Los acuerdos de EEUU con el Triángulo Norte han podido tener un efecto disuasorio antes de entrar en vigor

En el primer mes tras la extensión de los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA) a los tres países del Triángulo Norte, las aprehensiones en la frontera de EEUU han caído por debajo de los últimos años. La reducción real de la afluencia de migrantes que esto evidencia tiene que ver con el mayor control de México sobre su frontera con Guatemala, pero también puede deberse al efecto disuasorio del anuncio de los acuerdos, cuya implementación no ha comenzado plenamente y por tanto aún deben demostrar si tendrán directa eficacia.

▲ Migrantes hondureños retenidos por la guardia fronteriza de Guatemala, en octubre de 2018 [Wikimedia Commons]

ARTÍCULO / María del Pilar Cazali

Los intentos de entrada en Estados Unidos a través de su frontera con México no solo han vuelto ya a niveles de comienzos de año, antes de que la cifra de migrantes se disparara y cada mes marcara un nuevo récord hasta alcanzarse en mayo las 144.116 aprehensiones e inadmisiones (cifras de la guardia fronteriza estadounidense que permiten valorar indirectamente la evolución de la migración), sino que han seguido descendiendo hasta quedar por debajo de varios años previos.

El mes de octubre (el primer mes del año fiscal estadounidense de 2020), hubo 45.250 aprehensiones e inadmisiones en la frontera sur de EEUU, por debajo de la cifra de los meses de octubre de 2018, 2015 y 2016 (aunque no de 2017). Esto permite vaticinar que el total de aprehensiones e inadmisiones en el nuevo año fiscal quedará claramente por debajo del récord de 977.509 registrado en el de 2019. Ese auge tuvo que ver con las caravanas de migrantes que se iniciaron a finales de 2018 en el Triángulo Norte centroamericano (Honduras, El Salvador y Guatemala), siguiendo una corriente migratoria que, con diferentes intensidades, comenzó en la década de 1980 por inestabilidades políticas y económicas de esos países.

Esta crisis migratoria llevó a que la administración estadounidense del presidente Trump aplicara políticas de deportación más duras, incluyendo el cambio de condiciones para las deportaciones expeditas. Además, la Casa Blanca presionó a México con la amenaza de aranceles a sus productos si no contribuía a reducir el flujo de migrantes que atravesaban suelo mexicano, lo que llevó al presidente López Obrador al despliegue de la recién creada Guardia Nacional en la frontera con Guatemala. Trump combinó esas medidas con la negociación con los países del Triángulo Norte de Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA), que inicialmente fueron denominados impropiamente de “tercer país seguro”, lo que contribuyó a aumentar la controversia que generaron.

Acuerdo con Guatemala

Debido a amenazas estadounidenses de imponer aranceles a Guatemala si no lograba reducir el número de migrantes de ese país o que pasan por él rumbo a EEUU, el gobierno guatemalteco aceptó los términos de un trato anunciado por Trump el 26 de julio de 2019. El acuerdo prevé que quienes solicitan asilo en EEUU pero han pasado previamente por Guatemala, sean llevados de nuevo a este país para que puedan permanecer allí como asilados en caso de reunir las condiciones requeridas. Estados Unidos ve esto como un acuerdo de tercer país seguro.

Un acuerdo de tercer país seguro es un mecanismo internacional que posibilita acoger en un país a quienes solicitan asilo en otro. El acuerdo firmado en julio impede que los solicitantes de asilo puedan recibir protección estadounidense si pasaron por Guatemala y no solicitaron primero asilo allí. El objetivo estadounidense es evitar que los migrantes provenientes de Honduras y El Salvador pidan asilo en EEUU. La responsabilidad de gestionar las solicitudes de protección recaerá sobre Washington solo en tres supuestos: menores de edad no acompañados, personas con visa o documento de admisión emitido por EEUU o personas que no tengan la obligación de obtener una visa. Quienes no cumplan con los requisitos, serán enviados a Guatemala para esperar la resolución de su caso, que podría tardar años. Por otro lado, el acuerdo no impide que los solicitantes guatemaltecos y mexicanos puedan pedir asilo en EEUU.

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, previamente había anunciado que un acuerdo similar podría llegar a ser parte de las negociaciones migratorias que se estaban llevando a cabo con EEUU. En Guatemala, tras el anuncio de lo acordado, surgieron múltiples críticas, porque las condiciones de seguridad de ambos países son incomparables. A esto se le sumaron rumores sobre cuál era el verdadero contenido del acuerdo que Morales había firmado, ya que no fue inmediatamente revelado al público. Ante esta incertidumbre, el ministro de Interior, Enrique Degenhart, declaró que el acuerdo era solo para hondureños y salvadoreños, no para nacionales de otros países latinoamericanos, y que el texto no mencionaba explícitamente el término “tercer país seguro”.

La semana siguiente al anuncio, fueron interpuestos tres recursos de amparo contra el acuerdo ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, argumentando que el país no está en condiciones de prestar la protección que supuestamente ofrece y que el gasto que acarrearía debilitaría la situación económica de la propia población. Sin embargo, Degenhart defendió el acuerdo diciendo que las repercusiones económicas habrían sido peores si no se hubiere alcanzado el pacto con Washington, porque con los aranceles estadounidenses estaría en peligro la mitad de las exportaciones guatemaltecas y los puestos trabajos que le acompañan a estos sectores.

Estas críticas no provenían solo de ciudadanos guatemaltecos, sino también de figuras públicas como el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, invocando falta de transparencia por parte del gobierno. Rodas insistió en que Guatemala no está en condiciones de ser un tercer país seguro por sus bajos indicadores de producción, de educación, de salud pública y de seguridad. Parecidas ideas han expresado organizaciones como Amnistía Internacional también, para las que Guatemala no es seguro y no se puede considerar como refugio.

En su pronunciamiento, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala afirmó que el gobierno guatemalteco necesita someter el acuerdo a la aprobación del Congreso para que pueda ser efectivo. Esto ha sido rechazado por el gobierno, que estima que la política internacional es competencia directa del presidente del país y por tanto comenzará a implementar lo decidido con Washington sin más dilación.

Aprehensiones e inadmisiones realizadas por la guardia de frontera de EEUU, distribuidas por meses durante los últimos años fiscales (FY) [Tomado de CBP]

También con El Salvador y Honduras

A pesar de toda esta controversia generada desde el mes de julio a raíz del pacto con Guatemala, EEUU desarrolló esfuerzos similares con El Salvador y Honduras. El 20 de septiembre de 2019, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, firmó un acuerdo asimilable a la figura del tercer país seguro, aunque tampoco fue llamado explícitamente así. Compromete a El Salvador a recibir solicitantes de asilo que aún no pueden ingresar a EEUU, similar al acuerdo con Guatemala. El acuerdo de El Salvador tiene los mismos tres supuestos en los que EEUU tendrá que hacer cargo de la protección de migrantes.

El gobierno salvadoreño ha recibido críticas similares, incluyendo la falta de transparencia en la negociación y la negación de la realidad de que el país es inseguro. Bukele justificó la firma diciendo que significaría la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los más 190.000 salvadoreños que viven en EEUU. En octubre de 2019, la cancillería salvadoreña dijo que este acuerdo no es de tercer país seguro porque El Salvador no se encuentra en las graves situaciones migratorias en las que están Guatemala y Honduras en cuanto a flujo de personas, por lo que es solamente un acuerdo de no violación de derechos para minimizar la cantidad de migrantes.

El 21 de septiembre de 2019 el gobierno hondureño también hizo público el anuncio de un acuerdo muy similar al aceptado por sus dos vecinos. Este dice que EEUU podrá deportar a Honduras solicitantes de asilo que hayan pasado por Honduras. Al igual que los otros dos países, el gobierno hondureño recibió críticas ya que no es un destino seguro para migrantes por ser de los países con tasas más altas de homicidio en el mundo.

Pese a las críticas generadas sobre los tres acuerdos, a finales de octubre de 2019 el gobierno de Donald Trump anunció que se encontraba en preparaciones finales para empezar a enviar solicitantes de asilo a Guatemala. Sin embargo, a finales de noviembre aún no se había producido el envío de solicitantes de asilo que no fueran guatemaltecos. La toma de posesión a comienzos de enero del presidente electo, Alejandro Giammattei, que anunció su deseo de anular ciertos términos del acuerdo, puede introducir alguna variante, aunque tal vez su propósito sea arrancar alguna concesión más a Trump, además de las visas agrícolas que Morales negoció para temporeros guatemaltecos.

Los emigrantes del Triángulo Norte centroamericano miran a EEUU; los de Nicaragua, a Costa Rica

Mientras los emigrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras siguen intentando llegar a Estados Unidos, los de Nicaragua han preferido en los últimos años viajar a Costa Rica. Las restricciones puestas en marcha por la Administración Trump y el deterioro de la bonanza económica costarricense están reduciendo los flujos, pero esa divisoria migratoria en Centroamérica de momento se mantiene.

▲Paso fronterizo entre México y Belice [Marrovi/CC]

ARTÍCULO / Celia Olivar Gil

Cuando se compara el grado de desarrollo de los países de Centroamérica, se entienden bien los distintos flujos humanos que operan en la región. Estados Unidos es el gran imán migratorio, pero también Costa Rica es en cierta medida un polo de atracción, evidentemente en menor grado. Así, los cinco países centroamericanos con mayor tasa de pobreza ­–Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Belice– reparten su orientación migratoria: los cuatro primeros mantienen importantes flujos hacia EEUU, mientras que en los últimos años Nicaragua ha optado más por Costa Rica, dada su cercanía.

Migración del Triángulo Norte a EEUU

Cerca de 500.000 personas intentan cada año por la frontera Sur de México con el objetivo de llegar a Estados Unidos. La mayoría proceden de Guatemala, El Salvador y Honduras, la región centroamericana conocida como Triángulo Norte y que es, hoy por hoy, una de las más violentas del mundo. Las razones que llevan a ese elevado número de ciudadanos del Triángulo Norte a emigrar, muchos de forma ilegal, son varias:

Por una parte, hay razones que podrían calificarse de estructurales: la porosidad del trazado fronterizo, la complejidad y los costes elevados de los procesos de regularización para la migración, la falta de compromiso de los empleadores para regularizar a los trabajadores inmigrantes y la capacidad insuficiente de los gobiernos para establecer leyes migratorias.

También hay claras razones económicas: Guatemala, Honduras y El Salvador tienen una alta tasa de pobreza, situada en el 67,7%, el 74,3% y el 41,6%, respectivamente, de sus habitantes. Las dificultades de ingresos presupuestarios y pronunciada desigualdad social suponen una presentación deficiente de servicios públicos, como educación y sanidad, a gran parte de la población.

La razón de mayor peso es quizá la falta de seguridad. Muchos de los que salen de esos tres países alegan la inseguridad y la violencia como el principal motivo de su marcha. Y es que el nivel de violencia criminal en el Triángulo Norte alcanza niveles semejantes a los de un conflicto armado. En El Salvador se registraron en 2015 un total de 6.650 homicidios intencionados; en Honduras, 8.035, y en Guatemala, 4.778.

Todos esos motivos empujan a guatemaltecos, salvadoreños y hondureños a emigrar a Estados Unidos, que en su viaje hacia el norte usan tres rutas principales para cruzar México: la que atraviesa en diagonal el país hasta llegar al área de Tijuana, la que avanza por el centro de México hasta Ciudad Juárez y la que busca entrar en EEUU por el valle del Río Bravo. A lo largo de esas rutas, los migrantes deben hacer frente a muchos riesgos, como el de ser víctima de organizaciones criminales y sufrir todo tipo de abusos (secuestro, tortura, violación, robo, extorsión...), algo que no solo puede causar lesiones físicas y traumas inmediatos, sino que también puede dejar graves secuelas a largo plazo.

Pese a todas estas dificultades, los ciudadanos del Triángulo norte siguen eligiendo los Estados Unidos como destino de su migración. Esto es debido principalmente a la atracción que supone el potencial económico de un país como EEUU, en situación de pleno empleo; a su relativa proximidad geográfica (es posible llegar por tierra atravesando solo uno o dos países), y a las relaciones humanas creadas desde la década de 1980, cuando EEUU comenzó a ser meta de quienes huían de las guerras civiles de una Centroamérica inestable políticamente y con dificultades económicas, lo que creó una tradición migratoria, consolidada por las conexiones familiares y la protección a los recién llegados ofrecida por los connacionales ya establecidos. Esto hizo que durante esta época la población centroamericana en EEUU se triplicase. En la actualidad el 82,9% de los inmigrantes centroamericanos en EEUU.

Migración de Nicaragua a Costa Rica

Si la emigración del norte de Centroamérica se ha dirigido hacia Estados Unidos, la del sur de Centroamérica ha contado con más destinos. Si los hondureños han mirado al norte, en los últimos años sus vecinos nicaragüenses se han fijado algo más en el sur. El río Coco, que divide Honduras y Nicaragua, ha venido a ser una suerte de 'parteaguas' migratorio.

Ciertamente hay más nicaragüenses residentes oficialmente en EEUU (más de 400.000) que en Costa Rica (cerca de 300.000), pero en los últimos años el número de nuevos residentes ha aumentado más en territorio costarricense. En el último decenio, de acuerdo con un informe de la OEA (páginas 159 y 188), EEUU ha concedido el permiso de residencia permanente a una media de 3.500 nicaragüenses cada año, mientras que Costa Rica ha otorgado unos 5.000 de media, llegando al récord de 14.779 en 2013. Además, el peso proporcional de la migración nicaragüense en Costa Rica, un país de 4,9 millones de habitantes, es grande: en 2016, unos 440.000 nicaragüenses entraron en el vecino país, y se registraron otras tantas salidas, lo que indica una importante movilidad transfronteriza y sugiere que muchos trabajadores regresan temporalmente a Nicaragua para burlar los requisitos de extranjería.

Costa Rica es vista en ciertos aspectos en Latinoamérica como Suiza en Europa, es decir, como un país institucionalmente sólido, políticamente estable y económicamente favorable. Eso hace que la emigración de costarricenses no sea extrema y que en cambio lleguen personas de otros lugares, de forma que Costa Rica es el país con mayor migración neta de Latinoamérica, con un 9% de población de Costa Rica de origen extranjero.

Desde su independencia en la década de 1820, Costa Rica se ha mantenido como uno de los países centroamericanos con menor cantidad de conflictos graves. Por ello fue durante las décadas de 1970 y 1980 el refugio de muchos nicaragüenses que huían de la dictadura de los Somoza y de la revolución sandinista. Ahora, sin embargo, no emigran por razones de seguridad, pues Nicaragua es uno de los países menos violentos de Latinoamérica, incluso por debajo de las cifras de Costa Rica. Este flujo migratorio se debe a razones económicas: el mayor desarrollo de Costa Rica queda reflejado en la tasa de pobreza, que es del 18.6%, frente a la del 58.3% de Nicaragua; de hecho, Nicaragua es el país más pobre de América después de Haití.

Así mismo, los nicaragüenses tienen especial preferencia para elegir Costa Rica como lugar de destino por la cercanía geográfica, que les permite moverse con frecuencia entre los dos países y mantener hasta cierto punto la convivencia familiar; la utilización del mismo idioma, y otras similitudes culturales.