“Mi percepción es que los populismos preocupan mucho en el mundo”

José Luis Ramírez, asesor del secretario general de la OEA, Luis Almagro, visitó la Universidad

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FOTO: Manuel Castells
05/12/19 11:30 María Fernanda Callejón

José Luis Ramírez, abogado, académico y asesor del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), visitó la Universidad de Navarra para impartir varias sesiones en el Grado de Relaciones Internacionales y en el Máster de Derechos Humanos. Ramírez habló, a título personal y desde su posición como académico, de la crisis política y social que atraviesan distintos países de Latinoamérica. Lamentó que buena parte de los problemas que generaron las protestas en la región no se hubieran diagnosticado a tiempo, lo que podría haber evitado llegar a los casos de violencia presentados. Unos problemas que, según Ramírez, “han estado presentes, en algunos casos, desde hace un buen tiempo”.

El asesor del secretario general de la OEA defendió la legitimidad del Estado de defender la seguridad de sus ciudadanos y la institucionalidad, dentro del marco de la ley, pero afirmó que el uso de las fuerzas armadas debía ser siempre el último recurso para reprimir las protestas. Por otra parte, Ramírez señaló el auge de los populismos como un problema a nivel mundial. Un problema del que no escapa Latinoamérica. 

Ecuador, Chile, Bolivia…  ¿Qué está sucediendo en Latinoamérica y cómo lidia la OEA con esta inestabilidad?

En primer lugar, los elementos del malestar, que ahora hacen erupción, han estado ahí, en algunos casos, desde hace un buen tiempo. En segundo lugar, desafortunadamente no se supo ver bien en su momento lo que venía y no se diagnosticó la solución como era debido. Tercero, cuando se quisieron aplicar algunos remedios para tratar de resolver situaciones coyunturales, terminaron causando efectos colaterales y haciendo aflorar problemas subyacentes que existían en la región. En cuanto al papel de la OEA, tanto el secretario general Luis Almagro, como los Estados miembros, dentro de su Consejo Permanente, se han pronunciado frente a los hechos que se han presentado en tres países. Existe una normatividad interamericana, así como los instrumentos Interamericanos en materia de derechos humanos que pueden ser aplicados en estas situaciones.

El clima de protestas comenzó en Ecuador.

De forma reciente, sí. Tal vez el primer país de forma tan abierta fue Ecuador, aunque no es el único. Debido a lo que allí sucedió, por el nivel de violencia y de vandalismo de los sectores más radicales, además del paro general convocado por la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) que paralizó al país, se colocó en una situación muy compleja al presidente Lenin Moreno. Él dijo inicialmente que no revertiría las polémicas medidas económicas adoptadas pero, luego del diálogo, acabó cediendo y aceptó el retiro de las mismas. Si desde el primer momento se hubiera negociado con la oposición, probablemente se hubiera evitado la gravedad de la situación que se produjo con el levantamiento, las protestas y, sobre todo, el número de muertos, que es lo más doloroso.

No hace más de 10 años Chile era considerado como la Europa de Latinoamérica. ¿Qué ha fallado?

En el caso de Chile, el país más estable de la región, el desencadenante fue el aumento de los precios del pasaje en metro. Un país con una estructura gubernamental y económica estable en el cual se fue incubando una situación de profundo malestar en los sectores menos favorecidos y en la clase media. El pequeño boquete que se abrió en la represa de la estabilidad se fue convirtiendo en una grieta cada vez más grande. La situación se ha manifestado ahora mediante la protesta pacífica y, desafortunadamente, a través de vandalismo y del doloroso fallecimiento de cerca de treinta personas. De momento, se anuncia un nuevo modelo político, económico y social, mediante la reforma de una constitución que fue hecha a la medida del dictador Pinochet. El presidente Sebastián Piñera fue reacio inicialmente a atender las peticiones de quienes protestaban. Hoy, después de los graves hechos presentados, se aceptan las peticiones iniciales. 

¿Hay riesgo de que lo que ha pasado en un país tan estable como Chile se replique en otro país, por ejemplo, en Colombia?

Colombia y Chile están entre los tres países más inequitativos de América Latina y América Latina es la región más inequitativa del mundo. Es decir, dos países con una estructura de gobierno estable, con unas políticas económicas ortodoxas y bastante equilibradas, a pesar de ciertos vaivenes, terminan incubando dentro de ese aparente bienestar una situación de gran y profundo malestar en los sectores de menores ingresos y en las clases medias. 

¿Y cómo explica la crisis en Bolivia?

La situación de Bolivia es distinta, pues tiene un componente esencialmente político, debido al rechazo de un sector muy importante de la población hacia la permanencia en el poder de quien era su presidente. Estas personas sienten que se están presentando situaciones que violan el Estado de derecho, que no son legales y por eso se presentaron todas las protestas que condujeron a la renuncia del presidente Evo Morales. Le corresponde al actual gobierno de transición llamar a elecciones lo más pronto posible, así como reformar el Tribunal Supremo Electoral.

Ese sería, grosso modo, el panorama de lo que se vive actualmente en la región. Pero no se pueden dejar por fuera del radar, a pesar de haber mermado el nivel de conflictividad social en algunos de ellos en los últimos meses, a Venezuela, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Haití donde también se han presentado situaciones muy complejas en los últimos dos años.

¿El malestar en Latinoamérica tiene un trasfondo común? 

Son varios los hechos que explican la actual realidad en Latinoamérica. No hay un solo trasfondo común. Comenzando por los problemas sociales e inequidad y exclusión. Quisiera señalar especialmente un tema que preocupa mucho en el mundo y América Latina no escapa a esa realidad: el resurgimiento de los populismos. Los populismos pueden ser de izquierda o de derecha. Fujimori en Perú, Hugo Chávez en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua, Evo Morales en Bolivia. Se presentan situaciones similares en gobiernos de derecha o de izquierda cuando algunos gobernantes mesiánicos se sienten con el derecho y la legitimidad de eternizarse en el poder. Las sociedades se cansan de ver cómo se violenta la institucionalidad y reaccionan frente a estas situaciones anómalas. En Honduras, Guatemala o Haití sus causas están más vinculadas a situaciones de fraude, corrupción o pobreza.

¿Pueden rastrearse los orígenes de estos movimientos hasta llegar a Venezuela y a Cuba?

No necesariamente. Cuba fue, formalmente en los 60, 70 y 80, el país que financió y entrenó a los movimientos guerrilleros en la región. Con la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela se inició una nueva etapa que buscó, y logró, la expansión del “Socialismo del Siglo XXI” en la región por vías, esencialmente, pacíficas. Gracias a la bonanza petrolera, con los llamados petro-dólares y la petro-diplomacia Chávez respaldó a Gobiernos en Honduras, Nicaragua, Uruguay, Bolivia, Paraguay, El Salvador y Argentina, entre otros. Ahora la realidad es otra, se acabó el dinero de la bonanza petrolera. No obstante, esto no quiere decir que no haya alguna influencia en lo que sucede, pero no es el elemento principal.

¿Cómo afecta la situación de la región al resto del mundo?

Hay preocupación porque a nadie le conviene tener una región que se desestabilice y que presente problemas de convulsión social y de inestabilidad política, en especial en países que han sido considerados ejemplares, como es el caso de Chile. Ningún país está exento de vivir situaciones parecidas. Sin embargo, en las crisis hay que buscar oportunidades para lograr estabilidad. Eso es lo que están haciendo la mayoría de los Presidentes democráticos de la región. No sucede lo mismo con los casos de dictaduras, como las de Cuba, Venezuela o Nicaragua.

¿Y hay alguna solución que garantice la estabilidad?

Los problemas de América Latina son complejos. Tenemos una gran deuda social que pagar. Si no se realiza el diagnóstico adecuado, si no se logra cerrar la brecha social y si no se satisfacen las necesidades esenciales, así como las demandas económicas y sociales de la población, siempre vamos a tener la posibilidad de que resurjan este tipo de situaciones. En medio de todo hay un ‘cáncer’, el de la corrupción, que es inherente a todas las sociedades. Es una asignatura inaplazable en la que todavía queda mucho por hacer por parte de los gobiernos de la región. No es fácil exigir a los ciudadanos sacrificios adicionales cuando sienten que una parte importante de lo que pagan como impuestos va a terminar en manos de políticos o empresarios inescrupulosos.

¿El uso de la fuerza y la represión son síntomas de debilidad en el Gobierno?

En una democracia, donde se respetan las normas establecidas en la Constitución, el Estado es el único que tiene el legítimo uso de la fuerza. Un gobierno democrático puede acudir a su uso en situaciones en las que deba garantizar la seguridad de los ciudadanos, o cuando sienta amenazada la estabilidad de la democracia. Ahora bien, debe haber una proporcionalidad entre la amenaza y la aplicación de las medidas de fuerza y el uso de la misma debe estar claramente establecido dentro de la normativa vigente, con respeto por los derechos humanos de los ciudadanos. Si alguien está en una manifestación pacífica y lo dispersan con gases lacrimógenos o con el uso de balines, se puede cuestionar la necesidad de su uso contra quien protesta pacíficamente, así como la proporcionalidad entre la respuesta del gobierno y lo que hacían los manifestantes. Ahora, si disparan con balas de verdad y hay heridos y muertos, no existe proporcionalidad y se presentan casos evidentes de violación de los derechos humanos.

¿Qué opina del uso de las fuerzas armadas para reprimir las protestas?

Creo que el uso de las fuerzas armadas en estos casos, si se llegase a dar, debe ser el último recurso. Frente a situaciones complejas el primer mecanismo al que se debe acudir es al diálogo. Si se puede hacer un diagnóstico acertado de la situación, el gobierno puede adoptar medidas económica o sociales destinadas a atender los reclamos de la población y así reducir la presión social, política o económica. En segundo lugar, si después de varios intentos se agota la etapa del diálogo, se pasaría a una instancia de protesta pacífica con vigilancia de las fuerzas policiales. Si la protesta pacífica termina en desmanes, o actos de vandalismo causados por personas radicales que solo quieren causar daño, en estos casos entra a operar la policía para enfrentar a los delincuentes. Tan solo en caso de que la situación se vuelva incontrolable y haya real peligro para la estabilidad democrática, se podría pensar en el uso controlado de las fuerzas armadas, pero siempre como último recurso.

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