El texto intenta evitar el estancamiento, pero no abre la puerta a una decisiva transformación
Los cubanos votarán en referéndum el próximo 24 de febrero el proyecto de nueva Constitución aprobado por la Asamblea Nacional en diciembre tras un periodo de consulta popular. En el preámbulo del proyecto se introdujo a última hora la referencia a la meta comunista que ya existía en la Constitución de 1976, pero que no había sido incorporada inicialmente en el borrador, de forma que el texto final resulta incluso aún menos novedoso.
▲ Edificio del Comité Central del Partido Comunista de Cuba [Marco Zanferrari]
ARTÍCULO / Alex Puigrefagut
Seis décadas después de la Revolución, Cuba deja atrás el apellido Castro, con la llegada en abril de 2018 de Miguel Díaz-Canel a la jefatura del Estado, y se dispone a aprobar una nueva Constitución, que reemplazará a la promulgada en 1976, para simbolizar ese nuevo tiempo. Esta nueva Carta Magna, cuyo texto inicial fue aprobado por la Asamblea Nacional en julio de 2018, luego sometido a tres meses de consulta popular para la presentación de enmiendas y finalmente aprobado como por los diputados el 22 de diciembre, tiene como objetivo principal procurar la modernización del Estado cubano y el desarrollo sostenible del mismo, sin perder la esencia y los ideales principales de la ideología socialista del Estado.
Llegados al fin de la era Castro al frente de Cuba, el Estado ha visto necesario recoger en la nueva redacción las transformaciones socioeconómicas realizadas en el país desde la entrada en vigor de la Constitución anterior, así como modificar parcialmente la estructura estatal para hacerla más funcional. También cabe destacar la voluntad de reconocer más derechos para los ciudadanos, aunque con limitaciones.
A la hora de examinar el proyecto constitucional, hay cuatro aspectos especialmente reseñables: la especificación de la ideología del Estado, las figuras y estructuras del Estado y del gobierno, la cuestión de la propiedad privada y finalmente la redefinición de los derechos de los ciudadanos.
Mantenimiento del socialismo
El texto aprobado inicialmente por Asamblea Nacional no incluyó la referencia al objetivo de alcanzar una sociedad comunista, un punto fundamental que estaba presente en la anterior Constitución. El artículo 5 de la Carta Magna de 1976 establecía que la sociedad “organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista”.
La omisión de este punto en realidad solo obedecía a un cambio de lenguaje, pues en ningún momento se abandonaba la idea del socialismo, es más, se ratificaba el carácter socialista del Estado cubano. En palabras de Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional, esta nueva Constitución “no quiere decir que renunciemos a nuestras ideas, sino que en nuestra visión pensamos en un país socialista, soberano, independiente, próspero y sostenible”. Con todo, por si había dudas, tras el periodo de deliberación popular la Asamblea introdujo como enmienda la mención expresa al comunismo en el preámbulo del texto final, dada la presunta presión de los sectores más inmovilistas.
La nueva Constitución reafirma el carácter socialista del régimen cubano, tanto en el ámbito económico como social, dando un papel principal al Partido Comunista de Cuba (PCC) como poder máximo de la sociedad. La índole socialista del Estado cubano queda remarcada por el mantenimiento del sistema de partido único.
Límites presidenciales
La nueva Constitución recoge algunos cambios en la estructura estatal. La característica más destacable es que el país de las Antillas tendrá un presidente de la república como jefe de Estado y un primer ministro como jefe de gobierno, en contraste con la situación actual de un mismo cargo para las dos funciones: presidente del Consejo de Estado y de Ministros. Todo indica que esa distinción se traducirá más en una distribución de trabajo que en una división de poderes entre los dos cargos, por lo que este cambio no será trascendente, dado el control que se seguirá ejerciendo desde el PCC.
Otra transformación en el sistema político es la eliminación de las asambleas provinciales por la creación de gubernaturas provinciales, con el objetivo de dar una mayor descentralización al poder administrativo y una mayor dependencia del mando legislativo al ejecutivo.
En cuanto al período presidencial, la nueva Constitución lo limita a cinco años, con la opción de una reelección única por el mismo tiempo. Este cambio es importante ya que debería llevar a una rotación de miembros, y se supone que con ello habría también una renovación de ideas tanto dentro del Partido y como del Ejecutivo. El propósito aducido es evitar el estancamiento de una generación histórica sin ideas nuevas.
Finalmente el presidente será elegido directamente por los diputados de la Asamblea Nacional; es decir, que Cuba no da entrada a la elección directa de sus mandatarios, sino que mantiene el sistema de elección indirecta.
Propiedad privada
El documento recoge varias formas de propiedad, entre ellas la propiedad socialista, la propiedad mixta y la propiedad privada. La mención a esta última no supone su reconocimiento formal, sino la constatación de una práctica cuya extensión la nueva Constitución avala. Ello supone, pues, el reconocimiento del mercado, una participación más profunda de la propiedad privada y la bienvenida a más inversión extranjera para avivar la economía del país.
Esta necesidad de recoger en la Constitución la mayor participación de la propiedad privada se ha dado porque, en muchos casos, la contribución de la propiedad y las inversiones extranjeras han superado en la práctica lo que estaba establecido en el marco constitucional previo. Pero ese paso también llevará a un mayor control en este ámbito.
Estos cambios en el ámbito económico tienen como objetivo apoyar los ajustes iniciados por Raúl Castro hace una década para impulsar el crecimiento económico y contrarrestar el embargo establecido por los Estados Unidos desde hace más de cincuenta años; además de fijar cierta fuerza laboral del país en el sector privado como cuentapropistas, sobre todo en microempresas y pequeñas empresas.
Derechos ciudadanos
Por último, en cuanto a la redefinición de los derechos de los ciudadanos, el proyecto constitucional establece un nuevo funcionamiento en la interacción del Estado con la población a través de la flexibilización de los derechos económicos, jurídicos y civiles. A partir de la aprobación del nuevo texto, el Estado cubano debe garantizar a los ciudadanos la ampliación de los Derechos Humanos, aunque solamente conforme con los tratados internacionales que hayan sido ratificados por el país caribeño.
Esto, que a pesar de esa limitación podría verse como una oportunidad para los ciudadanos, en realidad tiene poco de apertura, pues si bien Cuba ha firmado acuerdos de las Naciones Unidas sobre derechos políticos, culturales, civiles y económicos, en realidad no los ha ratificado. Así pues, en un principio Cuba no tendría que verse obligada al reconocimiento de estos derechos.
Otro punto destacado de la flexibilización introducido es el artículo 40, el cual penaliza la discriminación “por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o cualquier otra distinción lesiva a la dignidad humana”. En el texto inicial que pasó a deliberación de las bases se introducía el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero el rechazo ciudadano llevó a que una enmienda finalmente retirara ese amparo expreso al matrimonio homosexual.
Analizadas las principales novedades del proyecto constitucional, se puede determinar que el régimen cubano percibe una cierta necesidad de cambio y de renovación. La nueva Constitución camina algo en esa dirección, pero si bien intenta rehuir el estancamiento tampoco abre la puerta a una decisiva transformación: ni completa continuidad –aunque hay más de esto– ni de revolución dentro del sistema. Está claro que la nueva generación de dirigentes, con Miguel Díaz-Canel al frente, puede verse como una continuidad del régimen castrista, por el simple hecho de que los Castro determinaron directamente al sucesor, además de que muchos de sus ideales son los mismos que los de la generación que hizo la revolución. Pero por el otro lado, Cuba se ve ciertamente obligada a modificar ligeramente el rumbo para estar más presente en el sistema internacional y procurar un Estado y un gobierno más funcional.
(Actualizado el 3 de enero de 2019)