▲ Vista nocturna de Shanghái [Pixabay]

COMENTARIO / Jimena Puga

La nueva Ley china sobre inversión extranjera, que entró en vigor el 1 de enero de 2020, tiene como principal objetivo acelerar las reformas de política económica del país para abrir el mercado interior y eliminar trabas y contradicciones de la ley anterior. Tal y como ha comunicado el presidente de la Republica Popular, la nueva norma pretende construir un mercado basado en la estabilidad, la transparencia, la previsibilidad y la competencia leal para los inversores extranjeros. Además, las autoridades chinas aseguran que esta nueva ley representa una parte fundamental de la política del Estado para abrirse al mundo y atraer una mayor cantidad de inversión extranjera directa.

El borrador de la norma, redactado en 2015, creó altas expectativas entre los reformistas chinos y los inversores extranjeros sobre un cambio en el régimen de la política de inversiones extranjeras del país. Y su publicación en 2019, año al final del cual el presidente de Estados Unidos y el de la Republica Popular acordaron un paréntesis en la guerra comercial de la que ambos son protagonistas, significó un avance en este cambio.

No obstante, la realidad es distinta. La postura de Pekín en cuanto a la inversión extranjera sigue siendo significativamente diferente en comparación con la concepción de inversión existente en la arena internacional, pero parte del sector reformista de la sociedad sabe que el gobierno no puede permitirse dejar pasar la oportunidad de mejora tras la paulatina ralentización de la inversión nacional en el mercado chino en la última década.

Por el contrario, y teniendo en cuenta la imagen que el Imperio del Centro ha querido proyectar al mundo desde la apertura del régimen, podría pensarse que el presidente Xi Jinping y los líderes del Partido Comunista habrían aprovechado la oportunidad de dar un lavado de cara a una nueva política que, en comparación con la laberíntica y anterior ley, sería sistemática y percibida de manera más amable por los países inversores, como medio para revivir los decrecientes índices de progreso económico. El nuevo acercamiento de la potencia asiática al libre mercado es, por tanto, una cortina de humo sustentada en el establecimiento de protocolos que definen vagamente los límites de los derechos de los que gozan los inversores extranjeros.

Como complemento al contenido de la ley de inversión extranjera, la regulación destaca su promoción y protección y detalla las medidas necesarias para asegurar su efectiva implementación. Esta promueve la inversión por la vía de protección de los derechos e intereses de los inversores, normalizando la administración de la inversión extranjera, mejorando el entorno de los establecimientos mercantiles, así como fomentando el avance de la apertura del mercado con un mayor alcance.

En concreto, el precepto estipula que las empresas de inversión extranjera gozarán de las mismas políticas favorables que las compañías domésticas. Además, detalla las medidas para proteger los negocios de forma confidencial y mejorar el mecanismo para la presentación de sugerencias de las firmas extranjeras a las autoridades.

También recoge y clarifica la implementación de un mecanismo de listas negativas de acceso a inversión extranjera y detalla el sistema de registro y notificación de este tipo de inversiones. Por ultimo, regula también las políticas de inversión para empresas establecidas en Hong Kong, Macao y Taiwán, y las responsabilidades legales para las violaciones de esta regulación.

Desde el plano estrictamente jurídico, el artículo 2 del precepto define el concepto de inversión extranjera como “actividad de invertir de forma directa o indirecta llevada a cabo por personas naturales, empresas u otras organizaciones extranjeras”, y además contempla cuatro circunstancias que se consideran parte de este tipo de inversión:

• Quien establece una empresa en el territorio chino tanto solo como con otro inversor

• Quien adquiere participaciones, acciones… u otros derechos e intereses de una empresa en el territorio chino

• Quien invierte en cualquier proyecto nuevo en China, tanto solo como con otro inversor

• Quien invierte en cualquier otro modo estipulado por ley, reglamentos administrativos o provisiones del Consejo de Estado

Con el término “empresa de inversión extranjera”, se refiere a una empresa incorporada al territorio chino bajo la ley de China y con toda o parte de su inversión financiada de un inversor extranjero.

No obstante, y tal y como se menciona anteriormente, a pesar de las importantes innovaciones de esta ley, todavía quedan muchas preguntas sin responder. Por ejemplo, no especifica qué es la inversión indirecta. Tampoco especifica el alcance de “persona natural extranjera”: ¿qué ocurre con los chinos que adquieren otra nacionalidad? ¿y con los extranjeros que adquieren la ciudadanía china? Además, el legislador tampoco clarifica si la inversión proveniente de Hong Kong, Macao o Taiwán será considerada inversión extranjera.

Los artículos 4 y 28 de la nueva ley establecen que China adoptará el sistema de gestión del pre-establecimiento de tratamiento nacional (principio que garantiza a los inversores extranjeros y a sus inversiones acceso a los mercados sin desventajas, y por tanto en las mismas condiciones que los nacionales). Y el sistema de la Lista Negativa para la inversión extranjera, el cual consiste en medidas administrativas especiales para el acceso de la inversión extranjera a determinados campos. Es decir, el gobierno tratará como nacionales a todas aquellas inversiones extranjeras fuera de la Lista Negativa.

Este sistema de Lista Negativa fue probado por primera vez en la ZEE de Shanghái y expandido por el país en 2018. Tanto el artículo 4 como el 28 clarifican que la nueva Lista Negativa será promulgada previo acuerdo del Consejo de Estado. Lo cual supone que ni los ministros ni los gobiernos locales podrán establecer restricciones a la inversión extranjera. ¿Qué falta? Si los inversores quieren acceder a los sectores restringidos bajo la Lista Negativa, deben recibir autorización del Ministerio de Comercio, trámite que el legislador no recoge en la normativa.

Por otro lado, los artículos 34 y 37 de la nueva ley establecen el sistema de comunicación sobre el establecimiento de nuevas inversiones para la gestión y organización de las mismas.

De acuerdo con esos puntos, los inversores extranjeros están obligados a comunicar toda información relevante al departamento de comercio regulado por la Empresa de Sistema de Registro o la Empresa de Sistema de Publicidad de Información Crediticia. En estos artículos se recogen también las penalizaciones por incumplimiento. Pero una vez más, en este campo faltan requisitos de forma en cuanto a cómo y qué contenido se requiere para la comunicación de la información al departamento de comercio.

Este nuevo giro en la política económica se traduce, una vez más, en una estrategia mediante la cual Pekín pretende proyectarse en el panorama internacional como potencia económica poderosa e innovadora, tratando de ocultar la ralentización de su mercado interior y los daños sufridos por la guerra comercial contra Washington. Sin embargo, teniendo en cuenta los vacíos legales analizados en los artículos mencionados y su vaga y ambigua escritura, las empresas extranjeras tendrán que esperar a determinar lo que esta reforma supone realmente tras su puesta en práctica.

▲Banderas de Estados Unidos y Japón, en una ceremonia de bienvenida al vicepresidente estadounidense en Tokio, en febrero de 2018 [Casa Blanca]

COMENTARIO / Gabriel de Lange [Versión en inglés]

En las últimas décadas, China ha crecido en fuerza económica y política. La inclusión del documento “Pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era” en la Constitución del Partido Comunista chino (PCC), llevada a cabo durante el 19º Congreso de ese partido en octubre de 2017, y la modificación de la Constitución del país para eliminar el límite de dos mandatos presidenciales seguidos, aprobada por el pleno de la Asamblea Popular de China en marzo de 2018, han supuesto la consolidación del poder del actual líder chino.

Por su parte, Estados Unidos ha sido criticado en múltiples frentes por sus relaciones en Asia. Autores críticos con la Administración Trump consideran que su política hacia Corea del Norte, China y la región en general están “dañando los intereses” de EEUU en Asia-Pacífico. La retirada del acuerdo Transpacífico (TPP) “ha socavado la influencia” estadounidense para moldear el futuro regional, dando a China la oportunidad de que lo haga en sus propios términos. La retirada del TPP ha hecho que muchos países asiáticos se pregunten sobre lo que Washington pone sobre la mesa en términos económicos y miren hacia China por si llena este vacío.

Uno de los principales factores que llevan a los países asiáticos a mantener cierta distancia respecto de China y una mayor cercanía a Estados Unidos son los problemas en el Mar del Sur de China. Como en el caso de las Filipinas con las islas Spratly o Vietnam con las islas Paracel. La preocupación de esos países sobre las intenciones chinas les ha empujado a un acercamiento a EEUU. Desafortunadamente para Washington, esa aproximación depende de la propia decisión de China, de insistir o no en sus reivindicaciones sobre islas particulares. La Administración Xi podría decidir que los beneficios de unas relaciones más fuertes con sus vecinos son más importantes que estos territorios en disputa.

La pregunta ahora es: ¿a quién buscarán los otros países asiáticos, especialmente los miembros de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), como aliado político? Con los signos de un poder firme, estable y duradero bajo la autoridad consolidada de Xi Jinping, en comparación con una Administración Trump aparentemente impredecible, dividida e internacionalmente criticada, nadie puede sorprenderse de que los vecinos de la región puedan inclinarse más hacia China en un futuro próximo.

▲Gran Muralla de China, cerca de Jinshanling [Jakub Halin-Wikimedia Commons]

COMENTARIO / Paulina Briz Aceves

La Gran Muralla de China se completó después de décadas de sucesivos esfuerzos de diferentes dinastías, no solo como una línea defensiva, sino también como una señal de la actitud china hacia el mundo exterior. Aunque este muro en la actualidad no tiene uso alguno, más que el ser un atractivo turístico, ha sido ejemplo para la creación de otro gran muro, que aunque no sea físico, tiene los mismos efectos que el original: aislar a la comunidad china del exterior y protegerse de los ataques que atenten contra su soberanía.

El "Gran Cortafuegos de China" –el esfuerzo de vigilancia y de censura en línea del gobierno–monitorea todo el tráfico en el ciberespacio chino y permite a las autoridades tanto denegar el acceso a una variedad de sitios web seleccionados, como desconectar todas las redes chinas de la red mundial de Internet. Además del Gran Cortafuegos, el gobierno chino también ha creado un sistema de vigilancia doméstica llamado "Escudo de Oro", que es administrado por el Ministerio de Seguridad Pública y otros departamentos gubernamentales y agencias locales. El gobierno chino entiende cuán valiosas y poderosas son la tecnología, la innovación e Internet, por eso es cauteloso sobre la información difundida en suelo chino, debido a su temor constante de un posible cuestionamiento del Partido Comunista y desbaratamiento el orden político de China.

Las políticas y estrategias cibernéticas de China son apenas conocidas en el mundo internacional, pero lo que se sabe es que las prioridades de seguridad de las redes de China están motivadas por el objetivo principal del Partido Comunista de mantenerse en el poder. Los gobernantes chinos entienden que lo cibernético es algo ya completamente integrado en la sociedad. Por lo tanto, consideran que para mantener la estabilidad política deben vigilar sobre sus ciudadanos y controlarlos, dejándolos en la sombra mediante la censura, no solo de información general, sino de temas delicados como la masacre en la Plaza Tiananmén o la Revolución de los Paraguas de Hong Kong.

Los filtros que controlan lo que los ciudadanos ven en la web se han vuelto más sofisticados. Además, el gobierno ha empleado alrededor de 100.000 personas para vigilar el internet chino, para controlar la información no solo proveniente del Oeste, sino incluso la que se genera en la propia China. Es cierto que esta intromisión en los medios de comunicación, sin duda, ha hecho que el gobierno chino afirme su poder sobre la sociedad, porque es claro que quien tiene la información definitivamente tiene el poder.