Las repúblicas centroasiáticas se disputan los escasos recursos hídricos de la Cuenca del Mar de Aral

La falta de cooperación efectiva entre las repúblicas por donde atraviesan los dos principales ríos de Asia Central, el Amu Darya y el Syr Darya, que históricamente han alimentado el Mar de Aral, está impidiendo resolver los problemas hídricos de la región. Objetivos a corto plazo, como la explotación hidroeléctrica o las prospecciones petroleras, dificultan el entendimiento, si bien recientes iniciativas apuntan en la correcta dirección.

▲Imagen satelital del Mar de Aral, con el norte abajo [NASA]

ARTÍCULO / Roberto Ramírez Millán

Fuente de vida, alimento de los cultivos, medio de navegación… Son muchas las funciones que cumple el agua como recurso humano. Es indispensable y necesaria para el mantenimiento y desarrollo de cualquier nación. Hoy este recurso se está agotando debido a la gran expansión industrial de los últimos siglos, el crecimiento en masa de la población y el cambio climático. La disputa por el agua dulce, dada su importancia económica, geopolítica y geoestratégica está desencadenando conflictos entre diversos países, conocidos como “guerras del agua”. Eso ocurre en el área del Asia-Pacífico y singularmente en el caso la región de Asia Central, en la Cuenca del Mar de Aral.

Debido a la sequía que caracteriza a esta zona, los ríos Amu Darya y Syr Darya están sometidos a especial tensión como principales proveedores de agua dulce a los países de Asia Central. Desde el colapso de la URSS, junto con sus organizaciones para la negociación de las aguas de esta cuenca, y la independencia de los países localizados en esta región, la falta de una organización internacional efectiva que regule el uso de este recurso entre los Estados ha conllevado una serie de conflictos internacionales debido a las desigualdades de acceso al agua.

En 1993 la República de Kirguistán comenzó a usar la cascada de Naryn como una fuente de energía hidroeléctrica, con la intención de suplir la carencia de combustible orgánico. Con este nuevo uso de las infraestructuras, que conllevaba una gran retención de agua durante el verano, la República de Kirguistán aprovechó para vender energía eléctrica a precios desorbitantes a cambio de gas y carbón, del cual carece, a países como Kazajstán y Uzbekistán. La búsqueda del beneficio propio de los Estados y la falta de cooperación entre ellos imposibilitó alcanzar ningún acuerdo. 

Además, en 1997, Kirguistán declaró que el río Syr Darya dejaría de ser a efectos legales un bien común. Para ello, remodeló y restringió el derecho a su uso y exigió a los Estados que se beneficiasen de esta cuenca una ayuda financiera para mantener las reservas de agua dulce disponibles en su territorio. No conforme con esto, remarcó que, si Uzbekistán no pagaba, vendería gran parte de esta agua a China, dañando de este modo los intentos de llegar a un acuerdo entre ambos.

Estos eventos no han sido los únicos que han dificultado la cooperación entre estos países, también se podría destacar la fuerte caída de carácter mundial de los precios de la agricultura irrigada, los cultivos de algodón uzbekos que requieren de grandes cantidades de agua y los problemas consecuencia del cambio climático, entre otros.

Mar de Aral

Además, también hay que tener en cuenta la actual situación en la que se encuentra el Mar de Aral. El que fue uno de los cuatro lagos más grandes del mundo y proveía de sostenibilidad económica a la región, se encuentra en un estado de sequía continua desde 1960. Debido a las mencionadas operaciones en los ríos Syr Darya y Amu Darya, el mar de Aral se dividió en dos partes, el lago norte y el lago sur, quedando totalmente evaporada la zona oriental de este último. Anteriormente el Mar de Aral proporcionaba entre 20.000 y 40.000 toneladas de pescado por año; sin embargo, en la actualidad solo puede suministrar alrededor de 1.000 toneladas.

Para lidiar con los problemas de sequía Kazajstán desarrolló el proyecto “Regulación del lecho del río Darya y preservación de la parte norte del Mar de Aral". Este incluyó la construcción de la presa Kokaral en la orilla sur del lago norte, gracias al apoyo del Banco Mundial. La presa aseguró el crecimiento de ese lago en un 20%. El proyecto también aportó la edificación de un criadero de peces, que fomentó una producción de entre 10.000 y 12.000 toneladas de pescado por año.

Sin embargo, estas medidas a favor del desarrollo del Mar de Aral están siendo contrarrestadas al mismo tiempo por las acciones de Uzbekistán. Si anteriormente la parte uzbeka del Mar de Aral se veía perjudicada por alta irrigación de los cultivos de algodón, es ahora la extracción de petróleo la que está dañando el lago sur. La perforación del suelo en el delta del río Amu Darya y en el fondo del Mar de Aral juegan un papel negativo. En el dilema entre el desarrollo de la industria petrolífera y el gas y la salvación de su parte del Aral, Uzbekistán está demostrando cuál es su prioridad, dados los beneficios del desarrollo de hidrocarburos.

Cooperación efectiva

Los investigadores y expertos de la región son conscientes de que la cooperación entre los seis países es indispensable para su desarrollo; es por ello que en 2001 se creó el Regional Environmental Center for Central Asia (CAREC), una organización no gubernamental encargada de abordar los desafíos ambientales y de sostenibilidad en Asia Central y Afganistán. Esta organización ha denunciado que la región está perdiendo 4.500 millones de dólares anuales debido “a la falta de cooperación mutua efectiva entre los países”, como ha indicado su director ejecutivo, Iskandar Abdullayev.

Por este motivo, el pasado 8 de junio, de la mano de CAREC tuvo lugar la ceremonia de puesta en marcha del Clúster de Innovación e Investigación Científica en el ámbito de la gestión del agua, la primera en Asia Central, cuyo objetivo es “garantizar la efectividad y la sostenibilidad de los proyectos de desarrollo”. Estas y parecidas iniciativas constituyen los primeros pasos para la creación de un futuro próspero y sostenible, evitando represalias y previniendo posibles “guerras del agua”.

BIBLIOGRAFÍA:

Bernauer, T., & Siegfried, T. (2012). Climate change and international water conflict in Central Asia. Journal of Peace Research, 49(1), 227-239.

Dukhovny, V. A., & Sokolov, V. (2003). Lessons on cooperation building to manage water conflicts in the Aral Sea Basin. Paris: Unesco, 7-16

Karaev, Z. (2005). Water Diplomacy in Central Asia. Middle East Review of International Affairs, 9(1), 63-69.

Sievers, E. W. (2001). Water, conflict, and regional security in Central Asia. NYU Envtl. LJ, 10, 356.

Swain, A. (2004). Managing water conflict: Asia, Africa and the Middle East. Routledge.

Tishkov, V. (1997). Ethnicity, nationalism and conflict in and after the Soviet Union: the mind aflame (Vol. 15). Sage.

The EU has backed down on the project, but Germany still gives support to the Russian initiative

The project of a second set of gas pipelines through the Baltic Sea, in order to transport Russian gas to the European Union without crossing Ukraine, has divided the EU governments. Some Eastern and Central European countries, backed by the United States, argue against any dependency on Russian gas supplies, but Germany keeps its support to the Russian plans.

▲The routes of the Nord Stream and the planned Nord Stream 2 pipelines from Russia to Germany [Gazprom]

ARTICLE / Ane Gil Elorri

The natural gas consumption for nowadays is essential to have basic necessities covered. Therefore, it´s imperative for everyday life. Nevertheless, it goes through a laborious process before it reaches the consumers. The gas needs to be extracted from the land or sea subsurface, and transported, before it reaches its destiny, being pipelines the most common via of transportation.

The EU´s domestic gas production has been declining and the reserves in the North Sea depleted. Therefore, in order to meet demands, the EU has turned to other suppliers; being the most important Russia, Saudi Arabia and Norway. In fact, a lot of countries in the European Union are heavily dependent on Russian imports, especially of natural gas, which often go through transit countries such as Ukraine and Belarus. The decisions are all make through the EU-Russia Energy Dialogue. Russia has the largest gas reserves in the world. With 44,600 billion cubic meters, Russia has 23.9 percent of the world’s currently known gas reserves, followed by Iran (15.8 percent), Qatar (13.5 percent), the United States, and Turkmenistan (4.3 percent each).

The most prominent European energy supply is the Nord Stream Pipelines. Nord Stream are a twin set of pipelines that provide gas transportation capacity for the natural gas, which comes from the Western Russia (Vyborg) into Lubmin, Germany, for the distribution into the European gas grid. This system is composed by a set of 1,224-kilometre pipelines through the Baltic Sea, and each hold the capacity to transport 27.5 billion cubic metres of natural gas a year. Line 1 became operational in November 2011 and by October 8, 2012 the system was fully operational, having taken the construction of these pipelines 30 months.

The desire of a grand-scale gas transport between Russia and the western Europe goes back to the 1970´s, to the contract between a German company (Ruhrgas AG) and Gazprom (national Russian gas company) to supply natural gas. In 2000 the European Commission recognized the need for a pipeline in the Baltic Sea. In December 2005, the North European Gas Pipeline Company was established and by October 4, 2006, the North European Gas Pipeline was officially renamed Nord Stream. It was finally completed and functional in October 2012.

The Nord Stream project was very ambitious. Nevertheless, it was completed on time, on budget, and without permanently impacting the environment. The Nord Stream Pipeline system is fully operational and capable of transporting up to 55 billion cubic metres (bcm) of natural gas every year to Europe.

Now, a new project is developing based on the success of the Nord Stream Pipelines: Nord Stream 2. This project will benefit from the experience of the previous pipeline, which has set a new high for the environmental, technical and safety standards throughout its planning, construction and operation. The idea is to add a new set of twin pipelines along the Baltic Sea route to increase the capacity of gas transportation in order to meet the demands of Europe. In fact, this new pipeline will create a direct link between Gazprom and the European consumers.

The Nord Stream 2 project is implemented by the Nord Stream 2 AG project company, where Gazprom is the sole shareholder. In October 2012, the shareholders of the Nord stream project examined the possibility of constructing a third and fourth pipeline and came to the conclusion that it was economically and technically attainable. In April 2017, Nord Stream 2 AG signed the financing agreements for the Nord Stream 2 gas pipeline project with ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper, and Wintershall. These five European energy companies will provide long-term financing for 50 per cent of the total cost of the project.

The entry point into the Baltic Sea of the twin pipeline will be the Ust-Luga area of the Leningrad Region. Then the pipeline will stretch across the Baltic Sea. Its exit point in Germany will be in the Greifswald area close to the exit point of the original Nord Stream. The route covers over 1,200 kilometres.

The total capacity of the second twin set of pipelines is 55 billion cubic metres of gas per year. Therefore, the sum with the prior pipelines would give an outstanding number of 110 billion cubic metres of gas per year. Nord Stream 2 will be operational before late 2019.

This project is defended with the argument that it supposed a diversification of the routs transporting natural gas to Europe and to elevate the energetic security due to the instability of the transit of gas through Ukraine. For now, a lot of the natural gas consumed by Europe comes from Russia through Ukraine. Nevertheless, if this project goes through, Ukraine will lose 2,000 million dollars for the transit of natural gas, and even the proportion of gas will decrease (which is also for personal use) leading to the collapse and finalization of the transit of natural gas through Ukraine. Furthermore, if Hungary, Slovakia and Poland receive natural gas through the Nord Stream 2 pipelines instead of through Ukraine, it will be very difficult that Ukraine receives gas from the west, seeing as Gazprom along with others controls EUGAL (European Gas Pipeline Link) can reduce the supply of gas to those companies that provide gas to Ukraine.

The cost of 1,000 cubic meters in 100 kilometres through Nord Stream 2 would cost 2,1 million dollars while through Ukraine it costs 2,5 million dollars. The tariff of transportation of natural gas through Nord Stream is 20% lower than through Ukraine.

Only half of the European Union members approve the negotiations between the EU and Russia over the Nord Stream 2 Project. It is true that the natural gas demand of Europe is growing each year but some countries such as the Baltics are against anything that has to do with Russia. Besides the US, thanks to fracking, has become the biggest producer of gas, and is now looking to substitute Russia as the principal gas provider of the EU.

But other countries are in favour of this project. In January 31 this year, Germany gave its permission to begin the construction of the pipelines of Nord Stream 2 in their territorial waters. Berlin also authorized the construction of the section of 55 kilometres that will go through the terrestrial part situated in Lubmin. In April this year, Finland has also given the two permissions needed to begin the construction.

Nevertheless, Gazprom will be facing a few difficulties in order to pull through with this project. The company still needs that other countries, such as Norway, Denmark and Russia, give authorizations and permissions to construct the pipelines in their exclusive economic zone. There is a risk that Denmark doesn’t authorize these new pipelines. The Danish Agency of Energy and the Foreign Office both have to give their approval but can deny the permit if Nord Stream 2 represents a danger for the environment. Another problem is purely political: the European Commission is trying to make the implementation of the project fit with the EU legislation. In November 2017, the European Commission prepared a list of amendments to its energy legislation, known as the Third Energy Package, which will pursue gas pipelines that come from the markets of countries that have the Brussels standards. Because of this, Gazprom won’t be able to be the only shareholder of the Nord Stream 2 project and the pipelines will have to carry gas of other companies that have nothing to do with Gazprom.

Although, as previously mentioned, Nord Stream 2 has already received the two permits necessary in Germany and Finland in order to begin the construction, it seems that not many European countries are in favour of this project. In fact, since this April, the EU and the European Commission have withdrawn their support claiming that Nord Stream 2 does not encourage the diversification of gas supply, and they give more significance to the gas pipelines going through the Ukrainian territory in context of diversification of supply routes.
Other EU countries and of the region, such as Ukraine, Denmark, the Baltic States and Poland, have continuously spoken against Nord Stream 2, claiming that the project will increase Europe’s dependence on imported Russian gas. Nevertheless, German Chancellor Angela Merkel supports this project, considering it to be an economic project which does not pose a threat to EU energy security, has is expected, seeing as the Nord Stream 2 is a joint venture between Russia’s Gazprom, France's Engie, Austria’s OMV AG, the Anglo-Dutch company Royal Dutch Shell, and Uniper and Wintershall, both German.

Nevertheless, the most vocally active countries against this project are the US and Ukraine. On one side, the United States believes that this project would undermine Europe´s overall energy security and stability. It would also provide Russia other ways to pressure European countries, especially Ukraine. The US even threatened the EU firms to be subjected to Countering America´s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA). On the other side, Ukraine’s efforts to prevent the implementation of Nord Stream appears to be futile. They openly stated that this would conclude on the Russian monopoly on the world gas market, which would lead in Europe to an energy crisis and to an economic and political destabilization, and called for the international community to step in. Unfortunately, Germany is as headstrong as ever, stating that underwater pipeline to bring gas from Russia could not go forward without Ukrainian involvement in overland transit.

As the recent expulsion of European diplomats in Moscow shows, the global political relations have worsened considerably in the last few years. In fact, some would say that it the worst condition since the Cold War. This new political situation has had consequences on the Nord Stream 2, causing European countries to oppose to this project. The ultimate defender left standing of the programme is Germany, even the EU has backed down after Ukraine's protest. Ukraine has every right to oppose to this project, seeing as Russia has had nothing more but cold moves towards this country (cut off gas supplies in the middle of winter, Crimea), and is not outrageous to think that this project would ultimately affect the country, specially economically. Therefore, this project does not diversify the sources of natural gas, the first Nord Stream already reached this objective. The second Nord Stream, however, would grant Russia a monopoly of natural gas, which is not recommendable seeing as it would create Europe’s dependence on Russia, and Russia could take advantage of it. Unfortunately, Russia will not give up this project, even with mostly everybody turns against it.

La demanda interna aumentará, a diferencia de lo que ocurrirá en regiones más avanzadas

En las próximas décadas, el consumo petrolero en América Latina seguirá creciendo, frente a una tendencia a la baja que ya se vislumbra en el horizonte de muchos países avanzados. El crecimiento de población y el incremento de la clase media explica ese aumento de la demanda. Esta demanda interna servirá para fortalecer las industrias extractivas de los productores de crudo latinoamericanos, pero hará crónico el déficit de refinación que sufre la región.

ARTÍCULO / Ignacio Urbasos

La industria petrolera está viviendo un cambio en los patrones exportadores y de consumo en la región de América Latina. La clásica orientación del sector hacia los Estados Unidos ha cambiado en un nuevo contexto en el que las exportaciones están mucho más diversificadas con una basculación hacia los países emergentes de Asia. De igual modo, la demanda interna aumenta de forma constante debido al crecimiento poblacional y económico. Sin embargo, la capacidad refinera de la región seguirá siendo insuficiente. En este documento se ofrecerá un análisis enfocado en el largo plazo para tratar de ofrecer una mejor comprensión del futuro energético de la región, principalmente en sus consumos, extracción y posterior refinamiento.

En primer lugar, se deben tener en cuenta las expectativas demográficas y económicas de Latinoamérica: el crecimiento demográfico supondrá el aumento de 800 millones de personas para 2050, y el económico podría ser de un 2% anual durante al menos la próxima década. Efecto directo de esto será el aumento de la demanda eléctrica en un 91% para 2040 y el incremento del número de vehículos en la región de 94 millones en 2016 a los 165 millones esperado para 2040.

Tal y como se puede apreciar en el gráfico inferior, la mayor demanda de petróleo en la región vendrá asociada al transporte, el cual sí tenderá a una mayor eficiencia en los consumos, pero aún está lejos la prometida llegada del coche eléctrico con expectativas de menos del 4% para 2030 a nivel mundial. Igualmente, el incremento de la clase media en 126 millones de personas para 2030 tendrá un impacto directo en el aumento del transporte aéreo, el cual se prevé que crezca de media un 3,4% anual hasta 2034, de acuerdo al último informe de la OACI, con el consiguiente aumento del consumo de keroseno.

Se debe tener en cuenta que en América Latina existen subsidios tanto a la gasolina como al diésel, lo cual genera precios más asequibles distorsionando la demanda claramente al alza. Estos subsidios responden principalmente a la lógica de que los ciudadanos deben ser beneficiarios de la posesión de recursos naturales por su país, y se concentran en países tradicionalmente petroleros como Ecuador, Venezuela, México o Argentina. No obstante, estos países importan en gran medida el combustible debido a su limitada capacidad refinera, generando un doble déficit comercial y fiscal, como destaca la CEPAL. El futuro de estos subsidios es una incógnita, pero cualquier cambio tendría un alto coste político, ya que al afectar al precio de un bien básico tendría consecuencias sobre amplios sectores sociales con gran impacto electoral.

Por su parte, la contribución del petróleo a la generación eléctrica se mantendrá constante en los 500.000 barriles diarios, descendiendo su importancia desde el 46% actual, según las cifras para Latinoamérica de la Agencia Internacional de la Energía Renovable. La región se verá enormemente beneficiada de la mayor presencia de energías renovables, sector que ya lidera por unas condiciones geográficas incomparables, destacando la enorme importancia de la energía hidroeléctrica.

Durante las próximas décadas dos grandes fenómenos ocurrirán en Latinoamérica: la universalización del acceso a la energía y un nuevo modelo energético con menor presencia del petróleo y biocombustible (madera y desechos) en favor del gas y las energías alternativas. Uno de los grandes retos que afronta la región es la de desarrollar un sistema eléctrico más integrado nacional e internacionalmente que aumente la eficiencia en consumos y permita una mayor flexibilidad en las fuentes de producción. La excepcionalidad geográfica de la región exige enormes inversiones para desarrollar esta tarea; no obstante, ya existen diversos proyectos regionales en esta dirección: Sistema de Interconexión Eléctrico Andino que comprende los países de la Comunidad Andina más Chile y el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC).

Déficit de refinación

Este alza en los consumos no está acompañada de una mayor capacidad refinera, la cual ya es enormemente deficitaria, y genera una crítica dependencia de las importaciones de gasolina y otros derivados desde EEUU. Una tendencia que probablemente sea una constante en el corto y en el medio plazo para la región y se añade al descenso del 14% en la actividad refinera en la región desde 2012 (World Oil Outlook 2017), que ya suma una pérdida de un millón de barriles refinados al día desde ese año. Los altos costes de instalación y de mantenimiento, en torno al 2% del coste de instalación anual, se suman a la crónica incertidumbre política de la región que ahuyenta en gran medida la inversión privada.

Un caso ilustrativo es el de la refinería del Pacífico en Ecuador, la cual se presentó como el mayor proyecto refinero del país en los comienzos de la presidencia de Rafael Correa en 2007. El proyecto comenzó con una participación financiera del 49% por parte de PDVSA y un 51% por parte de Petroecuador, además de la adjudicación del proyecto a la constructora Odebrecht. A día de hoy, PDVSA ha retirado su aportación y la constructora brasileña enfrenta juicios en el país por corrupción, dando como resultado una década perdida y obligando a Lenin Moreno a reformular el proyecto, incluido el nombre: ahora Refinería de Manabí.

Tal y como podemos ver en el gráfico, los grandes productores petroleros de América Latina cuentan con una deficitaria capacidad refinera. Debe tenerse en cuenta que en la región no solo existe una infra capacidad, sino también una infra actividad, lo que genera una brecha todavía mayor. La actividad de estas plantas se encuentra en la actualidad en torno al 70% de su capacidad total. Aquellos países que no cuentan con producción petrolera, pero sí con una relevante industria del refino, son Curaçao, que cuenta con una de los mayores centros de PDVSA, Chile y Perú.

En definitiva, el sector petrolero latinoamericano encara las próximas décadas con enormes dudas en su capacidad refinera y lejos de alcanzar una autosuficiencia. La falta de capacidad para atraer inversión extranjera de los países históricamente petroleros ha generado un escenario decepcionante que agrava la ya de por sí limitada industria en la región. Las transformaciones sociales propias de una sociedad que crece demográfica y económicamente exigen inversión en infraestructuras para poder colmar las expectativas de un acceso universal a la red eléctrica y el consumo propio de la incipiente clase media.

Casi dos tercios de las reservas mundiales de litio identificadas se encuentran en Bolivia, Chile y Argentina

La explosión de la automoción eléctrica mediante el uso de baterías de ión de litio ha puesto las grandes reservas de este metal del altiplano boliviano y el desierto de Atacama en el centro del interés mundial de esa nueva industria. ¿Aprovechará Sudamérica la ocasión para adentrarse ella misma en procesos de innovación tecnológica, o volverá a resignarse, como ha ocurrido con tantos otros minerales, a una mera labor de extracción?

▲Salar de Uyuni, en el altiplano de Bolivia [Luca Galuzzi, Wikimedia Commons]

ARTÍCULO / Milene Pardo-Figueroa

Con la incorporación gradual de vehículos eléctricos al mercado, además del aumento de la venta de teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, tabletas y otros dispositivos electrónicos –productos todos ellos activados por baterías de ión de litio–, la demanda mundial de litio está aumentando. Este elemento químico alcalino, que en su forma pura se presenta como un metal blando, especialmente ligero, es abundante en la naturaleza, si bien las mayores reservas están concentradas en unos pocos países. Debido a las condiciones de su extracción, esta es especialmente rentable en las zonas secas del triángulo delimitado por las fronteras de Bolivia, Chile y Argentina. Si el litio es conocido como “petróleo blanco” o “nueva gasolina”, por el color del salitre de los depósitos donde se encuentra y por ser impulso motriz de los modernos automóviles, la zona fronteriza de esos países es denominada la “Arabia Saudí del litio”.

La “fiebre” por el litio ha llevado a una producción actual de 40.000 toneladas anuales, una cifra que queda por debajo de la enorme demanda existente, que en estos momentos plantea una necesidad de 180.000 toneladas. Aunque ese volumen pueda alcanzarse en los próximos años, los cálculos hablan de una demanda de entre 500.000 y 800.000 toneladas en 2025. Para entonces, de acuerdo con algunas previsiones, el mercado mundial de baterías de litio podría tener un valor de 46.000 millones de dólares. Parte del empuje del sector viene de la innovación de los automóviles eléctricos. La expansión de ese mercado, no obstante, podría verse ralentizada si no se acelera la producción de litio. Como ha advertido el empresario visionario Elon Musk, promotor de la marca de autos eléctricos de alta gama Tesla, “para crear 500.000 vehículos al año, básicamente tenemos que retener toda la generación de litio en el planeta”.

La dificultad para atender esa creciente demanda viene de los altos costos de extracción, que varían considerablemente en función de las características del depósito. Los depósitos más rentables se hallan en los concentrados de salmuera existentes en climas áridos, que al sacarlos a la luz experimentan una rápida evaporación. El lugar donde eso se da especialmente es el área formada por el desierto de Atacama y el altiplano boliviano.

La producción mundial está encabezada por Australia, que en 2016 extrajo 14.300 toneladas, seguida de Chile, con 12.000, y Argentina, con 5.700, de acuerdo con las cifras del Estudio Geológico de EEUU. El volumen de reservas identificadas sitúa a los países suramericanos claramente por delante, especialmente a Bolivia, que reúne los mayores depósitos aunque por ahora haya desarrollo poco la actividad minera de este metal. Así, Bolivia cuenta con unas reservas identificadas de 9 millones de toneladas (22,7% del total mundial), Chile de 7,5 millones (18,9%) y Argentina de 6,5 millones (16,4%), lo que supone que los tres países cuentan con el 58% de las reservas mundiales. Tras ellos están Estados Unidos, con 5,6 millones (13,9%), y China, con 5,4 millones (13,6%). Otras estimaciones otorgan a China unas reservas similares a las de Argentina. El sector está dominado por cinco grandes compañías, que controlan el 90% de la producción mundial: SQM (Chile), FMC y Albermarle (EEUU), Talison (Australia) y Tianqi Lithium (China).

El triángulo blanco

El Salar de Uyuni en el altiplano boliviano –una superficie cubierta de sal, generada por la evaporación de las aguas de mar que quedaron encerradas en un lago al emerger la cordillera de los Andes en su formación–, acoge lo que podría ser el mayor depósito de litio del mundo. Su obtención se enfrenta al problema de que aquí el metal está especialmente mezclado con magnesio y la separación de ambos requiere del acceso a tecnología que de momento Bolivia no dispone a gran escala. Ante el temor de empresas extranjeras sean las que controlen la extracción y dejen escaso beneficio al país, como pasó históricamente con el desarrollo de la minería, el gobierno de Evo Morales ha optado de momento por una explotación limitada. Las autoridades bolivianas han preferido impedir la penetración de multinacionales, con el fin de asegurarse de que la nación sudamericana mantiene el control del negocio. Morales ha anunciado planes para la puesta en marcha, con financiación pública, de una instalación para la fabricación de carbonato de litio en la planta de sal de Uyuni.

La explotación de litio está mucho más avanzada en Chile, país que representa alrededor del 33% del suministro mundial, gracias a los grandes yacimientos en el desierto de Atacama y al desarrollo de una industria propia. La Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), compañía privada chilena, lidera el sector nacional, en el que las concesiones están estrechamente controladas por el Estado. Por su parte, Argentina está dando pasos para impulsar el negocio del litio; con ese fin, el gobierno de Mauricio Macri está procediendo a la liberalización del sector y ha establecido contactos para atraer capital extranjero.

Más allá de los beneficios económicos que estos países sudamericanos pueden obtener del auge de la explotación de litio, en sus sociedades se ha generado un debate sobre el impacto ecológico que esta puede causar en lugares tan singulares por sus características naturales como Atacama o Uyuni; hay voces que advierten de que la solución salina andina pueden estar condenada a desaparecer para satisfacer el interés exterior por las baterías. También se teme un impacto social, sin compensaciones para los grupos humanos asentados en los territorios afectados.

Por otra parte, el impacto negativo que ha tenido históricamente en Latinoamérica la perpetuación de una cultura económica de extracción aconseja a Bolivia, Chile y Argentina que aprovechen la ocasión para intentar desarrollar iniciativas propias de transformación y nuevas tecnologías en la generación de baterías, sin limitarse, como ocurre con tantos otros minerales, en una actividad extractora.

Las tribus locales reclaman participación en los beneficios y reducción del daño medioambiental

La estabilidad social de Nigeria, uno de los países más poblados del mundo y la mayor economía de África, preocupa internacionalmente por su posible incidencia en la seguridad continental y mundial. De ahí que un conflicto local como el que enfrenta a las tribus del Delta del Níger con el gobierno nigeriano, a raíz de la explotación del abundante petróleo del área, sea seguido con atención desde el exterior.

▲El área de luz en la parte inferior de la imagen satelital corresponde a las instalaciones petrolíferas del Delta del Níger [NASA]

ARTÍCULO / Baltasar Martos

La fuerte disputa por los recursos energéticos en la desembocadura del río Níger, al sur de Nigeria, es desde hace décadas uno de los conflictos africanos de mayor resonancia. La marginalización, el confinamiento y el empobrecimiento de los Ogoni y los Ijaw –así es como se llaman las tribus étnicas de las provincias costeras de Rivers, Bayelsa, y Delta– han contribuido a una escalada de tensión entre los locales y el gobierno federal.

Para entender el problema de fondo, conviene antes hacer un breve recorrido en el tiempo y discernir las tres etapas cronológicas que han configurado el panorama actual del conflicto, a saber: el comienzo de la explotación del petróleo, la hegemonía de la Royal Dutch Shell y el período posterior a la independencia.

En el año 1903, en la región meridional costera de la actual Nigeria, convertida en protectorado británico (1901) y posteriormente en colonia (1914), se descubrió un gran yacimiento de minerales e hidrocarburos, como carbón, betún, petróleo y gas natural. La compañía británica Nigeria Properties Ltd. inició entonces actividades de exploración y extracción de petróleo, llegando a alcanzar una producción de 2.000 barriles por día en el año 1905. Más tarde, en 1937, y tras la sucesión de varias empresas petrolíferas, la multinacional anglo-holandesa Royal Dutch Shell se hizo con el monopolio de las actividades de prospección de las fuentes de petróleo –y, en menor medida, otros hidrocarburos–, llegando a unas tasas de producción de 5.000 barriles por día.

Tres décadas más tarde, tras la independencia y el establecimiento oficial de la República Federal de Nigeria (1960-1963), el gobierno militar de Yakubu Gowon emprendió una política de nacionalización y adquisición de las firmas extranjeras en el país, obligándolas por mandato legal a volver a registrarse mediante joint-ventures con empresas estatales. De esta manera, consiguió transformar esta actividad en el principal sector estratégico para la economía del país. Además, teniendo en cuenta la entrada de Nigeria en la OPEP en 1971, no resulta llamativo que el gobierno federal posea, a día de hoy, el 60% de la participación en el capital de prácticamente la totalidad de las petroleras en activo, ocupando un importante papel como socio mayoritario.

Por el contrario, la población civil de la zona ha resultado la gran perdedora. Las minorías étnicas más damnificadas por las actividades de prospección, extracción y comercialización –con el subsiguiente enriquecimiento para unos y la contaminación del medio ambiente para otros– vienen reclamando la atención del gobierno y exigiéndole medidas legislativas de protección ambiental y social desde hace décadas [1].

Por una parte, los locales reclaman “justicia medioambiental”, definida por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos como “el tratamiento justo y la participación significativa en procesos de toma de decisiones políticas sobre las actividades que afecten el entorno natural de todos los pueblos, independientemente de su raza, color, cultura… concernientes a la implementación y aplicación de leyes, regulaciones y políticas medioambientales”.

Los Ogoni y los Ijaw son pueblos dedicados fundamentalmente a la agricultura y la pesca como forma de subsistencia para los que el medio natural es la única y principal fuente de riqueza. Protestan contra la ya larga connivencia (desde la independencia) entre el gobierno y las compañías multinacionales petrolíferas, calificándolos a ambos de “expropiadores y contaminadores” y culpándolos del empobrecimiento de la región y del deplorable estado de los ríos que circulan por ella. Reclaman, además, sus derechos a obtener y utilizar, para sus comunidades locales, la parte correspondiente de los beneficios que reporta la explotación de los yacimientos energéticos por estar ellos asentados tradicionalmente sobre una gran bolsa de crudo [2].

La corrupción, el clientelismo y la debilidad estructural del gobierno, sumados a su gran interés y dependencia de este sector –que ha llegado a suponer un beneficio para la economía nacional de hasta el 55% del PIB a mediados de la década de 1990 según las estadísticas del World Data Bank– hace extremadamente difícil que el presidente y su gabinete accedan a atender las necesidades de estas comunidades del Delta del río Níger. Las crecientes protestas desembocaron en un verdadero conflicto, iniciado en la última década del pasado siglo, que enfrenta a la población civil y al gobierno federal confabulado con las multinacionales. Dicha confrontación ha tomado dos vertientes, una pacífica y otra violenta, y ha recabado la atención mediática de buena parte de la comunidad internacional.

Atención internacional

Por otra parte, el conflicto del Delta del Níger constituye un caso claro de globalización, ya que la extracción de petróleo involucra a un conjunto de fuerzas transnacionales, actores no-estatales y procesos interdependientes. Fruto de la prolongada situación de malestar de las tribus indígenas de la zona, han crecido dos movimientos en denuncia del lucro por parte de un gobierno que apenas invierte en el desarrollo de esta región del país, sumida en la pobreza y el abandono, y degradada por la explotación de sus recursos naturales.

Por un lado se encuentra el Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP por sus siglas en inglés), creado a raíz de las protestas en los años noventa y utilizado como modelo para que otras asociaciones civiles expresen públicamente su descontento con los impactos negativos de la industria petrolera en la calidad de vida de los habitantes de la zona. Esta organización, iniciada por el escritor Ken Saro-Wiwa y compuesta principalmente por académicos y docentes, denuncia pacíficamente la actuación conjunta del gobierno y las corporaciones instaladas en la zona y aboga por los derechos humanos civiles de los Ogoni a unas condiciones de vivienda dignas, a la justicia medioambiental y a una legislación que les respete y proteja de las amenazas medioambientales.

Por otro lado, existe el Movimiento por la Emancipación del Delta del Níger (con el acrónimo inglés MEND). Está formado por una amalgama de grupos de jóvenes armados y organizados en milicias locales de resistencia, cuyo objetivo principal es luchar por el control del beneficio del petróleo para las etnias minoritarias asentadas en la zona. Se trata de una rama militar del MOSOP que ya ha saboteado oleoductos y ha secuestrado a trabajadores extranjeros de las fábricas, exigiendo al gobierno un rescate por ellos, en varias ocasiones.

Lo más importante de ambos movimientos es que han llamado la atención de un gran número de Organizaciones No Gubernamentales, locales e internacionales, que se han aliado con ellos y han comenzado a promover y visibilizar su causa frente a toda la comunidad internacional. Amnesty International, Human Rights Watch  o Niger Delta Human and Environmental Rescue Organization son algunas de las muchas entidades que han abierto un espacio de trabajo dedicado única y exclusivamente a la cuestión del Delta del Níger. Estas abogan mundialmente por la defensa de los derechos medioambientales de las comunidades afectadas por la explotación de los recursos y la contaminación del entorno natural. También han conseguido asociarse a medios de comunicación transnacionales y redes de derechos humanos para extender la situación del conflicto a una audiencia global. 

La denuncia conjunta de las “supuestas violaciones de Derechos Humanos y Medioambientales sobre los miembros de la etnia Ogoni del Delta del Níger” ha resonado a nivel mundial y ha obtenido una importante suma de ayudas económicas destinadas al restablecimiento de los asentamientos de los que los pueblos autóctonos habían sido desplazados, así como a la promoción de la justicia medioambiental, la protección y garantía de los derechos civiles de los locales al aprovechamiento de la riqueza natural propia de su zona, la prosecución de sus actividades económicas y la salvaguarda de su entorno medioambiental. La repercusión mundial de este conflicto es probable que incida en el modo de resolución de conflictos similares.

[1] Obi, Cyril. “Insights from the Niger Delta”, Young, Tom. Readings in the International Relations of Africa. Indiana University Press, 2016.

[2] Botchway, Francis N., ed. Natural Resource Investment and Africa's Development. Edward Elgar Publishing, 2011.

Genera muchas de las materias primas necesarias para la producción mundial de tecnología

China no solo tiene importantes reservas de recursos minerales, sino que además lidera la producción mundial de muchos de ellos. Eso le da una notable ventaja geopolítica como fuente de los recursos imprescindibles para de la producción tecnológica global.

▲Imagen de satélite [NASA]

ARTÍCULO / Gabriel Ros Casis [Versión en inglés]

Con un vasto territorio como el del país asiático, es obvio pensar que posee gran cantidad de materias primas y recursos naturales. A lo largo de la historia de China, esto se ha convertido en una fuerte baza geopolítica, no solo para el propio desarrollo del país en sí, sino también para sus socios comerciales a través de exportaciones. Hoy en día, cuando hablamos sobre estas materias primas, China destaca en dos principales grupos: los metales básicos y los elementos tecnológicos.

El grupo de los metales básicos comprende esencialmente cinco metales de la tabla periódica, siendo estos: hierro, cobre, aluminio, magnesio y zinc (en ocasiones, el plomo y el estaño también se incluyen). No es necesario recordar que podemos encontrar todos estos metales en objetos cotidianos, y que han sido la columna vertebral de la industria por mucho tiempo. Por lo tanto, todo país los necesita, situando a aquellos con mayores yacimientos de estos metales con una ventaja estratégica. Pero la riqueza mineral de un país no siempre viene dada por esta condición, ya que también puede ser medida por la facilidad y viabilidad de la extracción del producto. En el caso de China, ambos argumentos serían válidos, puesto que el país posee los mayores depósitos de muchos de estos minerales, con el magnesio a la cabeza (79% de las extracciones globales) seguido por el estaño (43%) y el zinc (31%).

En lo que respecta a los metales tecnológicos, es importante fijarse en que incluyen diversos minerales, tales como las tierras raras, metales preciosos, así como semiconductores. Desde un enfoque cuantitativo, la cantidad requerida de estos metales es mínima, a pesar de que su disponibilidad es crucial para la producción de la tecnología de hoy en día. Por ejemplo, algunos de los metales tecnológicos más comunes incluyen litio, itrio, paladio, cerio y neodimio, los cuales fácilmente se pueden hallar en las baterías de los teléfonos móviles, en medicamentos, imanes o catalizadores. Una vez más, China se sitúa a la cabeza con los mayores yacimientos de varios de estos elementos, destacando los de tungsteno (83%) seguidos por los conocidos como tierras raras (78%) y el molibdeno (38%).

De esto podemos sacar como conclusión que China no solo tiene los mayores yacimientos, sino que también es el primer exportador mundial. Además de la extracción este país también refina y fabrica componentes con minerales como aluminio, cobre y ciertas tierras raras e incluso en algunos casos llega a manufacturar el producto final.

Por lo tanto, debe tomarse en cuenta que la extracción trae consigo ciertas consecuencias. Ambientalmente, la extracción siempre tiene un impacto en el terreno, quizás menor en China si se compara con otros países (por la extensión de su territorio), pero igualmente significativo. Desde un enfoque económico, estas extracciones conllevan un gran coste, pero que, gestionado de la manera adecuada, puede generar un inmenso beneficio. En el escenario político, son vistas como una importante ventaja geopolítica, creando dependencia en la demanda de otros países.

Como conclusión, se puede extraer de esto que China tiene un gran poder en lo relativo a recursos de materias primas, pero esto acarrea una gran responsabilidad, ya que una parte sustancial de las materias primas usadas para casi toda la producción mundial de tecnología depende de este país, que proporciona los recursos, pero también los fabrica.

▲Curso bajo del río Nilo, en Egipto [Pixabay]

ANÁLISIS / Albert Vidal [Versión en inglés]

Las disputas por el control de los ríos, lagos y, en definitiva, del agua, están hoy especialmente vivas y se intensificarán en un futuro próximo, ya que, según la Organización Mundial de la Salud, en 2025 la mitad de la población mundial vivirá en zonas con escasez de agua. Actualmente, los países con más reservas de agua son Brasil, Rusia, EEUU, Canadá, China, Colombia, Indonesia, Perú, India y la República Democrática del Congo. La mayoría del agua disponible se encuentra bajo tierra, concentrada en acuíferos, o se trata de aguas superficiales (ríos y lagos). Los acuíferos con mayores reservas son el Sistema Acuífero de Piedra Arenisca de Nubia (bajo el Desierto del Sáhara), la Gran Cuenca Artesiana (en Australia) y el Acuífero Guaraní (en América del Sur). Por otro lado, hay una serie de ríos en el mundo cuya importancia es excepcional, sencillamente por la ingente cantidad de población y actividad económica que dependen de ellos. Los problemas surgen cuando estos ríos no forman parte de un solo Estado, sino que son ríos contiguos o transfronterizos, y eso provoca disputas entre algunos Estados.

Focos de tensión en Asia

Asia está siendo especialmente afectada por este problema. Actualmente hay diversas tensiones que giran en torno al control del agua. Uno de los casos más significativos es el referido al uso del agua del río Indo, que sustenta a 300 millones de personas y ha provocado tensiones entre Pakistán e India. Este río es un recurso vital para ambos países. Con la independencia de Pakistán, el Indo se convirtió en una fuente de disputas. Esto trató de solucionarse con el Tratado de las Aguas del Indo (1960), que dio a la India los tres afluentes orientales (el Sutlesh, el Ravi y el Beas) y a Pakistán los tres ríos occidentales (el Indo, el Jhelum y el Chenab). Pero debido a la escasez de agua, Pakistán ha protestado recientemente contra la construcción de presas en la parte india del río (en la Cachemira administrada por India), que restringen el suministro de agua a Pakistán y reducen el caudal del río. India, por su parte, se defiende diciendo que esos proyectos están contemplados en el Tratado; aún así, las tensiones no parecen disminuir. Por ello, Pakistán ha pedido al Banco Mundial el nombramiento del presidente de un tribunal internacional de arbitraje, para poder solucionar dicho conflicto. Este problema por las reservas hídricas es el núcleo del enfrentamiento en Cachemira: sin un adecuado suministro, Pakistán no tardaría mucho en convertirse en un desierto. 

En Asia también existe la disputa sobre el río Mekong, que atraviesa Camboya, Vietnam, Laos y Tailandia. Este conflicto gira alrededor de la construcción de presas por parte de diversos países, así como la explotación de los recursos proporcionados por el río Mekong. Está planeada la construcción de 11 presas a lo largo del río, que producirían una gran cantidad de electricidad y serían beneficiosas para algunos países, pero a su vez podría amenazar la seguridad alimentaria de millones de personas. Los países afectados (Camboya, Vietnam, Laos y Tailandia) formaron en 1995 la Comisión del Río Mekong (MRC). Esta comisión se formó con el fin de promover el diálogo y fomentar el uso justo y equitativo de las aguas del río. La MRC ha mediado entre países diversas veces; en 2010 por la construcción de una presa por parte de Laos y Tailandia, y la misma situación se dio en 2013. Las conversaciones no han resultado muy eficaces, y se teme por la vida de millones de personas, que podrían ser afectadas en caso de que el conflicto se intensifique.

Se podría resumir la ineficacia de dicho organismo de la siguiente manera: las decisiones sobre la construcción de las presas se toman directamente sin presentarlas a la MRC, y las empresas constructoras presionan de tal manera a los gobiernos, que es muy difícil realizar evaluaciones sobre los impactos medioambientales. Además, al no ser un tratado vinculante, los miembros acaban ignorando sus directrices y prefieren “cooperar” en un sentido amplio. De todos modos, las conversaciones siguen aunque, hoy por hoy, la MRC no parece capaz de asumir el peso de las negociaciones. Esto da al conflicto un futuro incierto y peligroso.

Un tercer foco de roces es el que afecta a la región ex-soviética de Asia Central. Durante la Guerra Fría, estas regiones compartían los recursos de la siguiente manera: las repúblicas con orografía montañosa (Tayikistán y Kirguistán) tenían agua abundante, y la suministraban a las repúblicas río abajo (Kazakstán, Turkmenistán y Uzbekistán) para generar electricidad y regar los cultivos. A su vez, las repúblicas río abajo suministraban gas y carbón a Tayikistán y Kirguistán durante el invierno. Pero al desmoronarse la URSS todo eso cambió y empezó a haber escasez de agua y cortes eléctricos, ya que estos países independientes decidieron dejar de compartir el agua y la energía. Como proclama el think-tank International Crisis Group, “la raíz del problema reside en la desintegración del sistema de compartir fuentes impuesto por la Unión Soviética en la región hasta su colapse en 1991”.

Así, Kirguistán y Tayikistán han decidido construir presas hidroeléctricas en los ríos Syr Darya y Amu Darya para producir su propia energía y enfrentar así los constantes apagones (potencialmente letales en invierno). Esto, por supuesto, limitará el acceso al agua de millones de personas que viven en las otras tres repúblicas, cosa que ha provocado conflictos a pequeña escala. También han abundado las amenazas, como la del presidente uzbeko Islom Karimov, que en 2012 dijo lo siguiente: “Los recursos (provenientes) del agua podrían convertirse en un problema futuro que podría dar lugar a en una escalada de tensiones no solo en nuestra región, sino en todo continente”; además añadió: “No nombraré países concretos, pero todo esto podría deteriorar hasta el punto en que el resultado no solo sería una confrontación, sino las guerras”. A pesar de las amenazas, los proyectos han continuado su camino, y por ello cabe esperar un incremento de la tensión en la región.

El control del Nilo

El río Nilo aparece como fuente de tensión entre diversos países africanos. Para entender la problemática existente, debemos remontarnos más de un siglo atrás. Ya en 1868, Egipto intentó ocupar Etiopía para hacerse con el control del cauce del Nilo. En 1929 se firmaron unos acuerdos durante la época colonial, en los que se repartían las aguas del Nilo. En dichos acuerdos (que se reafirmaron en 1959), Egipto obtenía la mayor parte del agua para su uso, mientras que Sudán obtenía una pequeña parte. Los 9 países restantes de la cuenca del Nilo fueron apartados del tratado. A la vez, se permitía a Egipto construir proyectos en el río Nilo mientras que se prohibía al resto de países ribereños hacer lo mismo sin el permiso de Egipto.

En 1999 se creó la Iniciativa de la Cuenca del Nilo: una comisión encargada de organizar un reparto justo del agua y los recursos del río Nilo. Pero al no tener el efecto esperado, en 2010 se firmó, como consecuencia del reparto desigual de las aguas, el Acuerdo de Entebbe (por Etiopía, Ruanda, Uganda, Kenia, Tanzania y Burundi). Este acuerdo, profundamente discutido por Egipto y Sudán, permite a los países ribereños construir presas y otros proyectos, rompiendo así con las restricciones impuestas por los tratados coloniales. Además, esto ha alterado la balanza en la región, ya que Egipto y Sudán han perdido el monopolio sobre los recursos del Nilo.

Es vital comprender la situación geográfica de estos actores. El Nilo nace en diversos países, y termina pasando por Sudán y Egipto para desembocar en el Mar Mediterráneo. Egipto, concretamente, es un país totalmente dependiente del río Nilo. Recibe más del 90% del agua dulce de este río, y su industria y agricultura necesitan del Nilo para sobrevivir. Hasta hace pocos años y gracias a los tratados coloniales, Egipto había ejercido un monopolio sobre el uso de las aguas; pero desde hace poco, la situación está cambiando.

Por tanto, la confrontación ha surgido básicamente entre Egipto y Etiopía (en donde nace el Nilo Azul). Este último es un país con más de 100 millones de habitantes, que dispuso en 2011 un proyecto de construcción de una presa: la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD). Con una inversión de 4.700 millones de dólares, esta presa solucionaría el déficit energético de Etiopía, y llegaría a convertir a este país en exportador neto de electricidad (produciría 6.000 MW al año). El inconveniente es que la presa se nutrirá con agua del Nilo Azul, tributario del río Nilo. El peligro de la evaporación de más de 3 billones de metros cúbicos por año y la reducción del caudal para llenar la reserva podría afectar de una manera catastrófica a Egipto. Además, a los peligros derivados del sobreuso del agua hay que añadir el crecimiento de la población y la demanda de una mejor redistribución del agua entre los países ribereños.

Esta problemática ha traído tensiones entre los dos países: en 2010 se filtró en Wikileaks un correo electrónico proveniente de un alto mando egipcio en el que se afirmaba: “estamos discutiendo cooperación militar con Sudán contra Etiopía, con planes para establecer una base en Sudán para las Fuerzas Especiales Egipcias con vistas a atacar el proyecto GERD”. Egipto también pensó en preparar apoyo a grupos rebeldes proxy en Etiopía, para desestabilizar el gobierno. De todos modos, debemos tener en cuenta que Egipto siempre ha tendido a usar una retórica agresiva hacia toda problemática relacionada con el Nilo (fuente de vida, motor de su economía), pero realmente la nación de los faraones no está en condiciones para lanzar acciones armadas, dado que sus problemas domésticos han desgastado al país, perdiendo así su posición de clara predominancia en la región.

Pero no todo el futuro es tan negro. En marzo del 2015 se firmó en Jartum un acuerdo preliminar entre Egipto, Etiopía y Sudán sobre la presa del Renacimiento y el reparto del agua, en el que se aceptaba el derecho de Etiopía a construir la presa sin dañar el abastecimiento de agua de Egipto y Sudán. Aunque estos dos países están alarmados ante lo que sucederá una vez la reserva empiece a llenarse, este es un primer paso hacia una era de cooperación. El mismo Abdel Fattah el-Sisi (presidente de Egipto) dijo en la convención: “hemos escogido cooperar y confiar entre nosotros, en pro del desarrollo”. Finalmente, en noviembre del mismo año no se pudo aprobar una comisión de análisis independiente para observar las consecuencias de la presa, ya que después de que Sudán acusara a Egipto de usar parte de la cuota sudanesa, se inició una guerra de declaraciones, que puso en peligro la frágil cooperación entre estos países.

Esta cooperación en el ámbito de los recursos hídricos tendrá repercusiones beneficiosas en muchas otras esferas y, aunque no se puede descartar un fracaso de las negociaciones, lo más probable es que gracias a la construcción de la GERD y la cooperación regional, los lazos entre estos países se hagan más fuertes, lo que puede marcar el punto de partida de una nueva época de paz y desarrollo en esta región.

Un caso de cooperación: el Paraná

El Paraná, un río fronterizo y transfronterizo que nace en Brasil y atraviesa Paraguay para desembocar en el río de la Plata, es un ejemplo muy distinto. Su cuenca  está vinculada con el Acuífero Guaraní (una de las mayores reservas de agua del mundo), y eso es una garantía del gran volumen de agua que tiene este río a lo largo del año. Por eso, se han ido construyendo muchas centrales hidroeléctricas, aprovechando los saltos de agua y también los rápidos. Por otro lado, la importancia de este río a nivel político y económico es clave; el Paraná y la Cuenca de la Plata alimentan la zona más industrializada y poblada de América del Sur. Es por ello, que la cooperación ha sido especialmente importante.

La represa del Itaipú (la segunda más grande del mundo y primera en producción mundial) es una represa binacional, construida por Paraguay y Brasil. Fue el resultado de intensas negociaciones (no siempre fáciles), y ahora produce de promedio 90 millones de MWh (megavatio-hora) al año. Aún así, no siempre hubo concordia entre Paraguay y Brasil: en 1872 empezaron unas disputas sobre las fronteras. Después de muchos acuerdos inservibles, se acordó inundar los territorios disputados y crear una represa hidroeléctrica. Las reticencias que la iniciativa levantó en Argentina, porque la regulación afectaba al caudal que, aguas abajo, seguiría hasta el Río de la Plata, quedaron resultas en un pacto a tres bandas en 1979. En 1984 entró en funcionamiento la represa. Hoy está administrada por la Entidad Binacional Itaipú, una empresa público-privada entre Paraguay y Brasil, y suministra más del 16% de la energía total que se consume en Brasil, y más del 75% de la que se consume en Paraguay. A pesar de que el impacto medioambiental fue grande, Itaipú ha promovido campañas para mantener reservas biológicas y proteger la fauna y flora. Además, ha reforestado grandes áreas en los alrededores del embalse, y vela por la calidad del agua.

Este es un claro ejemplo de los beneficios que puede aportar un uso razonable y compartido entre países que deciden cooperar. Así, los países que son parte en algunas de las controversias actuales deberían fijarse en estos ejemplos de comportamiento que, sin ser perfectos, se puede aprender mucho de ellos.

Aunque el agua puede ser el origen disputas entre pueblos y naciones (como los casos citados), también ofrece oportunidades muy ventajosas (lo ocurrido en el río Paraná o el Nilo) para los países que consiguen cooperar. Esta cooperación, iniciada para evitar conflictos por el agua, puede llevar a nuevas etapas de armonía y robustecer las relaciones comerciales, políticas y de seguridad. Es clave, entonces, mostrar cómo una actitud de predisposición a negociar y cooperar tendrá siempre consecuencias positivas para los países que comparten caudales de ríos.

ESSAY / Martín Villegas Jordán

The concept of humanity is a contemporary idea that took shape just recently. Many say that it took place after the conference of Yalta in 1945[1]. In other words, this concept was beginning to be conceived by one of the three leaders that shaped today’s world, U.S. President Franklin D. Roosevelt. During the conference, the three big leaders of the world, who at the time were British Prime Minister Winston Churchill, Soviet Premier Joseph Stalin, and U.S. President Roosevelt[2], came to an agreement (mostly encouraged by Roosevelt) that would eventually give birth to the United Nations. Now it’s vital to know that this intergovernmental organization is intricately composed of the idea of a global union.

Moreover, the concept of a global union, of the United Nations, embodies the idea of humanity as universal. It encompasses the idea of humanity as a composition of every existing nation. In short, humanity eventually becomes the nation for all human beings, a nation of nations. And this is where Mr. Roosevelt plays a relevant role when he said: “A nation that destroys its soils destroys itself. Forests are the lungs of our land, purifying the air and giving fresh strength to our people”[3].

It’s possible, then to say that the previous century was the time when global issues were given the attention that they deserved. For instance, the National Aeronautics and Space Administration (NASA) marks 407.62 parts per million of carbon dioxide of earth and 0.99 degrees Celsius for the temperature anomaly of 2016 (denoting that year as one of the sixteen warmest years since 2001)[4].

Besides, humanity faces dramatic gaps in temperature. Take a look, for instance, at Oymyakon, Russia, where the temperature is normally around negative fifty-four degrees Celsius[5]. Now, looking at the Sahara desert, it’s inhabitants face temperatures of fifty-nine degrees Celsius or more.

Moreover, climate change becomes a more pressing matter when looking at two reports of the NASA. On the first hand, the one titled “November of 2017 was the third warmest November on record” states: “The last three Novembers — 2015, 2016, and 2017 — are the three warmest in the entire modern record.”[6]. On the other hand, the one titled “Greenland melt speeds East Coast sea level rise” states the following: “the Greenland and Antarctic influence alone would account for an increase in the rate of sea level rise on the East Coast of 0.0016 to 0.0059 inches (0.04 to 0.15 millimeters) each year, varying by location. That’s equivalent to 7.8 inches (0.2 meters) of sea-level rise on the northern East Coast over the next century, and 2.5 feet (0.75 meters) in the south, though the estimates are quantitative and not an attempt at an actual projection”[7].

Still, having such a clear evidence of climate change, it is true that legislators choose to deny this, which actually ends up convincing people. This is evident, for example, when analyzing the politics of the current President of the U.S., Donald Trump. For instance, during his campaign (when addressing the mining community) he said: “If I take hairspray, and I spread it in my apartment, which is all sealed, you are telling me that affects the ozone layer. I say “no way folks” (…) that is like all of the rules and regulations you people have in mines”[8].

What is also true about this blind humanity is that the many pronunciations of the United States’ president have a strong pull towards decisions that countries in Mesoamerica and South America take. Take Colombia, for instance. Now, this country had banned the eradication of illicit cultivations of drugs by aspartame but president Trump has been insisting and pushing for this harmful way for the environment and for humans that can possibly live by the crops[9]. Furthermore, it can be said that pressure from the North American country has not been light in the rest of Latin America.

Summing up, it is clear that America is clearly in need of renewable energy sources no matter what the political discourse states. Specifically, America is in need of “those sources of energy obtained from natural means that are renewable and susceptible to indefinite use”[10]. Take, for instance, countries like Brazil, Mexico and Argentina, which are called to be the future in the study of sustainability due to their “geographical and climatological conditions, which make Latin America one of the regions that pose high potential from renewable energy sources”[11]. Furthermore, these countries are pioneer in the ambits of wind, hydropower, and large-scale soy growing, which makes them subject to the advantages that the implementation of renewable energy poses. In fact, experts Emma Mendoza and Vadim Pérez at the University of Chile insist on these advantages being: (1) the potential for creating almost six times of what global consumption is today (2) the production being national (3) the de-centralized consumption, meaning that energy is consumed in the place where it is produced and there is no necessity to export (4) the hygiene of the obtained energy, meaning that there are no significantly harmful remnants (5) and the inversion in high tech industry[12].

In fact, in America there has been an exponential growth in the implementation of renewable energy projects since the implementation of the Paris 2015 accords on Climate Change. Such growth though, is directly proportional with the increments in federal or particular centralized companies with strong governmental support [13].

In Latin America the three pillars in the ambit of sustainability are the eolian industry, the hydroelectric industry, and the industry of the monocultures[14]. Of the countries previously mentioned, for example, Brazil and Mexico specialize in the eolian industry, Brazil also plays an important role in hydropower development, and Argentina leads the large scale soy growing. It is of vast importance though, to previously mention the fact that the development of renewable energies is not the only factor that is taken into account when analyzing the socio-scientific field of sustainable energies. Then, in addition to the plain development of these energies, the social movements that emerge in response to the expansion of these industries play a key role for the future of sustainable energies in the world.

It is interesting to look at each of the fields with important developments in America. Firstly, taking a close look at how the wind power is transformed in renewable energy and the toll that it has within a socio-economic sphere. Now, this type of energy is the least efficient between the three types analyzed in this paper because it has the least impact on the environment and on society. However, the two countries that contribute primarily are Brazil and Mexico, respectively, with a generation of 256 MW and 88 MW[15]. Mainly, the power generated in each country is based upon eolian parks built on the appropriate territories. For example, Brazil’s main park is found in the municipality of Osório and it includes three projects that sum a generation potential of 150 MW. Unfortunately, the social outcome of eolian implementation has been negative. Experts Mendoza and Pérez state that the probable origin for the social unrest is the government for ignoring the process of negotiation between enterprises and local habitants. Also, the clean energy enterprises are paying only 1.5% of the incomes to the landowners that put their terrains for the disposition of these enterprises. Besides, other social unrest is the co-ownership of most of the terrains, presenting more negotiation difficulties between enterprises and landowners.  In short, the main opponents (via judicial demands) in Mexico are: “la Union de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Itsmo” and “los centros de Derechos Humanos Topeyec y Gubiña”[16]. As if there was not enough opposition already, these denunciators even claim that some of the acts committed by the enterprises are unconstitutional. 

Secondly, it is important to look at hydroelectric power principally developed in Brazil because hydroelectricity is the principal source of electricity generation in Latin America. For example, Brazil’s hydroelectric power in 2006 accounted for 60% of the total of electricity generated. Furthermore, hydroelectricity can be developed under low costs of operation and high efficacy. It is also important to look at hydroelectric power in Brazil as a pioneer due to the first efforts of implementation that have been present in the country since 1970.

Thirdly, the large-scale soy production can also be considered as a renewable energy source.

Avanza la iniciativa de Washington para la diversificación energética de las Antillas

Ante el éxito de la diplomacia petrolera de Venezuela en los países del Caribe (las islas suman 13 de los 35 votos de la OEA), Estados Unidos lanzó en 2014 su propia inciativa para que esos pequeños estados tengan una mayor diversidad energética y no dependan del crudo venezolano. Las dificultades financieras del régimen de Maduro han restado influencia chavista en el Caribe, pero también Trump está aplicando recortes a las ayudas estadounidenses. La diversificación de fuentes de energía, no obstante, avanza porque es una necesidad real de las islas.

▲El boom turístico eleva el consumo eléctrico de las islas caribeñas, donde apenas hay fuentes propias de energía

ARTÍCULO / María F. Zambrano

En las islas del Caribe, la seguridad energética está en el centro de la preocupación  estratégica nacional, debido a su alta dependencia de combustibles fósiles, en su mayoría de importación. La seguridad energética es el foco donde convergen los intereses geopolíticos, diplomáticos y económicos de esos pequeños estados, y no solo de ellos: la gran vulnerabilidad por falta de fuentes de energía propias fue tenida en cuenta por Venezuela para impulsar en 2005 el acuerdo de cooperación de Petrocaribe, que le otorgó gran influencia en las Antillas; desde 2014, Estados Unidos intenta contrarrestar ese programa con la Iniciativa de Seguridad Energética para el Caribe (CESI en sus siglas en inglés), puesta en marcha por la Administración Obama.

La rivalidad entre las dos iniciativas de diplomacia energética no se dirimirá en realidad por un pulso político entre Caracas y Washington, sino por la necesidad real que tienen las islas del Caribe de diversificar sus fuentes de energía. Eso restará influencia venezolana en la región, y abrirá paso a la oferta estadounidense, centrada precisamente en fomentar fuentes alternativas.

El principal riesgo para la seguridad nacional en las Antillas se encuentra en los altos costos de la electricidad caribeña. Por un lado, las islas han suplantado economías históricamente agrícolas por otras regidas por el turismo, lo que les obliga no solo a satisfacer las necesidades de sus ciudadanos sino a contar con el costo fijo de una industria con altos niveles de consumo eléctrico. Por otro, la producción no cuenta con estructuras de generación diversificadas. Exceptuando Trinidad y Tobago, Suriname y Belize, las islas se abastencen de petróleo como única capacidad de producción instalada; además, el 87% de las energías primarias (básicamente crudo) son importadas. Estamos ante un problema de alto consumo y otro de dependencia petrolera.

Ante esta situación, y dadas las exigencias que plantea la seguridad energética, entendida como la protección física de las infraestructuras y también el esfuerzo por garantizar la continuidad del suministro, Petrocaribe se convirtió en una clara opción para los intereses antillanos. Los generosos créditos de financiamiento –desde un 5% hasta un 70% por un periodo de 25 años– contribuyeron a la extensión del programa. Durante los primeros 10 años de existencia de Petrocaribe, de acuerdo con datos del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), Venezuela cubrió en promedio el 32% de la demanda energética de los Estados participantes; República Dominicana, Jamaica, Nicaragua y Haití recibieron el 87% de los suministros. El acuerdo también supuso inversiones en las refinerías de las islas, que elevaron su capacidad de procesamiento: hasta 135.000 barriles diarios de crudo entre la cubana Camilo Cienfuegos (65.000), la refinería próxima a la capital de Jamaica (36.000) y la refinería Dominicana de Petróleo (34.000).

La alianza alivió para esos países el alza del precio del crudo, pero la región quedaba en manos de la volatilidad de los precios del mercado y en las del principal abastecedor. Un informe del FMI de noviembre de 2017 estima que los movimientos del precio real del crudo afectan en un 7% al crecimiento del PIB en el Caribe, con amplias variaciones según los países: un 15% en Dominica, un 9% en Jamaica y menos de un 1% en Guyana. A su vez, la continua caída productiva de Venezuela, que comenzó a destinar menos barriles a Petrocaribe, dejó a la zona predispuesta a nuevos planteamientos que redujeran su exposición a los choques del mercado.

Iniciativa de Seguridad Energética para el Caribe

Esta expectativa fue abordada en un nuevo marco de seguridad energética que buscaba incrementar la independencia y reducir la vulnerabilidad por medio de la diversificación. Aprovechando la abrupta caída de los precios del crudo de 2014, lo que relajaba los costes energéticos para las islas y les daba mayor margen de maniobra, Washington lanzó la Iniciativa de Seguridad Energética para el Caribe (CESI). El programa se ha concentrado en apoyar a los países en la diversificación de la generación eléctrica, atendiendo a su importante potencial de energías renovables. Así, a través de CESI se han destinado 2 millones de dólares en apoyo técnico a C-SERMS (Caribbean Sustainable Energy Roadmap and Strategy), una hoja de ruta desarrollada por la división de política energética de CARICOM. En esta se habían armonizado ya las metas de los 15 Estados miembro en materia de eficiencia energética, así como de implementación de energías renovables: dos estrategias que buscaban solventar los problemas expuestos previamente.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó que para la aplicación de la hoja de ruta C-SERMS el sector energético caribeño requeriría de una inversión del 7% del PIB regional entre 2018 y 2023. Los países con sectores financieros más sólidos tendrían capacidad de financiar los proyectos sin alterar la sostenibilidad de la deuda, siendo estos proyectos autofinanciados durante un periodo de 20 años.

En el marco de la iniciativa estadounidense, la eficiencia energética fue materializada en el programa CHEER (Caribbean Hotel Energy Efficiency and Renewables program) que ha brindado asistencia técnica a la industria hotelera, principal fuente de consumo. Pero en este campo el FMI apremia a que se implementen políticas públicas más amplias, para una mayor reducción de la importación de crudo y un incremento del PIB a largo plazo.

En la implementación de energías renovables, la Corporación para Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC) de Estados Unidos ha promovido infraestructuras con financiación público-privada. Entre otros proyectos, financió la construcción de una planta de energía eólica de 36 MW y una de energía solar 20 MW, ambas inauguradas en 2016 en Jamaica. Estos proyectos también tienen influencias macroeconómicas en la reducción de la dependencia del crudo; en el caso de Jamaica, no obstante, la dependencia ha sido disminuida principalmente por la ampliación de la capacidad de recepción de gas natural, lo que ha permitido a ese país una reducción del 97% al 80% de dependencia de petróleo importado (de hecho, ya no importa crudo venezolano). Desde 2016, la empresa New Fortress Energy ha estado trabajando en la entrega de gas natural licuado a la planta Bogue de Jamaica.

Desde su lanzamiento, la OPIC ha financiado hasta 120 millones de dólares en acuerdos energéticos. A eso se añaden los promovidos por el fondo CEFF-CCA, también del Gobierno de Estados Unidos, que proporcionó 20 millones de dólares no reembolsables para proyectos en fases iniciales; en 2015 comenzó el proyecto “Energía Limpia en el Caribe”, de una duración de cinco años y con especial incidencia en Jamaica.

Recortes de Venezuela... y de Trump

La iniciativa estadounidense para la diversificación energética del Caribe tuvo su respuesta por parte de Venezuela. En 2015, Petrocaribe celebró una cumbre especial donde cuadruplicó el fondo ALBA Caribe, elevándolo de 50 millones de dólares a 200 millones, destinados a financiar proyectos principalmente sociales, en la línea de lo que Javier Corrales y Michael Penfold han denominado “social power diplomacy”. No obstante, la grave crisis económica de Venezuela y las reducidas finanzas de su petrolera nacional, PDVSA, han obligado al Gobierno de Nicolás Maduro a recortar la diplomacia petrolera venezolana.

Por su parte, la llegada de la Administración Trump ha supuesto una disminución significativa de la inversión destinada a CESI. En el marco de un recorte generalizado a programas de ayuda en el extranjero, Washington redujo a 4,3 millones de dólares el monto destinado a potenciar nuevas fuentes de energía en el Caribe.

Estados Unidos, en cualquier caso, no es el único en tratar de ocupar el espacio energético que antes llenaba Venezuela. En 2015 se inauguró en Barbados el Centro de Energías Renovables y Energías Eficientes, promovido por UNID (United Nations Industrial Development Organization) con el respaldo de fondos austriacos y alemanes. Además Rusia realizó el año pasado envíos de combustible a Cuba, supliendo suministros que Venezuela no había podido cubrir.

La constante expansión del cultivo en los países de Mercosur les lleva a superar el 50% de la producción mundial

La soja es el producto agrícola con mayor crecimiento comercial en el mundo. Las necesidades de China e India, grandes consumidores del fruto de esta planta oleaginosa y sus derivados, convierten a Sudamérica en un granero estratégico. Su rentabilidad ha incentivado la extensión del cultivo, especialmente en Brasil y Argentina, pero también en Paraguay, Bolivia y Uruguay. Su expansión está detrás de recientes desforestaciones en el Amazonas y en el Gran Chaco. Tras los hidrocarburos y los minerales, la soja es la otra gran materia prima de Sudamérica.

ARTÍCULO / Daniel Andrés Llonch [Versión en inglés]

La soja se ha cultivado en las civilizaciones asiáticas durante miles de años; hoy su cultivo está también ampliamente difundido en otras partes del mundo. Ha pasado a ser el grano oleaginoso más importante para el consumo humano y la alimentación animal. De grandes propiedades nutritivas, por su alto contenido proteínico, la soja se comercializa tanto en grano como en sus derivados de aceite y de harina.

De los once mayores productores de soja, cinco están en Sudamérica: Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay. En 2016, esos países fueron el origen del 50,6% de la producción mundial, cuyo total alcanzó los 334,8 millones de toneladas, según los datos de la FAO. El primer productor fue Estados Unidos (34,9% de la producción mundial), seguido de Brasil (28,7%) y Argentina (17,5%). En la lista siguen India y China, aunque lo significativo de este último país es su gran consumo, que en 2016 le obligó a importar 83,2 millones de toneladas. Gran parte de esas necesidades de importación son cubiertas desde Sudamérica. La producción sudamericana se centra en las naciones de Mercosur (además de Brasil y Argentina, también Paraguay y Uruguay) y Bolivia.

La fuerte demanda internacional y la elevada rentabilidad relativa de la soja en los últimos años ha alimentado la expansión del cultivo de esta planta en la región del Mercosur. El boom del precio las materias primas, del que también participó la soja, originó unos beneficios que se dirigieron a la adquisición de nuevas tierras y equipamiento, lo que permitió a los productores aumentar su escala y eficiencia.

En Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay la superficie sembrada con soja es la mayoritaria (constituye más del 50% de la superficie total sembrada con los cinco cultivos más importantes de cada país). Si al grupo añadimos Uruguay, donde la soja ha gozado de una expansión más tardía, tenemos que la producción de esos cinco países sudamericanos ha pasado de 99 millones de toneladas en 2006 a 169,7 millones en 2016, lo que constituye un alza del 71,2% (Brasil y Bolivia han casi doblado su producción, algo superado por Paraguay y Uruguay, país donde se ha triplicado). En la década, esta área de Sudamérica ha pasado de aportar el 44,7% de la producción mundial a sumar el 50,6%. En ese tiempo, la superficie cultivada aumentó de 40,6 millones de hectáreas a 58,4 millones.

Países

Como el segundo mayor productor de soja del mundo, Brasil alcanzó en 2016 una producción de 96,2 millones de toneladas (el 28,7% del total mundial), con un área de cultivo de 33,1 millones de hectáreas. Su producción ha conocido un constante aumento, de forma que en el último decenio el volumen de la cosecha se ha incrementado en un 83,5%. El salto ha sido especialmente notable en los cuatro últimos años, en los que Brasil y Argentina han experimentado la mayor tasa de incremento del cultivo, con un promedio anual de 936.000 y 878.000 hectáreas, respectivamente, de acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Argentina es el segundo país productor del Mercosur, con 58,7 millones de toneladas (el 17,5% de la producción mundial) y una extensión cultivada de 19,5 millones de hectáreas. La soja comenzó a sembrarse en Argentina a mediados de los años 70, y en menos de 40 años ha tenido un avance inédito. Este cultivo ocupa el 63% de las áreas del país sembradas con los cinco cultivos más importantes, frente al 28% de superficie que ocupan el maíz y el trigo.

Paraguay, por su parte, tuvo en 2016 una cosecha de 9,1 millones de toneladas de soja (el 2,7% de la producción mundial). En las últimas temporadas, la producción de soja ha aumentado a medida que se destinan más tierras para su cultivo. De acuerdo con el USDA, en las últimas dos décadas, la tierra dedicada al cultivo de soja ha aumentado constantemente en un 6% anual. Actualmente hay en Paraguay 3,3 millones de hectáreas de tierra dedicadas a esta actividad, lo que constituye el 66% de la tierra utilizada para los principales cultivos.

Por lo que se refiere a Bolivia, la soja se cultiva principalmente en la región de Santa Cruz. Según el USDA, representa el 3% del Producto Interno Bruto del país, y emplea a 45,000 trabajadores directamente. En 2016, el país cosechó 3,2 millones de toneladas (el 0,9% de la producción mundial), en una extensión de 1,3 millones de hectáreas.

Las plantaciones de soja ocupan más del 60 por ciento de las tierras cultivables de Uruguay, donde la producción de soja ha ido en aumento en los últimos años. De hecho, es el país donde más ha crecido la producción en términos relativos en la última década (un 67,7%), alcanzando en 2016 los 2,2 millones de toneladas y una extensión cultivada de 1,1 millones de hectáreas.

Aumento de la demanda

La producción de soja representa una fracción muy importante en el PIB agrícola de las naciones sudamericanas. Los cinco países mencionados juntamente con Estados Unidos conforman el 85,6% de la producción global, de forma que son los principales proveedores de la creciente demanda mundial.

Dicha producción ha experimentado un aumento progresivo desde su inserción en el mercado, con la excepción de Uruguay, cuya expansión del producto ha sido más reciente. En el periodo entre 1980 y 2005, por ejemplo, la demanda total mundial de soja se expandió en 174,3 millones de toneladas, o lo que es lo mismo, 2,8 veces. En este período la tasa de crecimiento de la demanda global fue acelerándose, desde un 3% anual en los 80 a un 5,6% anual en la última década.

En todos los países sudamericanos mecionados el cultivo de soja ha sido especialmente incentivado, por los beneficios que supone. Así, en Brasil, el mayor productor regional del grano oleaginoso, la soja aporta unos ingresos calculados en 10.000 millones de dólares en exportaciones, representando el 14% del total de productos comercializados por el país. En Argentina, el cultivo de soja pasó de representar el 10,6% de la producción agrícola en 1980/81 a más del 50% en 2012/2013, generando importantes beneficios económicos.

Las perspectivas de crecimiento de la demanda hacen prever una continuación en el alza de la producción. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estima que la producción global superará los 500 millones de toneladas en 2050, lo que duplica el volumen consechado en 2010. Gran parte de esa demanda tendrá que ser atendida desde Sudamérica.