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Asunción Gómiz, Profesora de ISSA School of Management Assistants de la Universidad de Navarra

Un supuesto ahorro sin un informe serio

   

19/01/16 Publicado en Diario de Navarra

La nueva polémica suscitada estos últimos días, que parece haber eclipsado momentáneamente las provocadas por el departamento de Educación, es la programada eliminación del convenio entre Osasunbidea y la CUN sobre la prestación sanitaria de los empleados de la universidad de Navarra.

En las explicaciones ofrecidas por los responsables políticos de la sanidad navarra se ha indicado que la decisión es obligada porque responde a un compromiso del Acuerdo Programático. Pues bien, ese pacto, que sustenta y –se supone- "limita" la acción de gobierno del actual ejecutivo, suscrito en julio del año pasado por Geroa, EH Bildu, Podemos y Ezquerra, es una mezcla o amalgama de deseos, justificaciones y compromisos no siempre totalmente compatibles. Un pacto entre cuatro tan distintos no es fácil de interpretar. En cualquier caso, de su simple lectura puede constatarse que contiene al menos cuatro tipos de formulaciones: a) posiciones ideológicas (tanto más genéricas como necesario era lograr coincidencias), b) reproches a los anteriores gobiernos (ya se sabe, lo han hecho todo mal); c) objetivos a alcanzar a medio plazo (cuatro años no admiten el "largo"); y, d) compromisos concretos. Pues bien, sobre el tema que nos ocupa, en el nº 29 del punto 2.4 ("Sanidad"), se incluyó el específico compromiso de "analizar en términos jurídicos y económicos la conveniencia de mantener el convenio de la CUN para la atención sanitaria a sus trabajadores y trabajadoras y familias".

Lo acordado fue, pues, rescindir el convenio existente con la CUN, salvo que motivos jurídicos o económicos advirtieran la conveniencia de mantenerlo. Visto así, en su más elemental formulación, y despejadas las dudas sobre la existencia de obstáculos jurídicos para la supresión, que no parece haberlas, el convenio depende únicamente de una cuestión de ahorro de costes. Esto, claro está, sin que tal rentabilidad se logre a cuenta de perjudicar el resto de compromisos adquiridos en materia de sanidad.

Los firmantes del acuerdo se comprometieron entre sí y ante la ciudadanía de Navarra a que sus decisiones estarían dirigidas a considerar la salud, ante todo, como "un derecho humano y un recurso fundamental para la vida de las personas" y que se basarían en el respeto a los principios de universalidad, equidad, solidaridad, transparencia, eficiencia, buenas prácticas, etc (cfr. punto 2.4). Y, como expresión de tales valores, se obligaron a que la acción de gobierno en la materia respetaría el objetivo esencial de promover y mantener la calidad del servicio público de salud sin mediciones o rebajas "en términos de rentabilidad económica".

Atendiendo exclusivamente al acuerdo programático, cabe ahora preguntarse si la gestión del tema llevada a cabo por los responsables del departamento de Sanidad es fiel a lo pactado. Pues bien, de las explicaciones ofrecidas en sede parlamentaria hasta el momento, se deduce que no existe un estudio profundo sobre el impacto de la supresión del convenio en el servicio público actual y sobre su capacidad para absorber al nuevo colectivo (aprox 7.100 personas). Tampoco se han dado a conocer las medidas organizativas a adoptar para asumir con responsabilidad la tarea, las eventuales nuevas contrataciones, ampliación de servicios, reestructuración de sistemas y recursos, adecuación de instalaciones, etc.

¿De dónde salen las cifras de ahorro ofrecidas por Sanidad (2 millones, se ha dicho)? ¿Dónde puede consultarse la memoria que así concluye? ¿Cuál es el método actuarial utilizado para medir la siempre difícil tarea de predecir costes de futuro en base a circunstancias como la pérdida de la salud o la enfermedad? ¿Hay un estudio sobre el colectivo y sus necesidades de atención en base a patologías ya crónicas o previsibles en razón de edad o factores de riesgo? ¿Hará falta adecuar otra vez urgencias del CHN? ¿Cómo repercutirá el tema en las ya penosas listas de espera? ¿Cómo se actuará para evitar su indeseable incremento? ¿Cuánto costarán esas medidas?

Sin acceso a los informes económicos que aconsejan la supresión del convenio con CUN, preceptivos con el acuerdo programático en la mano, habrá que seguir sospechando que la verdadera razón de esta forma de proceder es ideológica. La misma locura de siempre, cáncer de este país, a cuenta de nada.

La vieja política sigue todavía viva y con buena salud.

Por cierto, ni mi familia ni yo somos beneficiarios del convenio con CUN, sino simples y agradecidos usuarios del sistema sanitario de gestión pública. 

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