In the last two years the use of ransomwares by cybercriminals has been constantly on the rise. Thus, States have found themselves needing a stronger international legal response to this criminal phenomenon, Germany being the second most affected country in the world by ransomware incidents. However, online service providers often store users' data on servers that may be in different national jurisdictions. Therefore, faced with the necessity to obtain electronic evidence of cybercrimes, the competent State authorities are often hampered by other States' territorial and jurisdictional boundaries. To overcome this and other obstacles to a more effective inter-State cooperation, the Council of Europe has recently adopted the Second Additional Protocol to the Convention on Cybercrime. This paper aims to further explore this treaty by analysing the tools that the Protocol provides for strengthening direct cooperation between States Parties and between them and online service providers. Though, due to the intrusion that their application could entail for the online users involved, these legal tools raise certain doubts as to their compatibility with human rights and fundamental freedoms such as privacy, Hence, the ultimate purpose of this paper is to examine whether the Second Protocol succeeds in creating a balanced legal framework that takes due account of the effectiveness of the fight against cybercrime and, at the same time, the effective protection of online users' fundamental human rights.

The coronavirus disease 2019 pandemic has tested the response capacity of the international community. This article analyses the due diligence principle and the various international legal instruments that restate it in an assessment of the possible actions that states could have taken to avoid or, at least, contain the initial outbreak of the pandemic.

Peacetime cyberattacks by groups of hacktivists, transnational criminal organizations or terrorist groups, increase every year, being the most frequent cyber threat against States' IT infrastructures. Given this reality, the international community does not have developed yet an effective legal tool in order to attribute international responsibility to those States from whose territory non-State actors launch their cyberattacks against other countries. Therefore, this article suggests that the adoption of the cyber-due diligence concept - based on the classic notion of due diligence - would make easier to identify responsible States and attribute them their responsibility for failing to adopt preventive measures, such as monitoring activities.

En este año 2021 se cumplen diez años del comienzo del conflicto armado en Siria que, desencadenado por unos grafitis en contra del gobierno guiado con mano autoritaria por la familia al-Assad, se ha convertido en una guerra con, al menos, 390.000 muertos, que ha acabado involucrando a numerosos Estados de Oriente Próximo, así como a grandes potencias, cada una portadora de intereses geopolíticos concretos. El presente artículo pretende dar cuenta de la situación actual de Siria y, en particular, de los objetivos particulares que mantienen en el país diversos actores. Después de que desaparecieran las dos razones principales esgrimidas para intervenir en el conflicto, quedó de manifiesto su auténtica naturaleza de guerra subsidiaria y sectaria, que se inserta en las más amplias contiendas entre rivales históricos como los Estados Unidos y Rusia, por una parte, y Arabia Saudí, Turquía e Irán, por otra, y que ninguno entre ellos parece tener interés en acabar sin recibir compensaciones.

Desde hace décadas se utilizan los drones como un instrumento más para ejecutar operaciones de diverso tipo que, incluso, pueden implicar el uso de la fuerza letal. Con frecuencia, el recurso a los drones armados ha sido criticado por supuestas violaciones del Derecho internacional humanitario (DIH). El presente estudio analiza, por tanto, el recurso a unas armas tan criticadas como los drones a la luz, en particular, de los principios básicos del DIH de precaución, distinción y proporcionalidad. El objetivo es demostrar que, pese a su mala fama atribuida por los medios de comunicación, los drones armados respetan el DIH precisamente en atención a los tres principios mencionados.

La corrupción pública es una plaga que amenaza la estabilidad de los Estados que actúan en un escenario internacional globalizado como es el contemporáneo. Las convenciones ONU de Palermo y de Mérida prevén el recurso a las ¿técnicas especiales de investigación¿, en particular a las operaciones de los agentes encubiertos, para combatir los delitos relacionados con la corrupción. El presente artículo se propone demostrar la importancia que supondría para la seguridad internacional la ejecución efectiva por parte de los Estados de aquellas técnicas especiales de investigación para luchar con más eficacia contra la corrupción. Para ello, se profundiza en la normativa española relativa al agente encubierto y se destaca cuáles son los límites que le impiden contrarrestar con mayor vigor los asuntos de corrupción. Se sugiere, en consecuencia, que los países que aún no hayan acogido en su legislación dichas técnicas, se inspiren al ejemplo británico. En el Reino Unido la escasez de casos de corrupción pública se debe también a la adopción reciente de ciertos instrumentos jurídicos que permiten las operaciones encubiertas para investigar los delitos de corrupción. Se concluye, por tanto, que sería importante un compromiso más firme de todos los Estados que ratificaron ambas convenciones para recurrir a aquellas herramientas que podrían contribuir de una forma concreta a la lucha contra la corrupción (inter)nacional.

a vertiente siria de la operación Determinación absoluta contra la organización terrorista del Daesh ha vuelto a poner sobre el tapete la licitud de la teoría del Estado que «no quiere o no puede» combatir de manera eficaz las organizaciones terroristas presentes en su territorio. A partir de los atentados del 11-S, la práctica de los Estados ha demostrado una tendencia creciente a ensanchar los límites del derecho de legítima defensa del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. En el presente estudio se sostiene que, después de una primera ampliación (posterior al 11-S) de la legítima defensa, está dándose una segunda que, fundamentada en la teoría del Estado que «no quiere o no puede», justificaría el recurso a la fuerza militar frente a la responsabilidad objetiva o indirecta del Estado territorial.

Después de la caída del régimen del coronel Gadafi en 2011, el Estado libio (o lo que queda de él) ha perdido el control de sus confines meridionales y de las zonas costeras del norte. Este descontrol favorece el tráfico ilícito de migrantes subsaharianos y la trata de personas por el territorio de Libia con rumbo a la UE a través del Mediterráneo central meridional. Para frenar este fenómeno, el Consejo de la UE adoptó la Decisión (PESC) 2015/778 que instituye la operación EUNAVFOR MED ¿ Sophia. Esta, sin embargo, está paralizada en una fase que le impide realizar sus objetivos originarios, debido a la ausencia del consentimiento libio o, en alternativa, de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para su ampliación a las fases sucesivas. Para desbloquearla, se propone desempolvar la ya olvidada noción de responsabilidad de proteger que, respaldada por la teoría de las autorizaciones retroactivas del Consejo de Seguridad de la ONU, permitiría seguir con la operación Sophia dentro del marco jurídico del Derecho internacional vigente.

El artículo examina el marco geopolítico en el que se ubica la operación Determinación absoluta, iniciada en verano de 2014 y compuesta por una heterogénea coalición de Estados. Además, analiza los problemas jurídicos que plantea esta operación, con especial referencia a las normas internacionales sobre el uso de la fuerza. En particular, se centra en la Resolución 2249 (2015) del Consejo de Seguridad y en sus posibles interpretaciones, ya que su contenido no corresponde al sentido tradicional del Capítulo VII de la Carta. Para concluir, se propone una posible interpretación de esta Resolución, con el fin de tipificar jurídicamente esta medida que parece no enmarcarse ni en el Capítulo VII ni en el art. 51 de la Carta de la ONU.