“El 75% de las empresas en España dispone de un programa de compliance”. Así lo afirmó en la Universidad de Navarra, Beatriz Goena Vives, profesora de la Universidad Pompeu Fabra, cofundadora y coordinadora académica de la primera revista científica de compliance penal que hay en España: La Ley. Compliance penal. La experta y doctora en Derecho penal participó en el XV Simposio Internacional del Instituto Martín de Azpilcueta, en esta ocasión centrado en ‘La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Implicaciones para la Iglesia Católica y entidades canónicas’.

La profesora Goena ilustró su afirmación con gráficos del informe ‘Estudio sobre la función de compliance en las empresas españolas’, elaborado en el año 2020 por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Asociación Española de Compliance (ASCOM) y el Instituto de Estudios Económicos (IEE). En la encuesta participaron 4.800 empresas, con más de 200 trabajadores, y pertenecientes a los sectores de industria, construcción y servicios.

La ponente dividió su intervención en tres partes. En la primera de ellas realizó una aproximación descriptiva al sistema legal de responsabilidad penal de las personas jurídicas en España. En el segundo punto profundizó en la aplicación práctica de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y el tercer punto lo dedicó a las implicaciones concretas que tiene la aplicación del sistema jurídico estatal para la Iglesia y para las entidades canónicas.

“La Iglesia Católica debe liderar la promoción de la ética en las organizaciones”

En su mensaje recordó que con el sistema legal de responsabilidad penal de personas jurídicas se pretende la colaboración de las organizaciones con el Estado para la consecución de objetivos públicos, “que en este caso son la ética y el buen gobierno corporativo”. En este sentido, hizo hincapié en la importancia de no ver este sistema jurídico como un sistema legal con sanciones, sino como una oportunidad de promocionar la ética en la gestión de las organizaciones y entidades colectivas. “No creo que el papel de la Iglesia Católica sea sumarse, sino que debe liderar esta promoción de la ética”, dijo.

Finalmente, describió las implicaciones que tendría aplicar este sistema legal, en concreto, en el marco de la Iglesia Católica. Para ello se fijó en tres pilares: la prevención, la detección y la reacción.

En cuanto a la prevención destacó tres ideas: la importancia de profesionalizar el asesoramiento, la necesidad de analizar riesgos penales, y la adaptación de campos de acción a la entidad concreta, según su actividad y relaciones, “porque no es lo mismo hablar de una parroquia pequeña que de una fundación”.

Para la detección, dijo que es necesario establecer protocolos y códigos de actuación por escrito; abrir canales de denuncia, “importantísimo”, señaló; así como investigaciones internas. Y sobre sobre la reacción, consideró esencial “la colaboración con las autoridades, tener un sistema disciplinario interno y una política de comunicación adecuada”.