▲ Escultura budista 'Manos desde el infierno', del Templo Blanco de Watrongkhun, en Tailandia [Pixabay]

COMENTARIO / María Martín Andrade

El tráfico humano es un fenómeno global que afecta a todo el planeta. Sin embargo, con 11,7 millones de víctimas, Asia-Pacífico es actualmente el principal núcleo de operaciones de los grupos de delincuencia organizada que comercian con personas. Gracias a unas condiciones propicias –asiduas catástrofes naturales y crisis de inmigrantes y refugiados, que tienen como resultado un gran número de desplazamientos por la geografía del sur de Asia–, los grupos criminales se encuentran en la mejor situación para operar.

A pesar de los esfuerzos de la ASEAN de fomentar la cooperación internacional entre sus países integrantes para una lucha efectiva, las diferencias regionales y la corrupción frecuentemente prevalecen sobre otros factores. En otras ocasiones, son los propios gobiernos los que se benefician de las corrientes migratorias, propiciando situaciones de trabajos forzados, contribuyendo con ello a que el sudeste asiático siga contando con las cifras más altas de víctimas de explotación sexual y laboral. La mayor parte de la migración en los países de la ASEAN es intrarregional, siendo Indonesia, Malasia y Tailandia los destinos principales de los inmigrantes.

Foco en Tailandia

En Tailandia, en 2010 el 72% de la inmigración era ilegal, y en estos momentos se estima que supera el millón de personas, siendo la mayoría de Myanmar y de otros países vecinos como Camboya, Vietnam y Laos. La explicación por la que Tailandia se ha convertido en destino principal de emigrantes y, por consiguiente, en una importante tabla de juego para las organizaciones dedicadas al tráfico humano, se encuentra en la combinación de un lento crecimiento demográfico, en comparación con otros países de la región, y un alto desarrollo económico que se empieza a experimentar a partir de los años 90. Según el ASEAN Post, Tailandia posee uno de los mercados que más rápido están creciendo entre los miembros de la ASEAN, lo que ha impulsado al gobierno a seguir trabajando en el desarrollo de su infraestructura, para lo que la inmigración es fundamental.

Al comienzo del boom, Tailandia reclutaba inmigrantes sin tener una legislación que se ocupara del fenómeno, lo que dio lugar a que sus promotores aprovecharan la situación para explotar a aquellos que llegaban sin conocimientos de la lengua y las leyes tailandesas. Hasta la llegada del Gobierno del empresario Thaksin Shinowatra no se empiezó a implantar un sistema de registro que otorgaba permisos temporales. No obstante, caducada su vigencia, muchos de esos permisos no eran renovados, dejando de este modo expuestos a miles de trabajadores a la ilegalidad y, de este modo, a la explotación sexual y otra clase de trabajos forzosos en sectores como la agricultura, la pesca, los servicios domésticos o la industria.

Por otro lado, la falta de regulación legal de las agencias de contratación, a las que el Gobierno tailandés no ha prestado especial atención, ha permitido que esas agencias hayan podido disponer de los inmigrantes a su antojo sin sufrir ninguna represalia por ello. La débil legislación junto con unas condiciones mínimas de seguridad para las víctimas, castigándose únicamente penalmente los abusos físicos extremos, configura una situación de desamparo prácticamente total para los explotados, que también se sienten incapaces de acudir a las autoridades por temor a ser deportados.

Tráfico humano: retos y cooperación internacional

No se puede hacer frente a la delincuencia organizada en el sudeste asiático sin enfrentarse antes a la corrupción en los propios países, ya que son muchos los funcionarios que se benefician de facilitar el traspaso de sus fronteras de dichas organizaciones y los inmigrantes ilegales. Además, la falta de información y análisis de inteligencia por parte de los propios cuerpos de seguridad, junto con las dificultades que ofrece una complicada orografía con amplias zonas boscosas y selváticas de muy difícil control, obstaculizan las investigaciones y hace que las autoridades operen a ciegas.

Con la intención de establecer una base legal común, diversos países de la región han firmado la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional de Naciones Unidas, con el objetivo de eliminar diferencias legislativas y ofrecer medios para combatir el crimen organizado. No obstante, aunque Tailandia sí que la ha firmado, junto con Singapur y Brunei, aún no la ha ratificado. Otras soluciones se han propuesto también desde la ASEAN, con la creación de Heads of Specialist Strategic Units, cuya intención es fomentar la colaboración y cooperación de los países, intercambiando información. Por otro lado, se ha constituido la Regional Support Office con el fin de establecer pautas para la prevención, detención y protección de las víctimas.

A pesar del aparente interés de la esfera internacional, los países de Asia-Pacífico prefieren regirse por relaciones bilaterales que les permitan ser selectivos con las normas que les conviene aplicar, y una cooperación no es posible si lo que prima es ante todo el interés de cada Estado. Dichos Estados van a seguir estando dispuestos a firmar acuerdos siempre y cuando estos no les vinculen estrictamente porque, como en el caso de Tailandia, la preocupación proveniente del exterior es mayor que la que se percibe a nivel interno.

La lucha contra el tráfico humano en Asia-Pacífico tiene un largo camino por recorrer. Las medidas que se adopten no pueden ser efectivas si por parte de los países involucrados no existe una intención firme de acabar con este problema. El tráfico humano es la rentabilidad de un daño, un negocio del que determinados sectores dominantes se benefician, por lo que para llegar a una cooperación internacional fructífera los Estados del sur de Asia tendrían que percibirlo como la lacra que es para su sociedad.

BIBLIOGRAFÍA

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