Agendas de Paz y Seguridad sin blindaje: Desafíos y oportunidades desde América Latina

1. Introducción

La paz y la seguridad internacionales atraviesan un proceso de transformación que cuestiona los marcos tradicionales del multilateralismo. Frente a un escenario global marcado por crisis trasnacionales —conflictos armados, crimen organizado, colapsos institucionales y violencia estructural—, las Naciones Unidas han impulsado una reorientación estratégica de sus mecanismos de gobernanza. El Pacto para el Futuro (A/RES/79/1), adoptado por la Asamblea General en 2024, sintetiza este impulso, apostando por un enfoque más inclusivo, preventivo y sostenible. No obstante, su contenido refleja sobre todo las prioridades de los actores más activos en su formulación, entre los cuales América Latina tuvo una participación limitada. Su implementación, por tanto, dependerá de la capacidad de adaptación y apropiación regional, así como de la generación de propuestas propias que dialoguen con las nuevas agendas multilaterales[1].

En este sentido, aunque la región históricamente ha promovido el derecho internacional, el desarme y la resolución pacífica de controversias[2], hoy enfrenta desafíos comunes que afectan su proyección internacional: violencia organizada persistente, debilidad institucional, fragmentación política y baja capacidad de incidencia global. Esta paradoja —entre una identidad normativa fuerte y una proyección estratégica débil— limita su papel en la configuración del nuevo multilateralismo.

Este análisis examina cómo América Latina puede transitar de ser una región receptora de agendas globales a participar como co-diseñadora de soluciones en el ámbito de la paz y la seguridad. A partir de un diagnóstico sobre la desconexión entre los compromisos multilaterales (Agenda 2030, Nuestra Agenda Común y el Pacto para el Futuro) y las realidades regionales, esbozamos una propuesta para una arquitectura de paz y seguridad latinoamericana. Dicha propuesta se articula en torno a cuatro ejes estratégicos: un sistema de alerta temprana regional, un foro técnico de seguridad multidimensional, el fortalecimiento del rol de la OEA y una agenda latinoamericana de formación, investigación y diplomacia para la paz. A estos ejes se suma una condición estructural transversal: el fortalecimiento de las capacidades estatales y la coherencia entre los compromisos internacionales y las prácticas domésticas. En un escenario global en transformación, sostenemos que América Latina tiene la oportunidad para dejar de ser receptora de agendas externas y convertirse en promotora de una agenda de seguridad regional que dialogue y complemente las agendas globales.

2. Radiografía regional: inseguridad estructural y multilateralismo débil

América Latina ha sido durante décadas percibida como una región sin guerras interestatales, no obstante, esta imagen contrasta con la magnitud de sus crisis de seguridad interna. A pesar de concentrar tan solo el 9 % de la población mundial, registra aproximadamente un tercio de los homicidios globales[3]. En 2021, la región registró una tasa promedio de 19,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, y para 2024, según datos de InSight Crime, la cifra ascendió a 20,2. De ese total, el crimen organizado fue responsable del 50 % de los homicidios, más del doble del promedio global (22 %)[4]. Esta violencia, aunque no califique jurídicamente como conflicto armado, es sistemática, generalizada y desestabilizadora.

Esta situación obliga a repensar las categorías tradicionales de la seguridad internacional. La región enfrenta un tipo de violencia estructural y organizada que se manifiesta en redes criminales transnacionales, mercados ilícitos, colapso institucional y pérdida del monopolio estatal de la fuerza. Más que una simple expresión de criminalidad se trata de un fenómeno que es al mismo tiempo consecuencia y motor de la erosión de la gobernabilidad democrática, la fragilidad del Estado de derecho y la fragmentación del tejido social. Situación agudizada por la criminalización de la pobreza y la exclusión persistente de sectores históricamente marginados[5].

El caso de México resulta paradigmático. Desde el inicio de la estrategia de militarización contra el narcotráfico en 2006 hasta principios de 2023[6], el país acumuló más de 430.000 homicidios dolosos[7] y 115.000 personas desaparecidas, según cifras del INEGI y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas[8]. Estas cifras evidencian un deterioro sostenido de la seguridad pública, la captura de espacios estatales por parte del crimen organizado y la violación sistemática de derechos humanos. La violencia no es solo consecuencia del narcotráfico pues responde a la ausencia estatal, la impunidad judicial y la precariedad institucional en amplias zonas del país.

Fenómenos similares se observan en el Triángulo Norte de Centroamérica. En El Salvador, Honduras y Guatemala, las maras han establecido sistemas paralelos de justicia informal y control coercitivo de comunidades, provocando desplazamientos forzados y migración masiva[9]. La violencia golpea de forma desproporcionada a los jóvenes toda vez que, en la región, la tasa de homicidio en varones de entre 15 y 29 años fue de 53,6 por cada 100.000[10].

Más recientemente, Ecuador ha emergido como un caso crítico de deterioro acelerado. La tasa de homicidios pasó de 13,7 en 2021 a 44,5 en 2023, situándose entre los países más violentos de la región[11]. Este cambio vertiginoso se debe en parte a su posición geográfica entre Colombia y Perú, países con fuerte presencia en la producción de cocaína, y a la reorganización del narcotráfico tras la desmovilización de las FARC, que dejó un vacío disputado por bandas criminales[12]. En poco tiempo, Ecuador pasó de ser un país estable a uno con alarmantes niveles de violencia e infiltración criminal.

Colombia, por su parte, ofrece un contraste entre los avances en materia de paz formal y los límites de su implementación real. A siete años del Acuerdo de Paz con las FARC-EP (2016), solo el 32 % de sus disposiciones han sido implementadas en mayor grado, mientras que el 39 % se encuentra en estado mínimo de desarrollo y un 10 % permanece sin iniciar, según el informe del KROC Institute (2023)[13]. La persistencia de economías ilegales, la presencia de disidencias armadas y los asesinatos de líderes sociales son reflejo de una paz frágil, profundamente amenazada por la falta de transformación estructural y presencia real del Estado en las zonas más afectadas por el conflicto[14].

En paralelo, los indicadores institucionales de la región reflejan una fragilidad crítica. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2023), varios países presentan una preocupante erosión del estado de derecho, marcada por la concentración del poder, la pérdida de independencia judicial y el debilitamiento del espacio cívico. La corrupción, la baja eficiencia procesal y el acceso desigual a la justicia obstaculizan la garantía de derechos fundamentales. La medición del ODS 16, centrada en indicadores como tasa de homicidios, percepción de corrupción, acceso a la justicia y libertad de prensa, muestra un rezago persistente que permite pronosticar con facilidad que la región no alcanzará ninguna de sus metas para 2030[15].

Desde un análisis regional, América Latina enfrenta limitaciones significativas en cuanto a una estructura regional eficaz y articulada para la cooperación en seguridad. Organismos como la Organización de los Estados Americanos (OEA), aunque cuentan con mandatos amplios en materia de seguridad, han visto reducida su capacidad operativa concreta debido a tensiones políticas internas y falta de recursos específicos para enfrentar de manera coordinada las amenazas transnacionales[16]. Por su parte, iniciativas como el Consejo de Defensa Suramericano, impulsado bajo la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), se han visto seriamente debilitadas o prácticamente desaparecidas debido a la politización ideológica, la falta de liderazgo efectivo y la ausencia de capacidades técnicas sostenidas[17].

A diferencia de otras regiones del Sur Global, América Latina carece de un mecanismo continental robusto y consolidado que permita gestionar eficazmente amenazas transnacionales con un enfoque técnico, sostenible y no politizado[18]. África cuenta con mecanismos activos como AFRIPOL, un organismo de cooperación policial continental establecido bajo la Unión Africana desde 2017, con mandatos específicos en crimen organizado, terrorismo y delitos financieros, que mantiene colaboración estrecha con INTERPOL y otros socios internacionales[19]. Además, el Sistema de Alerta Temprana Continental de la Unión Africana (CEWS) permite monitorear y anticipar dinámicas de inseguridad desde una perspectiva regional[20]. En Asia sudoriental, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) implementa un Plan de Acción para Combatir el Crimen Transnacional, gestionado a través de mecanismos como la Reunión Ministerial sobre Crimen Transnacional (AMMTC) y ASEANAPOL, que promueven la cooperación técnica, el desarrollo de capacidades policiales y el intercambio de información entre sus miembros[21]. La ausencia de estructuras similares en América Latina revela una brecha relevante en la capacidad regional para enfrentar amenazas compartidas mediante mecanismos integrados, técnicos y con mandatos claros.

En suma, América Latina se enfrenta a una forma de inseguridad persistente que escapa a las categorías tradicionales de conflicto armado, pero que mina las bases mínimas para la paz. La violencia estructural, la debilidad institucional y la impunidad se combinan con la ausencia de mecanismos regionales eficaces para la cooperación y la prevención. Mientras otras regiones del Sur Global han logrado articular respuestas técnicas y sostenidas frente a amenazas compartidas (aún con limitaciones cuyo análisis escapa de este trabajo), América Latina continúa atrapada entre esfuerzos nacionales desarticulados y organismos regionales debilitados. Esta carencia restringe la posibilidad de participar activamente en la reforma del multilateralismo global. Superar este estancamiento exige repensar las herramientas disponibles, fortalecer las capacidades estatales y construir una arquitectura de paz que surja desde y para la región.

3. Entre normas globales y realidades regionales

Si bien los desafíos estructurales analizados hasta ahora permiten comprender muchas de las limitaciones de América Latina en materia de seguridad y gobernanza, también es necesario reconocer que la región ha construido, en paralelo, una trayectoria normativa significativa. A lo largo de las últimas décadas, diversos Estados latinoamericanos han mostrado una disposición activa a participar en marcos multilaterales, impulsar enfoques de seguridad no militarizados y promover el respeto al derecho internacional. La temprana suscripción del Tratado de Tlatelolco (1967), la defensa de la solución pacífica de controversias, la inclusión del concepto de seguridad multidimensional en la OEA (2003) y la participación constante en procesos como la Agenda 2030 son expresión del compromiso regional con el multilateralismo. Sin embargo, estos avances normativos conviven con limitaciones persistentes en su implementación práctica y con una baja capacidad de proyección estratégica en los espacios de decisión global.

Un ejemplo relevante de este desajuste es la implementación del ODS 16, centrado en la construcción de sociedades pacíficas, justas e inclusivas. La mayoría de los países latinoamericanos han incorporado este objetivo en sus planes nacionales de desarrollo y han presentado informes voluntarios ante los foros internacionales correspondientes[22]. No obstante, según los últimos informes de seguimiento, el ODS 16 figura entre los más rezagados en la región, sin previsión de alcanzar sus metas para 2030[23]. Más allá de los problemas técnicos para la recolección de datos, persisten obstáculos estructurales como la impunidad, la violencia crónica, la corrupción sistémica y la debilidad institucional[24]. Indicadores como el acceso a la justicia, la percepción de la corrupción o la libertad de prensa muestran una tendencia estancada o en retroceso, lo que evidencia una desconexión entre los compromisos adoptados y la capacidad real de cumplimiento[25].

La brecha entre compromisos y resultados también se observa en la recepción regional de Nuestra Agenda Común (2021), donde el Secretario General de la ONU planteó una renovación del multilateralismo, centrada en la prevención de conflictos, la resiliencia institucional y la consolidación de la paz a largo plazo. Aunque la región comparte muchas de estas premisas —como la importancia de la justicia social y el enfoque preventivo—, el documento no hace referencia a los contextos donde la violencia no se manifiesta como conflicto armado abierto, como es el caso de América Latina. Por ello, los mecanismos propuestos resultan insuficientes si no se acompañan de herramientas adaptadas a estas dinámicas.

Posteriormente, el Pacto para el Futuro (2024) amplió este marco al reconocer que la paz y la seguridad no pueden desvincularse del desarrollo sostenible, la inclusión social y el respeto a los derechos humanos. Su acción 24 identifica expresamente la delincuencia organizada y los flujos financieros ilícitos como amenazas directas a la paz y al desarrollo[26]. Este reconocimiento constituye un avance relevante, especialmente para América Latina. Sin embargo, el documento sigue sin ofrecer mecanismos operativos para abordar estas amenazas en contextos donde no hay guerras convencionales, pero sí una descomposición sostenida del tejido institucional. Con ello, la arquitectura multilateral continúa funcionando, en buena medida, sobre categorías rígidas que dejan fuera formas contemporáneas de inseguridad que afectan particularmente a la región.

Esta tensión entre normas globales y realidades regionales no puede resolverse con mayor adhesión formal a marcos internacionales, sino con una transformación en la forma en que se diseñan, financian y ejecutan las políticas multilaterales. América Latina necesita no solo aplicar agendas globales, sino participar activamente en su construcción incidiendo en su contenido y alcance.

4. La paradoja latinoamericana

Como hemos venido incidiendo, aunque América Latina cuenta con una base normativa sólida y un compromiso histórico con el multilateralismo, esta posición no se ha traducido en una capacidad real de incidencia en la arquitectura internacional de paz. La región carece de mecanismos para transformar sus marcos normativos en herramientas de influencia estratégica. Destacamos como causas de dicha carencia, entre otras cosas, la fragmentación intergubernamental, la ausencia de plataformas regionales estables y la discontinuidad de las políticas exteriores de los Estados de la región.

Con frecuencia, los posicionamientos regionales dependen del empuje de gobiernos (o actores) individuales o de coyunturas diplomáticas concretas, en lugar de apoyarse en una institucionalidad compartida y sostenida en el tiempo. Un ejemplo claro fue la propuesta brasileña de la “Responsabilidad al Proteger” (Responsibility while Protecting), presentada por la embajadora Maria Luiza Ribeiro Viotti ante el Consejo de Seguridad en noviembre de 2011, bajo el liderazgo del entonces ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Patriota. Surgida tras la controvertida intervención en Libia, la iniciativa buscaba introducir salvaguardias y mecanismos de rendición de cuentas al principio emergente de la Responsabilidad de Proteger (R2P)[27]. Si bien logró cierto eco en el plano multilateral durante 2012, perdió impulso al año siguiente con la salida de Patriota, reflejando así cuán frágiles pueden ser estas propuestas cuando no están respaldadas por estructuras institucionales que las mantengan activas más allá de sus promotores iniciales.

El problema, sin embargo, no se limita a la falta de coordinación interestatal. La escasa articulación entre las agendas exteriores y las condiciones internas de gobernabilidad refuerza esta paradoja. La proyección de la región se ve condicionada por su propia vulnerabilidad doméstica. En otras palabras, sin un sustento interno coherente con los valores que se defienden en los foros multilaterales, cualquier aspiración de liderazgo regional resulta frágil y difícil de sostener. Superar esta paradoja requiere una visión compartida, estructuras regionales operativas permanentemente y una acción exterior coherente con el fortalecimiento democrático e institucional dentro de los propios Estados.

Si se lograran superar estos obstáculos —tanto internos como externos—, existen referentes con capacidad demostrada para ejercer liderazgo regional en el ámbito de la paz internacional. Brasil y México constituyen los ejemplos más visibles. Brasil, al asumir el mando militar de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) entre 2004 y 2017, desempeñó un rol central en una de las operaciones más complejas de Naciones Unidas. Su participación fue clave tanto en el plano operativo como en la consolidación de una narrativa de soluciones latinoamericanas para desafíos latinoamericanos[28].

México, por su parte, mostró una proyección diplomática activa durante su mandato como miembro no permanente del Consejo de Seguridad entre 2021 y 2022. Lideró iniciativas sobre diplomacia preventiva, corrupción y tráfico de armas; presidió el Comité 1540 sobre no proliferación; impulsó el Grupo Informal sobre Mujeres, Paz y Seguridad; y promovió la rendición de cuentas a través de la Corte Penal Internacional. Además, logró un papel como corredactor en resoluciones sobre Colombia y Haití, una función normalmente reservada a miembros permanentes del Consejo. Estas acciones reflejan un potencial diplomático significativo en la región, con capacidad de incidir en temas estratégicos, que puede —y debería— servir como base para una agenda regional más articulada y proactiva[29].

5. La reforma del multilateralismo en seguridad: un momento clave para la proyección latinoamericana

Es fundamental aclarar que no se ha producido una reforma del sistema internacional de paz y seguridad en términos jurídicos o institucionales. No obstante, las Naciones Unidas atraviesan un proceso de reorientación estratégica y discursiva que busca actualizar y reforzar el multilateralismo[30]. Esta voluntad ha guiado los tres documentos abordados a lo largo de este análisis: el informe Nuestra Agenda Común (2021), la propuesta de una Nueva Agenda para la Paz (2023) y la adopción del Pacto para el Futuro por parte de la Asamblea General en septiembre de 2024. Estos documentos no modifican la Carta de las Naciones Unidas ni alteran la estructura del Consejo de Seguridad, pero sí proponen una transformación del enfoque global de seguridad y apuestan por una arquitectura más inclusiva, preventiva y sostenible.

Estos documentos se han enfocado —de manera progresiva— a reconocer que los conflictos armados interestatales no son la única amenaza a la paz. La interdependencia entre la seguridad internacional, las desigualdades estructurales, las crisis ambientales, las vulnerabilidades digitales y el debilitamiento de las instituciones obliga a repensar la acción colectiva desde un enfoque multidimensional. El llamado a la renovación del multilateralismo plantea una visión más cooperativa del mantenimiento de la paz, en la que los actores regionales no solo ejecuten mandatos definidos en el Norte Global, sino que participen activamente en el diseño de soluciones.

Este contexto representa una oportunidad para América Latina a pesar de su escasa participación en los debates preparatorios del Pacto para el Futuro[31]. Mientras otros grupos regionales, como la Unión Africana, lograron introducir prioridades propias —incluyendo el refuerzo del financiamiento a operaciones de paz lideradas por organizaciones regionales— América Latina ha quedado al margen de las negociaciones sustantivas.

Más allá de esta ausencia coyuntural, lo que está en juego es si América Latina será capaz de proyectar una visión situada de la paz internacional, que responda a los desafíos concretos que enfrenta su población y al mismo tiempo dialogue con las agendas multilaterales emergentes. En lugar de replicar enfoques exógenos o adaptarse pasivamente a marcos ya definidos, la región tiene la posibilidad de —debe— contribuir con propuestas basadas en su experiencia en procesos de transición, justicia restaurativa, desmilitarización de la seguridad pública y gobernanza territorial. Se trata, en definitiva, de pasar de ser receptores normativos a coautores de la arquitectura de paz[32].

Esta posibilidad, sin embargo, requiere una estrategia articulada. América Latina necesita coordinar posiciones regionales, construir alianzas interregionales, fortalecer sus capacidades diplomáticas y generar conocimiento especializado que alimente su voz en los foros multilaterales. No basta con adherirse a las nuevas agendas para la paz pues es necesario disputar su interpretación, su implementación y sus prioridades. El momento actual ofrece una ventana de oportunidad que no estará abierta indefinidamente[33]. Aprovecharla dependerá de la voluntad política, la convergencia regional y la capacidad de traducir sus aspiraciones en propuestas concretas y sostenibles.

6. Prioridades estratégicas para una arquitectura latinoamericana de paz

Si América Latina desea desempeñar un papel activo en la transformación del multilateralismo contemporáneo, necesita avanzar hacia la construcción de una arquitectura regional de paz que trascienda la persistente fragmentación institucional y la dependencia de iniciativas individuales. Esta arquitectura no debe entenderse como un nuevo organismo supranacional, sino como un conjunto articulado de capacidades, redes y mecanismos sostenibles que permitan anticipar riesgos, coordinar respuestas y representar los intereses regionales en la gobernanza internacional de la paz.

El primer paso es establecer un sistema regional de alerta temprana y análisis de riesgos, capaz de identificar y monitorear dinámicas de violencia estructural, criminalidad organizada y desestabilización institucional. Este sistema debe sustentarse en fuentes de información confiables, cooperación técnica entre Estados y alianzas con centros de investigación, universidades y organizaciones sociales. La anticipación de crisis no puede depender exclusivamente de agencias globales pues debe surgir de un diagnóstico situado y sensible a las especificidades del contexto latinoamericano.

En segundo lugar, resulta indispensable crear un foro técnico permanente de seguridad multidimensional[34], donde se articulen experiencias nacionales, se intercambien buenas prácticas y se definan estrategias conjuntas frente a amenazas comunes. Este foro puede funcionar bajo el paraguas de la OEA o de un mecanismo subregional flexible, siempre que garantice continuidad técnica, autonomía operativa y representatividad regional.

Unido a lo anterior, la revitalización de la OEA es otro componente clave, pues la OEA puede ser la plataforma de articulación entre necesidades regionales y las agendas globales. Si bien su legitimidad ha sido cuestionada en distintos momentos, su capacidad normativa y su cobertura hemisférica son sus principales activos. Reorientar su rol hacia el fortalecimiento democrático, la protección de derechos y la consolidación de la paz requeriría evitar su politización, reforzar sus unidades técnicas y promover una mayor participación de los Estados en sus decisiones estratégicas.

Asimismo, es prioritario invertir en una agenda latinoamericana de formación, investigación y diplomacia para la paz. La región necesita una masa crítica de expertos, negociadores, analistas y diplomáticos capaces de formular propuestas, liderar procesos y representar a América Latina en espacios multilaterales. Las universidades, escuelas diplomáticas y redes académicas regionales pueden desempeñar un rol fundamental en esta tarea. La producción de conocimiento propio y contextualizado es una condición indispensable para fortalecer la voz latinoamericana en la arquitectura global.

Finalmente, cualquier estrategia regional debe estar acompañada por un compromiso sostenido con el fortalecimiento institucional dentro de los Estados. La coherencia entre los principios que se defienden en el plano internacional y las prácticas domésticas es un requisito básico para cualquier aspiración de liderazgo. No es posible proyectar una visión de paz sin enfrentar la impunidad, la corrupción o la violencia estatal dentro de las propias fronteras.

Construir una arquitectura regional de paz, por tanto, exige voluntad política, visión compartida y una diplomacia estratégica basada en el conocimiento y la cooperación. La ventana de oportunidad abierta por el impulso hacia el multilateralismo no será indefinida. América Latina tiene los marcos normativos y las bases para fortalecer sus infraestructuras regionales que le permitan convertirse en una región propositiva, no solo receptora de iniciativas de seguridad. El reto consiste en convertir esa potencialidad en una estrategia coherente, sostenida y con visión de futuro.

María Gabriela Fajardo Mejía es investigadora predoctoral de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra, Máster en Derechos Humanos y Máster en Derecho Internacional 

* Este ensayo es una versión abreviada de la comunicación presentada en la Joint International Conference ‘Positioning Latin America and Mexico in International Relations’, organizada por la International Studies Association junto con la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales.