La cancelación del nuevo aeropuerto de CDMX, construido ya en más del 31%, siembra dudas sobre el éxito económico del nuevo sexenio

Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia de México enfrentado al mundo económico, al que ha planteado batalla con su anuncio de paralizar las obras del nuevo aeropuerto de la capital, a pesar de haberse realizado ya un tercio de las obras. El deseo de dejar claro al poder económico quién manda en el país y de sepultar lo que iba a ser un legado emblemático del PRI –cuya hegemonía histórica espera sustituir con su propio partido, Morena– puede estar detrás de la controvertida decisión.

▲ Imagen del proyectado NAICM creada por Fernando Romero Enterprise, Foster and Partners

ARTÍCULO / Antonio Navalón

El PRI mexicano volvió a la presidencia del país en 2012, de la mano de Enrique Peña Nieto, con la promesa de realizar una gran inversión en infraestructura pública que pusiera a México en el escaparate mundial. La obra estelar elegida fue la construcción de un nuevo aeropuerto, cuyo proyecto se encargó al arquitecto Norman Foster y que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) veía como la herencia que siempre se le atribuiría.

Este gran proyecto iba a eclipsar todo legado negativo del mandato de Peña Nieto, que ha estado especialmente marcado por los casos de corrupción y por el récord histórico en cifras de violencia. Aunque útil para el marketing político, aumentar la capacidad de tráfico aéreo de la Ciudad de México (CDMX), cuya área metropolitana tiene 23 millones de habitantes, es una necesidad para el impulso de la economía nacional.

El proyecto, de 13.300 millones de dólares, suponía una de las mayores inversiones en la historia del país. Bautizado con el nombre de Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM, luego simplificado como NAIM) y ubicado en el área de Texcoco, poco más lejos que las actuales instalaciones en uso, la nueva infraestructura iba a desarrollarse en dos fases. La primera fase consistía en la construcción de una gran terminal y tres pistas, que inicialmente se preveía que estuviesen listas para 2020, pero cuya entrada en servicio se había aplazado a 2022 debido a retrasos en las obras. La segunda fase contaría con la construcción de tres pistas adicionales, además de una segunda terminal, que estaría lista para funcionar a partir de 2035.

Los planes apuntaban a que NAICM tendría capacidad para transportar entre 70 y 135 millones de pasajeros anualmente, gracias a contar con un volumen de operación de entre 115 y 135 slots por hora. Esas cifras daban a largo plazo un posible beneficio de más de 32.000 millones de dólares, según las estimaciones del Gobierno.

El proyecto buscaba en primer lugar resolver el grave problema de saturación aérea que sufre el actual aeropuerto internacional Benito Juárez de Ciudad de México, provocada por la poca capacidad de desempeño de las dos pistas que funcionan simultáneamente. Además, la construcción de NAICM partía con la esperanza de convertir CDMX en un hub logístico mundial, pudiendo llegar a multiplicar por cuatro la capacidad de transporte de mercancías con la que cuenta el aeropuerto actual.

El nivel de transporte de mercancías en este macro proyecto iba a poder alcanzar los 2 millones de toneladas anuales, convirtiéndose así, como aseguraban sus promotores, en el principal centro de distribución de América Latina. La ambición de NAICM, por tanto, era convertirse en referente no solo en el continente americano sino a nivel mundial, tanto en el traslado de turistas como en el transporte de mercancías.

La construcción de NAICM comenzó en 2015 y hasta la actualidad se ha ejecutado el 31% de las obras. Aunque este grado de realización supone un ligero retraso respecto al calendario original, las labores de fundamentación y canalización ya están acabadas y en la superficie pueden verse altas estructuras destinadas a sujetar la amplia cubierta. Sin embargo, a pesar de ese progreso y de la inversión ya realizada, el nuevo presidente del país ha anunciado que entierra por completo el proyecto.

Elecciones y consulta

Las elecciones presidenciales del pasado 1 de julio las ganó el izquierdista Andrés Manuel López Obrador (con toma de posesión el 1 de diciembre). Antiguo dirigente del PRI, gracias al cual ejerció de alcalde de la capital, con el tiempo fue derivando hacia la izquierda: primero pasó al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y, tras perder dos elecciones a la presidencia del país, creó el Movimiento Regeneración Nacional (Morena). En julio, Morena logró la mayoría en las dos cámaras del Congreso y también conquistó el gobierno de CDMX, lo que da a AMLO, como comúnmente se conoce al nuevo presidente, amplios poderes para llevar a cabo sus políticas. Si bien se quedó a 17 votos de una mayoría cualificada en el Senado que pueda cambiar la Constitución, podría obtener aliados para ese propósito.

Durante la campaña electoral, López Obrador defendió la cancelación del proyecto de nuevo aeropuerto alegando su alto coste, y planteó la posibilidad de que, como alternativa, se hagan algunas mejoras al aeropuerto actual y se acondicione también el de Santa Lucía, una base militar en el área de la capital mexicana que se podría habilitar para los vuelos internacionales. Pero el candidato de Morena aseguró que haría una consulta para conocer la opinión del pueblo mexicano y que acataría los resultados.

Sin esperar a tomar posesión como presidente, López Obrador hizo que Morena llevara a cabo esa consulta, que por tanto no fue organizada por el Gobierno sino por un partido político, y además no tuvo lugar en todo el país sino en 538 municipios de los 2.463 que hay en México. Las urnas, dispuestas entre el 25 y el 28 de octubre, se pronunciaron por el “no” a NAICM: con una participación de solo el 1% del cuerpo electoral nacional, el 69% votó por la alternativa de Santa Lucía y el 29% lo hizo por seguir las obras en Texcoco. López Obrador anunció que, en aplicación del resultado, paralizará las obras del nuevo aeropuerto, a pesar de la inversión ya realizada.

Algunos movimientos populares y también naturalistas que reclamaban la preservación del medio natural aplaudieron el anuncio, pero igualmente hubo marchas de protesta contra la decisión en las calles del centro de CDMX. El sector privado ha lamentado enormemente el propósito de cancelar el proyecto de NAICM. Destacados empresarios del país y organizaciones como la Confederación de Cámaras Industriales Mexicanas (CONCAMIN), que representa el 35% del PIB mexicano y el 40% de empleo en el país, salieron en defensa del proyecto original y pidieron a López Obrador que reconsiderara su decisión. Su argumento es que cualquier alternativa se quedará corta ante las demandas del creciente tráfico aéreo, lastrando el desarrollo del país. Además aducen que cualquier decisión que no pase por seguir con la construcción de NAICM va a resultar más cara que concluir el proyectado aeropuerto [1].

Impacto económico

Para CONCAMIN, “el aeropuerto actual carece de la infraestructura y cualquier mejora no arreglaría los problemas fundamentales que tiene”, y una apuesta por la base de Santa Lucía “sería una pérdida de tiempo y dinero, que más que solucionar problemas los va crear”, según el presidente de esta asociación empresarial, Francisco Cervantes.

José Navalón, de la Comisión de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de CONCAMIN, de cuya dirección forma parte, advierte que la decisión de López Obrador va a suponer un golpe muy fuerte para el sistema macroeconómico y financiero mexicano. Según sus palabras “aún es pronto para entrar a valorar posibles consecuencias, pero habrá que ver si México cuenta con la infraestructura aeroportuaria apropiada, en cuanto a competitividad y conectividad, para lo que es la segunda economía más grande de América Latina”. En cualquier caso, de momento “se ha dado un problema de falta de confianza en los mercados, que se ha visto reflejado inmediatamente en la caída del peso y de los mercados” [2].

Ciertamente, si bien López Obrador fue recibido en julio con un alza de los mercados, porque su contundente victoria parecía augurar estabilidad para México, su toma de posesión en diciembre está siendo acompañada de una “espantada” de inversores. El peso ha cerca de un 10% respecto al valor en agosto en su relación con el dólar, la bolsa ha bajado un 7,6% y solo en octubre los inversores vendieron 2.400 millones de dólares en bonos mexicanos.

“Las principales preguntas que hoy en día se hacen los inversores”, continúa Navalón,  “es si es seguro invertir en México y cada cuánto se van a tomar este tipo de decisiones que no siguen ningún tipo de legalidad”, pues importantes empresas se verán afectada por la cancelación de un proyecto en marcha. Advierte además que “la elección de Bolsonaro en Brasil, cuyo perfil constituye un imán de inversión extranjera, puede afecta de manera directa en la inversión en México”.

La gran cuestión es por qué López Obrador mantiene su decisión contra el nuevo aeropuerto, a pesar de la penalización económica que va a suponer para el Gobierno y del riesgo de huida de inversores. Hemos de entender que México siempre ha sido un país que ha estado liderado por el poder económico. Con su actitud sobre NAICM aspira marcar nítidamente la línea de separación entre poder político y poder económico, dejando claro que la era del mando del poder económico ha terminado. Un segundo motivo, es que NAICM iba a ser la herencia del PRI y López Obrador probablemente busca destruir cualquier tipo de asociación de este macro proyecto con el partido al cual pretende sepultar.

REFERENCIAS

[1] Documento CONCAMIN “Propuestas Aeropuertarias” 2018.

[2] Entrevistas personales con Francisco Cervantes y José Navalón

Tras romper sus relaciones con Taipéi, el Gobierno salvadoreño podría dar a Pekín la gestión de un puerto estratégico en la región

Hasta hace muy pocos años, China no tuvo interés por Centroamérica, básicamente por la ausencia de materias primas. La relación diplomática que esa región, casi en bloque, mantenía con Taiwán también desviaba su atención. Pero la dinámica ha cambiado. Animado por promesas chinas, El Salvador se sumó en agosto a otros países vecinos que han ido cerrando sus embajadas en Taipéi. ¿Por qué ahora a China le interesa Centroamérica? El caso salvadoreño apunta a un deseo de ganar peso en una área de histórica influencia de Estados Unidos.

ARTÍCULO / Jimena Villacorta

"Después de este cuidadoso análisis, anuncio que mi Gobierno ha tomado la decisión de romper las llamadas relaciones diplomáticas mantenidas hasta este día entre la República de El Salvador y Taiwán y establecer relaciones diplomáticas entre la República de El Salvador y la República Popular China". Así comunicó el presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, el establecimiento de lazos diplomáticos con Pekín, el pasado 20 de agosto. La decisión seguía a la adoptada en mayo por la República Dominicana y en 2017 por Panamá, resquebrajando el apoyo de los países de América Central a Taiwán.

Taiwán respondió a ese anuncio asegurando que el Gobierno de El Salvador había reclamado una “suma astronómica” de dinero para financiar el puerto salvadoreño de La Unión y la campaña para las elecciones presidenciales de 2019 del partido gubernamental, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), extremos que el Gobierno salvadoreño negó. El ministro de Asuntos Exteriores taiwanés, Joseph Wu, presentó la ruptura de relaciones como una decisión de Taipéi, por la negativa a ceder a esas presiones, por más que todo indica que la iniciativa fue salvadoreña.

La práctica de pagos ocultos no es, desde luego, nada nuevo en los vínculos entre Taiwán y Centroamérica, pues ha quedada demostrada la entrega de cheques a mandatarios de El Salvador y otros países para mantener un reconocimiento diplomático tan conveniente para la isla asiática. Se trata, en cualquier caso, de un margen de corrupción que, a veces en forma de comisiones, también ha acompañado el desembarco de China en diversos países.

El paso dado por el Gobierno salvadoreño fue criticado por la oposición. El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), tachó de “pésima” la decisión y lamentó que los dirigentes del FMLN no solo apoyan “a las dictaduras represivas y asesinas de Cuba, Venezuela y Nicaragua”, sino que además “ahora rompen con un país democrático para establecer relaciones con otra dictadura”.

La oposición criticó que el Gobierno se mueva por intereses partidistas y deje en el aire los tratados y convenios firmados con Taiwán, que ha sido un socio estratégico para el país durante 85 años y uno de sus principales cooperantes en áreas de tecnología, salud, agricultura y educación. Así, ha habido la pérdida de proyectos de cooperación, recursos financieros y otras ayudas, como el plan de becas para estudiantes salvadoreños en Taiwán.

Alerta de Estados Unidos

El cambio de socio, previsiblemente, significará la sustitución de programas taiwaneses por proyectos chinos de inversión. En los últimos años, El Salvador ha importado mucho más de China (804 millones de dólares en 2016) que de Taiwán (135 millones), pero ha exportado de modo parecido a ambos países (alrededor de 50 millones a cada uno). Lo normal es que ahora Taiwán deje de favorecer la compra de productos salvadoreños, a los que primaba, y que China compense la nueva relación con inversión en infraestructuras.

Es aquí donde entra la posibilidad de que China pueda quedarse con la concesión del puerto de La Unión Centroamericana, en el extremo suroriental de El Salvador, en el golfo de Fonseca. El Gobierno ha reconocido el interés chino por ese recinto, mientras que la oposición critica la falta de información que está habiendo en las negociaciones. La Embajada de Estados Unidos ha llegado a levantar sospechas sobre el riesgo de que, dada la poca transparencia de las gestiones, China pueda usar las instalaciones como base militar. La embajadora, Jean Manes, afirmó que “es alarmante la estrategia de expansión que China tiene en la región, no solo económicamente, sino también militarmente”. De hecho, Washington lleva un tiempo alertando sobre la mayor presencia de China en Centroamérica, como en el caso del Canal de Panamá, en principio con proyectos civiles pero que en ciertas circunstancias podrían poner en cuestión la seguridad estadounidense.

La Embajada de Estados Unidos también ha señalado el interés chino por comprar la isla Perico, ubicada junto al puerto de La Unión. El pasado mes de octubre, Ezequiel Milla, alcalde de La Unión, declaró que se había reunido con Bo Yang, empresario chino y vicepresidente de la Cámara de Comercio entre China y El salvador, para discutir sobre la venta la isla, para construir hoteles. Por su lado, el empresario admitió haber discutido intenciones de compra con los dueños de la parte privada de la isla, donde residen varias de familias, que tienen que estar dispuestas a desalojar sus hogares. La isla contiene una importante reserva de flora y fauna.

Puerto sin explotar

El puerto de La Unión está estratégicamente localizado en el golfo de Fonseca, donde confluyen El Salvador, Nicaragua y Honduras (es el único acceso de este país al Pacífico). Además, puede conectar en cuestión de pocos kilómetros con el canal seco que Honduras está a punto de terminar, al ampliar la carretera que une sus instalaciones de Puerto Cortés, en el Atlántico, con el golfo de Fonseca. La costa de Honduras en el golfo no reúne las condiciones apropiadas para un puerto de aguas profundas, por lo que la salida natural de sus mercancías al Pacífico sería La Unión.

El proyecto de construcción del puerto arrancó en 1994, bajo la presidencia de Armando Calderón Sol, con el objetivo de convertirse en el futuro “hub de las Américas”, de manera que los buques que superaran las dimensiones del Canal de Panamá, pudiesen atracar ahí. Gracias a un préstamo del Banco de Cooperación del Japón (JBIC) el proyecto echó a andar. El puerto se construyó entre 2005 y 2008 y fue inaugurado en 2010.

Bajo la presidencia de Antonio Saca, hubo dos decretos para su concesión. El primero, en 2008, revistió la fórmula de concesión maestra, es decir, que solo habría un operador administrando el puerto por 25 años; sin embargo, no se logró llegar a un acuerdo en la Asamblea legislativa. En 2009 se presentó el segundo decreto, que proponía una sociedad compuesta por la estatal Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y un operador internacional, con una participación accionaria del 10% y del 90%, respectivamente. Pero debido al cambio de gobierno y otras complicaciones internas tampoco se aprobó.

En junio de 2010, ya con Mauricio Funes como presidente, el puerto de La Unión se inauguró bajo administración estatal, con la esperanza de poder acordar una concesión ese mismo año. Finalmente, se decidió aplicar la concesión maestra. En septiembre, la Asamblea aprobó el decreto 834, que contiene la ley de concesión del puerto. Dada la falta de aprobación de las bases de licitación y el contrato, por parte de otras instituciones, la concesión del puerto se aplazó un par de años, tiempo durante el cual las empresas interesadas fueron abandonando las conversaciones.

El proceso de licitación fue puesto finalmente en marcha en 2014, pero el concurso fue declarado desierto en 2015 porque no hubo ofertas para operar en la infraestructura. En 2017 se modificaron algunas leyes para atraer inversionistas, dada la urgencia de la explotación del puerto, cuyo mantenimiento ha costado al país casi 20 millones de dólares en la última década.

Zona Económica Especial

Si hasta la fecha las instalaciones han despertado tan poco interés de inversionistas, ¿qué beneficio podría ver China en La Unión? El diputado Mauricio Vargas, de ARENA,  no cree que Pekín tenga ningún interés económico en el puerto, sino que más bien está siguiendo objetivos estratégicos, pues el golfo de Fonseca da acceso a tres países centroamericanos y forma parte del área que los estadounidenses consideran importante para su propia seguridad.

Para hacer más atractiva la opción de La Unión, el gobierno del FMLN presentó en julio de 2018 la Ley de Zona Económica Especial de la Región Sur Oriental de El Salvador, área correspondiente a La Unión y una veintena de municipios colindantes. Gracias a las ventajas fiscales, China podría convertir ese punto del Pacífico en centro de distribución de sus productos en el Triángulo Norte centroamericano y Nicaragua. La conexión a través del canal seco de Honduras facilitaría conexión con el Atlántico.

La oposición estima que la creación de esa zona económica especial, que en caso de estar destinada a la llegada masiva de productos chinos podría afectar negativamente a las manufacturas locales, está acordada de antemano con China. No obstante, el presidente de la CEPA, niega oscurantismo en el proceso. “No tenemos nada que ocultar. El proceso que estamos llevando es transparente; hemos entrado en una etapa de consulta. El interés de nuestra administración es que se opere el puerto de La Unión y debemos verlo como proyecto de país”. Aseguró que hay compañías interesadas en la concesión también de Europa y América, no solo de Asia.

[Jorge Orlando Melo, Historia mínima de Colombia. El Colegio de México-Turner. Bogotá, 2018. 330 p.]

RESEÑA / María Gabriela Fajardo

Esta historia de Colombia escrita por Jorge Orlando Melo destaca por su evidente esfuerzo de neutralidad política. Se mencionan los procesos, las continuidades y las rupturas históricas de la nación sin traslucir ningún tipo de tendencia partidista. El autor procura mantenerse imparcial al narrar los eventos que han llevado a Colombia a donde hoy se encuentra. Eso convierte la obra de Melo –nacido en Medellín en 1942, historiador de la Universidad Nacional de Colombia y consejero presidencial para los derechos humanos en 1990– en especialmente adecuada para lectores sin un especial conocimiento de la historia colombiana, pues pueden juzgar por ellos mismos el devenir de la creación de una nación donde primero fue el Estado. Ese es justamente el propósito de la colección de “historias mínimas” encargada desde el Colegio de México.

Gran parte de la obra se dedica a la época colonial, remarcando así la importancia de la memoria histórica en el proceso de formación del país y en sus cambios actuales. No se trata, pues, del habitual recorrido lineal a través de acontecimientos políticos, sino que más bien fija la atención en la evolución cultural de aquella memoria forjada tempranamente y que se desarrolla en sucesivas dinámicas sociales.

Por otro lado, el papel de las regiones es un elemento clave en la formación de la sociedad colonial, cuyo legado es un poder central ineficiente, en un país donde hay leyes que parecen ser negociables, la sociedad está dividida en diversos estratos sociales, la tierra pertenece a unos pocos y se da una constante polarización política a manos de gobiernos clientelistas.

Esto sucede en una Colombia en la que el papel de la geografía ha sido determinante para los procesos de desarrollo de la nación. Melo habla de zonas aisladas de difícil acceso, de muy diverso tipo: “islas de prosperidad, seguridad o salubridad en medio de un océano de pobreza, violencia y enfermedad”. Ese océano ha disminuido en la actualidad, pero hay islas que siguen siendo la ruta perfecta para el narcotráfico.

Las luchas ideológicas en Colombia han sido intensas: a la Hegemonía Conservadora, de 32 años, le siguió Hegemonía Liberal, de 13; luego se dio la era del Frente Nacional, durante la cual conservadores y liberales se alternaron en cada periodo, creando un ambiente de equilibrio y relativa tranquilidad por un corto plazo de tiempo. “La pugna entre liberales y conservadores fue, más que un enfrentamiento político por el triunfo electoral, una guerra santa por modelos sociales diferentes”, escribe Melo. Sin embargo, eso generó exclusión política y llevó a la formación de grupos al margen de la ley, levantados contra el Gobierno y financiados por el narcotráfico. El enfrentamiento hizo visibles las debilidades institucionales y apenas dejó espacio para la Justicia. La violencia entonces se volvió rutinaria y acabó siendo el mayor fracaso histórico de Colombia, con responsabilidad especial de aquellos que promovieron la violencia como herramienta eficaz de cambio social. 

Para Melo, es la “agencia humana” –es decir, la manera en que las personas usan sus recursos para adaptarse a las circunstancias­– lo que define la historia; son los hombres y mujeres quienes, en su acción conjunta, generan cambio y son los constructores de su historia. A diferencia la postura más común sobre la historia colombiana, Melo no cae en el determinismo: no hace referencia a una cultura de violencia innata que de forma natural condene a los colombianos a pelearse. Por el contrario, deja claro que eventos como el 6 de abril, el golpe de estado de Rojas Pinilla en 1953 o la sangrienta toma del Palacio de Justicia en 1985, deben verse en perspectiva y ser considerados como momentos de un proceso social. 

El Estado colombiano no logró ser nación propiamente hasta finales del siglo XX, cuando se logró el “sueño de los creadores de la nación” de que todo el territorio estuviera cubierto por la ley, un solo mercado y un sistema político. La historia singular de Colombia arrancó con la Patria Boba, como suele llamarse la etapa entre el grito de independencia y la batalla de Boyacá, cuando los criollos lograron efectivamente la independencia. Desde entonces hubo una gran falta de unidad, manifestada en un sinfín de revoluciones, reformas y constituciones. Colombia vivió un agotador, desgastante y a la vez violento proceso orientado a lograr que todo ese país sumamente diverso, con una geografía que lo segmenta en regiones, con grupos humanos variados y dispersos, pudiera cohesionarse política, jurídica, económica y culturalmente.

Pero ese pasado no prejuzga el futuro. El lector llega al final de esta “Historia mínima de Colombia” con la conciencia de un futuro abierto para el gran país sudamericano. Colombia, que ha llegado a ser uno de los países más violentos, ahora tiene un Nobel de Paz, está en un proceso de postconflicto y ha empezado a ser tenido en cuenta en mayor medida por la comunidad internacional por sus grandes avances.

Los 24 países socios buscan desde ambas orillas una mayor colaboración Sur-Sur, pero el avance es lento

Si en el Atlántico Norte está la OTAN, en el Atlántico Sur está la ZOPACAS (Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur). Sin repetir el modelo de club militar de la OTAN, la ZOPACAS tiene como objetivo la cooperación en materia de seguridad y defensa, pero también la colaboración para el desarrollo endógeno de la región. Creada en 1986, la organización es un interesante foro para abordar problemas comunes, pero adolece de mecanismos para un mayor compromiso.

▲ Países que forman parte de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur [Wikimedia]

ARTÍCULO / Alejandro Palacios

En las últimas décadas, la proliferación de foros de cooperación Sur-Sur ha puesto de manifiesto el deseo de muchos países del mundo de buscar su desarrollo y la colaboración regional sin la tutela o la injerencia históricamente ejercida desde los países más industrializados. El objetivo ha sido la articulación de nuevas formas de asociación regional que garanticen la independencia del Sur en sus relaciones con el Norte y promuevan un verdadero desarrollo, sin incurrir en los viejos desequilibrios.

En tal contexto surgió en 1986, a iniciativa brasileña, la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZOPACAS, también conocida como ZPCAS). Se trata de una organización consultiva de carácter transcontinental, integrada por 24 países situados ambos lados del Atlántico1 y que cuenta con el respaldo de la Asamblea de las Naciones Unidas a través de la resolución 41/11.

La organización se constituyó en el tramo final de la Guerra Fría, época durante la cual algunos países buscaron modos de cooperación al margen del reparto bipolar del poder entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Nació también en un momento en que Angola y Brasil se estaban convirtiendo en actores regionales importantes por la alta presencia de hidrocarburos en sus territorios. De ahí surgió la necesidad de crear mayores condiciones de seguridad en la zona a fin de que las operaciones económicas por vía marítima pudieran llevarse a cabo con la menor incertidumbre posible.

No obstante, el crecimiento y desarrollo de la ZOPACAS fue progresivo, tanto desde en el aspecto institucional como en el de números de miembros. Es de destacar el caso de Sudáfrica, país que no entró en la organización hasta que puso fin a su política del Apartheid. La incorporación de Sudáfrica en la cumbre de Brasilia de 1994 incrementó el prestigio de la organización y supuso el final de su proceso de constitución.

Aun así, a la ZOPACAS todavía le faltaba madurez en el plano institucional. En la reunión en Montevideo de 2013 sus integrantes acordaron reunirse anualmente al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas y crear un Grupo de Contacto que, además de implementar las decisiones adoptadas en los encuentros, también coordina los temas relevantes para la zona relacionados con la paz y la cooperación.

En el corto plazo, la ZOPACAS logró importantes avances en favor de la paz y seguridad en el Atlántico Sur. Uno de los más destacables se refiere a la firma en 1996 del Tratado de Pelindaba (Tratado Africano para formación de una Zona Libre de Armas Nucleares), el cual convirtió a África, tras la adhesión sudafricana2, en la tercera zona desnuclearizada del mundo. La medida seguía a la adoptada en 1967 por el Tratado de Tlatelolco, que convirtió a América Latina y el Caribe en la primera región desnuclearizada.

¿Reemergencia?

A pesar de sus destacables logros en materia de paz y seguridad, la ZOPACAS se encuentra actualmente en una situación de falta de impulso. Si bien es cierto que algunos analistas hablan de reemergencia, otros aseguran que para que la organización pueda resurgir antes tiene que someterse a una reestructuración institucional que permita afrontar mejor las amenazas y los desafíos que suponen las nuevas realidades geopolíticas.

Como se ha comentado, las aspiraciones del resurgimiento de la organización están amparadas en una mayor importancia del comercio marítimo, en la explotación de los nuevos campos petroleros bajo aguas profundas de Brasil (capa pre-sal), y en la necesidad de proteger el transporte marítimo frente a la piratería, entre otros asuntos. Parta el director de la Escuela Sudamericana de Defensa, Antonio Jorge Ramalho, todo esto está incrementando la importancia geopolítica de la región del Atlántico Sur, lo que convertiría a la ZOPACAS en una “herramienta lista para ser utilizada en caso de que exista una percepción de amenaza en la zona” que ponga en riesgo la extracción y comercio de las materias primas de la región.

Sin embargo, también se señalan riesgos asociados a una posible reemergencia de la ZOPACAS. Estos tienen que ver, paradójicamente, con una mayor injerencia de países del Hemisferio Norte, algunos de los cuales han expresado la intención de ampliar su zona de actuación al Atlántico Sur. Francia tiene el propósito de ampliar su influencia desde la Guyana francesa, mientras que Rusia ya ha recibido aprobación de Guinea Ecuatorial para usar el principal puerto del país.

Está claro que la zona de paz y cooperación tiene capacidad para contrarrestar esa influencia, primariamente por medio del aumento de la colaboración entre los Estados del Atlántico Sur. Para que ello suceda, el área cuenta con dos características definitorias: el ser una zona bastante pacífica per se y el hecho de que la mayoría de los países implicados cuentan con economías basadas en recursos naturales y las exportaciones de materias primas. Estos factores pueden alentar una cooperación más que necesaria para ahuyentar las pretendidas injerencias occidentales.

Si bien, por tanto, la capacidad de desarrollo de la ZOPACAS es clara, hay que tener presente que la organización no cuenta a día de hoy con una estructura institucional capaz de promover esas sinergias y prácticas cooperativas de una manera eficaz. De hecho, algunos analistas arguyen que, contrariamente a lo que debería estar sucediendo, los países cada vez ponen menos interés en el proyecto, como se pone de manifiesto en la frecuente ausencia de los presidentes de los países en las reuniones de la organización.

Así, pues, puede concluirse que tanto por la falta de recursos materiales como por la naturaleza consultiva de la organización, la ZOPACAS no ha podido proyectar influencia suficiente como para convertirse en una organización de referencia internacional. Ha tenido mayor éxito en el corto plazo, en materia de paz y seguridad, pero le está costando asentar una cooperación económica a largo plazo. Se requiere, por tanto, de un mayor compromiso por parte de los Estados miembros a fin de solidificar un proyecto necesario no ya sólo para la paz y seguridad en la región, sino también para la independencia política, económica y energética de los Estados del Atlántico Sur.

(1) Tales son: Angola, Argentina, Benín, Brasil, Cabo Verde, Camerún, Costa de Marfil, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea-Conakri, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Liberia, Namibia, Nigeria, República del Congo, República Democrática del Congo, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica, Togo y Uruguay.

(2) El caso sudafricano resulta interesante, pues es el primer y único país hasta la fecha que, tras haber desarrollado la bomba nuclear, decretó el desmantelamiento íntegro de su programa nuclear tras la firma del  Tratado de No Proliferación Nuclear en 1991.

Limitar el trato con China y controlar la llegada de refugiados venezolanos, entre las medidas que promueve el vencedor en la primera vuelta

Con un apoyo de más del 46% de los votantes, el derechista Jair Bolsonaro obtuvo una amplia victoria en las elecciones presidenciales del 7 de octubre, que no obstante necesitarán una segunda vuelta a finales de mes. Su directo contrincante, Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, apenas llegó al 29% de los votos, lo que complica que en tres semanas la correlación de fuerzas pueda girarse. Una presidencia de Bolsonaro, por tanto, es posible y eso aconseja examinar qué política exterior nos depararía la nueva etapa.

▲ Jair Bolsonaro, en un acto de la campaña electoral [PSL]

ARTÍCULO / Túlio Dias de Assis

Uno de los dichos más conocidos que tienen los brasileños acerca de su propio país es que “O Brasil não é um país para principiantes” (Brasil no es un país para principiantes). Desde luego, dicho refrán sería muy acertado a la hora de describir la situación actual del país. El gigante latinoamericano se tambalea ante la inestabilidad provocada por una campaña electoral realmente inédita y por la posibilidad de la victoria de un candidato ciertamente divisivo.

La campaña electoral ha sido todo menos “convencional”, con un candidato intentando promover el voto desde su celda en la prisión federal de Curitiba, en Paraná, y otro siendo apuñalado en pleno acto político en las calles de Juíz de Fora, en Minas Gerais. El primero, el expresidente Luís Inácio “Lula” da Silva, tuvo que ceder finalmente el puesto a otro dirigente de su partido, Fernando Haddad, debido a su situación penal; el segundo, Jair Bolsonaro, se vio favorecido electoralmente por el apuñalamiento y la mayor dispersión del voto por el obligado abandono de Lula.

Las elecciones contaban con un variopinto grupo de candidatos representando los más dispares tipos de ideologías. En la votación de este último domingo, como ya predecían las encuestas, la pugna ha quedado reducida a dos presidenciáveis (candidatos a la presidencia), situados en las antípodas del espectro político: Bolsonaro y Haddad, candidatos del Partido Social Liberal (PSL) y del Partido de los Trabajadores (PT), respectivamente.

Así, Bolsonaro obtuvo más del 46% de los votos, superando con creces las previones de los sondeos, mientras que Haddad recibió el apoyo del 29% de los votantes. Al no sobrepasar ningún candidato el 50% de los votos este 7 de octubre, los dos presidenciales más votados pasan a una segunda vuelta, que tendrá lugar el 28 de octubre.

Jair Messias Bolsonaro, el “Trump brasileño”

Bolsonaro indudablemente es la mayor sorpresa de estas elecciones, ya que sus posturas, muy reaccionarias en algunos temas, se salen por completo del espectro político mayoritariamente socialista al que Brasil se había acostumbrado desde principios de siglo. Se trata de un militar en la reserva que durante las últimas décadas ejerció de diputado federal por el estado de Río de Janeiro. Durante su labor en la Cámara Baja, muchas de sus declaraciones, a menudo de carácter homófobo, racista y machista, se hicieron virales. Gran parte de la prensa brasileña le ha tachado de extrema derecha y ha realizado una dura campaña en su contra, similar a lo que pasó con Donald Trump en EEUU.

La controversia ha beneficiado a Bolsonaro, ampliando su base electoral. Tras el atentado en Minas Gerais, vio crecida su popularidad (subiendo en las encuestas del 22% al 32%) y mitigando algo el rechazo que provoca entre parte de la población.

En cuestiones de política interna, el candidato del PSL se caracteriza por polémicas declaraciones a favor de la revocación del estatuto de desarme (emitido durante el gobierno de Lula), una disminución del aparato burocrático estatal, la liberalización de la economía, la privatización de empresas y organismos públicos, la reducción de la mayoría de edad penal, el establecimiento de penas mayores y más duras para delitos graves y la militarización de la policía en sus enfrentamientos contra las bandas criminales dominantes en las favelas. Además, rechaza rotundamente, entre otros asuntos, la ideología de género, las cuotas de género y raciales –en todo tipo de organismos públicos– y los movimientos políticos de ideología marxista.

Política exterior. En cuanto a política internacional, Bolsonaro ha mencionado que pretende estrechar las relaciones de Brasil con EEUU –dada su simpatía hacia la política del presidente Trump–, la UE y los países democráticos de Latinoamérica; mientras que se ha posicionado radicalmente en contra del acercamiento a países con regímenes dictatoriales, entre los que ha incluido a China, Venezuela, Bolivia y Cuba. Defiende las políticas de Israel y ha prometido trasladar embajada brasilera a Jerusalén, tal como hizo el presidente Trump hace casi un año. Por último, rechaza el flujo descontrolado de inmigrantes venezolanos que entran en Brasil a través del estado de Roraima, y ha advertido que tomaría medidas drásticas para poder controlarlo, puesto que la cifra de migrantes procedentes de Venezuela ya sobrepasa los 50.000.

Fernando Haddad, el heredero del legado de Lula

Haddad ha sido alcalde de la ciudad de São Paulo y ministro de Educación durante el gobierno de Lula. Inicialmente optaba al puesto de vicepresidente, acompañando a Lula en la candidatura del PT. Pero cuando Lula vio cerradas sus opciones de forma definitiva por el Tribunal Supremo Electoral, al encontrarse encarcelado bajo condena de 12 años por corrupción, designó a Haddad como presidenciable, ya muy avanzada la campaña electoral.

Antes de la anulación de su candidatura, Lula encabezaba claramente los sondeos, pudiendo incluso a llegar a ganar en la primera votación. Ese apoyo radicaba sobre todo entre la población beneficiada por sus políticas socialistas de gran éxito durante sus dos mandatos (2003-2006 y 2007-2010), entre ellas el programa Fome Zero (Hambre Cero), que pretendía terminar con el hambre en Brasil; Primeiro Emprego (Primer Empleo), un programa enfocado en eliminar el desempleo juvenil, y el más conocido Bolsa Família, una continuación del Fome Zero concretada en ayudas familiares, cuyo éxito sacó a varios millones de brasileños de la pobreza.

Este éxito social, que afectó principalmente a las regiones del Norte y Noreste de Brasil, donde hay una mayor población por debajo de la línea de pobreza, daba al PT una sólida base electoral, aunque ligada al liderazgo de Lula. Al producirse el cambio de candidato, la popularidad del PT decayó y su intención de voto se repartió entre los demás presidenciables. Como candidato, Lula llegó a sobrepasar el 37% en la primeras encuestas; sin embargo, Haddad no llegó al 30% en la primera vuelta.

Política exterior. El PT es un partido de izquierdas que se alinea bastante con la doctrina política latinoamericana del llamado Socialismo del Siglo XXI. Su programa en política internacional es mantener buenas relaciones con los miembros de los BRICS –especialmente la cooperación con China– y de MERCOSUR, y seguir pacticipando activamente en la ONU, específicamente en órganos como el Consejo de Derechos Humanos (HRC) o la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), hoy presidida por el exministro de Lula responsable del programa Fome Zero, José Graziano da Silva. Haddad no se ha posicionado concretamente sobre el régimen de Venezuela, al contrario de Bolsonaro; sin embargo, sí ha mencionado la necesidad de ayudar en la mediación para la resolución de los conflictos internos del país vecino, sin llegar a condenar al gobierno chavista en ningún momento.

Segunda vuelta

El panorama brasileño es indudablemente muy peculiar y existe la conciencia de que estas elecciones podrían definir el rumbo del gigante tropical por cierto tiempo. Bolsonaro parte con una determinante ventaja para la segunda vuelta del próximo 28 de octubre. Haddad probablemente podrá contar con el apoyo de varios de los candidatos que han quedado por detrás, como Ciro Gomes, del PDT, o Marina Silva, del REDE (ambos exministros del gobierno de Lula), debido a la radical diferencia de la política de Bolsonaro con los candidatos “convencionales”.

La posibilidad de un triunfo final del militar en la reserva podrá movilizar a parte del electorado, aumentando la participación entre quienes quieren impedir su entrada en Brasilia. El voto del miedo a Bolsonaro que promoverá el PT y la “normalidad” con la que el polémico candidato querrá acentuar su candidatura decidirán esta recta final.

La Flota fue restaurada en 2008 debido a las alianzas geopolíticas de Venezuela

De las fuerzas navales de EEUU, la Sexta y la Séptima Flota –con base el Mediterráneo y en el Golfo Pérsico, respectivamente– son las que tradicionalmente más han aparecido en las noticias. Usualmente la Cuarta Flota pasa desapercibida. De hecho, apenas cuenta con personal, y cuando necesita barcos debe tomarlos prestados de otras unidades. Sin embargo, su restauración en 2008, después de haber sido desactivada en 1950, indica que Washington no quiere descuidar la seguridad en el Caribe frente a los movimientos de Rusia y China.

▲El USS Dwight D. Eisenhower llegando en 2010 a Mayport, Florida [US Navy]

ARTÍCULO / Dania del Carmen [Versión en inglés]

La Cuarta Flota es parte del Comando Sur de Estados Unidos. Está ubicada en Mayport, Florida, y su área de operaciones son las aguas que bañan América Central y del Sur. Los barcos que tienen su base en Mayport no pertenecen estrictamente a la base y en la actualidad no existe ninguno desplegado en las aguas de la región. El personal estacionado en la flota es de aproximadamente 160 personas, incluyendo militares, civiles federales y contratistas. Trabajan en el cuartel general del Comando Sur de las Fuerzas Navales de EEUU (USNAVSO). El comandante del Comando Sur es también comandante de la Cuarta Flota, actualmente el contraalmirante Sean S. Buck.

Originalmente se estableció en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, para proteger a EEUU de acciones navales de Alemania, tanto ataques de superficie, como de operaciones de bloqueo e incursión de submarinos. Tras terminar la guerra en 1945, la FOURTHFLT se mantuvo activa hasta 1950. En ese momento, su área de operaciones fue entregada a la Segunda Flota, que acababa de establecerse para apoyar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).[1]

La Cuarta Flota fue reactivada en 2008, durante la presidencia de George W. Bush, como reacción a posibles amenazas derivadas del sentimiento anti-estadounidense promovido por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Durante ese tiempo, Venezuela recibía préstamos de Rusia para la compra de armas y para el desarrollo militar venezolano. En 2008 Venezuela realizó un ejercicio naval conjunto con Rusia en el Caribe como forma de apoyo a las intenciones rusas de aumentar su presencia geopolítica, en contrapeso al poder de Estados Unidos.

El hecho de que Nicaragua, Bolivia y Ecuador tuvieran una ideología similar a la de Venezuela reforzó el convencimiento de Washington de reactivar la flota, como recordatorio de que EEUU mantenía su interés en ser el único poder militar en el hemisferio occidental. Aunque el territorio de EEUU difícilmente podía verse amenazado, prevenir cualquier situación de riesgo en el libre acceso al Canal de Panamá ha sido una tarea permanente para el Comando Sur. En los últimos años, Rusia ha buscado expandir su presencia militar en las Américas, a través de relaciones particulares con Cuba y Nicaragua, mientras que China ha incrementado sus inversiones en el área del Canal de Panamá.

Actividad actual

Según indica la página web de USNAVSO/FOURTHFLT en su apartado de “misión”, la Cuarta Flota “emplea fuerzas marítimas en operaciones cooperativas de seguridad marítima para mantener el acceso, mejorar la interoperabilidad y establecer asociaciones duraderas que fomenten la seguridad regional en el área de responsabilidad del USSOUTHCOM”. Como se ha mencionado, cuando se asignan barcos y otros equipos a SOUTHCOM y la Cuarta Flota, estos son provistos por otros comandos de la Armada estadounidense con responsabilidades geográficas más amplias, con base en otras partes del mundo[2].

La FOURTHFLT tiene tres líneas principales de actuación: operaciones de seguridad marítima, actividades de cooperación de seguridad y operaciones de contingencia.

—En cuanto a sus operaciones de seguridad marítima, actualmente proporciona fuerzas marítimas a la Interagency Task Force South (JIATF South) en apoyo de la Operación MARTILLO. La JIATF South “realiza operaciones de detección y monitoreo (D&M) en toda su área operativa conjunta para facilitar la interdicción del tráfico ilícito en apoyo de la seguridad nacional y de la nación socia”. Utiliza los recursos de la Cuarta Flota o emplea temporalmente otros activos, como el USS George Washington Carrier Strike Group o naves individuales de otras flotas como Norfolk, VA Fleet Forces Command o la Tercera Flota, con sede en San Diego, California. Por su parte, la Operación MARTILLO está dirigida principalmente a combatir el tráfico internacional de drogas, mejorar la seguridad regional y promover la paz, la estabilidad y la prosperidad en América Central y del Sur. Como parte de la Operación MARTILLO, en una operación conjunta con la Guardia Costera de los EEUU, el USS Vandegrift detuvo en 2014 a un buque sospechoso frente a las costas de América Central. El personal de seguridad encontró casi dos mil libras de cocaína. Más recientemente, en enero de 2015, el USS Gary y la Guardia Costera de EEUU decomisaron más de 1,6 toneladas de cocaína de una embarcación rápida. Sin embargo, la ausencia de activos dedicados de la Cuarta Flota demuestra que sus misiones antinarcóticos son una prioridad menor para la Armada de EEUU, aunque son significativamente menos exigentes, desde el punto de vista operativo.

—En lo que respecta a las actividades de cooperación de seguridad, los dos principales eventos de participación con otras naciones son los ejercicios UNITAS y PANAMAX. UNITAS se concibió en 1959 y se realizó por primera vez en 1960. Es un ejercicio anual cuyo propósito es demostrar el compromiso de Estados Unidos con la región y con el mantenimiento de relaciones sólidas con sus socios. PANAMAX se remonta a 2003 y se ha convertido en uno de los ejercicios de entrenamiento multinacionales más grandes del mundo. Se centra principalmente en garantizar la defensa del Canal de Panamá, una de las infraestructura más estratégicas y económicamente importantes del mundo..

—Por último, la Flota siempre está lista para llevar a cabo operaciones de contingencia: básicamente asistencia humanitaria y ayuda en casos de desastre. El buque hospital de la Armada de EEUU viaja regularmente por toda el área del Caribe y América Central para proporcionar apoyo humanitario. En el marco del programa Continuing Promise 2015, el buque Comfort visitó un total de 11 países, desde Guatemala hasta Dominica, llevando a cabo procedimientos como cirugía general, cirugía oftalmológica, servicios veterinarios y capacitación en salud pública. El buque participó previamente en los programas de 2007, 2009 y 2011.

Objetivos cumplidos a coste razonable

Como parte integrada del Comando Sur, la Cuarta Flota ha actuado en operaciones humanitarias importantes, como la respuesta al terremoto en Haití en enero de 2010. La FOURTHFLT tuvo el comando naval en la Operación Respuesta Unificada, que fue la mayor respuesta de contingencia en asistencia humanitaria y ayuda en desastres.

El presupuesto para esas misiones no depende solo de la Marina, como declaró un portavoz del Comando Sur, sino que también hay una contribución de recursos de “otras entidades estadounidenses, como la Guardia Costera y la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, las cuales también aportan plataformas y fuerzas, tanto marítimas como aéreas, que son clave para el apoyo de esas misiones. Por lo tanto, estamos buscando un buen contrapeso de gasto-recompensa”.

Además desarrollar actuaciones humanitarias efectivas, a un coste económico limitado, la Cuarta Flota no deja de cumplir también el propósito de que Estados Unidos tenga una presencia militar significativa en el Hemisferio Occidental ante los ojos de los Estados latinoamericanos y caribeños, y también de superpotencias como Rusia y China.

1. La Segunda Flota se desactivó en 2011 y se restableció en 2018.

2. REICH, Simon and DOMBROWSKI, Peter. The End of Grand Strategy. US Maritime Operations In the 21st Century. Cornell University Press. Ithaca, NY, 2017. p. 144

Tras siglos de orientación caribeña, el enclave acentúa la relación con sus vecinos del continente

Hace dos años, Surinam y Guyana pasaron a formar parte de la federación sudamericana de fútbol, abandonando la federación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe a la que pertenecían. Es un claro símbolo del cambio de orientación geográfica que está operando este rincón noreste sudamericano que, como en el caso del fútbol, ve el potencial de una mayor relación con sus vecinos del sur.

ARTÍCULO / Alba Redondo

Como vestigios del pasado colonial de las grandes potencias navales europeas del siglo XVII –Inglaterra, Holanda y Francia–, encontramos en el noreste de Sudamérica las tres Guayanas: Guyana, Surinam y la Guayana Francesa. Además de las barreras naturales que aíslan la región y dificultan su conexión con el resto del continente sudamericano –tiene más relación con el Caribe, aunque su costa atlántica queda fuera de ese mar–, existen también barreras sociales, culturales e idiomáticas que complican su integración en el continente.

Situada al noreste del continente sudamericano, la región fue denominada Guayana o “tierra de muchas aguas” por sus habitantes originales, los Arahuacos. El área limita al oeste con Venezuela y al sur con Brasil, países que también incluyen tierras que forman parte de la región natural guayanesa. Los terrenos húmedos y costas tupidas de manglares y pantanos, se aúnan con el clima tropical del interior, particular por sus selvas vírgenes, sus altiplanos y sus grandes cordilleras como el Escudo guayanés. Su población, que va desde indígenas hasta descendientes europeos, se localiza en el área costera y en los valles de los ríos.

Se habla de las Guayanas de manera conjunta no solo por formar un territorio común para los nativos, sino también por quedar al margen del reparto continental que hicieron los dos grandes imperios de la Península Ibérica. Siendo un territorio de no fácil acceso desde el resto del continente, la falta de presencia de españoles y portugueses propició que otras potencias europeas del momento buscaran poner allí un pie, en campañas de exploración llevadas a cabo durante el siglo XVII. La Guayana inglesa ganó la independencia en 1970 y la holandesa lo hizo en 1975. La Guayana Francesa sigue siendo un departamento y una región de ultramar de Francia y, por consiguiente, un territorio ultraperiférico de la Unión Europea en Sudamérica.

Las tres desconocidas

Al oeste de la región se encuentra Guyana, conocida oficialmente como República Cooperativa de Guyana. El país tiene una población en torno a 773.000 habitantes, localizados mayoritariamente en Georgetown, su capital. Su idioma oficial es el inglés, legado de su pasado colonial. La realidad política-social guyanesa está marcada por la convivencia conflictiva entre los dos grandes grupos étnicos: los afroguyaneses y los indoguyaneses. Su política interior se caracteriza por el bipartidismo entre el PNC (People´s National Congress) formado por los afrodescendientes concentrados en los centros urbanos; y el PPP (People Progressive Party), con mayor influencia en la zona rural, constituido por descendientes de inmigrantes de la India llegados durante el Imperio británico y que trabajan en las plantaciones de azúcar.

Pese a un reciente aumento de la inversión extranjera, Guyana es el país más pobre y con mayor índice de criminalidad, violencia y suicidio del continente. Además, su imagen internacional está condicionada por su percepción como área referente en la distribución internacional de cocaína y su elevado índice de corrupción. Sin embargo, el futuro del país apunta a un ingreso dentro de las grandes potencias petroleras mundiales tras el descubrimiento de uno de los mayores yacimientos de petróleo y gas descubierto en nuestra década.

Al igual que Guyana, la vida política de la República de Surinam está sujeta a un gran mosaico étnico-cultural. La antigua colonia neerlandesa, con capital en Paramaribo, es el país más pequeño y menos poblado de Sudamérica, con tan solo 163. 821 habitantes. Tras su independencia en 1975, más de un tercio de la población emigró a la metrópolis (Holanda). Esto produjo una gran crisis estructural por la falta de capital humano en el país. Surinam está conformado por descendientes de casi todos los continentes: africanos, indios, chinos y javaneses, aborígenes y europeos.  Su política interior está marcada por la influencia de Desiré Bouterse y por las aspiraciones democráticas de la sociedad. Respecto a su política exterior, Surinam apuesta por un mejor control de las exportaciones de sus recursos, principalmente el aluminio, y por una progresiva integración en la esfera regional e internacional, en la mayoría de los casos, junto a su país vecino, Guyana.

A diferencia de las otras dos Guayanas, Guayana francesa no es un país independiente, sino que se trata de una región de ultramar de Francia, de la que se encuentra a más de 7.000 km de Francia. La capital de este territorio es Cayena. Durante mucho tiempo fue utilizada por Francia como colonia penal. Tiene la tasa de homicidio más alta de todo el territorio francófono y es conocida por su alto nivel de criminalidad. Como departamento galo, es parte de la Unión Europea y sede del Centro Espacial Guayanés, albergando una de las principales estaciones europeas de lanzamiento de satélites en Kourou. Guayana francesa se enfrenta al creciente desempleo, la falta de recursos para la educación y la insatisfacción de su población que ha dado lugar a numerosas protestas.

Cambio de orientación

Debido a la fuerte relación histórica con sus respectivas metrópolis y a su independencia tardía, tradicionalmente ha existido una importante barrera entre las Guayanas y Sudamérica. Geográficamente se encuentran arrinconadas en la costa norte de Sudamérica, con dificultad de desarrollar contactos hacia el sur, debido a la orografía del macizo guayanés y la selva amazónica. Pero también ha habido razones culturales y lingüísticas que contribuyeron a una aproximación entre esta región y el oeste caribeño, donde Inglaterra, Holanda y Francia tuvieron –y siguen teniendo en algunos casos– posesiones isleñas.

Sin embargo, tras un gran periodo de relativo aislamiento, de apenas relación con vecinos sureños, las repúblicas de Surinam y Guyana han empezado a incorporarse a la dinámica de integración económica y política de América del Sur.

Tradicionalmente, los dos Estados han tenido una mayor relación con el Caribe: ambos son miembros plenos del CARICOM, siendo Georgetown la sede de esta comunidad de países caribeños, y forman parte de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), con la peculiaridad de la presencia de Guayana Francesa como asociado. En los últimos años, Surinam y Guayana han comenzado a mirar más hacia el propio continente: así han participado en la creación de Unasur y son países observadores de Mercosur. Símbolo de ese cambio de orientación fue el ingreso en 2016 de esos dos países en Conmebol, la federación sudamericana de fútbol, abandonando la federación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe a la que pertenecían.

Esa mayor relación con sus vecinos continentales y la participación en el proceso de integración sudamericano debiera servir para resolver algunas cuestiones limítrofes pendientes, como la disputa que mantienen Venezuela y Guyana: Caracas ha reclamado históricamente el territorio que se extiende entre su frontera y el río Esequibo, que discurre por la mitad Guyana. No obstante, a medida que otras controversias territoriales latinoamericanas se van resolviendo en los tribunales internacionales, la del Esequibo amenaza de momento con perpetuarse.

▲Firma del acuerdo de paz en Cartagena, en septiembre de 2016, antes del referéndum que lo rechazó y que llevó a algunas modificaciones del texto [Gobierno de Chile]

ANÁLISIS / Camila Oliveros

El Acuerdo de Paz firmado el 26 de noviembre de 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) es uno de asuntos más decisivos en las elecciones de este 17 de junio, en su segunda vuelta, y del próximo mandato presidencial.

Luego de unas largas negociaciones entre el Gobierno y las FARC en La Habana, y de la introducción de modificaciones en el texto inicialmente pactado, a raíz del triunfo del “no” en el plebiscito convocado, el acuerdo de paz fue finalmente firmado en noviembre del 2016. La larga duración de las negociaciones y el resultado del plebiscito demuestran que el acuerdo de paz es algo especialmente controversial en Colombia, donde este conflicto de 52 años supuso la muerte de 220.000 personas y el desplazamiento forzado de casi 6 millones, además de 25.000 desaparecidos y casi 30.000 secuestrados.

Claramente, todos los colombianos ansían tener una paz duradera, pero mientras unos creen que lo redactado en La Habana es la solución para lograr esa paz, otros consideran que todavía se le pueden hacer varias modificaciones al texto. La decisión sobre eso y sobre la rapidez de la implementación del acuerdo queda en manos del próximo presidente.

Grado de implementación

Por ahora, luego de más de un año de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, se pueden resaltar tanto elementos negativos como positivos en la implementación de lo pactado en La Habana. Según el Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz, a comienzos de 2018, antes de que el país entrara en el largo proceso electoral en el que se encuentra, solo se había cumplido el 18.3% del acuerdo. Es una cifra relativamente baja, que en parte puede deberse a la insuficiencia de recursos económicos y humanos para implementar los acuerdos con rapidez y eficacia, y no tanto a una falta de compromiso por parte del Gobierno.

Sin embargo, frente a ese bajo porcentaje de lo que ya se ha implementado, hay otras cifras que demuestran que el acuerdo está teniendo algunos resultados positivos. Es el caso de la disminución de la tasa de homicidios en Colombia. Esta pasó a ser una de las más bajas en treinta años, con 24 muertes por cada 100.000 habitantes. Además, el número de personas desplazadas se redujo casi a la mitad, ya que de 91.045 desplazados en 2016 se pasó a 48.335 en 2017, según la Unidad de Víctimas. El número de desplazados ya se había ido reduciendo notablemente los años anteriores, incluso a mayor ritmo: en 2002 la cifra había sido de 757.240 personas; en los siguientes 14 años se produjo un descenso de 47.598 personas de promedio anual, incluidos los 8 años de presidencia de  Álvaro Uribe, que ha sido el gran opositor a los términos del acuerdo de paz.

También el número de víctimas por minas antipersonales se ha reducido: pasó de 72 en 2016 a 58 en 2017, lo que ha ayudado a generar un clima de mayor confianza en las comunidades rurales.

Es importante resaltar que en las zonas que se habían visto más afectadas por el conflicto armado, de acuerdo con lo establecido por el acuerdo de paz, se han podido constituir nuevas compañías que se benefician de los mecanismos previstos para las “zonas más afectadas por el conflicto armado” o Zomac. Sin embargo, esas empresas se encuentran con un entorno complicado, pues aunque las FARC han completado las diversas fases de su desmovilización, como la entrega de armas y la devolución de los menores reclutados, en diversas zonas siguen actuando las disidencias de las FARC y otros grupos dedicados al narcotráfico.

Aunque ha habido algunos avances, queda por delante aún la implementación de la mayor parte del acuerdo. ¿Cómo lo afrontan los dos candidatos presidenciales, Iván Duque y Gustavo Petro?

Duque o Petro

Iván Duque es un abogado y político que ha sido senador de la República por el Centro Democrático, partido encabezado por el expresidente Uribe, gran opositor del acuerdo de paz. Eso ha llevado a muchos a pensar que si Duque llega a la presidencia, dejará en papel mojado el acuerdo de La Habana, sin darle cumplimiento en sus cuatro años de mandato. Su propuesta de gobierno está orientada a mejorar la economía, reduciendo los impuestos de las grandes empresas, financiando el emprendimiento de los jóvenes y privilegiando la inversión. Además, promueve una gran reforma de la justicia colombiana.

Gustavo Petro es economista y político, pero además desmovilizado de la guerrillera del M-19. Es del partido político Movimiento Progresista, de centro izquierda. Petro propone un modelo económico de tonos socialistas que se centra en “cambiar el modelo extractivista” y en potenciar las políticas agrícolas. Los ejes centrales de su propuesta de gobierno están en el ámbito público, garantizado plenamente los derechos a la salud, a la educación de “calidad, pluralista, universal y gratuita”.

Colombia nunca ha elegido a un candidato de izquierda para ser presidente de la República, quizá porque a la izquierda se la identifica con el comunismo y eso la asocia a las FARC. En cualquier caso, Petro no se ha mostrado en contra de los acuerdos de La Habana, y eso le hace atractivo para muchos colombianos que desean preservar lo pactado en el 2016, con la esperanza de terminar el conflicto armado vivido por el país.

Lo cierto es que es difícil dar marcha atrás jurídicamente en el acuerdo de paz, ya que una reforma constitucional estableció que los próximos tres gobiernos están obligados a cumplir lo pactado. Si gana Duque, el acuerdo de paz puede estar sujeto a más cambios, pero de ninguna forma Duque es sinónimo de guerra y Petro de paz. 

Como lo ha expresado Duque, hacer ciertas modificaciones a los acuerdos no es acabarlos. El candidato del Centro Democrático sostiene que el acuerdo debe tener ciertos ajustes que permitan alcanzar una paz “creíble, sostenible y cimentada en la justicia”. De acuerdo con sus propuestas, los principales cambios que impulsaría serían los dos siguientes:

Jurisdicción Especial y participación política

El primero tiene que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ya que Iván Duque en su plan de gobierno busca simplificar el sistema de justicia colombiano, pasando de las seis cortes actuales a solo una, con el propósito de conseguir mayor rapidez y eficacia en los procesos judiciales. Sin embargo, con este cambio el poder puede verse altamente concentrado y centralizado. Una modificación de la JEP prevista en el acuerdo de paz puede causar cierta incertidumbre entre los antiguos guerrilleros, con los que se había acordado cierta indulgencia.

Por otro lado, el gran cambio que podría hacer Duque tiene que ver con la participación política. Cree en que los ex integrantes de las FARC que hayan sido responsables de crímenes de lesa humanidad no pueden llegar al Congreso sin haber cumplido una pena. Duque asegura que no busca acabar con el punto 2 del acuerdo de paz, que habla de la participación política de los ex guerrilleros en el Congreso. Si a un miembro del Congreso se le ratifica una condena por un crimen de este tipo, debería dejar su curul y ser sustituido por alguien de su mismo grupo que no tenga ningún crimen de lesa humanidad.

Aunque en el caso de ganar las elecciones, Gustavo Petro no planteara especiales modificaciones a los acuerdos, sea quien sea el próximo presidente tendrá serios retos en relación al proceso de paz.

Retos más importantes en el próximo mandato presidencial

La presencia de las disidencias de las FARC en zonas fronterizas del país es uno de los retos que tendrá el próximo presidente; no solo por cuestiones de seguridad, sino por su vinculación con la producción de droga, que ha aumentado un 52%. El Gobierno tiene constancia de que alrededor del 10% de la fuerza de combate de las FARC se ha mantenido en la lucha armada, lo que supone un volumen de al menos 700 individuos, si bien otras entidades incluso doblan esa cifra. Esa disidencia actúa en quince diferentes grupos, que se han venido concentrado en zonas del país como Nariño, Norte de Santander y el Cauca. Además, otro de los grupos armados, el ELN (Ejército de Liberación Nacional), ha comenzado a incrementar su presencia en ciertas zonas fronterizas, como el Norte de Santander. Esto, no solo supone una amenaza para la seguridad colombiana sino que además puede detonar una guerra entre grupos guerrilleros y de crimen organizado para por el control del negocio de la producción ilegal de coca y el narcotráfico.

Frente a la presencia aún de grupos armados en parte del territorio colombiano, ambos candidatos defienden el aumento de los efectivos militares en las zonas conflictivas. Sin embargo, frente a la erradicación de los cultivos ilegales, Iván Duque aboga por el uso del glifosato, un fuerte herbicida cuyo empleo es rechazado por Gustavo Petro alegando sus efectos medioambientales. El uso de este químico, algo polémico en Colombia, podría ser asumido como una forma eficaz de acabar con los cultivos ilícitos si su contaminación es contrarrestada, por ejemplo, sembrando nuevos árboles en las zonas que se logre erradicar la producción de coca. En cualquier caso, parte de los ambientalistas han utilizado la imagen negativa del glifosato para pedir el voto para Petro en la segunda vuelta electoral.

Otro de los grandes retos con el cual se va a enfrentar el próximo presidente es el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP es un organismo que está encargado de juzgar a los exguerrilleros. Tiene competencias judiciales y “representa la columna de los acuerdos firmados”. Está compuesta por cinco órganos, cada uno encargado de que se cumplan partes esenciales del acuerdo: “la Sala de Reconcomiendo de Verdad y Responsabilidad, la Sala de Amnistía e Indulto, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, la Unidad de Investigación y acusación, y el tribunal para la Paz”. La JEP es un organismo complejo del depende especialmente el avance el proceso de paz. De hecho, una de las razones de los grandes atrasos que ha sufrido la implementación del acuerdo ha sido la lentitud en la constitución de esta institución, que no comenzó a funcionar hasta el pasado mes de enero. Sin embargo, los obstáculos sufridos por la JEP no solo han tenido que ver con falta de actividad, sino con asuntos como el caso de Jesús Santrich.

Santrich, uno de los jefes guerrilleros, que fue negociador en La Habana por parte de las FARC y recibió uno de los puestos asignados al nuevo partido en el Congreso, resultó arrestado en abril, acusado de participar en un plan para llevar 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Con base en una investigación de la DEA, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, las autoridades judiciales estadounidenses pidieron su detención y ahora esperan su extradición. Sin embargo, teniendo en cuenta que todos los miembros de las FARC deben ser juzgados por la JEP, y que este organismo no contempla la extradición, Jesús Santrich no podría ser entregado a Estados Unidos. Además, de momento no hay pruebas de cuándo se cometieron los atribuidos crímenes de narcotráfico, por lo que por ahora no se ha podido determinar si ocurrieron antes o después de la creación de la JEP. El ex guerrillero está preso en una cárcel de Bogotá y las FARC insisten en que sea puesto en libertad. El próximo presidente tendrá que determinar cómo proceder con el caso. Esto es además una muestra de que hay lagunas en el acuerdo, lo que genera mucha incertidumbre y da margen para que el próximo presidente pueda tomar varios rumbos.

Más allá de la paz

El próximo 17 de junio, en la segunda vuelta presidencial entre Iván Duque y Gustavo Petro, se decide el futuro de Colombia. Por más de que muchos colombianos creen que se decide entre guerra o paz, es errado decir esto. Como ya fue discutido antes, el acuerdo de paz es muy difícil de retroceder jurídicamente. El fondo de lo pactado debe ser respetado por los próximos tres gobiernos. Aunque sea cierto que con el candidato del Centro Democrático en el poder el acuerdo puede sufrir más modificaciones que las que aplicaría el candidato del Movimiento Progresista, la posibilidad de consolidar la paz sigue estando abierta con cualquiera de los dos. Más allá de la paz, también está en juego el modelo económico y social de la sociedad colombiana. Así la paz sea uno de los temas más importantes, el próximo presidente no debe dejar atrás otros elementos tan relevantes como son la corrupción, la seguridad, el comercio y la economía en el mandato presidencial 2018-2022 de la República de Colombia. La posición de los candidatos frente a estos temas debe también influir en los votantes.

Trump ha mantenido varias de las medidas aprobadas por Obama, pero ha condicionado su aplicación

Donald Trump no ha cerrado la embajada abierta por Barack Obama en La Habana y se ha ajustado a la letra de las normas que permiten solo ciertos viajes de estadounidenses a la isla. Sin embargo, su imposición de no establecer relaciones comerciales o financieras con empresas controladas por el aparato militar-policial cubano ha afectado al volumen de intercambios. Pero ha sido sobre todo su retórica anticastrista la que ha devuelto la relación casi a la Guerra Fría.

▲Barack Obama y Raúl Castro, en el partido de béisbol al que acudieron durante la visita del presidente estadounidense a Cuba, en 2016 [Pete Souza/Casa Blanca]

ARTÍCULO / Valeria Vásquez

Durante más de medio siglo las relaciones entre Estados Unidos y Cuba estuvieron marcadas por las tensiones políticas. Los últimos años de la presidencia de Barack Obama marcaron un significativo cambio con el histórico restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países y la aprobación de ciertas medidas de apertura de Estados Unidos hacia Cuba. La Casa Blanca esperaba entonces que el clima de creciente cooperación impulsara las modestas reformas económicas que La Habana había comenzado a aplicar con antelación y que todo ello trajera con el tiempo transformaciones políticas a la isla.

La falta de concesiones del Gobierno cubano en materia de libertades y derechos humanos, sin embargo, fue esgrimida por Donald Trump para dar marcha atrás, a su llegada al poder, a varias de las medidas aprobadas por su antecesor, si bien ha sido sobre todo su retórica anticastrista la que ha creado un nuevo ambiente hostil entre Washington y La Habana.

Era Obama: distensión  

En su segundo mandato, Barack Obama comenzó negociaciones secretas con Cuba que culminaron con el anuncio en diciembre de 2014 de un acuerdo para el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países. Las respectivas embajadas fueron reabiertas en julio de 2015, dando así por superada una anomalía que databa de 1961, cuando la Administración Eisenhower decidió romper relaciones con el vecino antillano ante la orientación comunista de la Revolución Cubana. En marzo de 2016 Obama se convirtió en el primer presidente estadounidense en visitar Cuba en 88 años.

Más allá de la esfera diplomática, Obama procuró también una apertura económica hacia la isla. Dado que levantar el embargo establecido por EEUU desde hace décadas requería la aprobación del Congreso, donde se enfrentaba a la mayoría republicana, Obama introdujo ciertas medidas liberalizadoras mediante decretos presidenciales. Así, rebajó las restricciones de viaje (apenas cambió la letra de la ley, pero sí relajó su práctica) y autorizó elevar el volumen de compras que los estadounidenses podían hacer en Cuba.

Para Obama, el embargo económico era una política fallida, pues no había logrado su propósito de acabar con la dictadura cubana y, por consiguiente, había prolongado esta. Por ello, apostaba por un cambio de estrategia, con la esperanza de que la normalización de las relaciones –diplomáticas y, progresivamente, económicas– ayudaran a mejorar la situación social de Cuba y contribuyeran, a medio o largo plazo, al cambio que el embargo económico no ha conseguido. Según Obama, este había tenido un impacto negativo, pues asuntos como la limitación del turismo o la poca inversión extranjera directa habían afectado más al pueblo cubano que a la nomenclatura castrista.

Una nueva relación económica

Ante la imposibilidad de levantar el embargo económico a Cuba, Obama optó por decretos presidenciales que abrían algo las relaciones comerciales entre los dos países. Varias medidas iban dirigidas a facilitar un mejor acceso a internet de los cubanos, lo que debiera contribuir a impulsar exigencias democratizadoras en el país. Así, Washington autorizó que empresas de telecomunicaciones americanas establecieran negocios en Cuba.

En el campo financiero, Estados Unidos permitió que sus bancos abrieran cuentas en Cuba, lo que facilitó la realización de transacciones. Además, los ciudadanos cubanos residentes en la isla podían recibir pagos en EEUU y enviarlos de vuelta a su país.

Otra de las medidas adoptadas fue el levantamiento de algunas de las restricciones de viaje. Por requerimiento de la legislación de EEUU, Obama mantuvo la restricción de que los estadounidenses solo pueden viajar a Cuba bajo diversos supuestos, todos vinculados a determinadas misiones: viajes con finalidad académica, humanitaria, de apoyo religioso... Aunque seguían excluidos los viajes puramente turísticos, la falta de control que deliberadamente las autoridades estadounidenses dejaron de aplicar significaba abrir considerablemente la mano.

Además de autorizar las transacciones bancarias relacionadas con dichos viajes, para atender el previsto incremento de turistas se anunció que varias compañías aéreas estadounidenses como JetBlue y American Airlines habían recibido la aprobación para volar a Cuba. Por primera vez en 50 años, a finales de noviembre de 2016 un avión comercial estadounidense aterrizaba en La Habana.

El presidente estadounidense también eliminó el límite de gasto que tenían los visitantes estadounidenses en la compra de productos de uso personal (singularmente cigarros puros y ron). Asimismo, promovió la colaboración en la investigación médica y aprobó la importación de medicinas producidas en Cuba.

Además, Obama revocó la política de “pies secos, pies mojados”, por la que los cubanos que llegaban a suelo de Estados Unidos recibían automáticamente el asilo político, mientras que solo eran devueltos a la isla aquellos que fueran interceptados por Cuba en el mar.

La revisión de Trump

Desde su campaña electoral, Donald Trump mostró señales claras sobre el rumbo que tomarían sus relaciones con Cuba si alcanzaba la presidencia. Trump anunció que revertiría la apertura hacia Cuba llevada a cabo por Obama, y nada más llegar a la Casa Blanca comenzó a robustecer el discurso anticastrista de Washington. El nuevo presidente dijo estar dispuesto a negociar un “mejor acuerdo” con la isla, pero con la condición de que el Gobierno cubano mostrara avances concretos hacia la democratización del país y el respeto de los derechos humanos. Trump planteó un horizonte de elecciones libres y la liberación de prisioneros políticos, a sabiendas de que el régimen cubano no accedería a esas peticiones. Ante la falta de respuesta de La Habana, Trump insistió en sus propuestas previas: mantenimiento del embargo (que en cualquier caso la mayoría republicana en el Congreso no está dispuesta a levantar) y marcha atrás en algunas de las decisiones de Obama.

En realidad, Trump ha mantenido formalmente varias de las medidas de su antecesor, si bien la prohibición de hacer negocios con las compañías controladas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), que dominan buena parte de la vida económica cubana, y el respeto por la letra en las restricciones de viajes han reducido el contacto entre EEUU y Cuba que había comenzado a darse al final de la era Obama.

Trump ha ratificado la derogación de la política de “pies secos, pies mojados” decidida por Obama y ha mantenido las relaciones diplomáticas restablecidas por este (aunque ha paralizado el nombramiento de un embajador). También ha respetado la tímida apertura comercial y financiera operada por el presidente demócrata, pero siempre que las transacciones económicas no sucedan con las empresas vinculadas al Ejército, la inteligencia y los servicios de seguridad cubanos. En tal sentido, el Departamento del Tesoro publicó el 8 de noviembre de 2017 una lista de empresas de esos sectores con los que no cabe ningún tipo de contacto estadounidense.

En cuanto a los viajes, se mantienen los restringidos supuestos para los desplazamientos de estadounidenses a la isla, pero frente a la vista gorda adoptada por la Administración Obama, la Administración Trump exige que los estadounidenses que quieran ir a Cuba deberán hacerlo en tours realizados por empresas americanas, acompañados por un representante del grupo patrocinador y con la obligación de comunicar los detalles de sus actividades. La normativa del Tesoro requiere que las estancias sean en hostales privados (casas particulares), las comidas en restaurantes regentados por individuos (paladares) y se compre en tiendas sostenidas por ciudadanos (cuentapropistas), con el propósito de “canalizar los fondos” lejos del ejercito cubano y debilitar la política comunista.

La reducción de las expectativas turísticas llevó ya a finales de 2017 a que varias aerolíneas estadounidenses hubieran cancelado todos sus vuelos a la isla caribeña. La economía cubana había contado con un gran aumento de turistas de EEUU y sin embargo ahora debía enfrentarse, sin mayores ingresos, al grave problema de la caída de los envíos de petróleo barato de Venezuela.

Futuro de las relaciones diplomáticas

La mayor tensión entre Washington y La Habana, sin embargo, no ha estado en el ámbito comercial o económico, sino en el diplomático. Tras una serie de aparentes “ataques sónicos” a diplomáticos estadounidenses en Cuba, Estados Unidos retiró a gran parte de su personal en Cuba y expulsó a 15 diplomáticos de la embajada cubana en Washington. Además, el Departamento de Estado hizo una recomendación de no viajar a la isla. Si bien no se ha aclarado el origen de esos supuestos ataques, que las autoridades cubanas niegan haber realizado, podría tratarse del efecto secundario accidental de un intento de espionaje, que finalmente habría acabado causando daños cerebrales en las personas objeto de seguimiento.

El futuro de las relaciones entre los dos países dependerá del rumbo que tomen las políticas de Trump y del paso de las reformas que pueda establecer el nuevo presidente cubano. Dado que no se prevén muchos cambios en la gestión de Miguel Díaz-Canel, al menos mientras viva Raúl Castro, el inmovilismo de La Habana en el campo político y económico se seguiría topando probablemente con la retórica antirevolucionaria de Trump.

Oportunidades y retos de las relaciones chino-panameñas, a un año del establecimiento de relaciones diplomáticas

En junio de 2016, Panamá inauguró la ampliación de su Canal. En junio de 2017, el gobierno panameño decidió establecer relaciones diplomáticas con China (Centroamérica ha sido un tradicional aliado de Taiwán), dando así pie al flujo de nuevas inversiones chinas en un Canal revitalizado con la ampliación. Cuando se cumple un año del establecimiento de relaciones, he aquí un repaso de las oportunidades y los retos que supone la mayor presencia china en el istmo.

▲Portacontenedores de la naviera china COSCO, haciendo el tránsito número 2.000 en el Canal ampliado, en septiembre de 2017 [Canal de Panamá]

ARTÍCULO / Ximena Barria

En la última década, la República Popular China se ha esforzado por aumentar su presencia en diferentes regiones del mundo. La proyección de China como potencia global ha hecho que ninguna región le resulte ajena y que apenas haya países que no busquen activamente el intercambio comercial con el gigante asiático. Por ello, no es sorpresa que China haya querido aumentar su actividad en torno al Canal de Panamá, y que este país centroamericano haya establecido relaciones diplomáticas con Pekín, rompiendo la tradicional relación con Taiwán.

La privilegiada geografía de Panamá y su rápido crecimiento económico en la región son dos importantes aspectos tenidos en cuenta con por China. El Canal de Panamá ofrece un acceso ventajoso a los océanos Atlántico y Pacífico y por él pasa alrededor de un 6% del comercio marítimo global. En ocasiones se habló del interés chino por construir un canal en Nicaragua, algo que en realidad nunca estuvo en la agenda de Pekín. China ve en Panamá un importante punto geoestratégico desde el que proyectar su política exterior en América Latina, lo que sin duda intranquiliza a Washington.

El 13 de junio de 2017, la República de Panamá y la República Popular China anunciaron el establecimiento de relaciones diplomáticas. Con ello, Panamá reconocía al gobierno de Pekín como como gobierno legítimo chino y rompía las previas relaciones diplomáticas establecidas con Taipéi. Las nuevas relaciones chino-panameñas dieron paso a 19 acuerdos en diversas áreas.

Proyectos chinos en el istmo

En un país especialmente abierto al comercio y las transacciones de todo tipo como es Panamá, la población de origen chino siempre ha tenido una relativa presencia. La comunidad china en Panamá está integrada por unas 135.000 personas, lo que supone un 4% de sus 4 millones de habitantes.

Desde 1911, Panamá había mantenido relaciones diplomáticas con China. No obstante, tras la derrota del Partido Nacionalista Chino y la victoria del comunismo de Mao Zedong el Estado panameño decidió mantener relaciones diplomáticas con Taiwán, por su postura capitalista, durante la Guerra Fría. Desde 1949, Panamá se mantuvo como uno de los mayores aliados de Taiwán hasta su ruptura en 2017.  

A pesar del reconocimiento a Taipéi, las relaciones comerciales entre Panamá y la República Popular China fueron en aumento los últimos años, generando un volumen de intercambio mayor que el registrado entre el país centroamericano y Taiwán.

El motor económico más importante de Panamá es el Canal, que une los océanos Atlántico y Pacífico y constituye una de las rutas más importantes del comercio mundial. Los ingresos procedentes del Canal generan una tercera parte del Producto Interno Bruto panameño.  Con el transcurso de los años, China se ha convertido en un importante cliente del Canal, pasando a ser su segundo mayor usuario después de Estados Unidos. El primer barco que atravesó el Canal ampliado, en la inauguración celebrada en junio de 2016, fue justamente un buque de la naviera china COSCO, al que le correspondió tal honor por sorteo.

China es el máximo proveedor de la Zona Libre de Colón (ZLC), localizada en el litoral caribeño de Panamá, junto a la boca norte del Canal. Es la zona franca más importante de América y la segunda del mundo, con un volumen anual de importaciones y reexportaciones de $16.160 millones. En el primer semestre de 2017, la ZLC importó mercancías de China por valor de $1.344 millones. Asimismo, importantes empresas chinas han buscado establecerse en la ZLC aprovechando las ventajas estratégicas que ofrece.

China también ha anunciado la construcción de un puerto de contenedores en el área de Colón, que tendrá instalaciones para la recepción de gas natural licuado. La construcción proyectada tiene un coste estimado de $900 millones. La construcción resultará en la primera terminal de contenedores diseñados para manejar los barcos Neopanamax, que poseen las dimensiones máximas para transitar el canal.

En el ámbito de las comunicaciones, la República Popular China expresó su interés en la realización de una infraestructura ferroviaria que conecte la capital de Panamá y la provincia de Chiriquí, recorriendo una distancia de cuatrocientos kilómetros. En cuanto al transporte aéreo, la aerolínea Air China se comprometió a realizar la ruta Ciudad de Panamá-Pekín dos veces a la semana. Panamá cuenta con el hub aéreo más importante de América Latina y tener un vuelo directo a Pekín supone una importante oportunidad para acercar los mercados asiáticos a América Latina.

Además, Panamá dispone de un importante y diversificado centro financiero que resulta atractivo para los bancos chinos como puerta estratégica para establecerse en la región. La presencia de Bank of China, con más de 30 años en el país, y futuros establecimientos de otras entidades como el Banco Industrial y Comercial, Exim Bank y China Development Bank contribuirán a aumentar el flujo de capitales chinos hacia Panamá. A su vez, esto diversificará y hará cada vez más dinámico el sector bancario panameño.

El reto panameño de aprovechar la oportunidad

Conseguir que esta mayor relación con China y el mercado asiático beneficie estructuralmente a Panamá y no degenere en una futura situación de dependencia presenta importantes retos para un país que está en vías de desarrollo. Panamá deberá aumentar la productividad en sectores como el agropecuario y la industria, capacitar más personal y crear un marco transparente de instituciones financieras.

El sector agropecuario presenta dificultades de comercialización y una ausencia de políticas agrícolas que permitan producir y vender cultivos a precios justos. En los últimos años, ha habido un déficit de tierras para fines de comercialización de cultivos a consecuencia de las sequías e inundaciones. Otro reto son las importaciones de alimentos, ya que muchos productos extranjeros importados son más baratos y eso provoca una caída en los precios de los productos nacionales que hace que su producción no sea rentable para el agricultor.

El aumento de la productividad industrial va de la mano del esfuerzo de formación de un mejor capital humano. Actualmente, en la república panameña hay falta de preparación de personas que pueden manejar importantes empresas. En 2015, el número de matriculados en las universidades alcanzó solamente un escaso número de 160.000 estudiantes. El gobierno panameño deberá impulsar proyectos de formación técnica y becas para incrementar ese número con el fin de que a largo plazo haya más personal capacitado para las nuevas empresas que arribarán.  

La estructura financiera panameña también deberá prepararse para crear nuevas legislaciones que contribuyan a dar seguridad jurídica. Con el fin de armonizar el sector financiero con los convenios internacionales contra el lavado de dinero, el gobierno panameño deberá establecer reformas tributarias que impulsen la transparencia fiscal. Las entradas de bancos extranjeros deberán regularse con mayor efectividad. El debate de considerar tipificar la evasión de impuestos como delito fiscal presentará un importante reto que el país deberá considerar.