2014_06_17_DER_Derecho-penal-futuro

El proyecto de investigación Nuevos fenómenos regulatorios y responsabilidad penal en la empresa de la Facultad de Derecho ha celebrado en el campus de Pamplona su última reunión tras cinco años de investigaciones auspiciadas por el Ministerio de Educación. 20 académicos de la Universidad de Navarra y de la Pompeu Fabra discutieron sobre la regulación necesaria para la futura "sociedad de la seguridad", en palabras del catedrático Pablo Sánchez-Ostiz, quien abogó por "regular bien la responsabilidad penal de las personas jurídicas, como empresas, asociaciones, sindicatos… de manera que quede claro quiénes son responsables, por qué delitos, cuándo y con qué sanciones".

Los delitos económicos son un área del derecho en crecimiento, relacionada con la criminalidad económica de las empresas y otras instituciones, y donde puede englobarse también la corrupción.

Según datos del Ministerio de Interior, en 2013 la delincuencia cayó un 4,3%, y en lo que va de año ha descendido en el conjunto de España en torno a un 6%. Pero en el reverso de esa tendencia general se encuentra el incremento particular de dos tipologías delictivas que no han parado de crecer en los últimos años: los delitos económicos y la criminalidad cibernética.

Según datos de la Policía, en los dos últimos años se ha producido en su demarcación un incremento de las estafas cercano al 40%. El propio director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, afirmó en declaraciones recientes que la seguridad económica es una "prioridad estratégica" para la institución que dirige.

Delitos en auge

Sólo en los últimos 12 meses, en el territorio de la Policía ha crecido un 40% el número de empresas investigadas por delitos económicos y ha aumentado un 30% la cifra de detenidos por la misma causa. Los datos de la Guardia Civil reflejan un incremento similar. Sólo en 2013 sus agentes detuvieron a 2.105 personas en 107 operaciones diferentes sobre blanqueo de capitales. Los efectos intervenidos en esos operativos, entre cuentas y otros productos financieros bloqueados, bienes inmuebles y vehículos sumaron 200 millones de euros.

Los investigadores reunidos en Pamplona abordaron temas como La responsabilidad penal de las personas jurídicas: la reforma del art. 31 bis, de Raquel Montaner; la Modulación de las sanciones penales a personas jurídicas. Reinterpretación desde la teoría de la pena, de Beatriz Goena; El ‘Compliance Program' como eximente, de Jesús Silva, quien también expuso El caso Caixa Penedés y la imputación objetiva.  Nuria Pastor e Ivó Coca pronunciaron la ponencia ¿Administración desleal mediante la creación del riesgo de sanciones para el patrimonio administrado? Y Ricardo Robles abordó ‘El injusto del ciudadano' de Michael Pawlik: la medida de la contrariedad a deber.