Este artículo propone un cambio de paradigma: las empresas no son personas, son instrumentos al servicio de la sociedad. Por eso deben rendir cuentas no solo ante sus accionistas, sino ante la sociedad que las hace posibles.

Según los autores, tres profesores de gestión estratégica de universidades estadounidenses, el beneficio económico es condición necesaria para la supervivencia de una organización, pero no suficiente. Cuando una corporación genera ganancias sin generar valor social neto, el problema no es de ética empresarial voluntaria, sino de un sistema de incentivos que ha dejado de funcionar. El artículo identifica los mecanismos por los que las grandes corporaciones consiguen blindarse frente a esa responsabilidad y propone correcciones basadas en la propia lógica del mercado.

A market-based rationale for holding corporations accountable for the purpose of societal benefit, Long Range Planning.

¿Puede que las grandes corporaciones hayan secuestrado la idea de propósito? Durante décadas, el debate sobre para quién trabajan las empresas ha girado en torno a una pregunta aparentemente simple: ¿deben los directivos atender solo a los accionistas o también a otros grupos de interés? El artículo que hoy analizamos, A market-based rationale for holding corporations accountable for the purpose of societal benefit, publicado en Long Range Planning y firmado por David Souder (Universidad Estatal de Míchigan), Scott G. Johnson (Universidad Estatal de Iowa) y Dhvani Badwaik (Universidad de Rhode Island), plantea que el verdadero problema no es a quién debe beneficiar la empresa, sino qué justifica que una empresa exista.

La respuesta que ofrecen es incómoda para muchos y la formulan sin ambages:

“Las corporaciones deben ser vistas como un medio para el fin del beneficio social. Si las corporaciones representan un medio para un fin, el beneficio por sí solo no justifica la continuidad de sus operaciones; las corporaciones también deben tener argumentos sólidos sobre cómo contribuyen a los beneficios sociales netos. Desde esta perspectiva, tanto los beneficios como el propósito son necesarios para la sostenibilidad corporativa”.

Y esa obligación no es voluntaria ni depende de que la empresa decida auto-proclamarse “empresa con propósito”. Es constitutiva de la forma corporativa misma.

El punto de partida del artículo es filosófico, pero tiene consecuencias prácticas inmediatas. Desde Adam Smith hasta Milton Friedman, la teoría económica sobre el funcionamiento de los mercados se construyó pensando en individuos. Cuando las corporaciones fueron creciendo —hasta dominar la economía— el marco teórico no se actualizó, simplemente se trasladó a las empresas la misma lógica que se aplicaba a las personas. El resultado es una ficción jurídica y conceptual que los autores cuestionan de raíz.

Un individuo tiene autonomía porque esa autonomía tiene valor en sí misma. Pero, como señalan los autores, “la autonomía corporativa es un medio para alcanzar fines sociales”, no un fin en sí misma. Tratar a las empresas como si fueran personas —con derecho a perseguir sus intereses con la misma legitimidad que los ciudadanos— es lo que ha permitido que algunas corporaciones esquiven cualquier responsabilidad que no sea la puramente financiera.

Esto tiene implicaciones directas en el terreno de la política pública.

“Tratar a las corporaciones como un medio implica que los intereses corporativos pueden y deben subordinarse a los intereses sociales cuando sea necesario”.

Si aceptamos esa premisa deja de tener sentido que las propias empresas participen en la definición de las reglas que las regulan. Sin embargo, ese es el modelo predominante hoy: la autorregulación, el lobby legislativo y la captura regulatoria son prácticas habituales que el artículo describe como estructuralmente contrarias a la lógica de los mercados.

La gran herencia intelectual de Friedman es su afirmación de 1970 de que la responsabilidad social de las empresas es aumentar sus beneficios. Lo que se suele olvidar es que el propio Friedman añadía un importante matiz: siempre que se respeten “las reglas básicas de la sociedad, tanto las incorporadas en la ley como las incorporadas en la costumbre ética”. Los autores parten precisamente de ahí para construir su argumento.

El error no está en valorar el beneficio. El error está en confundir el indicador con el objetivo. El beneficio es una medida de eficiencia, no el propósito. Como señalan los autores, “obtener beneficios es lo mínimo que una corporación puede hacer, un estándar mínimo similar a definir el comportamiento ético simplemente como ‘no infringir las leyes’”. Definir el propósito corporativo en términos de maximización de beneficios es, por tanto, “fijar el listón demasiado bajo”.

La alternativa que proponen no pasa por pedir a los directivos que sean más virtuosos, ni por reclamar que cada empresa adopte un “propósito” declarado más allá del lucro. Lo dicen con claridad:

“En lugar de presionar para que las corporaciones se rijan por un propósito autodefinido, abogamos por comprender que el propósito de cualquier corporación es la obligación de generar beneficios sociales netos, un elemento constitutivo de la forma corporativa. La capacidad de algunas corporaciones poderosas para eludir su responsabilidad de generar beneficios sociales no anula su obligación”.

El problema, insisten, no es de buenas intenciones sino de mecanismos: los mercados, cuando funcionan bien, ya exigen que las empresas generen valor neto para la sociedad, pero ese mecanismo se ha debilitado y algunas corporaciones han acumulado suficiente poder como para escapar de él.

La aportación más original del artículo es la identificación de los mecanismos por los que ciertas corporaciones consiguen eludir las restricciones sociales que obligan a las demás a ser útiles para la sociedad.

Los autores se apoyan en tres grandes corrientes de la teoría de la organización. La economía de los costes de transacción explica cómo las jerarquías corporativas permiten superar el oportunismo individual, coordinando la producción de forma más eficiente que los mercados. La teoría de los recursos y capacidades muestra cómo las empresas pueden combinar habilidades individuales en capacidades colectivas que generan ventajas competitivas duraderas. Y la teoría conductual de la empresa describe cómo las organizaciones permiten a directivos con racionalidad limitada tomar decisiones complejas mediante rutinas y procedimientos.

La paradoja es que esas mismas capacidades que hacen útiles a las empresas son las que, llevadas al extremo, les permiten hacer daño a la sociedad. Una empresa que ha superado el oportunismo mediante la jerarquía puede convertirse en una entidad que protege su propia estructura a costa de la innovación. Una empresa con recursos difícilmente imitables puede usarlos para restringir la movilidad laboral de sus empleados. Y una empresa que ha interiorizado rutinas eficientes puede quedar ciega ante las consecuencias a largo plazo de sus decisiones.

El resultado más peligroso, sin embargo, es el que describe la tercera proposición del artículo: “a medida que las corporaciones acumulan beneficios, adquieren el poder de subvertir los procesos sociales que exigen beneficios sociales netos”. Hay abundante evidencia empírica de ello: las tabacaleras que ocultaron los efectos del tabaco y pagaron luego acuerdos multimillonarios, los fabricantes de opioides que minimizaron el riesgo de adicción hasta la quiebra, las plataformas digitales que gestionaron los datos personales como un recurso propio antes de que existiera regulación efectiva.

Los autores son cuidadosos en un punto que merece subrayarse: su crítica no es una crítica al sistema de mercado. Es, al contrario, una defensa del sistema de mercado frente a quienes lo distorsionan. Como argumentan en las conclusiones, “las críticas contemporáneas a los sistemas de mercado se entienden mejor como argumentos sobre el propósito social de las corporaciones, más que como una crítica global de los sistemas de mercado”.

La lógica es circular pero sólida: los mercados generan beneficios sociales cuando la competencia funciona, cuando los precios transmiten información real, y cuando los actores que no crean valor son desplazados por los que sí lo hacen. Todo eso supone que existen mecanismos —legales, regulatorios, culturales— que obligan a las empresas a internalizar sus costes sociales. Cuando una corporación es suficientemente poderosa como para neutralizar esos mecanismos, no está ganando en el mercado: está destruyendo el mercado.

El debate, reformulado así, deja de ser accionistas versus partes interesadas para convertirse en algo más fundamental. Como recogen los autores citando a la British Academy, “la cuestión no es si promover los intereses de los accionistas o de las partes interesadas, sino cómo lograr ambos, resolviendo de forma rentable los problemas de las personas y del planeta”.

El artículo no se queda en el diagnóstico. Propone líneas de actuación ancladas en la propia lógica del mercado, no en apelaciones morales a la bondad corporativa.

Una de las más llamativas es la analogía con el sistema de topes salariales blandos de las ligas deportivas profesionales, donde los equipos que más gastan pagan tasas progresivamente más altas por acceder a recursos comunes. Aplicado al mundo empresarial, implicaría que las corporaciones más exitosas —que más se han beneficiado de infraestructuras públicas, de sistemas educativos financiados colectivamente, de marcos legales que protegen sus patentes— tendrían una obligación creciente de devolver parte de esas ganancias a la sociedad que hizo posible su éxito. No como limosna, sino como lógica de mercado.

Los autores también señalan la necesidad de repensar la política fiscal, la regulación de patentes y los mecanismos de transparencia en áreas como la brecha salarial de género. En todos estos casos, el argumento no es ideológico sino funcional: las propias empresas no pueden resolver estos problemas sin incentivos externos, porque sus rutinas internas y sus horizontes temporales cortos se lo impiden.

El artículo llega en un momento en el que la credibilidad del capitalismo está bajo presión desde múltiples frentes. Las desigualdades crecientes, la crisis climática, los escándalos de privacidad digital y la concentración de poder en un puñado de plataformas tecnológicas globales alimentan un escepticismo creciente hacia el sistema de mercado que, como señalan los autores, puede acabar siendo injusto: la culpa no es del mercado en abstracto, sino de haber permitido que ciertas corporaciones operen fuera de sus restricciones.

La conclusión del estudio se puede condensar en una sola frase que tiene la contundencia de lo evidente, pero también la radicalidad de lo que raramente se dice en voz alta en los foros económicos y empresariales:

“Así como una corporación quebrará si no puede obtener beneficios, la sociedad no tiene por qué permitir que una corporación continúe a menos que pueda proporcionar beneficios sociales netos, incluso si genera ganancias”.

A market-based rationale for holding corporations accountable for the purpose of societal benefit, Long Range Planning.