The recent institutional crises in Spain and other countries have once again brought to the forefront the discussion on the advisability of recognizing the power to suspend, in exceptional circumstances, the enforceability of a statute. This mechanism is well known in other systems of concentrated control of constitutionality and, in certain circumstances, it can become essential for the effectiveness of constitutional justice. Far from the pressures of the above-mentioned crises, the author carries out a calm reflection on the subject. First of all, he analyzes the situation currently in force in Spain (II). Next, he reviews the closest models of comparative law (III): the German and, more briefly, the Italian system. Finally, he develops some prospective considerations for Spain (IV), and closes the article with a succinct conclusion (V).

La aprobación de la LOMLOE ha causado una extraordinaria polémica en la comunidad educativa, y ha dado lugar a agrias reacciones en diversos sectores de la sociedad. Desde el punto de vista jurídico, son muchos los interrogantes que se ciernen sobre esta norma. En el presente trabajo, la atención se centra en uno de los aspectos más problemáticos de la LOMLOE, a saber, la regulación de los conciertos educativos. El autor trata de mostrar que la aprobación de la ley supone la ruptura del consenso educativo acordado por el Constituyente. A través de diversas disposiciones, articula un asedio a la escuela concertada difícilmente compatible con las libertades educativas.

In its recent Judgment 191/2020, of 17 December, the Constitutional Court of Spain has declared unconstitutional a regulation that denies the students enrolled in social initiative universities the possibility of being recipients of government grants for higher education. It is an important decision, in which the Court clearly asserts that the "public education service" is performed both by state and non-state universities. Thus, there is no justification for discriminating against the last ones in such a "nuclear element of the education system" as the grants are. In this article, both the judgment and the dissents are scrutinized. Though concurring in its final ruling and praising some of its holdings, the author appreciates a slight lack of order, analytic depth, and style, in the judgment; a flaw which is even more pronounced in the dissents.

In the last years, the contractual transmission of filiation in countries in which commodifying the mother's womb is allowed has been the legal means deployed in order to circumvent the local prohibition of such practice. This behavior has found an indirect support by the Directorate General of Registers and Notaries-which has violated the current legal order, as interpreted by the Supreme Court-and, in a certain sense, even by the case law of the European Court of Human Rights. In this article, a critical exposition of the most relevant decisions regarding surrogacy is offered, together with a criticism of the rights discourse underlying the legitimation of this practice. The author emphasizes that there is an inescapable connection between the rights restrictions in order to preserve the public order and to promote the common good, on the one hand, and the human rights protection of society, on the other.

Although a Constitutional clause similar to our article 155 or to article 37 Bonn Basic Law does not exist in the United States, federal intervention has found a source of legitimacy both in the United States Constitution and in the statutes developing it. However, the scope of the provisions regarding federal intervention can only be understood through the narratives that place them and provide them with meaning. The purpose of this article is precisely to explain the historical development of the norms regarding federal intervention and their application in the United States, from the ratification of the Constitution to our days. As will be seen, federal coercion in critical moments has been decisive for the development of a true American national identity.

En las postrimerías de la República de Weimar y en los debates que dieron lugar a la Ley Fundamental de Bonn, la moción de censura constructiva fue concebida como un mecanismo para asegurar la estabilidad política en un contexto de fragmentación parlamentaria. No obstante, en una situación de intereses partidistas exacerbados, lleva aparejada, incluso, riesgos colaterales que fueron advertidos por algunos iuspublicistas alemanes a mediados del siglo xx. En este artículo, el autor reflexiona sobre el sentido de la moción constructiva y lo contrasta con la moción aprobada en junio de 2018 en España. Como el autor explica, el empleo de las instituciones jurídico-políticas conforme al espíritu del orden constitucional depende en buena medida de la responsabilidad de estadistas políticos de altura, y ¿aunque se trate de una cuestión genuinamente jurídica¿ no es susceptible de control jurisdiccional.

Desde sus orígenes decimonónicos, y sobre todo desde la aprobación de la Constitución de 1978, el Derecho público español se ha construido, en buena medida, siguiendo modelos extranjeros. Ante todo, la doctrina alemana, francesa e italiana se han revelado como fuentes de inspiración fructíferas para nuestro Derecho constitucional y administrativo, y han producido categorías centrales de nuestro ordenamiento y de nuestra jurisprudencia. A ello hay que sumar, en las últimas décadas, el impacto creciente de la doctrina norteamericana y, en ámbitos y problemas específicos, de otras experiencias foráneas; finalmente, el proyecto de integración europea ha dado lugar a un nuevo constitucionalismo basado en la idea de «estatalidad abierta» (offene Staatlichkeit). El presente artículo ofrece al lector un panorama general y sintético de la influencia extranjera en el Derecho público español.

El iusnaturalismo clásico forma parte, cabalmente, de lo que Isaiah Berlin calificó como "la tradición central" del pensamiento occidental. Esta centralidad en la historia de nuestra Civilización, sin embargo, contrasta con la escasa atención que ha recibido en nuestro tiempo; una ignorancia que este libro quisiera contribuir a paliar, aunque sea modestamente. En palabras de su autor, la obra pretende "defender la sabiduría antigua de la ley natural y la tradición del realismo jurídico clásico, una corriente que reivindica la -res iusta- o el -ius- como categoría jurídica fundamental; refutar algunas de las principales objeciones que se siguen formulando contra estas tradiciones; e intentar dar cuenta de ciertos elementos esenciales que se han ido perdiendo en el tránsito que nos ha conducido hasta el lenguaje actual de los derechos".

«Para Leibniz era "el incomparable Fénelon"; para la posteridad, católicos y protestantes, ilustrados y románticos, revolucionarios y contrarrevolucionarios, una figura luminosa. Su controversia con Bossuet, que se halla en el centro de este libro, devendría cause célèbre para la Europa culta, además de asunto de Estado merced a la intervención de Luis XIV. Se trataba de la cuestión de si el amor a Dios, al prójimo, al bien común, podrían y deberían comprenderse como función del amor propio (amor propio ilustrado, sublimado) o no. Hace treinta años, la disputa del amour pur me pareció ser piedra de toque que demuestra que la ontología y antropología modernas, "burguesas", están caracterizadas por una inversión de la teleología. Este libro contempla la disputa del amour pur primariamente como síntoma, como indicio de un cambio (inadvertido por los mismos contemporáneos de la discusión) de la situación del pensamiento y de su trasfondo histórico-social» (Del Prólogo a la 2ª edición)

El respeto y la promoción de los derechos humanos constituyen la base de la legitimidad de la civilización occidental moderna. Existe, sin embargo, un contraste llamativo entre nuestra coincidencia respecto a la importancia de los derechos y nuestro desacuerdo profundo en aspectos centrales de su significado y contenido. Esta discrepancia se ha agudizado en las últimas décadas, merced a la aparición de varios "nuevos derechos" objeto de controversias. El autor trata de ir al fondo de estas discrepancias, explorando las bases éticas y políticas que laten en los distintos modos de entender los derechos humanos. Para llevar a cabo su propósito, examina algunas de las principales corrientes del pensamiento político, clásico y contemporáneo. En una primera parte, pone el foco en el lugar que ocupan el bien y la razón en la tradición ético-política aristotélico-tomista y kantiana; y lo contrasta con la concepción de los derechos de los principales representantes del liberalismo político "antiperfeccionista" o "ateleológico" contemporáneo. El libro trata de mostrar, en definitiva, cómo la renuncia a dar relevancia al bien humano integral en la definición de las libertades conduce a resultados deshumanizadores, y ofrece propuestas constructivas para un adecuado entendimiento de los derechos humanos en una sociedad pluralista.

Presentación, Traducción y Notas del libro de Spaemann, R., Rousseau - Bürger ohne Vaterland (Piper 1980; Klett-Cotta 2008). Rousseau: ciudadano sin patria, CEPC, Madrid, 2013

Los desafíos que las amenazas medioambientales presentan en nuestra sociedad han propiciado, desde hace algunas décadas, un interés creciente de los juristas. En los últimos años, la discusión ha traspasado las fronteras del Derecho administrativo para adentrarse en el ámbito constitucional. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha hecho sino acentuar este ascenso de lo medioambiental al plano de los derechos. El presente estudio es un análisis de las posibilidades y los límites de la conexión entre la protección del medio ambiente y los derechos fundamentales. El autor estudia todas las dimensiones constitucionales del medio ambiente e indica las dificultades que plantea considerarlo como un derecho subjetivo. Asimismo, examina los principales interrogantes que se suscitan al conferir a los derechos tradicionalmente protegidos un contenido ecológico. Por una parte, dado que las agresiones ambientales suelen provenir de sujetos privados, surge la necesidad de estudiar a fondo la dimensión de los derechos fundamentales como obligaciones estatales de protección. Por otra, la amplitud de los bienes jurídicos protegidos abre un amplio abanico de problemas dogmáticos e interpretativos. El autor examina críticamente estos problemas y trata de precisar los términos en que debe situarse la vinculación entre medio ambiente y derechos fundamentales.