Resumen:
En este trabajo se evalúa el razonamiento desplegado en una sentencia judicial en torno a la determinación interpretativa del principio constitucional y convencional que obliga a hacer valer "el mejor interés del niño" en toda actuación judicial. En esta evaluación se advierte que, a pesar de la indiscutible conexión sustantiva entre los principios jurídicos y los principios morales, es un error confundir los primeros con los segundos. La más relevante diferencia entre unos y otros principios estriba en que los principios jurídicos rigen relaciones de alteridad, mientras que los principios morales rigen elecciones internas. Esta diferencia de finalidades se proyecta sobre la interpretación, no sólo de los principios en sí mismos, sino también de las acciones humanas que se juzgan a la luz de los principios. En este caso, se concluye que un mismo hecho -la omisión o suspensión de cuidados médicos- puede entrar en la categoría moral del suicidio asistido, o la eutanasia y no entrar, en cambio, en la categoría jurídica de suicidio asistido.
