Las tribus locales reclaman participación en los beneficios y reducción del daño medioambiental

La estabilidad social de Nigeria, uno de los países más poblados del mundo y la mayor economía de África, preocupa internacionalmente por su posible incidencia en la seguridad continental y mundial. De ahí que un conflicto local como el que enfrenta a las tribus del Delta del Níger con el gobierno nigeriano, a raíz de la explotación del abundante petróleo del área, sea seguido con atención desde el exterior.

▲El área de luz en la parte inferior de la imagen satelital corresponde a las instalaciones petrolíferas del Delta del Níger [NASA]

17 de abril, 2018

ARTÍCULO / Baltasar Martos

La fuerte disputa por los recursos energéticos en la desembocadura del río Níger, al sur de Nigeria, es desde hace décadas uno de los conflictos africanos de mayor resonancia. La marginalización, el confinamiento y el empobrecimiento de los Ogoni y los Ijaw –así es como se llaman las tribus étnicas de las provincias costeras de Rivers, Bayelsa, y Delta– han contribuido a una escalada de tensión entre los locales y el gobierno federal.

Para entender el problema de fondo, conviene antes hacer un breve recorrido en el tiempo y discernir las tres etapas cronológicas que han configurado el panorama actual del conflicto, a saber: el comienzo de la explotación del petróleo, la hegemonía de la Royal Dutch Shell y el período posterior a la independencia.

En el año 1903, en la región meridional costera de la actual Nigeria, convertida en protectorado británico (1901) y posteriormente en colonia (1914), se descubrió un gran yacimiento de minerales e hidrocarburos, como carbón, betún, petróleo y gas natural. La compañía británica Nigeria Properties Ltd. inició entonces actividades de exploración y extracción de petróleo, llegando a alcanzar una producción de 2.000 barriles por día en el año 1905. Más tarde, en 1937, y tras la sucesión de varias empresas petrolíferas, la multinacional anglo-holandesa Royal Dutch Shell se hizo con el monopolio de las actividades de prospección de las fuentes de petróleo –y, en menor medida, otros hidrocarburos–, llegando a unas tasas de producción de 5.000 barriles por día.

Tres décadas más tarde, tras la independencia y el establecimiento oficial de la República Federal de Nigeria (1960-1963), el gobierno militar de Yakubu Gowon emprendió una política de nacionalización y adquisición de las firmas extranjeras en el país, obligándolas por mandato legal a volver a registrarse mediante joint-ventures con empresas estatales. De esta manera, consiguió transformar esta actividad en el principal sector estratégico para la economía del país. Además, teniendo en cuenta la entrada de Nigeria en la OPEP en 1971, no resulta llamativo que el gobierno federal posea, a día de hoy, el 60% de la participación en el capital de prácticamente la totalidad de las petroleras en activo, ocupando un importante papel como socio mayoritario.

Por el contrario, la población civil de la zona ha resultado la gran perdedora. Las minorías étnicas más damnificadas por las actividades de prospección, extracción y comercialización –con el subsiguiente enriquecimiento para unos y la contaminación del medio ambiente para otros– vienen reclamando la atención del gobierno y exigiéndole medidas legislativas de protección ambiental y social desde hace décadas [1].

Por una parte, los locales reclaman “justicia medioambiental”, definida por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos como “el tratamiento justo y la participación significativa en procesos de toma de decisiones políticas sobre las actividades que afecten el entorno natural de todos los pueblos, independientemente de su raza, color, cultura… concernientes a la implementación y aplicación de leyes, regulaciones y políticas medioambientales”.

Los Ogoni y los Ijaw son pueblos dedicados fundamentalmente a la agricultura y la pesca como forma de subsistencia para los que el medio natural es la única y principal fuente de riqueza. Protestan contra la ya larga connivencia (desde la independencia) entre el gobierno y las compañías multinacionales petrolíferas, calificándolos a ambos de “expropiadores y contaminadores” y culpándolos del empobrecimiento de la región y del deplorable estado de los ríos que circulan por ella. Reclaman, además, sus derechos a obtener y utilizar, para sus comunidades locales, la parte correspondiente de los beneficios que reporta la explotación de los yacimientos energéticos por estar ellos asentados tradicionalmente sobre una gran bolsa de crudo [2].

La corrupción, el clientelismo y la debilidad estructural del gobierno, sumados a su gran interés y dependencia de este sector –que ha llegado a suponer un beneficio para la economía nacional de hasta el 55% del PIB a mediados de la década de 1990 según las estadísticas del World Data Bank– hace extremadamente difícil que el presidente y su gabinete accedan a atender las necesidades de estas comunidades del Delta del río Níger. Las crecientes protestas desembocaron en un verdadero conflicto, iniciado en la última década del pasado siglo, que enfrenta a la población civil y al gobierno federal confabulado con las multinacionales. Dicha confrontación ha tomado dos vertientes, una pacífica y otra violenta, y ha recabado la atención mediática de buena parte de la comunidad internacional.

Atención internacional

Por otra parte, el conflicto del Delta del Níger constituye un caso claro de globalización, ya que la extracción de petróleo involucra a un conjunto de fuerzas transnacionales, actores no-estatales y procesos interdependientes. Fruto de la prolongada situación de malestar de las tribus indígenas de la zona, han crecido dos movimientos en denuncia del lucro por parte de un gobierno que apenas invierte en el desarrollo de esta región del país, sumida en la pobreza y el abandono, y degradada por la explotación de sus recursos naturales.

Por un lado se encuentra el Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP por sus siglas en inglés), creado a raíz de las protestas en los años noventa y utilizado como modelo para que otras asociaciones civiles expresen públicamente su descontento con los impactos negativos de la industria petrolera en la calidad de vida de los habitantes de la zona. Esta organización, iniciada por el escritor Ken Saro-Wiwa y compuesta principalmente por académicos y docentes, denuncia pacíficamente la actuación conjunta del gobierno y las corporaciones instaladas en la zona y aboga por los derechos humanos civiles de los Ogoni a unas condiciones de vivienda dignas, a la justicia medioambiental y a una legislación que les respete y proteja de las amenazas medioambientales.

Por otro lado, existe el Movimiento por la Emancipación del Delta del Níger (con el acrónimo inglés MEND). Está formado por una amalgama de grupos de jóvenes armados y organizados en milicias locales de resistencia, cuyo objetivo principal es luchar por el control del beneficio del petróleo para las etnias minoritarias asentadas en la zona. Se trata de una rama militar del MOSOP que ya ha saboteado oleoductos y ha secuestrado a trabajadores extranjeros de las fábricas, exigiendo al gobierno un rescate por ellos, en varias ocasiones.

Lo más importante de ambos movimientos es que han llamado la atención de un gran número de Organizaciones No Gubernamentales, locales e internacionales, que se han aliado con ellos y han comenzado a promover y visibilizar su causa frente a toda la comunidad internacional. Amnesty International, Human Rights Watch  o Niger Delta Human and Environmental Rescue Organization son algunas de las muchas entidades que han abierto un espacio de trabajo dedicado única y exclusivamente a la cuestión del Delta del Níger. Estas abogan mundialmente por la defensa de los derechos medioambientales de las comunidades afectadas por la explotación de los recursos y la contaminación del entorno natural. También han conseguido asociarse a medios de comunicación transnacionales y redes de derechos humanos para extender la situación del conflicto a una audiencia global. 

La denuncia conjunta de las “supuestas violaciones de Derechos Humanos y Medioambientales sobre los miembros de la etnia Ogoni del Delta del Níger” ha resonado a nivel mundial y ha obtenido una importante suma de ayudas económicas destinadas al restablecimiento de los asentamientos de los que los pueblos autóctonos habían sido desplazados, así como a la promoción de la justicia medioambiental, la protección y garantía de los derechos civiles de los locales al aprovechamiento de la riqueza natural propia de su zona, la prosecución de sus actividades económicas y la salvaguarda de su entorno medioambiental. La repercusión mundial de este conflicto es probable que incida en el modo de resolución de conflictos similares.

[1] Obi, Cyril. “Insights from the Niger Delta”, Young, Tom. Readings in the International Relations of Africa. Indiana University Press, 2016.

[2] Botchway, Francis N., ed. Natural Resource Investment and Africa's Development. Edward Elgar Publishing, 2011.