La reforma legal de la casación civil es una pretensión que, con mayor o menor intensidad, ha sido constante en los últimos veinte años, siendo incluso coetánea a la misma aprobación y publicación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. En contestación a ese eterno debate, el Anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del Ministerio de Justicia plantea una revisión profunda de la técnica casacional. La repercusión de la reforma y la capital importancia del recurso de casación convierten en obligado el diálogo sobre un instituto jurídico que condiciona la misma noción de «Derecho».

El presente trabajo tiene por objeto realizar el análisis de algunas las cuestiones procesales que se tratan en la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 2021, con relación a la posibilidad de que la entidad frente a la que el deudor en concurso reclama un crédito oponga la excepción de compensación en su contestación a la demanda, así como los efectos de esta alegación en la delimitación de la competencia objetiva entre el Juzgado de Primera Instancia que conoce de la demanda inicial y el Juzgado de lo Mercantil que conoce del concurso.

En este trabajo se estudia un recorrido por la evolución histórica y normativa de la atribución de la competencia para la adopción de medidas cautelares por los árbitros, partiendo de la regulación actual de la Ley Modelo Uncitral. Se analiza el verdadero impacto que ésta ha tenido como instrumento armonizador de las legislaciones estatales, con una muy particular atención al sistema arbitral español. This paper analyzes the historical and normative evolution of the attribution of competence for the adoption of provisional measures by the arbitrators, based on the current regulation of the Uncitral Model Law. The real impact of that law as a harmonizing instrument of the state legislations is analyzed, with a very particular attention to the Spanish arbitration system

El pasado mes de marzo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea abrió una vía favo­rable para España al declarar, mediante la sentencia resolutoria de una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de casación alemán, que la cláusula de arbitraje incluida en el Tratado para el Fomento y la Protección Recíprocos de las Inversiones celebrado en 1991 entre el Reino de los Países Bajos y la República Federal Checa y Eslovaca (TBI) no es compatible con el Derecho de la Unión Europea. El presente trabajo tiene por objeto realizar un análisis de la mencionada sentencia, recaída el 6 de marzo de 2018, con el objetivo de valorar su incidencia en el arbitraje de inversión en nuestro país.

En el marco de un procedimiento arbitral, como en el proceso judicial, puede resultar necesaria la adopción de medidas cautelares que garanticen la efectividad del laudo arbitral. En ocasiones, además, será conveniente que estas medidas se adopten por el árbitro sin prestar audiencia a la parte agravada cuando concurran razones de suma urgencia o necesidad. Pero la atribución a los árbitros de esta facultad cautelar resulta controvertida esencialemente por dos razones. En primer lugar, porque nuestra Ley de Arbitraje no ha regulado este tipo de medidas. En segundo lugar, por la posible merma de las garantías esenciales de audiencia, contradicción e igualdad que rigen el arbitraje. Partiendo de estas breves premisas, el objetivo de este trabajo es determinar si, en defecto de previsión legal, el árbitro o colegio arbitral ostentan la facultad de acordar medidas cautelares inaudita parte accesorias de un arbitraje ¿nacional o internacional- desarrollado en nuestro país, así como los presupuestos, requisitos y el procedimiento a que ha de supeditarse su adopción.

La conveniencia y la necesidad de adoptar medidas cau­telares para asegurar la efectividad del laudo arbitral es, en la actualidad, indiscutible y se considera un derecho esencial de las partes enfrentadas en el proceso arbitral. En nuestro país, el reconocimiento legal de la tutela cautelar instrumental del arbitraje no se produjo hasta la promulgación de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, viéndose impulsada definitiva­mente con la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. Esta norma, inspirada en la Ley Modelo de la UNCITRAL, atribuyó la potestad para adoptar medidas cautelares a los propios árbitros, instaurando, de este modo, el sistema de competencia alternativa y concurrente de los árbitros y de los órganos judiciales en materia cautelar. Partiendo de estas premisas, el presente trabajo tiene por objeto exponer cuestiones discutidas que han sido objeto de una especial atención por la doctrina y por la jurisprudencia a lo largo de los años, así como algunos aspectos que despiertan, a nuestro juicio, un mayor interés en la actualidad.