Tras cuatro años de junta militar, las próximas elecciones abren la posibilidad de retornar a una legitimidad demasiado interrumpida por golpes de Estado

Tailandia ha conocido diversos golpes de Estado e intentos de vuelta a la democracia en su historia más reciente. La Junta militar que se hizo con el poder en 2014 ha convocado elecciones para el 24 de marzo. El deseo, sin éxito, de la hermana del rey Maha Vajiralongkorn de concurrir a las elecciones para acceder al puesto de primera ministra ha llamado la atención mundial sobre un sistema político que no logra atender las aspiraciones políticas de los tailandeses. 

▲ Escena de una calle de Bangkok [Pixabay]

ARTÍCULO / María Martín Andrade

Tailandia es uno de los países integrantes de ASEAN que más rápido se está desarrollando en términos económicos. No obstante, estos avances se encuentran con un difícil obstáculo: la inestabilidad política que el país arrastra desde principios del siglo XX y que abre un nuevo capítulo ahora, en 2019, con las elecciones que tendrán lugar el 24 de marzo. Estas elecciones suponen un antes y un después en la política tailandesa reciente, después de que en 2014, el general Prayut Chan-Ocha diese un golpe de Estado y se convirtiera en primer ministro de Tailandia encabezando el NCPO (Consejo Nacional para la Paz y el Orden), la junta de gobierno constituida para dirigir el país.

Sin embargo, no son pocos los que se muestran escépticos ante esta nueva entrada de la democracia. Para empezar, las elecciones se fijaron inicialmente para el 24 de febrero, pero poco tiempo después el Gobierno anunció un cambio de fecha y las convocó para un mes más tarde. Algunos han expresado sospechas acerca de una estrategia para que las elecciones no tengan lugar, ya que, según la ley, no pueden celebrarse una vez transcurridos ciento cincuenta días a partir de la publicación de las diez últimas leyes orgánicas. Otros temen que el NCPO se haya dado más tiempo para comprar votos, al tiempo que comentan su inquietud por la posibilidad de que la Comisión Electoral, que es una administración independiente, sea manipulada para lograr un éxito que a la junta militar le va a resultar difícil asegurar.

Centrando este análisis en lo que el futuro depara a la política tailandesa, es necesario remontarse a su trayectoria en el último siglo para darse cuenta de que sigue una estela circular.

Los golpes de Estado no son algo nuevo en el país (1). Ha habido doce desde que en 1932 se firmó la primera Constitución. Todo responde a una interminable pugna entre el “ala castrense”, que ve el constitucionalismo como una importación occidental que no termina de encajar con las estructuras tailandesas (también defiende el nacionalismo y venera la imagen del rey como símbolo de la nación, la religión budista y la vida ceremonial), y la “órbita izquierdista”, originariamente compuesta por emigrantes chinos y vietnamitas, que percibe la institucionalidad del país como similar a la de la “China pre-revolucionaria” y que a lo largo de todo el siglo XX se expresó por medio de guerrillas. A esta última ideología hay que añadir el movimiento estudiantil, que desde los comienzos de la década de 1960 critica la “americanización”, la pobreza, el orden tradicional de la sociedad y el régimen militar.

Con el boom urbano iniciado en la década de 1970, el producto interior bruto se quintuplicó y el sector industrial pasó a ser el de mayor crecimiento, gracias a la producción de bienes tecnológicos y a las inversiones que las empresas japonesas empezaron a hacer en el país. Durante esta época se produjeron golpes de Estado, como el de 1976, y numerosas manifestaciones estudiantiles y acciones guerrilleras. Tras el golpe de 1991 y nuevas elecciones se abrió un debate sobre cómo crear un sistema político eficiente y una sociedad adaptada a la globalización.

Estos esfuerzos se truncaron cuando llegó la crisis económica de 1997, que generó divisiones y despertó rechazo hacia la globalización, por considerarla la fuerza maligna que había llevado el país a la miseria. Es en este punto cuando entró en escena alguien que desde entonces ha sido clave en la política tailandesa y que sin duda marcará las elecciones de marzo: Thaksin Shinawatra.

Shinawatra, un importante empresario, creó el partido Thai Rak Thai (Thai ama Thai) como reacción nacionalista a la crisis. En 2001 ganó las elecciones y apostó por el crecimiento económico y la creación de grandes empresas, pero a la vez ejerció un intenso control sobre los medios de comunicación, atacando a aquellos que se atrevían a criticarle y permitiendo únicamente la publicación de noticias positivas. En 2006 se produjo un golpe de Estado para derrocar a Shinawatra, acusado de graves delitos de corrupción. No obstante,  Shinawatra volvió a ganar los comicios en 2007, esta vez con el Partido del Poder Popular.

En 2008 se produjo una nueva asonada, pero la marca Shinawatra, representada por la hermana del exprimer ministro, ganó las elecciones en 2011, esta vez con el partido Pheu Thai. Yingluck Shinawatra se convirtió así en la primera mujer en presidir el Gobierno de Tailandia. En 2014 otro golpe la apartó a ella e instauró una junta que ha gobernado hasta ahora, con un discurso basado en la lucha contra la corrupción, la protección de la monarquía, y el rechazo a las políticas electorales, consideradas como la epidemia nacional.

En este contexto, todo el esfuerzo de la junta, que se presenta en marzo bajo el nombre del partido Palang Pracharat, se ha centrado en debilitar a Pheu Thai y así eliminar del mapa todo rastro que quede de Shinawatra. Para conseguir esto, la junta ha procedido a reformar el sistema electoral (en 2016 una nueva Constitución sustituyó a la de 1997), de forma que el Senado ya no es elegido por los ciudadanos.

A pesar de todos los esfuerzos manifestados en la compra de votos, la posible manipulación de la Comisión Electoral y la reforma del sistema electoral, se intuye que la sociedad tailandesa puede hacer oír su voz de cansancio del gobierno militar, que además pierde apoyo en Bangkok y en el sur. A esto se añade el convencimiento colectivo de que, más que perseguir el crecimiento económico, la Junta se ha centrado en conseguir la estabilidad haciendo más desigual la economía de Tailandia, según datos de Credit Suisse. Por ello mismo, el resto de los partidos que se presentan a estas elecciones, Prachorath, Pheu Thai, y Bhumjaithai, coinciden en que Tailandia se tiene que volver a integrar en la competencia global y que el mercado capitalista tiene que crecer.

A principios de febrero el contexto se complicó aún más, cuando la princesa Ulboratana, la hermana del actual rey, Maha Vajiralongkorn, comunicó la presentación de su candidatura en las elecciones como representante del partido Thai Raksa Chart, aliado de Thaksin Shinawatra. Esta noticia supuso una gran anomalía, no únicamente por el hecho de que un miembro de la monarquía mostrase su intención de participar activamente en política, algo que no ocurría desde que en 1932 se pusiera fin a la monarquía absoluta, sino porque además todos los golpes de estado que se han dado en el país han contado con el respaldo de la familia real. El último, de 2014, contó con la bendición del entonces rey Bhumibol. Asimismo, la familia real siempre ha contado con el apoyo de la Junta militar.

En aras de evitar un enfrentamiento que dañaba a la monarquía, el rey reaccionó con rapidez y mostró públicamente su rechazo a la candidatura de su hermana; finalmente la Comisión Electoral decidió retirarla del proceso de elecciones.

Gobierno deficiente

Durante los últimos años la Junta militar ha sido responsable de mala gobernanza, de la débil institucionalidad del país y de una economía amenazada por las sanciones internacionales que buscan castigar la falta de democracia interna.

Para empezar, siguiendo el artículo 44 de la Constitución proclamada en 2016, el NCPO tiene legitimidad para intervenir en los poderes legislativo, judicial y ejecutivo con el pretexto de proteger a Tailandia de amenazas contra el orden público, la monarquía o la economía. Esto no solo impide toda posibilidad de interacción y resolución efectiva de conflictos con otros actores, sino que es un rasgo inequívoco de un sistema autoritario.

Han sido precisamente sus características de régimen autoritario, que es como se puede calificar a su sistema gubernamental, las que han hecho a la comunidad internacional reaccionar desde el golpe de 2014, imponiendo diversas sanciones que pueden afectar a Tailandia seriamente. Estados Unidos suspendió 4,7 millones de dólares de asistencia financiera, mientras que Europa ha puesto objeciones en la negociación de un acuerdo de libre comercio, pues como ha indicado Pirkka Tappiola, representante de la UE ante Tailandia, solo será posible establecer un acuerdo de ese tipo con un gobierno democráticamente elegido. Además, Japón, principal inversor en el país, ha empezado a buscar vías alternativas, implantando fábricas en otros lugares de la región como Myanmar o Laos.

Ante el cuestionamiento de su gestión, la Junta reaccionó dedicando 2.700 millones de dólares a programas destinados a los sectores más pobres de la población más pobres, especialmente los campesinos, e invirtiendo cerca de 30.000 millones en la construcción de infraestructuras en zonas aún no explotadas.

Dado que las exportaciones en Tailandia son el 70% de su PIB, el Gobierno no se puede permitir el lujo de tener a la comunidad internacional enfrentada. Eso explica que la Junta creara un comité para gestionar problemas referentes a los derechos humanos, denunciados desde el exterior, si bien el objetivo de la iniciativa parece haber sido más bien publicitario.

De cara a una nueva etapa democrática, la Junta tiene una estrategia. Habiendo puesto la mayor parte de sus esfuerzos en la creación de nuevas infraestructuras, espera abrir un corredor económico, el Eastern Economic Corridor (EEC), con el que convertir las tres principales provincias costeras (Chonburi, Rayong, y Chachoengsao) en zonas económicas especiales donde se potencien industrias como las del automóvil o la aviación, y que sean atractivas para la inversión extranjera una vez despejada la legitimación democrática.

Es difícil prever qué ocurrirá en Tailandia en las elecciones del 24 de marzo. Aunque casi todo habla de una nueva vuelta a la democracia, está por ver el resultado del partido creado por los militares (Pralang Pracharat) y su firmeza en el compromiso con un juego institucional realmente honesto. Si Tailandia quiere seguir creciendo económicamente y atraer de nuevo a inversores extranjeros, los militares debieran dar pronto paso a un proceso completamente civil. Posiblemente no será un camino sin contratiempos, pues la democracia es un vestido que hasta ahora le ha venido un tanto ajustado al país.

(1) Baker, C. , Phongpaichit, P. (2005). A History of Thailand. Cambridge, Univeristy Press, New York.

▲ Protest in London in October 2018 after the disappearance of Jamal Khashoggi [John Lubbock, Wikimedia Commons]

ANALYSIS / Naomi Moreno Cosgrove

October 2nd last year was the last time Jamal Khashoggi—a well-known journalist and critic of the Saudi government—was seen alive. The Saudi writer, United States resident and Washington Post columnist, had entered the Saudi consulate in the Turkish city of Istanbul with the aim of obtaining documentation that would certify he had divorced his previous wife, so he could remarry; but never left.

After weeks of divulging bits of information, the Turkish president, Recep Tayyip Erdogan, laid out his first detailed account of the killing of the dissident journalist inside the Saudi Consulate. Eighteen days after Khashoggi disappeared, the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) acknowledged that the 59-year-old writer had died after his disappearance, revealing in their investigation findings that Jamal Khashoggi died after an apparent “fist-fight” inside the Saudi consulate in Istanbul; but findings were not reliable. Resultantly, the acknowledgement by the KSA of the killing in its own consulate seemed to pose more questions than answers.

Eventually, after weeks of repeated denials that it had anything to do with his disappearance, the contradictory scenes, which were the latest twists in the “fast-moving saga”, forced the kingdom to eventually acknowledge that indeed it was Saudi officials who were behind the gruesome murder thus damaging the image of the kingdom and its 33-year-old crown prince Mohammed bin Salman (MBS). What had happened was that the culmination of these events, including more than a dozen Saudi officials who reportedly flew into Istanbul and entered the consulate just before Khashoggi was there, left many sceptics wondering how it was possible for MBS to not know. Hence, the world now casts doubt on the KSA’s explanation over Khashoggi’s death, especially when it comes to the shifting explanations and MBS’ role in the conspiracy.

As follows, the aim of this study is to examine the backlash Saudi Arabia’s alleged guilt has caused, in particular, regarding European state-of-affairs towards the Middle East country. To that end, I will analyse various actions taken by European countries which have engaged in the matter and the different modus operandi these have carried out in order to reject a bloodshed in which arms selling to the kingdom has become the key issue.

Since Khashoggi went missing and while Turkey promised it would expose the “naked truth” about what happened in the Saudi consulate, Western countries had been putting pressure on the KSA for it to provide facts about its ambiguous account on the journalist’s death. In a joint statement released on Sunday 21st October 2018, the United Kingdom, France and Germany said: “There remains an urgent need for clarification of exactly what happened on 2nd October – beyond the hypotheses that have been raised so far in the Saudi investigation, which need to be backed by facts to be considered credible.” What happened after the kingdom eventually revealed the truth behind the murder, was a rather different backlash. In fact, regarding post-truth reactions amongst European countries, rather divergent responses have occurred.

Terminating arms selling exports to the KSA had already been carried out by a number of countries since the kingdom launched airstrikes on Yemen in 2015; a conflict that has driven much of Yemen’s population to be victims of an atrocious famine. The truth is that arms acquisition is crucial for the KSA, one of the world’s biggest weapons importers which is heading a military coalition in order to fight a proxy war in which tens of thousands of people have died, causing a major humanitarian catastrophe. In this context, calls for more constraints have been growing particularly in Europe since the killing of the dissident journalist. These countries, which now demand transparent clarifications in contrast to the opacity in the kingdom’s already-given explanations, are threatening the KSA with suspending military supply to the kingdom.

COUNTRIES THAT HAVE CEASED ARMS SELLING

Germany

Probably one of the best examples with regards to the ceasing of arms selling—after not been pleased with Saudi state of affairs—is Germany. Following the acknowledgement of what happened to Khashoggi, German Chancellor Angela Merkel declared in a statement that she condemned his death with total sharpness, thus calling for transparency in the context of the situation, and stating that her government halted previously approved arms exports thus leaving open what would happen with those already authorised contracts, and that it wouldn’t approve any new weapons exports to the KSA: “I agree with all those who say that the, albeit already limited, arms export can’t take place in the current circumstances,” she said at a news conference.

So far this year, the KSA was the second largest customer in the German defence industry just after Algeria, as until September last year, the German federal government allocated export licenses of arms exports to the kingdom worth 416.4 million euros. Respectively, according to German Foreign Affair Minister, Heiko Maas, Germany was the fourth largest exporter of weapons to the KSA.

This is not the first time the German government has made such a vow. A clause exists in the coalition agreement signed by Germany’s governing parties earlier in 2018 which stated that no weapons exports may be approved to any country “directly” involved in the Yemeni conflict in response to the kingdom’s countless airstrikes carried out against Iranian-backed Houthi rebels in the area for several years. Yet, what is clear is that after Khashoggi’s murder, the coalition’s agreement has been exacerbated. Adding to this military sanction Germany went even further and proposed explicit sanctions to the Saudi authorities who were directly linked to the killing. As follows, by stating that “there are more questions unanswered than answered,” Maas declared that Germany has issued the ban for entering Europe’s border-free Schengen zone—in close coordination with France and Britain—against the 18 Saudi nationals who are “allegedly connected to this crime.”

Following the decision, Germany has thus become the first major US ally to challenge future arms sales in the light of Khashoggi’s case and there is thus a high likelihood that this deal suspension puts pressure on other exporters to carry out the same approach in the light of Germany’s Economy Minister, Peter Altmaier’s, call on other European Union members to take similar action, arguing that “Germany acting alone would limit the message to Riyadh.”

Norway

Following the line of the latter claim, on November 9th last year, Norway became the first country to back Germany’s decision when it announced it would freeze new licenses for arms exports to the KSA. Resultantly, in her statement, Norwegian Minister of Foreign Affairs, Ine Eriksen Søreide, declared that the government had decided that in the present situation they will not give new licenses for the export of defence material or multipurpose good for military use to Saudi Arabia. According to the Søreide, this decision was taken after “a broad assessment of recent developments in Saudi Arabia and the unclear situation in Yemen.” Although Norwegian ministry spokesman declined to say whether the decision was partly motivated by the murder of the Saudi journalist, not surprisingly, Norway’s announcement came a week after its foreign minister called the Saudi ambassador to Oslo with the aim of condemning Khashoggi’s assassination.  As a result, the latter seems to imply Norway’s motivations were a mix of both; the Yemeni conflict and Khashoggi’s death.

Denmark and Finland

By following a similar decision made by neighbouring Germany and Norway—despite the fact that US President Trump backed MBS, although the Central Intelligence Agency (CIA) had assessed that the crown prince was responsible for the order of the killing—Denmark and Finland both announced that they would also stop exporting arms to the KSA.

Emphasising on the fact that they were “now in a new situation”—after the continued deterioration of the already terrible situation in Yemen and the killing of the Saudi journalist—Danish Foreign Minister, Anders Samuelsen, stated that Denmark would proceed to cease military exports to the KSA remarking that Denmark already had very restrictive practices in this area and hoped that this decision would be able to create a “further momentum and get more European Union (EU) countries involved in the conquest to support tight implementation of the Union’s regulatory framework in this area.”

Although this ban is still less expansive compared to German measures—which include the cancelation of deals that had already been approved—Denmark’s cease of goods’ exports will likely crumble the kingdom’s strategy, especially when it comes to technology. Danish exports to the KSA, which were mainly used for both military and civilian purposes, are chiefly from BAE Systems Applied Intelligence, a subsidiary of the United Kingdom’s BAE Systems, which sold technology that allowed Intellectual Property surveillance and data analysis for use in national security and investigation of serious crimes. The suspension thus includes some dual-use technologies, a reference to materials that were purposely thought to have military applications in favour of the KSA.

On the same day Denmark carried out its decision, Finland announced they were also determined to halt arms export to Saudi Arabia. Yet, in contrast to Norway’s approach, Finnish Prime Minister, Juha Sipilä, held that, of course, the situation in Yemen lead to the decision, but that Khashoggi’s killing was “entirely behind the overall rationale”.

Finnish arms exports to the KSA accounted for 5.3 million euros in 2017. Nevertheless, by describing the situation in Yemen as “catastrophic”, Sipilä declared that any existing licenses (in the region) are old, and in these circumstances, Finland would refuse to be able to grant updated ones. Although, unlike Germany, Helsinki’s decision does not revoke existing arms licenses to the kingdom, the Nordic country has emphasized the fact that it aims to comply with the EU’s arms export criteria, which takes particular account of human rights and the protection of regional peace, security and stability, thus casting doubt on the other European neighbours which, through a sense of incoherence, have not attained to these values.

European Parliament

Speaking in supranational terms, the European Parliament agreed with the latter countries and summoned EU members to freeze arms sales to the kingdom in the conquest of putting pressure on member states to emulate the Germany’s decision.      

By claiming that arms exports to Saudi Arabia were breaching international humanitarian law in Yemen, the European Parliament called for sanctions on those countries that refuse to respect EU rules on weapons sales. In fact, the latest attempt in a string of actions compelling EU foreign policy chief Federica Mogherini to dictate an embargo against the KSA, including a letter signed by MEPs from several parties.

Rapporteur for a European Parliament report on EU arms exports, Bodil Valero said: "European weapons are contributing to human rights abuses and forced migration, which are completely at odds with the EU's common values." As a matter of fact, two successful European Parliament resolutions have hitherto been admitted, but its advocates predicted that some member states especially those who share close trading ties with the kingdom are deep-seated, may be less likely to cooperate. Fact that has eventually occurred.

COUNTRIES THAT HAVE NOT CEASED ARMS SELLING

France

In contrast to the previously mentioned countries, other European states such as France, UK and Spain, have approached the issue differently and have signalled that they will continue “business as usual”.

Both France and the KSA have been sharing close diplomatic and commercial relations ranging from finance to weapons. Up to now, France relished the KSA, which is a bastion against Iranian significance in the Middle East region. Nevertheless, regarding the recent circumstances, Paris now faces a daunting challenge.

Just like other countries, France Foreign Minister, Jean-Yves Le Drian, announced France condemned the killing “in the strongest terms” and demanded an exhaustive investigation. "The confirmation of Mr. Jamal Khashoggi's death is a first step toward the establishment of the truth. However, many questions remain unanswered," he added. Following this line, France backed Germany when sanctioning the 18 Saudi citizens thus mulling a joint ban from the wider visa-free Schengen zone. Nevertheless, while German minister Altmeier summoned other European countries to stop selling arms to Riyadh—until the Saudi authorities gave the true explanation on Khashoggi’s death—, France refused to report whether it would suspend arms exports to the KSA. “We want Saudi Arabia to reveal all the truth with full clarity and then we will see what we can do,” he told in a news conference.           

In this context, Amnesty International France has become one of Paris’ biggest burdens. The organization has been putting pressure on the French government for it to freeze arms sales to the realm. Hence, by acknowledging France is one of the five biggest arms exporters to Riyadh—similar to the Unites States and Britain—Amnesty International France is becoming aware France’s withdrawal from the arms sales deals is crucial in order to look at the Yemeni conflict in the lens of human rights rather than from a non-humanitarian-geopolitical perspective. Meanwhile, France tries to justify its inaction. When ministry deputy spokesman Oliver Gauvin was asked whether Paris would mirror Berlin’s actions, he emphasized the fact that France’s arms sales control policy was meticulous and based on case-by-case analysis by an inter-ministerial committee. According to French Defence Minister Florence Parly, France exported 11 billion euros worth of arms to the kingdom from 2008 to 2017, fact that boosted French jobs. In 2017 alone, licenses conceivably worth 14.7 billion euros were authorized. Moreover, she went on stating that those arms exports take into consideration numerous criteria among which is the nature of exported materials, the respect of human rights, and the preservation of peace and regional security. "More and more, our industrial and defence sectors need these arms exports. And so, we cannot ignore the impact that all of this has on our defence industry and our jobs," she added. As a result, despite President Emmanuel Macron has publicly sought to devalue the significance relations with the KSA have, minister Parly, seemed to suggest the complete opposite.

Anonymously, a government minister held it was central that MBS retained his position. “The challenge is not to lose MBS, even if he is not a choir boy. A loss of influence in the region would cost us much more than the lack of arms sales”. Notwithstanding France’s ambiguity, Paris’ inconclusive attitude is indicating France’s clout in the region is facing a vulnerable phase. As president Macron told MBS at a side-line G20 summit conversation in December last year, he is worried. Although the context of this chat remains unclear, many believe Macron’s intentions were to persuade MBS to be more transparent as a means to not worsen the kingdom’s reputation and thus to, potentially, dismantle France´s bad image.

United Kingdom

As it was previously mentioned, the United Kingdom took part in the joint statement carried out also by France and Germany through its foreign ministers which claimed there was a need for further explanations regarding Khashoggi’s killing. Yet, although Britain’s Foreign Office said it was considering its “next steps” following the KSA’s admission over Khashoggi’s killing, UK seems to be taking a rather similar approach to France—but not Germany—regarding the situation.

In 2017, the UK was the sixth-biggest arms dealer in the world, and the second-largest exporter of arms to the KSA, behind the US. This is held to be a reflection of a large spear in sales last year. After the KSA intervened in the civil war in Yemen in early 2015, the UK approved more than 3.5billion euros in military sales to the kingdom between April 2015 and September 2016.

As a result, Theresa May has been under pressure for years to interrupt arms sales to the KSA specially after human rights advocates claimed the UK was contributing to alleged violations of international humanitarian law by the Saudi-led coalition in Yemen. Adding to this, in 2016, a leaked parliamentary committee report suggested that it was likely that British weapons had been used by the Saudi-led coalition to violate international law, and that manufactured aircraft by BAE Systems, have been used in combat missions in Yemen.

Lately, in the context of Khashoggi’s death things have aggravated and the UK is now facing a great amount of pressure, mainly embodied by UK’s main opposition Labour party which calls for a complete cease in its arms exports to the KSA.  In addition, in terms of a more international strain, the European Union has also got to have a say in the matter. Philippe Lamberts, the Belgian leader of the Green grouping of parties, said that Brexit should not be an excuse for the UK to abdicate on its moral responsibilities and that Theresa May had to prove that she was keen on standing up to the kind of atrocious behaviour shown by the killing of Khashoggi and hence freeze arms sales to Saudi Arabia immediately.

Nonetheless, in response and laying emphasis on the importance the upholding relation with UK’s key ally in the Middle East has, London has often been declining calls to end arms exports to the KSA. Foreign Secretary Jeremy Hunt defended there will be “consequences to the relationship with Saudi Arabia” after the killing of Khashoggi, but he has also pointed out that the UK has an important strategic relationship with Riyadh which needs to be preserved. As a matter of fact, according to some experts, UK’s impending exit from the EU has played a key role. The Campaign Against Arms Trade (CAAT) claims Theresa May’s pursuit for post-Brexit trade deals has seen an unwelcome focus on selling arms to some of the world's most repressive regimes. Nevertheless, by thus tackling the situation in a similar way to France, the UK justifies its actions by saying that it has one of the most meticulous permitting procedures in the world by remarking that its deals comprehend safeguards that counter improper uses.

Spain

After Saudi Arabia’s gave its version for Khashoggi’s killing, the Spanish government said it was “dismayed” and echoed Antonio Guterres’ call for a thorough and transparent investigation to bring justice to all of those responsible for the killing. Yet, despite the clamour that arose after the murder of the columnist, just like France and the UK, Spain’s Prime Minister, Pedro Sánchez, defended arms exporting to the KSA by claiming it was in Spain’s interest to keep selling military tools to Riyadh. Sanchez held he stood in favour of Spain’s interests, namely jobs in strategic sectors that have been badly affected by “the drama that is unemployment". Thusly, proclaiming Spain’s unwillingness to freeze arms exports to the kingdom. In addition, even before Khashoggi’s killing, Sanchez's government was subject to many critics after having decided to proceed with the exporting of 400 laser-guided bombs to Saudi Arabia, despite worries that they could harm civilians in Yemen. Notwithstanding this, Sánchez justified Spain’s decision in that good ties with the Gulf state, a key commercial partner for Spain, needed to be kept.

As a matter of fact, Spain’s state-owned shipbuilder Navantia, in which 5,500 employees work, signed a deal in July last year which accounted for 1.8 billion euros that supplied the Gulf country with five navy ships.  This shipbuilder is situated in the southern region of Andalusia, a socialist bulwark which accounts for Spain's highest unemployment estimates and which has recently held regional elections. Hence, it was of the socialist president’s interest to keep these constituencies pleased and the means to this was, of course, not interrupting arms deals with the KSA.

As a consequence, Spain has recently been ignoring the pressures that have arose from MEP’s and from Sanchez’s minorities in government—Catalan separatist parties and far-left party Podemos— which demand a cease in arms exporting. For the time being, Spain will continue business with the KSA as usual.

CONCLUSION

All things considered, while Saudi Arabia insists that MBS was not aware of the gruesome murder and is distracting the international attention towards more positive headlines—such as the appointment of the first female ambassador to the US—in order to clear the KSA’s image in the context of Khashoggi’s murder, several European countries have taken actions against the kingdom’s interests. Yet, the way each country has approached the matter has led to the rise of two separate blocks which are at discordance within Europe itself. Whereas some European leaders have shown a united front in casting blame on the Saudi government, others seem to express geopolitical interests are more important.

During the time Germany, Norway, Denmark and Finland are being celebrated by human rights advocates for following through on their threat to halt sales to the kingdom, bigger arms exporters—like those that have been analysed—have pointed out that the latter nations have far less to lose than they do. Nonetheless, inevitably, the ceasing carried out by the northern European countries which are rather small arms exporters in comparison to bigger players such as the UK and France, is likely to have exacerbated concerns within the European arms industry of a growing anti-Saudi consensus in the European Union or even beyond.

What is clear is that due to the impact Saudi Arabia’s state of affairs have caused, governments and even companies worldwide are coming under pressure to abandon their ties to the oil-rich, but at the same time, human-rights-violating Saudi Arabian leadership. Resultantly, in Europe, countries are taking part in two divergent blocks that are namely led by two of the EU’s most compelling members: France and Germany. These two sides are of rather distant opinions regarding the matter, fact that does not seem to be contributing in terms of the so-much-needed European Union integration.

ESSAY / Marina Díaz Escudero

Since 2015, Europe has been dealing with an unprecedented scale of migration from different parts of the world, mainly from MENA (Middle East and North Africa). People flee their countries due to war, bad living conditions or a lack of opportunities for wellbeing.

Although Europe characterises itself for its solidarity, liberty, values and respect for other countries and cultures, such a large flow of inmigration seriously tests the European project. For instance, the Schengen system of passport-free travel could collapse as fearful countries enhance their border controls, to the disadvantage of European citizens. “The Schengen system is being more and more questioned and most opinion polls highlight the correlation between the fear of inmigration and the distrust of the citizens of the member states towards European institutions.”1 The migration crisis is also considered a “threat for the European project’s constitutional stability and for its fundamental values” (Spijkerboer, 2016). 1  

Divisions between northern and southern EU countries, and between them and the Visegrad countries have clearly intensified due to this problem, specially after the approval, in 2015, of some quotas of relocation of refugees that were critisised and voted against by Hungary, the Czech Republic and Slovakia. Due to this lack of consensus but also due to the delay of other EU countries in complying with the quotas, a treaty was signed between the EU and Turkey in March 2016 so that most refugees arriving to Europe through Greece would be inmediately returned to Turkey2. 

Understandably, EU countries are mostly concerned with the prevention of illegal inmigration and with border-control policies, as well as with the need of reaching an agreement for an egalitarian distribution of arriving migrants, most of them being asylym seekers and refugees. Nevertheless, this will probably not be enough to satisfy both the European citizens and the migrants: root causes of migration may need to be solved as soon as possible to prevent people from fleeing their homes. This gives the EU food for thought: addressing the migration problem without focusing on the prevention of migration in the countries of origin may not be a lasting, long-term solution. “The instability, insecurity, terrorism, poverty, famine and climate change besetting large parts of Africa and the Middle East are the root causes of migration, but the European Union (EU) governments have come around to this too late, engaging essentially in damage-limitation exercises at our borders.”3  

According to World Bank data, in 2017 over 8 million migrants came from “the Arab world” and from these, 6 million fleed the Syrian Arab Republic4. The war in Syria, originally between Bashar al Assad’s regime and the rebel opposition, and currently a proxy war involving various international actors, turns the country into one of the greatest sources of migrants. The fact that over a million of them live in Lebanon (currently accounting for a 30% of the population) , a country who didn’t sign the 1951 Refugee Convention and who has been trying to deport the migrants for years now, is worrying. Due to the “fuelling tensions between Lebanese host communities and the Syrian refugees” the Lebanese government has taken some more restrictive measures towards migrants, such as the banning of the construction of formal refugee camps. This for sure puts additional pressure on the EU5.

In order to comprehend the European Union’s vision and strategy on Syria, and whether the institution and its members are willing to fight the root causes of its situation, one must consider the words of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, Federica Mogherini, in her discourse at the Conference of Brussels in April 2018:

“[In this conference] we had representatives of over 85 countries and international organizations, international and Syrian civil society. […] We identified common ground on at least 2 or 3 issues: one is that there is no military solution to the war in Syria and that there is a need that everyone recognizes to relaunch the political process. The second element on which I have not found any divergent view is the key role of the United Nations in leading this political process. This is extremely important for us, the European Union, because we have always consistently identified in the UN and in Staffa de Mistura the only legitimate leadership to ensure that the political process represents all Syrians in intra-Syrian talks and happens along the lines of the United Nations Security Council resolutions already adopted. The third element is the need to support Syrians inside Syria and in the neighbouring countries, with humanitarian aid, financial support but also to support hosting communities, in particular neighbouring countries”.6

The Vice-President of the European Comission basically makes three clear statements: the European institution will by no means intervene militarily in Syria, n­either will it take the initiative to start a political process or peaceful negotiation in the country (it will only support the UN-led process), but it will clearly invest economically both in the country and in its citizens to improve their conditions.

Defence of the UN-led political process

Once a solely-European military intervention has been discarded (due to a lack of consensus among countries on a common defense policy and to the already effective existence of NATO in this regard), the EU considers its role in a political solution to the Syrian conflict, which would clearly reduce migration numbers.

According to the European Council in its conclusions on Syria of April 2018, “the momentum of the current situation should be used to reinvigorate the process to find a political resolution of the Syrian conflict […] A lasting peace in Syria is the ultimate objective of the EU”.7 The Council makes clear that it will not create a new EU-led political process but that it will support the UN’s: “…any sustainable solution to the conflict requires a genuine political transition in line with UNSCR 2254 and the 2012 Geneva Communique negotiated by the Syrian parties within the UN-led Geneva process.”

The UN currently takes part in two parallel processes: inter-Syrian conversations in Geneva and the Conversations in Astaná. The first looks for a dialogue solution to the conflict and participants are the Syrian government, a delegation from the opposition and the UN Special Envoy for Syria. Until now, 9 rounds of conversations have taken place, the last focused on the elaboration of a new constitution for the country. The second process is promoted by Russia, Iran and Turkey, guarantors of the peace process in Syria. Conversations started in 2017 with the aim of consolidating the cease-fire and preparing the way for a political solution to the war. The last round of conversations took place in Sochi this past July8.

But things aren’t as easy as they seem.

UN special envoy for Syria will soon be replaced by the Norwegian Geir Pedersen making future lines of action unpredictable for us. We know, however, what the starting point will be. In the ordinary UN session celebrated on the past 20th december, de Mistura stated that they had “almost completed the job of starting a constitutional commitee to write a constituional reform, as a contribution to the political process, but still have to go one more mile.”9

Such a commiteee would be composed of 150 persons, a third of which should be appointed by the Syrian regime, another third by the opposition and the last one by  UN designated persons. This last point has been repeatedly opposed by Syria. The biggest problem at the moment is that the UN is not fully comfortable with the 50-name list proposed by Iran, Russia and Turkey9.

On the other hand, the strategy of the US, a very relevant actor in this process due to its position in the UN as a permanent member of the Security Council (with veto power on resolutions), has been unclear for a long time. US Special Envoy to Syria Joel Rayburn stated in November that the objectives of the US in Syria were three: the defeat of the Islamic State, the withdrawal of all Iranian-commanded forces and “a political settlement under the auspices of the UNSC Resolution 2254 and the political process supported by the UN in Geneva.”10   

In other words, it seemed that unless the first two objectives were covered the US wouldn’t wholeheartedly compromise for a definitive political settlement in Syria and given US relevance, the UN would have it very difficult to advance the political process anytime soon. Most recently however, there was a turn of events: in December the US declared its intention of gradually withdrawing its troops from Syria. “We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump presidency.”11

Does this mean that the US is finally willing to head its efforts towards the third objective? US diplomat Rodney Hunter said: “the US is ready to impulse the political process, to isolate more the regime diplomatic and economically, we are willing to do it.” 9

Although a positive answer would facilitate discussions for peace and thus, EU involvement, a reduction of violence in the region (and therefore a reduction of migration to Europe) is not assured for two reasons: the US now leaves Turks with free hands to attack Kurdish militants and, although ISIS has lost 95% of its territory, “2,500 Isis fighters remain […] The group retains the capacity to do even more damage, especially if let off the hook now.” 11

Soft power: humanitarian aid and investment

Given the fact that the EU can not really influence the military and political/diplomatic decisions regarding the Syrian conflict, it has been focusing, since the beginning of the war in 2011, on delivering humanitarian aid and development support to the country and its nationals. The next phrase from the European External Action Service summarises very well the EU’s aims on this respect: “Our objective is to bring an end to the conflict and enable the Syrian people to live in peace in their own country.”12

Although bilateral, regional and technical assitance cooperation between the EU and the Syrian government came to an end due to the violent situation that was emerging in the country, the international organization directly supports the Syrian population and its neighbours13.

Through the  European Neighbourhood  Policy (ENP), the EU worked hand in hand with its neighbours to the East and South (including Syria) with the aim of fostering stabilization, security and prosperity and achieving cooperation in key areas like the “promotion of democracy, rule of law, respect for human rights and social cohesion.”14 After the cease of cooperation between the EU and the regime, support to the ENP countries is given through the European Neighbourhood Instrument (ENI), with a predicted budget of 15 billion dollars (2014-2020)15.

Under the financing og the ENI, the Commission approved in November a special measure “to help the Syrian population to cope with the effects of the crisis and prepare the grounds for a sustainable peace.”16 The main action has been entitled as “Preserving the prospects for peace and stability in Syria through an inclusive transition” and counts with a maximum contribution of EUR 31 million. According to the European Comission, if the Syrian situation turns into a “post-crisis state-building and reconstruction scenario,” special measures will be revised in order to suit the new needs of the population14.

The ENP is part of the EUGS or European Union Global Strategy (for the European Union’s Foreign and Security Policy) presented by Federica Mogherini to the EU Council in 2016, and whose main aim is to achieve an integrated approach and a “coherent perspective for EU’s external action.”15 As part of this broader strategy, the EU wishes to prevent fragile contexts from becoming serious humanitarian crises17. 

Within this, another particular strategy for Syria was developed in 2015, the EU Strategy for Syria. Some of its most important objectives are “saving lives by addressing the humanitarian needs of the most vulnerable Syrians across the country,” “promoting democracy, human rights and freedom of speech by strengthening Syrian civil society organisations” and “support the resilience of the Syrian population and Syrian society.”18 The European Council, in its Conclusions on Syria of 2018, agreed that the objectives of the “European Union Strategy on Syria” remain valid.

Although all these initiatives are well-intentioned and show that the EU is not only concerned about the end of the war but also with how it will be done and its aftermath, history has proved that Western political intervention in the Middle East is far from optimum for the region. In the 1916 the Sykes-Picot agreement between France and the UK drew an artificial political line on the territory that would later trigger the Arab-Israeli conflict and promote present ISIS action. Later on, the US-leaded intervention in Iraq in 2003 (one of its objectives being the “liberation” of the Iraqi people) has caused an increase of Sunni-Shiite tension, the rise of Al-Qaeda and the strenghtening of Iran in the region.

The point here is that the EU might be interested in helping Syria and its citizens in ways that improve living conditions and welfare opportunities without messing up with the country’s cultural, social and political system. Imposing the notion of democracy in these states, knowing that they have a completely different historical and cultural background, might not be a feasible solution.

Thus, other types of EU initiatives like the New Partnership Framework (NPF, June 2016), focused on the role of economic development in fighting the root causes of migration, might be more effective in the long-term. “It will address all aspects of this migration crisis, from its root causes to the daily tragedies that occur in the Mediterranean. These ambitions […] illustrate EU's willingness to address specific migratory challenges, but also the long-term drivers of migration.”19

Through the NPF, the EU explains how private investment can be a very useful tool for promoting the economic growth and development of Syria, which would in turn improve the living conditions of its citizens making it less necessary to flee their homes in search of a better place to be. “Instead of letting irregular migrants risk their lives trying to reach European labour markets, European private and public resources should be mobilised for investment in third countries of origin. If deployed intelligently, leveraged use of the limited budget resources available will generate growth and employment opportunities in source as well as transit countries and regions […] This should adress the root causes of migration directly, given the high impact of those investments in terms of employment and inequality reduction.” This is what the EU calls innovative financing mechanisms.

This project is called the External Investment Plan and is being organized in three steps. First, the mobilization of scarce public resources in an attractive way to attract private investment. Then, helping local authorities and private companies to be known in the international investor community. Finally, the EU would try to improve the general business government by putting a solution to some corruption issues as well as some market distortions. “The EU, Member States, third countries, International Financial Institutions, European bilateral development institutions, as well as the private sector, should all contribute.” The EU hopes to collect, through this External Investment Fund, a total of 62 billion euros.

Long story short, European countries believe in the expansion of this type of innovative financing “in those fragile and post-conflict countries which are often important for migration flows but where the potential for direct private or public investment is currently limited.”

An interesting factor to take into account in this matter is who will be the most involved international actor in the project. Will it be the US, allowing us to compare the current situation with the 20th century Marshall Plan? (where investments in infrastructure and the spread of domestic management techniques was also a key element). Or could it be Russia? As the President of the Russian Chamber of Commerce stated in March 2018,  “$200 billion to $500 billion will be needed for the reconstruction of the Syrian economy, and the first priority will, as President Bashar al-Assad has said, be given to Russian businesses.”20 What is clear is that investing in Syria will clearly give the investor country some important influence on the newly-recovered state.

Conclusions and forecast for the future

Since the beginning of the crisis in 2011, Syria has been one of the major sources of migration towards Europe. Although EU members currently need to discuss the prevention of illegal inmigration and the distribution of legally coming asylum seekers, some attention must also be given to the elimination of factors that activate migration in the country of origin.

While it is true that a definitive end to the war between the regime and the opposition would be the best and most inmediate solution for disproportionate fleeings from Syria, the EU doesn’t seem to be able to intervene more than it already does.

Not having an army of itself (and not seeming to want it in the near future) and being the “assistant” of the UN in the political and diplomatic resolution of the conflict, it can only apply its soft power tools and instruments to help to the country and its citizens.

Although humanitarian aid is essential and the EU is sparing no expense on it, the institution has come to realise that the real key to improving Syria’s situation and the wellbeing of its citizens may be investment and development. This investment could be “short-term”, in the sense that foreign countries directly invest in Syria and decide what the money will be used for (i.e reconstruction of buildings, construction of new infrastructure…) or “long-term”, in the sense that the main role of the EU is improving the country’s business governance to facilitate the attraction of private investors in the long-term.  

Regarding the last option it is very important that “the receptor countries establish transparent policies, broad and effective that propiciate an appropiate atmosphere for investment, with the consequent formation of human resources and the establishment of an appropiate institutional climate.”21 Taking this into account, Syria will be a difficult challenge for the EU, as in order to achieve an appropiate institutional climate, a diplomatic solution to the conflict and a peaceful political transition will be required, as well as the collaboration of the future government in promoting political transparency.

All in all, the EU is clearly aware of the root causes of migration and is developing feasible strategies to counter them. The rate of progress is still slow and it may be due to the fact that, in order to effectively apply many of this soft power strategies (except for the humanitarian aid), the receptor country must be stable and ready to collaborate. In other words, EU investment and development plans will most probably bear fruit when the war is over, a peaceful political transition is on the move and the general atmosphere is favourable for economic growth and innovation.

Political stability in Syria could be achieved through two scenarios: the success of the UN-led process and the drafting of new constitution for the country; or the victory of one of the sides (most probably the Syrian regime) and its establishment in power.  Meanwhile, the EU and its members will have three challenges: developping the forementioned long-term investment strategies in the view of a future peace (while mantaining already-functioning soft power initiatives), dealing with the refugee crisis at the European borders, and preserving the European project and unity by avoiding major disagreements on migration policy and an exacerbated fear of inmigration.

Moreover, one of the key issues that will need to be followed closely in the following months is the effect that the, maybe early, withdrawal of US troops can have on the region and on the power dynamic between the actors, together with the potential changes in US strategy with regards to the UN-led process.

References

1. CIDOB - «Inmigración y asilo: en el centro de la arena política». Anuario CIDOB de la Inmigración 2018. (2018). Retrieved from 

2. López, E. (2018). Refugee crisis: The divergence between the European Union and the Visegrad Group/ GLOBAL AFFAIRS, UNAV. Retrieved from

3. Tajani, A. (2018). The migration crisis threatens to destroy the EU. We must not let it | Antonio Tajani. Retrieved from

4. Refugee population by country or territory of origin | Data. (2017). Retrieved from

5. Lebanon - European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations - European Commission. (2019). Retrieved from

6. Photos and videos of the conference - Consilium. (2018). Retrieved from

7. Battu, V. (2018). Syria: Council adopts conclusions - Consilium. Retrieved from

8. Siria. Retrieved from

9. La ONU sigue atascada para una solución en Siria, mientras EE.UU. anuncia su retirada. (2018). Retrieved from

10. Elgeneidy, S. (2018). INTERVIEW: ‘We need a political settlement of the conflict’, US Special Envoy to Syria says - Region - World - Ahram Online. Retrieved from

11. Chulov, M. (2018). Has Isis been defeated in Syria, as Trump claims?. Retrieved from

12. Syria and the EU - EEAS - European External Action Service - European Commission. (2016). Retrieved from

13. Syria - European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations - European Commission. (2018). Retrieved from

14. European Neighbourhood Policy (ENP) - Commission européenne. (2016). Retrieved from

15. European Neighbourhood Policy - European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations - European Commission. (2018). Retrieved from

16. Comission implementing decision on the special measure in favour of the Syrian population for 2018. (2018). Retrieved from

17. EUGS at 1 - EU Global Strategy - European Commission. (2019). Retrieved from

18. Battu, V. (2017). Council adopts EU strategy on Syria - Consilium. Retrieved from

19. Communication on establishing a new Partnership Framework with third countries under the European Agenda on Migration. (2016). Retrieved from

20. "Russian business first in line for spoils of Syrian war/Subscribe to read | Financial Times. Retrieved from

21. Foreign Direct Investment for Development: Maximising Benefits, Minimising Costs. (2002). Retrieved from

[Bruno Maçães, The Dawn of Eurasia. On the Trail of the New World Order. Allen Lane. Milton Keynes, 2018. 281 págs]

RESEÑA / Emili J. Blasco

El debate sobre el surgimiento de Eurasia como una realidad cada vez más compacta, no ya como mera descripción geográfica que conceptualmente era una quimera, debe mucho a la contribución de Bruno Maçães; singularmente a su libro The Dawn of Eurasia, pero también a su continuo proselitismo ante públicos diferentes. Este diplomático portugués con actividad investigadora en Europa constata la consolidación de la masa euroasiática como un único continente (o supercontinente) a todos los efectos.

“Una de las razones por las que tenemos que comenzar a pensar sobre Eurasia es porque así es como China mira cada vez más el mundo (...) China está ya viviendo una edad eurosiática”, dice Maçães. Lo nuevo de esta, afirma, “no es que existan tales conexiones entre los continentes, sino que, por primera vez, funcionan en ambos sentidos. Solo cuando la influencia fluye en ambos sentidos podemos hablar de un espacio integrado”. La Iniciativa Cinturón y Ruta de la Seda, sobre todo su trazado terrestre, muestra que China ya no solo mira al Pacífico, sino que a su espalda contempla nuevas vías para llegar a Europa.

Maçães apremia a Europa a que adopte una perspectiva euroasiática, por tres razones: porque Rusia y China tienen una; porque la mayoría de las grandes cuestiones de política exterior de nuestro tiempo tienen que ve con el modo en que Europa y Asia están conectadas (Ucrania, crisis de refugiados, energía y comercio), y porque todas las amenazas de seguridad de las próximas décadas se desarrollarán en un contexto euroasiático. Maçães añade una razón final por la cual Europa debería implicarse de modo más activo en el proyecto de integración euroasiática: es el modo de combatir las fuerzas de desintegración que existen en el interior mismo de Europa.

De las diversas consideraciones incluidas en el libro, podrían destacarse algunas ideas sugerentes. Una es que los históricos problemas de identidad de Rusia, a caballo entre Europa y Asia –verse diferente de los europeos y a la vez sentir atracción por la modernidad de Occidente–, resultan replicados ahora en el Oriente, donde China está en camino de crear un segundo polo de crecimiento económico y de integración en el supercontinente. Si Europa es uno de los polos y Asia (China y los demás exitosos países del Extremo Oriente) el otro, ¿Rusia entonces qué es, si no responde plenatemente a la identidad europea ni a la asiática?

La Iniciativa Cinturón y Ruta de la Seda otorga importancia geopolítica a Asia central, como repasa Maçães. Así, China necesita un claro dominio de Xinjiang, su provincia más occidental y la puerta a las repúblicas centroasiáticas. La ruta terrestre hacia Europa no puede existir sin el segmento de Xinjinag, pero al mismo tiempo la exposición de este territorio de mayoría uigur al comercio y la modernización podría acentuar sus aspiraciones separatistas. Justo al noroeste de Xinjiang está la república exsoviética de Kazajstán, un extenso país de gran valor agrícola, donde los intentos chinos de comprar tierras están siendo vistos con elevada suspicacia desde su capital, Astaná. Maçães estima que si Rusia intentara reintegrar Kazajstán en su esfera de influencia, con la misma vehemencia que ha hecho con Ucrania, “China no se quedaría a un lado”.

No es solo que la costa Este (península europea) y la costa Oeste (litoral del Pacífico) se aproximan, sino que además las conexiones entre ambas mejoran las condiciones logísticas del interior del supercontinente. Ese es precisamente uno de los objetivos de Iniciativa Cinturón y Ruta de la Seda: a medida que las compañías chinas se han ido alejando de los hubs empresariales de la costa para abaratar los costes de mano de obra, más lejos están quedando de los puertos, por lo que necesitan mejores conexiones terrestres, contribuyendo así al encogimiento de Eurasia.

▲ Escultura budista 'Manos desde el infierno', del Templo Blanco de Watrongkhun, en Tailandia [Pixabay]

COMENTARIO / María Martín Andrade

El tráfico humano es un fenómeno global que afecta a todo el planeta. Sin embargo, con 11,7 millones de víctimas, Asia-Pacífico es actualmente el principal núcleo de operaciones de los grupos de delincuencia organizada que comercian con personas. Gracias a unas condiciones propicias –asiduas catástrofes naturales y crisis de inmigrantes y refugiados, que tienen como resultado un gran número de desplazamientos por la geografía del sur de Asia–, los grupos criminales se encuentran en la mejor situación para operar.

A pesar de los esfuerzos de la ASEAN de fomentar la cooperación internacional entre sus países integrantes para una lucha efectiva, las diferencias regionales y la corrupción frecuentemente prevalecen sobre otros factores. En otras ocasiones, son los propios gobiernos los que se benefician de las corrientes migratorias, propiciando situaciones de trabajos forzados, contribuyendo con ello a que el sudeste asiático siga contando con las cifras más altas de víctimas de explotación sexual y laboral. La mayor parte de la migración en los países de la ASEAN es intrarregional, siendo Indonesia, Malasia y Tailandia los destinos principales de los inmigrantes.

Foco en Tailandia

En Tailandia, en 2010 el 72% de la inmigración era ilegal, y en estos momentos se estima que supera el millón de personas, siendo la mayoría de Myanmar y de otros países vecinos como Camboya, Vietnam y Laos. La explicación por la que Tailandia se ha convertido en destino principal de emigrantes y, por consiguiente, en una importante tabla de juego para las organizaciones dedicadas al tráfico humano, se encuentra en la combinación de un lento crecimiento demográfico, en comparación con otros países de la región, y un alto desarrollo económico que se empieza a experimentar a partir de los años 90. Según el ASEAN Post, Tailandia posee uno de los mercados que más rápido están creciendo entre los miembros de la ASEAN, lo que ha impulsado al gobierno a seguir trabajando en el desarrollo de su infraestructura, para lo que la inmigración es fundamental.

Al comienzo del boom, Tailandia reclutaba inmigrantes sin tener una legislación que se ocupara del fenómeno, lo que dio lugar a que sus promotores aprovecharan la situación para explotar a aquellos que llegaban sin conocimientos de la lengua y las leyes tailandesas. Hasta la llegada del Gobierno del empresario Thaksin Shinowatra no se empiezó a implantar un sistema de registro que otorgaba permisos temporales. No obstante, caducada su vigencia, muchos de esos permisos no eran renovados, dejando de este modo expuestos a miles de trabajadores a la ilegalidad y, de este modo, a la explotación sexual y otra clase de trabajos forzosos en sectores como la agricultura, la pesca, los servicios domésticos o la industria.

Por otro lado, la falta de regulación legal de las agencias de contratación, a las que el Gobierno tailandés no ha prestado especial atención, ha permitido que esas agencias hayan podido disponer de los inmigrantes a su antojo sin sufrir ninguna represalia por ello. La débil legislación junto con unas condiciones mínimas de seguridad para las víctimas, castigándose únicamente penalmente los abusos físicos extremos, configura una situación de desamparo prácticamente total para los explotados, que también se sienten incapaces de acudir a las autoridades por temor a ser deportados.

Tráfico humano: retos y cooperación internacional

No se puede hacer frente a la delincuencia organizada en el sudeste asiático sin enfrentarse antes a la corrupción en los propios países, ya que son muchos los funcionarios que se benefician de facilitar el traspaso de sus fronteras de dichas organizaciones y los inmigrantes ilegales. Además, la falta de información y análisis de inteligencia por parte de los propios cuerpos de seguridad, junto con las dificultades que ofrece una complicada orografía con amplias zonas boscosas y selváticas de muy difícil control, obstaculizan las investigaciones y hace que las autoridades operen a ciegas.

Con la intención de establecer una base legal común, diversos países de la región han firmado la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional de Naciones Unidas, con el objetivo de eliminar diferencias legislativas y ofrecer medios para combatir el crimen organizado. No obstante, aunque Tailandia sí que la ha firmado, junto con Singapur y Brunei, aún no la ha ratificado. Otras soluciones se han propuesto también desde la ASEAN, con la creación de Heads of Specialist Strategic Units, cuya intención es fomentar la colaboración y cooperación de los países, intercambiando información. Por otro lado, se ha constituido la Regional Support Office con el fin de establecer pautas para la prevención, detención y protección de las víctimas.

A pesar del aparente interés de la esfera internacional, los países de Asia-Pacífico prefieren regirse por relaciones bilaterales que les permitan ser selectivos con las normas que les conviene aplicar, y una cooperación no es posible si lo que prima es ante todo el interés de cada Estado. Dichos Estados van a seguir estando dispuestos a firmar acuerdos siempre y cuando estos no les vinculen estrictamente porque, como en el caso de Tailandia, la preocupación proveniente del exterior es mayor que la que se percibe a nivel interno.

La lucha contra el tráfico humano en Asia-Pacífico tiene un largo camino por recorrer. Las medidas que se adopten no pueden ser efectivas si por parte de los países involucrados no existe una intención firme de acabar con este problema. El tráfico humano es la rentabilidad de un daño, un negocio del que determinados sectores dominantes se benefician, por lo que para llegar a una cooperación internacional fructífera los Estados del sur de Asia tendrían que percibirlo como la lacra que es para su sociedad.

BIBLIOGRAFÍA

Kranrattanasuit, N. (2014). ASEAN and Human Trafficking: Case Studies of Cambodia, Thailand and Vietnam. International Studies in Human Rights, Volume:109, 4-104.

Henry, N. (2018). Asylum, Work, and Precarity: Bordering the Asia-Pacific. University of Warwick.

Sansó-Rubert, D. (2011). Criminalidad Organizada Transnacional en Asia-Pacífico: Repercusiones para la Seguridad Regional e Internacional. Universidad de Santiago de Compostela-CESEDEN, 159-189.

Origen étnico disputado, agravios de la era colonial británica y miedo a una minoría 'quintacolumnista'

La crisis humanitaria sufrida en Myanmar por minoría musulmana de los rohingyas nos habla también de cuestiones estratégicas. Rodeado el país por poblaciones islámicas, ciertos grupos dirigentes, especialmente los elementos budistas, temen que los rohingyas, que son declarados extranjeros a pesar de llevar generaciones en su territorio, actúen de quintacolumnistas. El miedo a la contaminación yihadista también es invocada por un Gobierno que no ha respetado los derechos humanos de esta minoría.

▲ Refugiados rohingyas [Tasnim News Agency/CC]

ARTÍCULO / Alexia Cosmello Guisande

En agosto de 2017 se daba en Myanmar el que fue conocido como “el gran éxodo de los rohingyas”; un año después, en 2018, reapareció en las primeras páginas de los periódicos internacionales la catástrofe humanitaria que estaba teniendo lugar en ese país. La comunidad internacional, automáticamente, se mostró a favor del grupo minoritario rohingya. Los medios de comunicación hablaron sobre el problema, y siguen haciéndolo, utilizando un lenguaje populista, tratando de buscar la emoción del público.

La historia rohingya es muy poco conocida por la opinión pública, que generalmente desconoce el origen del conflicto y las razones que mueven al Gobierno birmano. Actualmente, los rohingyas están considerados por la ONU como “una de las minorías más perseguidas del mundo”. Para entender bien el núcleo del actual problema es de gran importancia hacer un pequeño análisis sobre la historia de Myanmar, de los rohingyas y de las relaciones entre esa minoría y el país que la acoge.

Historia

El actual estado de Myanmar es un auténtico mosaico de etnias, lenguas, religiones y movimientos insurgentes. Están reconocidas 135 etnias distintas, pero el 90% de la población, aproximadamente, es de religión budista, por lo que las restantes confesiones quedan consideradas como minorías en el país [1]. Concretamente, los rohingyas son de religión musulmana y más de la mitad de la comunidad se encuentra concentrada en la región de Rakhine o Arakan, una de las más pobres del país. Aquí la población está aproximadamente dividida entre: 59,7% budistas, 35,6% musulmanes y el 4,7% restante otras religiones.

Los musulmanes de Rakhine se dividen en dos grupos, por un lado, los kaman que a pesar de ser de otra confesión comparten costumbres con la población budista y tienen reconocida y garantizada la ciudadanía en Myanmar por parte del Gobierno. Por otro lado, los rohingyas, que son una mezcla de diferentes etnias como la árabe, la mogol y la bengalí. A este segundo grupo no se le tiene reconocida la nacionalidad o ciudadanía en el Estado, ya que, a pesar de que sus integrantes llevan generaciones en el país, todavía son considerados inmigrantes ilegales de Bangladesh.

Fue entre 1974, año en que se publicó la Ley de Emergencia sobre Inmigración, y 1982, cuando se aprobó la Ley sobre Ciudadanía, durante el período dictatorial del general Ne Win, que los rohingyas fueron declarados por ley inmigrantes ilegales sin derecho a la ciudadanía en Myanmar. Esta ley, junto a la negativa por parte del Gobierno a una separación en identidades, es una de las razones por las cuales comenzó el conflicto entre las autoridades y los rohingyas. Al conflicto cabe añadirle la participación de los militares, que tienden a instigar la confrontación en la región entre distintos grupos  étnicos.

Por el hecho de ser apátridas, que es en sí una violación de los Derechos Humanos, carecen del reconocimiento de otros derechos básicos como el de acceso al trabajo, la educación o la sanidad, además del de libertad de movimiento dentro del propio país. El conflicto con esta comunidad minoritaria va más allá de la religión, pues también afecta a los aspectos político-económicos del grupo. Están siendo discriminados culturalmente, explotados económicamente y políticamente marginados.

Argumentos

Para entender los argumentos del gobierno de Myanmar para negarles la ciudadanía hay que comprender la historia de la comunidad. En sí, su origen es confuso, lo cual hace que su situación sea más compleja y controvertida. Ellos mismos dicen ser indígenas originarios de la región donde habitan ahora, Rakhine. La historia no lo contradice, pero tampoco lo confirma; de lo que sí hay evidencia histórica es de que llevan generaciones viviendo allí. Por un lado, una versión de su origen, recogida por la historiadora Jasmine Chia, fecha los primeros asentamientos musulmanes en Arakan (antiguo nombre de Rakhine) durante el siglo VII; esos pobladores continuaron viviendo en la región hasta el siglo IX, pero no es hasta el siglo XV cuando se asientan definitivamente y forman una comunidad. Versiones de historiadores locales contradicen la versión anterior y fechan los primeros asentamientos rohingyas en el siglo XIX cuando el lugar estaba bajo la colonización del Imperio Británico, junto a India y Bangladesh, por lo cual sostienen que en realidad estaban asentados en Chittagong y con el tránsito de personas y los éxodos internos migraron a Rakhine. Por último, el historiador francés Jacques P. Leider afirma que la primera vez que se utilizó el término “rohingya” fue por un médico británico en el siglo XVIII, así que, a pesar de que en esa época no estuvieran todavía asentados en la zona, la etnia ya existía.

Se considera la Segunda Guerra Mundial como el origen de la problemática actual. Japón quiso invadir Birmania, por lo que el Imperio Británico decidió armar a los rohingyas para que lucharan contra los nipones. Pero el grupo empleó las armas otorgadas por las autoridades, así como las técnicas aprendidas, para defender al país en su contra. Quemaron tierras y templos de otras étnicas, principalmente budistas. En 1944 hicieron retroceder a los japoneses, por lo cual los británicos, que seguían teniendo el control de la zona, los elogiaron [2].

En 1948 Birmania consiguió la independencia del Imperio Británico, lo que dio la oportunidad a varias minorías que representan el 40% del actual Myanmar de armarse y rebelarse contra el nuevo sistema político. Aun hoy en día partes del país siguen controladas por estos grupos. Antes de la independencia los musulmanes del país crearon la Muslim Liberation Organization (MLO), que tras 1948 pasó a denominarse Partido Mujahid. Este grupo está dentro de la lista de grupos terroristas redactada por el Terrorism Research and Analysis Consortium (TRAC). El Gobierno permitió la eliminación de la lista de terroristas del país de aquellos grupos que hubieran firmado el alto el fuego con el Estado. Esto implica que desde el Gobierno se permite su libre desarrollo y la inversión en estas zonas necesitadas tras años de aislamiento. Es decir, estos grupos ahora pueden moverse libremente por el país y participar en política. Este no es el caso de los rohingyas, que siguen siendo considerados un grupo de extranjeros y un vehículo para la expansión del jihad, de acuerdo con el punto de vista del Gobierno de Myanmar y los budistas. En el último período, el Estado Islámico ha estado expandiendo internacionalmente la narrativa de la religión islámica, por este motivo los monjes budistas (Ashin Wirathu) han calificado al Islam como una religión que amenaza directamente al Estado de Myanmar y advierten que es a través de la minoría musulmana cómo esas ideas violentas pueden impregnar el país más fácilmente debido al contacto de elementos de esa minoría con los grupos terroristas internacionales.

El Gobierno birmano justifica sus actuaciones contra los rohingyas alegando que el conflicto entre las dos religiones desde el período de colonización británica puede dar lugar a conflictos posteriores. De otro lado, existe miedo por parte del Gobierno, los budistas y las otras minorías hacia los roghingyas por sus organizaciones como la Arakan Rohingha National Organization o la Rohingya Solidarity Organization, las cuales tienen una conexión casi directa con líderes y/o miembros de grupos terroristas como Al-Qaeda o los talibanes.

Los budistas ven con preocupación el rápido crecimiento demográfico de los musulmanes, que llevará posiblemente en un futuro no muy lejano a que los musulmanes estén en condiciones de superar en número a la comunidad budista, dejando así de ser una minoría. Ligado a este miedo, está el hecho de que el país se encuentra rodeado por naciones de religión musulmana, y según los budistas, si se diera una invasión inesperada de Myanmar por parte de algunos de estos países, los rohingyas lucharían a favor de los invasores, ya que no se sienten parte del país [3].

Resentimiento

Aunque puede entenderse ese temor de los budistas y del Gobierno mismo, no son justificables las violaciones de los derechos humanos, algunas de las cuales han generado verdaderas crisis humanitarias. En realidad, detrás de la actitud contraria a los rohingyas, más allá de los argumentos invocados oficialmente ante la comunidad internacional, parece esconderse un resentimiento histórico hacia esa minoría por la quema de templos y tierras en la época colonial y un temor a una confrontación abierta.

Claramente, la historia de un país marca su presente y su futuro, y aquellos sucesos de décadas atrás explican parte de lo que hoy ocurre en Myanmar. Si bien no se pueden olvidar agravios pasados, arrastrar el deseo de venganza de generación en generación es la mejor receta para el fracaso como sociedad o incluso la tragedia. Los maltratados niños rohingyas están creciendo odiando al país donde residen, lo que es contraproducente para los objetivos del Gobierno y retroalimenta el miedo de unos a la reacción de los otros.

[1] FARZANA, Kazi Fahmida. Memories of Burmese Rohingya Refugees: Contested Identity and Belonging. “Introduction” (p. 1-40)

[2] ROGERS, Benedict. Burma: A Nation at the Crossroads. Rider Books, 2015

[3] FARZANA, K. F. op. cit. “The Refugee Problem from an Official Account” (p. 59-86)

ANÁLISIS / Nerea Álvarez

Las relaciones entre Japón y Corea no son fáciles. La anexión japonesa de la península en 1910 sigue muy presente en la memoria coreana. Por su parte, Japón posee un sentido de la historia distorsionado, fruto de haber asumido su culpabilidad en la guerra de modo obligado, forzado por el castigo sufrido en la Segunda Guerra Mundial y la ocupación estadounidense, y no como consecuencia de un proceso propio de asunción voluntaria de responsabilidades. Todo ello ha llevado a que Japón se resista a revisar su historia, sobretodo la de su época imperialista.

Uno elemento clave que dificulta una reconciliación sincera entre Japón y los países vecinos que se vieron invadidos por los nipones en la primera mitad del siglo XX son las mujeres de consuelo o “mujeres confort”. Este grupo de mujeres, procedentes de China, Filipinas, Myanmar, Taiwán, Indonesia, Tailandia, Malasia, Vietnam y Corea del Sur (alrededor del 80% provenían de este último país), son una consecuencia de la expansión de Japón comenzada en 1910. Durante este periodo, los soldados japoneses se llevaron aproximadamente entre 70.000 y 200.000 mujeres a estaciones de confort donde estos abusaban sexualmente de ellas. Estas estaciones siguieron en marcha en Japón hasta finales de los años 40. Según los testimonios de las mujeres supervivientes, los soldados japoneses se las llevaban de diversas formas: secuestro, engaño y extorsión son solo algunos ejemplos.

Según el testimonio de Kim Bok-Dong, una de las mujeres supervivientes, los soldados nipones adujeron que debían llevársela para trabajar en una fábrica de uniformes porque no tenían suficiente personal. En aquel entonces ella tenía 14 años. Los soldados prometieron a su madre devolvérsela una vez fuese mayor para casarse, y amenazaron con el exilio a toda la familia si no los padres no permitían la marcha de la joven. Fue transportada en ferri desde Busan hasta Shimonoseki (prefectura de Yamaguchi, en Japón), junto con otras treinta mujeres. Después tomaron otro barco que las transportó a Taiwán y luego a la provincia de Guangdong. Allí fueron recibidas por oficiales, que las acompañaron hasta el interior de un edificio donde les esperaban médicos. Examinaron sus cuerpos y las acompañaron a sus habitaciones. Las mujeres fueron agredidas y violadas repetidamente. Tras varias semanas, muchas pensaban en el suicidio: “Estábamos mucho mejor muertas” (Kim Bok-Dong, 2018). Muchas murieron debido a las condiciones a las que se les sometía, a causa de enfermedades, asesinadas por los soldados japoneses en los últimos años de la guerra o, si tenían oportunidad, suicidándose. Se estima que sobrevivieron alrededor de un cuarto o un tercio de las mujeres.

Largo proceso

Tras la guerra y pese a conocerse los hechos, ese dramático pasado fue quedando relegado en la historia, sin que se le prestara la atención necesaria. Corea del Sur no estaba preparada para ayudar a estas mujeres (y Corea del Norte había entrado en un absoluto aislamiento). Durante los años 60, las relaciones entre la República de Corea y Japón empeoraron debido a las políticas antijaponesas de los líderes políticos surcoreanos. En 1965, Tokio y Seúl firmaron el Tratado de Normalización, pero quedó demostrado que los asuntos económicos eran lo prioritario. Se tendieron puentes de cooperación entre ambos países, pero el conflicto emocional impedía y sigue impidiendo mayor relación en campos alejados del económico. Japón sigue alegando que en el Tratado de Normalización se encuentran los argumentos para descartar que estas mujeres posean el derecho de legitimación ante tribunales internacionales, aunque en el texto no se las mencione.

Las cosas comenzaron a cambiar en los años 70, cuando se formó en Japón la Asociación de las Mujeres Asiáticas, la cual empezó a arrojar luz sobre este aspecto de la historia reciente. Al principio, incluso el Gobierno coreano ignoró el problema. La razón principal fue la falta de pruebas de que los hechos hubieran ocurrido, ya que el Gobierno de Japón había mandado destruir los documentos comprometedores en 1945. Además, Japón impidió que el Gobierno surcoreano reclamara reparaciones adicionales por daños incurridos durante el período colonial basándose en el tratado de 1965.

La cultura del sudeste asiático jugó un papel importante en la ocultación de los hechos acontecidos. El valor de mantener las apariencias en la cultura oriental primaba sobre la denuncia de situaciones como las vividas por estas mujeres, que debieron callar durante décadas para no ser repudiadas por su familia.

Cuando la República de Corea se democratizó en 1987, el Gobierno surcoreano comenzó a darle importancia a esta cuestión. En 1990, el presidente Roh Tae Woo, pidió al Gobierno de Japón una lista con los nombres de las mujeres, pero la respuesta desde Tokio fue que esa información no existía porque los documentos se habían destruido. El dirigente socialista Motooka Shoji, miembro de la Cámara Alta de la Dieta japonesa, reclamó que se investigara lo ocurrido, pero el Parlamento alegó que el problema ya se habría resuelto con el Tratado de Normalización de 1965. En 1991, Kim Hak-Sun, una de las mujeres que sobrevivieron a la explotación sexual, presentó la primera demanda judicial, siendo la primera víctima en hablar de su experiencia. Esto supuso el arranque de la lucha de un grupo de más de cincuenta mujeres coreanas que pedían el  reconocimiento de los hechos y una disculpa oficial del Gobierno japonés. A partir del 8 de enero de 1992, “todos los miércoles a las 12 del mediodía, las víctimas junto a miembros del Consejo Coreano y otros grupos sociales marchan frente a la Embajada de Japón en Seúl. La marcha consiste en levantar carteles exigiendo justicia y perdón y expresar en público sus reclamos”.

El Gobierno de Tokio negó toda implicación en el establecimiento, reclutamiento y  estructuración del sistema de las mujeres de confort desde el principio. No obstante, desde la Secretaría del Gabinete tuvo que emitirse en 1992 una disculpa, aunque fue vaga y demasiado genérica, dirigida a todas las mujeres por los actos cometidos durante la guerra. No fue hasta ese año que el Gobierno japonés reconoció su implicación en la administración y supervisión de estas estaciones. La UNHRC determinó entonces que las acciones del Gobierno nipón representaban un crimen contra la humanidad que violó los derechos humanos de las mujeres asiáticas.

En 1993, Japón admitió haber reclutado bajo coerción a las mujeres coreanas. La coerción era la palabra clave para desmentir las declaraciones previas, que indicaban que estas mujeres se dedicaban a la prostitución voluntariamente. El secretario del Gabinete, Yohei Kono, declaró que “el ejército japonés estuvo, directa o indirectamente, involucrado en el establecimiento y la gestión de las estaciones de confort, y en el traslado de mujeres de confort... que, en muchos casos, fueron reclutados en contra de su propia voluntad”. El Gobierno de Japón ofreció sus disculpas, arrepintiéndose de lo sucedido, pero no hubo compensación a las víctimas. En 1994, la Comisión Internacional de Juristas recomendó a Japón pagar la cantidad de $40.000 a cada superviviente. El Gobierno quiso estructurar un plan para pagar a las mujeres con fondos no gubernamentales, pero el Consejo Coreano para las mujeres raptadas por Japón como exclavas sexuales, fundado en 1990 e integrado por 37 instituciones no se lo permitió.

En 1995, el primer ministro Murayama Tomiichi sentó las bases del Asian Women’s Fund, que serviría para proteger los derechos de las mujeres en Japón y en el mundo.  A ojos internacionales, esta organización se vio como una excusa para escapar de las responsabilidades legales requeridas, ya que se recaudaba dinero público, lo que hacía que la participación del Gobierno fuese casi imperceptible. Además, comenzó a hacerse oír una creciente opinión minoritaria de ciudadanos afines a la derecha japonesa que calificaban a las mujeres confort de ‘prostitutas’, a las que no era necesario compensar de ningún modo.

No obstante, la compensación monetaria es una de las cuestiones que menos ha importado a este grupo de mujeres. Su prioridad ante todo es restaurar su dignidad. Que el Gobierno japonés no se haya implicado directamente y no acalle opiniones como las de la minoría derechista, es probablemente lo que más les afecte. Ante todo, estas mujeres luchan por que Tokio reconozca los hechos públicamente y ofrezca una disculpa oficial por lo ocurrido.

La ONU ha seguido tomando el papel de mediador a lo largo de los años. Encontramos en varios documentos pertenecientes a la UNHRC declaraciones que instan a Japón a resolver el problema. En un documento que revisa la primera demanda de la organización (2 de febrero de 1996) en el Consejo de los Derechos Humanos, figura la respuesta del primer ministro Ryutaro Hashimoto: “la cuestión acerca de las reparaciones se resolvió mediante tratados de paz y el Gobierno nunca pagará una indemnización a las víctimas”.

En el documento en cuestión, se clasifica de esclavitud militar a las estaciones de confort. Japón respondió negando cualquier tipo de responsabilidad legal, dada la incapacidad de aplicarse retroactivamente la ley internacional del momento, la imprecisión de la definición de estaciones de confort, la no vigencia de leyes contra la esclavitud durante la Segunda Guerra Mundial y la no prohibición en las leyes internacionales de cometer violaciones en situaciones de conflicto internacional. Además, adujo que las leyes existentes durante la guerra solo se podían aplicar a la conducta cometida por los militares japoneses contra ciudadanos de un Estado beligerante, pero no contra los ciudadanos de Corea, ya que esta fue anexionada y formaba parte del territorio japonés.

En 1998, la abogada estadounidense Gay J. McDougall presentó ante la UNHRC un documento que concluía que las acciones tomadas por las Fuerzas Armadas de Japón eran crímenes contra la humanidad. Más tarde, ese mismo año, la ONU adoptó el texto y cambió la definición previa a estaciones de violación.

Entendimiento que no llega

A lo largo de los años, el problema no ha hecho más que crecer y la política japonesa ha ido alejándose de un posible camino de mejora de las relaciones diplomáticas con sus vecinos. Este problema de revisión de la historia es la base de los movimientos políticos que observamos en Japón desde 1945. Las reformas impuestas por la ocupación estadounidense y los tribunales de Tokio jugaron un papel de gran importancia, así como el Tratado de San Francisco, firmado en 1948. Todo ello ha establecido en la población japonesa una aceptación pasiva de la historia pasada y de sus responsabilidades.

Al haber sido juzgados en los tribunales de 1948, la responsabilidad y culpabilidad que cargaban los nipones se creyó absuelta. Por otro lado, la ocupación de EEUU sobre el archipiélago, tomando el control militar, afectó al orgullo de los ciudadanos. La transformación de la economía, la política, la defensa y, sobretodo, la educación también tuvo sus repercusiones. Desde los comienzos democráticos de Japón, la política se ha centrado en una defensa pasiva, una educación antinacionalista y unas relaciones exteriores alineadas con los intereses de la potencia norteamericana.

Sin embargo, tras las elección como primer ministro en 2012 de Shinzo Abe, líder del Partido Liberal Democrático (LDP), se han introducido numerosos cambios en la política exterior e interior del país, con reformas en campos que van desde la economía hasta la educación y la defensa. Respecto a esta última, Abe se ha enfocado mayormente en reintroducir la fuerza militar en Japón a partir de una enmienda en el artículo 9 de la Constitución de 1945. Este giro se debe a la ideología propia del partido, que quiere dar a Japón un mayor peso en la política internacional. Uno de los puntos clave en su Gobierno es precisamente la postura frente al polémico tema de las mujeres confort.

En 2015, Shinzo Abe y la presidenta de la República de Corea, Park Geun-hye, firmaron un tratado en el que se establecían tres objetivos a cumplir: las disculpas oficiales de Japón, la donación de mil millones de yenes a una fundación surcoreana para el beneficio de estas mujeres y la retirada de la estatua en recuerdo de las mujeres confort levantada frente a la embajada de Japón en Seúl. Este tratado fue el mayor logro en el largo proceso del conflicto, y fue recibido como la solución a tantos años de disputa. Los dos primeros objetivos se cumplieron, pero la controvertida estatua no fue apartada de su emplazamiento. La llegada del presidente Moon Jae-in en 2017 complicó la completa implementación del acuerdo. Ese año, Moon criticó abiertamente el tratado, por considerar que deja de lado a las víctimas y al pueblo coreano en general. Su presidencia ha variado ciertos enfoques estratégicos de Corea del Sur y se desconoce exactamente qué quiere conseguir con Japón.

Acuerdo pendiente

Lo que sí puede concluirse es que retrasar la solución no es beneficioso para ninguna de las partes. Dejar el problema abierto está frustrando a todos los países involucrados, sobre todo a Japón. Un ejemplo de ello es la reciente ruptura de la hermandad entre las ciudades de San Francisco y Osaka en 2018 debido a una estatua en la población estadounidense que representa a las víctimas de este conflicto. En ella se encuentran tres niñas, una niña china, una coreana y una filipina, cogiéndose de las manos. El alcalde de Osaka, Hirofumi Yoshimura, y su predecesor, Toru Hashimoto, habían escrito cartas a su ciudad hermanada desde que se redactó la resolución para construir el memorial. Asimismo, dentro del propio LDP, Yoshitaka Sakurada, calificó de ‘prostitutas’ a este grupo de mujeres en 2016; poco después de haber establecido el tratado de 2015 sobre este tema. Eso ha provocado una respuesta negativa al tratado, ya que se cree que en realidad Japón no busca la reconciliación, sino olvidar el tema sin aceptar la responsabilidad que conlleva. 

El problema radica en cómo afrontan la controversia estos países. La República de Corea, con el presidente Moon, busca cerrar las heridas pasadas con nuevos acuerdos, pero Japón solo aspira a cerrar el asunto lo antes posible. La renegociación de un tratado no es la mejor opción para Japón: incluso buscando la mejor solución para ambas partes, saldría perdiendo. En caso de que el presidente Moon logre llegar a un nuevo acuerdo con el primer ministro Abe para solventar los problemas del anterior tratado, se demostraría que las negociaciones anteriores y las medidas adoptadas por Japón en 2015 han fracasado.

Por muchas disculpas que el Gobierno de Japón haya emitido a lo largo de los años, nunca se ha aceptado la responsabilidad legal sobre las acciones en relación a las mujeres confort. Mientras que esto no suceda, no se pueden proyectar futuros escenarios donde la discusión se solucione. El presidente Moon renegociará el tratado con Japón, pero las probabilidades de que resulte son escasas. Todo indica que Japón no tiene ninguna intención de renegociar el tratado ni de hacerse cargo legalmente. Si no alcanzan una solución, las relaciones entre los dos países se pueden llegar a deteriorar debido a la carga emocional que presenta el problema.

La raíz de las tensiones se sitúa en el pasado histórico y su aceptación. Tanto Moon Jae-in como Shinzo Abe deben reevaluar la situación con ojos críticos en relación a sus propios países. Japón debe comenzar a comprometerse con las acciones pasadas y la República de Corea debe mantenerse una posición constante y decidir cuáles son sus prioridades respecto a las mujeres confort. Solo ello puede permitirles avanzar en la búsqueda del mejor tratado para ambos.

Competencia de las dos potencias para disponer de bases en el Índico y tener actividad en países vecinos estratégicos

Los rumores sobre posible uso militar futuro por parte de China del área de Gwadar (Pakistán), donde Pekín ya gestiona un puerto, han añadido en el último año gran atención a la rivalidad que China e India sostienen para asegurarse el acceso a puntos que, repartidos por la región, les permitan el control del Índico. India estima este océano como propio, mientras que para China es vital para garantizar la seguridad de sus suministros energéticos desde Oriente Medio.

▲ Trabajos de China para transformar en isla el arrecife de Subi, en las islas Spratly, en 2015 [US Navy]

ARTÍCULO / Jimena Puga

Las dos principales potencias de Asia-Pacífico, China e India, están compitiendo por la supremacía regional en el océano Índico mediante el establecimiento de bases militares y acuerdos económicos con países fronterizos como Pakistán. El océano Índico, que bordea África, Oriente Medio, Asia y Australia, es la cuna de uno de los puntos más cruciales y estratégicos para el comercio internacional. Casi un 40% del petróleo extraído del mar se produce en el Índico, el cual tiene también depósitos de ricos minerales y de pesca.

Hace cinco años China inició su gran reclamación de territorio en el Mar Meridional de China, y el país ha establecido un status quo territorial a su favor sin recibir ningún impedimento internacional, con el fin de contrarrestar la presencia militar estadounidense en la región, establecida durante la Guerra Fría, y que controla el Mar Meridional de China y todas las mercancías que provienen de África, Oriente Medio y el estrecho de Malaca. Esta expansión territorial del Imperio del Centro empezó en diciembre de 2013; desde entonces China ha construido más de media docena de islas artificiales más, situadas en un lugar estratégico por donde pasa un tercio del comercio marítimo global, y ha desplegado activos militares en ellas.

Sin embargo, la creación de estas islas ha supuesto grandes daños para el ecosistema marítimo de la región. Los arrecifes de coral que China ha destruido para utilizarlos como base para el establecimiento de sus islas, constituían alimento y refugio para numerosas especies marítimas, así como abastecimiento para las empresas de pesca más importantes de Asia. No obstante, gracias a esta expansión territorial China está en una mejor posición no solo para el control marítimo y aéreo de la zona sino también para continuar con el avance de su estrategia de proyección de poder en el Océano Índico y parte del Pacífico para satisfacer sus planes de poder y supremacía en la región.

La neocolonización

A principios de 2018 algunas informaciones apuntaron a que China planea habilitar una base naval junto al puerto que desarrolla en Gwadar, en Pakistán, si bien autoridades de este país niegan que Pekín haya solicitado dar ese uso a las instalaciones. En cualquier caso, el atraque de buques militares en el área de Gwadar pondría en conexión ese punto con la reciente base militar y naval del país construida en Yibuti –la primera que China tiene en el exterior– como parte de una creciente red propia de bases aéreas y navales a lo largo del Océano Índico.

India, la mayor potencia de entre los países regionales, está respondiendo a la expansión china con una inesperada fuerza. Delhi aspira a controlar los puntos más estratégicos del comercio marítimo en el Índico incluyendo los estrechos de Malaca y de Ormuz y el canal de Mozambique. Además, India está ganando acceso a las bases de sus aliados extranjeros en la región. En 2017 firmó un acuerdo de logística con EEUU que supondría el libre acceso a las instalaciones militares estadounidenses a lo largo de la región (acuerdo que quizá tenga algo que ver con el deseo de EEUU de crear una alternativa a la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda y frenar el rápido crecimiento de la superpotencia asiática).

En enero de 2018, India también anunció el acuerdo logístico de intercambio con Francia que implica el libre acceso a las instalaciones militares franceses en Yibuti, concretamente en el Mar Rojo y en la isla de Reunión, al sur del océano Índico (quizá para contrarrestar los acuerdos chino-europeos). Por último, India también esta construyendo relaciones estratégicas e infraestructuras cerca del Golfo Pérsico. Y tras años de negociaciones, Delhi ha conseguido formalizar un acuerdo con Irán para modernizar y ampliar el puerto de Chabahar, cerca del estrecho de Ormuz. Aunque es cierto que la gran mayoría de acuerdos son de carácter comercial, tienen el suficiente potencial como para aumentar el acceso y la influencia de India en Asia central.

En respuesta a la base militar de Pekín en Yibuti, Nueva Delhi ha comenzado la búsqueda de acceso a nuevas instalaciones en Seychelles, Omán y Singapur. Desde Tanzania a Sri Lanka las dos potencias asiáticas están intentando aumentar su presencia militar y económica en países a lo largo del Índico en su misión por la supremacía regional. Por último, es posible que la petición de drones a EEUU en 2017 por parte de India tuviese como objetivo la monitorización de la actividad china en el océano.

“Mis compañeros chinos me han dicho de manera explícita que si EEUU continúa sobrevolando y navegando en lo que ellos autodenominan ‘sus aguas’, China derribará al correspondiente intruso”, dijo Matthew Kroenig, analista de la CIA y del Pentágono. “Tal vez sea solo un farol, pero si China derribase un avión americano, sería el escenario perfecto para el incremento de la presencia militar estadounidense. Es duro ver al presidente Trump o a cualquier otro dirigente americano darle la espalda a este asunto”.

La globalización

Los movimientos de ambas potencias derivan del miedo a que el resto de países se unan en coalición con su oponente en el futuro, pero tampoco quieren abandonar por completo la expansión de las relaciones económicas el uno con el otro alterando el orden regional de forma demasiado drástica.

Este poder de los débiles tiene limitaciones, pero ha funcionado hasta ahora de forma beneficiosa tanto para India como para China. Debido a la globalización, concretamente en el ámbito económico, los Estados más débiles han adoptado estrategias asimétricas para extraer recursos de sus superpotencias vecinas que aspiran a ser líderes en el panorama internacional. A menudo, estos países fronterizos debían elegir una superpotencia para obtener recursos, tal y como ocurrió durante la Guerra Fría. La diferencia en esta era de globalización es que estos Estados pueden extraer concesiones y recursos de ambos, Pekín y Delhi, sin alinearse formalmente con uno de ellos, como es el caso, por ejemplo, de Vietnam. La ausencia de una rivalidad entre dos bloques, como sucedió durante la Guerra Fría, y los altos niveles de interdependencia económica entre India y China facilitan a muchos de los pequeños Estados evitar firmar una alianza son uno de estos líderes.

La sutil estrategia de India implica desarrollar ententes con Japón y los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), así como con Estados Unidos. Concretamente, las negociaciones cuadrilaterales iniciadas entre India, Japón, EEUU y Australia son otro mecanismo estabilizador frente a China.

Sin embargo, las estrategias de los Estados menores al sur de Asia tienen limitaciones. Aunque China está ofreciendo mayor asistencia económica, es poco probable que esos países, excepto Pakistán, formen alianzas militares con China porque si lo hacen, provocaría una contestación negativa por parte de la India, poder dominante en la región, y de Estados Unidos, la superpotencia internacional que todavía tiene una fuerte presencia naval en el océano Índico. Estamos presenciando una nueva dinámica de relaciones diplomáticas en la región de Asia-Pacífico.

Esta nueva tendencia de acercamiento a los países menores se traduce en una inclinación a utilizar el atractivo económico para persuadir a los vecinos antes que utilizar la coerción militar. Está todavía por ver cuánto tiempo continuará esta tendencia. Las nuevas estrategias de India con otras potencias internacionales pueden ser la llave para complicar la libertad de acción y decisión que China está teniendo en el ámbito militar, especialmente en esta época de paz. Lo que está claro es que la aspiración de supremacía de China es visible por todos los países que forman parte de la región de Asia-Pacífico y no será tan fácil de instaurar como el Imperio del Centro pensaba.

El texto intenta evitar el estancamiento, pero no abre la puerta a una decisiva transformación

Los cubanos votarán en referéndum el próximo 24 de febrero el proyecto de nueva Constitución aprobado por la Asamblea Nacional en diciembre tras un periodo de consulta popular. En el preámbulo del proyecto se introdujo a última hora la referencia a la meta comunista que ya existía en la Constitución de 1976, pero que no había sido incorporada inicialmente en el borrador, de forma que el texto final resulta incluso aún menos novedoso.

▲ Edificio del Comité Central del Partido Comunista de Cuba [Marco Zanferrari]

ARTÍCULO / Alex Puigrefagut

Seis décadas después de la Revolución, Cuba deja atrás el apellido Castro, con la llegada en abril de 2018 de Miguel Díaz-Canel a la jefatura del Estado, y se dispone a aprobar una nueva Constitución, que reemplazará a la promulgada en 1976, para simbolizar ese nuevo tiempo. Esta nueva Carta Magna, cuyo texto inicial fue aprobado por la Asamblea Nacional en julio de 2018, luego sometido a tres meses de consulta popular para la presentación de enmiendas y finalmente aprobado como por los diputados el 22 de diciembre, tiene como objetivo principal procurar la modernización del Estado cubano y el desarrollo sostenible del mismo, sin perder la esencia y los ideales principales de la ideología socialista del Estado.

Llegados al fin de la era Castro al frente de Cuba, el Estado ha visto necesario recoger en la nueva redacción las transformaciones socioeconómicas realizadas en el país desde la entrada en vigor de la Constitución anterior, así como modificar parcialmente la estructura estatal para hacerla más funcional. También cabe destacar la voluntad de reconocer más derechos para los ciudadanos, aunque con limitaciones.

A la hora de examinar el proyecto constitucional, hay cuatro aspectos especialmente reseñables: la especificación de la ideología del Estado, las figuras y estructuras del Estado y del gobierno, la cuestión de la propiedad privada y finalmente la redefinición de los derechos de los ciudadanos.

Mantenimiento del socialismo

El texto aprobado inicialmente por Asamblea Nacional no incluyó la referencia al objetivo de alcanzar una sociedad comunista, un punto fundamental que estaba presente en la anterior Constitución. El artículo 5 de la Carta Magna de 1976 establecía que la sociedad “organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista”.

La omisión de este punto en realidad solo obedecía a un cambio de lenguaje, pues en ningún momento se abandonaba la idea del socialismo, es más, se ratificaba el carácter socialista del Estado cubano. En palabras de Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional, esta nueva Constitución “no quiere decir que renunciemos a nuestras ideas, sino que en nuestra visión pensamos en un país socialista, soberano, independiente, próspero y sostenible”. Con todo, por si había dudas, tras el periodo de deliberación popular la Asamblea introdujo como enmienda la mención expresa al comunismo en el preámbulo del texto final, dada la presunta presión de los sectores más inmovilistas.

La nueva Constitución reafirma el carácter socialista del régimen cubano, tanto en el ámbito económico como social, dando un papel principal al Partido Comunista de Cuba (PCC) como poder máximo de la sociedad. La índole socialista del Estado cubano queda remarcada por el mantenimiento del sistema de partido único.

Límites presidenciales

La nueva Constitución recoge algunos cambios en la estructura estatal. La característica más destacable es que el país de las Antillas tendrá un presidente de la república como jefe de Estado y un primer ministro como jefe de gobierno, en contraste con la situación actual de un mismo cargo para las dos funciones: presidente del Consejo de Estado y de Ministros. Todo indica que esa distinción se traducirá más en una distribución de trabajo que en una división de poderes entre los dos cargos, por lo que este cambio no será trascendente, dado el control que se seguirá ejerciendo desde el PCC.

Otra transformación en el sistema político es la eliminación de las asambleas provinciales por la creación de gubernaturas provinciales, con el objetivo de dar una mayor descentralización al poder administrativo y una mayor dependencia del mando legislativo al ejecutivo.

En cuanto al período presidencial, la nueva Constitución lo limita a cinco años, con la opción de una reelección única por el mismo tiempo. Este cambio es importante ya que debería llevar a una rotación de miembros, y se supone que con ello habría también una renovación de ideas tanto dentro del Partido y como del Ejecutivo. El propósito aducido es evitar el estancamiento de una generación histórica sin ideas nuevas.

Finalmente el presidente será elegido directamente por los diputados de la Asamblea Nacional; es decir, que Cuba no da entrada a la elección directa de sus mandatarios, sino que mantiene el sistema de elección indirecta.

Propiedad privada

El documento recoge varias formas de propiedad, entre ellas la propiedad socialista, la propiedad mixta y la propiedad privada. La mención a esta última no supone su reconocimiento formal, sino la constatación de una práctica cuya extensión la nueva Constitución avala. Ello supone, pues, el reconocimiento del mercado, una participación más profunda de la propiedad privada y la bienvenida a más inversión extranjera para avivar la economía del país.

Esta necesidad de recoger en la Constitución la mayor participación de la propiedad privada se ha dado porque, en muchos casos, la contribución de la propiedad y las inversiones extranjeras han superado en la práctica lo que estaba establecido en el marco constitucional previo. Pero ese paso también llevará a un mayor control en este ámbito.

Estos cambios en el ámbito económico tienen como objetivo apoyar los ajustes iniciados por Raúl Castro hace una década para impulsar el crecimiento económico y contrarrestar el embargo establecido por los Estados Unidos desde hace más de cincuenta años; además de fijar cierta fuerza laboral del país en el sector privado como cuentapropistas, sobre todo en microempresas y pequeñas empresas.

Derechos ciudadanos

Por último, en cuanto a la redefinición de los derechos de los ciudadanos, el proyecto constitucional establece un nuevo funcionamiento en la interacción del Estado con la población a través de la flexibilización de los derechos económicos, jurídicos y civiles. A partir de la aprobación del nuevo texto, el Estado cubano debe garantizar a los ciudadanos la ampliación de los Derechos Humanos, aunque solamente conforme con los tratados internacionales que hayan sido ratificados por el país caribeño.

Esto, que a pesar de esa limitación podría verse como una oportunidad para los ciudadanos, en realidad tiene poco de apertura, pues si bien Cuba ha firmado acuerdos de las Naciones Unidas sobre derechos políticos, culturales, civiles y económicos, en realidad no los ha ratificado. Así pues, en un principio Cuba no tendría que verse obligada al reconocimiento de estos derechos.

Otro punto destacado de la flexibilización introducido es el artículo 40, el cual penaliza la discriminación “por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o cualquier otra distinción lesiva a la dignidad humana”. En el texto inicial que pasó a deliberación de las bases se introducía el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero el rechazo ciudadano llevó a que una enmienda finalmente retirara ese amparo expreso al matrimonio homosexual.

Analizadas las principales novedades del proyecto constitucional, se puede determinar que el régimen cubano percibe una cierta necesidad de cambio y de renovación. La nueva Constitución camina algo en esa dirección, pero si bien intenta rehuir el estancamiento tampoco abre la puerta a una decisiva transformación: ni completa continuidad –aunque hay más de esto– ni de revolución dentro del sistema. Está claro que la nueva generación de dirigentes, con Miguel Díaz-Canel al frente, puede verse como una continuidad del régimen castrista, por el simple hecho de que los Castro determinaron directamente al sucesor, además de que muchos de sus ideales son los mismos que los de la generación que hizo la revolución. Pero por el otro lado, Cuba se ve ciertamente obligada a modificar ligeramente el rumbo para estar más presente en el sistema internacional y procurar un Estado y un gobierno más funcional.

(Actualizado el 3 de enero de 2019)

La cancelación del nuevo aeropuerto de CDMX, construido ya en más del 31%, siembra dudas sobre el éxito económico del nuevo sexenio

Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia de México enfrentado al mundo económico, al que ha planteado batalla con su anuncio de paralizar las obras del nuevo aeropuerto de la capital, a pesar de haberse realizado ya un tercio de las obras. El deseo de dejar claro al poder económico quién manda en el país y de sepultar lo que iba a ser un legado emblemático del PRI –cuya hegemonía histórica espera sustituir con su propio partido, Morena– puede estar detrás de la controvertida decisión.

▲ Imagen del proyectado NAICM creada por Fernando Romero Enterprise, Foster and Partners

ARTÍCULO / Antonio Navalón

El PRI mexicano volvió a la presidencia del país en 2012, de la mano de Enrique Peña Nieto, con la promesa de realizar una gran inversión en infraestructura pública que pusiera a México en el escaparate mundial. La obra estelar elegida fue la construcción de un nuevo aeropuerto, cuyo proyecto se encargó al arquitecto Norman Foster y que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) veía como la herencia que siempre se le atribuiría.

Este gran proyecto iba a eclipsar todo legado negativo del mandato de Peña Nieto, que ha estado especialmente marcado por los casos de corrupción y por el récord histórico en cifras de violencia. Aunque útil para el marketing político, aumentar la capacidad de tráfico aéreo de la Ciudad de México (CDMX), cuya área metropolitana tiene 23 millones de habitantes, es una necesidad para el impulso de la economía nacional.

El proyecto, de 13.300 millones de dólares, suponía una de las mayores inversiones en la historia del país. Bautizado con el nombre de Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM, luego simplificado como NAIM) y ubicado en el área de Texcoco, poco más lejos que las actuales instalaciones en uso, la nueva infraestructura iba a desarrollarse en dos fases. La primera fase consistía en la construcción de una gran terminal y tres pistas, que inicialmente se preveía que estuviesen listas para 2020, pero cuya entrada en servicio se había aplazado a 2022 debido a retrasos en las obras. La segunda fase contaría con la construcción de tres pistas adicionales, además de una segunda terminal, que estaría lista para funcionar a partir de 2035.

Los planes apuntaban a que NAICM tendría capacidad para transportar entre 70 y 135 millones de pasajeros anualmente, gracias a contar con un volumen de operación de entre 115 y 135 slots por hora. Esas cifras daban a largo plazo un posible beneficio de más de 32.000 millones de dólares, según las estimaciones del Gobierno.

El proyecto buscaba en primer lugar resolver el grave problema de saturación aérea que sufre el actual aeropuerto internacional Benito Juárez de Ciudad de México, provocada por la poca capacidad de desempeño de las dos pistas que funcionan simultáneamente. Además, la construcción de NAICM partía con la esperanza de convertir CDMX en un hub logístico mundial, pudiendo llegar a multiplicar por cuatro la capacidad de transporte de mercancías con la que cuenta el aeropuerto actual.

El nivel de transporte de mercancías en este macro proyecto iba a poder alcanzar los 2 millones de toneladas anuales, convirtiéndose así, como aseguraban sus promotores, en el principal centro de distribución de América Latina. La ambición de NAICM, por tanto, era convertirse en referente no solo en el continente americano sino a nivel mundial, tanto en el traslado de turistas como en el transporte de mercancías.

La construcción de NAICM comenzó en 2015 y hasta la actualidad se ha ejecutado el 31% de las obras. Aunque este grado de realización supone un ligero retraso respecto al calendario original, las labores de fundamentación y canalización ya están acabadas y en la superficie pueden verse altas estructuras destinadas a sujetar la amplia cubierta. Sin embargo, a pesar de ese progreso y de la inversión ya realizada, el nuevo presidente del país ha anunciado que entierra por completo el proyecto.

Elecciones y consulta

Las elecciones presidenciales del pasado 1 de julio las ganó el izquierdista Andrés Manuel López Obrador (con toma de posesión el 1 de diciembre). Antiguo dirigente del PRI, gracias al cual ejerció de alcalde de la capital, con el tiempo fue derivando hacia la izquierda: primero pasó al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y, tras perder dos elecciones a la presidencia del país, creó el Movimiento Regeneración Nacional (Morena). En julio, Morena logró la mayoría en las dos cámaras del Congreso y también conquistó el gobierno de CDMX, lo que da a AMLO, como comúnmente se conoce al nuevo presidente, amplios poderes para llevar a cabo sus políticas. Si bien se quedó a 17 votos de una mayoría cualificada en el Senado que pueda cambiar la Constitución, podría obtener aliados para ese propósito.

Durante la campaña electoral, López Obrador defendió la cancelación del proyecto de nuevo aeropuerto alegando su alto coste, y planteó la posibilidad de que, como alternativa, se hagan algunas mejoras al aeropuerto actual y se acondicione también el de Santa Lucía, una base militar en el área de la capital mexicana que se podría habilitar para los vuelos internacionales. Pero el candidato de Morena aseguró que haría una consulta para conocer la opinión del pueblo mexicano y que acataría los resultados.

Sin esperar a tomar posesión como presidente, López Obrador hizo que Morena llevara a cabo esa consulta, que por tanto no fue organizada por el Gobierno sino por un partido político, y además no tuvo lugar en todo el país sino en 538 municipios de los 2.463 que hay en México. Las urnas, dispuestas entre el 25 y el 28 de octubre, se pronunciaron por el “no” a NAICM: con una participación de solo el 1% del cuerpo electoral nacional, el 69% votó por la alternativa de Santa Lucía y el 29% lo hizo por seguir las obras en Texcoco. López Obrador anunció que, en aplicación del resultado, paralizará las obras del nuevo aeropuerto, a pesar de la inversión ya realizada.

Algunos movimientos populares y también naturalistas que reclamaban la preservación del medio natural aplaudieron el anuncio, pero igualmente hubo marchas de protesta contra la decisión en las calles del centro de CDMX. El sector privado ha lamentado enormemente el propósito de cancelar el proyecto de NAICM. Destacados empresarios del país y organizaciones como la Confederación de Cámaras Industriales Mexicanas (CONCAMIN), que representa el 35% del PIB mexicano y el 40% de empleo en el país, salieron en defensa del proyecto original y pidieron a López Obrador que reconsiderara su decisión. Su argumento es que cualquier alternativa se quedará corta ante las demandas del creciente tráfico aéreo, lastrando el desarrollo del país. Además aducen que cualquier decisión que no pase por seguir con la construcción de NAICM va a resultar más cara que concluir el proyectado aeropuerto [1].

Impacto económico

Para CONCAMIN, “el aeropuerto actual carece de la infraestructura y cualquier mejora no arreglaría los problemas fundamentales que tiene”, y una apuesta por la base de Santa Lucía “sería una pérdida de tiempo y dinero, que más que solucionar problemas los va crear”, según el presidente de esta asociación empresarial, Francisco Cervantes.

José Navalón, de la Comisión de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de CONCAMIN, de cuya dirección forma parte, advierte que la decisión de López Obrador va a suponer un golpe muy fuerte para el sistema macroeconómico y financiero mexicano. Según sus palabras “aún es pronto para entrar a valorar posibles consecuencias, pero habrá que ver si México cuenta con la infraestructura aeroportuaria apropiada, en cuanto a competitividad y conectividad, para lo que es la segunda economía más grande de América Latina”. En cualquier caso, de momento “se ha dado un problema de falta de confianza en los mercados, que se ha visto reflejado inmediatamente en la caída del peso y de los mercados” [2].

Ciertamente, si bien López Obrador fue recibido en julio con un alza de los mercados, porque su contundente victoria parecía augurar estabilidad para México, su toma de posesión en diciembre está siendo acompañada de una “espantada” de inversores. El peso ha cerca de un 10% respecto al valor en agosto en su relación con el dólar, la bolsa ha bajado un 7,6% y solo en octubre los inversores vendieron 2.400 millones de dólares en bonos mexicanos.

“Las principales preguntas que hoy en día se hacen los inversores”, continúa Navalón,  “es si es seguro invertir en México y cada cuánto se van a tomar este tipo de decisiones que no siguen ningún tipo de legalidad”, pues importantes empresas se verán afectada por la cancelación de un proyecto en marcha. Advierte además que “la elección de Bolsonaro en Brasil, cuyo perfil constituye un imán de inversión extranjera, puede afecta de manera directa en la inversión en México”.

La gran cuestión es por qué López Obrador mantiene su decisión contra el nuevo aeropuerto, a pesar de la penalización económica que va a suponer para el Gobierno y del riesgo de huida de inversores. Hemos de entender que México siempre ha sido un país que ha estado liderado por el poder económico. Con su actitud sobre NAICM aspira marcar nítidamente la línea de separación entre poder político y poder económico, dejando claro que la era del mando del poder económico ha terminado. Un segundo motivo, es que NAICM iba a ser la herencia del PRI y López Obrador probablemente busca destruir cualquier tipo de asociación de este macro proyecto con el partido al cual pretende sepultar.

REFERENCIAS

[1] Documento CONCAMIN “Propuestas Aeropuertarias” 2018.

[2] Entrevistas personales con Francisco Cervantes y José Navalón