Blogs

Entradas con etiqueta venezuela .

El carácter de guerrilla binacional colombo-venezolana aporta al régimen de Maduro otra fuerza de choque frente a un hostigamiento militar exterior o golpe

  • El ELN ha llegado a unos 2.400 combatientes entre ambos países; su principal financiación viene ahora de los negocios ilícitos en Venezuela, como droga y minería ilegal

  • Las disidencias de las FARC suman al menos 2.300 efectivos; el grupo con mayor proyección es el liderado en Venezuela por Iván Márquez, ex número dos de las FARC

  • ‘Elenos’ y exFARC cooperan operativamente en ciertas actividades promovidas por el régimen de Maduro, pero no está clara su futura convergencia orgánica

Disidentes de las FARC encabezados por Iván Márquez anuncian su vuelta a las armas, en agosto de 2019 [imagen de vídeo]

▲ Disidentes de las FARC encabezados por Iván Márquez anuncian su vuelta a las armas, en agosto de 2019 [imagen de vídeo]

INFORME SRA 2020María Gabriela Farjardo [versión en PDF]

La consolidación de los dos principales grupos guerrilleros colombianos –el ELN y algunos restos de las antiguas FARC– como fuerzas activas también en Venezuela, articulándose así como grupos colombo-venezolanos, constituye una de los principales notas de 2019 en el ámbito de la seguridad regional americana.

Ambos grupos tendrían unos 1.700 efectivos en Venezuela (dos tercios serían del ELN), de los cuales la tercera parte (570) corresponderían a reclutamiento hecho entre venezolanos. Utilizados por el régimen chavista para adiestramiento guerrillero de sus fuerzas irregulares y como vanguardia de choque en caso de hostigamiento militar exterior o golpe, los elenos y los exFarc están volcados en el narcotráfico, el contrabando y la extracción de oro y demás minería ilegal, tanto en las zonas próximas a la frontera con Colombia, donde han operado durante muchos años, como en puntos del interior venezolano, como los estados Amazonas y Bolívar, de riqueza minera.

Tras el acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en noviembre de 2016, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) comenzó un proceso de expansión que le permitió llenar el vacío dejado por las FARC en diversas actividades ilícitas, si bien su estimado número de 2.400 efectivos queda lejos de los más de 8.000 que tenían las FARC en el momento de su desmovilización. Aunque ha debido competir con residuos de las FARC que siguen activos como elementos mafiosos, el ELN se ha convertido en la principal guerrilla de Colombia, también centrada en el crimen organizado. El atentado cometido por el ELN el 17 de enero de 2019 en Bogotá contra la Escuela de Cadetes de Policía, en el que murieron 22 personas, supuso el final de un agónico diálogo de paz con el gobierno y una huida hacia adelante como organización delictiva.

En ese proceso, el ELN ha ido implantándose también en Venezuela, no ya solo en zonas fronterizas y como lugar de refugio y escondite como antes, sino en otras partes del vecino país y como ámbito de actividad. Lo mismo ha ocurrido con los disidentes de las FARC encabezados por Iván Márquez, Jesús Santrich y El Paisa, que el 29 de agosto anunciaron su vuelta a las armas, en un vídeo grabado presumiblemente en Venezuela. El interés del régimen de Nicolás Maduro de contar con el auxilio de elementos armados de esas características ha propiciado que el ELN y los exFARC de Márquez, que era el número 2 de las FARC y su jefe negociador en las negociaciones de paz sostenidas en La Habana, hayan pasado a ser grupos binacionales, con reclutamiento también de venezolanos.

ELN

La creciente presencia de esos grupos en Venezuela ha sido señalada por las autoridades colombianas. El comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Navarro, indicó a mediados de año que unos 1.100 miembros del ELN (algo más del 40% de 2.400 combatientes que tiene esa organización, si bien otras fuentes consideran baja esta cifra total) se refugiaban en Venezuela y que el grupo albergaba en sus filas al menos a 320 ciudadanos venezolanos.

Por su parte, a su paso por la Asamblea General de Naciones Unidas a finales de septiembre, el presidente Iván Duque elevó la presencia del ELN en Venezuela a 1.400 efectivos. Duque indicó que existían 207 puntos geográficos controlados por el ELN en suelo venezolano, entre los que existían diversos campos de entrenamiento y veinte pistas de aterrizaje para el narcotráfico, según se documentaba en un polémico dossier que no se entregó a la opinión público por contener alguna prueba fotografía errónea.

Unos días previos, el canciller Carlos Holmes Trujillo expuso ante la OEA la ubicación de frentes del ELN y de disidencias de las FARC en Venezuela y se refirió a sus estrechas conexiones con el régimen chavista. “Los vínculos se harían con miembros de las fuerzas armadas, la guardia nacional, la inteligencia militar, así como con grupos irregulares como la Fuerza Bolivariana de Liberación”, dijo.

Otros detalles fueron investigados por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que en su informe afirmaba que el ELN se financia por medio de actividades delictivas como la extorsión y mantiene el control del contrabando de la gasolina y de la minería en varias regiones de Colombia y Venezuela. En territorio venezolano, con una presencia en al menos doce de sus 24 estados, destaca el control de minas de oro en el estado Bolívar a cientos de kilómetros de la frontera con Colombia, y las actividades de extracción de coltán en el estado Amazonas. Estos actos ilícitos supondrían el 70 por ciento de sus ganancias según información atribuida a la inteligencia colombiana. De esta manera, la base de operaciones del ELN en Venezuela sería actualmente la mayor fuente de ingresos del grupo insurgente.

 

 

Disidencias de las FARC

En cuanto a las disidencias de las FARC, a mitad de 2019 fuentes gubernamentales colombianas las cifraron en unos 2.300 individuos (incluye elementos no desmovilizados, otros que regresaron a las armas y nuevo reclutamiento). Si bien se trata de una cifra próxima a la ofrecida para el ELN, hay que tener en cuenta que las disidencias de las FARC están atomizadas.

Unos 600 de ellos se encontrarían en Venezuela, incluyendo unos 250 venezolanos que habrían engrosado sus filas (casi el 10% de su fuerza total). Aunque se trata de grupos separados que operan pro su cuenta, la mayor atención ha sido para el liderado por Iván Márquez, por su coordinación con el régimen de Maduro. Un episodio protagonizado por este grupo fue el presunto intento de asesinato en Colombia de Rodrigo Londoño, que dirigió las FARC como Timochenko y que se ha mantenido fiel a los acuerdos de paz. Londoño acusó a Márquez y El Paisa de ordenar la acción, frustrada por las fuerzas de seguridad colombiana y desvelada en enero de 2020, para que otros exguerrilleros volvieran a las armas al quedarse sin liderazgo en la vida civil.

Documentación interna de los servicios secretos venezolanos difundida por Semana ponen de manifiesto la estrecha colaboración entre el gobierno de Maduro, el ELN y las exFARC. “El régimen pasó de esconder guerrilleros prófugos, a comienzos de la década de 2000, a servir de sede de operaciones de estos grupos. No solo se preparan militarmente, sino que entrenan a las milicias y a los llamados colectivos en tácticas y estrategias de guerra de guerrilla”, indicó el semanario.

Todo esto está produciendo una convergencia operativa en Venezuela entre el ELN y las exFARC. Sin embargo, la situación no tiene por qué conducir a una fusión de ambos grupos, que en Colombia mantienen sus diferencias, alentadas además por las aspiraciones de las distintas partidas delictivas en que se han dividido las disidencias de las FARC, de las que por algo se habla en plural.

Por otro lado, la implementación de los Acuerdos de Paz se vio enmarcada en 2019 en un creciente clima de inseguridad provocado por el asesinato a lo largo del año de 77 exguerrilleros de las FARC (suman 173 desde la firma de la paz en 2016) y de 86 líderes sociales locales, según el informe del secretario general de la ONU, António Guterres. Organizaciones colombianas elevan esta última cifra, como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que habla de 282 homicidios, muchas veces vinculados al intento de sustituir la coca por cultivos legales en regiones donde el narcotráfico está activo. En cualquier caso, se trata de un descenso respecto a 2018, algo que cabe atribuir a que los nueva distribución territorial de los grupos armados ya se ha consolidado y cuentan con menos resistencia efectiva.

Categorías Global Affairs: Seguridad y defensa Artículos Latinoamérica

El Comando Sur de Estados Unidos destaca el interés iraní en la consolidación de las redes de inteligencia y financiación de Hezbolá en la región

  • A lo largo de 2019 Rosneft extremó su control sobre PDVSA, llegando a comercializar el 80% de la producción, pero las sanciones estadounidenses obligaron a su marcha del país

  • La llegada de efectivos de la Guardia Revolucionaria iraní se produce en medio de un despliegue naval y aéreo de EEUU en el Caribe, no lejos de las aguas de Venezuela

  • Los iraníes, acuciados de nuevo por las sanciones de Washington, vuelven a país que les ayudó a burlar el cerco internacional durante la era de la alianza Chávez-Ahmadineyab

Nicolás Maduro y el presiente iraní, Hassan Rouhani, en un encuentro en Teherán en 2015 [Hossein Zohrevand, Tasnim News Agency]

▲ Nicolás Maduro y el presiente iraní, Hassan Rouhani, en un encuentro en Teherán en 2015 [Hossein Zohrevand, Tasnim News Agency]

INFORME SRA 2020Emili J. Blasco  [versión en PDF]

En poco tiempo Venezuela ha pasado de depender de los créditos de China, a echarse en manos del sector energético ruso (como quedó especialmente de manifiesto en 2019) y luego a pedir la ayuda de los técnicos petroleros de Irán (como se ha visto a comienzos de 2020). Si los créditos públicos chinos se suponía que iban a mantener en funcionamiento el país, el auxilio de Rosneft ya solo pretendía salvar la petrolera nacional, PDVSA, mientras que la ayuda de la Guardia Revolucionaria iraní únicamente busca reactivar algunas refinerías. Cada vez quien asiste a Venezuela tiene una talla menor y el propósito es más reducido.

En apenas diez años los grandes bancos públicos chinos otorgaron 62.200 millones de dólares de créditos al gobierno de Venezuela. El último de los 17 créditos llegó en 2016; desde entonces Pekín ha desoído los golpes que Nicolás Maduro ha dado a su puerta. Aunque ya desde 2006 el chavismo había recibido también créditos de Moscú, (unos 17.000 millones de dólares, para la compra de armas a la propia Rusia), Maduro se volcó en las súplicas a Vladimir Putin cuando la ayuda china terminó. Sin querer tampoco dar más créditos, el Kremlin articuló otro modo de auxiliar al régimen que al mismo tiempo asegurara el cobro inmediato de beneficios. Así comenzó la implicación directa de Rosneft en diversos aspectos del negocio petrolero venezolano, más allá de la explotación específica de algunos campos.

Ese mecanismo tuvo especial relevancia en 2019, cuando las progresivas sanciones de Estados Unidos sobre la actividad petrolera de Venezuela comenzaron a tener un gran efecto. Para burlar las sanciones a PDVSA, Rosneft se convirtió en comercializadora del petróleo venezolano, controlando la puesta en el mercado de la mayor parte de la producción total (entre el 60% y el 80%).

La amenaza de Washington de castigar también a Rosneft hizo que esta compañía derivara el negocio a dos subsidiarias, Rosneft Trading y TNK Trading International, que a su vez dejaron esa actividad cuando Estados Unidos las señaló. A pesar de que Rosneft sirve generalmente los intereses geopolíticos del Kremlin, el hecho de que en su accionariado esté BP o fondos de Qatar obliga a que la compañía no arriesgue tan fácilmente su cuenta de resultados.

La marcha de Rosneft, que por otra parte tampoco vio sentido económico a seguir implicándose en reactivar las refinerías venezolanas, cuya parálisis ha sumido al país en una generalizada falta de suministro de carburante a la población, dejó a Maduro sin muchas opciones. Los rusos abandonaron la refinería de Armuy a finales de enero de 2020 y al mes siguiente ya había iraníes retomando el intento de ponerla en funcionamiento. En unas semanas se hacía pública la nueva implicación de Irán en Venezuela: Tarek el Assami, el dirigente chavista con mayores conexiones con Hezbolá y el mundo chií, fue nombrado ministro del Petróleo en abril, y en mayo cinco cargueros llevaron fuel y presumiblemente maquinaria de refinación de Irán a Venezuela.

El suministro no resolvía mucho (la gasolina apenas serviría para el consumo de pocas semanas) y difícilmente los técnicos iraníes, parte de ellos al menos dirigidos por la Guardia Revolucionaria, iban a poder arreglar el problema de refinación. Mientras, Teherán lograba a cambio importantes cargamentos de oro como pago a sus servicios (nueve toneladas, según la Administración Trump). En los transportes intervino la compañía aérea iraní Mahan, utilizada por la Guardia Revolucionaria en sus operaciones.

Así, ahogado por el nuevo esquema de sanciones impuesto por Donald Trump, Irán volvía a Venezuela en busca de oxígeno económico y también de colaboración política frente a Washington, como cuando Mahmud Ahmadineyad se alió con Hugo Chávez para aliviar las restricciones del primer régimen de sanciones que padecía la nación islámica.

 

 

Despliegue naval y aéreo de EEUU

La «injerencia» de Irán en el Hemisferio Occidental ya había sido mencionada, entre el elenco de riesgos para la seguridad regional, en la comparecencia del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Craig Faller, en el Capitolio de Washington (en enero acudió al Senado y el marzo a la Cámara de Representantes, con un mismo discurso escrito). Faller se refirió sobre todo al uso que Irán hace de Hezbolá, cuya presencia en el continente se ha visto ayudada por el chavismo desde hace años. Según el almirante, esa actividad vinculada a Hezbolá «permite a Irán recoger inteligencia y llevar a cabo planes de contingencia para posibles ataques de represalia contra Estados Unidos y/o intereses occidentales».

No obstante, lo novedoso de la intervención de Faller estuvo en otros dos asuntos. Por un lado, por primera vez el jefe del Comando Sur situaba el riesgo de China por delante del de Rusia, en un contexto de creciente rivalidad entre Washington y Pekín, que también se manifiesta en la toma de posiciones de las inversiones en chinas en obras de infraestructura estratégicas de la región.

Por otro lado, anunció un próximo «aumento de la presencia militar de Estados Unidos en el hemisferio», algo que comenzó a tener lugar a finales de marzo de 2020 cuando embarcaciones y aviones estadunidenses se desplegaron en el Caribe y el Pacífico para reforzar la lucha contra el narcotráfico. En el contexto de su discurso, esa mayor actividad militar en la región se entendía como un necesario aviso hacia los países extrahemisféricos.

«Por encima de todo, en esta lucha lo que importa es la presencia persistente», dijo, «tenemos que estar presentes en el campo para competir, y tenemos que competir para ganar». En concreto, propuso más actuaciones y maniobras conjuntas con otros países de la región y la «rotación recurrente de pequeños equipos de fuerzas operaciones especiales, soldados, marineros, pilotos, marines, guardas costeros y personal de la Guardia Nacional para ayudarnos a fortalecer esas colaboraciones».

Pero la llegada de barcos de Estados Unidos cerca de las aguas de Venezuela, apenas unos días después de que el 26 de marzo se anunciara desde Nueva York y Miami la apertura de una macrocausa judicial por narcotráfico y otros delitos contra los principales dirigentes chavistas, entre ellos Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, dio a ese despliegue militar una connotación de cerco físico al régimen chavista.

Ese despliegue dio también cierto contexto a otros dos desarrollos ocurridos poco después, ofreciendo lecturas equivocadas: la fracasada Operación Gedeón, el 3 de mayo, de un grupo de mercenarios que aseguraron tener la intención de infiltrarse en el país para Maduro (las mayores capacidades de transmisiones adquiridas por EEUU en la zona, gracias a sus maniobras, en principio no fueron empleadas en esa operación), y la llegada de los buques de Irán a finales de mes (el despliegue estadounidense hizo sospechar que Washington podía interceptar el avance de los navíos, cosa que no sucedió).

Categorías Global Affairs: Artículos Seguridad y defensa Latinoamérica

Venezolanos saliendo del país para buscar modo de subsistencia en algún lugar de acogida [UNHCR ACNUR]

▲ Venezolanos saliendo del país para buscar modo de subsistencia en algún lugar de acogida [UNHCR ACNUR]

 

[Descargar el PDF completo]

 

INFORME SRA 2020Presentación

La pandemia del Covid-19 ha modificado radicalmente los supuestos de seguridad en todo el mundo. La emergencia del coronavirus pasó de China a Europa, luego a Estados Unidos y enseguida al resto del Hemisferio Occidental. Ya perjudicada económicamente por su dependencia de las exportaciones de commodities desde el comienzo del parón chino, Latinoamérica fue padeciendo las sucesivas restricciones de las distintas áreas geográficas, para finalmente entrar también en una crisis de producción y consumo y de catástrofe sanitaria y laboral. Previsiblemente la región será una de las más largamente castigadas, con efectos igualmente en el campo de la seguridad.

El presente informe anual, no obstante, atiende a la seguridad regional americana de 2019. Aunque en ciertos aspectos incluye hechos de principios de 2020, y por tanto algunos primeros efectos de la pandemia, la incidencia de esta en asuntos como la geopolítica regional, las dificultades presupuestarias de los estados, el crimen organizado o la seguridad ciudadana quedan para el informe del próximo año.

En la medida en que en recientes meses otros desarrollos que en 2019 afectaron a la seguridad se mostraron de algún modo transitorios, Venezuela se mantuvo como el principal foco de inseguridad regional durante el año pasado. En el informe analizamos el regreso de Irán al país caribeño, después de que primero China y después Rusia hayan preferido no ver perjudicados sus propios intereses económicos; también constatamos la consolidación del ELN y parte de las exFARC como grupos binacionales colombo-venezolanos.

Además, destacamos el avance en el señalamiento por primera vez de Hezbolá como grupo terrorista por varios países y aportamos cifras sobre la caída de la venta de armas de Rusia a Latinoamérica y sobre la relativa poca comercialización en la región del material de defensa producido por España. También cuantificamos la aportación de efectivos latinoamericanos a las misiones de paz de la ONU, así como el éxito de Bolsonaro y el fracaso de AMLO en la evolución de los homicidios en Brasil y México. En cuanto al narcotráfico, en 2019 se dio la primera operación de erradicación de cultivos de coca en el VRAEM, la zona de Perú más complicada en la lucha antinarcóticos.

Categorías Global Affairs: Seguridad y defensa Latinoamérica Informes

El agravamiento de la crisis venezolana reduce la vigilancia en el mar, aumenta la corrupción oficial y empuja a pueblos costeros a buscar modos de subsistencia

  • En abril de 2018 se registró el ataque con mayor número de muertos de los últimos años: 15 pescadores guyaneses fallecieron en aguas de Surinam

  • El incremento de los ataques llevó a las autoridades de Trinidad y Tobago a crear una unidad aérea de élite para luchar contra la piratería

  • Alerta en todo el litoral al conocerse en 2018 que el año anterior los incidentes habían pasado de 27 a 71, con un incremento del 167%

Costa de Guyana, cuyos pescadores se han visto afectados por el incremento de la piratería

▲ Costa de Guyana, cuyos pescadores se han visto afectados por el incremento de la piratería

Informe SRA 2019Manuel Lamela [Versión en PDF]

El significativo aumento de la piratería en las aguas del Atlántico entre Colombia y Surinam, con Venezuela en el centro de esa actividad criminal, ha alimentado titulares en los medios acerca de “los nuevos piratas del Caribe”.

Aunque lejos de la envergadura de la piratería registrada en el Golfo de Adén y sus inmediaciones entre 2008 y 2012, y luego en el Golfo de Guinea, el número de ataques en estas otras aguas se incrementó notablemente en 2017, y en 2018 se registró el ataque con mayor número de víctimas.

El deterioro de la seguridad marítima, que sobre todo perjudica a pescadores locales y algunos barcos de recreo, a los que los piratas roban gasolina, motores, pescado y cuantos objetos de valor encuentren abordo, ha ido parejo al agravamiento de la situación venezolana y afecta también a países vecinos.

Surinam y Guyana

El ataque a cuatro embarcaciones en las que faenaban veinte pescadores de Guyana, ocurrido entre el 27 y 28 de abril de 2018, resultó ser el incidente de piratería con mayor número de muertos de los últimos años. Las autoridades de Surinam recobraron cinco cadáveres y dieron por desaparecidos a diez pescadores, cuyos cuerpos posiblemente quedaron en el fondo del mar, ya que los autores del ataque forzaron a los miembros de las tripulaciones a arrojarse al agua con el ancla u otros pesos ligados a los pies, de acuerdo con el reporte oficial. Solo cinco ocupantes de los botes pesqueros pudieron salvarse, liberándose al menos uno de ellos del lastre al que fue atado, según su propio testimonio. Posteriormente, un grupo de treinta hombres fue detenido por esos hechos.

Pese a que la situación no es desconocida para Guyana o Surinam el incremento tanto en número como en violencia de este tipo de incidentes en el último año es remarcable. A comienzos de 2018, un informe publicado por la ONG One Earth Future, dentro de su programa Oceans Beyond Piracy, indicó que el número de ataques registrado en las aguas de América Latina pasó en 2017 de los 27 del año anterior a 71, lo que supone un aumento del 167%. La mayor parte de ellos (64) ocurrió en aguas territoriales, sin afectar a rutas internacionales como ocurría con los piratas somalíes o sucede en el Golfo de Guinea. Si en estas rutas los principales objetivos eran buques mercantes o grandes armadores pesqueros, produciéndose incluso secuestros de naves y tripulaciones, en el caso de lo que ocurre sobre todo en las aguas de Venezuela, Trinidad y Tobago, Guyana y Surinam afecta a pequeños propietarios de embarcaciones.

Golfo de Paria, Trinidad y Tobago

Especialmente espinosa es la situación del Golfo de Paria, ubicado entre las costas del estado venezolano de Sucre y de la isla Trinidad, separadas solamente por unas 10 millas marinas en su punto más próximo. La peculiaridad geográfica de la zona supone un escenario perfecto para actividades ilícitas. El área ya era conocida por la existencia de diversas bandas dedicadas al contrabando y al tráfico de productos de primera necesidad, como los pañales y otros artículos altamente demandados entre la población venezolana. Dado el desabastecimiento que sufre Venezuela, esto supone un alivio para la demanda de ciertos productos e inyecta dólares a la ya amplia economía sumergida. A la ineficacia y la pasividad de los gobiernos de ambos países a la hora de combatir la piratería, como se reflejó en su fracasadas negociaciones bilaterales de 2017, se une una más que presumible relación de cooperación entre funcionarios y bandas criminales, como ha apuntado la ONG venezolana Asociación civil de Gente de Mar.

Otras zonas de las aguas territoriales de Trinidad y Tobago, además de las del Golfo de Paria, se ven afectadas por la piratería, a la que contribuyen bandas locales alimentadas con la llegada de venezolanos que tienen difícil encontrar un empleo. En los últimos pocos años unos 40.000 venezolanos han emigrado al vecino país, desestabilizando las ya precarias condiciones laborales de la sociedad trinitense. Con una población de apenas 1,3 millones de habitantes, el archipiélago tiene una tasa de criminalidad relativamente elevada, que en 2018 se manifestó en la comisión de cerca de 500 asesinatos. Estas cifras están empezando a perjudicar el turismo, que es uno de los principales activos económicos. Trinidad y Tobago corre el riesgo de que se la perciba como sucesora de la infame isla Tortuga, refugio de los piratas del Caribe del siglo XVII.

Ante esta situación, las autoridades isleñas anunciaron a final de enero de 2019 la creación de una unidad de élite aérea en el seno de la Policía para actuar frente a migración ilegal, la piratería, el secuestro y el contrabando de armas y de drogas. El anuncio ocurría inmediatamente después de que seis pescadores de Trinidad fueran secuestrados y llevados a Venezuela por sus raptores, quienes reclamaron un rescate de 200.000 dólares.

Venezuela: Sucre y Anzoátegui

Nuevos piratas del Caribe

La crisis tanto económica como social que sufre Venezuela es una de las principales causas del aumento de la piratería. Esta se lleva a cabo especialmente desde el estado de Sucre, que ya se ha mencionado, y desde el también estado costero de Anzoátegui.

Los criminales que operan en la zona pueden dividirse en dos tipos. Por un lado, hay atacantes bien entrenados, con buen armamento, encuadrados dentro de una organización criminal y relacionados con el narcotráfico que controla la península de Paria (el extremo oriental de Sucre). Concretamente, existen dos bandas criminales diferentes que se enfrentan por el control de la zona. Estos grupos de narcotraficantes están asentados en las localidades de San Juan de Unare y San Juan de las Galdonas, en el municipio de Arismendi. Mediante la violencia y la extorsión se han conseguido adueñar de las rutas marítimas de mayor importancia, ahuyentando a todos los pescadores que pudieran ser testigos de sus actos. Su actividad se centra mayoritariamente en el tráfico de drogas y de armas. Respecto de las primeras, la mercancía se obtiene de Colombia y tras atravesar Venezuela se embarca hacia las costas de Trinidad y Tobago para en última instancia ser transportada hacia el mercado europeo, en ocasiones con escala en África Occidental. En cuanto a las armas, los cargamentos se obtienen en la misma Venezuela, procedentes de robos y contrabando (la corrupción y falta de seguridad afecta también a las fábricas nacionales que producen armamento; en 2019 está prevista la entrada en funcionamiento de una factoría con capacidad para producir 25.000 fusiles AK 103 al año).

Por otro lado, la actividad de piratería la desarrollan también simples maleantes, de un perfil criminal menor y con peor equipamiento y recursos. Pese a esto, son los que crean mayor alarma, dada su proliferación entre una población sin apenas fuentes de ingresos y unas coordenadas de actuación que son menos específicas que las del crimen organizado, lo que hace más imprevisibles sus ataques.

La mala administración chavista en la industria pesquera es otro de los principales factores que han generado este incremento de criminales procedentes de la población local, dedicada en su mayoría a la pesca. Con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 se llevó a cabo un gran proceso de nacionalización de este sector, con la expropiación de astilleros, barcos, puertos… Tras este proceso de reformas y reforzando más su relación con Cuba, en 2008 se creó una empresa pública binacional denominada Empresa Socialista Conjunta de Pesca Industrial de la Alianza Bolivariana (PESCALBA) con el objetivo de hacer más accesible el producto a los estratos sociales con menor poder adquisitivo. Todo ello contribuyó a que entre el ascenso de Chávez a la presidencia y 2017 la captura descendiera en un 60%, con una fuga de barcos a otros países, como Panamá o Ecuador, la cesación de actividad de procesadoras, el amarraje de barcos por falta de mantenimiento y el aumento del desempleo. En consecuencia, el estado de Sucre ha resultado con una sociedad quebrantada, sin medios de subsistencia, que encuentra en la delincuencia su única manera de sobrevivir.

Categorías Global Affairs: Seguridad y defensa Artículos Latinoamérica