En el ámbito de la contratación con consumidores, adquiere especial relevancia el conocimiento cabal del objeto y del precio del contrato ya que son los elementos que el consumidor, principalmente, va a tener en cuenta para adoptar su decisión de contratar. En los últimos años, en el contexto europeo, se han planteado distintas propuestas destinadas a reforzar los mecanismos de protección del consumidor en este sentido, exigiendo una transparencia cualificada cuando se trata de cláusulas definitorias de los elementos principales del contrato, de tal manera que se garantice la adopción de una decisión informada y consciente. Este artículo recoge dos de estas propuestas: la adoptada por el legislador inglés en 2015 y la desarrollada por la jurisprudencia española a partir de la STS de 9 de mayo de 2013 y que ha encontrado reflejo en algunas de las reformas legales recientes. Se trata de dos soluciones distintas que se han gestado de manera diversa y con consecuencias diferentes, pero que también poseen elementos comunes.

La hipoteca inversa forma parte de un conjunto de instrumentos jurídico-privados que tienen como finalidad proporcionar a una persona mayor, o a una persona que se encuentre en situación de dependencia, un capital que le permita complementar su pensión o bien hacer frente a los cuidados de larga duración. El legislador a través de la disposición adicional primera de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, de regulación del mercado hipotecario, estableció el régimen legal de base de la hipoteca inversa cuya contratación quiso fomentar a través de la concesión de determinadas ventajas fiscales y arancelarias. En su momento, se planteó como una figura con un gran potencial de desarrollo. Sin embargo, no se ha extendido en el mercado como se esperaba lo que se debe a factores de tipo económico, a la ausencia de un sistema de asesoramiento adecuado; así como a una falta de comprensión de la figura por parte de algunos operadores jurídicos.

Distintos países de la Unión Europea, con base en lo dispuesto en el artículo 7 de la Directiva 93/13/CEE, han reconocido a órganos de carácter administrativo competencia sobre el control de cláusulas abusivas utilizadas en contratos con consumidores. Italia por Decreto-ley de 24 de enero de 2012, Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita, introdujo un nuevo artículo 37 bis en el Código de Consumo en virtud del cual se otorgaba dicha competencia a una entidad administrativa independiente (La Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) que ejercita sus funciones a través de dos procedimientos de control distintos: uno de carácter preventivo-consultivo y otro de carácter sucesivo-declarativo.

Article 49 of the general Law for the Protection of Consumers and Users has given enforcement powers to the Spanish Authorities in order to punish those corporations that used unfair terms in consumer contracts. It is a measure that tries to protect the general interests of the consumers. However, it has little application in comparison to the judicial approach. This paper has two main objectives. On one hand it analyses the reasons that could explain the limited application of the Spanish administrative control. On the other hand, it examines the model of preventive control stablished in the United Kingdom in 1999; which results a more effective way of protecting consumers in relation to unfair terms.

ctualmente, el sistema de asistencia social y sanitaria por un lado, y el sistema de pensiones por otro, se muestran claramente insuficientes para atender las necesidades que puedan tener los mayores una vez que acceden a la jubilación. Así lo demuestran los datos estadísticos que se aportan en la primera parte del trabajo. Si bien es cierto que muchas personas mayores son atendidas por sus familiares más cercanos, quienes asumen de forma natural el cuidado de sus ascendientes, resulta necesario desarrollar y fomentar la contratación de instrumentos jurídicos de carácter privado que den cobertura a las necesidades expuestas. Se trata de instrumentos que, a día de hoy, apenas representan un porcentaje significativo en el patrimonio de las personas mayores pero que buscan ser un complemento a la oferta pública de servicios. En todo caso, serán siempre complementarios y no sustitutivos de la oferta pública. De este modo si agentes públicos y privados actúan de manera conjunta, pueden llegar a ofrecer una protección completa a los problemas específicos de suficiencia económica, salud, vivienda, cultura y ocio a los que hace referencia el artículo 50 de la Constitución española. El presente trabajo pretende ofrecer una descripción básica de la situación en la que se encuentran los mayores y los instrumentos que de un lado y otro existen para dar cobertura a dichos problemas.

Los cambios demográficos que está experimentando España, han llevado consigo la necesidad de replantearse el modo en el que los mayores son atendidos. A día de hoy, el sistema de atención sanitaria, asistencial y el sistema de pensiones de carácter público requieren de instrumentos jurídico-privados, que permitan garantizar la subsistencia económica de los mayores de forma adecuada. Entre las distintas posibilidades ofertadas en el ámbito privado destacan, por su novedad, los productos de conversión de activos inmobiliarios que tienen como principal objetivo hacer líquido el valor del bien inmueble del que el mayor es titular. Esta es la finalidad de la hipoteca inversa, introducida en nuestro Derecho por la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, de reforma del Mercado Hipotecario. La hipoteca inversa es una figura que hace referencia a un préstamo garantizado con una hipoteca que recae sobre una vivienda de la que el mayor es titular, y cuyo vencimiento no se produce hasta el fallecimiento del solicitante. El presente libro trata de identificar y estudiar los elementos característicos propios de esta figura, y analizar su régimen jurídico, acudiendo para ello a la reverse mortgage americana o la hipoteca vitalicia inglesa, figuras que han influido muy directamente en la configuración legal de la hipoteca inversa española.