Con una producción petrolera bajo mínimos, el régimen de Maduro ha echado mano del metal precioso para pagar los servicios de Teherán

° Sin más créditos de China o Rusia, Caracas consolidó en 2020 la renacida relación con los iraníes, encargados de intentar reactivar las paralizadas refinerías del país

° En el último año, cargueros despachados por Irán han llevado a la nación caribeña más de 5 millones de barriles de gasolina, así como productos para su supermercado Megasis

° La implicación de entidades relacionadas con la Guardia Revolucionaria, declarada grupo terrorista por Washington, dificulta cualquier gesto hacia la Administración Biden

► La vicepresidenta venezolana y el viceministro de Industria iraní inauguran el supermercado Megasis en Caracas, en julio de 2020 [Gob. de Venezuela]

INFORME SRA 2021 /  María Victoria Andarcia  [versión en PDF]

La relación de Venezuela con potencias extrahemisféricas ha estado caracterizada en el último año y medio por la reanudación de la estrecha vinculación con Irán ya vista durante las presidencias de Hugo Chávez y Mahmud Ahmadineyad. Agotadas las posibilidades de financiación facilitadas por China (no concede créditos a Caracas desde 2016) y por Rusia (su interés petrolero en Venezuela, a través de Rosneft, se vio especialmente constreñido en 2019 por las sanciones de la Administración Trump a los negocios de Pdvsa), el régimen de Nicolás Maduro llamó de nuevo a la puerta de Irán.

Y Teherán, otra vez cercado por las sanciones de Estados Unidos, como ocurriera durante la era de Ahmadineyad, ha vuelto a ver en la alianza con Venezuela la ocasión de plantar cara a Washington, al tiempo que saca algún rendimiento económico en tiempos de gran necesidad: cargamentos de oro, por valor al menos de 500 millones de dólares, según Bloomberg, habrían salido de Venezuela en 2020 como pago de los servicios prestados por Irán. Si los créditos de China o Rusia eran a cambio de petróleo, ahora el régimen chavista debía además echar mano del oro, pues la producción de la estatal Pdvsa estaba bajo mínimos históricos, con 362.000 barriles diarios en el tercer trimestre del año (Chávez tomó la compañía con una producción de 3,2 millones de barriles diarios).

El cambio de pareja se simbolizó en febrero de 2020 con la llegada de técnicos iraníes para poner en marcha la refinería de Armuy, abandonada el mes anterior por los expertos rusos. La falta de inversión había llevado al descuido del mantenimiento de las refinerías del país, lo que estaba provocando una gran escasez de gasolina y largas filas en las estaciones de servicio. La asistencia iraní apenas lograría mejorar la situación refinadora, y Teherán tuvo que suplir esa ineficiencia con el envío de cargueros de gasolina. Asimismo, la escasez de alimentos ofreció otra vía de auxilio para Teherán, que también despachó barcos con comestibles.

Gasolina y alimentos

La relación venezolano-iraní, que sin eliminarse del todo se había reducido durante la presidencia de Hasán Rohaní, al focalizarse esta en la negociación internacional del acuerdo nuclear que se alcanzaría en 2015 (conocido como JCPOA por sus siglas en inglés), se reanudó a lo largo de 2019. En abril de ese año la controvertida aerolínea iraní Mahan Air recibió permisos de operaciones en Venezuela para cubrir la ruta Teherán-Caracas. Aunque la aerolínea no ha comercializado la ruta aérea, sí ha fletado varios vuelos a Venezuela a pesar del cierre del espacio aéreo territorial ordenado por Maduro debido a la pandemia de Covid-19. Las operaciones de Mahan Air sirvieron para transportar a los técnicos iraníes que iban a emplearse en los esfuerzos de reiniciar la producción de gasolina en las refinerías del complejo de Paraguaná, así como material necesario para esas tareas.

Esas y otras gestiones habrían estado preparadas por la embajada de Irán en Venezuela, que desde diciembre de 2019 está dirigida por Hojatolá Soltani, alguien conocido por “mezclar la política exterior de Irán con las actividades” del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), según el investigador Joseph Humire. Este considera que Mahan Air habría realizado unos cuarenta vuelos en la primera mitad de 2020.

De la misma manera, Irán estuvo enviando múltiples buques de combustible a Venezuela para hacer frente a la escasez de gasolina. El primer envío llegó en una flotilla de tanqueros que, desafiando las sanciones de Estados Unidos, entraron en aguas venezolanas entre el 24 y el 31 de mayo, transportando en conjunto 1,5 millones de barriles de gasolina. En junio llegó otro buque con unos estimados 300.000 barriles, y otros tres aportaron 820.000 barriles entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre. Entre diciembre de 2020 y enero de 2021 otra flotilla habría transportado 2,3 millones de barriles. A ese total de al menos 5 millones de barriles de gasolina habría que sumar la llegada 2,1 millones de barriles de condensado para aplicarse como diluyente del petróleo extrapesado venezolano.

Además de combustible, Irán también ha enviado en este tiempo suministros médicos y alimentos para ayudar a combatir emergencia humanitaria que sufre el país. Así, resulta importante destacar la apertura del supermercado Megasis, a la que se vincula con la Guardia Revolucionaria, cuerpo militar iraní que la Administración Trump incluyó en el catálogo de grupos terroristas. El establecimiento comercial vende productos de marcas propiedad del ejercito iraní, como Delnoosh y Varamin, que son dos de las subsidiarias de la compañía Ekta, supuestamente creada como un fideicomiso de seguridad social para veteranos militares iraníes. La cadena de supermercados Ekta se encuentra subordinada al Ministerio de Defensa iraní y a las Fuerzas Armadas de Logística, entidad sancionada por Estados Unidos por su papel en el desarrollo de misiles balísticos.

El oro y Saab

Esta actividad preocupa a Estados Unidos. Un reporte del Atlantic Council detalla cómo las redes respaldadas por Irán apuntalan al régimen de Maduro. El ministro de petróleo venezolano, Tareck El Aissami ha sido identificado como el actor clave de la red ilícita. Éste presuntamente acordó con Teherán la importación de combustible iraní a cambio de oro venezolano. De acuerdo con la información de Bloomberg antes citada, el Gobierno de Venezuela había entregado a Irán, hasta abril de 2020, alrededor de nueve toneladas de oro con un valor de aproximadamente 500 millones de dólares, a cambio de su asistencia en la reactivación de las refinerías. El oro fue aparentemente trasladado en los vuelos de Mahan Air hacia Teherán.

En las negociaciones pudo haber intervenido el empresario de origen colombiano Alex Saab, que ya centralizó buena parte de las importaciones de alimentos realizadas por el régimen chavista bajo el programa Clap y se estaba implicando en los suministros iraníes de gasolina. Saab fue detenido en junio de 2020 en Cabo Verde cuando su avión particular repostaba en un aparente vuelo a Teherán. Solicitado a Interpol por Estados Unidos como principal testaferro de Maduro, el proceso de extradición sigue abierto.

Las entidades participantes en buena parte de estos intercambios están sancionadas por Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense por su conexión a la IRGC. La capacidad de la IRGC de operar en Venezuela se debe al alcance de la red de soporte de Hezbolá, organización señalada como terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. Hezbolá ha logrado infiltrar las comunidades expatriadas libanesas de Venezuela, dando paso a Irán para crecer su influencia en la región. Esos vínculos dificultan cualquier gesto que Caracas pueda intentar para propiciar cualquier desescalada por parte de la nueva Administración Biden de las sanciones aplicadas por Washington.

Pekín ya no es solo socio comercial y otorgador de créditos para infraestructuras: se pone a la par de Occidente en excelencia farmacéutica y proveedor sanitario

° Solo Perú, Chile y Argentina han contratado más dosis chinas y rusas; en Brasil y México predominan las de EEUU y Europa, como en el resto de los países de la región

° Huawei logra entrar en el concurso del 5G brasileño a cambio de vacunas; Pekín las ofrece a Paraguay si abandona su reconocimiento a Taiwán

° Además de los ensayos clínicos que hubo en varias naciones en la segunda mitad de 2020, Argentina y México van a producir o envasar Sputnik V a partir del mes de junio

► Llegada de un cargamento de vacunas Sputnik V a Venezuela, en febrero de 2021 [Palacio de Miraflores]

INFORME SRA 2021 /  Emili J. Blasco  [versión en PDF]

La vacunación en Latinoamérica se está haciendo sustancialmente con preparados desarrollados en Estados Unidos y Europa, aunque la atención mediática haya privilegiado las dosis procedentes de China y Rusia. La particular diplomacia de las vacunas ejecutada a lo largo de los últimos meses por Pekín y Moscú –que con fondos públicos han promovido la exportación de inyecciones, por delante de las necesidades de sus propios habitantes– ha sido ciertamente activa y ha logrado dar la impresión de una influencia mayor de la real, con la promesa muchas veces de volúmenes de suministros que raras veces se han cumplido en sus plazos.

Cuando, a partir de junio, inmunizada ya gran parte de los estadounidenses, la Administración Biden se vuelque en hacer su aportación de vacunas a la región, el desequilibrio a favor de fórmulas de los laboratorios “occidentales” –también utilizadas básicamente en los acopios del sistema Covax de Naciones Unidas– será aún mayor. No obstante, el desarrollo de la crisis sanitaria en el último año habrá servido para consolidar el pie puesto por China y Rusia en América Latina.

Hasta la fecha, solo Perú, Chile y Argentina han contratado más vacunas de China (CanSino, Sinopharm y Sinovac) y Rusia (Sputnik V) que de Estados Unidos y Europa (AstraZeneca, J&J, Moderna y Pfizer). En el caso de Perú, de los 116 millones de dosis comprometidas, 51 corresponden a laboratorios europeos y/o estadounidenses, 45 millones a los chinos y 20 millones al ruso. En el caso de Chile, de los 79,8 millones de dosis, 18 millones son vacunas del primer grupo, mientras que 61,8 millones son chinas. Por lo que afecta a Argentina, de los 62,4 millones de dosis reservadas, 22,4 millones son “occidentales”, 10 millones rusas y 30 millones chinas. Son datos de AS/COA, que sigue un detallado cómputo de diversos aspectos de la evolución de la crisis sanitaria en Latinoamérica.

En cuanto a los dos mayores países de la región, la preferencia por las fórmulas de EEUU y Europa es notoria. De los 661,4 millones de dosis apalabradas por Brasil, 481,4 tienen esa procedencia, frente a 100 millones de dosis chinas y 80 millones de Sputnik V (además, no está claro que estas últimas acaben llegando, dada el reciente rechazado a su autorización por parte de los reguladores brasileños). De los 310,8 millones contratados por México, 219,8 millones son de vacunas “occidentales”, 67 millones de vacunas chinas y 24 millones de Sputnik V.

Tablas: reproducción de AS/COA, base de datos online, información a 31 de marzo de 2021

Ensayos y producción

Las vacunas de China y Rusia no eran desconocidas en la opinión pública latinoamericana, pues en la segunda mitad de 2020 fueron noticia con frecuencia a raíz de los ensayos clínicos que se llevaron a cabo en algunos países. Sudamérica presentaba un especial interés para los principales laboratorios del mundo, ya que acogía una alta incidencia de la epidemia junto con cierto desarrollo médico que permitía un serio seguimiento de la eficacia de los preparados, compatible con un nivel de necesidad económica que facilitaba contar con miles de voluntarios para las pruebas. Eso hizo que la región centrara el campo de ensayos clínicos mundiales de las principales vacunas anti Covid-19, siendo Brasil el epicentro de la carrera en la experimentación. Además de las pruebas llevadas a cabo por Johnson & Johnson en seis países, y de Pfizer y Moderna en dos, Sputnik V se experimentó en tres (Brasil, México y Venezuela) y en dos lo hicieron Sinovac (Brasil y Chile) y Sinopharm (Argentina y Perú).

La experimentación, no obstante, se debía a acuerdos particulares entre laboratorios, que apenas exigía implicación de las autoridades sanitarias o políticas del país en cuestión. El compromiso de determinados gobiernos con las vacunas de China y Rusia vino con las negociaciones de compra y luego con su consiguiente autorización de uso, último paso que no siempre se ha producido. Una ulterior alianza en el caso de Sputnik V ha sido el proyecto de Argentina de producir en su territorio el preparado ruso a partir del próximo mes de junio, para vacunación propia y reparto a países vecinos, así como el de México para el envasado de las dosis, también a partir de junio. Argentina fue el primer país en registrar y aprobar Sputnik V, utilizando una información que luego ha compartido con otros países de la región. El movimiento de México ha sido interpretado como un modo de presionar a Estados Unidos para que liberalice cuanto antes la exportación de sus vacunas.

También China ha ejercido presiones sobre algunos países sudamericanos. Ha aprovechado la extrema necesidad de vacunas de Brasil para forzar que el Gobierno de Jair Bolsonaro tenga que admitir que Huawei opte al concurso para la red de 5G brasileña, a pesar de haber vetado inicialmente a la empresa china. Igualmente, Pekín parece haber prometido vacunas a Paraguay a cambio de que este país deje de reconocer a Taiwán. Por lo demás, el Gobierno chino promedió el año pasado un crédito de mil millones de dólares para la adquisición de material sanitario, como ha advertido el jefe del Comando Sur estadounidense, llamando la atención sobre el uso de la crisis que está haciendo China para lograr más penetración en el hemisferio.

Consolidación

Sea cual sea el mapa final de la aplicación de cada preparado en el proceso de vacunación, lo cierto es que sobre todo Pekín, pero de algún modo también Moscú, han logrado una importante victoria, por más que sus vacunas puedan quedar muy por detrás en el número total de dosis inyectadas en Latinoamérica. En una región acostumbrada a identificar a Estados Unidos y Europa con la capacidad científica y el alto desarrollo médico y farmacéutico, por primera vez se ve a China no ya como origen de productos baratos y de confección poco sofisticada, sino a la par en investigación y eficacia sanitaria. Más allá de la exitosa gestión que ha hecho Pekín de la pandemia, que puede relativizarse considerando el carácter autoritario de su sistema político, China surge como un país puntero, capaz de alcanzar una vacuna tan rápidamente como Occidente y, en cierta forma, homologable a este. La imagen de Rusia queda algo por debajo, pero Sputnik V permite consolidar el “regreso” ruso a una posición de referencia que había perdido absolutamente en recientes décadas.

A raíz de la emergencia por Covid-19, en el imaginario colectivo latinoamericano China ya no constituye solo un factor de comercio, de construcción de infraestructuras y de otorgador de créditos para el desarrollo de estas, sino que asienta su penetración como una potencia con dimensiones plenas, también en lo referente a un elemento central en la vida de los individuos como es la superación de la pandemia.

Y es que los países latinoamericanos han sufrido la crisis sanitaria y económica del coronavirus como ninguna otra región del mundo. Con el 8,2% de la población mundial, para octubre de 2020 acogía el 28% de los casos positivos globales por Covid-19 y el 34% de las muertes. El agravamiento de la situación luego en países como India pudo modificar algo esos porcentajes, pero la región ha mantenido importantes focos de infección, como Brasil, seguido de México y Perú. Para hacer frente a esta situación, Latinoamérica recibe dos tercios de la ayuda mundial del FMI por la pandemia: la región cuenta con 17 millones más de pobres y no recuperará la anterior renta per cápita hasta 2025, más tarde que el resto del mundo.

ESSAY /  María Rodríguez Reyero

One of the main questions that arise after a conflict comes to an end is what the reconstruction process should be focused on. Is it more important to forget the past and heal the wounds of a community or to ensure that the perpetrators of violence are fairly punished? Is the concept of peacebuilding in post-conflict societies compatible with justice and the punishment for crimes? Which one should prevail? And most importantly, which one ensures a better and more sustainable future for the already harshly punished inhabitants?

One of the main reasons in defence of the promotion of justice and accountability in post-conflict communities is its significance when it comes to retributive reasons: those who committed such atrocious crimes deserve to get the consequences. The accountability also discourages future degradations, and some mechanisms such as truth commissions and reparations to the victims allow them to have a voice, as potentially cathartic or healing. They may also argue that accountability processes are essential for longer-term peacemaking and peacebuilding. Another reason for pursuing justice and accountability is how the impunity of past crimes could affect the legitimacy of new governments, as impunity for certain key perpetrators will undermine people’s belief in reconstruction and the possibilities for building a culture of respect for rule of law.[1]

On the other hand, peacebuilding, which attempts to address the underlying causes of a conflict and to help people to resolve their disputes rather than aiming for accountability, remains a quite controversial term, as it varies depending on its historical and geographical context. In general terms, peacebuilding encompasses activities designed to solidify peace and avoid a relapse into conflict[2]. According to Brahimi, those are undertaken to reassemble the foundations of peace and provide tools for building up those foundations, more than just focusing on the absence of war[3]. Some of the employed tools to achieve said aims typically include rule of law promotion and with the tools designed to promote security and stability: disarmament, demobilization, and reintegration of ex-combatants (DDR), and security sector reform (SSR) and others such as taking custody of and destroying weapons, repatriating refugees, offering advisory and training support for security personnel, monitoring elections, advancing efforts to protect human rights, reforming or strengthening government institutions and promotion of the formal and informal process of political participation.[4]

Those conflict resolution and peacebuilding activities can be disrupted by accountability processes.[5] The concern is that accountability initiatives might even block possible peace agreements and lengthen the dispute as they remove the foundations of the conflict, making flourish bad feelings and resentment amongst the society. The main reason behind this fear is that those likely to be targeted by accountability mechanisms may therefore resist peace deals. This explains why on many occasions and aiming for peace, amnesties have been given to secure peace agreements Likewise, there is a prevailing concern that transitional justice tools may reduce the impact in the short term the durability of a peace settlement as well as the effectiveness of further peace-building actions.

Despite the arguments in favour and against both mechanisms, the reality is that in practice post-conflict societies tend to strike a balance between peacebuilding and transitional justice. Both are multifaceted processes that do not rely on one system to accomplish their ends, that frequently converge. However, their activities on occasions collide and are not complimentary. This essay examines one of the dilemmas in building a just and durable peace: the challenging and complex relationship between transitional justice and peacebuilding in countries emerging from conflict.

To do so, this essay takes into consideration Rwanda, a clear example of the triumph of transitional justice, after a tragic genocide in 1994. From April to July 1994, between 800,000 and one million ethnic Tutsis were brutally killed during a 100-day killing spree perpetrated by Hutus[6]. After the genocide, Rwanda was on the edge of total collapse. Entire villages were destroyed, and social cohesion was in utter deterioration. In 2002, Rwanda boarded on the most arduous practice in transitional justice ever endeavoured: mass justice for mass atrocity, to judge and restart a stable society after the bloody genocide. To do so, Rwanda decided to put most of the nation on trial, instead of choosing, as other post-conflict states did (such as Mozambique, Uganda, East Timor, or Sierra Leone), amnesties, truth commissions, selective criminal prosecutions.[7]

On the other hand, Sierra Leone is a clear example of the success of peacebuilding activities, after a civil war that led to the deaths of over 50,000 people and a poverty-stricken country. The conflict faced the Revolutionary United Front (RUF[8]) against the official government, due to a context of bad governance and extensive injustice. It came to an end with the Abuja Protocols in 2001 and elections in 2002. The armed factions endeavoured to avoid any consequences by requesting an amnesty as well as reintegration assistance to ease possible societal ostracism. It was agreed only because the people of Sierra Leone so severely needed the violence to end. However, the UN representative to the peace negotiations stated that the amnesty did not apply to international crimes, President Kabbah asked for the UN’s assistance[9] and it resulted in the birth of Sierra Leone’s Truth and Reconciliation Commission (TRC) and the Special Court for Sierra Leone (SCSL or Special Court).[10]

Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR) and transitional justice

Promoting short and longer-term security and stability in conflict-prone and post-conflict countries in many cases requires the reduction and structural transformation of groups with the capacity to engage in the use of force, including armies, militias, and rebel groups. In such situations, two processes are of remarkable benefit in lessening the risk of violence: DDR (disarmament, demobilization, and reintegration) of ex-combatants; and SSR (security sector reform).

DDR entails a range of policies and programs, supporting the return of ex-combatants to civilian life, either in their former communities or in different ones. Even if not all ex-combatants are turned to civilian life, DDR programs may lead to the transfer and training, of former members of armed groups to new military and security forces. The essence of DDR programming and the guarantees it seeks to provide is of utmost importance to ensuring peacebuilding and the possibility of efficient and legitimate governance.

It is undeniable that soldiers are unquestionably opposing to responsibility processes enshrined in peace agreements: they are less likely to cede arms if they dread arrest, whether it is by an international or domestic court. This intensifies their general security fears after the disarming process. In many instances, ex-combatants are integrated into state security forces, which makes the promotion of the rule of law, difficult, as the groups charged with enforcing new laws may have the most to lose through the implicated reforms. It is also likely to lessen citizen reliance on the security forces. The incorporation of former fighters not only in the new military but also in new civilian security structures is common: for example, in Rwanda, the victorious RPF dominated the post-genocide security forces.

While the spectre of prosecutions most obviously may impede DDR processes, there is a lesser possibility that it might provide incentives for DDR, as might happens where amnesty or reduced sentences are offered as inducements for combatants to take part in DDR processes. For them to be effective, the reliability of both the threat of prosecution and the durability of amnesty or other forms of protection are essentials whether it is in national or international courts. Even if this is not related to the promotion of transitional justice processes, it is another example of how it can have a long-term effect on the respect of human rights and the prevention of future breaches.

As previously stated, some DDR and transitional justice processes may share alike ends and even employ similar mechanisms. A variety of traditional processes of accountability and conflict resolution often also seek to promote reconciliation. DDR programs increasingly include measures that try to encourage return, reintegration, and if possible, reconciliation within communities. This willingness of victims to forgive and forget could in theory be promoted through a range of reconciliation processes like the ones promoted by transitional justice with the assistance of tools like truth commissions, which facilitate a dialogue that allows inhabitants to move forward while accepting the arrival of former perpetrators.  

The triumph of the Rwandan Patriotic Front (RPF) in 1994 finally put an end to the genocide in the country. The new government focused on criminal accountability for the 1994 genocide and as a result of this prioritization, the needs of survivors have not been met completely Rwanda is the paradigm and perfect example of prosecution of perpetrators of mass atrocity by the employment of transitional justice mechanisms, that were kept separated from DDR programs in order not to interfere with the attribution of responsibilities.[11] The Rwandan one is a case where DDR largely worked notwithstanding firmly opposing amnesty. Proof of this outstanding DDR success is how Rwanda has managed to successfully reintegrate around 54,000 combatants since 1995 thanks to the work of the Rwandan Demobilization and Reintegration Commission (RDRC). Another clear evidence of the effectiveness of DDR methods in Rwanda is the reintegration of child soldiers. Released child soldiers were installed in a special school (Kadogo School), which started with 2,922 children. By 1998 when it closed, the RDRC reported that 73% of its students had reunited with one or both parents successfully.[12]

On the other hand, Sierra Leone’s case on DDR was quite different from Rwanda’s success, as Sierra Leone's conflict involved the prevalence of children associated with armed forces and groups (CAAFG). By the time the civil war concluded in 2002, data from UNICEF estimates that roughly 6,845 children have been demobilized,[13] although the actual number could be way higher. Consequently, the DDR program in Sierra Leone is essentially focused on the reintegration of young soldiers, an initiative led by UNICEF with the backing of some local organizations, as the National Committee on DDR (NCDDR)of Sierra Leone. Nonetheless, in practice, Sierra Leone's military did not endure these local guidelines, and as a result the participation of children in the process often had to be arranged by UNICEF peacekeepers in most cases. In addition to that initial local reluctance, some major quandaries aroused when it came to the reintegration of children in the new peace era in Sierra Leone, mainly due to the tests and requirements for children to have access to DDR programs, such as to present a weapon and demonstrate familiarity with it.[14] As a result, many CAAFG were excluded from the DDR process, primarily girls who were predominantly charged with non-directly military activities such as “to carry loads, do domestic work, and other support tasks.”[15]

Thus, the participation of girls in Sierra Leone’s DDR was particularly low and many never even received support. While it is not clear how many girls were abducted during the war, data from UNICEF calculates that out of the 6,845 overall children demobilized, 92% were boys and only 8% were girls. The Women's Commission for Refugee Women and Children has pointed out that as many as 80 per cent of rebel soldiers were between the ages of 7 and 14, and escapees from the rebel camps reported that the majority of camp members were young captive girls.[16] Research also reported that 46% of the girls who were excluded from the program confirmed that not having a weapon was the reason for exclusion. In other cases, girls were not permitted by their husbands to go through the DDR,2 whilst others chose to opt-out themselves due to worry of stigmatization back in their neighbourhoods.[17]  It is worth noting that many of those who succeeded to go through the demobilization phase “reported sexual harassment at the ICCs, either by male residents or visiting adult combatants”, while others experienced verbal abuse, beatings, and exclusion in their communities.[18]

Another problem that underlines the importance of local leadership in DDR processes is that the UN-driven DDR program lets children decide to receive skill training rather than attending school if they were above 15 years. However, the program provided little assistance with finding jobs upon completion of the apprenticeship. Besides, little market examination was done to learn the demands of the local economy where children were trying to reintegrate into, so they are far more than the Sierra Leonean economy could absorb, which resulted in a lack of long-term employment for demobilized child soldiers. Studies by the Coalition to Stop the Use of Child Soldiers[19] and Human Rights Watch[20] revealed that adolescents who had beforehand been part of armed organizations during the war in Sierra Leone were re-recruited in Liberia or Congo because of the frustration and the lack of economic options for them back in Sierra Leone.

Promotion of the rule of law and its contributions to peacebuilding

Amongst many others, the promotion of the rule of law in post-conflict countries is a fundamental factor in peacebuilding procedures. It contributes to eradicating many of the causes of emerging conflicts, such as corruption, disruption of law... Even if it may seem contradictory, peacebuilding activities in support of the rule of law may become contradictory to transitional justice. Sometimes processes of transitional justice may displace resources, both capital, and human, that might otherwise be given to strengthening the rule of law. For instance, in Rwanda, it has been claimed that the resources invested in the development and assistance to national courts should have been equal to those committed to the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), and the extent to which trials at the ICTR have had an impact domestically remains to be seen.

However, transitional justice also presents other challenges to the reconstruction of the rule of law. Transitional justice processes might also destabilize critically imperfect justice sectors, making it more difficult to improve longer-term rule of law. They can stimulate responses from perpetrators which could destabilize the flimsy harmony of nascent governments, as they might question its legitimacy or actively attempt to undermine the authority of public institutions. Judging former perpetrators is an arduous task that is also faced with corruption and lack of personal and resources on many occasions. Additionally, the effort by national courts to prosecute criminals is an undue burden on the judicial system, which is severely damaged after a conflict and in many cases not ready to confront such atrocious crimes and the long processes they entail. Processes to try those accused of genocide in Rwanda, where the national judicial system was devasted after the genocide, have put great pressure on the judicial system, and the lack of capacity has resulted that many arrested remained in custody for years without having been convicted or even having had their cases heard, in the majority of the cases in appalling prison conditions. Such supposed accountability initiatives may have a counterproductive effect, contributing to a sense of impunity and distrust in justice processes.

Despite the outlined tensions, transitional justice and rule of law promotion are also capable to work towards the same ends. A key goal of transitional justice is to contribute to the rebuilding of a society based on the rule of law and respect for human rights, essential for durable peace. The improvement of a judiciary based on transparency and equality is strictly linked to the ability of a nation to approach prior human rights infringements after a conflict.[21] Both are potentially mutually reinforcing in practice if complementarities can be exploited. Consequently, rule of law advancement and transitional justice mechanisms however combine in some techniques.

To start with, the birth of processes to address past transgressions perpetrated during the conflict, both international and domestic processes, can help to restore confidence in the justice sector, especially when it comes to new arising democratic institutions. The use of domestic courts for accountability processes helps to place the judiciary at the centre of the promotion and protection of human rights of the local population, which contributes to the intensification of trust not only in the judicial system but also in public institutions and the government in general. Government initiation of an accountability process may indicate an engagement to justice and the rule of law beforehand. Domestically-rooted judicial processes, as well as other transitional justice tools, such as commissions of inquiry, may also support the development of mechanisms and rules for democratic and fair institutions by establishing regularized procedures and rules and promoting discussions rather than violence as a means of resolving differences and a reassuring population that their demands will be met in independent, fair and unbiased fora, be this a regular court or an ad hoc judicial or non-judicial mechanism. This is not to assume that internationally driven transitional justice mechanisms do not have a role to play in the development of the rule of law in the countries for which they have been established, as the hybrid tribunal of Sierra Leone demonstrates.[22]

In general terms, the refusal of impunity for perpetrators and the reformation of public institutions are considered the basic tools for the success of transitional justice. Transcending the strengthening of the judiciary, different reform processes can strengthen rule of law and accountability: institutions that counteract the influence of certain groups (including the government) like human rights commissions or anti-corruption commissions, may contribute to the establishment of a strong institutional and social structure more capable of confronting social tensions and hence evade the recurrence to conflict.[23]

Achieving an effective transitional justice strategy in Rwanda is an incredible challenge taking into consideration the massive scale as well as the harshness of the genocide, but also because of the economic and geographical limitations that make perpetrators and survivors live together in the aftermath. To facilitate things, other post-conflict states with similarly devastatingly high numbers of perpetrators have opted for amnesties or selective prosecutions, but the Rwandan government is engaged in holding those guilty for genocide responsible, thus strongly advocating for the employment of transitional justice. This is being accomplished through truth commissions, Gacaca traditional courts, national courts, and the international criminal tribunal for Rwanda combined. This underlines the dilemma of whether national or international courts are more efficient in implementing transitional justice.

Gacaca focuses on groups rather than individuals, seeks compromise and community harmony, and emphasizes restitution over forms of punishment. Moreover, it is characterized by accessibility, economy, and public participation. It encourages transparency of proceedings with the participation of the public as witnesses, who gain the truth about the circumstances surrounding the atrocities suffered during the genocide. Also, it provides an economic benefit, as Gacaca courts can try cases at a greater speed than international courts, thus reducing considerably the monetary cost as the number of incarcerated persons waiting for a trial is significantly reduced.

Alongside the strengths of the Gacaca system come flaws that seem to be inherent in the system. Many have come to see the Gacaca as an opportunity to require revenge on enemies or to frighten others with the threat of accusation, instead of injecting a sense of truth and reconciliation: the Gacaca trials have aroused concern and intimidation amongst many sectors of the population. Additionally, the community service prescribed to convicted perpetrators frequently is not done within the community where the crime was committed but rather done in the form of public service projects, which enforces the impression that officials may be using the system to benefit the government instead of helping the ones harmed by the genocide. Another proof of the control of Gacaca trials for benefit of the government is manifested by the prosecutions against critics of the post-genocide regime.

On the other hand, Sierra Leone’s situation is very different from the one in Rwanda. To help restore the rule of law, the Special court settled in Sierra Leone must be seen as a role model for the administration of justice, and to promote deterrence it must be deemed credible, which is one of its main problems.[24] There is little confidence in the international tribunals amongst the local population, as the Court’s nature makes it non-subordinated to the Sierra Leonean court system, and thus being an international tribunal independent from national control.[25] Nevertheless, it is considered as a “hybrid” tribunal since its jurisdiction extends over both domestic and international crimes and it relies on national authorities to enforce its orders. Still, in practice, there is no genuine cooperation between the government and the international community, as there is a limited extent of government participation in the Special Court’s process and the lack of consultation with the Sierra Leonean population before the Court’s endowment. This absence of national participation, despite causing scepticism over citizens, has the benefit that it remains more impartial when it comes to the proceedings against CDF leaders.

Another major particularity of the case of Sierra Leone and its process of implementation of transitional justice is once again the high degree of implication of children in the conflict, not only as victims but also as perpetrators of crimes. The responsibility of child soldiers for acts committed during armed conflict is a quite controversial issue. In general, under international law, the prosecution of children is not forbidden. However, there is no agreement on the minimum age at which children can be held criminally responsible for their acts. The Rome Statute, instituting the International Criminal Court (ICC), only provides the Court jurisdiction over people over eighteen years. Although not necessarily directly addressed to the prosecution of child soldiers, Article 40 of the Convention on the Rights of the Child foresees the trials of children (under eighteen), ordering that the process should consider their particular needs and vulnerabilities due to their shortage.

The TRC for Sierra Leone was the first one to focus on children's accountability, directly asserting jurisdiction over any person who committed a crime between the ages of fifteen and eighteen. Concerning child soldiers, the commission treated all children equally, as victims of war, but also studied the double role of children as both victims and perpetrators. It emphasized that it was not endeavouring to guilt but to comprehend how children came to carry out crimes, what motivated them, and how such offences might be prevented. Acknowledging that child soldiers are essentially victims of serious abuses of human rights and prioritizing the prosecution of those who illegally recruited them is of utmost importance. Meticulous attention was needed to guarantee that children’s engagement did not put them at risk or expose them to further harm. Proper safeguard and child-friendly procedures were ensured, such as special hearings, closed sessions, a safe and comfortable environment for interviews, preserving the identity of child witnesses, and psychological care, amongst others.

However, shall children that have committed war crimes be prosecuted in the first place? If not, is there a risk that tyrants may assign further slaughter to be performed by child soldiers due to the absence of responsibility they might possess? The lack of prosecution could immortalize impunity and pose a risk of alike violations reoccurring eventually, as attested by the re-recruitment of some child soldiers from Sierra Leone in other armed conflicts in the area, such as in Liberia. Considering the special conditions of child soldiers, it becomes clear that the RUF adult leaders primarily are the ones with the highest responsibility, and hence must be prosecuted.[26]

It is known that both the Sierra Leonean government and the RUF were involved in the recruitment of child soldiers as young as ten years old, which is considered a violation of both domestic and international humanitarian law. Under domestic law, in Sierra Leone, the minimum age for voluntary recruitment is eighteen years. International humanitarian law, (Additional Protocol II) fifteen is established as the minimum age qualification for recruitment (both voluntary or compulsory) or participation in hostilities (includes direct participation in combat and active participation linked to combat such as spying, acting as couriers, and sabotage.). Additionally, the African Charter on the Rights and Welfare of the Child[27] to which Sierra Leone is a signatory, requires “state parties . . . to take all necessary measures to ensure that no child below age eighteen shall take direct part in hostilities” and “to refrain in particular from recruiting any child.”

Nevertheless, victims who have been hurt by children also have the right to justice and reparations, and it also comes to ask whether exempting children of accountability for their crimes is in their best interest. When the child was in control of their actions (not coerced, drugged, or forced) acknowledgement might be an important part of personal healing that also adds to their acceptance back in their communities. The prosecution, however, should not be the first stage to hold child soldiers accountable, as TRC in Sierra Leone also performs alternatives, so the possibility of using those should first be inquired, as these alternatives put safeguards to ensure the best interest of the child and the main aim is restorative justice and not criminal prosecution.

Conclusions

Finally, after parsing where peacebuilding and justice clash and when do they have shared methods, we can assert that establishing an equitable and durable peace requires pursuing both peacebuilding and transitional justice activities, taking into consideration how they interact and the concrete needs of each community, especially when it comes to the needs of former child soldiers and the controversial debate around the need for their accountability and reinsertion in communities, as despite the pioneer case of Sierra Leone, the unusual condition of a child combatant, which is both victim and perpetrator still presents dilemmas concerning their accountability in international criminal law.[28]

Additionally, it becomes of utmost importance in assessing post-conflict societies, whether it is to implement peacebuilding measures such as DDR or to apply justice and search for accountability, that international led initiatives include in their program’s local organizations. Critics of international criminal justice often assume that criminal accountability for genocide, crimes against humanity, and war crimes are better handled at the national level. While this may well hold for liberal democracies, it is far more problematic for post-conflict successor regimes, where the benefits of the proximity to the affected population must be seriously weighed against the challenges facing courts placed in conflict-ridden societies with weak and corrupt judiciaries. 

Local systems however have more legitimacy and capacity than devastated formal systems, and they promise local ownership, access, and efficiency, which seems to be the most appropriate way to ensure peace and endurability of peace. Additionally, restorative justice methods put into place thanks to local initiatives emphasize face-to-face intervention, where offenders have the chance to ask for forgiveness from the victims. In many cases restitution replace incarceration, which facilitates the reintegration of offenders into society as well as the satisfaction of the victims.

To conclude, it has become clear that improving the interaction between peacebuilding and transitional justice processes requires coordination as well as a deep knowledge and understanding of said community. It is therefore not a question of deciding whether peacebuilding initiatives or transitional justice must be implemented, but rather to coordinate their efforts to achieve a sense of sustainable and most-needed peace in post-conflict countries. Taken together, and despite their contradictions, these processes are more likely to succeed in their seek to foster fair and enduring peace.

[1] Sooka, Y., 2006. Dealing with the past and transitional justice: building peace through accountability. [online] International Review of the Red Cross. https://www.corteidh.or.cr/tablas/a21925.pdf [Accessed 5 April 2021].

2Boutros-Ghali, B. (1992). An Agenda for Peace:Preventive Diplomacy, Peacemaking and peace-keeping.Report of the Secretary-General UN: https://digitallibrary.un.org/record/145749 [Accessed 5 April 2021].

[3]Brahimi. (s.f.). Report of the Panel on United Nations Peace Operations. 55th Session: Brahimi Report | United Nations Peacekeeping  [Accessed 5 April 2021].

[4] United Nations Secretary General (1992). "An Agenda for Peace, Preventive diplomacy, peacemaking and peace-keeping UN Doc. A/47/277 - S/24111, 17 June.", title VI, paragraph 55.<A_47_277.pdf (un.org)>. [Accessed 5 April 2021].

[5] Sooka, Y., 2006. Dealing with the past and transitional justice: building peace through accountability. [online] International Review of the Red Cross. Available at: < https://www.corteidh.or.cr/tablas/a21925.pdf > [Accessed 5 March 2021].

[6] Roser, M. and Nagdy, M., 2021. Genocides. [online] Our World in Data. Available at: < Genocides - Our World in Data > [Accessed 5 March 2021].

[7] Waldorf, L., 2006. Mass Justice For Mass Atrocity: Rethinking Local Justice As Transitional Justice. [online] Temple Law Review. Available at: < https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/temple79&div=7 > [Accessed 5 March 2021].

[8] Gibril Sesay, M. and Suma, M., 2009. Transitional Justice and DDR: The Case of Sierra Leone. [online] International Center for Transitional Justice. Available at: < https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-DDR-Sierra-Leone-CaseStudy-2009-English.pdf > [Accessed 5 March 2021].

[9] Roht-Arriaza, N., & Mariezcurrena, J. (Eds.). (2006). Transitional Justice in the Twenty-First Century: Beyond Truth versus Justice. Cambridge: Cambridge University Press. Chapter 2, Sigal HOROVITZ: Transitional criminal justice in Sierra Leone. <(PDF) Transitional Criminal Justice in Sierra Leone | Sigall Horovitz - Academia.edu >[Accessed 5 March 2021]

[10] Connolly, L., 2012. Justice and peacebuilding in postconflict situations: An argument for including gender analysis in a new post-conflict model. [online] ACCORD. Available at: < https://www.accord.org.za/publication/justice-peacebuilding-post-conflict-situations/ > [Accessed 5 March 2021].

[11] Waldorf, L., 2009. Transitional Justice and DDR: The Case of Rwanda. [online] Intenational Center for Transitional Justice. Available at:    < https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-DDR-Rwanda-CaseStudy-2009-English.pdf >[Accessed 5 April 2021].

[13] UNICEF (2004). From Confict to Hope:Children in Sierra Leone’s Disarmament, Demobilisation and Reintegration Programme. [Accessed 5 April 2021].

[14] SESAY, M.G & SUMA, M. (2009), “Transitional Justice and DDR: The Case of Sierra Leone”,International Centre for Transitional Justice (ICTJ) [Accessed 5 April 2021].

[15] WILLIAMSON, J. (2006), “The disarmament, demobilization and reintegration of child soldiers: social and psychological transformation in Sierra Leone”, Intervention 2006, Vol. 4, No. 3, Available from: < http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.600.1127&rep=rep1&type=pdf> [Accessed 5 April 2021].

[16] : A. B. Zack‐Williams (2001) Child soldiers in the civil war in Sierra Leone, Review of African Political Economy, 28:87, 73-82, DOI: 10.1080/03056240108704504 [Accessed 5 April 2021].

[17] MCKAY, S. & MAZURANA, D. (2004), “Where are the girls? Girls in Fighting Forces in Northern Uganda, Sierra Leone and Mozambique: Their Lives During and After War”,Rights & Democracy. International Centre for Human Rights & Democratic Development,.[Accessed 5 April 2021].

[18] UNICEF (United Nations Children’s Fund) (2005), “The Impact of Conflict on Women and Girls in West and Central Africa and the Unicef Response”, Emergencies, pg.19,Available from: < https://www.unicef.org/emerg/files/Impact_conflict_women.pdf>  [Accessed 5 April 2021].

[19] Coalition to Stop the Use of Child Soldiers (2006), “Child Soldiers and Disarmament, Demobilization, Rehabilitation and Reintegration in West Africa”. [Accessed 5 April 2021].

[20] HRW (Human Rights Watch) (2005), “Problems in the Disarmament Programs in Sierra Leone and Liberia [1998-2005]”, Reports Section, Available from: <https://www.hrw.org/reports/2005/westafrica0405/7.htm>  [Accessed 5 April 2021].

[21] Herman, J., Martin-Ortega, O. and Sriram, C., 2012. Beyond justice versus peace: transitional justice and peacebuilding strategies. 1st ed. Routledge. <Beyond justice versus peace: transitional justice and peacebuilding strategies | Taylor & Francis Group> [Accessed 5 March 2021]

[22] Young, G., n.d. Transitional Justice in Sierra Leone: A Critical Analysis. [online] PEACE AND PROGRESS – THE UNITED NATIONS UNIVERSITY GRADUATE STUDENT JOURNAL. Available at: < https://postgraduate.ias.unu.edu/upp/wp-content/uploads/2013/03/upp_issue1-YOUNG.pdf > [Accessed 5 March 2021].

[23] Herman, J., Martin-Ortega, O. and Sriram, C., 2012. Beyond justice versus peace: transitional justice and peacebuilding strategies. 1st ed. Routledge. <Beyond justice versus peace: transitional justice and peacebuilding strategies | Taylor & Francis Group> [Accessed 5 March 2021]

[24] Stensrud, E., 2009. New Dilemmas in Transitional Justice: Lessons from the Mixed Courts in Sierra Leone and Cambodia. [online] Journal of peace research. Available at: <New Dilemmas in Transitional Justice: Lessons from the Mixed Courts in Sierra Leone and Cambodia on JSTOR> [Accessed 5 March 2021].

[25] Roht-Arriaza, N., & Mariezcurrena, J. (Eds.). (2006). Transitional Justice in the Twenty-First Century: Beyond Truth versus Justice. Cambridge: Cambridge University Press. Chapter 2, Sigal HOROVITZ: Transitional criminal justice in Sierra Leone. <(PDF) Transitional Criminal Justice in Sierra Leone | Sigall Horovitz - Academia.edu >[Accessed 5 March 2021]

[26] Zarifis, Ismene. "Sierra Leone’s Search for Justice and Accountability of Child Soldiers." Human Rights Brief 9, no. 3 (2002): 18-21. [Accessed 5 April 2021].

[27] Article 22 of the AFRICAN CHARTER ON THE RIGHTS AND WELFARE OF THE CHILD , achpr_instr_charterchild_eng.pdf (un.org). [Accessed 5 April 2021].

[28] Veiga, T. G. (2019). A New Conceptualisation of Child Reintegration in Conflict Contexts. E International Relations: https://www.e-ir.info/2019/06/21/a-new-conceptualisation-of-child-reintegration-in-conflict-contexts/. [Accessed 5 April 2021].

Primer encuentro de alto nivel EEUU-China de la era Biden, celebrado en Alaska el 18 de marzo de 2021 [Dpto. de Estado]

ENSAYO /  Ramón Barba

El presidente Joe Biden está construyendo con cautela su política para el Indo-Pacífico, buscando construir una alianza con India sobre la que construir un orden que contrarreste el auge chino. Tras su entrada en la Casa Blanca, Biden ha mantenido el foco de atención en esta región, aunque con un enfoque diferente al de la Administración Trump. Si bien es cierto que el objetivo principal sigue siendo contener a China y defender el libre comercio, Washington está optando por un acercamiento multilateral que otorga mayor protagonismo al QUAD[1] y cuida especialmente la relación con India. Como abanderada del mundo libre y de la democracia, la Administración Biden pretende renovar el liderazgo estadounidense en el mundo y particularmente en esta decisiva región. No obstante, aunque la relación con India se encuentra en un buen momento, especialmente teniendo en cuenta la firma del acuerdo BECA[2] alcanzado al final de la Administración Trump, la interacción entre ambos países está lejos de consolidar una alianza.

La nueva presidencia de Estados Unidos se encuentra con un puzle muy complicado de resolver en Indo-Pacífico, cuyos principales actores son China y la India. Por lo general, nos encontramos con que, de las tres potencias, solo Pekín ha sabido gestionar con éxito la situación post-pandemia[3], mientras que Delhi y Washington siguen enfrentando una crisis tanto sanitaria como económica. Todo ello puede afectar a la relación entre India y Estados Unidos, en especial en lo comercial[4], no obstante, y a pesar de que Biden aún no ha demostrado cuál va a ser su estrategia en la región, todo parece que la relación entre ambas potencias va a ir a más[5]. Sin embargo, a pesar de que Estados Unidos quiere llevar a cabo una política de alianzas multilateral y profundizar en su relación con la India, la Administración Biden deberá tener en cuenta diversas dificultades antes de poder hablar de una alianza como tal.

Biden comenzó a actuar en esta dirección desde el primer momento. En primer lugar estuvo en febrero la reunión del QUAD[6], que algunos consideran una mini OTAN[7] para Asia, en la que se discutieron cuestiones relativas a la distribución de la vacuna en Asia (pretendiendo distribuir un billón de dosis en 2022), la libertad de navegación en los mares de la región, la desnuclearización de Corea del Norte y la democracia en Myanmar. Además, el Reino Unido parece estar mostrando un interés mayor en la región y en este grupo de diálogo. Por otro lado, a mediados de marzo hubo una reunión en Alaska[8] entre las diplomacias de China y de Estados Unidos (encabezadas, respectivamente, por Yang Jiechi, director de la Comisión Central de Asuntos Exteriores, y Antony Blinken, secretario de Estado), en la cual ambos países se reprocharon duramente sus políticas. Washington se mantiene firme en sus intereses, aunque abierto a cierta colaboración con Pekín, mientras que China insiste en rechazar cualquier injerencia en lo que considera sus asuntos internos. Por último, cabe mencionar que Biden parece estar dispuesto a organizar una cumbre de democracias[9] en su primer año de mandato.

Tras los contactos que también hubo en Alaska entre los titulares de Defensa de China y de Estados Unidos, Austin Lloyd[10], jefe del Pentágono, visitó la India para remarcar la importancia de la cooperación indo-estadounidense. Además, a comienzos de abril se produjo la participación de Francia en las maniobras navales La Pérouse[11] en la Bahía de Bengala, dando lugar a la posibilidad de un QUAD-plus en el que, además de las cuatro potencias originales, se integren también otros países.

El Indo-Pacífico recordemos, se asienta como el presente y el futuro de las relaciones internacionales debido a su importancia económica (sus principales actores, India, China y EEUU representan el 45% del PIB mundial), demográfica (albergando un 65% de la población de todo el Globo) y, como veremos a lo largo del presente artículo, geopolítica[12].

Las relaciones entre EEUU, China e India

La Administración Biden parece ser continuista con la línea seguida por Trump, puesto que los objetivos no han variado. Lo que sí que cambia es el acercamiento hacia el objeto de la cuestión, que en este caso no es otro que la contención de China y la libertad de navegación en la región, ahora bien, en base a una gran apuesta por el multilateralismo. Como bien dijo el nuevo sucesor de George Washington en su toma de posesión[13], Estados Unidos quiere retomar su liderazgo, pero de una manera diferente a la de la Administración anterior; esto es, mediante una fuerte política de alianzas, un liderazgo moral y una fuerte defensa de valores como la dignidad, los derechos humanos y el Estado de Derecho.

La nueva presidencia concibe a China como un rival para tener en cuenta[14], al igual que la Administración Trump, pero no ve esto como un juego de suma cero, puesto que, aunque declara abiertamente estar en contra de la actuación de Xi, abre la puerta al diálogo[15] en materias como el cambio climático o la sanidad. Por lo general, en línea con lo visto en Nuevas tensiones en Asia Pacífico[16], Estados Unidos apuesta por un multilateralismo que busca rebajar la tensión. Recordemos que Estados Unidos propugna la defensa de la libre navegación y el Estado de Derecho, así como de la democracia en una región en la que está viendo mermada su influencia por el creciente peso de China.

Para entender bien el estado de las relaciones entre Estados Unidos, China e India cabe que remontarse a 2005[17], cuando todo parecía ir bien. En lo relativo a la relación sino-india, ambas naciones habían resuelto sus disputas motivo de los ensayos nucleares de 1998; además, su presencia en foros regionales era creciente y parecía que la cuestión relativa a las disputas transfronterizas comenzaba a arreglarse. Por su parte, Estados Unidos gozaba de buenas relaciones comerciales con ambos países. Sin embargo, el cambio de patrones en la economía mundial, motivado por el auge de China; la crisis financiera de 2008, surgida en Estados Unidos, y la inhabilidad de India para mantener la tasa de crecimiento rompieron este equilibrio. A ello contribuyó la actitud tirante de Donald Trump. No obstante, hay quien argumenta que la rotura del orden posterior a la Guerra Fría en Asia Pacífico comenzó con el “pivote hacia Asia”[18] de la Administración Obama. A ello hay que añadir los pequeños roces que China ha tenido con ambas naciones.

Brevemente, cabe mencionar que entre India y China existen problemas fronterizos[19] que a partir de 2013 se han ido reavivando. A su vez, India es contraria a la hegemonía china; no quiere verse subyugada por Pekín y apuesta claramente por el multilateralismo. Finalmente, existen problemas en lo relativo al dominio marítimo debido a que el Estrecho de Malaca está al límite de su capacidad. Además, Delhi reclama como suyas las islas Adaman y Nicobar, en la ruta de acceso a Malaca. Es más, como India ahora se encuentra muy por debajo del poder militar y económico de China[20] –roto el equilibrio que había entre las dos potencias en 1980–, intenta poner trabas a Pekín para así contenerle.

Estados Unidos mantiene roces de tipo ideológico con China, debido al carácter autoritario del régimen de Xi Jinping[21], y comercial, en una pugna[22] que Pekín pretende aprovechar para aminorar la influencia estadounidense en la zona. En medio de este conflicto está India, que apoya a Estados Unidos puesto que, aunque no parece querer estar del todo en contra de China[23], rechaza una hegemonía regional china[24].

Según el último informe del CEBR[25], China superará a Estados Unidos como potencia mundial en 2028, antes de lo previsto en proyecciones anteriores, en parte gracias a cómo ha gestionado la emergencia del coronavirus: ha sido el único gran país que tras la primera oleada ha evitado una crisis. Por otro lado, Estados Unidos ha perdido la batalla contra la pandemia; se espera que se crecimiento económico entre 2022-2024 sea del 1.9% del PIB y se reduzca al 1.6% en los siguientes ejercicios[26], mientras que China, según el informe estará entre 2021-2025 creciendo al 5.7%[27].

Para China la pandemia ha sido una forma de indicar su lugar en el mundo[28], una manera de avisar a Estados Unidos de que está lista para tomar el testigo como líder de la comunidad internacional. A ello cabe aunarle la actitud beligerante de China en la región de Asia Pacífico, así como su crecimiento hegemónico en la zona y proyectos comerciales con África y Europa. Todo ello ha llevado a desequilibrios en la región que implican los movimientos de Washington en lo relativo al QUAD. Recordemos que, a pesar de su rol menguante como potencia, a Estados Unidos le interesa la libertad de navegación por razones tanto comerciales como militares[29].

Así pues, el auge económico chino ha dado lugar a un empeoramiento de la relación entre Washington y Pekín[30]. Además, aunque Biden apuesta por la cooperación en lo relativo a la pandemia y al cambio climático, desde algunos sectores de la política americana se habla de una competición inevitable entre ambos países[31].

El grado de alianza entre EEUU e India

En línea con lo expuesto anteriormente podemos observar que nos movemos en tesituras delicadas, tras el cambio en la Casa Blanca. Enero y febrero han sido meses de pequeños movimientos por parte de Estados Unidos e India, que no han dejado indiferente a China. Aunque la relación chino-estadounidense ha beneficiado a ambas partes desde su inicio (1979)[32], creciendo el comercio entre ambos países en un 252% desde entonces, la realidad es que ahora los niveles de confianza están por los suelos, habiendo suspendido más de 100 mecanismos de diálogo entre ellos. Por lo tanto, aunque no se prevé un conflicto, sí que se pronostica un aumento de la tensión ya que, lejos de poder cooperar en amplios campos, por el momento solo parecen viables cooperaciones leves y limitadas. A su vez, recordemos que China se ve muy afectada por el Dilema de Malaca[33], por lo que busca otros accesos al Océano Índico, dando lugar a disputas territoriales con la India, con quien ya tiene el problema territorial de Ladakh[34]. En medio de esta Trampa de Tucídides[35], en la que China parece amenazar con superar a Estados Unidos, Washington se ha ido acercando a Nueva Delhi.

Por consiguiente, ambos países han ido desarrollando una colaboración estratégica[36], basada esencialmente en seguridad y defensa, pero que Estados Unidos busca ampliar a otras áreas. Bien es cierto que los problemas de Delhi están en el Índico y los de Washington en el Pacífico; sin embargo, ambos tienen a China[37] como denominador común. Su relación, además, se ve muy marcada por la ya expuesta “crisis tripartita”[38] (sanitaria, económica y geopolítica).

A pesar de la intensa cooperación entre Washington y Nueva Delhi, encontramos dos puntos de vista diferentes en lo relativo a este “partnership”. Mientras que desde Estados Unidos se afirma que India es un aliado muy importante, con el que comparte mismo sistema político y una intensa relación comercial[39], India prefiere una alianza menos estricta. Tradicionalmente, desde Delhi se ha transmitido una política de no alineamiento[40] en materias internacionales. De hecho, aunque India no quiere una supremacía China en el Indo-Pacífico, tampoco desea alinearse directamente contra Pekín, con quien comparte más de 3.000 km de frontera. No obstante, desde Delhi se ve muy necesaria la cooperación con Washington en materia de seguridad y defensa. De hecho, hay quien afirma que hoy la India necesita a EEUU más que nunca.

Si bien el pasado febrero, desde Washington se comenzó a revisar la Estrategia de Posición Global de Estados Unidos, todo apunta a que la Administración Biden continuará la línea de Trump en lo relativo a la colaboración con India como forma de contener a China. Sin embargo, aunque Washington habla de India como su aliado, por parte de Delhi hay ciertas reticencias, hablando pues de un alineamiento[41] más que de una alianza. Aunque la realidad que vivimos dista de la de la Guerra Fría[42], este nuevo containment[43] en el que se busca a Delhi como base, apoyo y estandarte, se ve materializado en lo siguiente:

i) Una intensa cooperación en materia de Seguridad y Defensa

Aquí existen distintos foros y acuerdos. En primer lugar, el ya mencionado QUAD[44]. Esta nueva alianza de cooperación multilateral que comenzó a gestarse en 2006[45] acordó en su reunión de marzo el desarrollo de su diplomacia de vacunas, con India como eje para así contrarrestar la exitosa campaña internacional llevada por Pekín en este campo. De hecho, hubo el compromiso de emplear 600 millones para repartir 1.000 millones de vacunas[46] en 2022. La idea es que Japón y EEUU financien la operación[47], mientras que Australia se encarga de la logística. No obstante, India apuesta por un mayor multilateralismo en el Indo-Pacífico, dando entrada a países como Inglaterra o Francia[48], que ya participaron en los últimos Diálogos de Raisina junto con el QUAD. A lo largo de la reunión también se trataron otros temas como la desnuclearización de Corea, la restauración democrática de Myanmar y el cambio climático[49].

India busca contener a China, pero sin provocar un enfrentamiento directo con China[50]. De hecho, Pekín ha dado a entender que de ir las cosas más allá, no solo India sabe jugar a la Realpolitk. Recordemos que Nueva Delhi va a presidir este año la reunión con los BRICS. Además, la Shanghai Cooperation Organization va a acoger ejercicios militares conjuntos de China y Pakistán, país de compleja relación con India.

Por otro lado, en su viaje de marzo a India, el jefe del Pentágono[51] trató con su homólogo Rajnath Singh sobre el incremento de la cooperación militar, así como de asuntos relacionados con la logística, el intercambio de información, posibles oportunidades de asistencia mutua y la defensa de la libre navegación. Lloyd afirmó no ver con malos ojos que Australia y Corea participen como miembros permanentes en los ejercicios Malabar. Desde 2008 el comercio en materia militar entre Delhi y Washington suma 21 billones de dólares[52]. Además, recientemente, se han gastado 3000 de dólares en drones y otro material aéreo para misiones de reconocimiento y vigilancia.

Una semana después esta reunión, dos barcos indios y uno estadounidense realizaron un ejercicio marítimo de tipo PASSEX[53] como forma de consolidar las sinergias e interoperabilidad alcanzadas en el ejercicio de Malabar del pasado noviembre.

En este contexto, cabe hacer una mención especial a la plataforma de diálogo 2+2 y al ya mencionado BECA (Acuerdo Básico de Intercambio y Cooperación para la cooperación en materia geoespacial). El primero, es un tipo de reunión en la que los titulares de Exteriores y Defensa de ambos países se reúnen cada dos años para tratar de temas que les sean de interés. La reunión más reciente tuvo lugar en octubre de 2020[54]. En ella no solo se acordó el BECA, sino que Estados Unidos se reafirmó en su apoyo a India en lo relativo a sus problemas territoriales con China. A su vez, también se firmaron otros memorándums de entendimiento sobre cuestiones de energía nuclear y climáticas.

El BECA, firmado en octubre de 2020 durante los últimos meses de la Administración Trump, facilita a India localizar mejor a enemigos, terroristas y otro tipo de amenazas que vengan desde tierra o desde mar. Con este acuerdo se pretende consolidar la amistad que hay entre ambos países, así como ayudar a India a superar tecnológicamente a China. En virtud de este acuerdo se concluye la “troika de pactos fundacionales” para una profunda cooperación en seguridad y defensa entre ambos países[55].

Antes de este acuerdo, en 2016 se firmó el LEMOA (Memorando de Acuerdo para el Intercambio de Logística), y en 2018 el COMCASA (Acuerdo de Compatibilidad y Seguridad de las Comunicaciones). El primero permite a ambos países acceso a las bases de cada uno para abastecimiento y reposición; el segundo permite a India recibir sistemas, información y comunicación encriptada para comunicarse con Estados Unidos. Ambos acuerdos afectan a los ejércitos de tierra, mar y aire[56].

ii) Unidos por la democracia

Desde Washington se pone especial énfasis en que ambas potencias son muy semejantes, puesto que comparten el mismo sistema político, y se destaca con cierta grandilocuencia que conforman la democracia más antigua y la más grande (por número de habitantes)[57]. Debido a que eso presupone compartir una serie de valores, Washington gusta hablar de “likeminded partners”[58].

Desde el think tank Brookings Institution, Tanvi Mandan defiende esta idea de ligazón ideológica. El mismo sistema de gobierno hace que ambos países se vean como aliados naturales, que piensan igual y que además creen en el valor del imperio de la ley. De hecho, en todo lo relativo a la extensión de la democracia por el globo, hay una fuerte cooperación entre ambas naciones: por ejemplo, apoyando la democracia en Afganistán o en Maldivas, lanzando la US-India Global Democracy Iniciative y dotando de asistencia legal y técnica en cuestiones democráticas a otros países. Finalmente cabe resaltar que la democracia y los valores que acarrea han facilitado el intercambio y flujo de personas de un país a otro. En cuanto a la relación económica entre ambos países se vuelve más viable, puesto que los dos son economías abiertas, comparten una lengua y su sistema jurídico tiene raigambre anglosajona.

iii) Creciente cooperación económica

Estados Unidos es el principal socio comercial de India, con quien tiene un importante superávit[59]. Los intercambios entre ambos han crecido un 10% anual a lo largo de la última década, y en 2019 fueron de 115.000 millones de dólares[60]. Alrededor de 2.000 empresas estadounidenses están instaladas en India, y unas 200 empresas indias se hallan en EEUU[61]. Entre ambos existe un Mini-Trade Deal, que se cree que será firmado en breve, y que tiene por objeto ahondar en esta relación económica. Con motivo de la pandemia, todo lo relativo al ámbito sanitario tiene un papel importante[62]. De hecho, a pesar de que ambos países han adoptado recientemente una actitud proteccionista, la idea es alcanzar 500.000 millones de dólares en comercio[63].

Divergencias, retos y oportunidades para India y EEUU en la región

Brevemente, entre los líderes de ambos países hay pequeños roces, oportunidades y retos a matizar para hacer de esta relación una fuerte alianza. Dentro de los puntos de conflicto, destacamos la compra desde India de misiles S-400 a Rusia, lo cual va en contra del CAATSA (Countering America’s Adversaries trhough Sanctions Act) [64], por lo que puede que India reciba una sanción, aunque en la reunión entre Sigh y Lloyd, este pareció pasar el tema por alto[65]. Sin embargo, cabe ver qué pasa una vez lleguen los misiles a Delhi. También existen pequeñas divergencias en lo relativo a libertad de expresión, seguridad y derechos civiles, y cómo relacionarse con países no democráticos[66]. Dentro de los retos que ambos países deben tener en cuenta, está la posible pérdida de apoyo en algunos sectores de la política estadounidense a la relación con India. Ello se debe a las actuaciones de India en Cachemira en agosto de 2019, la protección de la libertad religiosa y el trato a la disidencia. Por otro lado, en el caso contrario no ha faltado el debilitamiento de las normas democráticas, restricciones a la inmigración y violencia contra naturales de India[67].

En último lugar, recordemos que ambos se enfrentan a una profunda crisis sanitaria y por consiguiente económica, cuya resolución será determinante en relación con la competición con Pekín[68]. La crisis ha afectado a la relación bilateral puesto que, aunque el comercio en servicios se ha mantenido estable (alrededor de los 50.000 millones), el comercio de bienes decayó de 92.000 a 78.000 millones entre 2019 y 2020, aumentando el déficit comercial indio[69].

Para finalizar, cabe mencionar las oportunidades. En primer lugar, ambos países pueden desarrollar resiliencia democrática en el Indo-Pacífico así como en un orden internacional basado en normas[70]. En seguridad y defensa, también hay oportunidades como la entrada de Reino Unido y Francia como aliados en la zona, por ejemplo intentando que ambos países entren en el ejercicio de Malabar o que Francia presida el Indian Ocean Naval Simposium de 2022[71].  Aunque la tendencia a medio plazo es de cooperación entre Estados Unidos e India, la competencia con Rusia será una amenaza creciente[72], por lo que la cooperación entre Estados Unidos, India y Europa es muy importante.

También se abre la posibilidad de cooperación en mecanismos de MDA (Alerta del Entorno Marítimo) y ASW (Guerra Anti Submarina), en tanto que el Océano Índico reviste una importancia general para varios países debido al valor de sus rutas de transporte energético. Se abre la posibilidad de la cooperación mediante el uso de la Aeronave US P-8 “Poseidón”. A pesar de las disputas sobre el archipiélago de Chagos, India y Estados Unidos deberían aprovechar los acuerdos que tienen sobre islas como Andamán o Diego García para la realización de estas actividades[73]. Por lo tanto, India debería usar los organismos y grupos de trabajo regionales para cooperar con los países europeos y Estados Unidos[74].

Europa parece adquirir una creciente importancia debido a la posibilidad de entrar en el juego del Indo-Pacífico mediante el QUAD Plus. Los países europeos están muy a favor del multilateralismo, de la defensa de la libertad de navegación y del papel de las normas para regularla. Si bien es cierto que la UE ha firmado recientemente un tratado de comercio con China recientemente -el CAI-, incrementar la presencia europea en la región adquiere mayor importancia, puesto que el autoritarismo de Xi y sus actuaciones en Tíbet, Xinjiang, o el centro de China no son plato de buen gusto para los países europeos[75].

En último lugar, cabe recordar que hay algunas voces que hablan de un decaimiento o debilitamiento de la globalización[76], en especial tras la epidemia del coronavirus[77], por lo cual reavivar los intercambios multilaterales mediante la acción conjunta se convierte en un reto y en una oportunidad para ambos países. De hecho, se cree que a corto plazo las tendencias proteccionistas, al menos en el ámbito de la relación sino-india van a continuar, a pesar de la intensa cooperación económica[78].

Conclusión

El panorama geopolítico del Indo-Pacifico es cuanto menos complejo. El expansionismo chino choca con los intereses de la otra gran potencia regional, India, que si bien evita enfrentarse a Pekín ve con malos ojos la actuación de su vecino. En una apuesta por el multilateralismo, y con la mirada puesta en sus aguas regionales, amenazadas por el Dilema de Malaca, la India parece cooperar con Estados Unidos, pero aferrándose a los foros y grupos regionales para dejar clara su postura, mientras parece abrir la puerta a los países europeos, cuyo interés en la región va en aumento, a pesar del reciente tratado comercial firmado con China.

Por otro lado, también Estados Unidos se ve amenazado por el expansionismo chino y ve acercarse el momento del sorpasso económico de su rival, que la crisis del coronavirus pude haber adelantado incluso a 2028. En aras de evitar tal situación, la Administración Biden apuesta por el multilateralismo a nivel regional y ahonda en su relación con India, más allá de lo militar. Desde Washington parece haberse entendido que la hegemonía estadounidense en el Indo-Pacífico dista de ser real, al menos a medio plazo, por lo que solo cabe una actitud cooperativa e integradora. Por otro lado, en medio de este supuesto repliegue de la globalización, vemos cómo Washington junto con la India, y seguramente a medio plazo con Europa, hacen defensa de los valores occidentales que rigen en la esfera internacional, esto es, defensa de los derechos humanos, del estado de derecho y del valor de la democracia.

Estamos ante dos factores. Por un lado, India no quiere ver cómo se impone un orden de ningún tipo, ni americano ni chino, de ahí sus reticencias a enfrentarse directamente contra Pekín y su preferencia a expandir el QUAD. Por otro lado, Estados Unidos parece percibir encontrarse en un momento delicado, puesto que su competición con China va más allá de la mera sustitución de una potencia por otra. Washington no deja de ser una potencia tradicional que, para su presencia en el Indo-Pacífico, se ha servido sobre todo de poder militar, mientras que China ha basado la extensión de su influencia en el establecimiento de fuertes relaciones comerciales que van más allá de la lógica beligerante de la Guerra Fría. De ahí que Estados Unidos intente formar un frente con India y sus aliados europeos, que además vaya más allá de la cooperación militar.

REFERENCIAS 

[1] El QUAD (Quadrilateral Security Dialogue), es un grupo de diálogo formado por los Estados Unidos, India, Japón y Australia. Sus miembros comparten una visión común sobre la seguridad de la región Indo-Pacífico contraria a la de China; abogan por el multilateralismo y la libertad de navegación en la región.

[2] BECA (Basic Exchange and Cooperation Agreement). Tratado firmado por la India y Estados Unidos en octubre de 2019 para mejorar la seguridad en la región del Indo-Pacífico. Su objetivo es el intercambio de sistemas de seguimiento, localización e inteligencia.

[3]Chilamkuri Raja Mohan, "Trilateral Perspective". Chinawatch. Conecting Thinkers.. http://www.chinawatch.cn/a/202102/05/WS60349146a310acc46eb43e2d.html, (accedido el 5 de febrero de 2021),

[4] Tanvi Madan,”India and the Biden Administration: Consolidating and Rebalancing Ties,” en Tanvi Madan, “India And The Biden Administration: Consolidating And Rebalancing Ties”,. German Marshal Found of the United States. https://www.gmfus.org/blog/2021/02/11/india-and-biden-administration-consolidating-and-rebalancing-ties, (accedido el 11 de febrero de 2021).

[5]Darshana Baruah, Frédéric Grére, y Nilanthi Samaranayake, "Agenda 2021: A Blueprint For U.S.-Europe-India Cooperation”, US-India cooperation on Indo-Pacific Security. GMF India Trilateral Forum. Pag:1. https://www.gmfus.org/blog/2021/02/16/us-india-cooperation-indo-pacific-security , (accedido el 16 de febrero de 2021).

[6] “’QUAD’ Leaders Pledge New Cooperation on China, COVID-19, Climate”. Aljazeera.com. https://www.aljazeera.com/news/2021/3/12/quad-leaders-pledge-new-cooperation-on-china-covid-19-climate (accedido en marzo 2021)

[7] Mereyem Hafidi, "Biden Renueva La Alianza De ‘QUAD’ A Pesar De Las Presiones De Pekín". Atalayar. https://atalayar.com/content/biden-renueva-la-alianza-de-%E2%80%98QUAD%E2%80%99-pesar-de-las-presiones-de-pek%C3%ADn. (accedido en febrero de 2021)

[8] “`Grandstanding`: US, China trade rebukes in testy talks". Aljazeera. https://www.aljazeera.com/news/2021/3/19/us-china-top-diplomats-trade-rebukes-in-testy-first-talks (accedido, marzo 2021)

[9] Joseph R. Biden, “Why America Must Lead Again”. Foreign Affairs. https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-01-23/why-america-must-lead-again (accedido febrero, 2021).

[10] Maria Siow. "India Receives US Defence Secretary With China On Its Mind". South China Morning Post. https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3126091/india-receives-us-defence-secretary-lloyd-austin-china-its-mind. (accedido, 19 de marzo de 2021)

[11] Seeram Chaulia, “France and sailing toward the ‘QUAD-plus’”. The New Indian Express. https://www.newindianexpress.com/opinions/2021/apr/06/france-and-sailing-toward-the-QUAD-plus-2286408.html  (accedido, 4 de abril, 2021)

[12] Juan Luis López Aranguren. “Indo-Pacífico: El nuevo orden sin China en el centro”. El Indo-Pacífico como nuevo eje geopolítico mundial. Global Affairs Journal. Pág.:2. https://www.unav.edu/web/global-affairs/detalle/-/blogs/indo-pacifico-el-nuevo-orden-sin-china-en-el-centro?_33_redirect=%2Fen%2Fweb%2Fglobal-affairs%2Fpublicaciones%2Finformes. (accedido, Abril 2021).

[13] Biden, "Remarks By President Biden On America's Place In The World | The White House"..

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/02/04/remarks-by-president-biden-on-americas-place-in-the-world/

[14] Íbid.

[15] Derek Grossman, "Biden's China Reset Is Already On The Ropes". Nikkei Asia. https://asia.nikkei.com/Opinion/Biden-s-China-reset-is-already-on-the-ropes. (accedido, 14 de marzo de 2021)

[16] Ramón Barba Castro, “Nuevas tensiones en Asia Pacífico en un escenario de cambio electoral”. Global Affairs and Strategic Studies. https://www.unav.edu/web/global-affairs/detalle/-/blogs/nuevas-tensiones-en-asia-pacifico-en-un-escenario-de-cambio-electoral-en-eeuu. (accedido, abril 2021)

[17] Sankaran Kalyanaraman, "Changing Pattern Of The China-India-US Triangle”. Manohar Parrikar Institute For Defence Studies And Analyses. https://www.idsa.in/idsacomments/changing-pattern-china-india-us-triangle-skalyanaram (accedido, marzo 2021)

[18] Pang Zhongying, "Indo-Pacific Era Needs US-China Cooperation, Not Great Power Conflict". South China Morning Post. https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3125926/indo-pacific-needs-us-china-cooperation-not-conflict-QUAD (accedido el 19 de marzo de 2021)

[19] Sankaran Kalayanamaran, “Changing Pattern of the China-India-US Triangle”.

[20] Chilamkuri Raja Mohan, “Trilateral Perspective”.

[21] Joseph R. Biden, “Remarks By President Biden On America’s Place In The World

[22]Chilamkuri Raja Mohan, “Trilateral Perspective”.

[23] Maria Siow, “India Receives US Defence Secretary With China On Its Mind”.

[24]Tanvi Madan, “India and the Biden Administration: Consolidating And Rebalancing Ties”.

[25] CEBR (Centre for Economics and Business Research), es una entidad dedicada al análisis y predicción económica de empresas y organizaciones. Enlace: https://cebr.com/about-cebr/ . Esta entidad elabora cada año un informe titulado World Economic League Table¸ en el que se analiza el posicionamiento en que tendrá cada país del Globo en lo relativo al estado de su economía. La última edición (World Economic League Table 2021), fue publicada el 26 de diciembre de 2020, este presenta una predicción del estado de la economía mundial en 2035, para así saber quienes serán las principales potencias económicas mundiales. (CEBR, “World Economic League Table 2021”. Centre for Economics and Business Research (12th edition), https://cebr.com/reports/world-economic-league-table-2021/ (accedido marzo 2021).

[26] Íbid., 231.

[27] Íbid., 71.

[28] Vijay Gokhale, “China Doesn’t Want a New World Order. It Wants This One”. The New York Times. https://www.nytimes.com/2020/06/04/opinion/china-america-united-nations.html. (accedido en abril de 2021)

[29] Mereyem Hafidi, “Biden renueva la Alianza de `QUAD` a pesar de las presiones de Pekín.

[30] Chilamkuri Raja Mohan, “Trilateral Perspective”.

[31] Íbid.

[32] Wang Huiyao, “More cooperation, less competition”. Chinawatch. Conecting Thinkers. http://www.chinawatch.cn/a/202102/05/WS6034913ba310acc46eb43e28.html. (accedido, marzo 2021).

[33] Chilamkuri Raja Mohan, “Trilateral Perspective”.

[34]Darshana Baruah, Frédéric Grére, y Nilanthi Samaranayake, “US-India cooperation on Indo-Pacific Security”. Page 5.

[35] Chilamkuri Raja Mohan, “Trilateral Perspective”.

[36] Ibid.

[37]Darshana Baruah, Frédéric Grére, y Nilanthi Samaranayake, “US-India cooperation on Indo-Pacific Security”. Page 5.

[38] Tanvi Madan, “India and the Biden Administration: Consolidating And Rebalancing Ties”

[39] Tanvi Madan, “Democracy and the US-India relationship”. Brookings. https://www.brookings.edu/articles/democracy-and-the-us-india-relationship/ . (accedido, marzo 2021)

[40] Maria Siow, “India Receives US Defence Secretary With China On Its Mind”.

[41] Bilal Kuchay, “India, US sign key military deal, symbolizing closer ties”. Aljazeera. https://www.aljazeera.com/news/2020/11/2/india-us-military-deal. (accedido, marzo 2021)

[42] Wang Huiyao, “More cooperation, less competition”

[43] Alex Lo, “India-the democratic economic giant that disappoints”. South China Morning Post. https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3126342/india-democratic-economic-giant-disappoints. (accedido, 21 de marzo de 2021)

[44] Simone McCarthy, “QUAD summit: US, India, Australia and Japan counter China’s ‘vaccine diplomacy’ with pledge to distribute a billion doses across Indo-Pacific”. South China Morning Post. https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3125344/QUAD-summit-us-india-australia-and-japan-counter-chinas. (accedido, 13 de marzo de 2021)

[45]Mereyem Hafidi, “Biden renueva la Alianza de `QUAD` a pesar de las presiones de Pekín.

[46] Simone McCarthy, “QUAD summit: US, India, Australia and Japan counter China’s ‘vaccine diplomacy’ with pledge to distribute a billion doses across Indo-Pacific”.

[47] Aljazeera, “’QUAD’ leaders pledge new cooperation on China, COVID-19, climate”.

[48]Darshana Baruah, Frédéric Grére, y Nilanthi Samaranayake, “US-India cooperation on Indo-Pacific Security”. Page 2.

[49]Simone McCarthy, “QUAD summit: US, India, Australia and Japan counter China’s ‘vaccine diplomacy’ with pledge to distribute a billion doses across Indo-Pacific”.

[50] Maria Siow, “India Receives US Defence Secretary With China On Its Mind”.

[51] “US defense secretary Lloyd Austin says US considers India to be a great partner”. Hindustan Times. https://www.hindustantimes.com/india-news/us-defense-secretary-lloyd-austin-says-us-considers-india-to-be-a-great-partner-101616317189411.html. (accedido, 21 de marzo de 2021)

[52] Maria Siow, “India Receives US Defence Secretary With China On Its Mind”.

[53] El término PASSEX es una abreviatura propia de la jerga militar inglesa, viene de Passing Exercise. Este, consiste en aprovechar  que una unidad de marines pasa por una zona determinada para ahondar en la cooperación militar del ejército de esa zona por la que se está pasando. Como ejemplo encontramos la noticia citada en el presente artículo: “India, US begin two-day naval exercise in eastern Indian Ocean región”. The Economic Times. https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/india-us-begin-two-day-naval-exercise-in-eastern-indian-ocean-region/articleshow/81735782.cms (accedido, 28 de marzo de 2021)

[54] Annath Krishnan, Dinakar Peri, Kallol Bhattacherjee; India-U.S. 2+2 dialogue: U.S. to support India’s defence of territory. The Hindu. https://www.thehindu.com/news/national/india-us-22-dialogue-rajnath-singh-raises-chinas-action-in-ladakh/article32955117.ece. (consultado, marzo 2021)

[55] Maria Siow, “India Receives US Defence Secretary With China On Its Mind”.

[56] Ibid.

[57] Tanvi Madan, “Democracy and the US-India relationship”

[58] Hindustan Times, “US defense secretary Lloyd Austin says US considers India to be a great partner”.

[59] “Committed to achieving goal of $500 bn in bilateral trade with US: Ambassador Sandhu”.The Economic Times. https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/committed-to-achieving-goal-of-500-bn-in-bilateral-trade-with-us-ambassador-sandhu/articleshow/80878316.cms. (accedido, marzo 2021).

[60] Joe C. Mathew, “India-US mini trade deal: Low duty on medical devices; pact in final stages”. Business Today. https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/india-us-mini-trade-deal-low-duty-on-medical-devices-pact-in-final-stages/story/413669.html. (Accedido, marzo de 2021)

[61] Economic Times, “Commited to achieving goal of $500 bn in bilateral trade with US: Ambassador Sandhu”.

[62] Joe C. Mathew, “India-US mini trade deal: Low duty on medical devices; pact in final stages”.

[63] Economic Times, “Commited to achieving goal of $500 bn in bilateral trade with US: Ambassador Sandhu”.

[64] Darshana Baruah, Frédéric Grére, y Nilanthi Samaranayake, “US-India cooperation on Indo-Pacific Security”. Page 2.

[65] “Hindustan Times “US defense secretary Lloyd Austin says US considers India to be a great partner”.

[66]  Tanvi Madan, “Democracy and the US-India relationship”.

[67] Ibid.

[68] Tanvi Madan, “India and the Biden Administration: Consolidating and Rebalancing Ties”.

[69] Economic Times, “Commited to achieving goal of $500 bn in bilateral trade with US: Ambassador Sandhu”.

[70] Tanvi Madan, “Democracy and the US-India relationship”.

[71] Darshana Baruah, Frédéric Grére, y Nilanthi Samaranayake, “US-India cooperation on Indo-Pacific Security”. Page3.

[72] IBIDEM pag.3

[73] IBIDEM. Pag. 6

[74] IBIDEM. Pag. 7

[75] Seeram Chaulia, “France and sailing toward the ‘QUAD-plus’”. The New Indian Express

[76] Elisabeth Mearns, Gary Parkinson; “With a pandemic, populism and protectionism, have we passed peak globalization?”. China Global Television Network. https://newseu.cgtn.com/news/2020-05-28/With-a-pandemic-populism-and-protectionism-has-globalization-peaked--QOQMPg3ABO/index.html. (accedido, abril 2021).

[77] Abraham Newman, Henry Farrel; “The New Age of Protectionism”. Foreign Affairs. https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2021-04-05/new-age-protectionism. (accedido el 5 de abril de 2021)

[78] Economic Times, “Commited to achieving goal of $500 bn in bilateral trade with US: Ambassador Sandhu”.

[Mondher Sfar, In search of the original Koran: the true history of the revealed text (New York: Prometheus Books, 2008) 152pp]

REVIEW /  Marina G. Reina

Not much has been done regarding research about the authenticity of the Quranic text. This is something that Mondher Sfar has in mind throughout the book, that makes use of the scriptural techniques of the Koran, the scarce research material available, and the Islamic tradition, to redraw the erased story of the transmission of the holy book of Muslims. The same tradition that imposes “a representation of the revelation and of its textual product-which (…) is totally alien to the spirit and to the content of the Quranic text.”

The work is a sequencing of questions that arise from the gaps that the Islamic tradition leaves regarding the earliest testimony about the Koran and the biography of Prophet Muhammad. The result is an imprecise or inconclusive answer because it is almost impossible to trace the line back to the very early centuries of the existence of Islam, and due to an “insurmountable barrier” that “has been established against any historical and relativized perception of the Koran (…) to consecrate definitively the new orthodox ideology as the only possible and true one.” 

As mentioned, Sfar’s main sources are those found in the tradition, by which we mean the records from notorious personalities in the early years of the religion. Their sayings prove “the existence in Muhammad’s time of two states of the revealed text: a first state and a reworked state that have been modified and corrected.” This fact “imperils the validity and identity of Revelation, even if its divine authenticity remains unquestioned.”

The synthesis that the author makes on the “kinds of division” (or alterations of the Revelation), reducing them to three from certain ayas in the Koran, is also of notorious interest. In short, these are “that of the modification of the text; that of satanic revelations; and finally, that of the ambiguous nature of the portion of the Revelation.” The first one exemplifies how the writing of the Revelation was changed along time; the second is grounded on a direct reference to this phenomenon in the Koran, when it says that “Satan threw some [false revelations] into his (Muhammad’s) recitation” (22:52), something that, by the way, is also mentioned in the Bible in Ezekiel 13:3, 6.

Another key point in the book is that of the components of the Koran (the surahs and the ayas) being either invented or disorganized later in time. The manuscripts of the “revealed text” vary in style and form, and the order of the verses was not definitively fixed until the Umayyad era. It is remarkable how something as basic as the titles of the surahs “does not figure in the first known Koranic manuscript”, nor was it reported by contemporaries to the Prophet to be ever mentioned by him. The same mystery arises upon the letters that can be read above at the beginning of the preambles in the surahs. According to the Tradition, they are part of the Revelation, whilst the author argues that they are linked to “the process of the formation of surahs”, as a way of numeration or as signatures from the scribes. As already mentioned, it is believed that the Koran version that we know today was made in two phases; in the second phase or correction phase surahs would have been added or divided. The writer remarks how a few surahs lack the common preambles and these characteristic letters, which leads to think that these elements were added in the proofreading part of the manuscript, so these organizational signals were omitted.

It may seem that at some points the author makes too many turns on the same topic (in fact, he even raises questions that remain unresolved throughout the book). Nonetheless, it is difficult to question those issues that have been downplayed from the Tradition and that, certainly, are weighty considerations that provide a completely different vision of what is known as the "spirit of the law.” This is precisely what he refers to by repeatedly naming the figure of the scribes of the Prophet, that “shaped” the divine word, “and it is this operation that later generations have tried to erase, in order to give a simplified and more-reassuring image of the Quranic message, that of a text composed by God in person,” instead of being “the product of a historical elaboration.”

What the author makes clear throughout the book is that the most significant and, therefore, most suspicious alterations of the Koran are those introduced by the first caliphs. Especially during the times of the third caliph, Uthman, the Koran was put on the agenda again, after years of being limited to a set of “sheets” that were not consulted. Uthman made copies of a certain “compilation” and “ordered the destruction of all the other existing copies.” Indeed, there is evidence of the existence of “other private collections” that belonged to dignitaries around the Prophet, of whose existence, Sfar notes that “around the fourth century of the Hijra, no trace was left.”

The author shows that the current conception of the Koran is rather simplistic and based on “several dogmas about, and mythical reconstructions of, the history.” Such is the case with the “myth of the literal ‘authenticity’,” which comes more “from apologetics than from the realm of historical truth.” This is tricky, especially when considering that the Koran is the result of a process of wahy (inspiration), not of a literal transcription, setting the differentiation between the Kitab (“the heavenly tablet”) and the Koran (“a liturgical lesson or a recitation”). Moreover, Sfar addresses the canonization of the Koran, which was made by Uthman, and which was criticized at its time for reducing the “several revelations without links between them, and that they were not designed to make up a book” into a single composition. This illustrates that “the principal star that dominated the period of prophetic revelation was to prove that the prophetic mission claimed by Muhammad was indeed authentic, and not to prove the literal authenticity of the divine message,” what is what the current Muslim schools of taught are inclined to support.

In general, although the main argument of the author suggests that the “Vulgate” version of the Koran might not be the original one, his other arguments lead the reader to deduce that this first manuscript does not vary a lot from the one we know today. Although it might seem so at first glance, the book is not a critique to the historicity of Islam or to the veracity of the Koran itself. It rather refers to the conservation and transmission thereof, which is one of the major claims in the Koran; of it being an honorable recitation in a well-guarded book (56:77-78). Perhaps, for those unfamiliar with the Muslim religion, this may seem insignificant. However, it is indeed a game-changer for the whole grounding of the faith. Muslims, the author says, remain ignorant of a lot of aspects of their religion because they do not go beyond the limits set by the scholars and religious authorities. It is the prevention from understanding the history that prevents from “better understanding the Koran” and, thus, the religion.

El expresidente del BCE se pone al frente de Italia con una agenda de reformas y una vuelta al atlantismo

Después de unos años de inestabilidad política, Italia estrenó a mediados de febrero un Gobierno en principio más fuerte, presidido por Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo. Su perfil técnico, su prestigio tras ocho años en la gobernanza europea y la conformación de un Gobierno de cierto carácter de unidad nacional constituyen una oportunidad para que Italia supere la actual crisis sanitaria y económica y emprenda las reformas que el país necesita.

Mario Draghi, al aceptar el encargo de formar Gobierno, en febrero de 2021 [Presidencia de la República]

ARTÍCULO /  Matilde Romito, Jokin de Carlos Sola

Desde hacía más de un año el Gobierno del primer ministro italiano Giuseppe Conte estaba siendo fuertemente contestado desde dentro, especialmente por las discrepancias de Italia Viva, el partido liderado por Matteo Renzi, en materia económica. La gota que colmó el vaso fue la oposición de Renzi al plan propuesto por Conte para el uso de las ayudas provenientes del Fondo de Recuperación puesto en marcha por la Unión Europea para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de Covid-19. Conte perdió la mayoría el 13 de enero a raíz de la dimisión de tres ministros pertenecientes a Italia Viva y el 26 de enero presentó su renuncia. El 3 de febrero el presidente de la República, Sergio Mattarella, encargó la formación del nuevo Gobierno a Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo (BCE).

En el arranque de su mandato, Mario Draghi estableció sus objetivos. Destacó la importancia de que el país mantenga cierta unidad en un momento histórico tan difícil e indicó que su prioridad será ofrecer más oportunidades y luchar contra el statu quo que impide la aplicación de reformas.

El 17 de febrero, Mario Draghi obtuvo la confianza del Parlamento, registrando una de las mayorías más amplias desde la Segunda Guerra Mundial. Draghi formó entonces un Gobierno integrado por diferentes fuerzas políticas, con el propósito de afrontar en un marco de unidad nacional la gestión de las consecuencias de la pandemia: además de diversos ministros técnicos (8) en el Gabinete están representados el Movimiento 5 Estrellas (4), el Partido Democrático (3), la Lega (3), Forza Italia (3), Liberi e Uguali (1) e Italia Viva (1). Esa diversidad interna, que en algunos temas se manifiesta en posiciones opuestas, podría acarrear cierta inestabilidad gubernamental.

Política nacional: recuperación y reformas

El Gobierno Draghi se ha propuesto como prioridad la campaña de vacunación y la reactivación económica, así como reformas en el sistema fiscal y en la administración pública y de la Justicia. El expresidente del BCE ha mostrado cierta capacidad tanto de innovación en las estructuras organizativas como de delegación de tareas, todo ello afrontado con celeridad, según su máxima de que “lo haremos pronto, lo haremos prontísimo”.

Acelerar la vacunación

En cuanto a la campaña de vacunación, Draghi está aplicando maximización y firmeza. En primer lugar, reformó las cumbres administrativas encargadas del plan de vacunación y designó nuevo comisario extraordinario para la emergencia Covid-19 al general Francesco Paolo Figliuolo, un militar experto en logística. Para entonces la dosis suministradas diariamente llegaban 170.000, pero Figliuolo, junto con el director de la Protección Civil, Fabrizio Curcio, y el ministro de Salud, Roberto Speranza, han puesto como objetivo triplicar ese número. Para ello se han establecido nuevos lugares de vacunación, como empresas, gimnasios o aparcamientos vacíos, y se ha promovido una movilización de personal sanitario en labores de vacunación.

También el Gobierno Draghi ha adoptado mayor firmeza a nivel internacional, como fue la decisión de bloquear la exportación a Australia de 250.000 dosis de la vacuna AstraZeneca. Aunque apoyada por la UE, la medida cogió por sorpresa a muchos países y convirtió a Italia en el primer miembro de la UE en aplicar dicho mecanismo legal. El 12 de marzo el Gobierno anunció la posibilidad de la futura producción en Italia de alguna de las vacunas ya aprobadas internacionalmente.

Economía: reformas estructurales

La agenda económica del nuevo Gobierno será caracterizada por reformas estructurales para promover la productividad, así como por la aplicación de ayudas económicas dirigidas a los más afectados por la crisis, con el objetivo de relanzar el país y luchar contra las nuevas desigualdades sociales. El Gobierno está ultimando el Plan de Recuperación que debe presentar a Bruselas para la obtención de los fondos previstos por la UE.

Durante su mandato como presidente del BCE Draghi promovió reformas estructurales en varios países europeos; por consiguiente, su liderazgo será clave para la promoción de reformas que miren al aumento de la productividad, la reducción de la burocracia y la mejora de la calidad de la educación. El Gobierno promete mayor gasto en la educación y la promoción de una economía más sostenible y digitalizada, como reclama el Green Deal de la UE.

A través del decreto legislativo “Sostegni”, el Gobierno está poniendo en marcha un plan de ayudas. Algunas de ellas van dirigidas a sufragar la modificación del marco de despidos implementado por Conte, pero ello requiere una negociación de mayor consenso.

Agilización de la Administración Pública y la Justicia

La reforma de la administración pública ha sido confiada a Marco D’Alberti, abogado y profesor de Derecho Administrativo en La Sapienza de Roma. La reforma seguirá dos caminos: mayor conectividad y una puesta al día de las competencias de los funcionarios públicos.

En relación con la Justicia, el propósito es aplicar varias de las recomendaciones trasladadas por la UE en 2019 y 2020. Entre otras medidas, la UE pide una mayor eficiencia del sistema judicial civil italiano, mediante una mayor rapidez del trabajo de los tribunales, una mejor distribución de la carga de trabajo, la adopción de normas procedurales más simples y una activa represión de la corrupción.

Política Exterior: atlantismo y menor entusiasmo con China

Una de las primeras consecuencias de la elección de Draghi como primer ministro ha sido la nueva imagen de estabilidad y disposición a la cooperación que Italia ha pasado a proyectar no solo en Bruselas sino también en Washington, tanto desde el punto de vista político como económico. No obstante, muchos aspectos de la política exterior de Conte van a ser mantenidos, dada la continuidad de Luigi di Maio como ministro de Exteriores.

Más allá de Europa, las prioridades de Draghi van a ser principalmente dos: el nuevo acercamiento a Washington –en el marco de un convencido atlantismo, dentro del multilateralismo­– y el refuerzo de la política italiana en el Mediterráneo. La llegada de Draghi también tiene el potencial de romper con el acercamiento a China efectuado por Conte, como la inclusión de puertos italianos en la Nueva Ruta de la Seda. Si bien esto puede asegurar a Italia como un aliado principal estadounidense, cualquier decisión deberá tener en cuenta la inversión china que puede comprometerse.

Contribución a la gobernanza europea

Italia es la tercera economía de la UE y la octava del mundo, por lo que su desempeño económico tiene cierta repercusión internacional. Draghi ha asegurado su compromiso con la recuperación y sus contactos con las élites europeas pueden ayudar a rebajar la tensión en las discusiones con los demás miembros de la UE sobre el reparto de fondos, especialmente el llamado Next Generation EU. Durante la Crisis del Euro Draghi fue uno de los principales defensores de reformas estructurales y ahora estas vuelven a ser vitales para evitar un aumento del gasto que pueda hacer crecer demasiado la deuda o recortes de presupuesto que dañen el crecimiento.

Draghi ha declarado que “sin Italia no hay Europa, pero sin Europa hay menos Italia” y se propone hacer de Italia un sujeto más activo y comprometido en Europa, al tiempo que trata de equilibrar los intereses de Francia, Alemania y Países Bajos. La partida de Merkel a finales de 2021 abre la posibilidad de un vacío de poder en el Consejo Europeo; siendo Francia e Italia la segunda y tercera economía su colaboración podría aportar estabilidad y garantizar la persistencia del Fondo de Recuperación. Esto a su vez puede terminar ocasionando problemas de gobernanza con Alemania y Países Bajos en caso de que hubiera desacuerdos a la hora del uso de los fondos. No obstante, Draghi se ha mostrado reticente a las propuestas geopolíticas de Francia de establecer a Europa como un actor independiente de Estados Unidos. Esto puede terminar envenenando la potencial nueva relación especial entre Roma y Paris.

El anuncio de voluntad de diálogo y concordia tanto con Turquía como Rusia puede acabar provocando problemas en Bruselas con otros países. En el caso turco puede comprometer las relaciones con Grecia en el Mediterráneo. Sin embargo, la fuerte crítica a Erdogan, al que llamó dictador, por haber humillado diplomáticamente a Ursula von der Leyen en su visita a AnKara, parece descartar aproximaciones contraproducentes. Por otra parte, su deseo de diálogo también con Moscú puede acabar sentado mal en las capitales bálticas, así como en Washington. 

El Mediterráneo: inmigración, Libia y Turquía

Draghi también se ha referido a zonas estratégicas fuera de la UE cercanas a Italia: el Magreb, Oriente Medio y el Mediterráneo. Respecto a este último las prioridades italianas no parece que vayan a cambiar: el objetivo es controlar la inmigración. Para ello Draghi espera establecer cooperación con España, Grecia y Chipre.

En esta área la estabilidad de Libia es importante, y seguirá el apoyo italiano al Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) establecido en Trípoli, uno de cuyos principales defensores en la UE ha sido Luigi Di Maio, que continúa al frente de Exteriores. El primer ministro libio Abdul Hamid Dbeibah ha declarado estar preparado para colaborar en temas de Inmigración con Draghi, pero este parece ser escéptico hacia los tratos bilaterales y preferirá que se realice en un marco europeo.

Esto va en contra de la política de Grecia y Francia, quienes apoyan al Ejército Nacional Libio, establecido en Tubruk, debido a las conexiones islamistas del GNA y el apoyo de Turquía a estos. Estas diferencias en relación con Libia ya han causado problemas y han dificultado la posibilidad de establecer sanciones contra Ankara.

Aprovechar la oportunidad

El nuevo Gobierno Draghi supone la oportunidad para Italia de poder alcanzar cierta estabilidad política después de unos años de vaivenes. La integración en el mismo Gobierno de personas de diferentes procedencias ideológicas puede contribuir a la unidad nacional que requiere la presente situación. La emergencia y excepcionalidad que supone la crisis de Covid-19 dan a Italia una oportunidad para aplicar no solo medidas contra la pandemia sino también cambios estructurales radicales que transformen la economía y la administración pública, algo que en otras circunstancias encontraría demasiadas trabas.

Por otra parte, aunque dentro de cierta continuidad, el Gobierno de Draghi supone un cambio en el tablero estratégico internacional, no solo para Bruselas, Berlín y París sino también para Washington y Pekín, dado que las tendencias más atlantistas lo alejarán tanto de Rusia como de China.

Los gobiernos italianos no son famosos por su duración y tampoco este ofrece garantías de permanencia, teniendo en cuenta además que el esfuerzo de unidad realizado obedece a la temporalidad de la crisis. No obstante, el perfil del propio Draghi proyecta una imagen de seriedad y responsabilidad.

Temporary Protected Status for Venezuelans and pending TPS termination for Central Americans amid a migration surge at the US-Mexico border

The Venezuelan flag near the US Capitol [Rep. Darren Soto]

ANALYSIS / Alexandria Angela Casarano

On March 8, the Biden administration approved Temporary Protected Status (TPS) for the cohort of 94,000 to 300,000+ Venezuelans already residing in the United States. Nicaragua, Honduras, El Salvador, and Haiti await the completion of litigation against the TPS terminations of the Trump administration. Meanwhile, the US-Mexico border faces surges in migration and detention facilities for unaccompanied minors battle overcrowding.

TPS and DED. The case of El Salvador

TPS was established by the Immigration Act of 1990 and was first granted to El Salvador that same year due to a then-ongoing civil war. TPS is a temporary immigration benefit that allows migrants to access education and obtain work authorization (EADs). TPS is granted to specific countries in response to humanitarian, environmental, or other crises for 6, 12, or 18-month periods—with the possibility of repeated extension—at the discretion of the Secretary of Homeland Security, taking into account the recommendations of the State Department.

The TPS designation of 1990 for El Salvador expired on June 30,1992. However, following the designation of Deferred Enforced Departure (DED) to El Salvador on June 26, 1992 by George W. Bush, Salvadorans were allowed to remain in the US until December 31, 1994. DED differs from TPS in that it is designated by the US President without the obligation of consultation with the State Department. Additionally, DED is a temporary protection from deportation, not a temporary immigration benefit, which means it does not afford recipients a legal immigration status, although DED also allows for work authorization and access to education.

When DED expired for El Salvador on December 31, 1994, Salvadorans previously protected by the program were granted a 16-month grace period which allowed them to continue working and residing in the US while they applied for other forms of legal immigration status, such as asylum, if they had not already done so.

The federal court system became significantly involved in the status of Salvadoran immigrants in the US beginning in 1985 with the American Baptist Churches v. Thornburgh (ABC) case. The ABC class action lawsuit was filed against the US Government by more than 240,000 immigrants from El Salvador, Guatemala, and former Soviet Bloc countries, on the basis of alleged discriminatory treatment of their asylum claims. The ABC Settlement Agreement of January 31, 1991 created a 240,000-member immigrant group (ABC class members) with special legal status, including protection from deportation. Salvadorans protected under TPS and DED until December 31, 1994 were allowed to apply for ABC benefits up until February 16, 1996.

Venezuela and the 2020 Elections

The 1990’s Salvadoran immigration saga bears considerable resemblance to the current migratory tribulations of many Latin American immigrants residing in the US today, as the expiration of TPS for four Latin American countries in 2019 and 2020 has resulted in the filing of three major lawsuits currently working their way through the US federal court system.

Approximately 5 million Venezuelans have left their home country since 2015 following the consolidation of Nicolás Maduro, on economic grounds and in pursuit of political asylum. Heavy sanctions placed on Venezuela by the Trump administration have exacerbated—and continue to exacerbate, as the sanctions have to date been left in place by the Biden administration—the severe economic crisis in Venezuela.

An estimated 238,000 Venezuelans are currently residing in Florida, 67,000 of whom were naturalized US citizens and 55,000 of whom were eligible to vote as of 2018. 70% of Venezuelan voters in Florida chose Trump over Biden in the 2020 presidential elections, and in spite of the Democrats’ efforts (including the promise of TPS for Venezuelans) to regain the Latino vote of the crucial swing state, Trump won Florida’s 29 electoral votes in the 2020 elections. The weight of the Venezuelan vote in Florida has thus made the humanitarian importance of TPS for Venezuela a political issue as well. The defeat in Florida has probably made President Biden more cautious about relieving the pressure on Venezuela's and Cuba's regimes.

The Venezuelan TPS Act was originally proposed to the US Congress on January 15, 2019, but the act failed. However, just before leaving office, Trump personally granted DED to Venezuela on January 19, 2021. Now, with the TPS designation to Venezuela by the Biden administration on March 8, Venezuelans now enjoy a temporary legal immigration status.

The other TPS. Termination and ongoing litigation

Other Latin American countries have not fared so well. At the beginning of 2019, TPS was designated to a total of four Latin American countries: Nicaragua, Honduras, El Salvador, and Haiti. Nicaragua and Honduras were first designated TPS on January 5, 1999 in response to Hurricane Mitch. El Salvador was redesignated TPS on March 9, 2001 after two earthquakes hit the country. Haiti was first designated TPS on January 21, 2010 after the Haiti earthquake. Since these designations, TPS was continuously renewed for all four countries. However, under the Trump administration, TPS was allowed to expire without renewal for each country, beginning with Nicaragua on January 5, 2019. Haiti followed on July 22, 2019, then El Salvador on September 9, 2019, and lastly Honduras on January 4, 2020.

As of March 2021, Salvadorans account for the largest share of current TPS holders by far, at a total of 247,697, although the newly eligible Venezuelans could potentially overshadow even this high figure. Honduras and Haiti have 79,415 and 55,338 TPS holders respectively, and Nicaragua has much fewer with only 4,421.

The elimination of TPS for Nicaragua, Honduras, El Salvador, and Haiti would result in the deportation of many immigrants who for a significant continuous period of time have contributed to the workforce, formed families, and rebuilt their lives in the United States. Birthright citizenship further complicates this reality: an estimated 270,000 US citizen children live in a home with one or more parents with TPS, and the elimination of TPS for these parents could result in the separation of families. Additionally, the conditions of Nicaragua, Honduras, El Salvador, and Haiti—in the context of the COVID-19 pandemic, recent natural disasters (i.e. hurricanes Matthew, Eta, and Iota), and other socioeconomic and political issues—remain far from ideal and certainly unstable.

Three major lawsuits were filed against the US Government in response to the TPS terminations of 2019 and 2020: Saget v. Trump (March 2018), Ramos v. Nielsen (March 2018), and Bhattarai et al. v. Nielsen (February 2019). Kirstjen Nielsen served as Secretary of Homeland Security for two years (2017 - 2019) under Trump. Saget v. Trump concerns Haitian TPS holders. Ramos v. Nielsen concerns 250,000 Salvadoran, Nicaraguan, Haitain and Sudanese TPS holders, and has since been consolidated with Bhattarai et al. v. Nielsen which concerns Nepali and Honduran TPS holders.

All three (now two) lawsuits appeal the TPS eliminations for the countries involved on similar grounds, principally the racial animus (i.e. Trump’s statement: “[Haitians] all have AIDS”) and unlawful actions (i.e. violations of the Administrative Procedure Act (APA)) of the Trump administration. For Saget v. Trump, the US District Court (E.D. New York) blocked the termination of TPS (affecting Haiti only) on April 11, 2019 through the issuing of preliminary injunctions. For Ramos v. Nielson (consolidated with Bhattarai et al. v. Nielson), the US Court of Appeals of the 9th Circuit has rejected these claims and ruled in favor of the termination of TPS (affecting El Salvador, Nicaragua, Haiti, Honduras, Nepal, and Sudan) on September 14, 2020. This ruling has since been appealed and is currently awaiting revision.

The US Citizenship and Immigration Services (USCIS) and the Department of Homeland Security (DHS) have honored the orders of the US Courts not to terminate TPS until the litigation for these aforementioned cases is completed. The DHS issued a Federal Register Notice (FRN) on December 9, 2020 which extends TPS for holders from Nicaragua, Honduras, El Salvador, and Haiti until October 14, 2021. The USCIS has similarly cooperated and has ordered that so long as the litigation remains effective, no one will lose TPS. The USCIS has also ordered that in case of TPS elimination once the litigation is completed, Nicaragua and Haiti will have 120 grace days to orderly transition out of TPS, Honduras will have 180, and El Salvador will have 365 (time frames which are proportional to the number of TPS holders from each country, though less so for Haiti).

The Biden Administration’s Migratory Policy

On the campaign trail, Biden repeatedly emphasized his intentions to reverse the controversial immigration policies of the Trump administration, promising immediate cessation of the construction of the border wall, immediate designation of TPS to Venezuela, and the immediate sending of a bill to create a “clear [legal] roadmap to citizenship” for 11 million+ individuals currently residing in the US without legal immigration status. Biden assumed office on January 20, 2021, and issued an executive order that same day to end the government funding for the construction of the border wall. On February 18, 2021, Biden introduced the US Citizenship Act of 2021 to Congress to provide a legal path to citizenship for immigrants residing in the US illegally, and issued new executive guidelines to limit arrests and deportations by ICE strictly to non-citizen immigrants who have recently crossed the border illegally. Non-citizen immigrants already residing in the US for some time are now only to be arrested/deported by ICE if they pose a threat to public safety (defined by conviction of an aggravated felony (i.e. murder or rape) or of active criminal street gang participation).

Following the TPS designation to Venezuela on March 8, 2021, there has been additional talk of a TPS designation for Guatemala on the grounds of the recent hurricanes which have hit the country.

On March 18, 2021, the Dream and Promise Act passed in the House. With the new 2021 Democrat majority in the Senate, it seems likely that this legislation which has been in the making since 2001 will become a reality before the end of the year. The Dream and Promise Act will make permanent legal immigration status accessible (with certain requirements and restrictions) to individuals who arrived in the US before reaching the age of majority, which is expected to apply to millions of current holders of DACA and TPS.

If the US Citizenship Act of 2021 is passed by Congress as well, together these two acts would make the Biden administration’s lofty promises to create a path to citizenship for immigrants residing illegally in the US a reality. Since March 18, 2021, the National TPS Alliance has been hosting an ongoing hunger strike in Washington, DC in order to press for the speedy passage of the acts.

The current migratory surge at the US-Mexico border

While the long-term immigration forecast appears increasingly more positive as Biden’s presidency progresses, the immediate immigration situation at the US-Mexico border is quite dire. Between December 2020 and February 2021, the US Customs and Border Protection (CBP) reported a 337% increase in the arrival of families, and an 89% increase in the arrival of unaccompanied minors. CBP apprehensions of migrants crossing the border illegally in March 2021 have reached 171,00, which is the highest monthly total since 2006.

Currently, there are an estimated 4,000 unaccompanied minors in CBP custody, and an additional 15,000 unaccompanied minors in the custody of the Department of Health and Human Services (HHS).

The migratory CBP facility in Donna, TX designated specifically to unaccompanied minors has been filled at 440% to 900% of its COVID-19 capacity of just 500 minors since March 9, 2021. Intended to house children for no more than a 72-hour legal limit, due to the current overwhelmed system, some children have remained in the facility for more than weeks at a time before being transferred on to HHS.

In order to address the overcrowding, the Biden administration announced the opening of the Delphia Emergency Intake Site (next to the Donna facility) on April 6, 2021, which will be used to house up to 1,500 unaccompanied minors. Other new sites have been opened by HHS in Texas and California, and HHS has requested the Pentagon to allow it to temporarily utilize three military facilities in these same two states.

Political polarization has contributed to a great disparity in the interpretation of the recent surge in migration to the US border since Biden took office. Termed a “challenge” by Democrats and a “crisis” by Republicans, both parties offer very different explanations for the cause of the situation, each placing the blame on the other.

Tras sendos referéndums en 2018 y 2019, el gobierno guatemalteco presentó su memoria ante La Haya en 2020 y el beliceño tiene un año para replicar

Guatemala presentó su posición ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya el pasado mes de diciembre, con medio año de retraso atribuido a la situación de emergencia del Covid-19; ahora Belice tendrá un año para responder. Aunque después la CIJ se tomará su tiempo para redactar una sentencia, puede decirse que el diferendo territorial entre ambos vecinos ha comenzado su recta final, teniendo en cuenta que la disputa por ese enclave centroamericano viene del siglo XVIII.

Escudos de Guatemala (izq.) y de Belice (dcha.) sobre sus respectivas banderas

ARTÍCULO /  Álvaro de Lecea

El conflicto territorial entre Guatemala y Belice tiene su raíz en el pulso entre el Imperio Español en América y la actividad de Inglaterra en el Caribe durante la era colonial. La inacción de la Corona española a finales del siglo XVIII frente a las invasiones británicas en lo que hoy es Belice y que en esa época era territorio español, permitió a los ingleses asentar un pie en Centroamérica y comenzar a explotar tierras continentales en busca de maderas preciosas, como el palo de tinte y la caoba. No obstante, las reservas puestas por Guatemala sobre parte del terreno beliceño –reclama más de 11.000 km2, casi la mitad del vecino país; también reivindica la correspondiente extensión marítima y algunos cayos– generaron una situación de tensión y conflicto que se ha mantenido hasta la actualidad.

En 2008 ambos países decidieron celebrar sendos referéndums sobre la posibilidad llevar la disputa a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para que sea quien dictamine sobre el reparto de soberanía. Los beliceños aprobaron dar ese paso en 2018 y los guatemaltecos el año siguiente. La cuestión se formalizó ante la CIJ, en La Haya, el 12 de junio de 2019

Contexto histórico

El territorio del actual Belice fue colonizado por España a mediados del siglo XVI, como parte del Virreinato de Nueva España y dependiente de la capitanía de Guatemala. No obstante, al no haber allí recursos minerales y no existir apenas población, la metrópoli prestó poca atención a la zona. Esa escasa presencia española favoreció el ataque de piratas y para evitarlos la Corona España permitió una creciente actividad explotadora inglesa a cambio de defensa. Parecida penetración llevó a cabo Inglaterra en las costas caribeñas de Nicaragua, pero mientras que los españoles consiguieron expulsar a los ingleses de allí, en el área de Belice estos consolidaron su asentamiento y finalmente obtuvieron el territorio por el Tratado de París de 1783, por el que España se desentendía de ese rincón centroamericano. Esa concesión y otra tres años después cubrían apenas 6.685 km2, un espacio próximo a la costa que luego Inglaterra fue agrandando, tierra adentro y hacia el sur, dado que España no actuaba en la zona. Desde entonces el enclave fue conocido como la “Honduras británica”.

La cesión no tuvo en cuenta las reclamaciones de los guatemaltecos, que consideraban como propio el espacio entre los ríos Sarstún y Sibún. Ambos con cauce oeste-este, el primero dibuja, en el sur de lo que hoy es Belice, la frontera con Guatemala; el otro, más al norte, discurre por el centro de Belice, con desembocadura junto a su capital, partiendo el país en dos. No obstante, dadas la urgencia de reconocimiento internacional que tuvo cuando declaró su independencia en 1821, Guatemala firmó varios acuerdos con Inglaterra, la gran potencia del momento, para garantizar la viabilidad del nuevo estado. Uno de ellos fue el Tratado Aycinena-Wyke (1859), por el que Guatemala aceptaba las fronteras beliceñas a cambio de la construcción de una carretera que mejorara su acceso de su capital al Caribe. No obstante, ambas partes culparon a la otra de no cumplir el Tratado (la carretera no se llevó a cabo, por ejemplo) y Guatemala lo dio por anulado en 1939.

En la Constitución promulgada en 1946, Guatemala incluyó el reclamo en el redactado, y ha insistido en esa posición desde que el vecino país, con el nombre de Belice, obtuvo su independencia del Reino Unido en 1981. Ya en 1978 la ONU aprobó una resolución garantizando los derechos a la autodeterminación y protección territorial del pueblo beliceño, donde también se pedía una resolución pacífica del conflicto vecinal. Hasta 1991 Guatemala no reconoció la existencia del nuevo estado soberano y aún hoy sigue poniendo algunos límites en el progresivo acoplamiento de Belice en el Sistema de Integración Centroamericano. Por su matriz inglesa, Belice ha mantenido históricamente más relación con las islas anglófonas del Caribe.

Mapa de Centroamérica y, en detalle, el diferendo territorial entre Guatemala y Belice [Rei-artur / Janitoalevic Bettyreategui]

Línea de Adyacencia y el papel de la OEA

Desde el año 2000, la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que ambas naciones forman parte, se ha prestado a mediar entre los dos países. Ese mismo año, la OEA propició un acuerdo con el objetivo de fomentar la confianza y las negociaciones entre ambos vecinos. A fin de conseguir estos objetivos, la OEA, a través de su Fondo de Paz, apoyó de forma activa la búsqueda de una solución, brindando apoyo técnico y político. De hecho, gracias a este acercamiento se reanudaron las conversaciones sobre el diferendo y se acordó la creación de la “Línea de Adyacencia”.

Esta es una línea imaginaria que básicamente sigue el trazado que de norte a sur venía separando “de hecho” los dos países y es donde tienen lugar la mayoría de las tensiones. A lo largo de los años, ambas partes han incrementado ahí su presencia militar, a modo de respuesta por incidentes atribuidos al otro lado. Debido a esas frecuentes discusiones, en 2015 Belice tuvo que pedir ayuda militar de la armada inglesa. Precisamente en esa Zona de Adyacencia se encuentra una oficina de la OEA, cuyo propósito es promover contactos entre las comunidades y verificar ciertas transgresiones a los acuerdos ya firmados.

Uno de los avances más prometedores que tuvo lugar bajo el paraguas de la OEA fue la firma en 2008 de lo que se denominó “Acuerdo especial entre Guatemala y Belice para someter el reclamo territorial, insular y marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia”. Bajo este acuerdo ambos países se comprometieron a someter a consultas populares simultáneas la aceptación de la mediación de la Corte. No obstante, en 2015, a través del Protocolo del Acuerdo Especial entre Belice y Guatemala, se permitió que dichas consultas populares no se realizaran al mismo tiempo. Ambas partes se comprometieron a aceptar la decisión del Tribunal como “decisiva y vinculante” y a cumplirla y aplicarla “de manera plena y de buena fe”.

La Haya y el impacto de la futura resolución

Los referéndums se realizaron en 2018, en el caso de Guatemala, y en 2019, en el caso de Belice. Aunque los porcentajes de ambas consultas populares fueron algo dispares, los resultados resultaron positivos. En Belice, el sí consiguió el 55,37% de los votos y el no, el 44,63%. Por su lado, en Guatemala los resultados fueron mucho más favorables para el sí, con el 95,88% de los votos, frente al 4,12% del no.

Estos resultados muestran cómo los beliceños miran con recelo acudir a la decisión de La Haya ya que, si bien con la fijación definitiva de la frontera cerrarán por siempre cualquier reclamo, se arriesgar a perder parte de su territorio. En cambio, la perspectiva de ganancia es mayor en el caso guatemalteco, pues de aceptarse su planteamiento –o al menos parte de él– ampliaría estratégicamente su acceso al Caribe, ahora algo limitado, y en el caso de perder se quedaría simplemente como ha estado hasta ahora, lo no que constituye ningún grave problema para el país.

La definición de una frontera clara y respetada es necesaria a estas alturas. La línea adyacente, observada por la misión de paz y seguridad de la OEA, ha conseguido limitar las tensiones entre ambos países, pero la realidad es que ciertos incidentes siguen teniendo lugar en esa zona tan desprotegida. Esos incidentes, como los asesinatos a ciudadanos de ambos países o maltratos atribuidos a los militares guatemaltecos, provocan que el conflicto se alargue y las tensiones aumenten. Por otro lado, el hecho de que no exista una definición clara de las fronteras facilita el narcotráfico y el contrabando.

Asimismo, este conflicto ha afectado a las relaciones económicas y comerciales de Belice con sus vecinos de la región, sobre todo México y Honduras. No solo debido a la falta de límites terrestres, sino también marítimos. Esta zona es muy rica en recursos naturales y cuenta con la segunda reserva coralina más grande del mundo, después de la de Australia. Además, esto ha afectado, como era de esperar, a las relaciones bilaterales entre ambos países. Mientras los organismos regionales apuestan por una integración regional más relevante, las tensiones entre Belice y Guatemala impiden que pueda haber una mejoría en este aspecto.

El presidente de Guatemala ha manifestado que, independientemente del resultado del Tribunal, tiene intención de fortalecer las relaciones bilaterales, sobre todo en campos como el comercio y el turismo, con su vecino Belice. Por su parte, los jefes de estado de Caricom expresaron en octubre de 2020 su apoyo a Belice, su entusiasmo respecto a la intervención del CIJ y su felicitación a la OEA por su labor mediadora.

Detainee in a Xinjiang re-education camp located in Lop County listening to “de-radicalization” talks [Baidu baijiahao]

ESSAY /  Rut Noboa

Over the last few years, reports of human rights violations against Uyghur Muslims, such as extrajudicial detentions, torture, and forced labor, have been increasingly reported in the Xinjiang province's so-called “re-education” camps. However, the implications of the Chinese undertakings on the province’s ethnic minority are not only humanitarian, having direct links to China’s ongoing economic projects, such as the Belt and Road Initiative (BRI) and natural resource extraction in the region. Asides from China’s economic agenda, ongoing projects in Xinjiang appear to prototype future Chinese initiatives in terms of expanding the surveillance state, particularly within the scope of technology. When it comes to other international actors, the Xinjiang dispute has evidenced a growing diplomatic split between countries against it, mostly western liberal democracies, and countries willing to at least defend it, mostly countries with important ties to China and dubious human rights records. The issue also has important repercussions for multinational companies, with supply chains of well-known international companies such as Nike and Apple benefitting from forced Uyghur labor. The situation in Xinjiang is critically worrisome when it comes to the COVID-19 pandemic, particularly considering recent outbreaks in Kashgar, how highly congested these “reeducation” camps, and potential censorship from the government. Finally, Uyghur communities continue to be an important factor within this conversation, not only as victims of China’s policies but also as dissidents shaping international opinion around the matter.

The Belt and Road Initiative

Firstly, understanding Xinjiang’s role in China’s ongoing projects requires a strong geographical perspective. The northwestern province borders Mongolia, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, and India, giving it important contact with other regional players.

This also places it at the very heart of the BRI. With it setting up the twenty-first century “Silk Road” and connecting all of Eurasia, both politically and economically, with China, it is no surprise that it has managed to establish itself as China’s biggest infrastructural project and quite possibly the most important undertaking in Chinese policy today. Through more and more ambitious efforts, China has established novel and expansive connections throughout its newfound spheres of influence. From negotiations with Pakistan and the establishment of the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) securing one of the most important routes in the initiative to Sri Lanka defaulting on its loan and giving China control over the Hambantota Port, the Chinese government has managed to establish consistent access to major trade routes.

However, one important issue remains: controlling its access to Central Asia. One of the BRI’s initiative’s key logistical hubs is Xinjiang, where the Uyghurs pose an important challenge to the Chinese government. The Uyghur community’s attachment to its traditional lands and culture is an important risk to the effective implementation of the BRI in Xinjiang. This perception is exacerbated by existing insurrectionist groups such as the East Turkestan independence movement and previous events in Chinese history, including the existence of an independent Uyghur state in the early 20th century[1]. Chinese infrastructure projects that cross through the Xinjiang province, such as the Central Asian High-speed Rail are a priority that cannot be threatened by instability in the region, inspiring the recent “reeducation” and “de-extremification” policies.

Natural resource exploitation

Another factor for China’s growing control over the region is the fact that Xinjiang is its most important energy-producing region, even reaching the point where key pipeline projects connect the northwestern province with China's key coastal cities and approximately 60% of the province’s gross regional production comes from oil and natural gas extraction and related industries[2]. With China’s energy consumption being on a constant rise[3] as a result of its growing economy, control over Xinjiang is key to Chinese.

Additionally, even though oil and natural gas are the region’s main industries, the Chinese government has also heavily promoted the industrial-scale production of cotton, serving as an important connection with multinational textile-based corporations seeking cheap labor for their products.

This issue not only serves as an important reason for China to control the Uyghurs but also promotes instability in the region. The increased immigration from a largely Han Chinese workforce, perceived unequal distribution of revenue to Han-dominated firms, and increased environmental costs of resource exploitation have exacerbated the preexisting ethnic conflict.

A growing diplomatic split

The situation in Xinjiang also has important implications for international perceptions of Chinese propaganda.  China’s actions have received noticeable backlash from several states, with 22 states issuing a joint statement to the Human Rights Council on the treatment of Uyghurs and other ethnic minorities in Xinjiang on July 8, 2019.  These states called upon China “to uphold its national laws and international obligations and to respect human rights and fundamental freedoms”.

Meanwhile, on July 12, 2019, 50 (originally 37) other states issued a competing letter to the same institution, commending “China’s remarkable achievements in the field of human rights”, stating that people in Xinjiang “enjoy a stronger sense of happiness, fulfillment and security”.

This diplomatic split represents an important and growing division in world politics. When we look at the signatories of the initial letter, it is clear to see that all are developed democracies and most (except for Japan) are Western. Meanwhile, those countries that chose to align themselves with China represent a much more heterogeneous group with states from the Middle East, Asia, and Africa[4]. Many of these have questionable human rights records and/or receive important funding and investment from the Chinese government, reflecting both the creation of an alternative bloc distanced from Western political influence as well as an erosion of preexisting human rights standards.

China’s Muslim-majority allies: A Pakistani case study

The diplomatic consequences of the Xinjiang controversy are not only limited to this growing split, also affecting the political rhetoric of individual countries. In the last years, Pakistan has grown to become one of China’s most important allies, particularly within the context of CPEC being quite possibly one of the most important components of the BRI.

As a Muslim-majority country, Pakistan has traditionally placed pan-Islamic causes, such as the situations in Palestine and Kashmir, at the center of its foreign policy. However, Pakistan’s position on Xinjiang appears not just subdued but even complicit, never openly criticizing the situation and even being part of the mentioned letter in support of the Chinese government (alongside other Muslim-majority states such as Egypt, Saudi Arabia, and the UAE). With Pakistani Prime Minister Imran Khan addressing the General Assembly in September 2019 on islamophobia in post-9/11 Western countries as well as in Kashmir but conveniently omitting Uyghurs in Xinjiang[5], Pakistani international rhetoric weakens itself constantly. Due to relying on China for political and economic support, it appears that Pakistan will have to censor itself on these issues, something that also rings true for many other Muslim-majority countries.

Central Asia: complacent and supportive

Another interesting case study within this diplomatic split is the position of different countries in the Central Asian region. These states – Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan – have the closest cultural ties to the Uyghur population. However, their foreign policy hasn’t been particularly supportive of this ethnic group with Kazakhstan and Kyrgyzstan avoiding the spotlight and not participating in the UNHRC dispute and Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan being signatories of the second letter, explicitly supporting China. These two postures can be analyzed through the examples of Kazakhstan and Uzbekistan.

Kazakhstan has taken a mostly ambiguous position to the situation. Having the largest Uyghur population outside China and considering Kazakhs also face important persecution from Chinese policies that discriminate against minority ethnic groups in favor of Han Chinese citizens, Kazakhstan is quite possibly one of the states most affected by the situation in Xinjiang. However, in the last decades, Kazakhstan has become increasingly economically and, thus, politically dependent on China. After the fall of the Soviet Union, Kazakhstan implemented what some would refer to as a “multi-vector” approach, seeking to balance its economic engagements with different actors such as Russia, the United States, European countries, and China. However, with American and European interests in Kazakhstan decreasing over time and China developing more and more ambitious foreign policy within the framework of strategies such as the Belt and Road Initiative, the Central Asian state has become intimately tied to China, leading to its deafening silence on Uyghurs in Xinjiang.

A different argument could be made for Uzbekistan. Even though there is no official statistical data on the Uyghur population living in Uzbekistan and former president Islam Karimov openly stated that no Uyghurs were living there, this is highly questionable due to the existing government censorship in the country. Also, the role of Uyghurs in Uzbekistan is difficult to determine due to a strong process of cultural and political assimilation, particularly in the post-Soviet Uzbekistan. By signing the letter to the UNHCR in favor of China's practices, the country has chosen a more robust support of its policies.

All in all, the countries in Central Asia appear to have chosen to tolerate and even support Chinese policies, sacrificing cultural values for political and economic stability.

Forced labor, the role of companies, and growing backlash

In what appears to be a second stage in China’s “de-extremification” policies, government officials have claimed that the “trainees “in its facilities have “graduated”, being transferred to factories outside of the province. China claims these labor transfers (which it refers to as vocational training) to be part of its “Xinjiang Aid” central policy[6]. Nevertheless, human rights groups and researchers have become growingly concerned over their labor standards, particularly considering statements from Uyghur workers who have left China describing the close surveillance from personnel and constant fear of being sent back to detention camps.

Within this context, numerous companies (both Chinese and foreign) with supply chain connections with factories linked to forced Uyghur labor have become entangled in growing international controversies, ranging from sportswear producers like Nike, Adidas, Puma, and Fila to fashion brands like H&M, Zara, and Tommy Hilfiger to even tech players such as Apple, Sony, Samsung, and Xiaomi[7]. Choosing whether to terminate relationships with these factories is a complex choice for these companies, having to either lose important components of their intricate supply chains or face growing backlash on an increasingly controversial issue.

The allegations have been taken seriously by these groups with organizations such as the Human Rights Watch calling upon concerned governments to take action within the international stage, specifically through the United Nations Human Rights Council and by imposing targeted sanctions at responsible senior officials. Another important voice is the Coalition to End Forced Labour in the Uyghur Region, a coalition of civil society organizations and trade unions such as the Human Rights Watch, the Investor Alliance for Human Rights, the World Uyghur Congress, and the Victims of Communism Memorial Foundation, pressuring the brands and retailers involved to exclude Xinjiang from all components of the supply chain, especially when it comes to textiles, yarn or cotton as well as calling upon governments to adopt legislation that requires human rights due diligence in supply chains. Additionally, the Australian Strategic Policy Institute, the same organization that carried out the initial report on forced Uyghur labor and surveillance beyond Xinjiang and within the context of these labor transfers, recently created the Xinjiang Data Project. This initiative documents ongoing Chinese policies on the Uyghur community with open-source data such as satellite imaging and official statistics and could be decidedly useful for human rights defenders and researchers focused on the topic.

One important issue when it comes to the labor conditions faced by Uyghurs in China comes from the failures of the auditing and certification industry. To respond to the concerns faced by having Xinjiang-based suppliers, many companies have turned to auditors. However, with at least five international auditors publicly stating that they would not carry out labor-audit or inspection services in the province due to the difficulty of working with the high levels of government censorship and monitoring, multinational companies have found it difficult to address these issues[8]. Additionally, we must consider that auditing firms could be inspecting factories that in other contexts are their clients, adding to the industry’s criticism.  These complaints have led human rights groups to argue that overarching reform will be crucial for the social auditing industry to effectively address issues such as excessive working hours, unsafe labor conditions, physical abuse, and more[9].

Xinjiang: a prototype for the surveillance state

From QR codes to the collection of biometric data, Xinjiang has rapidly become the lab rat for China’s surveillance state, especially when it comes to technology’s role in the issue.

One interesting area being massively affected by this is travel. As of September 2016, passport applicants in Xinjiang are required to submit a DNA sample, a voice recording, a 3D image of themselves, and their fingerprints, much harsher requirements than citizens in other regions. Later in 2016, Public Security Bureaus across Xinjiang issued a massive recall of passports for an “annual review” followed by police “safekeeping”[10].

Another example of how a technologically aided surveillance state is developing in Xinjiang is the Integrated Joint Operations Platform (IJOP), a big data program for policing that selects individuals for possible detention based on specific criteria. According to the Human Rights Watch, which analyzed two leaked lists of detainees and first reported on the policing program in early 2018, the majority of people identified by the program are being persecuted because of lawful activities, such as reciting the Quran and travelling to “sensitive” countries such as Saudi Arabia and Turkey. Additionally, some criteria for detention appear to be intentionally vague, including “being generally untrustworthy” and “having complex social ties”[11].

Xinjiang’s case is particularly relevant when it comes to other Chinese initiatives, such as the Social Credit System, with initial measures in Xinjiang potentially aiding to finetune the details of an evolving surveillance state in the rest of China.

Uyghur internment camps and COVID-19

The implications of the COVID-19 pandemic for Uyghurs in Xinjiang are pressing issues, particularly due to the virus’s rapid spread in highly congested areas such as these “reeducation” camps.

Currently, Kashgar, one of Xinjiang’s prefectures is facing China’s most recent coronavirus outbreak[12]. Information from the Chinese government points towards a limited outbreak that is being efficiently controlled by state authorities. However, the authenticity of this data is highly controversial within the context of China’s early handling of the pandemic and reliance on government censorship.

Additionally, the pandemic has more consequences for Uyghurs than the virus itself. As the pandemic gives governments further leeway to limit rights such as the right to assembly, right to protest, and freedom of movement, the Chinese government gains increased lines of action in Xinjiang.

Uyghur communities abroad

The situation for Uyghurs living abroad is far from simple. Police harassment of Uyghur immigrants is quite common, particularly through the manipulation and coercion of their family members still living in China. These threatening messages requesting personal information or pressuring dissidents abroad to remain silent. The officials rarely identify themselves and in some cases these calls or messages don’t necessarily even come from government authorities, instead coming from coerced family members and friends[13]. One interesting case was reported in August 2018 by US news publication The Daily Beast in which an unidentified Uyghur American woman was asked by her mother to send over pictures of her US license plate number, her phone number, her bank account number, and her ID card under the excuse that China was creating a new ID system for all Chinese citizens, even those living abroad[14]. A similar situation was reported by Foreign Policy when it came to Uyghurs in France who have been asked to send over home, school, and work addresses, French or Chinese IDs, and marriage certificates if they were married in France[15].

Regardless of Chinese efforts to censor Uyghur dissidents abroad, their nonconformity has only grown with the strengthening of Uyghur repression in mainland China. Important international human rights groups such as Amnesty International and the Human Rights Watch have been constantly addressing the crisis while autonomous Uyghur human rights groups, such as the Uyghur Human Rights Project, the Uyghur American Association, and the Uyghur World Congress, have developed from communities overseas. Asides from heavily protesting policies such as the internment camps and increasing surveillance in Xinjiang, these groups have had an important role when it comes to documenting the experiences of Uyghur immigrants. However, reports from both human rights group and media agencies when it comes to the crisis have been met with staunch rejection from China. One such case is the BBC being banned in China after recently reporting on Xinjiang internment camps, leading it to be accused of not being “factual and fair” by the China National Radio and Television Administration. The UK’s Foreign Secretary Dominic Raab referred to the actions taken by the state authorities as “an unacceptable curtailing of media freedom” and stated that they would only continue to damage China’s international reputation[16].  

One should also think prospectively when it comes to Uyghur communities abroad. As seen in the diplomatic split between countries against China’s policies in Xinjiang and those who support them (or, at the very least, are willing to tolerate them for their political interest), a growing number of countries can excuse China’s treatment of Uyghur communities. This could eventually lead to countries permitting or perhaps even facilitating China’s attempts at coercing Uyghur immigrants, an important prospect when it comes to countries within the BRI and especially those with an important Uyghur population, such as the previously mentioned example of Kazakhstan.

REFERENCES

[1] Qian, Jingyuan. 2019. “Ethnic Conflicts and the Rise of Anti-Muslim Sentiment in Modern China.” Department of Political Science, University of Wisconsin-Madison. doi:10.2139/ssrn.3450176.

[2] Cao, Xun, Haiyan Duan, Chuyu Liu, James A. Piazza, and Yingjie Wei. 2018. “Digging the “Ethnic Violence in China” Database: The Effects of Inter-Ethnic Inequality and Natural Resources Exploitation in Xinjiang.” The China Review (The Chinese University of Hong Kong) 18 (No. 2 SPECIAL THEMED SECTION: Frontiers and Ethnic Groups in China): 121-154. Accessed November 15, 2020. https://www.jstor.org/stable/26435650

[3] International Energy Agency. 2020. Data & Statistics - IEA. Accessed November 14, 2020. https://www.iea.org/data-and-statistics?country=CHINA&fuel=Energy%20consumption&indicator=TotElecCons.

[4] Yellinek, Roie, and Elizabeth Chen. 2019. “The “22 vs. 50” Diplomatic Split Between the West and China.” China Brief (The Jamestown Foundation) 19 (No. 22): 20-25. Accessed November 14, 2020. https://jamestown.org/wp-content/uploads/2019/12/Read-the-12-31-2019-CB-Issue-in-PDF.pdf?x91188.

[5] United Nations General Assembly. 2019. “General Assembly official records, 74th session : 9th plenary meeting.” New York. Accessed October 18, 2020.

[6] Xu, Vicky Xiuzhong, Danielle Cave, James Leibold, Kelsey Munro, and Nathan Ruser. 2020. “Uyghurs for sale: ‘Re-education’, forced labour and surveillance beyond Xinjiang.” Policy Brief, International Cyber Policy Centre, Australian Strategic Policy Paper. Accessed November 14, 2020. https://www.aspi.org.au/report/uyghurs-sale

[7] Ibid.

[8] Xiao, Eva. 2020. Auditors to Stop Inspecting Factories in China’s Xinjiang Despite Forced-Labor Concerns. 21 September. Accessed December 2020, 16. https://www.wsj.com/articles/auditors-say-they-no-longer-will-inspect-labor-conditions-at-xinjiang-factories-11600697706.

[9] Kashyap, Aruna. 2020. Social Audit Reforms and the Labor Rights Ruse. 7 October. Accessed December 16, 2020. https://www.hrw.org/news/2020/10/07/social-audit-reforms-and-labor-rights-ruse.

[10] Human Rights Watch. 2016. China: Passports Arbitrarily Recalled in Xinjiang. 21 November. Accessed November 15, 2020. https://www.hrw.org/news/2016/11/22/china-passports-arbitrarily-recalled-xinjiang

[11] Human Rights Watch. 2020. China: Big Data Program Targets Xinjiang’s Muslims. 9 December. Accessed December 17, 2020. https://www.hrw.org/news/2020/12/09/china-big-data-program-targets-xinjiangs-muslims.

[12] National Health Commission of the People's Republic of China. 2020. How China's Xinjiang is tackling new COVID-19 outbreak. 29 October. Accessed November 14, 2020. http://en.nhc.gov.cn/2020-10/29/c_81994.htm.

[13] Uyghur Human Rights Proyect. 2019. “Repression Across Borders: The CCP’s Illegal Harassment and Coercion of Uyghur Americans.”

[14] Allen-Ebrahimian, Bethany. 2018. Chinese Cops Now Spying on American Soil. 14 August. Accessed December 7, 2020. https://www.thedailybeast.com/chinese-police-are-spying-on-uighurson-american-soil.

[15] Allen-Ebrahimian. 2018. Chinese Police Are Demanding Personal Information From Uighurs in France. 2 March. Accessed December 7, 2020. https://foreignpolicy.com/2018/03/02/chinese-police-are-secretly-demanding-personal-information-from-french-citizens-uighurs-xinjiang/.

[16] Reuters Staff. 2021. BBC World News barred in mainland China, radio dropped by HK public broadcaster. 11 February. Accessed February 16, 2021. https://www.reuters.com/article/us-china-britain-bbc/bbc-world-news-barred-from-airing-in-china-idUSKBN2AB214.

El refuerzo económico catarí y la ampliación de sus relaciones con Rusia, China y Turquía restaron eficacia al bloqueo que le habían impuesto sus vecinos del Golfo

Es una realidad: Catar ha vencido en su pulso contra Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí tras más de tres años de ruptura diplomática en los que ambos países, junto con otros vecinos árabes, aislaron comercial y territorialmente a la península catarí. Razones económicas y de configuración geopolítica explican que el bloqueo impuesto finalmente se haya desvanecido sin que Catar haya cedido en su línea diplomática autónoma.

El emir de Catar, Tamim Al Thani, en la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2018 [Kuhlmann/MSC]

ARTÍCULO /  Sebastián Bruzzone

En junio de 2017, Egipto, Jordania, Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Libia, Yemen y Maldivas acusaron a la familia Al Thani de apoyar el terrorismo islámico y a los Hermanos Musulmanes e iniciaron un bloqueo total al comercio con origen y destino en Catar hasta que Doha cumpliera con trece condiciones. Sin embargo, el pasado 5 de enero de 2021, el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, recibió al emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, con un inesperado abrazo en la ciudad saudí de Al-Ula, sellando el final de un capítulo oscuro más de la historia moderna del Golfo Pérsico. Pero, ¿cuántas de las trece exigencias ha cumplido Catar para reconciliarse con sus vecinos? Ninguna.

Como si nada hubiera pasado. Tamim Al Thani llegó a Arabia Saudí para participar en la 41º Cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) en la que los estados miembros se comprometieron a realizar esfuerzos para fomentar la solidaridad, la estabilidad y el multilateralismo ante los desafíos de la región, que se enfrenta al programa nuclear y de misiles balísticos de Irán, así como a sus planes de sabotaje y destrucción. Además, el CCG en su conjunto agradeció el papel mediador de Kuwait, del entonces presidente estadounidense Donald J. Trump y de su yerno, Jared Kushner.

La reunión de los líderes árabes del Golfo ha sido el deshielo en el desierto político tras una tormenta de acusaciones mutuas e inestabilidad en lo que se denominó “crisis diplomática de Catar”; ese acercamiento, como efecto inmediato, despeja la normal preparación de la Copa del Mundo de fútbol prevista en Catar para el próximo año. Siempre es positivo el retorno del entendimiento regional y diplomático en situaciones de urgencia como una crisis económica, una pandemia mundial o un enemigo común chiíta armando misiles en la otra orilla del mar. En todo caso, el Catar de los Al Thani puede coronarse como el vencedor del pulso económico frente a los emiratíes Al Nahyan y los saudíes Al Saud incapaces de asfixiar a la pequeña península.

Los factores

La pregunta relevante nos devuelve al título inicial previo a estas líneas: ¿cómo Catar ha conseguido resistir la presión sin doblegarse lo más mínimo frente a las trece condiciones exigidas en 2017? Varios factores contribuyen a explicarlo.

Primero, la inyección de capital por QIA (Qatar Investment Authority). A principios del bloqueo, el sistema bancario sufrió una fuga de capitales de más de 30.000 millones de dólares y la inversión extranjera disminuyó notablemente. El fondo soberano catarí respondió ingresando 38.500 millones de dólares para proveer de liquidez a los bancos y reactivar la economía. El bloqueo comercial repentino de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí supuso una espantada financiera que llevó a inversores extranjeros, e incluso residentes cataríes, a transferir sus activos fuera del país y liquidar sus posiciones ante el miedo a un colapso del mercado.

Segundo, el acercamiento a Turquía. En 2018, Catar salió al rescate de Turquía comprometiéndose a invertir 15.000 millones de dólares en activos turcos de todo tipo y, en 2020, a ejecutar un acuerdo de permuta o swap de divisas con el fin de elevar el valor de la lira turca. En reciprocidad, Turquía aumentó en un 29% la exportación de productos básicos a Catar e incrementó la presencia militar en la península catarí frente a una posible invasión o ataque de sus vecinos, construyendo una segunda base militar turca cerca de Doha. Además, como medida de refuerzo interna, el gobierno catarí ha invertido más de 30.000 millones de dólares en equipamiento militar, artillería, submarinos y aviones de empresas americanas.

Tercero, la aproximación a Irán. Catar comparte con el país persa el yacimiento de gas South Pars North Dome, considerado el más grande del mundo, y se posicionó como mediador entre la Administración Trump y el gobierno ayatolá. Desde 2017, Irán ha suministrado 100.000 toneladas diarias de alimentos a Doha ante una posible crisis alimenticia causada por el bloqueo de la única frontera terrestre con Arabia Saudí por la que entraba el 40% de los alimentos.

Cuarto, el acercamiento a Rusia y China. El fondo soberano catarí adquirió el 19% del accionariado de Rosneft, abriendo las puertas a la colaboración entre la petrolera rusa y Qatar Petroleum y a más joint ventures empresariales entre ambas naciones. En la misma línea, Qatar Airways aumentó su participación hasta el 5% del capital de China Southern Airlines.

Quinto, su refuerzo como primer exportador mundial de GNL (Gas Natural Licuado). Es importante saber que el principal motor económico de Catar es el gas, no el petróleo. Por ello, en 2020, el gobierno catarí inició su plan de expansión aprobando una inversión de 50.000 millones de dólares para ampliar su capacidad de licuefacción y de transporte con buques metaneros, y otra de 29.000 millones de dólares para construir más plataformas marítimas extractoras en North Dome. El gobierno catarí ha previsto que su producción de GNL crecerá un 40% para 2027, pasando de 77 a 110 millones toneladas anuales.

Debemos tener en cuenta que el transporte de GNL es mucho más seguro, limpio, ecológico y barato que el transporte del petróleo. Además, la Royal Dutch Shell vaticinó en su informe “Annual LNG Outlook Report 2019” que la demanda mundial de GNL se duplicaría para 2040. De confirmarse este pronóstico, Catar estaría a las puertas de un impresionante crecimiento económico en las próximas décadas. Por lo tanto, lo que más le conviene en esa situación es mantener sus arcas públicas solventes y un clima político estable en la región de Oriente Medio. Por si fuera poco, el pasado noviembre de 2020, Tamim Al Thani anunció que los presupuestos estatales futuros se configurarán en base a un precio ficticio de 40 dólares por barril, un valor bastante más pequeño que el WTI Oil Barrel o Brent Oil Barrel que se encuentra en torno a 60-70 dólares. Es decir, el gobierno catarí indexará su gasto público considerando la volatilidad de los precios de los hidrocarburos. En otras palabras, Catar busca ser previsor frente a un posible desplome del precio del crudo, impulsando una política de gasto público eficiente.

Y sexto, el mantenimiento del portafolio de inversiones de Qatar Investment Authority, valorado en 300.000 millones de dólares. Los activos del fondo soberano catarí constituyen un seguro de vida para el país que puede ordenar su liquidación en situaciones de necesidad extrema.

Catar tiene un papel muy importante para el futuro del Golfo Pérsico. La dinastía Al Thani ha demostrado su capacidad de gestión política y económica y, sobre todo, su gran previsión a futuro frente al resto de países del Consejo de Cooperación del Golfo. La pequeña “perla” peninsular ha dado un golpe sobre la mesa imponiéndose sobre el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, y sobre el príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, que ni se presentó en Al-Ula. Este movimiento geopolítico, más la decisión de la Administración Biden de mantener la política de línea dura frente a Irán, parece garantizar el aislamiento internacional del régimen ayatolá del país persa.