La depuración de las aguas residuales urbanas, necesaria para la preservación de la calidad de las aguas, genera un nuevo problema en forma de residuo, los lodos de depuración. Este residuo tiene un régimen jurídico propio en cuanto a su valorización agraria, si bien son varias las normas que condicionan éste y otros de sus posibles destinos. En el presente trabajo se pretende exponer su régimen jurídico actual, las recientes propuestas, algunas contradicciones y determinada jurisprudencia sobre problemas planteados en su gestión.

El ordenamiento jurídico nuclear a nivel comunitario y a nivel estatal ha experimentado diversas modificaciones relevantes en los últimos tres años, acompañadas de una serie de acontecimientos que han puesto nuevamente en tela de juicio esta forma de generación de energía, sus riesgos y sus responsabilidades. A nivel mundial el accidente nuclear de Fukushima ha supuesto un replanteamiento global, también a nivel comunitario sobre las medidas preventivas de seguridad de las instalaciones nucleares. En España este debate ya estaba antes sobre la mesa con dos debates relativos a la prórroga del permiso de explotación de la central nuclear de Garoña y la ubicación del Almacén temporal centralizado de residuos radiactivos de alta actividad y combustible gastado. En medio de estos acontecimientos fue aprobada la Ley 12/2011, de responsabilidad por daños nucleares y radiactivos, objeto de esta obra. Una Ley que además de abordar la necesaria cobertura de los riesgos nucleares y radiactivos y fijar sus cuantías e instrumentos de garantía, ha operado una modificación importante sobre la Ley de energía nuclear de 1964, modificando el régimen jurídico de las instalaciones nucleares.

La depuración de las aguas residuales urbanas, necesaria para la preservación de la calidad de las aguas, genera un nuevo problema en forma de residuo, los lodos de depuración. Este residuo tiene un régimen jurídico propio en cuanto a su valorización agraria, si bien son varias las normas que condicionan éste y otros de sus posibles destinos. En el presente trabajo se pretende exponer su régimen jurídico actual, las recientes propuestas, algunas contradicciones y determinada jurisprudencia sobre problemas planteados en su gestión.

La necesidad de implementar el Plan de Transformación Recuperación y Resiliencia ha llevado a una cascada de modificaciones legislativas de las que no ha quedado exento el control ambiental y particularmente el procedimiento de evaluación ambiental. En este trabajo se describen esas modificaciones a la vez que se hace una valoración crítica.