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No parece que quepa hablar con propiedad de la obsolescencia de nuestro catálogo constitucional de derechos, que ha sido y sigue siendo básicamente válido para las necesidades de nuestro tiempo. Se aprecia, sin embargo, una tendencia a esperar de los derechos fundamentales lo que difícilmente pueden dar si se les sigue considerando no como meros derechos humanos sino como derechos constitucionalizados, con lo que ello lleva consigo. Esta tendencia se aprecia, al menos, en tres ámbitos: la extensión inmediata y directa de los derechos a las relaciones privadas, la pretendida eficacia directa de los derechos sociales y la coexistencia de tribunales internacionales de derechos humanos cuyas decisiones pretenden imponerse con independencia de los términos en que los derechos vienen regulados por el derecho interno, Constitución incluida. Una visión expansiva de los derechos en estos ámbitos lleva a comprometer otros aspectos del constitucionalismo que han sido siempre inseparables de los derechos: la división del poder, los límites de la función jurisdiccional y, en última instancia, la legitimidad democrática.

Desde sus orígenes decimonónicos, y sobre todo desde la aprobación de la Constitución de 1978, el Derecho público español se ha construido, en buena medida, siguiendo modelos extranjeros. Ante todo, la doctrina alemana, francesa e italiana se han revelado como fuentes de inspiración fructíferas para nuestro Derecho constitucional y administrativo, y han producido categorías centrales de nuestro ordenamiento y de nuestra jurisprudencia. A ello hay que sumar, en las últimas décadas, el impacto creciente de la doctrina norteamericana y, en ámbitos y problemas específicos, de otras experiencias foráneas; finalmente, el proyecto de integración europea ha dado lugar a un nuevo constitucionalismo basado en la idea de «estatalidad abierta» (offene Staatlichkeit). El presente artículo ofrece al lector un panorama general y sintético de la influencia extranjera en el Derecho público español.

En las últimas décadas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos viene realizando una interpretación muy amplia del derecho a la vida privada que garantiza el art. 8 del Convenio. Una de las vías de esa interpretación expansiva radica en la identificación entre vida privada y derecho a la autonomía personal o autodeterminación. Se trata de una construcción que parece inspirarse en la doctrina de la Corte Suprema norteamericana sobre el right to privacy, que identifica un derecho con muy amplios contornos y que el Tribunal de Estrasburgo ha conectado fundamentalmente con el ámbito de la identidad sexual, las decisiones sobre la paternidad y maternidad o la autonomía en el momento de la muerte. Una construcción que suscita importantes problemas, tanto respecto de la propia posición del TEDH y su relación con las Cortes Constitucionales de los Estados miembros, como por la dificultad para fijar un contenido mínimamente claro del nuevo derecho; e, incluso, porque tras ella subyace una concepción de los derechos que parece apartarse de la que durante décadas ha estado en la base de las Constituciones de los Estados miembros y del Convenio mismo.