La cancelación del nuevo aeropuerto de CDMX, construido ya en más del 31%, siembra dudas sobre el éxito económico del nuevo sexenio

Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia de México enfrentado al mundo económico, al que ha planteado batalla con su anuncio de paralizar las obras del nuevo aeropuerto de la capital, a pesar de haberse realizado ya un tercio de las obras. El deseo de dejar claro al poder económico quién manda en el país y de sepultar lo que iba a ser un legado emblemático del PRI –cuya hegemonía histórica espera sustituir con su propio partido, Morena– puede estar detrás de la controvertida decisión.

▲ Imagen del proyectado NAICM creada por Fernando Romero Enterprise, Foster and Partners

ARTÍCULO / Antonio Navalón

El PRI mexicano volvió a la presidencia del país en 2012, de la mano de Enrique Peña Nieto, con la promesa de realizar una gran inversión en infraestructura pública que pusiera a México en el escaparate mundial. La obra estelar elegida fue la construcción de un nuevo aeropuerto, cuyo proyecto se encargó al arquitecto Norman Foster y que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) veía como la herencia que siempre se le atribuiría.

Este gran proyecto iba a eclipsar todo legado negativo del mandato de Peña Nieto, que ha estado especialmente marcado por los casos de corrupción y por el récord histórico en cifras de violencia. Aunque útil para el marketing político, aumentar la capacidad de tráfico aéreo de la Ciudad de México (CDMX), cuya área metropolitana tiene 23 millones de habitantes, es una necesidad para el impulso de la economía nacional.

El proyecto, de 13.300 millones de dólares, suponía una de las mayores inversiones en la historia del país. Bautizado con el nombre de Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM, luego simplificado como NAIM) y ubicado en el área de Texcoco, poco más lejos que las actuales instalaciones en uso, la nueva infraestructura iba a desarrollarse en dos fases. La primera fase consistía en la construcción de una gran terminal y tres pistas, que inicialmente se preveía que estuviesen listas para 2020, pero cuya entrada en servicio se había aplazado a 2022 debido a retrasos en las obras. La segunda fase contaría con la construcción de tres pistas adicionales, además de una segunda terminal, que estaría lista para funcionar a partir de 2035.

Los planes apuntaban a que NAICM tendría capacidad para transportar entre 70 y 135 millones de pasajeros anualmente, gracias a contar con un volumen de operación de entre 115 y 135 slots por hora. Esas cifras daban a largo plazo un posible beneficio de más de 32.000 millones de dólares, según las estimaciones del Gobierno.

El proyecto buscaba en primer lugar resolver el grave problema de saturación aérea que sufre el actual aeropuerto internacional Benito Juárez de Ciudad de México, provocada por la poca capacidad de desempeño de las dos pistas que funcionan simultáneamente. Además, la construcción de NAICM partía con la esperanza de convertir CDMX en un hub logístico mundial, pudiendo llegar a multiplicar por cuatro la capacidad de transporte de mercancías con la que cuenta el aeropuerto actual.

El nivel de transporte de mercancías en este macro proyecto iba a poder alcanzar los 2 millones de toneladas anuales, convirtiéndose así, como aseguraban sus promotores, en el principal centro de distribución de América Latina. La ambición de NAICM, por tanto, era convertirse en referente no solo en el continente americano sino a nivel mundial, tanto en el traslado de turistas como en el transporte de mercancías.

La construcción de NAICM comenzó en 2015 y hasta la actualidad se ha ejecutado el 31% de las obras. Aunque este grado de realización supone un ligero retraso respecto al calendario original, las labores de fundamentación y canalización ya están acabadas y en la superficie pueden verse altas estructuras destinadas a sujetar la amplia cubierta. Sin embargo, a pesar de ese progreso y de la inversión ya realizada, el nuevo presidente del país ha anunciado que entierra por completo el proyecto.

Elecciones y consulta

Las elecciones presidenciales del pasado 1 de julio las ganó el izquierdista Andrés Manuel López Obrador (con toma de posesión el 1 de diciembre). Antiguo dirigente del PRI, gracias al cual ejerció de alcalde de la capital, con el tiempo fue derivando hacia la izquierda: primero pasó al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y, tras perder dos elecciones a la presidencia del país, creó el Movimiento Regeneración Nacional (Morena). En julio, Morena logró la mayoría en las dos cámaras del Congreso y también conquistó el gobierno de CDMX, lo que da a AMLO, como comúnmente se conoce al nuevo presidente, amplios poderes para llevar a cabo sus políticas. Si bien se quedó a 17 votos de una mayoría cualificada en el Senado que pueda cambiar la Constitución, podría obtener aliados para ese propósito.

Durante la campaña electoral, López Obrador defendió la cancelación del proyecto de nuevo aeropuerto alegando su alto coste, y planteó la posibilidad de que, como alternativa, se hagan algunas mejoras al aeropuerto actual y se acondicione también el de Santa Lucía, una base militar en el área de la capital mexicana que se podría habilitar para los vuelos internacionales. Pero el candidato de Morena aseguró que haría una consulta para conocer la opinión del pueblo mexicano y que acataría los resultados.

Sin esperar a tomar posesión como presidente, López Obrador hizo que Morena llevara a cabo esa consulta, que por tanto no fue organizada por el Gobierno sino por un partido político, y además no tuvo lugar en todo el país sino en 538 municipios de los 2.463 que hay en México. Las urnas, dispuestas entre el 25 y el 28 de octubre, se pronunciaron por el “no” a NAICM: con una participación de solo el 1% del cuerpo electoral nacional, el 69% votó por la alternativa de Santa Lucía y el 29% lo hizo por seguir las obras en Texcoco. López Obrador anunció que, en aplicación del resultado, paralizará las obras del nuevo aeropuerto, a pesar de la inversión ya realizada.

Algunos movimientos populares y también naturalistas que reclamaban la preservación del medio natural aplaudieron el anuncio, pero igualmente hubo marchas de protesta contra la decisión en las calles del centro de CDMX. El sector privado ha lamentado enormemente el propósito de cancelar el proyecto de NAICM. Destacados empresarios del país y organizaciones como la Confederación de Cámaras Industriales Mexicanas (CONCAMIN), que representa el 35% del PIB mexicano y el 40% de empleo en el país, salieron en defensa del proyecto original y pidieron a López Obrador que reconsiderara su decisión. Su argumento es que cualquier alternativa se quedará corta ante las demandas del creciente tráfico aéreo, lastrando el desarrollo del país. Además aducen que cualquier decisión que no pase por seguir con la construcción de NAICM va a resultar más cara que concluir el proyectado aeropuerto [1].

Impacto económico

Para CONCAMIN, “el aeropuerto actual carece de la infraestructura y cualquier mejora no arreglaría los problemas fundamentales que tiene”, y una apuesta por la base de Santa Lucía “sería una pérdida de tiempo y dinero, que más que solucionar problemas los va crear”, según el presidente de esta asociación empresarial, Francisco Cervantes.

José Navalón, de la Comisión de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de CONCAMIN, de cuya dirección forma parte, advierte que la decisión de López Obrador va a suponer un golpe muy fuerte para el sistema macroeconómico y financiero mexicano. Según sus palabras “aún es pronto para entrar a valorar posibles consecuencias, pero habrá que ver si México cuenta con la infraestructura aeroportuaria apropiada, en cuanto a competitividad y conectividad, para lo que es la segunda economía más grande de América Latina”. En cualquier caso, de momento “se ha dado un problema de falta de confianza en los mercados, que se ha visto reflejado inmediatamente en la caída del peso y de los mercados” [2].

Ciertamente, si bien López Obrador fue recibido en julio con un alza de los mercados, porque su contundente victoria parecía augurar estabilidad para México, su toma de posesión en diciembre está siendo acompañada de una “espantada” de inversores. El peso ha cerca de un 10% respecto al valor en agosto en su relación con el dólar, la bolsa ha bajado un 7,6% y solo en octubre los inversores vendieron 2.400 millones de dólares en bonos mexicanos.

“Las principales preguntas que hoy en día se hacen los inversores”, continúa Navalón,  “es si es seguro invertir en México y cada cuánto se van a tomar este tipo de decisiones que no siguen ningún tipo de legalidad”, pues importantes empresas se verán afectada por la cancelación de un proyecto en marcha. Advierte además que “la elección de Bolsonaro en Brasil, cuyo perfil constituye un imán de inversión extranjera, puede afecta de manera directa en la inversión en México”.

La gran cuestión es por qué López Obrador mantiene su decisión contra el nuevo aeropuerto, a pesar de la penalización económica que va a suponer para el Gobierno y del riesgo de huida de inversores. Hemos de entender que México siempre ha sido un país que ha estado liderado por el poder económico. Con su actitud sobre NAICM aspira marcar nítidamente la línea de separación entre poder político y poder económico, dejando claro que la era del mando del poder económico ha terminado. Un segundo motivo, es que NAICM iba a ser la herencia del PRI y López Obrador probablemente busca destruir cualquier tipo de asociación de este macro proyecto con el partido al cual pretende sepultar.

REFERENCIAS

[1] Documento CONCAMIN “Propuestas Aeropuertarias” 2018.

[2] Entrevistas personales con Francisco Cervantes y José Navalón

Pugna Polonia-Alemania por ganar influencia en la región europea entre el Báltico, el Adriático y el Mar Negro

La última cumbre de la Iniciativa de los Tres Mares (ITM) contó con la presencia del presidente de la Comisión Europea, lo que muestra un aval de Bruselas que hasta ahora no parecía completo. También contó con la asistencia de representantes alemanes, aunque Alemania no forma parte de ese club de doce naciones del Centro y Este de Europa. Polonia, respaldada por Estados Unidos, desea liderar el esfuerzo en curso para restar dependencia energética de esa región respecto al gas ruso; como reacción, Alemania ha anunciado una apuesta, de momento tímida, por importar de gas licuado de EEUU.  

ARTÍCULO / Paula Ulibarrena

Los días 17 y 18 de septiembre de 2018 se desarrolló en Bucarest la tercera cumbre de la Iniciativa de los Tres Mares, cuyo objeto es el desarrollo económico del área de la Unión Europea (UE) entre los mares Báltico, Adriático y Negro. El encuentro tuvo la presencia de nueve jefes de Estado, dos presidentes de Parlamentos nacionales, un primer ministro y un ministro de Exteriores, junto con varios altos responsables europeos, encabezados por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Junker, y una nutrida representación alemana, así como dirigentes estadounidenses.

La Iniciativa de los Tres Mares (ITM, conocida en inglés como BABS-Initiative: Baltic, Adriatic, Black Sea) fue puesta en marcha en 2015 y está formada por doce países: Austria, Bulgaria, Croacia, República Checa, Estonia, Hungría, Lituania, Letonia, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia.

Según el Instituto Polaco de Asuntos Exteriores, las reticencias iniciales de la Unión Europea sobre la ITM parece que están superadas, ya que la cumbre fue respaldada por la Comisión Europea y por el Comisionado para política regional del Parlamento Europeo. De esta forma se reconoce el papel de la ITM en la cohesión y en el fortalecimiento de la UE.

La importancia del suministro de energía

Uno de las principales aspectos de que se ocupa la ITM es el energético. Su objetivo es tener un acceso ágil a la energía, pero también asegurando el suministro desde diversos puntos, para no depender de un solo proveedor, y además intentando jugar un papel de diversificación en el suministro a otras regiones europeas. En el momento actual sus esfuerzos se focalizan principalmente en el denominado proyecto BRUA que pretende abrir la posibilidad de transportar gas de la zona del mar Caspio a la frontera sur de Rumanía, y de ahí hasta la frontera noroeste de Rumanía con Hungría.

BRUA es acrónimo de Bulgaria, Rumanía, Hungría y Austria, y pretende diversificar el sistema de abastecimiento de gas natural en la región. “Estamos creando una red de distribución”, ha indicado Miguel Arias Cañete, comisario europeo de Energía y Cambio Climático; “no se trata sólo de un gran gasoducto clásico sino de pequeños gasoductos de flujo reversible que permiten enviar el gas en sentido sur, este, oeste, así que la región dispondrá de más fuentes de energía y de una energía más barata”.

El gasoducto BRUA sería, en alguna medida, un sustituto del fracasado proyecto Nabucco. Este proyecto consistía en el desarrollo de una capacidad de transporte de gas natural entre puntos existentes de interconexión con las redes de transporte de gas natural de Bulgaria (en Giurgiu) y Hungría (Csanadpalota), a través de la construcción de un nuevo gasoducto con una longitud total de 550 km, en la ruta Giurgiu-Podisor-Corbu-Hurezani-Hateg-Recas-Horia, y de tres estaciones compresoras ubicadas a lo largo de su recorrido (en Corbu, Hateg y Horia). Preveía alcanzar un flujo de gas de 4,4 millones de metros cúbicos al año en sentido Hungría, y 1,5 millones de metros cúbicos hacia Bulgaria.

El gaseoducto BRUA solo supondrá un tercio del flujo que hubiese aportado Nabucco, de modo que se minimiza el riesgo de pérdida de mercado para Rusia. El trazado que atraviesa Rumanía de este a oeste y de norte a sur, tiene un coste calculado de un total de 560 millones de euros. Rumanía prevé que las actividades de exploración del Mar Negro de la compañía OMV Petrom ExxonMobil podrían conducir al descubrimiento de nuevos yacimientos de gas natural. Para ello se contempla extender el gasoducto BRUA otros 300 kilómetros, de Giurgiu a los perímetros del Mar Negro.

Alemania envió a la cumbre como observador a su ministro de Asuntos Exteriores. El interés de Alemania es fortalecer su presencia económica en la región este de la UE, con el fin de prevenir el creciente peso de China, asegurarse el aporte energético y jugar un papel importante en la red de distribución de gas en el interior de Europa, en un contexto de conflicto por el suministro de gas ruso, y la dependencia que esto conlleva para los países europeos. En el momento actual se está finalizando la construcción del segundo oleoducto europeo del norte, conocido como proyecto NS2 (Nord Stream 2) que llevará gas licuado desde Vyborg (oeste de Rusia) hasta Greifswald, en la costa báltica de Alemania. Este proyecto siempre ha contado con la oposición de Estados Unidos, que ve con disgusto la dependencia energética de la UE respecto de Rusia, motivo por el que EEUU se inclina por potenciar la ITM como área de desarrollo y de entrada de fuentes energéticas no dependientes de Rusia.

Polonia entra en juego

Polonia se alinea con EEUU e intenta reducir la dependencia económica y energética de los países del este de Europa frente a Rusia. Pero también intenta reducir el peso de Alemania en la región; esto recuerda al Intermarium impulsado por Polonia en los años ente las dos guerras mundiales. La pretensión de Polonia es convertirse en un nuevo núcleo de distribución de gas para la UE, donde sus puertos servirían para el desembarco de gas natural licuado de origen estadounidense. Estos puertos se conectarían con el proyecto BRUA, sustituyendo a Ucrania como entrada de gas a la UE y a su vez sustituyendo el gas ruso por el estadounidense (9).

Precisamente este proyecto de la ITM, junto a la presión del presidente estadounidense, ha provocado la reacción de Berlín. La canciller alemana, Angela Merkel, contraatacó en octubre con el anuncio de que Alemania vuelve a abrir la puerta al gas estadounidense, al decidir cofinanciar la construcción de una terminal para barcos de gas natural licuado en el norte del país, por valor de 500 millones de euros. De esta forma, Alemania reforzaría su alianza con Estados Unidos, pero además podría reducir su dependencia de la energía nuclear y la emisión de gases invernadero.

Los proyectos de la ITM se financian con un fondo económico propiciado por seis de los estados miembros (Croacia, República Checa, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Letonia), pero abierto a la participación de todos los países que componen el grupo. Su objetivo es proporcionar soporte económico para el desarrollo de las infraestructuras trans-nacionales en las que participen al menos tres estados miembros de la ITM. El aporte institucional sobrepasa los 5.000 millones de euros, y pretende atraer inversión externa, de fondos privados, que fortalezca al propio fondo. Con una perspectiva a treinta años, se pretende sobrepasar los 100.000 millones de euros.

Tras romper sus relaciones con Taipéi, el Gobierno salvadoreño podría dar a Pekín la gestión de un puerto estratégico en la región

Hasta hace muy pocos años, China no tuvo interés por Centroamérica, básicamente por la ausencia de materias primas. La relación diplomática que esa región, casi en bloque, mantenía con Taiwán también desviaba su atención. Pero la dinámica ha cambiado. Animado por promesas chinas, El Salvador se sumó en agosto a otros países vecinos que han ido cerrando sus embajadas en Taipéi. ¿Por qué ahora a China le interesa Centroamérica? El caso salvadoreño apunta a un deseo de ganar peso en una área de histórica influencia de Estados Unidos.

ARTÍCULO / Jimena Villacorta

"Después de este cuidadoso análisis, anuncio que mi Gobierno ha tomado la decisión de romper las llamadas relaciones diplomáticas mantenidas hasta este día entre la República de El Salvador y Taiwán y establecer relaciones diplomáticas entre la República de El Salvador y la República Popular China". Así comunicó el presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, el establecimiento de lazos diplomáticos con Pekín, el pasado 20 de agosto. La decisión seguía a la adoptada en mayo por la República Dominicana y en 2017 por Panamá, resquebrajando el apoyo de los países de América Central a Taiwán.

Taiwán respondió a ese anuncio asegurando que el Gobierno de El Salvador había reclamado una “suma astronómica” de dinero para financiar el puerto salvadoreño de La Unión y la campaña para las elecciones presidenciales de 2019 del partido gubernamental, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), extremos que el Gobierno salvadoreño negó. El ministro de Asuntos Exteriores taiwanés, Joseph Wu, presentó la ruptura de relaciones como una decisión de Taipéi, por la negativa a ceder a esas presiones, por más que todo indica que la iniciativa fue salvadoreña.

La práctica de pagos ocultos no es, desde luego, nada nuevo en los vínculos entre Taiwán y Centroamérica, pues ha quedada demostrada la entrega de cheques a mandatarios de El Salvador y otros países para mantener un reconocimiento diplomático tan conveniente para la isla asiática. Se trata, en cualquier caso, de un margen de corrupción que, a veces en forma de comisiones, también ha acompañado el desembarco de China en diversos países.

El paso dado por el Gobierno salvadoreño fue criticado por la oposición. El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), tachó de “pésima” la decisión y lamentó que los dirigentes del FMLN no solo apoyan “a las dictaduras represivas y asesinas de Cuba, Venezuela y Nicaragua”, sino que además “ahora rompen con un país democrático para establecer relaciones con otra dictadura”.

La oposición criticó que el Gobierno se mueva por intereses partidistas y deje en el aire los tratados y convenios firmados con Taiwán, que ha sido un socio estratégico para el país durante 85 años y uno de sus principales cooperantes en áreas de tecnología, salud, agricultura y educación. Así, ha habido la pérdida de proyectos de cooperación, recursos financieros y otras ayudas, como el plan de becas para estudiantes salvadoreños en Taiwán.

Alerta de Estados Unidos

El cambio de socio, previsiblemente, significará la sustitución de programas taiwaneses por proyectos chinos de inversión. En los últimos años, El Salvador ha importado mucho más de China (804 millones de dólares en 2016) que de Taiwán (135 millones), pero ha exportado de modo parecido a ambos países (alrededor de 50 millones a cada uno). Lo normal es que ahora Taiwán deje de favorecer la compra de productos salvadoreños, a los que primaba, y que China compense la nueva relación con inversión en infraestructuras.

Es aquí donde entra la posibilidad de que China pueda quedarse con la concesión del puerto de La Unión Centroamericana, en el extremo suroriental de El Salvador, en el golfo de Fonseca. El Gobierno ha reconocido el interés chino por ese recinto, mientras que la oposición critica la falta de información que está habiendo en las negociaciones. La Embajada de Estados Unidos ha llegado a levantar sospechas sobre el riesgo de que, dada la poca transparencia de las gestiones, China pueda usar las instalaciones como base militar. La embajadora, Jean Manes, afirmó que “es alarmante la estrategia de expansión que China tiene en la región, no solo económicamente, sino también militarmente”. De hecho, Washington lleva un tiempo alertando sobre la mayor presencia de China en Centroamérica, como en el caso del Canal de Panamá, en principio con proyectos civiles pero que en ciertas circunstancias podrían poner en cuestión la seguridad estadounidense.

La Embajada de Estados Unidos también ha señalado el interés chino por comprar la isla Perico, ubicada junto al puerto de La Unión. El pasado mes de octubre, Ezequiel Milla, alcalde de La Unión, declaró que se había reunido con Bo Yang, empresario chino y vicepresidente de la Cámara de Comercio entre China y El salvador, para discutir sobre la venta la isla, para construir hoteles. Por su lado, el empresario admitió haber discutido intenciones de compra con los dueños de la parte privada de la isla, donde residen varias de familias, que tienen que estar dispuestas a desalojar sus hogares. La isla contiene una importante reserva de flora y fauna.

Puerto sin explotar

El puerto de La Unión está estratégicamente localizado en el golfo de Fonseca, donde confluyen El Salvador, Nicaragua y Honduras (es el único acceso de este país al Pacífico). Además, puede conectar en cuestión de pocos kilómetros con el canal seco que Honduras está a punto de terminar, al ampliar la carretera que une sus instalaciones de Puerto Cortés, en el Atlántico, con el golfo de Fonseca. La costa de Honduras en el golfo no reúne las condiciones apropiadas para un puerto de aguas profundas, por lo que la salida natural de sus mercancías al Pacífico sería La Unión.

El proyecto de construcción del puerto arrancó en 1994, bajo la presidencia de Armando Calderón Sol, con el objetivo de convertirse en el futuro “hub de las Américas”, de manera que los buques que superaran las dimensiones del Canal de Panamá, pudiesen atracar ahí. Gracias a un préstamo del Banco de Cooperación del Japón (JBIC) el proyecto echó a andar. El puerto se construyó entre 2005 y 2008 y fue inaugurado en 2010.

Bajo la presidencia de Antonio Saca, hubo dos decretos para su concesión. El primero, en 2008, revistió la fórmula de concesión maestra, es decir, que solo habría un operador administrando el puerto por 25 años; sin embargo, no se logró llegar a un acuerdo en la Asamblea legislativa. En 2009 se presentó el segundo decreto, que proponía una sociedad compuesta por la estatal Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y un operador internacional, con una participación accionaria del 10% y del 90%, respectivamente. Pero debido al cambio de gobierno y otras complicaciones internas tampoco se aprobó.

En junio de 2010, ya con Mauricio Funes como presidente, el puerto de La Unión se inauguró bajo administración estatal, con la esperanza de poder acordar una concesión ese mismo año. Finalmente, se decidió aplicar la concesión maestra. En septiembre, la Asamblea aprobó el decreto 834, que contiene la ley de concesión del puerto. Dada la falta de aprobación de las bases de licitación y el contrato, por parte de otras instituciones, la concesión del puerto se aplazó un par de años, tiempo durante el cual las empresas interesadas fueron abandonando las conversaciones.

El proceso de licitación fue puesto finalmente en marcha en 2014, pero el concurso fue declarado desierto en 2015 porque no hubo ofertas para operar en la infraestructura. En 2017 se modificaron algunas leyes para atraer inversionistas, dada la urgencia de la explotación del puerto, cuyo mantenimiento ha costado al país casi 20 millones de dólares en la última década.

Zona Económica Especial

Si hasta la fecha las instalaciones han despertado tan poco interés de inversionistas, ¿qué beneficio podría ver China en La Unión? El diputado Mauricio Vargas, de ARENA,  no cree que Pekín tenga ningún interés económico en el puerto, sino que más bien está siguiendo objetivos estratégicos, pues el golfo de Fonseca da acceso a tres países centroamericanos y forma parte del área que los estadounidenses consideran importante para su propia seguridad.

Para hacer más atractiva la opción de La Unión, el gobierno del FMLN presentó en julio de 2018 la Ley de Zona Económica Especial de la Región Sur Oriental de El Salvador, área correspondiente a La Unión y una veintena de municipios colindantes. Gracias a las ventajas fiscales, China podría convertir ese punto del Pacífico en centro de distribución de sus productos en el Triángulo Norte centroamericano y Nicaragua. La conexión a través del canal seco de Honduras facilitaría conexión con el Atlántico.

La oposición estima que la creación de esa zona económica especial, que en caso de estar destinada a la llegada masiva de productos chinos podría afectar negativamente a las manufacturas locales, está acordada de antemano con China. No obstante, el presidente de la CEPA, niega oscurantismo en el proceso. “No tenemos nada que ocultar. El proceso que estamos llevando es transparente; hemos entrado en una etapa de consulta. El interés de nuestra administración es que se opere el puerto de La Unión y debemos verlo como proyecto de país”. Aseguró que hay compañías interesadas en la concesión también de Europa y América, no solo de Asia.

En un contexto de creciente populismo, el pulso entre Bruselas y Roma es decisivo para el futuro de la UE

En una medida sin parangón dentro de la historia de la Unión, la Comisión Europea ha desestimado los presupuestos nacionales presentados por el Gobierno populista italiano, por no tender a los objetivos de déficit marcados. Ni Bruselas ni Roma parecen tener la intención de abandonar sus posturas, por lo que un enfrentamiento institucional amenaza el horizonte europeo.

▲ Giuseppe Conte, presidente del Gobierno italiano, con los vicepresidentes Luigi di Maio (izqda.), líder del Movimiento 5 Estrellas, y Mateo Salvini (dcha.), líder de la Liga Norte [Gob. de Italia]

ARTÍCULO / Manuel Lamela

Tras siete meses en el Gobierno, la coalición formada por el Movimiento 5 Estrellas y La Liga Norte han cumplido con lo prometido e iniciado, con la presentación del presupuesto de la república italiana, un proceso de enfrentamiento y desafío con la Unión Europea (UE). Las autoridades de Bruselas acusan a Italia de romper, con sus irresponsabilidades, los lazos de confianza que forjan y dan sentido al proyecto europeo.

El pasado día 16 de octubre el ejecutivo de Giuseppe Conte presentó un presupuesto con una previsión de déficit del 2,4%; si bien es cierto que la cifra está por debajo del límite del 3% fijado por la normativa europea, triplica lo pactado anteriormente entre Roma y la UE. Además, si la deuda pública de Italia es del 131% del PIB, lo que la convierte en la segunda más alta de la Unión monetaria, solamente superada por Grecia, el nuevo presupuesto no hará más que aumentarla, ya que pretende incrementar de forma significativa el gasto público.

El aumento del gasto parece obedecer a los intereses populistas del líder de la Liga Norte y ministro del Interior, Mateo Salvini, quien no ha ocultado su intención de buscar apoyo en los sectores más fracturados de la sociedad italiana. Cultivar el victimismo frente a Europa puede dar un cierto rédito político, pero el ejemplo de Grecia nos muestra que actitudes de ese tipo suelen acabar en tragedia, debilitando sobremanera al Estado ante otra posible crisis de deuda.

La Comisión Europea rechazó a finales de octubre el borrador presupuestario italiano –devolver el presupuesto de un Estado miembro era un acto sin precedentes– e instó a Roma a enviar una versión revisada en un plazo máximo de tres semanas. La decisión no cierra las puertas al diálogo y a las negociaciones, como indica en su explicación de lo sucedido el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici; “El dictamen adoptado hoy no debería sorprender a nadie, ya que el proyecto de presupuesto del Gobierno italiano representa una desviación clara e intencional de los compromisos asumidos por Italia el pasado mes de julio. Sin embargo, nuestra puerta no está cerrada. Queremos continuar nuestro diálogo constructivo con las autoridades italianas. Celebro el compromiso del ministro de Finanzas, Giovanni Tria, con este fin y debemos avanzar con este espíritu en las próximas semanas”.

Pero desde el Gobierno de Conte se asegura que no existe un plan B y que no hay ninguna posibilidad de que Italia dé un paso atrás. Tanto Mateo Salvini como el líder del Movimiento 5 Estrellas, Luigi di Maio, ambos vicepresidentes del Gobierno, defendieron la postura Italiana y atacaron a Bruselas alegando que es normal que esta se encuentre descontenta, ya que es la primera vez que Italia se libera de las garras del eurogrupo a la hora de decidir su política económica. También manifestaron que, con su respuesta, el colegio de Comisarios ataca directamente al pueblo Italiano. Y acusaron al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, de “solo hablar con gente embriagada”, algo que sin duda muestra poco respeto hacia las instituciones.

La táctica de simular fortaleza y determinismo, que ambas formaciones políticas italianas usaron durante la campaña electoral, se está viendo correspondida por el resto de líderes europeos con un ejercicio de poder real. La petición del ministro italiano de Finanzas, Giovanni Tria, para que Italia pueda gozar de la misma oportunidad que contó Portugal en el pasado, cuando Bruselas aceptó que el primer ministro luso, Antonio Costa, no aplicara el volumen de recortes deseado desde la Comisión, se verá ahogada por las imprudentes formas que emplean los líderes políticos de la República Italiana.

Si Italia se niega a seguir las recomendaciones dadas por la UE cabe la posibilidad de que la Comisión se plantee imponer multas, que pueden llegar a suponer un 0.2% del PIB, por el incumpliendo del pacto de Estabilidad y Crecimiento. Pero al margen de las sanciones la UE no posee derecho a veto ni dispone tampoco de ninguna otra competencia para evitar la entrada en vigor del presupuesto italiano. Como indican diversos expertos, será la presión de los mercados la que haga corregir la medida italiana, evitando así un enfrentamiento directo entre Roma y Bruselas que dañaría a ambas partes por igual. Los analistas de Goldman Sachs predicen que “la deuda italiana debe empeorar para ejercer la presión adecuada y obligar a que el Gobierno opte por otra retórica”.

Aunque la Comisión Europea logre evitar una confrontación con Italia, sí podrá verse expuesta a la campaña de victimismo de las agrupaciones populistas italianas, táctica que ya emplearon con éxito en las pasadas elecciones. Se trata de una táctica que no es de creación italiana, pues desde la crisis del año 2008 diversas agrupaciones y partidos surgieron con una postura claramente contraria a Bruselas, acusando a las instituciones comunitarias de todos los males que sufren las sociedades europeas. Ejemplos hay varios; quizás el Brexit sea el más sonado dada su relevancia a nivel europeo e internacional, pero no nos debemos olvidar del ascenso de formaciones como el Frente Nacional en Francia, el Partido de la Libertad en Austria o Podemos en España, partido este último que tuvo su gran lanzamiento público a raíz de las elecciones al Parlamento Europeo de 2015.

Hasta el momento en Europa no se ha conseguido encontrar la manera de evitar o neutralizar las campañas de demagogia que proliferan en la Europa actual. Aunque se están realizando ciertos avances en cuanto al poder comunicativo de la UE, es incomprensible que desde Bruselas no se consiga explicar con eficacia el proyecto europeo a los ciudadanos de la Unión. Se trata de una carencia que el proyecto europeo arrastra desde su nacimiento y que ha sido causa de muchos de los males que han afectado a la unidad regional en las últimas décadas. En este caso Europa tiene que aportar datos que resulten sencillos de comprender para el ciudadano medio italiano y que le hagan ver que las medidas adoptadas por su Gobierno serán dañinas para la sociedad italiana en un futuro próximo, por mucho que se encuentren edulcoradas por mensajes que responden a promesas vacías y políticas mesiánicas.

Otro de los factores que preocupan en el seno de la Comisión es el riesgo de contagio del virus generado dentro de la tercera economía de la UE (descontando ya el Reino Unido). En un principio puede parecer posible que otros Estados miembros se sientan atraídos a seguir los pasos de Italia; sin embargo, las autoridades europeas dicen creer firmemente que su dura respuesta a Roma reforzará la unión monetaria e incluso hará que aumente la integridad en ámbitos como la unidad bancaria. En cuanto al exterior, la decisión mostrará que el rigor presupuestario comunitario se cumple, generando confianza y seguridad en los mercados, y por último demostrando que no se da tregua a las formaciones populistas dentro de Europa.

Los 24 países socios buscan desde ambas orillas una mayor colaboración Sur-Sur, pero el avance es lento

Si en el Atlántico Norte está la OTAN, en el Atlántico Sur está la ZOPACAS (Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur). Sin repetir el modelo de club militar de la OTAN, la ZOPACAS tiene como objetivo la cooperación en materia de seguridad y defensa, pero también la colaboración para el desarrollo endógeno de la región. Creada en 1986, la organización es un interesante foro para abordar problemas comunes, pero adolece de mecanismos para un mayor compromiso.

▲ Países que forman parte de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur [Wikimedia]

ARTÍCULO / Alejandro Palacios

En las últimas décadas, la proliferación de foros de cooperación Sur-Sur ha puesto de manifiesto el deseo de muchos países del mundo de buscar su desarrollo y la colaboración regional sin la tutela o la injerencia históricamente ejercida desde los países más industrializados. El objetivo ha sido la articulación de nuevas formas de asociación regional que garanticen la independencia del Sur en sus relaciones con el Norte y promuevan un verdadero desarrollo, sin incurrir en los viejos desequilibrios.

En tal contexto surgió en 1986, a iniciativa brasileña, la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZOPACAS, también conocida como ZPCAS). Se trata de una organización consultiva de carácter transcontinental, integrada por 24 países situados ambos lados del Atlántico1 y que cuenta con el respaldo de la Asamblea de las Naciones Unidas a través de la resolución 41/11.

La organización se constituyó en el tramo final de la Guerra Fría, época durante la cual algunos países buscaron modos de cooperación al margen del reparto bipolar del poder entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Nació también en un momento en que Angola y Brasil se estaban convirtiendo en actores regionales importantes por la alta presencia de hidrocarburos en sus territorios. De ahí surgió la necesidad de crear mayores condiciones de seguridad en la zona a fin de que las operaciones económicas por vía marítima pudieran llevarse a cabo con la menor incertidumbre posible.

No obstante, el crecimiento y desarrollo de la ZOPACAS fue progresivo, tanto desde en el aspecto institucional como en el de números de miembros. Es de destacar el caso de Sudáfrica, país que no entró en la organización hasta que puso fin a su política del Apartheid. La incorporación de Sudáfrica en la cumbre de Brasilia de 1994 incrementó el prestigio de la organización y supuso el final de su proceso de constitución.

Aun así, a la ZOPACAS todavía le faltaba madurez en el plano institucional. En la reunión en Montevideo de 2013 sus integrantes acordaron reunirse anualmente al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas y crear un Grupo de Contacto que, además de implementar las decisiones adoptadas en los encuentros, también coordina los temas relevantes para la zona relacionados con la paz y la cooperación.

En el corto plazo, la ZOPACAS logró importantes avances en favor de la paz y seguridad en el Atlántico Sur. Uno de los más destacables se refiere a la firma en 1996 del Tratado de Pelindaba (Tratado Africano para formación de una Zona Libre de Armas Nucleares), el cual convirtió a África, tras la adhesión sudafricana2, en la tercera zona desnuclearizada del mundo. La medida seguía a la adoptada en 1967 por el Tratado de Tlatelolco, que convirtió a América Latina y el Caribe en la primera región desnuclearizada.

¿Reemergencia?

A pesar de sus destacables logros en materia de paz y seguridad, la ZOPACAS se encuentra actualmente en una situación de falta de impulso. Si bien es cierto que algunos analistas hablan de reemergencia, otros aseguran que para que la organización pueda resurgir antes tiene que someterse a una reestructuración institucional que permita afrontar mejor las amenazas y los desafíos que suponen las nuevas realidades geopolíticas.

Como se ha comentado, las aspiraciones del resurgimiento de la organización están amparadas en una mayor importancia del comercio marítimo, en la explotación de los nuevos campos petroleros bajo aguas profundas de Brasil (capa pre-sal), y en la necesidad de proteger el transporte marítimo frente a la piratería, entre otros asuntos. Parta el director de la Escuela Sudamericana de Defensa, Antonio Jorge Ramalho, todo esto está incrementando la importancia geopolítica de la región del Atlántico Sur, lo que convertiría a la ZOPACAS en una “herramienta lista para ser utilizada en caso de que exista una percepción de amenaza en la zona” que ponga en riesgo la extracción y comercio de las materias primas de la región.

Sin embargo, también se señalan riesgos asociados a una posible reemergencia de la ZOPACAS. Estos tienen que ver, paradójicamente, con una mayor injerencia de países del Hemisferio Norte, algunos de los cuales han expresado la intención de ampliar su zona de actuación al Atlántico Sur. Francia tiene el propósito de ampliar su influencia desde la Guyana francesa, mientras que Rusia ya ha recibido aprobación de Guinea Ecuatorial para usar el principal puerto del país.

Está claro que la zona de paz y cooperación tiene capacidad para contrarrestar esa influencia, primariamente por medio del aumento de la colaboración entre los Estados del Atlántico Sur. Para que ello suceda, el área cuenta con dos características definitorias: el ser una zona bastante pacífica per se y el hecho de que la mayoría de los países implicados cuentan con economías basadas en recursos naturales y las exportaciones de materias primas. Estos factores pueden alentar una cooperación más que necesaria para ahuyentar las pretendidas injerencias occidentales.

Si bien, por tanto, la capacidad de desarrollo de la ZOPACAS es clara, hay que tener presente que la organización no cuenta a día de hoy con una estructura institucional capaz de promover esas sinergias y prácticas cooperativas de una manera eficaz. De hecho, algunos analistas arguyen que, contrariamente a lo que debería estar sucediendo, los países cada vez ponen menos interés en el proyecto, como se pone de manifiesto en la frecuente ausencia de los presidentes de los países en las reuniones de la organización.

Así, pues, puede concluirse que tanto por la falta de recursos materiales como por la naturaleza consultiva de la organización, la ZOPACAS no ha podido proyectar influencia suficiente como para convertirse en una organización de referencia internacional. Ha tenido mayor éxito en el corto plazo, en materia de paz y seguridad, pero le está costando asentar una cooperación económica a largo plazo. Se requiere, por tanto, de un mayor compromiso por parte de los Estados miembros a fin de solidificar un proyecto necesario no ya sólo para la paz y seguridad en la región, sino también para la independencia política, económica y energética de los Estados del Atlántico Sur.

(1) Tales son: Angola, Argentina, Benín, Brasil, Cabo Verde, Camerún, Costa de Marfil, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea-Conakri, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Liberia, Namibia, Nigeria, República del Congo, República Democrática del Congo, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica, Togo y Uruguay.

(2) El caso sudafricano resulta interesante, pues es el primer y único país hasta la fecha que, tras haber desarrollado la bomba nuclear, decretó el desmantelamiento íntegro de su programa nuclear tras la firma del  Tratado de No Proliferación Nuclear en 1991.

Limitar el trato con China y controlar la llegada de refugiados venezolanos, entre las medidas que promueve el vencedor en la primera vuelta

Con un apoyo de más del 46% de los votantes, el derechista Jair Bolsonaro obtuvo una amplia victoria en las elecciones presidenciales del 7 de octubre, que no obstante necesitarán una segunda vuelta a finales de mes. Su directo contrincante, Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, apenas llegó al 29% de los votos, lo que complica que en tres semanas la correlación de fuerzas pueda girarse. Una presidencia de Bolsonaro, por tanto, es posible y eso aconseja examinar qué política exterior nos depararía la nueva etapa.

▲ Jair Bolsonaro, en un acto de la campaña electoral [PSL]

ARTÍCULO / Túlio Dias de Assis

Uno de los dichos más conocidos que tienen los brasileños acerca de su propio país es que “O Brasil não é um país para principiantes” (Brasil no es un país para principiantes). Desde luego, dicho refrán sería muy acertado a la hora de describir la situación actual del país. El gigante latinoamericano se tambalea ante la inestabilidad provocada por una campaña electoral realmente inédita y por la posibilidad de la victoria de un candidato ciertamente divisivo.

La campaña electoral ha sido todo menos “convencional”, con un candidato intentando promover el voto desde su celda en la prisión federal de Curitiba, en Paraná, y otro siendo apuñalado en pleno acto político en las calles de Juíz de Fora, en Minas Gerais. El primero, el expresidente Luís Inácio “Lula” da Silva, tuvo que ceder finalmente el puesto a otro dirigente de su partido, Fernando Haddad, debido a su situación penal; el segundo, Jair Bolsonaro, se vio favorecido electoralmente por el apuñalamiento y la mayor dispersión del voto por el obligado abandono de Lula.

Las elecciones contaban con un variopinto grupo de candidatos representando los más dispares tipos de ideologías. En la votación de este último domingo, como ya predecían las encuestas, la pugna ha quedado reducida a dos presidenciáveis (candidatos a la presidencia), situados en las antípodas del espectro político: Bolsonaro y Haddad, candidatos del Partido Social Liberal (PSL) y del Partido de los Trabajadores (PT), respectivamente.

Así, Bolsonaro obtuvo más del 46% de los votos, superando con creces las previones de los sondeos, mientras que Haddad recibió el apoyo del 29% de los votantes. Al no sobrepasar ningún candidato el 50% de los votos este 7 de octubre, los dos presidenciales más votados pasan a una segunda vuelta, que tendrá lugar el 28 de octubre.

Jair Messias Bolsonaro, el “Trump brasileño”

Bolsonaro indudablemente es la mayor sorpresa de estas elecciones, ya que sus posturas, muy reaccionarias en algunos temas, se salen por completo del espectro político mayoritariamente socialista al que Brasil se había acostumbrado desde principios de siglo. Se trata de un militar en la reserva que durante las últimas décadas ejerció de diputado federal por el estado de Río de Janeiro. Durante su labor en la Cámara Baja, muchas de sus declaraciones, a menudo de carácter homófobo, racista y machista, se hicieron virales. Gran parte de la prensa brasileña le ha tachado de extrema derecha y ha realizado una dura campaña en su contra, similar a lo que pasó con Donald Trump en EEUU.

La controversia ha beneficiado a Bolsonaro, ampliando su base electoral. Tras el atentado en Minas Gerais, vio crecida su popularidad (subiendo en las encuestas del 22% al 32%) y mitigando algo el rechazo que provoca entre parte de la población.

En cuestiones de política interna, el candidato del PSL se caracteriza por polémicas declaraciones a favor de la revocación del estatuto de desarme (emitido durante el gobierno de Lula), una disminución del aparato burocrático estatal, la liberalización de la economía, la privatización de empresas y organismos públicos, la reducción de la mayoría de edad penal, el establecimiento de penas mayores y más duras para delitos graves y la militarización de la policía en sus enfrentamientos contra las bandas criminales dominantes en las favelas. Además, rechaza rotundamente, entre otros asuntos, la ideología de género, las cuotas de género y raciales –en todo tipo de organismos públicos– y los movimientos políticos de ideología marxista.

Política exterior. En cuanto a política internacional, Bolsonaro ha mencionado que pretende estrechar las relaciones de Brasil con EEUU –dada su simpatía hacia la política del presidente Trump–, la UE y los países democráticos de Latinoamérica; mientras que se ha posicionado radicalmente en contra del acercamiento a países con regímenes dictatoriales, entre los que ha incluido a China, Venezuela, Bolivia y Cuba. Defiende las políticas de Israel y ha prometido trasladar embajada brasilera a Jerusalén, tal como hizo el presidente Trump hace casi un año. Por último, rechaza el flujo descontrolado de inmigrantes venezolanos que entran en Brasil a través del estado de Roraima, y ha advertido que tomaría medidas drásticas para poder controlarlo, puesto que la cifra de migrantes procedentes de Venezuela ya sobrepasa los 50.000.

Fernando Haddad, el heredero del legado de Lula

Haddad ha sido alcalde de la ciudad de São Paulo y ministro de Educación durante el gobierno de Lula. Inicialmente optaba al puesto de vicepresidente, acompañando a Lula en la candidatura del PT. Pero cuando Lula vio cerradas sus opciones de forma definitiva por el Tribunal Supremo Electoral, al encontrarse encarcelado bajo condena de 12 años por corrupción, designó a Haddad como presidenciable, ya muy avanzada la campaña electoral.

Antes de la anulación de su candidatura, Lula encabezaba claramente los sondeos, pudiendo incluso a llegar a ganar en la primera votación. Ese apoyo radicaba sobre todo entre la población beneficiada por sus políticas socialistas de gran éxito durante sus dos mandatos (2003-2006 y 2007-2010), entre ellas el programa Fome Zero (Hambre Cero), que pretendía terminar con el hambre en Brasil; Primeiro Emprego (Primer Empleo), un programa enfocado en eliminar el desempleo juvenil, y el más conocido Bolsa Família, una continuación del Fome Zero concretada en ayudas familiares, cuyo éxito sacó a varios millones de brasileños de la pobreza.

Este éxito social, que afectó principalmente a las regiones del Norte y Noreste de Brasil, donde hay una mayor población por debajo de la línea de pobreza, daba al PT una sólida base electoral, aunque ligada al liderazgo de Lula. Al producirse el cambio de candidato, la popularidad del PT decayó y su intención de voto se repartió entre los demás presidenciables. Como candidato, Lula llegó a sobrepasar el 37% en la primeras encuestas; sin embargo, Haddad no llegó al 30% en la primera vuelta.

Política exterior. El PT es un partido de izquierdas que se alinea bastante con la doctrina política latinoamericana del llamado Socialismo del Siglo XXI. Su programa en política internacional es mantener buenas relaciones con los miembros de los BRICS –especialmente la cooperación con China– y de MERCOSUR, y seguir pacticipando activamente en la ONU, específicamente en órganos como el Consejo de Derechos Humanos (HRC) o la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), hoy presidida por el exministro de Lula responsable del programa Fome Zero, José Graziano da Silva. Haddad no se ha posicionado concretamente sobre el régimen de Venezuela, al contrario de Bolsonaro; sin embargo, sí ha mencionado la necesidad de ayudar en la mediación para la resolución de los conflictos internos del país vecino, sin llegar a condenar al gobierno chavista en ningún momento.

Segunda vuelta

El panorama brasileño es indudablemente muy peculiar y existe la conciencia de que estas elecciones podrían definir el rumbo del gigante tropical por cierto tiempo. Bolsonaro parte con una determinante ventaja para la segunda vuelta del próximo 28 de octubre. Haddad probablemente podrá contar con el apoyo de varios de los candidatos que han quedado por detrás, como Ciro Gomes, del PDT, o Marina Silva, del REDE (ambos exministros del gobierno de Lula), debido a la radical diferencia de la política de Bolsonaro con los candidatos “convencionales”.

La posibilidad de un triunfo final del militar en la reserva podrá movilizar a parte del electorado, aumentando la participación entre quienes quieren impedir su entrada en Brasilia. El voto del miedo a Bolsonaro que promoverá el PT y la “normalidad” con la que el polémico candidato querrá acentuar su candidatura decidirán esta recta final.

Miloš Zeman y Andrej Babiš comparten protagonismo en un sistema político no pensado para dos personalismos

La República Checa cuenta con un presidente (Miloš Zeman), reelegido en enero para un segundo mandato, cuyo partido no tiene presencia en el Parlamento, y con un primer ministro (Andrej Babiš) que estuvo fuera del cargo entre enero y mayo ante la falta de suficiente apoyo entre los legisladores. Zeman y Babiš se han respaldado mutuamente y comparten críticas hacia Bruselas –por ejemplo, rechazan las cuotas de refugiados de la Unión Europea–, pero su fuerte personalismo y su volubilidad de postulados están provocando roces.

▲ Andrej Babiš (izqda) y Miloš Zeman (dcha) durante la toma de posesión del primero como primer ministro, en enero de 2018 [Gob. checo]

ARTÍCULO / Jokin de Carlos Sola

El clima político en la República Checa no ha sedimentado tras el último ciclo electoral. Las elecciones legislativas de 20 y 21 de octubre de 2017, convocadas tras una crisis de Gobierno, supusieron un descalabro de los partidos tradicionales y la llegada de muchas nuevas caras al Parlamento, dando lugar a un fraccionamiento político que ha tenido su coste.

En medio de un hung Parliament, Andrej Babiš, líder del partido con mejores resultados, ANO 2011, pasó en diciembre a formar un Ejecutivo en minoría, convirtiéndose en el primer jefe de Gobierno en la historia de la República Checa que no procedía ni de los demócratas cívicos ni de los socialdemócratas. En enero, sin embargo, Babiš tuvo que dimitir al perder una cuestión de confianza; en mayo logró formar un nuevo Gobierno, esta vez en coalición con los socialdemócratas y, por primera vez desde la caída del Telón de Acero, con el apoyo de los comunistas.

En ese contexto de disputas políticas, el 12 y 13 de enero de 2018 tuvieron lugar las elecciones presidenciales. La segunda vuelta fue disputada por el presidente saliente, Miloš Zeman, que resultó reelegido, y Jirí Drahoš, en una contienda que polarizó al electorado entre un proteccionismo económico tradicional y una postura crítica hacia la Unión Europea (Zeman) y posiciones más abiertas hacia la OTAN y la UE (Drahoš).

Al final, Babiš y Zeman –antiguos participantes de la Revolución de Terciopelo que puso fin al régimen comunista, tras la que ambos han dado varios vaivenes ideológicos, convirtiéndose en figuras controvertidas–, tienen que compartir un protagonismo institucional y político ciertamente complejo. La República Checa cuenta con un sistema parlamentario, en el que el presidente del país es elegido directamente por los ciudadanos y tiene la potestad de nombrar y destituir al primer ministro, así como disolver el Parlamento bicameral.

Elecciones legislativas

En las elecciones al Parlamento checo de 2017 ganó el partido ANO 2011, cuyo nombre incluye el año en que se creó y las siglas de Acción de Ciudadanos Insatisfechos, que juntas dan lugar en checo a la palabra Sí. La elección supuso un derrumbe parlamentario de muchos de los antiguos partidos, entre ellos los socialdemócratas del ČSSD (de ser el partido gobernante bajó al sexto puesto), los comunistas del KSČM (quedaron en el quinto puesto), los democristianos del KDU-ČSL (fueron séptimos) y los liberales de TOP 09 (acabaron en octavo lugar). El único viejo partido que sobrevivió con relativa fuerza fueron los conservadores de Democracia Cívica (ODS), que terminaron en segundo lugar. Varios partidos nuevos, en cambio, ganaron relevancia: fue el caso, además el propio ANO, del Partido Pirata y del conservador y fuertemente nacionalista Libertad y Democracia Directa (SPD), liderado por Tomio Okamura.

Andrej Babiš es llamado el checo Donald Trump, no tanto por su ideología, sino por su personalidad extravagante y su gran fortuna (es el segundo hombre más rico del país). Su ideario ha sido muy voluble. De origen comunista, fundó su propio partido político en 2011, al que bautizó como ANO 2011. Se trata de un partido con puntos de vista generalmente centristas y de cierto sincretismo. También se le califica de "populista" por sus cambios de discurso, especialmente en relación a la Unión Europea: antes de las elecciones generales el partido sostuvo posturas euroescépticas, para luego desarrollar una política más bien pro-UE desde el Gobierno.

Babiš fue viceprimer ministro y titular de Finanzas en el anterior Gobierno, liderado por de los socialdemócratas de Buhoslav Sobotka. Es el propietario del grupo de medios MFRA, que publica dos de los principales periódicos del país, Lidové noviny y Mladá fronta DNES, y opera la compañía de televisión Óčko.

Se trata de una figura controvertida, no solo por algunas de sus posturas políticas, como el rechazo a las cuotas de inmigrantes establecidas por la UE, sino por diversos escándalos pasados. Fue acusado de haber colaborado con la policía secreta del régimen comunista, de haber utilizado fraudulentamente subsidios de la UE y participar en sobornos para la venta de la compañía estatal Unipetrol, cuya privatización fue gestionada por Miloš Zeman, alguien próximo al propio Babiš, cuando fue primer ministro.

Elecciones presidenciales

Las elecciones presidenciales se celebraron en enero de 2018. Era la segunda ocasión en que el presidente se elegía por sufragio universal directo. A la segunda vuelta pasaron Miloš Zeman, que buscaba la reelección, y Jiri Drahoš, presidente de la Academia de Ciencias. Hubo quien comparó esa pugna electoral con la que mantuvieron en Francia Macron y Le Pen, pero la comparación ideológica no es plena. Drahoš se describía a sí mismo como pro-europeo y pro-OTAN, y defendía que la República Checa asumiera asumir un papel más importante en la Unión Europea, pero era crítico con la política comunitaria de acogida de inmigrantes, tanto musulmanes como africanos, y rechazaba las cuotas de refugiados.

Al final, Zeman ganó con el 52% de apoyo, mientras que Drahoš obtuvo el 48%, un resultado algo más ajustado que en las anteriores presidenciales. El apoyo de ANO 2011 en la segunda vuelta fue decisivo para el triunfo de Zeman. Los distritos de Praga, Brno y otras áreas liberales de mayor población urbana votaron por Drahoš, mientras que el campo y las zonas fronterizas lo hicieron por Zeman.

Miloš Zeman fue miembro del Partido Comunista hasta 1970 y pasó al Partido Socialdemócrata en 1992, cuyo liderazgo desempeñó entre 1993 y 2001, años en que ejerció de primer ministro checo. Abandonó ese partido en 2007 y dos años más tarde creó el suyo propio, bautizado como Partido de los Derechos Civiles: una plataforma electoral para sus candidaturas presidenciales, que no cuenta con diputados ni senadores. En esta formación personalista se mezclan posturas tradicionales tanto de derecha como de izquierda. Por un lado, el partido cree en una economía mixta, con una preferencia por los servicios públicos y un alto gasto estatal, en una concepción proteccionista de la economía. Por otro lado, promueve un conservadurismo cultural que evite el multiculturalismo y la llegada de inmigrantes. Esto ha hecho que el partido sea muy popular en las zonas rurales cercanas a las fronteras.

Zeman se convirtió en presidente de la República Checa en 2013. El primer mandato presidencial de Zeman fue muy controvertido dentro y fuera del país. Con él en el Castillo de Praga se produjo la entrada en la Unión Europea, pero luego ha sido uno de los principales opositores a las cuotas comunitarias de inmigrantes y ha apoyado tanto a Polonia como a Rusia en sus disputas con las autoridades de Bruselas. La cercanía de Zeman con Putin le diferencia de la mayoría de líderes de los países de Visegrado, que adoptan una postura anti-rusa.

Dos liderazgos

Desde la presidencia, Miloš Zeman ha mantenido las líneas ya marcadas en su primer mandato. Si en asuntos europeos su rechazo a las cuotas de refugiados le ha enfrentado a la dirección de la UE, su cercanía a Israel, Rusia y China en política internacional también ha resultado molesta en Bruselas.

Zeman fue el único líder europeo que apoyó a Trump cuando decidió trasladar la embajada de Estados Unidos De Tel Aviv a Jerusalén, reconociendo a esta última ciudad como la capital de Israel. No fue una sorpresa, pues Zeman siempre ha mostrado su apoyo al Estado judío: el 25 de abril celebró en su residencia el Día de la Independencia de Israel. Sin embargo, la República Checa no ha trasladado su embajada a Jerusalén dado que la decisión debe ser tomada por el Gobierno, y este no ha accedido a ello. En otros asuntos de Oriente Medio, Zeman ha dado apoyo a Rusia, condenando la actuación de Estados Unidos y sus aliados en Siria.

Zeman también se ha alineado con Pekín, abriendo el país a importantes inversiones chinas, como la de la compañía energética CEFC, cuya sede en Shanghái visitaron en marzo varios de sus asesores. La apertura a inversiones extranjeras ha provocado algún signo de preocupación en Bruselas por la falta de mecanismos de control que vigilen la toma de sectores estratégicos. En el marco de su prometida "diplomacia económica" Zeman ha defendido el proyecto chino de Nueva Ruta de la Seda.

Si Zeman y Babiš partían de unas buenas relaciones, los últimos meses les han llevado a varios roces. En las últimas semanas de su primer mandato, Zeman encargó a Babiš  formar Gobierno después de que su partido se convirtiera en el más votado en un Parlamento muy fraccionado. Recién asumido el cargo de primer ministro, Babiš ofreció a Zeman el apoyo de su ANO 2011 en la segunda vuelta de las presidenciales. Luego Zeman se ha esforzado por consolidar la posición de Babiš en el Parlamento. Sin embargo, las dificultades de este último para contar con una mayoría estable han provoca discrepancias entre el presidente y el primer ministro sobre qué partidos debían construir la mayoría gubernamental. El abierto anti-europeísmo o la postura anti-OTAN de algunos de los posibles socios dificultó la labor de Babiš, quien en mayo formó Gobierno nuevamente después de haber tenido que dimitir en enero por falta de apoyos parlamentarios.

Los acontecimientos han demostrado que tanto Zeman como Babiš tienen personalidades fuertes y que ambos parecen decididos a hacer valer su posición política, lo que puede generar tensión en el desarrollo institucional de la República Checa. Al mismo tiempo, los dos ha mostrado facilidad para cambiar de discurso en función de lo que piensan que es el sentir mayoritario de los checos, lo que ha contribuido a darles un perfil populista.

Los días de la Revolución de Terciopelo, cuando Zeman y Babiš compartieron trinchera, están demasiado lejos, pero convendría recordar unas palabras de Vaclav Havel, principal líder de aquella revuelta y luego presidente del país: "La ideología es una forma engañosa de relacionarse con el mundo. Ofrece a los seres humanos la ilusión de una identidad, de dignidad y de moralidad, al tiempo que les facilita separarse de esos principios".

La Flota fue restaurada en 2008 debido a las alianzas geopolíticas de Venezuela

De las fuerzas navales de EEUU, la Sexta y la Séptima Flota –con base el Mediterráneo y en el Golfo Pérsico, respectivamente– son las que tradicionalmente más han aparecido en las noticias. Usualmente la Cuarta Flota pasa desapercibida. De hecho, apenas cuenta con personal, y cuando necesita barcos debe tomarlos prestados de otras unidades. Sin embargo, su restauración en 2008, después de haber sido desactivada en 1950, indica que Washington no quiere descuidar la seguridad en el Caribe frente a los movimientos de Rusia y China.

▲El USS Dwight D. Eisenhower llegando en 2010 a Mayport, Florida [US Navy]

ARTÍCULO / Dania del Carmen [Versión en inglés]

La Cuarta Flota es parte del Comando Sur de Estados Unidos. Está ubicada en Mayport, Florida, y su área de operaciones son las aguas que bañan América Central y del Sur. Los barcos que tienen su base en Mayport no pertenecen estrictamente a la base y en la actualidad no existe ninguno desplegado en las aguas de la región. El personal estacionado en la flota es de aproximadamente 160 personas, incluyendo militares, civiles federales y contratistas. Trabajan en el cuartel general del Comando Sur de las Fuerzas Navales de EEUU (USNAVSO). El comandante del Comando Sur es también comandante de la Cuarta Flota, actualmente el contraalmirante Sean S. Buck.

Originalmente se estableció en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, para proteger a EEUU de acciones navales de Alemania, tanto ataques de superficie, como de operaciones de bloqueo e incursión de submarinos. Tras terminar la guerra en 1945, la FOURTHFLT se mantuvo activa hasta 1950. En ese momento, su área de operaciones fue entregada a la Segunda Flota, que acababa de establecerse para apoyar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).[1]

La Cuarta Flota fue reactivada en 2008, durante la presidencia de George W. Bush, como reacción a posibles amenazas derivadas del sentimiento anti-estadounidense promovido por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Durante ese tiempo, Venezuela recibía préstamos de Rusia para la compra de armas y para el desarrollo militar venezolano. En 2008 Venezuela realizó un ejercicio naval conjunto con Rusia en el Caribe como forma de apoyo a las intenciones rusas de aumentar su presencia geopolítica, en contrapeso al poder de Estados Unidos.

El hecho de que Nicaragua, Bolivia y Ecuador tuvieran una ideología similar a la de Venezuela reforzó el convencimiento de Washington de reactivar la flota, como recordatorio de que EEUU mantenía su interés en ser el único poder militar en el hemisferio occidental. Aunque el territorio de EEUU difícilmente podía verse amenazado, prevenir cualquier situación de riesgo en el libre acceso al Canal de Panamá ha sido una tarea permanente para el Comando Sur. En los últimos años, Rusia ha buscado expandir su presencia militar en las Américas, a través de relaciones particulares con Cuba y Nicaragua, mientras que China ha incrementado sus inversiones en el área del Canal de Panamá.

Actividad actual

Según indica la página web de USNAVSO/FOURTHFLT en su apartado de “misión”, la Cuarta Flota “emplea fuerzas marítimas en operaciones cooperativas de seguridad marítima para mantener el acceso, mejorar la interoperabilidad y establecer asociaciones duraderas que fomenten la seguridad regional en el área de responsabilidad del USSOUTHCOM”. Como se ha mencionado, cuando se asignan barcos y otros equipos a SOUTHCOM y la Cuarta Flota, estos son provistos por otros comandos de la Armada estadounidense con responsabilidades geográficas más amplias, con base en otras partes del mundo[2].

La FOURTHFLT tiene tres líneas principales de actuación: operaciones de seguridad marítima, actividades de cooperación de seguridad y operaciones de contingencia.

—En cuanto a sus operaciones de seguridad marítima, actualmente proporciona fuerzas marítimas a la Interagency Task Force South (JIATF South) en apoyo de la Operación MARTILLO. La JIATF South “realiza operaciones de detección y monitoreo (D&M) en toda su área operativa conjunta para facilitar la interdicción del tráfico ilícito en apoyo de la seguridad nacional y de la nación socia”. Utiliza los recursos de la Cuarta Flota o emplea temporalmente otros activos, como el USS George Washington Carrier Strike Group o naves individuales de otras flotas como Norfolk, VA Fleet Forces Command o la Tercera Flota, con sede en San Diego, California. Por su parte, la Operación MARTILLO está dirigida principalmente a combatir el tráfico internacional de drogas, mejorar la seguridad regional y promover la paz, la estabilidad y la prosperidad en América Central y del Sur. Como parte de la Operación MARTILLO, en una operación conjunta con la Guardia Costera de los EEUU, el USS Vandegrift detuvo en 2014 a un buque sospechoso frente a las costas de América Central. El personal de seguridad encontró casi dos mil libras de cocaína. Más recientemente, en enero de 2015, el USS Gary y la Guardia Costera de EEUU decomisaron más de 1,6 toneladas de cocaína de una embarcación rápida. Sin embargo, la ausencia de activos dedicados de la Cuarta Flota demuestra que sus misiones antinarcóticos son una prioridad menor para la Armada de EEUU, aunque son significativamente menos exigentes, desde el punto de vista operativo.

—En lo que respecta a las actividades de cooperación de seguridad, los dos principales eventos de participación con otras naciones son los ejercicios UNITAS y PANAMAX. UNITAS se concibió en 1959 y se realizó por primera vez en 1960. Es un ejercicio anual cuyo propósito es demostrar el compromiso de Estados Unidos con la región y con el mantenimiento de relaciones sólidas con sus socios. PANAMAX se remonta a 2003 y se ha convertido en uno de los ejercicios de entrenamiento multinacionales más grandes del mundo. Se centra principalmente en garantizar la defensa del Canal de Panamá, una de las infraestructura más estratégicas y económicamente importantes del mundo..

—Por último, la Flota siempre está lista para llevar a cabo operaciones de contingencia: básicamente asistencia humanitaria y ayuda en casos de desastre. El buque hospital de la Armada de EEUU viaja regularmente por toda el área del Caribe y América Central para proporcionar apoyo humanitario. En el marco del programa Continuing Promise 2015, el buque Comfort visitó un total de 11 países, desde Guatemala hasta Dominica, llevando a cabo procedimientos como cirugía general, cirugía oftalmológica, servicios veterinarios y capacitación en salud pública. El buque participó previamente en los programas de 2007, 2009 y 2011.

Objetivos cumplidos a coste razonable

Como parte integrada del Comando Sur, la Cuarta Flota ha actuado en operaciones humanitarias importantes, como la respuesta al terremoto en Haití en enero de 2010. La FOURTHFLT tuvo el comando naval en la Operación Respuesta Unificada, que fue la mayor respuesta de contingencia en asistencia humanitaria y ayuda en desastres.

El presupuesto para esas misiones no depende solo de la Marina, como declaró un portavoz del Comando Sur, sino que también hay una contribución de recursos de “otras entidades estadounidenses, como la Guardia Costera y la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, las cuales también aportan plataformas y fuerzas, tanto marítimas como aéreas, que son clave para el apoyo de esas misiones. Por lo tanto, estamos buscando un buen contrapeso de gasto-recompensa”.

Además desarrollar actuaciones humanitarias efectivas, a un coste económico limitado, la Cuarta Flota no deja de cumplir también el propósito de que Estados Unidos tenga una presencia militar significativa en el Hemisferio Occidental ante los ojos de los Estados latinoamericanos y caribeños, y también de superpotencias como Rusia y China.

1. La Segunda Flota se desactivó en 2011 y se restableció en 2018.

2. REICH, Simon and DOMBROWSKI, Peter. The End of Grand Strategy. US Maritime Operations In the 21st Century. Cornell University Press. Ithaca, NY, 2017. p. 144

Tras siglos de orientación caribeña, el enclave acentúa la relación con sus vecinos del continente

Hace dos años, Surinam y Guyana pasaron a formar parte de la federación sudamericana de fútbol, abandonando la federación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe a la que pertenecían. Es un claro símbolo del cambio de orientación geográfica que está operando este rincón noreste sudamericano que, como en el caso del fútbol, ve el potencial de una mayor relación con sus vecinos del sur.

ARTÍCULO / Alba Redondo

Como vestigios del pasado colonial de las grandes potencias navales europeas del siglo XVII –Inglaterra, Holanda y Francia–, encontramos en el noreste de Sudamérica las tres Guayanas: Guyana, Surinam y la Guayana Francesa. Además de las barreras naturales que aíslan la región y dificultan su conexión con el resto del continente sudamericano –tiene más relación con el Caribe, aunque su costa atlántica queda fuera de ese mar–, existen también barreras sociales, culturales e idiomáticas que complican su integración en el continente.

Situada al noreste del continente sudamericano, la región fue denominada Guayana o “tierra de muchas aguas” por sus habitantes originales, los Arahuacos. El área limita al oeste con Venezuela y al sur con Brasil, países que también incluyen tierras que forman parte de la región natural guayanesa. Los terrenos húmedos y costas tupidas de manglares y pantanos, se aúnan con el clima tropical del interior, particular por sus selvas vírgenes, sus altiplanos y sus grandes cordilleras como el Escudo guayanés. Su población, que va desde indígenas hasta descendientes europeos, se localiza en el área costera y en los valles de los ríos.

Se habla de las Guayanas de manera conjunta no solo por formar un territorio común para los nativos, sino también por quedar al margen del reparto continental que hicieron los dos grandes imperios de la Península Ibérica. Siendo un territorio de no fácil acceso desde el resto del continente, la falta de presencia de españoles y portugueses propició que otras potencias europeas del momento buscaran poner allí un pie, en campañas de exploración llevadas a cabo durante el siglo XVII. La Guayana inglesa ganó la independencia en 1970 y la holandesa lo hizo en 1975. La Guayana Francesa sigue siendo un departamento y una región de ultramar de Francia y, por consiguiente, un territorio ultraperiférico de la Unión Europea en Sudamérica.

Las tres desconocidas

Al oeste de la región se encuentra Guyana, conocida oficialmente como República Cooperativa de Guyana. El país tiene una población en torno a 773.000 habitantes, localizados mayoritariamente en Georgetown, su capital. Su idioma oficial es el inglés, legado de su pasado colonial. La realidad política-social guyanesa está marcada por la convivencia conflictiva entre los dos grandes grupos étnicos: los afroguyaneses y los indoguyaneses. Su política interior se caracteriza por el bipartidismo entre el PNC (People´s National Congress) formado por los afrodescendientes concentrados en los centros urbanos; y el PPP (People Progressive Party), con mayor influencia en la zona rural, constituido por descendientes de inmigrantes de la India llegados durante el Imperio británico y que trabajan en las plantaciones de azúcar.

Pese a un reciente aumento de la inversión extranjera, Guyana es el país más pobre y con mayor índice de criminalidad, violencia y suicidio del continente. Además, su imagen internacional está condicionada por su percepción como área referente en la distribución internacional de cocaína y su elevado índice de corrupción. Sin embargo, el futuro del país apunta a un ingreso dentro de las grandes potencias petroleras mundiales tras el descubrimiento de uno de los mayores yacimientos de petróleo y gas descubierto en nuestra década.

Al igual que Guyana, la vida política de la República de Surinam está sujeta a un gran mosaico étnico-cultural. La antigua colonia neerlandesa, con capital en Paramaribo, es el país más pequeño y menos poblado de Sudamérica, con tan solo 163. 821 habitantes. Tras su independencia en 1975, más de un tercio de la población emigró a la metrópolis (Holanda). Esto produjo una gran crisis estructural por la falta de capital humano en el país. Surinam está conformado por descendientes de casi todos los continentes: africanos, indios, chinos y javaneses, aborígenes y europeos.  Su política interior está marcada por la influencia de Desiré Bouterse y por las aspiraciones democráticas de la sociedad. Respecto a su política exterior, Surinam apuesta por un mejor control de las exportaciones de sus recursos, principalmente el aluminio, y por una progresiva integración en la esfera regional e internacional, en la mayoría de los casos, junto a su país vecino, Guyana.

A diferencia de las otras dos Guayanas, Guayana francesa no es un país independiente, sino que se trata de una región de ultramar de Francia, de la que se encuentra a más de 7.000 km de Francia. La capital de este territorio es Cayena. Durante mucho tiempo fue utilizada por Francia como colonia penal. Tiene la tasa de homicidio más alta de todo el territorio francófono y es conocida por su alto nivel de criminalidad. Como departamento galo, es parte de la Unión Europea y sede del Centro Espacial Guayanés, albergando una de las principales estaciones europeas de lanzamiento de satélites en Kourou. Guayana francesa se enfrenta al creciente desempleo, la falta de recursos para la educación y la insatisfacción de su población que ha dado lugar a numerosas protestas.

Cambio de orientación

Debido a la fuerte relación histórica con sus respectivas metrópolis y a su independencia tardía, tradicionalmente ha existido una importante barrera entre las Guayanas y Sudamérica. Geográficamente se encuentran arrinconadas en la costa norte de Sudamérica, con dificultad de desarrollar contactos hacia el sur, debido a la orografía del macizo guayanés y la selva amazónica. Pero también ha habido razones culturales y lingüísticas que contribuyeron a una aproximación entre esta región y el oeste caribeño, donde Inglaterra, Holanda y Francia tuvieron –y siguen teniendo en algunos casos– posesiones isleñas.

Sin embargo, tras un gran periodo de relativo aislamiento, de apenas relación con vecinos sureños, las repúblicas de Surinam y Guyana han empezado a incorporarse a la dinámica de integración económica y política de América del Sur.

Tradicionalmente, los dos Estados han tenido una mayor relación con el Caribe: ambos son miembros plenos del CARICOM, siendo Georgetown la sede de esta comunidad de países caribeños, y forman parte de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), con la peculiaridad de la presencia de Guayana Francesa como asociado. En los últimos años, Surinam y Guayana han comenzado a mirar más hacia el propio continente: así han participado en la creación de Unasur y son países observadores de Mercosur. Símbolo de ese cambio de orientación fue el ingreso en 2016 de esos dos países en Conmebol, la federación sudamericana de fútbol, abandonando la federación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe a la que pertenecían.

Esa mayor relación con sus vecinos continentales y la participación en el proceso de integración sudamericano debiera servir para resolver algunas cuestiones limítrofes pendientes, como la disputa que mantienen Venezuela y Guyana: Caracas ha reclamado históricamente el territorio que se extiende entre su frontera y el río Esequibo, que discurre por la mitad Guyana. No obstante, a medida que otras controversias territoriales latinoamericanas se van resolviendo en los tribunales internacionales, la del Esequibo amenaza de momento con perpetuarse.

Las repúblicas centroasiáticas se disputan los escasos recursos hídricos de la Cuenca del Mar de Aral

La falta de cooperación efectiva entre las repúblicas por donde atraviesan los dos principales ríos de Asia Central, el Amu Darya y el Syr Darya, que históricamente han alimentado el Mar de Aral, está impidiendo resolver los problemas hídricos de la región. Objetivos a corto plazo, como la explotación hidroeléctrica o las prospecciones petroleras, dificultan el entendimiento, si bien recientes iniciativas apuntan en la correcta dirección.

▲Imagen satelital del Mar de Aral, con el norte abajo [NASA]

ARTÍCULO / Roberto Ramírez Millán

Fuente de vida, alimento de los cultivos, medio de navegación… Son muchas las funciones que cumple el agua como recurso humano. Es indispensable y necesaria para el mantenimiento y desarrollo de cualquier nación. Hoy este recurso se está agotando debido a la gran expansión industrial de los últimos siglos, el crecimiento en masa de la población y el cambio climático. La disputa por el agua dulce, dada su importancia económica, geopolítica y geoestratégica está desencadenando conflictos entre diversos países, conocidos como “guerras del agua”. Eso ocurre en el área del Asia-Pacífico y singularmente en el caso la región de Asia Central, en la Cuenca del Mar de Aral.

Debido a la sequía que caracteriza a esta zona, los ríos Amu Darya y Syr Darya están sometidos a especial tensión como principales proveedores de agua dulce a los países de Asia Central. Desde el colapso de la URSS, junto con sus organizaciones para la negociación de las aguas de esta cuenca, y la independencia de los países localizados en esta región, la falta de una organización internacional efectiva que regule el uso de este recurso entre los Estados ha conllevado una serie de conflictos internacionales debido a las desigualdades de acceso al agua.

En 1993 la República de Kirguistán comenzó a usar la cascada de Naryn como una fuente de energía hidroeléctrica, con la intención de suplir la carencia de combustible orgánico. Con este nuevo uso de las infraestructuras, que conllevaba una gran retención de agua durante el verano, la República de Kirguistán aprovechó para vender energía eléctrica a precios desorbitantes a cambio de gas y carbón, del cual carece, a países como Kazajstán y Uzbekistán. La búsqueda del beneficio propio de los Estados y la falta de cooperación entre ellos imposibilitó alcanzar ningún acuerdo. 

Además, en 1997, Kirguistán declaró que el río Syr Darya dejaría de ser a efectos legales un bien común. Para ello, remodeló y restringió el derecho a su uso y exigió a los Estados que se beneficiasen de esta cuenca una ayuda financiera para mantener las reservas de agua dulce disponibles en su territorio. No conforme con esto, remarcó que, si Uzbekistán no pagaba, vendería gran parte de esta agua a China, dañando de este modo los intentos de llegar a un acuerdo entre ambos.

Estos eventos no han sido los únicos que han dificultado la cooperación entre estos países, también se podría destacar la fuerte caída de carácter mundial de los precios de la agricultura irrigada, los cultivos de algodón uzbekos que requieren de grandes cantidades de agua y los problemas consecuencia del cambio climático, entre otros.

Mar de Aral

Además, también hay que tener en cuenta la actual situación en la que se encuentra el Mar de Aral. El que fue uno de los cuatro lagos más grandes del mundo y proveía de sostenibilidad económica a la región, se encuentra en un estado de sequía continua desde 1960. Debido a las mencionadas operaciones en los ríos Syr Darya y Amu Darya, el mar de Aral se dividió en dos partes, el lago norte y el lago sur, quedando totalmente evaporada la zona oriental de este último. Anteriormente el Mar de Aral proporcionaba entre 20.000 y 40.000 toneladas de pescado por año; sin embargo, en la actualidad solo puede suministrar alrededor de 1.000 toneladas.

Para lidiar con los problemas de sequía Kazajstán desarrolló el proyecto “Regulación del lecho del río Darya y preservación de la parte norte del Mar de Aral". Este incluyó la construcción de la presa Kokaral en la orilla sur del lago norte, gracias al apoyo del Banco Mundial. La presa aseguró el crecimiento de ese lago en un 20%. El proyecto también aportó la edificación de un criadero de peces, que fomentó una producción de entre 10.000 y 12.000 toneladas de pescado por año.

Sin embargo, estas medidas a favor del desarrollo del Mar de Aral están siendo contrarrestadas al mismo tiempo por las acciones de Uzbekistán. Si anteriormente la parte uzbeka del Mar de Aral se veía perjudicada por alta irrigación de los cultivos de algodón, es ahora la extracción de petróleo la que está dañando el lago sur. La perforación del suelo en el delta del río Amu Darya y en el fondo del Mar de Aral juegan un papel negativo. En el dilema entre el desarrollo de la industria petrolífera y el gas y la salvación de su parte del Aral, Uzbekistán está demostrando cuál es su prioridad, dados los beneficios del desarrollo de hidrocarburos.

Cooperación efectiva

Los investigadores y expertos de la región son conscientes de que la cooperación entre los seis países es indispensable para su desarrollo; es por ello que en 2001 se creó el Regional Environmental Center for Central Asia (CAREC), una organización no gubernamental encargada de abordar los desafíos ambientales y de sostenibilidad en Asia Central y Afganistán. Esta organización ha denunciado que la región está perdiendo 4.500 millones de dólares anuales debido “a la falta de cooperación mutua efectiva entre los países”, como ha indicado su director ejecutivo, Iskandar Abdullayev.

Por este motivo, el pasado 8 de junio, de la mano de CAREC tuvo lugar la ceremonia de puesta en marcha del Clúster de Innovación e Investigación Científica en el ámbito de la gestión del agua, la primera en Asia Central, cuyo objetivo es “garantizar la efectividad y la sostenibilidad de los proyectos de desarrollo”. Estas y parecidas iniciativas constituyen los primeros pasos para la creación de un futuro próspero y sostenible, evitando represalias y previniendo posibles “guerras del agua”.

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