La pandemia generada por el virus COVID-19 ha dado lugar a una crisis económica de alcance todavía imposible de evaluar. La Unión Europea ha puesto en marcha un ambicioso y multimillonario plan de rescate económico. España prepara sus estructuras institucionales y de gestión para absorber dichos fondos, no sin dificultades. Las primeras medidas ya se han adoptado con la aprobación del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, cuyos elementos principales se analizan y cuestionan. Las comunidades autónomas, los entes locales y los operadores privados comienzan a aprobar sus propios proyectos en busca de su compatibilidad con los objetivos del Fondo Next Generation.

In the EU, the economic crisis generated by the pandemic has required the launch of an extraordinary financial effort: the NextGenerationEU funds. The challenge of absorbing these funds and the need to manage them in a short period has required the Spanish government to adapt some of its political structures, as well as some of the administrative procedures that involve spending (contracts, grants, etc.). It has done so mainly through Royal Decree-Law 36/2020, of 30 December, which approves urgent measures for the modernisation of the Public Administration and for the implementation of the Recovery, Transformation and Resilience Plan. This article analyses critically and in context some of the novelties introduced by this regulation.

La reforma del art. 135 de la CE y la consiguiente incorporación del régimen de estabilidad presupuestaria han impactado en nuestro modelo de Constitución económica. Se ha reforzado el lenguaje macroeconómico presente en la CE: PIB, recesión económica, volumen de deuda pública, déficit público. Por otro lado, la constitucionalización del compromiso de estabilidad presupuestaria preexistente en el nivel europeo ha elevado la integración de España con Europa al máximo nivel y afectado profundamente nuestra política fiscal. El alcance y la vinculatoriedad del nuevo mandato constitucional pueden contrastarse con ocasión de la crisis de la COVID-19. Ello permite analizar las consecuencias y dificultades que plantea su juridificación.

Por su carácter transversal, la DS es una norma comunitaria de contenido complejo. Esta complejidad se acrecienta cuando se trata de adaptarla a un régimen político fuertemente descentralizado como es el español. La transposición ha de hacerse por las autoridades competentes que lo sean en cada materia. En este contexto, se explica la vinculación de los entes locales en general y de los navarros, en particular, a las previsiones contenidas en la DS. La configuración institucional de los entes locales los hace, en gran medida, dependientes del modelo de transposición por el que se ha optado primero, en el derecho estatal y seguidamente, en el derecho de la Comunidad Foral de Navarra.

El fenómeno de la colaboración público-privada en la gestión de servicios sociales y asistenciales alude a una realidad extremadamente compleja que no solo afecta a las estructuras, sino que alcanza a los cimientos del Estado social. La distribución de responsabilidades y funciones entre el Estado y la sociedad en la satisfacción de las necesidades reales de las personas y de los colectivos más vulnerables es un tema que tiene profundas raíces históricas y filosóficas, que entronca con la dignidad de la persona y que atañe al papel de la familia y de la mujer, como tradicional proveedora de cuidados, en la sociedad. Este libro tiene por objeto analizar los instrumentos jurídicos de colaboración público-privada que se han articulado, o que pueden articularse en un futuro, para cubrir las prestaciones y servicios a las personas desfavorecidas de las que se han responsabilizado los poderes públicos. Entre dichos instrumentos jurídicos se constata que el contrato, a pesar de ser el negocio jurídico aparentemente más adecuado para articular dicha colaboración, se ha tornado enormemente problemático y está siendo desplazado progresivamente por otras modalidades de colaboración, de dudosa naturaleza jurídica, como el convenio y el concierto social. Junto al análisis de los puntos débiles y los puntos fuertes de estas modalidades de colaboración público-privada, esta obra ofrece un esbozo de diversas fórmulas jurídicas alternativas, ...

La nueva regulación de la poscontratación de valores en España implica la asunción por los operadores de la poscontratación - depositarios centrales de valores y entidades de contrapartida central - de un conjunto de funciones y tareas de indudable interés público. Este estudio analiza el reparto de papeles entre CNMV, los DCV y las ECC en el ejercicio concreto de la tarea de inspección, supervisión y sanción de la actividad de poscontratación.