 and 26% of these same figures, respectively. The percentages of Family Unit Inadmisibles from the Northern Triangle countries have been decreasing since 2018, while the percentage of Family Unit Inadmisibles from Mexico since 2018 has been on the rise.

With asylum made far less accessible to Central Americans in the wake of the Trump administration's new migration policies, the number of Central American inadmisibles is in sharp decline. Conversely, the number of Mexican inadmisibles is on the rise, having nearly tripled over the past three years.

Chain migration factors at play in Mexico may be contributing to this demographic shift. On September 10, 2019, prominent Mexican newspaper El Debate published an article titled “Immigrants Can Avoid Deportation with these Five Documents.” Additionally, The Washington Post cites the testimony of a city official from Michoacan, Mexico, claiming that a local Mexican travel company has begun running a weekly “door-to-door” service line to several US border points of entry, and that hundreds of Mexican citizens have been coming to the municipal offices daily requesting documentation to help them apply for asylum in the US. Word of mouth, press coverage like that found in El Debate, and the commercial exploitation of the Mexican migrant situation have perhaps made migration, and especially the claiming of asylum, more accessible to the Mexican population.

US Customs and Border Protection data also indicates that total apprehensions of migrants from Mexico, Guatemala, Honduras, and El Salvador attempting illegal crossings at the Southwest US border declined 44% for Unaccompanied Alien Children and 73% for Family Units between fiscal year 2019 (through February) and fiscal year 2020 (through February), while increasing for Single Adults by 4%. The same data trends show that while Mexicans have consistently accounted for the overwhelming majority of Single Adult Apprehensions since 2016, Family Unit and Unaccompanied Alien Children Apprehensions until the past year were dominated by Central Americans. However, in fiscal year 2020-February, the percentages of Central American Family Unit and Unaccompanied Alien Children Apprehensions have declined while the Mexican percentage has increased significantly. This could be attributed to the Northern Triangle countries’ and especially Mexico’s recent crackdown on the flow of illegal immigration within their own states in response to the same US sanctions and suspension of USAid which led to the Safe Third Country bilateral agreements with Guatemala, Honduras, and El Salvador.

While the Trump administration’s crackdown on immigration from the Northern Triangle countries has effectively worked to limit both the legal and illegal access of Central Americans to US entry, the Trump administration’s crackdown on immigration from Mexico in the past few years has focused on arresting and deporting illegal Mexican immigrants already living and working within the US borders. Between 2017 and 2018, ICE increased workplace raids to arrest undocumented immigrants by over 400% according to The Independent in the UK. The trend seemed to continue into 2019. President Trump tweeted on June 17, 2019 that “Next week ICE will begin the process of removing the millions of illegal aliens who have illicitly found their way into the United States. They will be removed as fast as they come in.” More deportations could be leading to more attempts at reentry, increasing Mexican migration to the US, and more Mexican Single Adult apprehensions at the Southwest border. The Washington Post alleges that the majority of the Mexican single adults apprehended at the border are previous deportees trying to reenter the country.

 

 

 

Lastly, the steadily increasing violence within the state of Mexico should not be overlooked as a cause for continued migration. Within the past year, violence between the various Mexican cartels has intensified, and murder rates have continued to rise. While the increase in violence alone is not intense enough to solely account for the spike that has recently been seen in Mexican migration to the US, internal violence nethertheless remains an important factor in the Mexican migrant situation. Similarly, widespread poverty in Mexico, recently worsened by a decline in foreign investment in the light of threatened tariffs from the USA, also plays a key role.

In conclusion, the Trump administration’s new migration policies mark an intensification of long-standing nativist tendencies in the US, and pose a potential threat to the human rights of asylum seekers at the US-Mexico border. The corresponding present demographic shift back to Mexican predominance in US immigration is driven not only by the Trump administration’s new migration policies, but also by many other diverse factors within both Mexico and the US, from press coverage to increased deportations to long-standing cartel violence and poverty. In the face of these recent developments, one thing remains clear: the situation south of the Rio Grande is just as complex, nuanced, and constantly evolving as is the situation to the north on Capitol Hill in the USA.

Groenlandia, en el centro de la pugna China-EEUU por el Ártico

Empresas chinas desarrollan cuatro proyectos mineros en la isla; Trump ofreció comprarla

El deshielo del Ártico abre nuevas rutas marítimas y otorga especial valor a ciertos territorios, como Islandia o especialmente Groenlandia, cuyo enorme tamaño también esconde grandes recursos naturales. Empresas mineras chinas están presentes en la 'Tierra Verde' desde 2008; el gobierno danés ha querido poner freno a un incremento de influencia de Pekín asumiendo directamente la construcción de tres aeropuertos en lugar de que quedaran bajo gestión china. Copenhague teme veladamente que China fomente la independencia de los groenlandeses, mientras la Casa Blanca ha ofrecido comprar la isla, como ya intentara en otros momentos de la historia.

Población de Oqaatsut, en la costa oriental de Groenlandia [Pixabay]

▲ Población de Oqaatsut, en la costa oriental de Groenlandia [Pixabay]

ARTÍCULOJesús Rizo Ortiz

Groenlandia es la isla más grande del mundo, con más de 2 millones de kilómetros cuadrados, mientras sus habitantes no llegan a 60.000, lo que la hace el territorio con menor densidad de población del globo. Esta realidad, junto con las riquezas naturales aún por explotar y la ubicación geográfica, otorgan a esta Tierra Verde una gran importancia geoestratégica. Además, el calentamiento global y la puga por el nuevo orden mundial entre EEUU, China y Rusia sitúan a este territorio dependiente de Dinamarca en el centro de las dinámicas geopolíticas, por primera vez en su historia.

Debido al deshielo del Océano Ártico están surgiendo nuevas rutas de comunicación entre los continentes americano, europeo y asiático. Estas vías, aunque en el futuro permanezcan sujetas a limitaciones, están haciéndose cada vez más accesibles y durante más tiempo a lo largo del año. Groenlandia constituye un punto estratégico de control y suministro tanto de la ruta del Norte (la que sigue el contorno norte de Rusia) como del Noroeste (que atraviesa las islas septentrionales de Canadá), no solo en el caso de mercancías y barcos comerciales, sino también en términos de seguridad, ya que el deshielo del océano acorta notablemente las distancias entre los principales actores internacionales.

La posición geográfica de Groenlandia es clave, pero también lo que contiene bajo el hielo que cubre el 77% de su superficie. Se estima que el 13% de las reservas petroleras mundiales se hallan en Groenlandia, así como el 25% de las llamadas tierras raras (neodimio, disprosio, itrio...), que son fundamentales en la producción de nuevas tecnologías.

Interés de China y EEUU

Las perspectivas que abre la mayor posibilidad de navegación a través el Ártico ha llevado a que las potencias árticas elaboraren sus estrategias. Pero también China, interesada en una Ruta de la Seda Polar, ha buscado modos de estar presente el círculo ártico, y ha encontrado en Groenlandia una puerta.

La política exterior de China se concreta en gran medida en la ejecución de proyectos en zonas donde su poderío financiero es necesario, y así lo está haciendo en lugares requeridos de desarrollo como en África y Latinoamérica. Ese tipo de actuación también lo está llevando a cabo en Groenlandia, donde empresas chinas se encuentran presentes desde 2008. Los principales partidos políticos daneses ven con reticencia esa conexión con Pekín, pero la realidad es que mucha de la población groenlandesa, que en más del 80% es de origen inuit, valora positivamente las posibilidades de desarrollo local que abren las inversiones chinas. Esa diferente perspectiva se puso de manifiesto especialmente cuando en 2018 el gobierno de este territorio autónomo promovió tres aeropuertos internacionales (ampliación del de la capital, Nuuk, y construcción en los lugares turísticos de Ilulimat y Qaqortog), lo que en conjunto suponía la mayor contratación de obra pública de su historia. Aunque rápidamente desde China llegó una oferta de la constructora estatal CCCC, finalmente Copenhague decidió aportar fondos públicos daneses y participar en la propiedad de los aeropuertos, dados los recelos que levantaba la iniciativa china.

China está presente, en cualquier caso, en cuatro proyectos previos, relacionados con la minería y gestionados tanto por empresas estatales como privadas, todas ellas siguiendo los propósitos geopolíticos del gobierno chino, cuyo Ministerio de Tecnología de la Información e Industria ha expresado su interés por la actividad en Groenlandia. Esos cuatro proyectos son el de Kvanefjeld para la extracción de tierras raras, financiado principalmente Shenghe Resources; el de Iusa para la extracción de hierro, completamente financiado por General Nice; el de Wegener Halvø para la extracción de cobre, sostenido por Jiangxi Zhongrun tras un acuerdo con Nordic Mining en 2008; y por último, el denominado Citronen Base Metal, a cargo de China Nonferrus Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction (NFC).

Estados Unidos no se queda atrás en el interés por Groenlandia. Ya en la década de 1860 el presidente estadounidense Andrew Johnson destacó la importancia de Groenlandia en cuanto a recursos y posición estratégica. Casi un siglo después, en 1946, Harry Truman ofreció al gobierno danés comprar Groenlandia por 100 millones de dólares en oro. Aunque la oferta fue rechazada por Dinamarca, este país sí aceptó el establecimiento en 1951 de una base aérea estadounidense en Thule. Se trata de la base militar más septentrional del mundo, que fue clave en el transcurso de la Guerra Fría y aún hoy sigue funcionando. Esta base supone para EEUU una ventaja no solo ante la apertura comercial de nuevas travesías marítimas, sino ante una hipotética coalición chino-rusa que busque dominar la ruta del Norte. En otras palabras, dada la doble vertiente en la importancia de Groenlandia (recursos naturales y seguridad), se entiende que alguien tan poco convencional como Donald Trump haya vuelto a sugerir la posibilidad de comprar la inmensa isla, algo que Copenhague ha declinado.

 

Proyección de rutas a través del Ártico; la fila superior corresponde al deshielo que podría producirse con bajas emisiones, la inferior en el caso de altas emisiones [Arctic Council]

Proyección de rutas a través del Ártico; la fila superior corresponde al deshielo que podría producirse con bajas emisiones, la inferior en el caso de altas emisiones [Arctic Council]

 

En el centro de un ‘Great Game’

Al margen de la inviabilidad hoy de una operación de ese tipo sin tener en cuenta, entre otras cosas, la voluntad de la población, es cierto que está teniendo lugar un Great Game entre los principales actores internacionales por contar con Groenlandia entre sus cartas geoestratégicas.

1) Estados Unidos ya cuenta con presencia militar en Groenlandia, así como con buenas relaciones con Dinamarca e Islandia, ambos miembros de la OTAN, por lo que el control del estrecho de Dinamarca está garantizado, así como del espacio entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido (conocido como GIUK Gap), que comunica el Ártico con el Atlántico Norte. No obstante, Washington deberá cambiar su estrategia si quiere hacerse con el control de Groenlandia, comenzando por mejorar sus relaciones con el gobierno danés y financiando proyectos en la isla.

2) Aunque sin protagonismo en relación a Groenlandia, Rusia goza de preeminencia en toda la región ártica. Es, con diferencia, el país con más presencia militar en la zona, habiendo reutilizado algunas de las instalaciones soviéticas. Es la potencia hegemónica en toda la ruta Norte, considerada por el Kremlin como la principal vía de comunicación nacional. Dado el imperio absoluto de Rusia sobre esta vía, el hielo que todavía la cubre durante gran parte del año, y el control de los EEUU en su vertiente atlántica, esta Ruta no supondrá (al menos en principio) una alternativa real y rentable al estrecho de Malaca, para desasosiego de China.

3) China presentó en 2018 su libro blanco sobre su política para el Ártico, en el que se definió como “potencia casi ártica”. De momento, se ha fijado en Groenlandia como punto fundamental en su Ruta de la Seda Polar. La ruta del Norte acortaría alrededor de una semana el tiempo de transporte entre los puertos asiáticos y europeos y sería una alternativa más que necesaria al estrecho de Malaca. En la gran isla se ha centrado Hasta ahora en la extracción de recursos, siguiendo su particular y cauto modus operandi. Además, los fondos chinos suponen para los groenlandeses una alternativa a la dependencia absoluta de Dinamarca, lo que adicionalmente favorece las pretensiones nacionalistas de la isla.