El pasado 24 de noviembre de 2020 el Consejo de Ministros aprobó un Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que será presentado a su tramitación parlamentaria como Proyecto de Ley, una vez haya sido examinado por la comunidad jurídica. Se trata de un texto de nueva planta formado por nueve libros, precedidos de un título preliminar. Consta de 982 artículos, dos disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y ocho disposiciones finales, previéndose un periodo de ¿vacatio legis¿ de seis años. El presente trabajo aborda el estudio de las tres fases en que se encuentra dividido el único proceso previsto en la norma proyectada ¿sin perjuicio de los procedimientos especiales (Libro VIII)-: la fase de investigación, dirigida por el Ministerio Fiscal y con la presencia del Juez de Garantías; la fase intermedia, a cuyo frente se encuentra el Juez de la Audiencia Preliminar y, la fase de juicio oral que se celebra ante la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Instancia.

Si bien, como la regla general, solo pueden considerarse pruebas, a los efectos de enervar la presunción de inocencia, las practicadas en el juicio oral existen supuestos en los que no se puede negar la eficacia probatoria a las diligencias practicadas durante la instrucción, siempre que se realicen de acuerdo al ordenamiento jurídico, como sucede con la denominada prueba preconstituida. Sin embargo, su actual regulación no parece dar respuesta a cuestiones tales como la siguiente: ¿puede dejar de ser objeto de valoración una prueba testifical preconstituida e introducida con tal carácter en el juicio oral cuando la testigo-víctima desatiende la obligación de declarar en el juicio?