La posibilidad de que el Gobierno de Bolsonaro busque catologar de terrorista al Movimiento Sin Tierra por ocupar fincas a la fuerza reabre una histórica controversia

Cuando en torno a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro Brasil aprobó su primera legislación antiterrorista, la iniciativa fue vista como un ejemplo a seguir por otros países latinoamericanos, hasta entonces poco familiarizados en general con un fenómeno que desde el 11-S tenía preeminencia en muchas otras partes del mundo. Sin embargo, la posiblidad de que, con el impulso político de Jair Bolsonaro, algún movimiento social, como el de los Sin Tierra, pase a ser catalogado como terrorista, viene a reavivar viejos temores de la izquierda brasileña y a acentuar la polarización social.

▲ Bandera del Movimento Dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)

ARTÍCULO / Túlio Dias de Assis

En el último Festival de Cine de Berlín, el famoso actor y cineasta brasileño Wagner Moura presentó una película un tanto controvertida, “Marighella”. El filme retrata la vida de un personaje de la historia brasileña reciente, amado por unos y odiado por otros: Carlos Marighella, lider de la Ação Libertadora Nacional. Esta organización fue una guerrilla revolucionaria responsable de varios atentados contra del régimen dictatorial militar que entre 1964 y 1985 rigió Brasil. Por ello, la película provocó reacciones muy dispares: para algunos, es la justa exaltación de un auténtico mártir de la lucha antifascista; para otros, una apología del terrorismo de guerrillas armadas. Esta pequeña contienda ideológica acerca de “Marighella”, aunque pueda parecer insignificante, es el reflejo de una antigua herida en la política brasileña que se reabre cada vez que el país debate sobre la necesidad de una legislación antiterrorista.

El concepto de legislación antiterrorista es algo que se ha asentado en muchas partes del mundo, especialmente en Occidente tras el 11-S. Sin embargo, esta noción no es tan común en Latinoamérica, probablemente por la poca frecuencia de ataques de este tipo sufridos por la región. Con todo todo, la falta de atentados no implica que no haya presencia de movimientos de ese género en los países americanos; es más, varios de ellos son conocidos por ser “refugio” de organizaciones de esta índole, como ocurre en la Triple Frontera, la zona de contacto entre las fronteras de Argentina, Brasil y Paraguay. Lo que sucede en ese área se debe en gran medida a la falta de legislación directa y efectiva contra el terrorismo organizado por parte de los gobiernos nacionales.

En el caso de Brasil, al igual que ocurre en algunos de sus países vecinos, la falta de una legislación antiterrorista se debe al temor histórico por parte de los partidos de izquierda a su posible en contra de movimientos sociales de cierto carácter agresivo. En Brasil, esto se vio ya reflejado en transición política de finales de la década de 1980, cuando hubo una clara protesta por parte del PT (Partido dos Trabalhadores), entonces bajo el mando de Luiz Inácio “Lula” da Silva, en contra de todo intento de introducir el concepto antiterrrorista en la legislación. Curiosamente, la misma Constitución Federal de 1988 menciona la palabra “terrorismo” dos veces: primero, como algo que debe rechazarse en la política exterior brasileña, y segundo, como uno de los crímenes imperdonables contra la Federación. Pese a ello, no prosperó ningún intento de definir dicho crimen, y aunque tras los atentados del 11-S se reanudaron las discusiones acerca de una posible ley, la izquierda laborista –ya durante la presidencia de Lula– siguió justificando su negativa invocando la persecución ejecutada por la Junta Militar de la dictadura. Véase que la misma expresidenta Dilma Rousseff fue encarcelada por formar parte de la VAR-Palmares (Vanguarda Armada Revolucionária Palmares), un grupo revolucionario de extrema izquierda que formaba parte de la oposición armada al régimen.

Amenaza terrorista en los JJOO

Durante los mandatos del PT (2003-2016) no hubo ningún tipo de iniciativa legislativa por parte del Gobierno sobre el tema; además, cualquier otro proyecto que surgiera desde el Legislativo, ya fuera el Senado o la Cámara de los Diputados, se veía bloqueado por el Ejecutivo. A menudo el Gobierno también justificaba su posición aludiendo una supuesta “neutralidad”, escudándose en el deseo de no involucrarse en conflictos externos. Esta actitud llevaría a que varios prófugos acusados de participar o colaborar en atentados en otros países se refugiaran en Brasil. Sin embargo, a mediados de 2015, al acercarse al inicio de los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro, se valoró el riesgo de un posible atentado ante un evento de tamaña relevancia. Esto, junto a la presión de la derecha en el Congreso (téngase en cuenta que Rousseff ganó las elecciones de 2014 con un margen muy estrecho, de menos del 1%), llevó a que el Gobierno petista pidiera al parlamento que redactara una definión concisa de terrorismo y de otros crímenes relacionados, como los relativos a la financiación. Finalmente, la primera ley antiterrorista brasileña fue firmada por Rousseff en marzo de 2016. Si bien esta es la versión “oficial” de ese proceso, no son pocos los que defienden que la razón real para la implantación de la ley fuera la presión ejercida por el FATF (Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales, creada por el G8), dado que esta entidad había amenazado con incluir a Brasil en la lista de países no cooperantes contra el terrorismo.

La ley antiterrorista brasileña tuvo su eficacia, pues sirvió de marco legal para la llamada Operação Hardware. Mediante esta operación la Policía Federal Brasileña logró arrestar a varios sospechosos de una rama del DAESH operativa en Brasil, los cuales planeaban realizar un atentado durante los JJOO de Río. El juez federal Marcos Josegrei da Silva condenó a ocho sospechosos por afiliación a un grupo terrorista islámico, en la primera sentencia de este tipo en la historia de Brasil. La decisión del juez fue bastante controvertida en su momento, en gran medida debido a la poca familiaridad de la sociedad brasileña con este tipo de riesgos. Por ello, muchos brasileños, incluida parte de la prensa, criticaron la “desproporcionalidad” con la que se les trataba a los acusados.

Impulso Bolsonarista

Desde entonces Brasil viene a ser considerado como una especie de ejemplo entre los país sudamericanos en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, no parece que el status quo mantenido durante el final de la administración Rousseff y el corto mandato de Temer vaya a quedar intacto por mucho tiempo. Esto se debe al ardiente debate suscitado por la derecha bolsonarista, que aboga para que sean clasificadas como terrorismo las actividades delictivas de varios grupos de extrema izquierda, especialmente el MST (Movimento Dos Trabalhadores Rurais Sem Terra). El MST es el mayor movimiento social agrario, de talante marxista, y es conocido a nivel nacional por sus ocupaciones de aquellas tierras que el grupo considera “inútiles o malaprovechadas” a fín de que “se les de un mejor uso”. La ineficacia del Estado a la hora de detener las invasiones de propiedad privada llevadas a cabo por el MST ha sido denunciada de modo recurrente en el Congreso, especialmente durante los años de gobierno del PT, sin mayores consecuencias. Sin embargo, ahora que la derecha tiene un mayor peso, el debate ha vuelto a cobrar vida y no son pocos los diputados que han mencionado ya su intención de procurar denominar al Movimiento Sin Tierra como organización terrorista. El propio Bolsonaro ha sido un férreo defensor de proscribir al MST.

Asímismo, a la vez que el actual ministro de Justicia, Sergio Moro, anuncia la posibilidad de la creación de un sistema de inteligencia antiterrorista, siguiendo el modelo de su homólogo estadounidense, y el Congreso debate la expansión de la actual lista de orrganizaciones terroristas para incluir grupos como Hezbolá, otros políticos brasileños han decidido poner en marcha en el Senado una propuesta de legislación para criminalizar las acciones del MST. En caso de ser aprobada, esta iniciativa vendría a hacer realidad el temor que la izquierda ha invocado todos estos años. Al fin y al cabo, esta no es que sea la mejor manera de cumplir la promesa de “gobernar para todos”. Es más, una medida tan desproporcionada para este tipo de actividades no haría más que aumentar la ya intensa polarización política hoy presente en la sociedad brasileña: más bien sería lo equivalente a echar sal a una vieja herida, una que parecía estar ya a punto de cicatrizar.

Limitar el trato con China y controlar la llegada de refugiados venezolanos, entre las medidas que promueve el vencedor en la primera vuelta

Con un apoyo de más del 46% de los votantes, el derechista Jair Bolsonaro obtuvo una amplia victoria en las elecciones presidenciales del 7 de octubre, que no obstante necesitarán una segunda vuelta a finales de mes. Su directo contrincante, Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, apenas llegó al 29% de los votos, lo que complica que en tres semanas la correlación de fuerzas pueda girarse. Una presidencia de Bolsonaro, por tanto, es posible y eso aconseja examinar qué política exterior nos depararía la nueva etapa.

▲ Jair Bolsonaro, en un acto de la campaña electoral [PSL]

ARTÍCULO / Túlio Dias de Assis

Uno de los dichos más conocidos que tienen los brasileños acerca de su propio país es que “O Brasil não é um país para principiantes” (Brasil no es un país para principiantes). Desde luego, dicho refrán sería muy acertado a la hora de describir la situación actual del país. El gigante latinoamericano se tambalea ante la inestabilidad provocada por una campaña electoral realmente inédita y por la posibilidad de la victoria de un candidato ciertamente divisivo.

La campaña electoral ha sido todo menos “convencional”, con un candidato intentando promover el voto desde su celda en la prisión federal de Curitiba, en Paraná, y otro siendo apuñalado en pleno acto político en las calles de Juíz de Fora, en Minas Gerais. El primero, el expresidente Luís Inácio “Lula” da Silva, tuvo que ceder finalmente el puesto a otro dirigente de su partido, Fernando Haddad, debido a su situación penal; el segundo, Jair Bolsonaro, se vio favorecido electoralmente por el apuñalamiento y la mayor dispersión del voto por el obligado abandono de Lula.

Las elecciones contaban con un variopinto grupo de candidatos representando los más dispares tipos de ideologías. En la votación de este último domingo, como ya predecían las encuestas, la pugna ha quedado reducida a dos presidenciáveis (candidatos a la presidencia), situados en las antípodas del espectro político: Bolsonaro y Haddad, candidatos del Partido Social Liberal (PSL) y del Partido de los Trabajadores (PT), respectivamente.

Así, Bolsonaro obtuvo más del 46% de los votos, superando con creces las previones de los sondeos, mientras que Haddad recibió el apoyo del 29% de los votantes. Al no sobrepasar ningún candidato el 50% de los votos este 7 de octubre, los dos presidenciales más votados pasan a una segunda vuelta, que tendrá lugar el 28 de octubre.

Jair Messias Bolsonaro, el “Trump brasileño”

Bolsonaro indudablemente es la mayor sorpresa de estas elecciones, ya que sus posturas, muy reaccionarias en algunos temas, se salen por completo del espectro político mayoritariamente socialista al que Brasil se había acostumbrado desde principios de siglo. Se trata de un militar en la reserva que durante las últimas décadas ejerció de diputado federal por el estado de Río de Janeiro. Durante su labor en la Cámara Baja, muchas de sus declaraciones, a menudo de carácter homófobo, racista y machista, se hicieron virales. Gran parte de la prensa brasileña le ha tachado de extrema derecha y ha realizado una dura campaña en su contra, similar a lo que pasó con Donald Trump en EEUU.

La controversia ha beneficiado a Bolsonaro, ampliando su base electoral. Tras el atentado en Minas Gerais, vio crecida su popularidad (subiendo en las encuestas del 22% al 32%) y mitigando algo el rechazo que provoca entre parte de la población.

En cuestiones de política interna, el candidato del PSL se caracteriza por polémicas declaraciones a favor de la revocación del estatuto de desarme (emitido durante el gobierno de Lula), una disminución del aparato burocrático estatal, la liberalización de la economía, la privatización de empresas y organismos públicos, la reducción de la mayoría de edad penal, el establecimiento de penas mayores y más duras para delitos graves y la militarización de la policía en sus enfrentamientos contra las bandas criminales dominantes en las favelas. Además, rechaza rotundamente, entre otros asuntos, la ideología de género, las cuotas de género y raciales –en todo tipo de organismos públicos– y los movimientos políticos de ideología marxista.

Política exterior. En cuanto a política internacional, Bolsonaro ha mencionado que pretende estrechar las relaciones de Brasil con EEUU –dada su simpatía hacia la política del presidente Trump–, la UE y los países democráticos de Latinoamérica; mientras que se ha posicionado radicalmente en contra del acercamiento a países con regímenes dictatoriales, entre los que ha incluido a China, Venezuela, Bolivia y Cuba. Defiende las políticas de Israel y ha prometido trasladar embajada brasilera a Jerusalén, tal como hizo el presidente Trump hace casi un año. Por último, rechaza el flujo descontrolado de inmigrantes venezolanos que entran en Brasil a través del estado de Roraima, y ha advertido que tomaría medidas drásticas para poder controlarlo, puesto que la cifra de migrantes procedentes de Venezuela ya sobrepasa los 50.000.

Fernando Haddad, el heredero del legado de Lula

Haddad ha sido alcalde de la ciudad de São Paulo y ministro de Educación durante el gobierno de Lula. Inicialmente optaba al puesto de vicepresidente, acompañando a Lula en la candidatura del PT. Pero cuando Lula vio cerradas sus opciones de forma definitiva por el Tribunal Supremo Electoral, al encontrarse encarcelado bajo condena de 12 años por corrupción, designó a Haddad como presidenciable, ya muy avanzada la campaña electoral.

Antes de la anulación de su candidatura, Lula encabezaba claramente los sondeos, pudiendo incluso a llegar a ganar en la primera votación. Ese apoyo radicaba sobre todo entre la población beneficiada por sus políticas socialistas de gran éxito durante sus dos mandatos (2003-2006 y 2007-2010), entre ellas el programa Fome Zero (Hambre Cero), que pretendía terminar con el hambre en Brasil; Primeiro Emprego (Primer Empleo), un programa enfocado en eliminar el desempleo juvenil, y el más conocido Bolsa Família, una continuación del Fome Zero concretada en ayudas familiares, cuyo éxito sacó a varios millones de brasileños de la pobreza.

Este éxito social, que afectó principalmente a las regiones del Norte y Noreste de Brasil, donde hay una mayor población por debajo de la línea de pobreza, daba al PT una sólida base electoral, aunque ligada al liderazgo de Lula. Al producirse el cambio de candidato, la popularidad del PT decayó y su intención de voto se repartió entre los demás presidenciables. Como candidato, Lula llegó a sobrepasar el 37% en la primeras encuestas; sin embargo, Haddad no llegó al 30% en la primera vuelta.

Política exterior. El PT es un partido de izquierdas que se alinea bastante con la doctrina política latinoamericana del llamado Socialismo del Siglo XXI. Su programa en política internacional es mantener buenas relaciones con los miembros de los BRICS –especialmente la cooperación con China– y de MERCOSUR, y seguir pacticipando activamente en la ONU, específicamente en órganos como el Consejo de Derechos Humanos (HRC) o la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), hoy presidida por el exministro de Lula responsable del programa Fome Zero, José Graziano da Silva. Haddad no se ha posicionado concretamente sobre el régimen de Venezuela, al contrario de Bolsonaro; sin embargo, sí ha mencionado la necesidad de ayudar en la mediación para la resolución de los conflictos internos del país vecino, sin llegar a condenar al gobierno chavista en ningún momento.

Segunda vuelta

El panorama brasileño es indudablemente muy peculiar y existe la conciencia de que estas elecciones podrían definir el rumbo del gigante tropical por cierto tiempo. Bolsonaro parte con una determinante ventaja para la segunda vuelta del próximo 28 de octubre. Haddad probablemente podrá contar con el apoyo de varios de los candidatos que han quedado por detrás, como Ciro Gomes, del PDT, o Marina Silva, del REDE (ambos exministros del gobierno de Lula), debido a la radical diferencia de la política de Bolsonaro con los candidatos “convencionales”.

La posibilidad de un triunfo final del militar en la reserva podrá movilizar a parte del electorado, aumentando la participación entre quienes quieren impedir su entrada en Brasilia. El voto del miedo a Bolsonaro que promoverá el PT y la “normalidad” con la que el polémico candidato querrá acentuar su candidatura decidirán esta recta final.

La constante expansión del cultivo en los países de Mercosur les lleva a superar el 50% de la producción mundial

La soja es el producto agrícola con mayor crecimiento comercial en el mundo. Las necesidades de China e India, grandes consumidores del fruto de esta planta oleaginosa y sus derivados, convierten a Sudamérica en un granero estratégico. Su rentabilidad ha incentivado la extensión del cultivo, especialmente en Brasil y Argentina, pero también en Paraguay, Bolivia y Uruguay. Su expansión está detrás de recientes desforestaciones en el Amazonas y en el Gran Chaco. Tras los hidrocarburos y los minerales, la soja es la otra gran materia prima de Sudamérica.

ARTÍCULO / Daniel Andrés Llonch [Versión en inglés]

La soja se ha cultivado en las civilizaciones asiáticas durante miles de años; hoy su cultivo está también ampliamente difundido en otras partes del mundo. Ha pasado a ser el grano oleaginoso más importante para el consumo humano y la alimentación animal. De grandes propiedades nutritivas, por su alto contenido proteínico, la soja se comercializa tanto en grano como en sus derivados de aceite y de harina.

De los once mayores productores de soja, cinco están en Sudamérica: Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay. En 2016, esos países fueron el origen del 50,6% de la producción mundial, cuyo total alcanzó los 334,8 millones de toneladas, según los datos de la FAO. El primer productor fue Estados Unidos (34,9% de la producción mundial), seguido de Brasil (28,7%) y Argentina (17,5%). En la lista siguen India y China, aunque lo significativo de este último país es su gran consumo, que en 2016 le obligó a importar 83,2 millones de toneladas. Gran parte de esas necesidades de importación son cubiertas desde Sudamérica. La producción sudamericana se centra en las naciones de Mercosur (además de Brasil y Argentina, también Paraguay y Uruguay) y Bolivia.

La fuerte demanda internacional y la elevada rentabilidad relativa de la soja en los últimos años ha alimentado la expansión del cultivo de esta planta en la región del Mercosur. El boom del precio las materias primas, del que también participó la soja, originó unos beneficios que se dirigieron a la adquisición de nuevas tierras y equipamiento, lo que permitió a los productores aumentar su escala y eficiencia.

En Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay la superficie sembrada con soja es la mayoritaria (constituye más del 50% de la superficie total sembrada con los cinco cultivos más importantes de cada país). Si al grupo añadimos Uruguay, donde la soja ha gozado de una expansión más tardía, tenemos que la producción de esos cinco países sudamericanos ha pasado de 99 millones de toneladas en 2006 a 169,7 millones en 2016, lo que constituye un alza del 71,2% (Brasil y Bolivia han casi doblado su producción, algo superado por Paraguay y Uruguay, país donde se ha triplicado). En la década, esta área de Sudamérica ha pasado de aportar el 44,7% de la producción mundial a sumar el 50,6%. En ese tiempo, la superficie cultivada aumentó de 40,6 millones de hectáreas a 58,4 millones.

Países

Como el segundo mayor productor de soja del mundo, Brasil alcanzó en 2016 una producción de 96,2 millones de toneladas (el 28,7% del total mundial), con un área de cultivo de 33,1 millones de hectáreas. Su producción ha conocido un constante aumento, de forma que en el último decenio el volumen de la cosecha se ha incrementado en un 83,5%. El salto ha sido especialmente notable en los cuatro últimos años, en los que Brasil y Argentina han experimentado la mayor tasa de incremento del cultivo, con un promedio anual de 936.000 y 878.000 hectáreas, respectivamente, de acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Argentina es el segundo país productor del Mercosur, con 58,7 millones de toneladas (el 17,5% de la producción mundial) y una extensión cultivada de 19,5 millones de hectáreas. La soja comenzó a sembrarse en Argentina a mediados de los años 70, y en menos de 40 años ha tenido un avance inédito. Este cultivo ocupa el 63% de las áreas del país sembradas con los cinco cultivos más importantes, frente al 28% de superficie que ocupan el maíz y el trigo.

Paraguay, por su parte, tuvo en 2016 una cosecha de 9,1 millones de toneladas de soja (el 2,7% de la producción mundial). En las últimas temporadas, la producción de soja ha aumentado a medida que se destinan más tierras para su cultivo. De acuerdo con el USDA, en las últimas dos décadas, la tierra dedicada al cultivo de soja ha aumentado constantemente en un 6% anual. Actualmente hay en Paraguay 3,3 millones de hectáreas de tierra dedicadas a esta actividad, lo que constituye el 66% de la tierra utilizada para los principales cultivos.

Por lo que se refiere a Bolivia, la soja se cultiva principalmente en la región de Santa Cruz. Según el USDA, representa el 3% del Producto Interno Bruto del país, y emplea a 45,000 trabajadores directamente. En 2016, el país cosechó 3,2 millones de toneladas (el 0,9% de la producción mundial), en una extensión de 1,3 millones de hectáreas.

Las plantaciones de soja ocupan más del 60 por ciento de las tierras cultivables de Uruguay, donde la producción de soja ha ido en aumento en los últimos años. De hecho, es el país donde más ha crecido la producción en términos relativos en la última década (un 67,7%), alcanzando en 2016 los 2,2 millones de toneladas y una extensión cultivada de 1,1 millones de hectáreas.

Aumento de la demanda

La producción de soja representa una fracción muy importante en el PIB agrícola de las naciones sudamericanas. Los cinco países mencionados juntamente con Estados Unidos conforman el 85,6% de la producción global, de forma que son los principales proveedores de la creciente demanda mundial.

Dicha producción ha experimentado un aumento progresivo desde su inserción en el mercado, con la excepción de Uruguay, cuya expansión del producto ha sido más reciente. En el periodo entre 1980 y 2005, por ejemplo, la demanda total mundial de soja se expandió en 174,3 millones de toneladas, o lo que es lo mismo, 2,8 veces. En este período la tasa de crecimiento de la demanda global fue acelerándose, desde un 3% anual en los 80 a un 5,6% anual en la última década.

En todos los países sudamericanos mecionados el cultivo de soja ha sido especialmente incentivado, por los beneficios que supone. Así, en Brasil, el mayor productor regional del grano oleaginoso, la soja aporta unos ingresos calculados en 10.000 millones de dólares en exportaciones, representando el 14% del total de productos comercializados por el país. En Argentina, el cultivo de soja pasó de representar el 10,6% de la producción agrícola en 1980/81 a más del 50% en 2012/2013, generando importantes beneficios económicos.

Las perspectivas de crecimiento de la demanda hacen prever una continuación en el alza de la producción. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estima que la producción global superará los 500 millones de toneladas en 2050, lo que duplica el volumen consechado en 2010. Gran parte de esa demanda tendrá que ser atendida desde Sudamérica.

El sistema de posicionamiento ruso GLONASS ha colocado estaciones de tierra en Brasil y Nicaragua; las brasileñas son accesibles, pero la nicaragüense da pie a conjeturas

En un momento en que Rusia ha declarado su interés en tener de nuevo instalaciones militares en el Caribe, la apertura de una estación rusa en el área de Managua ha levantado algunas sospechas. Roscosmos, la agencia espacial rusa, ha abierto cuatro estaciones en Brasil, gestionadas con transparencia y fácil acceso; en cambio, la que ha construido en Nicaragua se ve rodeada de secretismo. Lo poco que se sabe sobre la estación nicaragüense, extrañamente mayor que las otras, contrasta con lo abiertamente que pueden recabarse datos sobre las brasileñas.

ARTÍCULO / Jakub Hodek [Versión en inglés]

Ya se sabe que la información es poder. Cuanta más información se tiene y administra, de más poder se goza. Hay que tener este planteamiento a la hora de examinar las instalaciones de estaciones que sirven para apoyar el sistema de navegación por satélites ruso y su construcción en proximidad relativa a Estados Unidos. Por supuesto que ya no estamos en el periodo de Guerra Fría, pero algunas traumas de aquellos viejos tiempos quizás nos pueden servir para entender mejor la posición cautelosa de Estados Unidos y la importancia que ve Rusia en tener sus instalaciones en Brasil y especialmente en Nicaragua.

Ese trasfondo histórico de la Guerra Fría está en el origen de los dos sistemas de navegación más grandes que utilizamos hoy en día. Estados Unidos lanzó el proyecto de Sistema de Posicionamiento Global (GPS) en el año 1973, y posiblemente como respuesta, la Unión Soviética presentó su propio sistema de posicionamiento (GLONASS) tres años después. [1] Han pasado casi 45 años, y estos dos sistemas ya no sirven para que rusos y estadounidenses intenten obtener información sobre el bando contrario, sino que están colaborando y así ofreciendo un sistema de navegación más preciso y rápido para los consumidores que compran un smartphone u otro aparato electrónico. [2]

Sin embargo, para conseguir una cobertura mundial ambos sistemas necesitan no solo satélites, sino también estaciones de tierra repartidas estratégicamente por el mundo. Con ese propósito, Agencia Espacial Federal Rusa Roscosmos ha erigido estaciones para el sistema GLONASS en Rusia, en la Antártida y en Sudáfrica, así como en el hemisferio occidental: ya tiene cuatro estaciones en Brasil y desde el abril de 2017 cuenta con una en Nicaragua, que por el secretismo en torno a su función ha causado desconfianza y sospecha en Estados Unidos [3] (EE.UU., por su parte, tiene estaciones de tierra para GPS en su territorio y en Australia, Argentina, Reino Unido, Bahréin, Ecuador, Corea del Sur, Tahití, Sudáfrica y Nueva Zelanda).

El Sistema Global de Navegación por Satélite ruso (Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema o GLONASS) es un sistema de posicionamiento operado por las fuerzas de Defensa aeroespaciales rusas. Consiste en 28 satélites, permitiendo posicionamiento en tiempo real y speed data para la superficie, el mar y los objetos aerotransportados alrededor del mundo. [4] En principio GLONASS no transmite ninguna información de identificación personal; de hecho, los dispositivos de usuarios solo reciben señales de los satélites, sin transmitir nada de vuelta. Sin embargo, fue desarrollado originalmente con las aplicaciones militares en mente y lleva señales cifradas que se supone que proporcionan resoluciones más altas a los usuarios militares autorizados (lo mismo el GPS estadounidense). [5]

En Brasil, hay cuatro estaciones de tierra que se utilizan para rastrear señales de la constelación GLONASS. Estas estaciones sirven como puntos de corrección en el hemisferio occidental y ayudan a mejorar significativamente la precisión de las señales de navegación. Rusia está en estrecha y transparente colaboración con la agencia espacial brasileña (AEB), promoviendo la investigación y el desarrollo del sector aeroespacial del país sudamericano.

En 2013 se instaló la primera estación, ubicada en el campus de la Universidad de Brasilia, que además era la primera estación rusa de ese tipo en el extranjero. Siguió otra estación en el mismo lugar en 2014, y posteriormente, en 2016, se puso una tercera en el Instituto Federal de Ciencias de la Educación y Tecnología de Pernambuco, en Recife. La Agencia Espacial Federal Rusa Roscosmos construyó su cuarta estación brasileña en el territorio de la Universidad Federal de Santa María, en Río Grande del Sur. Además de cumplir su propósito principal de aumentar la exactitud y mejorar el rendimiento de GLONASS, las instalaciones pueden ser usadas por los científicos brasileños para llevar a cabo otros tipos de investigación científica. [6]

El nivel de transparencia que rodeó la construcción y luego ha imperado en la gestión de las estaciones en Brasil definitivamente no es el mismo aplicado a la abierta en Managua, la capital de Nicaragua. Hay varias informaciones que siembran dudas en relación al verdadero uso de la estación. Para empezar, no hay información sobre el costo de las instalaciones o sobre la especialización del personal. El hecho de que se haya puesto a corta distancia de la Embajada de Estados Unidos ha dado pie a conjeturas sobre su uso para escuchas y espionaje.

Además, las respuestas vagas de los representantes de Nicaragua y de Roscosmos acerca del uso de la estación, no han conseguido transmitir confianza sobre el proyecto. Es un “proyecto estratégico” tanto para Nicaragua como para Rusia, concluyó Laureano Ortega, el hijo del presidente nicaragüense. Ambos países aseguran tener una cooperación muy fluida y estrecha en muchas esferas, como en proyectos relacionados con la salud y el desarrollo, sin embargo ninguno de ellos se han materializado con tal velocidad y dedicación. [7]

Dada la mayor presencia militar de Rusia en Nicaragua, facultada por el acuerdo que facilita el atraque de buques de guerra rusos en Nicaragua anunciado por el Ministro ruso de Defensa Serguei Shoigu durante su visita al país centroamericano en febrero de 2015, y concretada también en la donación de 50 T-72B1 tanques rusos en 2016 y el movimiento creciente del personal militar ruso, se puede concluir que Rusia claramente ve importancia estratégica en su presencia en Nicaragua. [8] [9] Todo esto es vito con recelo desde EE.UU. El jefe del Comando Sur estadounidense, Kirt Tidd, advirtió en abril que “los rusos están llevando adelante una actitud inquietante” en Nicaragua, lo que “impacta en la estabilidad de la región”.

Sin duda que cuando potencias mundiales como Rusia o Estados Unidos actúan fuera de su territorio, lo hacen siempre guiados por una combinación de motivaciones. Los movimientos estratégicos son esenciales en el juego de la política mundial. Por esta misma razón, la ayuda que recibe un país o la colaboración que puede establecer con una gran potencia muchas veces está sujeta a una condicionalidad política. En este caso, es difícil saber con seguridad cuál es exactamente el objetivo de la estación en Nicaragua o incluso las de Brasil. A primera vista, el objetivo parece neutro –ofrecer calidad más alta de sistema de navegación y proveer diferente opción a la de GPS–, pero dado el nuevo valor que Rusia está concediendo a sus capacidades geopolíticas, existe la posibilidad de un uso más estratégico.