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Tailandia ante otro intento de volver a la democracia

Tras cuatro años de junta militar, las próximas elecciones abren la posibilidad de retornar a una legitimidad demasiado interrumpida por golpes de Estado

Tailandia ha conocido diversos golpes de Estado e intentos de vuelta a la democracia en su historia más reciente. La Junta militar que se hizo con el poder en 2014 ha convocado elecciones para el 24 de marzo. El deseo, sin éxito, de la hermana del rey Maha Vajiralongkorn de concurrir a las elecciones para acceder al puesto de primera ministra ha llamado la atención mundial sobre un sistema político que no logra atender las aspiraciones políticas de los tailandeses. 

Escena de una calle de Bangkok [Pixabay]

▲ Escena de una calle de Bangkok [Pixabay]

ARTÍCULOMaría Martín Andrade

Tailandia es uno de los países integrantes de ASEAN que más rápido se está desarrollando en términos económicos. No obstante, estos avances se encuentran con un difícil obstáculo: la inestabilidad política que el país arrastra desde principios del siglo XX y que abre un nuevo capítulo ahora, en 2019, con las elecciones que tendrán lugar el 24 de marzo. Estas elecciones suponen un antes y un después en la política tailandesa reciente, después de que en 2014, el general Prayut Chan-Ocha diese un golpe de Estado y se convirtiera en primer ministro de Tailandia encabezando el NCPO (Consejo Nacional para la Paz y el Orden), la junta de gobierno constituida para dirigir el país.

Sin embargo, no son pocos los que se muestran escépticos ante esta nueva entrada de la democracia. Para empezar, las elecciones se fijaron inicialmente para el 24 de febrero, pero poco tiempo después el Gobierno anunció un cambio de fecha y las convocó para un mes más tarde. Algunos han expresado sospechas acerca de una estrategia para que las elecciones no tengan lugar, ya que, según la ley, no pueden celebrarse una vez transcurridos ciento cincuenta días a partir de la publicación de las diez últimas leyes orgánicas. Otros temen que el NCPO se haya dado más tiempo para comprar votos, al tiempo que comentan su inquietud por la posibilidad de que la Comisión Electoral, que es una administración independiente, sea manipulada para lograr un éxito que a la junta militar le va a resultar difícil asegurar.

Centrando este análisis en lo que el futuro depara a la política tailandesa, es necesario remontarse a su trayectoria en el último siglo para darse cuenta de que sigue una estela circular.

Los golpes de Estado no son algo nuevo en el país (1). Ha habido doce desde que en 1932 se firmó la primera Constitución. Todo responde a una interminable pugna entre el “ala castrense”, que ve el constitucionalismo como una importación occidental que no termina de encajar con las estructuras tailandesas (también defiende el nacionalismo y venera la imagen del rey como símbolo de la nación, la religión budista y la vida ceremonial), y la “órbita izquierdista”, originariamente compuesta por emigrantes chinos y vietnamitas, que percibe la institucionalidad del país como similar a la de la “China pre-revolucionaria” y que a lo largo de todo el siglo XX se expresó por medio de guerrillas. A esta última ideología hay que añadir el movimiento estudiantil, que desde los comienzos de la década de 1960 critica la “americanización”, la pobreza, el orden tradicional de la sociedad y el régimen militar.

Con el boom urbano iniciado en la década de 1970, el producto interior bruto se quintuplicó y el sector industrial pasó a ser el de mayor crecimiento, gracias a la producción de bienes tecnológicos y a las inversiones que las empresas japonesas empezaron a hacer en el país. Durante esta época se produjeron golpes de Estado, como el de 1976, y numerosas manifestaciones estudiantiles y acciones guerrilleras. Tras el golpe de 1991 y nuevas elecciones se abrió un debate sobre cómo crear un sistema político eficiente y una sociedad adaptada a la globalización.

Estos esfuerzos se truncaron cuando llegó la crisis económica de 1997, que generó divisiones y despertó rechazo hacia la globalización, por considerarla la fuerza maligna que había llevado el país a la miseria. Es en este punto cuando entró en escena alguien que desde entonces ha sido clave en la política tailandesa y que sin duda marcará las elecciones de marzo: Thaksin Shinawatra.

Shinawatra, un importante empresario, creó el partido Thai Rak Thai (Thai ama Thai) como reacción nacionalista a la crisis. En 2001 ganó las elecciones y apostó por el crecimiento económico y la creación de grandes empresas, pero a la vez ejerció un intenso control sobre los medios de comunicación, atacando a aquellos que se atrevían a criticarle y permitiendo únicamente la publicación de noticias positivas. En 2006 se produjo un golpe de Estado para derrocar a Shinawatra, acusado de graves delitos de corrupción. No obstante,  Shinawatra volvió a ganar los comicios en 2007, esta vez con el Partido del Poder Popular.

En 2008 se produjo una nueva asonada, pero la marca Shinawatra, representada por la hermana del exprimer ministro, ganó las elecciones en 2011, esta vez con el partido Pheu Thai. Yingluck Shinawatra se convirtió así en la primera mujer en presidir el Gobierno de Tailandia. En 2014 otro golpe la apartó a ella e instauró una junta que ha gobernado hasta ahora, con un discurso basado en la lucha contra la corrupción, la protección de la monarquía, y el rechazo a las políticas electorales, consideradas como la epidemia nacional.

En este contexto, todo el esfuerzo de la junta, que se presenta en marzo bajo el nombre del partido Palang Pracharat, se ha centrado en debilitar a Pheu Thai y así eliminar del mapa todo rastro que quede de Shinawatra. Para conseguir esto, la junta ha procedido a reformar el sistema electoral (en 2016 una nueva Constitución sustituyó a la de 1997), de forma que el Senado ya no es elegido por los ciudadanos.

A pesar de todos los esfuerzos manifestados en la compra de votos, la posible manipulación de la Comisión Electoral y la reforma del sistema electoral, se intuye que la sociedad tailandesa puede hacer oír su voz de cansancio del gobierno militar, que además pierde apoyo en Bangkok y en el sur. A esto se añade el convencimiento colectivo de que, más que perseguir el crecimiento económico, la Junta se ha centrado en conseguir la estabilidad haciendo más desigual la economía de Tailandia, según datos de Credit Suisse. Por ello mismo, el resto de los partidos que se presentan a estas elecciones, Prachorath, Pheu Thai, y Bhumjaithai, coinciden en que Tailandia se tiene que volver a integrar en la competencia global y que el mercado capitalista tiene que crecer.

A principios de febrero el contexto se complicó aún más, cuando la princesa Ulboratana, la hermana del actual rey, Maha Vajiralongkorn, comunicó la presentación de su candidatura en las elecciones como representante del partido Thai Raksa Chart, aliado de Thaksin Shinawatra. Esta noticia supuso una gran anomalía, no únicamente por el hecho de que un miembro de la monarquía mostrase su intención de participar activamente en política, algo que no ocurría desde que en 1932 se pusiera fin a la monarquía absoluta, sino porque además todos los golpes de estado que se han dado en el país han contado con el respaldo de la familia real. El último, de 2014, contó con la bendición del entonces rey Bhumibol. Asimismo, la familia real siempre ha contado con el apoyo de la Junta militar.

En aras de evitar un enfrentamiento que dañaba a la monarquía, el rey reaccionó con rapidez y mostró públicamente su rechazo a la candidatura de su hermana; finalmente la Comisión Electoral decidió retirarla del proceso de elecciones.

Gobierno deficiente

Durante los últimos años la Junta militar ha sido responsable de mala gobernanza, de la débil institucionalidad del país y de una economía amenazada por las sanciones internacionales que buscan castigar la falta de democracia interna.

Para empezar, siguiendo el artículo 44 de la Constitución proclamada en 2016, el NCPO tiene legitimidad para intervenir en los poderes legislativo, judicial y ejecutivo con el pretexto de proteger a Tailandia de amenazas contra el orden público, la monarquía o la economía. Esto no solo impide toda posibilidad de interacción y resolución efectiva de conflictos con otros actores, sino que es un rasgo inequívoco de un sistema autoritario.

Han sido precisamente sus características de régimen autoritario, que es como se puede calificar a su sistema gubernamental, las que han hecho a la comunidad internacional reaccionar desde el golpe de 2014, imponiendo diversas sanciones que pueden afectar a Tailandia seriamente. Estados Unidos suspendió 4,7 millones de dólares de asistencia financiera, mientras que Europa ha puesto objeciones en la negociación de un acuerdo de libre comercio, pues como ha indicado Pirkka Tappiola, representante de la UE ante Tailandia, solo será posible establecer un acuerdo de ese tipo con un gobierno democráticamente elegido. Además, Japón, principal inversor en el país, ha empezado a buscar vías alternativas, implantando fábricas en otros lugares de la región como Myanmar o Laos.

Ante el cuestionamiento de su gestión, la Junta reaccionó dedicando 2.700 millones de dólares a programas destinados a los sectores más pobres de la población más pobres, especialmente los campesinos, e invirtiendo cerca de 30.000 millones en la construcción de infraestructuras en zonas aún no explotadas.

Dado que las exportaciones en Tailandia son el 70% de su PIB, el Gobierno no se puede permitir el lujo de tener a la comunidad internacional enfrentada. Eso explica que la Junta creara un comité para gestionar problemas referentes a los derechos humanos, denunciados desde el exterior, si bien el objetivo de la iniciativa parece haber sido más bien publicitario.

De cara a una nueva etapa democrática, la Junta tiene una estrategia. Habiendo puesto la mayor parte de sus esfuerzos en la creación de nuevas infraestructuras, espera abrir un corredor económico, el Eastern Economic Corridor (EEC), con el que convertir las tres principales provincias costeras (Chonburi, Rayong, y Chachoengsao) en zonas económicas especiales donde se potencien industrias como las del automóvil o la aviación, y que sean atractivas para la inversión extranjera una vez despejada la legitimación democrática.

Es difícil prever qué ocurrirá en Tailandia en las elecciones del 24 de marzo. Aunque casi todo habla de una nueva vuelta a la democracia, está por ver el resultado del partido creado por los militares (Pralang Pracharat) y su firmeza en el compromiso con un juego institucional realmente honesto. Si Tailandia quiere seguir creciendo económicamente y atraer de nuevo a inversores extranjeros, los militares debieran dar pronto paso a un proceso completamente civil. Posiblemente no será un camino sin contratiempos, pues la democracia es un vestido que hasta ahora le ha venido un tanto ajustado al país.

 

(1) Baker, C. , Phongpaichit, P. (2005). A History of Thailand. Cambridge, Univeristy Press, New York.