Los 24 países socios buscan desde ambas orillas una mayor colaboración Sur-Sur, pero el avance es lento

Si en el Atlántico Norte está la OTAN, en el Atlántico Sur está la ZOPACAS (Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur). Sin repetir el modelo de club militar de la OTAN, la ZOPACAS tiene como objetivo la cooperación en materia de seguridad y defensa, pero también la colaboración para el desarrollo endógeno de la región. Creada en 1986, la organización es un interesante foro para abordar problemas comunes, pero adolece de mecanismos para un mayor compromiso.

▲ Países que forman parte de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur [Wikimedia]

ARTÍCULO / Alejandro Palacios

En las últimas décadas, la proliferación de foros de cooperación Sur-Sur ha puesto de manifiesto el deseo de muchos países del mundo de buscar su desarrollo y la colaboración regional sin la tutela o la injerencia históricamente ejercida desde los países más industrializados. El objetivo ha sido la articulación de nuevas formas de asociación regional que garanticen la independencia del Sur en sus relaciones con el Norte y promuevan un verdadero desarrollo, sin incurrir en los viejos desequilibrios.

En tal contexto surgió en 1986, a iniciativa brasileña, la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZOPACAS, también conocida como ZPCAS). Se trata de una organización consultiva de carácter transcontinental, integrada por 24 países situados ambos lados del Atlántico1 y que cuenta con el respaldo de la Asamblea de las Naciones Unidas a través de la resolución 41/11.

La organización se constituyó en el tramo final de la Guerra Fría, época durante la cual algunos países buscaron modos de cooperación al margen del reparto bipolar del poder entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Nació también en un momento en que Angola y Brasil se estaban convirtiendo en actores regionales importantes por la alta presencia de hidrocarburos en sus territorios. De ahí surgió la necesidad de crear mayores condiciones de seguridad en la zona a fin de que las operaciones económicas por vía marítima pudieran llevarse a cabo con la menor incertidumbre posible.

No obstante, el crecimiento y desarrollo de la ZOPACAS fue progresivo, tanto desde en el aspecto institucional como en el de números de miembros. Es de destacar el caso de Sudáfrica, país que no entró en la organización hasta que puso fin a su política del Apartheid. La incorporación de Sudáfrica en la cumbre de Brasilia de 1994 incrementó el prestigio de la organización y supuso el final de su proceso de constitución.

Aun así, a la ZOPACAS todavía le faltaba madurez en el plano institucional. En la reunión en Montevideo de 2013 sus integrantes acordaron reunirse anualmente al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas y crear un Grupo de Contacto que, además de implementar las decisiones adoptadas en los encuentros, también coordina los temas relevantes para la zona relacionados con la paz y la cooperación.

En el corto plazo, la ZOPACAS logró importantes avances en favor de la paz y seguridad en el Atlántico Sur. Uno de los más destacables se refiere a la firma en 1996 del Tratado de Pelindaba (Tratado Africano para formación de una Zona Libre de Armas Nucleares), el cual convirtió a África, tras la adhesión sudafricana2, en la tercera zona desnuclearizada del mundo. La medida seguía a la adoptada en 1967 por el Tratado de Tlatelolco, que convirtió a América Latina y el Caribe en la primera región desnuclearizada.

¿Reemergencia?

A pesar de sus destacables logros en materia de paz y seguridad, la ZOPACAS se encuentra actualmente en una situación de falta de impulso. Si bien es cierto que algunos analistas hablan de reemergencia, otros aseguran que para que la organización pueda resurgir antes tiene que someterse a una reestructuración institucional que permita afrontar mejor las amenazas y los desafíos que suponen las nuevas realidades geopolíticas.

Como se ha comentado, las aspiraciones del resurgimiento de la organización están amparadas en una mayor importancia del comercio marítimo, en la explotación de los nuevos campos petroleros bajo aguas profundas de Brasil (capa pre-sal), y en la necesidad de proteger el transporte marítimo frente a la piratería, entre otros asuntos. Parta el director de la Escuela Sudamericana de Defensa, Antonio Jorge Ramalho, todo esto está incrementando la importancia geopolítica de la región del Atlántico Sur, lo que convertiría a la ZOPACAS en una “herramienta lista para ser utilizada en caso de que exista una percepción de amenaza en la zona” que ponga en riesgo la extracción y comercio de las materias primas de la región.

Sin embargo, también se señalan riesgos asociados a una posible reemergencia de la ZOPACAS. Estos tienen que ver, paradójicamente, con una mayor injerencia de países del Hemisferio Norte, algunos de los cuales han expresado la intención de ampliar su zona de actuación al Atlántico Sur. Francia tiene el propósito de ampliar su influencia desde la Guyana francesa, mientras que Rusia ya ha recibido aprobación de Guinea Ecuatorial para usar el principal puerto del país.

Está claro que la zona de paz y cooperación tiene capacidad para contrarrestar esa influencia, primariamente por medio del aumento de la colaboración entre los Estados del Atlántico Sur. Para que ello suceda, el área cuenta con dos características definitorias: el ser una zona bastante pacífica per se y el hecho de que la mayoría de los países implicados cuentan con economías basadas en recursos naturales y las exportaciones de materias primas. Estos factores pueden alentar una cooperación más que necesaria para ahuyentar las pretendidas injerencias occidentales.

Si bien, por tanto, la capacidad de desarrollo de la ZOPACAS es clara, hay que tener presente que la organización no cuenta a día de hoy con una estructura institucional capaz de promover esas sinergias y prácticas cooperativas de una manera eficaz. De hecho, algunos analistas arguyen que, contrariamente a lo que debería estar sucediendo, los países cada vez ponen menos interés en el proyecto, como se pone de manifiesto en la frecuente ausencia de los presidentes de los países en las reuniones de la organización.

Así, pues, puede concluirse que tanto por la falta de recursos materiales como por la naturaleza consultiva de la organización, la ZOPACAS no ha podido proyectar influencia suficiente como para convertirse en una organización de referencia internacional. Ha tenido mayor éxito en el corto plazo, en materia de paz y seguridad, pero le está costando asentar una cooperación económica a largo plazo. Se requiere, por tanto, de un mayor compromiso por parte de los Estados miembros a fin de solidificar un proyecto necesario no ya sólo para la paz y seguridad en la región, sino también para la independencia política, económica y energética de los Estados del Atlántico Sur.

(1) Tales son: Angola, Argentina, Benín, Brasil, Cabo Verde, Camerún, Costa de Marfil, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea-Conakri, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Liberia, Namibia, Nigeria, República del Congo, República Democrática del Congo, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica, Togo y Uruguay.

(2) El caso sudafricano resulta interesante, pues es el primer y único país hasta la fecha que, tras haber desarrollado la bomba nuclear, decretó el desmantelamiento íntegro de su programa nuclear tras la firma del  Tratado de No Proliferación Nuclear en 1991.

ENSAYO / Alejandro Palacios

La República de Mauricio, Estado insular de 1,2 millones de habitantes en el suroeste del océano Índico, a 900 kilómetros de la costa de Madagascar, puede pasar como un buen ejemplo de los progresos que en materia de Derechos Humanos están realizando diversos gobiernos africanos. Esto no quiere decir que este archipiélago sea un país ejemplar en la aplicación de los Derechos Humanos, pues ciertamente aún le queda mucho camino por recorrer en su correcta aplicación. Pero su caso es interesante como país que, a pesar de encontrarse aún en vías de desarrollo, ha sido capaz de confeccionar un sistema legal en el cual el respeto a los derechos fundamentales juega un papel esencial.

En este documento se hará mención del estado de los Derechos Humanos en algunas de las áreas más importantes de la vida política y social de Mauricio, tales como la práctica democrática, la actividad laboral o el acceso al agua potable, entre otras. A su vez, se tratará de dar respuesta a la pregunta de si el sistema jurídico mauriciano está o no adecuado para hacer frente a la lucha contra los abusos y violaciones de tales derechos y, sobre todo, si el Gobierno, atendiendo a los recursos disponibles, está capacitado para ello. En otras palabras, se valorará si la voluntad jurídica se corresponde con una voluntad real a la hora de atacar las injusticias relacionadas con los derechos fundamentales.

Marco legal

A pesar de la aprobación de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en 1981 y de la creación de la Comisión Africana de los Derechos Humanos en 1986, el respeto a ese sistema de valores continúa siendo la excepción en la vida de muchos países del continente africano. Esto es debido no a una ausencia de reconocimiento de esos derechos en las respectivas Constituciones nacionales, sino a la falta tanto de mecanismos legales como de voluntad política para aplicar eficazmente la ley.

Mauricio no escapa a esta realidad. Recientemente, el Comité de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR, por sus siglas en inglés) presentó el quinto informe periódico de Mauricio sobre la implementación de las provisiones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, en inglés). En su informe, el Comité puso de relieve la falta de voluntad política del Gobierno mauriciano para desarrollar los principios de democracia, Estado de derecho, Derechos Humanos y políticos y libertades individuales.

No obstante, el Comité constató avances desde su anterior informe, como la creación de una división para los Derechos Humanos en la estructura gubernamental mauriciana y la adopción de la Ley de Igualdad de Oportunidades (Equal Opportunities Act). Otras medidas sacadas adelante en Mauricio son determinadas enmiendas realizadas en el Código Civil y la adopción tanto de la Ley de Apelación Penal (Criminal Appeal Act) como de la Ley de Quejas Policiales (Police Complaints Act). Estas actuaciones pretenden lograr a largo plazo un desarrollo acorde con el respeto de los derechos humanos y las libertades individuales con el fin de ajustarse a estándares de calidad de vida basados en la dignidad, la justicia social, el empoderamiento económico y la igualdad de trato. Según el Gobierno, todo ello ayudará a crear una comunidad cohesionada y tolerante basada en una serie de valores compartidos como el respeto, la unidad, la inclusión y la solidaridad.

Además, Mauricio asegura tener implementados en sus leyes muchos de los instrumentos acordados a nivel internacional con vistas a garantizar los Derechos Humanos. Entre otras acciones, el Gobierno destaca la reclamación a Reino Unido del Archipiélago de Chagos. A juicio del Gobierno mauriciano, el archipiélago fue forzosamente desalojado por parte de Reino Unido, mostrando una “clara indiferencia” hacia los derechos de los habitantes insulares. Desde entonces, la República ha mantenido una actitud inalterable en favor del proceso descolonizador. El apoyo internacional que ha recibido Mauricio se ha visto ya reflejado en la aprobación de la resolución 71/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la petición a la Corte Internacional de Justicia de una opinión consultiva sobre las consecuencias legales de la separación del Archipiélago de Chagos de Mauricio en 1965.

Vida social y política

Tanto la Constitución mauriciana de 1968 como la legislación adoptada posteriormente incorporan formulaciones de respeto a los Derechos Humanos. No obstante, como ocurre en muchos otros países, el sistema institucional carece de herramientas y de voluntad para aplicar de manera efectiva los castigos por infracción o negligencia en este terreno. Además, falta un adecuado sistema de protección para personas víctimas de diversos delitos, como por ejemplo, ofensas sexuales o discriminación hacia personas homosexuales.

Cabe recalcar que no todos los ámbitos rigen el patrón mencionado. Existen otros ámbitos en los que la legislación protege y respeta los derechos fundamentales. Por ello, es conveniente analizar los casos de manera individual antes que proporcionar una valoración general del estado de los Derechos Humanos inmediatamente.

Empezaremos haciendo mención al estado de la democracia en el país insular. Según el Índice de Democracia de 2017, Mauricio está dentro de lo que se considera una “democracia plena”, con unos resultados superiores a los de España, Estados Unidos o Francia, entre otros[1]. Esta clasificación quiere decir que en Mauricio: 1) se celebran elecciones realmente libres y justas; 2) se garantiza la seguridad personal de los votantes; 3) existe poca influencia por parte de las potencias extranjeras en el Gobierno, y 4) los funcionarios civiles son capaces de implementar políticas. Todo ello, en un grado más alto que los 178 países por debajo de Mauricio.

Sin embargo, existen algunas críticas internas al funcionamiento democrático del país. A pesar de que las elecciones de 2014 fueran caracterizadas por observadores internacionales como justas y libres, algunas voces han criticado el sistema de representación, citando la modificación de determinadas circunscripciones electorales a fin de beneficiar a ciertos grupos sociales, técnica conocida en ciencias políticas como gerrymandering. Otras quejas se han referido al bajo número de mujeres candidatas, la falta de trasparencia en el conteo de votos por tomar este proceso más tiempo del que debería y la falta de equidad en el acceso a los medios de comunicación para promocionar las campañas electorales por parte de la oposición. En este sentido, la oposición alega que la televisión pública MBC TV favorece al partido en el Gobierno.

Por último, gracias a una resolución de 2012 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Gobierno mauriciano enmendó la Constitución en 2014 para evitar que los votantes tuvieran que identificar su etnia a la hora de votar. Este comportamiento fue reportado por el Comité como una clara violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

A pesar de estas críticas, es relevante destacar el hecho de que Mauricio se encuentra en la posición 54, entre los 176 países analizados, en cuanto al Índice de Percepción de la Corrupción. En efecto, Mauricio es el país africano en el que se reportan los niveles más bajos de corrupción, sólo superado por Namibia, Ruanda y Botsuana[2]. No obstante, los niveles de corrupción existentes no se han saldado sin consecuencias. En 2015 la presidenta de Mauricio, Ameenah Gurib-Fakim, la única presidenta en África por entonces, fue obligada a dimitir tras verse envuelta en un escándalo político que implicaba también a la ONG Planet Earth Institute[3].

En otro orden de cosas, la pena de muerte fue abolida oficialmente ya en el año 1995, siendo la última ejecución en 1987[4]. A pesar de ser una fecha relativamente reciente, Mauricio constituye uno de los pocos países en el África subsahariana que la han abolido. Botsuana, Zimbabue, Tanzania, Zambia, Lesoto o Suazilandia son algunos de los países vecinos que aún hoy en día aplican de una manera u otra la pena de muerte[5].

Mauricio prohíbe el aborto a excepción de riesgo grave para la vida de la madre, no pudiéndose abortar, por tanto, por defectos del feto, riesgo no grave para la salud física o mental de la mujer gestante, factores socio-económicos o caso de violación[6].

Aunque existen situaciones de abusos de los Derechos Humanos, la actitud del Gobierno es la de aceptar mecanismos que monitoreen su labor, algunos de ellos exteriores. Mauricio cuenta con un defensor del pueblo u ombudsman elegido por el presidente del país, cuya labor es la de investigar las quejas contra los servidores públicos, tales como policías y funcionarios de prisiones. El informe sobre los Derechos Humanos en Mauricio de 2017 considera al defensor del pueblo como una figura independiente, efectiva y con recursos suficientes para llevar a cabo su labor.

Además, el Gobierno cuenta con la Comisión de Igualdad de Oportunidades, que está encargada de investigar alegaciones de discriminación y de promover la igualdad de oportunidades en el sector público y privado. Según el Informe de 2017, la Comisión resulta ser efectiva, independiente y estar dotada con recursos suficientes para llevar adelante su cometido.

Todos estos controles, sin embargo, no impiden que se sigan produciendo discriminaciones entre los ciudadanos mauricianos por razón, entre otras, de género y pertenencia a una comunidad específica. Este es el escenario en el que se encuentran los criollos, es decir, los habitantes de origen mauriciano con descendencia africana. A este respecto, el periódico L´Express anunció recientemente que estaba en posesión de una grabación en la que se le podía oír al ex vicepresidente y ministro de Vivienda y Suelo decir que, dentro del nuevo proyecto urbanístico que el Gobierno iba a desarrollar, el 90% de las viviendas iban a ir para los hindús y el 10% para los musulmanes. Consecuentemente, los criollos no recibirían “ninguna vivienda” para prevenir que “la prostitución se esparza por el barrio”. Cabe destacar que la etnia hindú constituye el 48% de la población mauriciana y que, en el plano político, ha dominado desde la independencia del país.

Además, las mujeres y niños continúan siendo los colectivos más afectados por la discriminación. Existen leyes que prohíben y criminalizan tanto las violaciones como la violencia doméstica, sin embargo, ni la policía ni el sistema judicial proveen de una adecuada cobertura ante estos casos. Lo mismo ocurre con los casos de acoso sexual. Se han reportado casos de tráfico sexual de menores (el mínimo de edad permitido para el sexo consentido sea de 16 años).

Las personas con discapacidad también sufren un cierto grado de discriminación. Y es que, a pesar de que la ley mauriciana obligue a que los discapacitados constituyan un porcentaje concreto de la fuerza de trabajo dentro de una empresa, las autoridades hacen caso omiso. Sin embargo, el Ejecutivo se encarga de financiar programas de ayuda a estas personas, a fin de facilitarles el acceso a la información y comunicación. Por ejemplo, añadiendo subtítulos en los programas de televisión o con la creación de un programa informativo adaptado a sus dificultades comunicativas. Por último, a pesar de la igualdad de derechos en cuanto a la participación política, existen problemas prácticos relacionados con el transporte y acceso a los colegios electorales.

Igualmente el colectivo LGTBI sufre un acusado nivel de trato discriminatorio. Por ejemplo, en términos prácticos, a quienes hayan practicado sexo con otras personas del mismo sexo se les impide donar sangre, a pesar de que la ley lo permita. Además, en 2015 se reportó una detención arbitraria a un hombre por ser transgénero y exteriorizarlo al llevar ropa de mujer. Fue liberado sin cargos tras ser abofeteado, aterrorizado y obligado a desnudarse. Uno de los últimos incidentes denunciados fue el lanzamiento de piedras durante la marcha anual del colectivo LGTBI. A pesar de estos casos, la ley no criminaliza la actividad sexual entre personas del mismo sexo, pero sí la sodomía entre personas del mismo y diferente sexo.

Todos estos tipos de discriminación se trasladan también al ámbito laboral donde, a pesar de estar prohibido por ley, la discriminación en este ámbito por razón de sexo, raza, VIH y discapacidad existe. Por ejemplo, los criollos y los musulmanes tienen difícil acceso a puestos de trabajo en el sector público. Además, las mujeres cobran menos que los hombres por un trabajo similar y es poco común que ocupen altos cargos. Por el contrario, ellas suelen ocupar los puestos en donde se requiere una menor capacitación. El alto grado de desempleo entre los discapacitados se debe a la falta de puestos de trabajo físicamente accesibles. Por último, los menores tienen prohibido por ley trabajar hasta los 16 años, y hasta los 18 en trabajos calificados como peligrosos y con malas condiciones sanitarias. No obstante, se dan casos de menores trabajando en las calles, en pequeños negocios y restaurantes, así como en el sector agrícola.

El salario mínimo, que tiende a subir en relación con la tasa de inflación, varía según el sector. Por ejemplo, para un trabajador doméstico el salario mínimo es de 607 rupias (15€) a la semana, mientras que para un trabajador de fábrica es de 794 rupias (20€). La semana laboral está estipulada en 45 horas. A pesar de estas regulaciones, se han reportado casos en los que a los trabajadores de la limpieza no siempre se les pagaba el salario mínimo por jornadas enteras de trabajo, pues sólo recibían 1.500 rupias (38€) al mes, lo que equivale a 375 rupias (9€) a la semana.

Por otro lado, la ley reconoce el derecho a la huelga, aunque es necesario para declararla que se siga un proceso obligatorio considerado por sus convocantes como “largo, complejo y excesivamente largo”. Aun cuando los trabajadores hayan cumplido con este proceso, el Ejecutivo se reserva el derecho a prohibir la huelga y trasladar la disputa al arbitraje si considera que la huelga puede afectar seriamente a un sector o servicio en concreto. Además, es necesario que los trabajadores cumplan con un mínimo de sus servicios durante los días de huelga. Las huelgas a nivel nacional, referidas a “cuestiones generales de política económica” y/o durante las sesiones de la Asamblea General, están prohibidas. El  ámbito laboral es uno de los pocos donde el Gobierno aplica la ley de manera más eficaz. Sin embargo, se han reportado retrasos en los procedimientos y apelaciones.

En relación al acceso al agua potable, no se han reportado mayores problemas. Aunque siempre resulte recomendable, no sólo en Islas Mauricio, sino también en África en general, hacer uso del agua embotellada para consumo humano. En este sentido, sólo en la República Democrática del Congo, Mozambique y Papúa Nueva Guinea se han observado graves problemas con el abastecimiento de agua potable. No obstante, preocupa la contaminación del acuífero de la zona norte de Mauricio, que es una de las cinco principales reservas que existen de agua subterránea y proporciona entre el 50 y 60% del agua necesaria para fines domésticos[7].

Buenas perspectivas

Para concluir, habría que recalcar los esfuerzos que el Gobierno insular está haciendo a fin de acabar con las situaciones que van en contra del respeto a los derechos fundamentales. No cabe duda que, a pesar de estos esfuerzos, a Mauricio le quedan aún muchos retos que afrontar. Muchos de ellos vienen causados por la falta de rigor en la aplicación de las leyes mauricianas, pues éstas son, como se ha señalado anteriormente, ejemplares en el respeto y promoción de estos derechos.

De hecho, Mauricio cuenta con una legislación que, como hemos visto, se parece mucho a la de los países desarrollados occidentales en materia del respeto a los derechos fundamentales individuales. Uno de los problemas más graves al que se enfrenta el país en este sentido es la falta de voluntad política para aplicar los preceptos de la ley.

Y es que, a pesar de las deficiencias señaladas por los informes mencionados, estos también destacan la reforma estructural llevada a cabo y la actitud asertiva del Gobierno mauriciano en favor de la aplicación de unas políticas más respetuosas con los derechos fundamentales. Esto se ve claramente en la honestidad con la que el Gobierno permite que terceras instituciones ejerzan cierta actividad de monitoreo.

Estamos hablando, además, de que Mauricio es el país africano con un mayor Índice de Desarrollo Humano (IDH), de 0,781, calificado como de “alto”[8]. Esta situación le coloca como el país número 68 del mundo, por encima de países como Ecuador, China o Turquía. Por tanto, podemos considerar que Islas Mauricio cumple con unos estándares más que aceptables en materia de educación, salud, esperanza de vida o PIB per cápita.[9]

Por otro lado, este Estado insular es uno de los pocos que proveen enseñanza hasta el nivel universitario, transporte escolar y sanidad gratuitos. Además, ha conseguido que el 87% de sus habitantes tenga una vivienda en propiedad, sin por ello haber experimentado una burbuja inmobiliaria como la que sufrieron los países occidentales hace ya más de 10 años, y cuyas consecuencias aún se siguen notando. Todo ello lo ha conseguido Mauricio sin estar colocado entre los países más ricos del mundo (puesto 129 de los 189 analizados por PIB nominal)[10]. Es algo logrado mediante una diversificación de su economía, grandes recortes en Defensa y una muy bien estructurada seguridad social.[11]

Esto lleva a concluir que, a pesar de los esfuerzos que le quedan por hacer en materia de promoción y respeto de los Derechos Humanos, Mauricio constituye a día de hoy uno de los países africanos más prósperos económicamente y, por tanto, donde es más probable que se lleve a cabo de manera temprana una institucionalización y afianzamiento de los derechos y libertades fundamentales. En efecto, Mauricio goza hoy en día de un crecimiento anual cercano al 4% y un Índice del PIB por Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) de los más altos del continente africano, sólo por detrás de las Islas Seychelles[12]. Este dato es significativo, ya que uno de los pasos más importantes hacia el respeto de los derechos y libertades fundamentales es el empoderamiento económico de la población para poner fin a los casos de servidumbre y dependencia que, sin duda, alientan los casos de abusos y violaciones de estos derechos.

ENSAYO / María Estrada

Cuando se cumple un año de la sentencia de la Corte Africana de los Derechos Humanos reconociendo a los Ogiek el derecho sobre su tierra –arrebatada por el Gobierno de Kenia desde mucho tiempo atrás para la explotación maderera–, puede ser oportuno repasar los fundamentos jurídicos sobre el derecho colectivo a la tierra de los pueblos indígenas y cómo su reconocimiento puede favorecer la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

Los Ogiek son un pueblo cazador y recolector que desde tiempos ancestrales ha habitado el bosque de Mau, en la selva de Tinet, en Molo, en el distrito Nakuru. Su existencia y continuidad dependen de los bosques, por los estrechos vínculos sociales, espirituales y culturales que les atan a ellos. La disposición de mayo de 2017 dictada por la Corte Africana de los Derechos Humanos obligó a un cambio de actitud por parte del Gobierno keniano. La Corte fundamentó su sentencia en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por las Naciones Unidas en septiembre de 2007, en cuya votación Kenia se abstuvo.

La Declaración de Naciones Unidas reconoce a los pueblos indígenas el derecho de preservar y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones y de trabajar por su desarrollo de acuerdo a sus aspiraciones y necesidades. En su preámbulo, el texto reconoce “la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales”. También cabe considerar el Convenio 107 de la OIT de 1957, que dice: “La Declaración de Filadelfia afirma que todos los seres humanos tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades”.

El derecho internacional distingue entre las nociones de “tierra” y “territorio” para evidenciar la diferencia entre un espacio físico o geográfico determinado (la porción de tierra en sí) y la reproducción o manifestación de la vida cultural asociada a ese espacio. Esa vida cultural se expresa a través de distintas pautas culturales ligadas con formas de uso de la tierra y sus recursos, lazos ceremoniales y espirituales y múltiples maneras de ser y concebir el hábitat y el mundo. Con la noción de territorio no se protege un valor económico, sino el valor de la vida en general y de la vida cultural en particular. ¿Cuál es entonces la cantidad de tierra que debe regularizarse legalmente a favor de un determinado pueblo o comunidad? Las tierras que se entreguen deben respetar los criterios de idoneidad, suficiencia y tradicionalidad. Es decir, deben ser de suficiente extensión y calidad como para que el pueblo o comunidad pueda desarrollar su plan de vida, conforme a sus opciones y prioridades de desarrollo, vivir con dignidad como pueblo organizado acorde con su identidad cultural y garantizar su continuidad histórica y cultural. La noción de tradicionalidad define como propios de una comunidad a aquellos espacios territoriales que están en la memoria colectiva de las actuales generaciones y que todavía se reconocen como el hábitat natural del pueblo en cuestión, sea que esté enteramente bajo su control o que haya sido objeto de usurpaciones y desmembramientos en los últimos años.

A partir de estos conceptos, el derecho internacional y las legislaciones internas de los países han definido que el derecho a la tierra y al territorio implica:
a) la entrega de tierras que son utilizadas por el pueblo y comunidad, respetando las distintas modalidades de uso de la tierra y los recursos; b) la restitución de tierras perdidas involuntariamente y a las que hayan tenido tradicionalmente acceso, y c) la entrega de tierras adicionales o complementarias para asegurar el desarrollo y continuidad del pueblo o comunidad.

Además de estas fuentes de derecho internacional, hay otras iniciativas que inevitablemente hubieran llevado al triunfo de los Ogiek, gracias a los cambios que está experimentando la geopolítica global en las últimas décadas.

En primer lugar, en la comunidad internacional cada vez más son los Estados que se están sumando a las iniciativas de los modelos de desarrollo sostenible, ya sea por la presión ejercida por actores no estatales como las ONG o grupos de activistas; o por iniciativa propia, al percatarse los gobiernos de que es fundamental incluir la seguridad medioambiental en sus políticas de defensa. En el campo de estudios estratégicos, la política internacional ha estado dominada desde la Guerra Fría por la corriente realista. Esta corriente tiene una visión muy acotada, y considera la guerra y el conflicto características inherentes al sistema internacional. Los estados son los actores principales, y su meta es la acumulación de poder, definido en términos de capacidad militar. Este enfoque ha seguido ostentando un puesto predominante incluso después de la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, pese a que poco a poco se han ido introduciendo nuevas perspectivas. Han surgido nuevas corrientes que critican la limitada visión de las corrientes tradicionales, planteado que hay otros factores no militares que son relevantes a la hora de reconocer cuáles son las amenazas para la seguridad de las naciones y de los individuos. Varios autores, como Dalby, Floyd o Mathew, entre otros, creen que es necesario empezar a incluir y dar prioridad a la seguridad medioambiental en la agenda internacional; o lo que es lo mismo, “securitizar” el tema. Unos siete millones de personas mueren cada año como consecuencia del cambio climático, y la escasez de recursos es con frecuencia fuente de conflicto, especialmente en los países menos desarrollados.

En segundo lugar, en 2015 se anunciaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030, que se agrupan en 17 objetivos y 169 metas. Estos fueron propuestos en 2014 en la Conferencia “Transformar nuestro mundo” de las Naciones Unidas, en la que se analizaron los resultados de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) del año 2000. Los ODM lograron avances en aspectos como la reducción del número de personas bajo el umbral de pobreza, pero en otros aspectos como el medioambiente hubo retrocesos. Esta vez, los ODS ponen sobre la mesa una agenda más integral y comprehensiva, y tienen la sostenibilidad como elemento central, velando por el crecimiento equitativo. El gran reto en este caso será su implementación, ya que las metas no son del todo claras y no demandan compromisos específicos, por lo que se corre el riesgo de que los estados esquiven el compromiso. De entre los objetivos establecidos, cabe destacar dos para el tema que estamos tratando. El objetivo 13 habla de “adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos” y el objetivo 15 de “proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica”. La estrategia de sostenibilidad que proponen los ODS incluye el mantenimiento de la integridad de los ecosistemas mediante una gestión eficiente de los recursos naturales y una desvinculación de las presiones medioambientales respecto del crecimiento económico.

Dicho esto, y volviendo a los Ogiek, hay quienes afirman que su establecimiento en el bosque de Mau puede ayudar a la conservación del espacio, que estaría en línea con el objetivo 15. Los Ogiek se consideran los guardianes del bosque, y creen que su deber es contribuir a la conservación del mismo y de todas las especies que en él habitan. En la cultura africana —sin pretender caer en una excesiva generalización— el vínculo con la tierra es algo más que histórico y cultural, también es un vínculo espiritual. Allí es donde residen sus antepasados, cuyos espíritus custodian al pueblo. Además, una de las principales actividades de los Ogiek es la producción de miel. Por eso la libre disposición del bosque por parte del gobierno keniano supondría el desarraigo moral y existencial de estas gentes, además de otras graves consecuencias para el cambio climático. El bosque evita en buena medida las sequías y ayuda a la cohesión del suelo.

Además de esto, también hay que tener en cuenta la insostenibilidad del modelo actual de producción y consumo capitalistas, que solo generan desigualdad a través de una feroz competencia que resulta injusta para los grupos más marginados como son en este caso los pueblos indígenas. El gobierno keniano justifica la tala de bosques descontrolada como necesaria para el desarrollo y la generación de ingresos. Sin embargo, hay que considerar otros estilos de vida, que a su manera permiten un desarrollo igual de completo para las personas. Además de guardar la diversidad y promover el enriquecimiento cultural, el estilo de vida del pueblo Ogiek sería la solución para el desarrollo sostenible que persiguen los ODS.

A la luz de este caso es preciso plantear la idea de que quizás en otros lugares del planeta la solución para la conservación del medio ambiente y las especies es dejar que los lugareños que conocen esa tierra se ocupen de su cuidado. Este asunto concierne a numerosos grupos de personas. En Latinoamérica son frecuentes las disputas a causa de los abusos de los entes políticos en contra de los pueblos indígenas, que de igual forma acuden a los tribunales en busca de protección de sus derechos (poner ejemplos). Es entonces probable que la imposición de un modelo capitalista sin fuertes consideraciones sociales sea contraproducente en cuanto a la consecución del desarrollo, considerado este como aquello que eleva el nivel de vida de las personas. Los nuevos pasos a seguir ahora deben encontrar su fundamento en una concepción más amplia de desarrollo, teniendo en cuenta la diversidad de estilos de vida en el mundo, y viendo en la disposición de los pueblos indígenas de vivir y proteger los bosques una oportunidad que garantiza la conservación de los mismos.

Kenia cuenta con el primer tramo de la nueva red ferroviaria financiada con ayuda de Pekín

La participación africana en la Nueva Ruta de la Seda promovida por China pasa por conectar el interior de varios países de África oriental con los principales puertos de su litoral índico. La diseñada red ferroviaria, que introduce en la región el ancho de vía estándar, ha comenzado a operar entre las dos principales ciudades de Kenia: Nairobi y el puerto de Mombasa. Pero la realización completa del proyecto está sujeta al cuestionable modelo de inversión china.

▲Transporte de mercancías entre Nairobi y Mombasa [Kenia Railways]

ARTÍCULO / Claudia Correa y Alexia Cosmello

Las relaciones sino-africanas se remontan al siglo XV cuando Zhang, el navegador y comerciante, llegó a las costas de Mozambique. Sin embargo, fue con Mao Zedong en 1949 cuando las verdaderas relaciones se establecieron. Con promesas de respeto y teniendo en cuenta las heridas que dejó la colonización, China ha asistido económicamente a África hasta convertirse en su principal socio económico desde el año 2009. Mediante la implementación de proyectos de cooperación económica y tecnológica ha financiado la construcción de centrales hidroeléctricas, represas, aeropuertos, acueductos, hospitales, refinerías, gaseoductos, líneas férreas y autopistas en 52 de los 54 países africanos.

La cooperación entre China y África ha crecido considerablemente. Desde el año 2000 se han llevado a cabo conferencias ministeriales del Foro para la Cooperación entre China y África (FOCAC) mediante las cuales se ha aumentado el comercio y la colaboración en áreas como la educación, la ciencia, la tecnología y la salud. Por otro lado, refiriéndose a los prestamos e inversiones, China ha anunciado que destinará gran parte de su capital a proyectos en el continente africano. En 2013, por ejemplo, el presidente chino, Xi Jinping, prometió otorgar 14.400 millones de euros para infraestructuras construidas por empresas chinas, mientras que en 2014, el premier Li keqiang anunció que China destinaría 8.600 millones de euros más a proyectos de desarrollo en África.

El auge chino y la intención de ampliar y profundizar su influencia en el mundo ha sido muy clara estos últimos años. En septiembre de 2013, Xi Jinping presentó un nuevo proyecto de expansión de obras públicas llamado la nueva ruta de la Seda. Con el objetivo de posesionarse en el comercio mundial, China pretende mejorar las conexiones de Asia con otras regiones mediante la construcción de rutas terrestres y la articulación de una vía marítima que faciliten el comercio. A pesar de que es una iniciativa que será útil para la comunidad internacional, es preciso recalcar los beneficios que representarán para África, puesto que en su territorio se construirá la red de transporte de África Oriental, por lo que esa parte del continente africano podrá tener mayor acceso al comercio mundial, al igual que tendrá nuevas infraestructuras con tecnología de punta.

Standard Gauge Railway

La red de transporte de Africa oriental, de mercancías y pasajeros, tiene como objetivo conectar las ciudades más importantes de Kenia con Kampala, capital de Uganda; Bujumbura, capital de Burundi; Juba, capital de Sudán del Sur, y Kigali, capital de Ruanda. Está previsto aplicar el ancho de vía estándar a la mayor parte del trayecto, por lo que el proyecto es conocido como Standard Gauge Railway (SGR). Se calcula que la red ferroviaria medirá alrededor de 2.935 kilómetros en total y costará cerca de 13.800 millones de dólares. La financiación estará mayoritariamente a cargo del gobierno chino, junto a la ayuda del banco EiximBank, el cual financiará un 90% de los costes de la construcción, mientras que el gobierno keniano financiará tan solo el 10% restante. La obra será llevada a cabo por la empresa china Road & Bridge Corporation, la cual es considerada la empresa pública con mayor presencia y emprendimiento en África.

La primera fase del proyecto, denominada Madaraka Express ya está terminada y fue inaugurada en mayo de 2017. La iniciativa consistía en la construcción de una línea ferroviaria para unir Nairobi, capital de Kenia, con Mombasa, la ciudad portuaria más importante de ese país y de África Oriental. El tren puede llevar a 1.260 pasajeros por un tramo de aproximadamente 470 km de distancia. Teniendo ya construido una de las partes claves de la red de transportes es posible continuar con el proyecto y pasar a la segunda fase, la cual consistirá en extender las líneas férreas con el resto de las ciudades antes mencionados.

Claroscuros de la inversión china

¿Cuáles son los propósitos de China para invertir en África? Probablemente lo hace porque es un gran mercado potencial para la venta de productos de sus productos, además de una gran fuente de recursos naturales como. En África oriental, por ejemplo, está el petróleo de Kenia o materiales imprescindibles para las baterías de los teléfonos móviles en Malawi. En cualquier caso, está claro es que no es un acto caritativo por parte de los chinos, pues se ha demostrado que los bancos y compañías chinas ofrecen financiación porque eso les permite asegurarse mayor cuota de mercado en África como parte de su estrategia para ser globales”.

Según Li Keqiang, primer ministro chino, la “cooperación con África está basada en el respeto, la igualdad y el beneficio mutuo”. Los representantes africanos se muestran entusiastas con la idea de que China invierta en el desarrollo de África. El presidente de Kenia declaró que el nuevo tren “revolucionará la economía de la región y reafirmará el estatus de Kenia como centro económico”, y el embajador de Malawi, Wang Shiting, manifestó su idea sobre el desarrollo africano, publicando que África solo mejorará cuando todos contribuyan a su desarrollo, y es lo que precisamente China está haciendo actualmente.

De acuerdo con esas opinines oficiales, desde el punto de vista africano, la intervención de China en el continente no es vista como algo negativo. Sin embargo, presenta ciertos problemas, como la sospecha y acusación de corrupción por parte de los inversores chinos o la denuncia de que está abriendo de manera agraviante la brecha de diferencia económica entre los más y menos adinerados, ya que, lógicamente, los inversores chinos esperan negociar con las élites del continente. También hay un maltrato del medio ambiente, como la controversia por las repercusiones medioambientales de la red ferroviaria mencionada, sobretodo en Kenia, donde la población ha cuestionado el trayecto por el parque Nairobi debido al impacto ambiental.

No solamente las empresas chinas están invirtiendo en el continente africano, algunas empresas occidentales y europeas han substituido, en algunos casos, a las empresas chinas. Un gran ejemplo es la multinacional estadounidense General Electric, que en tan solo un año ha triplicado su plantilla de empleados en Nigeria, Kenia y Etiopía. Esto les es posible a consecuencia de los retrasos o parálisis que algunos proyectos han sufrido a causa de la repentina bajada de precios de materias primas y la desaceleración china. Gracias a esto mismo, algunos Estados africanos con suficiente estructura financiera han tomado la iniciativa ellos mismos para no dejar que los proyectos queden enterrados.

El despliegue de casi 19.000 'cascos azules' ha reducido la violencia, pero siguen las violaciones de los derechos humanos

El apalancamiento en el poder del presidente Joseph Kabila y el resentimiento social y tribal han alimentado en el último año y medio un violento conflicto en el interior de la República Democrática del Congo. Hasta la hecha ha habido 3,9 millones de desplazados; solo en 2017 se registraron 3.300 muertos. La intervención de la ONU ha reducido los niveles de violencia, pero el conflicto en la provincia de Kasai sigue vivo.

▲Fuerzas de la Misión de Estabilización en la RDC de la ONU [MONUSCO/Sylvain Liechti]

ARTÍCULO / Eduardo Villa Corta

La República Democrática del Congo (RDC) se encuentra sumergida en una gran crisis civil que dura ya largo tiempo. Si bien este país ha tenido numerosos problemas y conflictos internos, el de la región de Kasai, en el centro-sur del país, destaca por el elevado número de muertes y violaciones de derechos humanos.

El origen de este conflicto se remonta al año 2016, cuando el presidente Joseph Kabila, en el poder desde 2001, decidió retrasar las elecciones para permanecer más tiempo en el poder. La muerte de su principal opositor, Étienne Tshisekedi, facilitó las intenciones de Kabila de seguir en la presidencia, pero desde entonces este ha tenido que confrontar una oposición armada: la milicia de Kamuina Nsapu.

Para entender la situación generada hay que partir de la división tribal presente en la RDC. Las jefaturas y divisiones territoriales son administradas por un jefe tradicional y su consejo. Estas líneas hereditarias siguen un proceso de sucesión, que debe ser ratificado por el Ministerio del Interior. En el caso de la tribu de los Kamuina Nsapu, en enero de 2012 hubo un problema con el acceso a la jefatura de Jean Pierre Nsapu Pandi, porque el Ministerio del Interior (nombrado por Kabila) no llegó a reconocer al nuevo líder. Después de un tiempo, este recibió la noticia de que el Ministerio había seleccionado a otro jefe ajeno a la tribu. Esta selección generó un resentimiento que condujo a una revuelta. Desde ese momento Nsapu Pandi decidió empezar a reclutar gente en la zona.

Entre las razones por las que este movimiento creció y se expandió en la región está en primer lugar la situación de pobreza generalizada. Dadas las bajas condiciones de vida y el escaso crecimiento económico, las promesas que ofrecía el líder constituyeron un incentivo popular. El conocimiento de la lengua local tshilub y el propio carisma personal de Nsapu Pandi lo ayudaron también a conseguir partidarios, de forma que a finales de julio de 2016 unos 800 jóvenes ya lo seguían. Fue entonces cuando la milicia, llamada Kamuina Nsapu por devoción a su líder y guía, empezó la revuelta, con el incendio de una comisaría a 20 kilómetros de la ciudad de Tsimbulu.

El conflicto dio un salto pocas semanas después, cuando se produjo un enfrentamiento entre policías y militares en Tsimbulu. El episodio terminó con la orden de muerte en combate de Pandi, dada por el mismo presidente. Desde ese momento la recientemente formada milicia se agrupó con la oposición a Kabila y pasó de ser un grupo local a convertirse en uno nacional. Ahora es una milicia en guerra civil con el gobierno, en una confrontación que ha devastado a la población congoleña.

La milicia Kamuina Nsapu y sus atrocidades tuvieron una rápida respuesta de Kabila. Este respondió con una fuerza desmesurada y desproporcionada, pues en sus acciones contra la milicia las autoridades causaron en las primeras semanas unos 400 muertos, tanto entre elementos armados como entre la población civil. El grupo ha crecido exponencialmente debido a la fuerte oposición social a Kabila, quien no obstante a día de hoy sigue manteniendo el poder en Kasai. Ambos bandos del conflicto han protagonizado atrocidades y violaciones graves de los derechos humanos.

Los datos sobre muertes y daño a personas no son fáciles de obtener. Según fuentes de la Iglesia Católica, solo en 2017 el conflicto provocó al menos 3.300 muertes. Ese mismo año hubo 1,7 millones de personas que dejaron sus hogares y se desplazaron a países vecinos en busca de asilo. Hasta la fecha ha habido un total de 3,9 millones de personas desplazadas. El conflicto ha agravado la hambruna en el país, que alcanza los 7,7 millones de personas. De ellas, 3,3 millones se ubican en la región de Kasai, que es la más azotada por el conflicto. En enero de 2018, se estimó en 400.000 el número de niños malnutridos. Las cifras no hacen más que elevarse debido a la migración y a la situación de peligro que sufren miles de personas. La RDC ha pedido al Banco Mundial 1.700 millones de dólares para poder establecer y ayudar a la población. Pero esta suma no ha sido entregada ni ha habido ninguna aportación económica por parte de ninguna organización internacional.

Lo cierto es que estas atrocidades son responsabilidad de los dos bandos en conflicto. La participación de ambas partes se puede ver en el descubrimiento de fosas comunes (se han encontrado 80 en la zona) tras una iniciativa de las Naciones Unidas. Permitió ver que se habían cometido desde decapitaciones hasta mutilaciones y que las víctimas iban de militares a niños. La ONU ha enviado observadores y “cascos azules” a la zona: en total son 19.000 efectivos cuya misión es intentar mantener la paz, apoyar a los civiles e investigar los hechos sucedidos. Esos trabajos han contabilizado de momento 2.800 violaciones de derechos humanos. Al menos dos observadores de la ONU fueron decapitados en la región de Kasai, a la que las organizaciones internacionales tienen difícil acceso debido a las restricciones gubernamentales y al despliegue mismo de la violencia.

Este conflicto está basado en el resentimiento social y tribal y en la lucha por el control del país. Para que el país se pueda recuperar, tanto Kabila como los Kamuina Nsapu deberían llegar a algún tipo de compromiso. Para lograr esto la comunidad internacional debería reiterar la presión ejercida en 2016 al inicio de un conflicto que se ha acrecentado a lo largo de casi dos años. La Unión Africana y la ONU deberían empujar a ambas partes en litigio hacia el alto al fuego, en una mediación tanto como regional como extracontinental. La solución más propicia para lograr la estabilización del país pasa por la celebración de elecciones libres.

Las tribus locales reclaman participación en los beneficios y reducción del daño medioambiental

La estabilidad social de Nigeria, uno de los países más poblados del mundo y la mayor economía de África, preocupa internacionalmente por su posible incidencia en la seguridad continental y mundial. De ahí que un conflicto local como el que enfrenta a las tribus del Delta del Níger con el gobierno nigeriano, a raíz de la explotación del abundante petróleo del área, sea seguido con atención desde el exterior.

▲El área de luz en la parte inferior de la imagen satelital corresponde a las instalaciones petrolíferas del Delta del Níger [NASA]

ARTÍCULO / Baltasar Martos

La fuerte disputa por los recursos energéticos en la desembocadura del río Níger, al sur de Nigeria, es desde hace décadas uno de los conflictos africanos de mayor resonancia. La marginalización, el confinamiento y el empobrecimiento de los Ogoni y los Ijaw –así es como se llaman las tribus étnicas de las provincias costeras de Rivers, Bayelsa, y Delta– han contribuido a una escalada de tensión entre los locales y el gobierno federal.

Para entender el problema de fondo, conviene antes hacer un breve recorrido en el tiempo y discernir las tres etapas cronológicas que han configurado el panorama actual del conflicto, a saber: el comienzo de la explotación del petróleo, la hegemonía de la Royal Dutch Shell y el período posterior a la independencia.

En el año 1903, en la región meridional costera de la actual Nigeria, convertida en protectorado británico (1901) y posteriormente en colonia (1914), se descubrió un gran yacimiento de minerales e hidrocarburos, como carbón, betún, petróleo y gas natural. La compañía británica Nigeria Properties Ltd. inició entonces actividades de exploración y extracción de petróleo, llegando a alcanzar una producción de 2.000 barriles por día en el año 1905. Más tarde, en 1937, y tras la sucesión de varias empresas petrolíferas, la multinacional anglo-holandesa Royal Dutch Shell se hizo con el monopolio de las actividades de prospección de las fuentes de petróleo –y, en menor medida, otros hidrocarburos–, llegando a unas tasas de producción de 5.000 barriles por día.

Tres décadas más tarde, tras la independencia y el establecimiento oficial de la República Federal de Nigeria (1960-1963), el gobierno militar de Yakubu Gowon emprendió una política de nacionalización y adquisición de las firmas extranjeras en el país, obligándolas por mandato legal a volver a registrarse mediante joint-ventures con empresas estatales. De esta manera, consiguió transformar esta actividad en el principal sector estratégico para la economía del país. Además, teniendo en cuenta la entrada de Nigeria en la OPEP en 1971, no resulta llamativo que el gobierno federal posea, a día de hoy, el 60% de la participación en el capital de prácticamente la totalidad de las petroleras en activo, ocupando un importante papel como socio mayoritario.

Por el contrario, la población civil de la zona ha resultado la gran perdedora. Las minorías étnicas más damnificadas por las actividades de prospección, extracción y comercialización –con el subsiguiente enriquecimiento para unos y la contaminación del medio ambiente para otros– vienen reclamando la atención del gobierno y exigiéndole medidas legislativas de protección ambiental y social desde hace décadas [1].

Por una parte, los locales reclaman “justicia medioambiental”, definida por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos como “el tratamiento justo y la participación significativa en procesos de toma de decisiones políticas sobre las actividades que afecten el entorno natural de todos los pueblos, independientemente de su raza, color, cultura… concernientes a la implementación y aplicación de leyes, regulaciones y políticas medioambientales”.

Los Ogoni y los Ijaw son pueblos dedicados fundamentalmente a la agricultura y la pesca como forma de subsistencia para los que el medio natural es la única y principal fuente de riqueza. Protestan contra la ya larga connivencia (desde la independencia) entre el gobierno y las compañías multinacionales petrolíferas, calificándolos a ambos de “expropiadores y contaminadores” y culpándolos del empobrecimiento de la región y del deplorable estado de los ríos que circulan por ella. Reclaman, además, sus derechos a obtener y utilizar, para sus comunidades locales, la parte correspondiente de los beneficios que reporta la explotación de los yacimientos energéticos por estar ellos asentados tradicionalmente sobre una gran bolsa de crudo [2].

La corrupción, el clientelismo y la debilidad estructural del gobierno, sumados a su gran interés y dependencia de este sector –que ha llegado a suponer un beneficio para la economía nacional de hasta el 55% del PIB a mediados de la década de 1990 según las estadísticas del World Data Bank– hace extremadamente difícil que el presidente y su gabinete accedan a atender las necesidades de estas comunidades del Delta del río Níger. Las crecientes protestas desembocaron en un verdadero conflicto, iniciado en la última década del pasado siglo, que enfrenta a la población civil y al gobierno federal confabulado con las multinacionales. Dicha confrontación ha tomado dos vertientes, una pacífica y otra violenta, y ha recabado la atención mediática de buena parte de la comunidad internacional.

Atención internacional

Por otra parte, el conflicto del Delta del Níger constituye un caso claro de globalización, ya que la extracción de petróleo involucra a un conjunto de fuerzas transnacionales, actores no-estatales y procesos interdependientes. Fruto de la prolongada situación de malestar de las tribus indígenas de la zona, han crecido dos movimientos en denuncia del lucro por parte de un gobierno que apenas invierte en el desarrollo de esta región del país, sumida en la pobreza y el abandono, y degradada por la explotación de sus recursos naturales.

Por un lado se encuentra el Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP por sus siglas en inglés), creado a raíz de las protestas en los años noventa y utilizado como modelo para que otras asociaciones civiles expresen públicamente su descontento con los impactos negativos de la industria petrolera en la calidad de vida de los habitantes de la zona. Esta organización, iniciada por el escritor Ken Saro-Wiwa y compuesta principalmente por académicos y docentes, denuncia pacíficamente la actuación conjunta del gobierno y las corporaciones instaladas en la zona y aboga por los derechos humanos civiles de los Ogoni a unas condiciones de vivienda dignas, a la justicia medioambiental y a una legislación que les respete y proteja de las amenazas medioambientales.

Por otro lado, existe el Movimiento por la Emancipación del Delta del Níger (con el acrónimo inglés MEND). Está formado por una amalgama de grupos de jóvenes armados y organizados en milicias locales de resistencia, cuyo objetivo principal es luchar por el control del beneficio del petróleo para las etnias minoritarias asentadas en la zona. Se trata de una rama militar del MOSOP que ya ha saboteado oleoductos y ha secuestrado a trabajadores extranjeros de las fábricas, exigiendo al gobierno un rescate por ellos, en varias ocasiones.

Lo más importante de ambos movimientos es que han llamado la atención de un gran número de Organizaciones No Gubernamentales, locales e internacionales, que se han aliado con ellos y han comenzado a promover y visibilizar su causa frente a toda la comunidad internacional. Amnesty International, Human Rights Watch  o Niger Delta Human and Environmental Rescue Organization son algunas de las muchas entidades que han abierto un espacio de trabajo dedicado única y exclusivamente a la cuestión del Delta del Níger. Estas abogan mundialmente por la defensa de los derechos medioambientales de las comunidades afectadas por la explotación de los recursos y la contaminación del entorno natural. También han conseguido asociarse a medios de comunicación transnacionales y redes de derechos humanos para extender la situación del conflicto a una audiencia global. 

La denuncia conjunta de las “supuestas violaciones de Derechos Humanos y Medioambientales sobre los miembros de la etnia Ogoni del Delta del Níger” ha resonado a nivel mundial y ha obtenido una importante suma de ayudas económicas destinadas al restablecimiento de los asentamientos de los que los pueblos autóctonos habían sido desplazados, así como a la promoción de la justicia medioambiental, la protección y garantía de los derechos civiles de los locales al aprovechamiento de la riqueza natural propia de su zona, la prosecución de sus actividades económicas y la salvaguarda de su entorno medioambiental. La repercusión mundial de este conflicto es probable que incida en el modo de resolución de conflictos similares.

[1] Obi, Cyril. “Insights from the Niger Delta”, Young, Tom. Readings in the International Relations of Africa. Indiana University Press, 2016.

[2] Botchway, Francis N., ed. Natural Resource Investment and Africa's Development. Edward Elgar Publishing, 2011.

▲Curso bajo del río Nilo, en Egipto [Pixabay]

ANÁLISIS / Albert Vidal [Versión en inglés]

Las disputas por el control de los ríos, lagos y, en definitiva, del agua, están hoy especialmente vivas y se intensificarán en un futuro próximo, ya que, según la Organización Mundial de la Salud, en 2025 la mitad de la población mundial vivirá en zonas con escasez de agua. Actualmente, los países con más reservas de agua son Brasil, Rusia, EEUU, Canadá, China, Colombia, Indonesia, Perú, India y la República Democrática del Congo. La mayoría del agua disponible se encuentra bajo tierra, concentrada en acuíferos, o se trata de aguas superficiales (ríos y lagos). Los acuíferos con mayores reservas son el Sistema Acuífero de Piedra Arenisca de Nubia (bajo el Desierto del Sáhara), la Gran Cuenca Artesiana (en Australia) y el Acuífero Guaraní (en América del Sur). Por otro lado, hay una serie de ríos en el mundo cuya importancia es excepcional, sencillamente por la ingente cantidad de población y actividad económica que dependen de ellos. Los problemas surgen cuando estos ríos no forman parte de un solo Estado, sino que son ríos contiguos o transfronterizos, y eso provoca disputas entre algunos Estados.

Focos de tensión en Asia

Asia está siendo especialmente afectada por este problema. Actualmente hay diversas tensiones que giran en torno al control del agua. Uno de los casos más significativos es el referido al uso del agua del río Indo, que sustenta a 300 millones de personas y ha provocado tensiones entre Pakistán e India. Este río es un recurso vital para ambos países. Con la independencia de Pakistán, el Indo se convirtió en una fuente de disputas. Esto trató de solucionarse con el Tratado de las Aguas del Indo (1960), que dio a la India los tres afluentes orientales (el Sutlesh, el Ravi y el Beas) y a Pakistán los tres ríos occidentales (el Indo, el Jhelum y el Chenab). Pero debido a la escasez de agua, Pakistán ha protestado recientemente contra la construcción de presas en la parte india del río (en la Cachemira administrada por India), que restringen el suministro de agua a Pakistán y reducen el caudal del río. India, por su parte, se defiende diciendo que esos proyectos están contemplados en el Tratado; aún así, las tensiones no parecen disminuir. Por ello, Pakistán ha pedido al Banco Mundial el nombramiento del presidente de un tribunal internacional de arbitraje, para poder solucionar dicho conflicto. Este problema por las reservas hídricas es el núcleo del enfrentamiento en Cachemira: sin un adecuado suministro, Pakistán no tardaría mucho en convertirse en un desierto. 

En Asia también existe la disputa sobre el río Mekong, que atraviesa Camboya, Vietnam, Laos y Tailandia. Este conflicto gira alrededor de la construcción de presas por parte de diversos países, así como la explotación de los recursos proporcionados por el río Mekong. Está planeada la construcción de 11 presas a lo largo del río, que producirían una gran cantidad de electricidad y serían beneficiosas para algunos países, pero a su vez podría amenazar la seguridad alimentaria de millones de personas. Los países afectados (Camboya, Vietnam, Laos y Tailandia) formaron en 1995 la Comisión del Río Mekong (MRC). Esta comisión se formó con el fin de promover el diálogo y fomentar el uso justo y equitativo de las aguas del río. La MRC ha mediado entre países diversas veces; en 2010 por la construcción de una presa por parte de Laos y Tailandia, y la misma situación se dio en 2013. Las conversaciones no han resultado muy eficaces, y se teme por la vida de millones de personas, que podrían ser afectadas en caso de que el conflicto se intensifique.

Se podría resumir la ineficacia de dicho organismo de la siguiente manera: las decisiones sobre la construcción de las presas se toman directamente sin presentarlas a la MRC, y las empresas constructoras presionan de tal manera a los gobiernos, que es muy difícil realizar evaluaciones sobre los impactos medioambientales. Además, al no ser un tratado vinculante, los miembros acaban ignorando sus directrices y prefieren “cooperar” en un sentido amplio. De todos modos, las conversaciones siguen aunque, hoy por hoy, la MRC no parece capaz de asumir el peso de las negociaciones. Esto da al conflicto un futuro incierto y peligroso.

Un tercer foco de roces es el que afecta a la región ex-soviética de Asia Central. Durante la Guerra Fría, estas regiones compartían los recursos de la siguiente manera: las repúblicas con orografía montañosa (Tayikistán y Kirguistán) tenían agua abundante, y la suministraban a las repúblicas río abajo (Kazakstán, Turkmenistán y Uzbekistán) para generar electricidad y regar los cultivos. A su vez, las repúblicas río abajo suministraban gas y carbón a Tayikistán y Kirguistán durante el invierno. Pero al desmoronarse la URSS todo eso cambió y empezó a haber escasez de agua y cortes eléctricos, ya que estos países independientes decidieron dejar de compartir el agua y la energía. Como proclama el think-tank International Crisis Group, “la raíz del problema reside en la desintegración del sistema de compartir fuentes impuesto por la Unión Soviética en la región hasta su colapse en 1991”.

Así, Kirguistán y Tayikistán han decidido construir presas hidroeléctricas en los ríos Syr Darya y Amu Darya para producir su propia energía y enfrentar así los constantes apagones (potencialmente letales en invierno). Esto, por supuesto, limitará el acceso al agua de millones de personas que viven en las otras tres repúblicas, cosa que ha provocado conflictos a pequeña escala. También han abundado las amenazas, como la del presidente uzbeko Islom Karimov, que en 2012 dijo lo siguiente: “Los recursos (provenientes) del agua podrían convertirse en un problema futuro que podría dar lugar a en una escalada de tensiones no solo en nuestra región, sino en todo continente”; además añadió: “No nombraré países concretos, pero todo esto podría deteriorar hasta el punto en que el resultado no solo sería una confrontación, sino las guerras”. A pesar de las amenazas, los proyectos han continuado su camino, y por ello cabe esperar un incremento de la tensión en la región.

El control del Nilo

El río Nilo aparece como fuente de tensión entre diversos países africanos. Para entender la problemática existente, debemos remontarnos más de un siglo atrás. Ya en 1868, Egipto intentó ocupar Etiopía para hacerse con el control del cauce del Nilo. En 1929 se firmaron unos acuerdos durante la época colonial, en los que se repartían las aguas del Nilo. En dichos acuerdos (que se reafirmaron en 1959), Egipto obtenía la mayor parte del agua para su uso, mientras que Sudán obtenía una pequeña parte. Los 9 países restantes de la cuenca del Nilo fueron apartados del tratado. A la vez, se permitía a Egipto construir proyectos en el río Nilo mientras que se prohibía al resto de países ribereños hacer lo mismo sin el permiso de Egipto.

En 1999 se creó la Iniciativa de la Cuenca del Nilo: una comisión encargada de organizar un reparto justo del agua y los recursos del río Nilo. Pero al no tener el efecto esperado, en 2010 se firmó, como consecuencia del reparto desigual de las aguas, el Acuerdo de Entebbe (por Etiopía, Ruanda, Uganda, Kenia, Tanzania y Burundi). Este acuerdo, profundamente discutido por Egipto y Sudán, permite a los países ribereños construir presas y otros proyectos, rompiendo así con las restricciones impuestas por los tratados coloniales. Además, esto ha alterado la balanza en la región, ya que Egipto y Sudán han perdido el monopolio sobre los recursos del Nilo.

Es vital comprender la situación geográfica de estos actores. El Nilo nace en diversos países, y termina pasando por Sudán y Egipto para desembocar en el Mar Mediterráneo. Egipto, concretamente, es un país totalmente dependiente del río Nilo. Recibe más del 90% del agua dulce de este río, y su industria y agricultura necesitan del Nilo para sobrevivir. Hasta hace pocos años y gracias a los tratados coloniales, Egipto había ejercido un monopolio sobre el uso de las aguas; pero desde hace poco, la situación está cambiando.

Por tanto, la confrontación ha surgido básicamente entre Egipto y Etiopía (en donde nace el Nilo Azul). Este último es un país con más de 100 millones de habitantes, que dispuso en 2011 un proyecto de construcción de una presa: la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD). Con una inversión de 4.700 millones de dólares, esta presa solucionaría el déficit energético de Etiopía, y llegaría a convertir a este país en exportador neto de electricidad (produciría 6.000 MW al año). El inconveniente es que la presa se nutrirá con agua del Nilo Azul, tributario del río Nilo. El peligro de la evaporación de más de 3 billones de metros cúbicos por año y la reducción del caudal para llenar la reserva podría afectar de una manera catastrófica a Egipto. Además, a los peligros derivados del sobreuso del agua hay que añadir el crecimiento de la población y la demanda de una mejor redistribución del agua entre los países ribereños.

Esta problemática ha traído tensiones entre los dos países: en 2010 se filtró en Wikileaks un correo electrónico proveniente de un alto mando egipcio en el que se afirmaba: “estamos discutiendo cooperación militar con Sudán contra Etiopía, con planes para establecer una base en Sudán para las Fuerzas Especiales Egipcias con vistas a atacar el proyecto GERD”. Egipto también pensó en preparar apoyo a grupos rebeldes proxy en Etiopía, para desestabilizar el gobierno. De todos modos, debemos tener en cuenta que Egipto siempre ha tendido a usar una retórica agresiva hacia toda problemática relacionada con el Nilo (fuente de vida, motor de su economía), pero realmente la nación de los faraones no está en condiciones para lanzar acciones armadas, dado que sus problemas domésticos han desgastado al país, perdiendo así su posición de clara predominancia en la región.

Pero no todo el futuro es tan negro. En marzo del 2015 se firmó en Jartum un acuerdo preliminar entre Egipto, Etiopía y Sudán sobre la presa del Renacimiento y el reparto del agua, en el que se aceptaba el derecho de Etiopía a construir la presa sin dañar el abastecimiento de agua de Egipto y Sudán. Aunque estos dos países están alarmados ante lo que sucederá una vez la reserva empiece a llenarse, este es un primer paso hacia una era de cooperación. El mismo Abdel Fattah el-Sisi (presidente de Egipto) dijo en la convención: “hemos escogido cooperar y confiar entre nosotros, en pro del desarrollo”. Finalmente, en noviembre del mismo año no se pudo aprobar una comisión de análisis independiente para observar las consecuencias de la presa, ya que después de que Sudán acusara a Egipto de usar parte de la cuota sudanesa, se inició una guerra de declaraciones, que puso en peligro la frágil cooperación entre estos países.

Esta cooperación en el ámbito de los recursos hídricos tendrá repercusiones beneficiosas en muchas otras esferas y, aunque no se puede descartar un fracaso de las negociaciones, lo más probable es que gracias a la construcción de la GERD y la cooperación regional, los lazos entre estos países se hagan más fuertes, lo que puede marcar el punto de partida de una nueva época de paz y desarrollo en esta región.

Un caso de cooperación: el Paraná

El Paraná, un río fronterizo y transfronterizo que nace en Brasil y atraviesa Paraguay para desembocar en el río de la Plata, es un ejemplo muy distinto. Su cuenca  está vinculada con el Acuífero Guaraní (una de las mayores reservas de agua del mundo), y eso es una garantía del gran volumen de agua que tiene este río a lo largo del año. Por eso, se han ido construyendo muchas centrales hidroeléctricas, aprovechando los saltos de agua y también los rápidos. Por otro lado, la importancia de este río a nivel político y económico es clave; el Paraná y la Cuenca de la Plata alimentan la zona más industrializada y poblada de América del Sur. Es por ello, que la cooperación ha sido especialmente importante.

La represa del Itaipú (la segunda más grande del mundo y primera en producción mundial) es una represa binacional, construida por Paraguay y Brasil. Fue el resultado de intensas negociaciones (no siempre fáciles), y ahora produce de promedio 90 millones de MWh (megavatio-hora) al año. Aún así, no siempre hubo concordia entre Paraguay y Brasil: en 1872 empezaron unas disputas sobre las fronteras. Después de muchos acuerdos inservibles, se acordó inundar los territorios disputados y crear una represa hidroeléctrica. Las reticencias que la iniciativa levantó en Argentina, porque la regulación afectaba al caudal que, aguas abajo, seguiría hasta el Río de la Plata, quedaron resultas en un pacto a tres bandas en 1979. En 1984 entró en funcionamiento la represa. Hoy está administrada por la Entidad Binacional Itaipú, una empresa público-privada entre Paraguay y Brasil, y suministra más del 16% de la energía total que se consume en Brasil, y más del 75% de la que se consume en Paraguay. A pesar de que el impacto medioambiental fue grande, Itaipú ha promovido campañas para mantener reservas biológicas y proteger la fauna y flora. Además, ha reforestado grandes áreas en los alrededores del embalse, y vela por la calidad del agua.

Este es un claro ejemplo de los beneficios que puede aportar un uso razonable y compartido entre países que deciden cooperar. Así, los países que son parte en algunas de las controversias actuales deberían fijarse en estos ejemplos de comportamiento que, sin ser perfectos, se puede aprender mucho de ellos.

Aunque el agua puede ser el origen disputas entre pueblos y naciones (como los casos citados), también ofrece oportunidades muy ventajosas (lo ocurrido en el río Paraná o el Nilo) para los países que consiguen cooperar. Esta cooperación, iniciada para evitar conflictos por el agua, puede llevar a nuevas etapas de armonía y robustecer las relaciones comerciales, políticas y de seguridad. Es clave, entonces, mostrar cómo una actitud de predisposición a negociar y cooperar tendrá siempre consecuencias positivas para los países que comparten caudales de ríos.