¿Deja la Justicia a veces de un lado la verdad en beneficio de un juicio más rápido? Sobre este asunto disertó en la Universidad de Navarra el fiscal del Tribunal Supremo Antonio del Moral. El fiscal impartió una conferencia sobre "Derecho penal y verdad", invitado por el Instituto de Derechos Humanos.

Según dijo en unas declaraciones, en España y en Europa se ha producido desde los años 80 un afán por imitar al sistema norteamericano: "En EE.UU. más del 90% de los casos se resuelve tras un acuerdo o un pacto entre el fiscal y la defensa. Así no se llega a celebrar el juicio y se gana en rapidez, a la vez que se descongestionan los saturados tribunales".

"Pero este sistema -continuó- no hace más que relegar a un segundo plano la resolución de los casos y devalúa el concepto de verdad porque llega un momento en que importa más alcanzar una solución negociada que esclarecer la verdad. Entonces parece que la eficacia se coloca encima de la Justicia".

En este sentido, abogó por recuperar el principio de búsqueda de la verdad material dentro del proceso penal, ya que "puede verse enturbiado por un afán desmedido de eficacia buscada en estas fórmulas importadas del proceso penal norteamericano".

Preguntado por si la actual demanda de información judicial por parte de la sociedad perjudica también esta verdad, Del Moral contestó que "es muy difícil lograr un equilibrio entre la información que hay que proporcionar a la gente con el derecho a un juicio justo que los involucrados merecen y que puede verse perturbado por una saturación de opiniones".

"No obstante -agregó-, no existen fórmulas mágicas en este sentido. Y debemos reconocer que la legislación española se ha quedado obsoleta en este aspecto por dos razones. Primero, establece un ámbito para el secreto de sumario desmesurado, porque es muy extenso y corre el riesgo de ser incumplido. Y segundo, el juez carece de los instrumentos necesarios para lograr que las informaciones que dificulten el proceso no se publiquen. Habría que habilitar medios legales que permitan al juez dictar órdenes de prohibición de publicaciones limitadas en el tiempo".

El fiscal también se refirió al derecho a no confesarse culpable y a la teoría de la prueba ilícita. Respecto al primero, comentó que "no hay que confundirlo con un derecho a mentir indiscriminadamente". De la teoría de la prueba ilícita explicó que "se ha llegado muy lejos, porque cuando una violación de los derechos fundamentales se hace sin malicia o de buena fe no deberíamos ser tan tajantes".